Utopía
Eduardo Ibarra Aguirre
De
acuerdo con las aseveraciones del auditor Superior de la Federación,
existen denuncias de hechos en la Procuraduría General de la República
“contra al menos15 gobiernos estatales” en los que se encontraron “uso
indebido de recursos” y “algunos” gobernadores “tienen responsabilidades
claras”.
Para Juan Manuel
Portal “prácticamente todos” están en ese caso, aunque no
necesariamente contra el gobernador, sino contra el uso indebido de
recursos federales, y se presentan las denuncias. Algunos de los
mandatarios tienen responsabilidades por omisión o acción, pero “las
denuncias no van contra una persona, van contra los hechos”.
Recordó
el contador público que hay investigaciones desde hace tiempo como
resultado de la revisión del informe de la cuenta pública. Cada año que
se presenta el informe se tienen resultados que tienen que ver con lo
que está pendiente de aclararse y cuando no se soluciona esto se
presenta “una promoción de responsabilidades administrativas o denuncias
de hechos en la PGR. En ese proceso estamos permanentemente”; todo lo
anterior a tono con lo reportado por Angélica Enciso en La Jornada
(15-XI-16).
En el país
donde los funcionarios dictan “instrucciones” públicamente –empezando
por el presidente, como si tal cosa fuera la solución del problema
cuando sólo es una forma de lucimiento–, la titular de la Secretaría de
la Función Pública y hasta hace tres semanas de la PGR, informó que giró
“indicaciones para realizar acciones concretas en la SFP”. ¿Cuáles?
Poco importa para Arely Gómez, se trata de salir al paso como lo hizo en
la PGR, dicen sus críticos, pero los padres de los 43 de Ayotzinapa
fueron los primeros en oponerse a que cambiara de funciones en el
sexenio de Enrique Peña: primero senadora, después procuradora y ahora
secretaria.
Gómez González y Portal Martínez coincidieron en donde la primera dictó la conferencia La ética y profesionalización en la prevención, detección y análisis del fraude.
La hermana del empleado del primer círculo de Grupo Televisa, Leopoldo
Gómez, planteó que pidió la revisión y actualización del código de ética
de la administración pública federal, la guía para identificar y
prevenir conflictos de interés, políticas, lineamiento, guías y manuales
para ponerlos al día con las siete leyes del Sistema Nacional
Anticorrupción. Todo ello “contribuirá para una hacer campaña de
sensibilización y capacitación”.
Resulta
tragicómico que la señora esté concentrada en sensibilizar al
funcionariado cuando el anterior mandatario de Sonora Guillermo Padrés
Elías y su hijo, Guillermo Padrés Dagnino, ya están presos por presuntas
operaciones con recursos de procedencia ilícita (que la PGR no atina a
cuantificar) y después de que Elías se entregó al salir del programa
Ciro Gómez Leyva por la Mañana, en tanto que las autoridades
evidenciaron una increíble incapacidad para detenerlo; tal como sucede
con Javier Duarte, quien al parecer sigue pitorreándose de los
mexicanos; cuando también los exgobernadores Rodrigo Medina (Nuevo
León), Roberto Borge Angulo (Quintana Roo), César Duarte (Chihuahua),
Jorge Herrera (Durango) y Humberto Moreira (Coahuila) enfrentan
imputaciones, investigaciones o sospechas por delitos similares.
La
inacción de la PGR y la SFP estimula la percepción ciudadana de la
existencia del encubrimiento e impunidad como una constante de éste y
los anteriores grupos gobernantes, lo que multiplica la crisis de
credibilidad en la que se encuentran las instituciones.
No hay comentarios.:
Publicar un comentario