Por
Alejandro Gutiérrez
MADRID (apro).- El juez de la Audiencia Nacional, Eloy Velasco, incluyó a Juan Miguel Villar Mir, dueño del grupo OHL, en la investigación de la Operación Lezo, sobre la corrupción en la Comunidad de Madrid, y que involucra a la filial mexicana de esa constructora en un soborno de 1.4 millones de euros al expresidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González.
De acuerdo a un despacho de Europa Press, Villar Mir es
uno de los 60 nuevos nombres que el juez Velasco incluyó en sus
pesquisas, al lado del exministro de José María Aznar, Eduardo Zaplana.
Hoy mismo, la Operación Lezo se cobró su primera víctima política: la poderosa líder del PP de Madrid, Esperanza Aguirre, renunció como concejal como portavoz del grupo del PP en el Ayuntamiento de Madrid.
La razón es que sus dos brazos operativos en la Comunidad de Madrid, Ignacio González y Francisco Granados, están presos y sujetos a dos distintos procesos penales por corrupción, el primero en la operación Lezo y Granados en el juicio Púnica, por corrupción inmobiliaria.
En ambos casos, aparte de enriquecerse con sobornos, desviaban dinero para financiar ilegalmente al Partido Popular (PP) de Madrid.
A su vez, uno de los primeros detenidos en esta operación –el miércoles 19—, es Edmundo Rodríguez Sobrino, quien fungía como hombre fuerte en América Latina del expresidente Ignacio González, a través de la empresa Inassa, la filial del Canal Isabel II, la empresa pública que gestiona el agua en la capital española y con negocios en Brasil, Colombia y Panamá, donde el juez encontraron serias irregularidades que forman parte de la trama corrupta.
Pero este abogado desde hace años es miembro del Consejo de Administración del diario español La Razón –periódico cuya mayoría de acciones pertenecen al Grupo Planeta—, en el que fungía como apoderado de Consulting Hispano-Mexicano de Negocios y de Iberoamericana de Inversiones, sociedad ésta última que pertenece a los empresarios mexicanos José Ramiro Garza Cantú, dueño de la petrolera Grupo R, y a su hijo, José Ramiro Garza Vargas.
Cabe recordar que Garza Cantú, un poderoso empresario contratista de Pemex, apareció en los #PanamaPapers, como cliente del despacho Mossack Fonseca, que le ayudó a crear una estructura para ocultar su dinero en paraísos fiscales.
Según un auto del juez Velasco, al que tuvo acceso la agencia EFE, Rodríguez Sobrino fue cesado hace un año como presidente de Inassa, la filial del Canal Isabel II, al hacerse pública su relación con cuentas en Suiza que aparecieron también en los #PanamaPapers.
La investigación de la Operación Lezo implica a Edmundo Rodríguez Sobrino por su papel como alto directivo de una empresa pública y no como representante de la sociedad de Garza Cantú en el diario La Razón.
Pese a ello, el diario La Razón está en el ojo del huracán, porque aparte de este consejero, el juez Velasco imputó al presidente del periódico, Mauricio Casals, y a su director, Francisco Marhuenda, por coaccionar a la actual presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, para que la denuncia que ella presentó no tocara a Rodríguez Sobrino.
A su vez, en torno al caso de Villar Mir, principal accionista de OHL, es el segundo alto ejecutivo de la compañía que está inmerso en este caso, el primero fue su yerno, Javier López Madrid, detenido a última hora del jueves 20.
La tarde del viernes, López Madrid consiguió seguir el proceso en libertad luego de pagar una fianza de un millón de euros, que le impuso el juez como medida cautelar.
El juez investiga documentación relativa a Zaplana y Villar Mir, dueño del grupo OHL, después que sus nombres aparecieran relacionados con la trama de corrupción liderada por el que fuera presidente de la comunidad de Madrid, Ignacio González, detenido el 19 de abril y en la prisión de Soto del Real (Madrid) desde el 21 de abril.
