El Estado mexicano hoy está de nueva cuenta en el banquillo
ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Ahora, por
la tortura y masacre de 10 indígenas na’saavi y un estudiante
universitario en una paupérrima localidad de la Costa Chica de Guerrero.
A pesar de las evidencias que claramente pesan sobre el Ejército
Mexicano, el gobierno ha solicitado al organismo internacional que
declare “inadmisible” el caso y lo archive.
Esta
“respuesta” del Estado mexicano a la CIDH ocurrió la semana pasada, 13
meses después de que venciera el plazo fijado para pronunciarse al
respecto. La mera demora refleja el menosprecio que al gobierno mexicano
le merecen las acusaciones ante la comunidad internacional.
La
madrugada del domingo 7 de junio de 1998, unos 300 efectivos del
Ejército Mexicano rodearon una humilde escuela en la comunidad na’saavi
de El Charco, municipio de Ayutla. Al frente del operativo iba nada
menos que el general Juan Manuel Oropeza Guernica, entonces comandante
de la 27 Zona Militar.
Sabían los militares que en dos aulas de la
escuela Caritino Maldonado Pérez pernoctaban representantes
comunitarios de la región y algunos integrantes de la guerrilla
guerrerense. Los primeros habían asistido a una asamblea para
organizarse en torno a la demanda de apoyos para el campo. Los segundos
habían acudido a solicitar que fueran escuchados para exponer ante los
campesinos sus motivos de lucha. Como puede suponerse, una delación tuvo
que haber ocurrido para que se movilizara tal cantidad de tropa del
Ejército Mexicano y llegara al lugar de la reunión. “El error de los
compañeros fue que pernoctaran en ese lugar”, me comentaron varios años
después algunos integrantes y exintegrantes del Ejército Revolucionario
del Pueblo Insurgente (ERPI) con los que Contralínea ha sostenido entrevistas periodísticas.
Y pues las armas nacionales se vistieron de gloria:
actuaron como sabemos que lo han hecho en 1962 (con Rubén Jaramillo y
familia); en 1968 y 1971 (incluso a plena luz del día y en la Ciudad de
México); en 1972 en la sierra de Guerrero… y para no enlistar todos los
casos (conocidos), llegamos a Tlatlaya (¿e Iguala?) en 2014.
Los
cientos de efectivos del Ejército Mexicano dispararon a mansalva contra
un puñado de indígenas indefensos y cuatro guerrilleros. De estos
últimos, dos cayeron en combate y dos más, que se habían rendido para no
exponer a la población, fueron vejados y ejecutados
extrajudicialmente por los soldados en la misma escuela. En el lugar
torturaron y ejecutaron fríamente tanto a los integrantes de la
guerrilla como a pobladores que no tenían relación alguna con el
movimiento armado. Los militares quisieron sembrar el terror para
contrarrestar el entonces impresionante crecimiento del ERPI por todo
Guerrero.
Los indígenas asesinados aquella madrugada fueron
Honorio García Lorenzo y Mauro González Castro, de la comunidad
Ahuacachahue; Fidencio Morales Castro y Daniel Crisóforo Jiménez, de
Coyul; Fernando Félix Guadalupe, de Ocote Amarillo; Apolonio Jiménez
García, de Potrero; Manuel Francisco Prisciliano, de Mesón Zapote;
Ceferino Damián Marco, de Coxcatlán, quién fue confundido con Juan
García de los Santos; José Rivera Morales, de La Palma; Mario Chávez
García, de El Charco, y el estudiante de la Facultad de Ciencias
Políticas y Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México
Ricardo Zavala Tapia. El reporte militar señaló al estudiante como el
comandante Daniel del ERPI.
Otros siete indígenas
sufrieron torturas y heridas por parte de los militares. Además, a los
detenidos aquella madrugada se les trasladó a un cuartel militar, donde
bajo tortura fueron obligados a declarar ante autoridades castrenses.
