A más de cinco meses de la declaratoria de Alerta de Violencia de Género
(AVG) en Chiapas, no se vislumbra compromiso del Gobierno estatal por
implementar acciones claras y contundentes para atender los casos de
feminicidio y las múltiples denuncias presentadas por hechos violencia
contra las mujeres, denunció la Campaña Popular Contra la Violencia
Hacía las Mujeres y el Feminicidio en Chiapas.
Y así lo expresaron el pasado 21 de abril integrantes de esta agrupación, conformada por diversas organizaciones que impulsaron la AVG, en una reunión ordinaria con el Grupo Interinstitucional y Multidisciplinario (GIM), para conocer el seguimiento de la AVG en el estado. Expusieron que desde la declaratoria no se atienden las obligaciones que adquirió el Gobierno de Chiapas, como la instalación de meses de trabajo para atender casos de violencia de género.
A la par, indica la organización en un comunicado, observan la falta de coordinación entre los siete municipios en alerta y el Gobierno estatal, para construir estrategias que permitan atender el problema de fondo, esto, “pese a la urgente necesidad de atender los eventos de violencia contra las mujeres”, indican.
La AVG para Chiapas fue emitida el 18 de noviembre pasado por la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim), tres años después de que fue solicitada. La declaratoria se hizo para los municipios de Comitán, Chiapa de Corzo, San Cristóbal de las Casas, Tapachula, Tonalá, Tuxtla Gutiérrez y Villaflores, de los 122 que hay en la entidad. En dicha AVG se establecen recomendaciones específicas para la zona de los Altos de Chiapas.
La reunión del 21 de abril, señala el comunicado, estuvo marcada por la ausencia del Gobernador del estado, Manuel Velasco Coello, y sin representantes de las 16 localidades de los Altos de Chiapas, situación que preocupa por “el desinterés y discriminación de integrar a estas localidades con presencia de pueblos indígenas”, además de “la importancia de atender el tema en el estado ordenado por la Secretaria de Gobernación”.
Tampoco estuvo presente la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), institución clave, apunta la Campaña Popular, ya que es la encargada de asignar los recursos que “garanticen la implementación de acciones para el funcionamiento de la AVG a corto, mediano y largo plazo en Chiapas”.
De acuerdo con datos de la Procuraduría General de Justicia del estado, de agosto de 2014 al año 2016, se registraron 104 casos de feminicidio en Chiapas.
Asimismo, la organización denunció la falta de capacitación de los funcionarios públicos que atienden a estas reuniones, lo que “entorpece el avance sustancial de acuerdos mínimos”, debido a su desconocimiento sobre el tema. Pide también una participación más activa en el seguimiento y vigilancia de la declaratoria por parte del Conavim, no sólo que trabaje como órgano moderador en las reuniones.
Por otra parte, la Campaña Popular expresó su preocupación por la falta de transparencia y el gasto de recursos para la construcción de diagnósticos y protocolos institucionales dedicados a la atención de la violencia contra las mujeres, pues es información que ya está establecida en el Informe de la AVG.
Finalmente, la agrupación reprobó el uso de programas públicos dirigidos a las mujeres, porque al final tienen fines políticos y electorales, como sucede con el Programa de Inclusión Social (Prospera), señala el texto.
VIOLENCIA ESTRUCTURAL
La AVG solicitada el 25 de noviembre del 2013, por organizaciones civiles como el Centro de Derechos de la Mujer de Chiapas (CDMCH), se hizo por la violencia estructural que enfrentan las chiapanecas, no por el número de casos de feminicidio, como sucedió en otras entidades.
Sin embargo, las autoridades negaron a aceptarla, aunque el estado se caracteriza por diversidad étnica y multiculturalidad, ubicado en una región fronteriza en conflicto y donde es casi nulo el acceso de la justicia para las mujeres.
El Sistema Nacional para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres votó en contra de la declaratoria de AVG para Chiapas, al argumentar que no eran suficientes los casos de feminicidio registrados.
La directora del Colectivo de Mujeres de San Cristóbal de las Casas, Martha Figueroa Mier, interpuso un amparo ante la negativa, la justicia falló a favor de las activistas y organizaciones, y a finales de 2014 se creó un grupo de investigación para valorar que declaratoria en la entidad.
El grupo de investigación dio la razón al Colectivo y determinó que existe una violencia sistemática contra las mujeres, situación que atenta contra sus vidas. Segob declaró entonces la AVG el 18 de noviembre de 2016, mismo día que se interpuso para el estado de Nuevo León.
Otras de las entidades que se mantienen bajo la AVG son: Estado de México, Veracruz, Michoacán, Morelos y Sinaloa, esta último declarada el pasado 31 de marzo.
CIMACFoto: César Martínez López
Por: la Redacción Cimacnoticias | Ciudad de México.-
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