Otros de los investigados es el exviceconsejero de la Presidencia de la Comunidad de Madrid e imputado en el caso Gürtel –la mayor trama de corrupción que también implica al Partido Popular—, Alberto López Viejo, otro de los que por años fuera miembro de la guardia pretoriana de Esperanza Aguirre.
Hoy mismo, la Operación Lezo se cobró su primera víctima política: la poderosa líder del PP de Madrid, Esperanza Aguirre, renunció como concejal como portavoz del grupo del PP en el Ayuntamiento de Madrid.
La razón es que sus dos brazos operativos en la Comunidad de Madrid, Ignacio González y Francisco Granados, están presos y sujetos a dos distintos procesos penales por corrupción, el primero en la operación Lezo y Granados en el juicio Púnica, por corrupción inmobiliaria.
En ambos casos, aparte de enriquecerse con sobornos, desviaban dinero para financiar ilegalmente al Partido Popular (PP) de Madrid.
A su vez, uno de los primeros detenidos en esta operación –el miércoles 19—, es Edmundo Rodríguez Sobrino, quien fungía como hombre fuerte en América Latina del expresidente Ignacio González, a través de la empresa Inassa, la filial del Canal Isabel II, la empresa pública que gestiona el agua en la capital española y con negocios en Brasil, Colombia y Panamá, donde el juez encontraron serias irregularidades que forman parte de la trama corrupta.
Pero este abogado desde hace años es miembro del Consejo de Administración del diario español La Razón –periódico cuya mayoría de acciones pertenecen al Grupo Planeta—, en el que fungía como apoderado de Consulting Hispano-Mexicano de Negocios y de Iberoamericana de Inversiones, sociedad ésta última que pertenece a los empresarios mexicanos José Ramiro Garza Cantú, dueño de la petrolera Grupo R, y a su hijo, José Ramiro Garza Vargas.
Cabe recordar que Garza Cantú, un poderoso empresario contratista de Pemex, apareció en los #PanamaPapers, como cliente del despacho Mossack Fonseca, que le ayudó a crear una estructura para ocultar su dinero en paraísos fiscales.
Según un auto del juez Velasco, al que tuvo acceso la agencia EFE, Rodríguez Sobrino fue cesado hace un año como presidente de Inassa, la filial del Canal Isabel II, al hacerse pública su relación con cuentas en Suiza que aparecieron también en los #PanamaPapers.
La investigación de la Operación Lezo implica a Edmundo Rodríguez Sobrino por su papel como alto directivo de una empresa pública y no como representante de la sociedad de Garza Cantú en el diario La Razón.
Pese a ello, el diario La Razón está en el ojo del huracán, porque aparte de este consejero, el juez Velasco imputó al presidente del periódico, Mauricio Casals, y a su director, Francisco Marhuenda, por coaccionar a la actual presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, para que la denuncia que ella presentó no tocara a Rodríguez Sobrino.
A su vez, en torno al caso de Villar Mir, principal accionista de OHL, es el segundo alto ejecutivo de la compañía que está inmerso en este caso, el primero fue su yerno, Javier López Madrid, detenido a última hora del jueves 20.
La tarde del viernes, López Madrid consiguió seguir el proceso en libertad luego de pagar una fianza de un millón de euros, que le impuso el juez como medida cautelar.
El juez investiga documentación relativa a Zaplana y Villar Mir, dueño del grupo OHL, después que sus nombres aparecieran relacionados con la trama de corrupción liderada por el que fuera presidente de la comunidad de Madrid, Ignacio González, detenido el 19 de abril y en la prisión de Soto del Real (Madrid) desde el 21 de abril.
Otros de los investigados es el exviceconsejero de la Presidencia de la Comunidad de Madrid e imputado en el caso Gürtel –la mayor trama de corrupción que también implica al Partido Popular—, Alberto López Viejo, otro de los que por años fuera miembro de la guardia pretoriana de Esperanza Aguirre.
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