Entre los detenidos iban cuatro menores de edad: Bernabé García de Jesús
y Melitón Castro Morales, quienes contaban con 14 y 15 años de edad,
respectivamente, no hablaban español y no sabían leer ni escribir; Pedro
Esteban Ávila y Adrián Patriarca Agustina, entonces de 17 y 16 años de
edad, respectivamente; estaban aprendiendo a escribir, leer y hablar
español.
Los testimonios de los mayores de edad trasladados a las
instalaciones militares dan cuenta de los métodos inhumanos (¿debemos
decir “de investigación”?) de los militares.
Érika Zamora Pardo
declaró que le esposaron las manos, le amarraron un cable y la tiraron
con agua en el piso. Sintió entonces descargas eléctricas. Los soldados
le decían que tenía que decir lo que ellos querían, porque si no lo
hacía la matarían y agredirían a su familia. Le hicieron firmar unos
documentos que ellos habían escrito y que nunca le permitieron leer.
Efrén
Cortés Chávez declaró que le decían que aceptara todo lo que ellos
estaban escribiendo, porque, como quiera, de ahí no iba a salir. Le
vendaron los ojos y los trasladaron a un lugar donde, con un aparato que
le colocaron en la garganta, le oprimieron el cuello hasta casi
estrangularlo. Lo desnudaron y le ataron manos y pies a una plancha; con
una esponja le mojaron el cuerpo y le aplicaron descargas eléctricas en
las tibias de los pies, genitales y en la cabeza.
Mientras, en la
comunidad de El Charco, los soldados entraron a las casas a robar
enseres domésticos y alimentos. Las chozas fueron allanadas y saqueadas.
Lavaron, pintaron y resanaron la escuela, para eliminar la sangre
salpicada en las paredes, pisos y patio, y para disimular los impactos
de bala.
He tenido la oportunidad de visitar en varias ocasiones
la comunidad de El Charco: su tierra colorada, casi roja; sus milpas
húmedas y generosas, donde el maíz, la calabaza y el frijol crecen junto
con los niños descalzos; sus sembradíos de flor de jamaica, que pintan
de guinda laderas enteras; sus cañas de azúcar cultivadas junto a los
arroyos; sus trapiches en los solares de las casas. Y su escuela
Caritino Maldonado: conservada como un sencillo memorial de las
víctimas.
Hoy el Estado Mexicano pide a la CIDH archivar este caso
y declararlo inadmisible… Lo que es inadmisible es que no haya la menor
intención de reconocer el hecho y, por lo tanto, se garantice que
situaciones como ésta se sigan ocurriendo. Los cobardes asesinatos
contra personas indefensas –hayan o no cometido delitos– tienen que ser
castigados. Campañas publicitarias que se pagan con dinero público
buscan instalar en la población la idea de que las Fuerzas Armadas
respetan los derechos humanos. Si fuera verdad; si el Ejército ha
incorporado en sus protocolos de actuación el respeto a la vida y
dignidad humanas, ¿por qué no permitir que se sepa la verdad de un
pasado que ha quedado atrás? Hasta la fecha (y ahí están los reportes de
la Comisión Nacional de los Derechos Humanos) es común que quienes son
detenidos por efectivos militares sean trasladados a instalaciones
castrenses y no sean entregados a autoridades civiles sino hasta que son
torturados. Muchos han muerto en el tormento. ¿Cuándo se va a acabar
con esta práctica?
Fragmentos
El promotor de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias-Policía Comunitaria (CRAC-PC) en Tixtla, Guerrero, Gonzalo Molina González, se encuentra preso en el Centro Regional de Readaptación Social de Chilpancingo, Guerrero. Padece enfermedades que requieren atención quirúrgica: litiasis renal y ureteral obstructiva que está afectando al riñón y uréter derechos; litiasis ureteral izquierda, y hernia inguinal derecha. El Colectivo contra la Tortura y la Impunidad demanda atención médica inmediata para Molina González, toda vez que los daños a su salud pueden ser irreversibles en un corto plazo.
Zósimo Camacho
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