La
emergencia que significa la llegada de Donald Trump a la Presidencia de
Estados Unidos no debe ser motivo para olvidar a los ex Gobernadores
priistas acusados por corrupción, lavado de dinero, enriquecimiento
ilícito y hasta delincuencia organizada que hoy disfrutan de libertad
amparados por la impunidad que reina en el país, dijeron analistas
consultados por SinEmbargo.
El jueves pasado, el ex Gobernador de
Sonora, el panista Guillermo Padrés Elías, se entregó a las autoridades
para enfrentar las acusaciones que se le imputan. No fue un mérito de la
Procuraduría General de la República (PGR) ni del Gobierno del priista
Enrique Peña Nieto, sino un cálculo político del ex mandatario.
“Estamos
muy atentos a lo que viene con el triunfo de Trump, quizás eso lo
aprovechó Padrés para entregarse. Varios medios titularon: ‘Cae Padrés’,
como si hubiera sido un éxito de la Procuraduría; la verdad es que el
ex Gobernador hizo su cálculo con su abogado y vio conveniente
entregarse, enfrentar a la justicia porque posiblemente las
inconsistencias que cometieron para armar su expediente, lo ayuden a
salir libre por violaciones al debido proceso”, dijo Ivonne Acuña
Murillo, académica del Departamento de Ciencias Sociales y Políticas de
la Universidad Iberoamericana.
La académica lamentó la “lentitud” de
la PGR para perseguir a los ex gobernadores del Partido Revolucionario
Institucional (PRI) acusados de corrupción, delincuencia organizada y
lavado de dinero.
La lista parece agrandarse conforme los
gobernadores electos realizan sus auditorías. Ayer, a la par de la
aprehensión de Padrés, se sumó a la lista de los acusados Jorge Herrera
Caldera, ex mandatario priista de Durango, quien se amparó junto con una
veintena de sus colaboradores para averiguar si existe una orden de
aprehensión en su contra.
Antes que Herrera Caldera están
pendientes las investigaciones sobre Javier Duarte de Ochoa, Gobernador
con licencia de Veracruz, hoy prófugo de la justicia, ni la de los ex
gobernadores César Duarte Jáquez, de Chihuahua, y Roberto Borge Angulo,
de Quintana Roo, sobre quienes ni siquiera pesa una orden de aprensión a
pesar de las serias acusaciones en su contra.
“No sé que están
pensando; la PGR está actuando con lentitud y es el mismo procedimiento
con todos los gobernadores, parece que se les da tiempo para que se
vayan, que muevan algo del dinero que se robaron, dejando lo que no se
pueden llevar. El país está pasando por una etapa muy difícil, porque lo
que vemos es una serie de pactos de impunidad a todos los niveles que
deja poca posibilidad para que funcione el Sistema Nacional
Anticorrupción[SNA] que el Presidente [Enrique Peña Nieto] presentó hace
poco”, explicó.
José Antonio Crespo Mendoza, politólogo del
Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), coincidió con
Acuña Murillo y agregó que el amparo del ex Gobernador de Durango es la
prueba de su culpabilidad.
“El ex Gobernador de Durango, ¿por qué
se ampara? Sabe que robó, porque no se lo tiene que decir nadie; él sabe
que robó y se ampara. Está confesando por eso se está amparando. Hay
otros que ni siquiera ha habido orden de aprehensión ni nada como en el
caso de César Duarte, los Moreira, Borge. No hay voluntad para castigar
de manera amplia a quienes incurrieron en algo semejante a lo de Javier
Duarte”, dijo.
Para Nicolás Loza Otero, analista político de Facultad
Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO), en el caso de Chihuahua–
que de acuerdo con el Gobierno entrante César Duarte no dejó ni para la
gasolina– podría ocurrir algo similar a lo que pasó en Veracruz, en
donde pareciera que hay un acuerdo previo.
“En Veracruz pareciera
que hubo un acuerdo para que Javier Duarte pidiera licencia para poder
irse, sin ser consignado; con César Duarte, no podemos saber si pasa lo
mismo, pero por lo pronto no tenemos ningún caso integrado en la
procuraduría”, recordó.
Lorenzo Meyer Cosío, investigador y politólogo de El Colegio de México (Colmex)
Calificó
en una entrevista reciente con SinEmbargo como “una pésima coyuntura”
la elección estadounidense y la realidad mexicana, de la cual nadie
puede estar orgulloso por la cantidad de asesinatos, corrupción e
impunidad.
“Tenemos la desgracia de ser productores y corredores
de droga hacia el gran mercado norteamericano, lo que ha producido un a
pésima imagen de México que no ayuda a mantener la dignidad nacional y
el orgullo nacional. Esta elección norteamericana nos toma en un momento
en que nosotros mismos dudamos del camino que México ha seguido, y de
la calidad de la vida colectiva de México con los asesinatos, la
corrupción, la violencia, la impunidad. Nadie puede estar orgulloso de
la vida interna de México; luego se nos viene encima el que somos chivo
expiatorio porque se señala que nos robamos los empleos norteamericanos,
pues es una pésima coyuntura”, consideró.
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