Noé Zavaleta
Requerido
por el gobierno mexicano bajo los cargos de operaciones con recursos de
procedencia ilícita y delincuencia organizada, Javier Duarte también es
reclamado en el estado que gobernó. Cientos de familias exigen que sea
juzgado igualmente en Veracruz por cientos de desapariciones forzadas y
asesinatos cometidos por policías. Incluso la Fiscalía General del
Estado pide adjuntarse en la petición de extradición y la Comisión
Estatal de Atención y Protección a Periodistas pide saldar, con
investigaciones productivas, la “deuda de sangre” que tiene la entidad
con el gremio periodístico.
XALAPA, Ver. (Proceso).- Más allá
de los desfalcos y la desmesura de los abusos en los que incurrieron él
y su familia, el sexenio de Javier Duarte de Ochoa está marcado por el
sello indeleble de la violencia, los asesinatos, los secuestros, las
desapariciones y las fosas comunes en una entidad cogobernada por
políticos y criminales donde se pierde la frontera que distingue a unos
de otros.
El admirador del dictador español Francisco Franco; el
mandatario que solía huir de las madres con hijos desaparecidos que
buscaban confrontarlo; el autoritario que quería imponer por mandato una
realidad virtual en Veracruz, como cuando presumió que los únicos
delitos en el estado eran robos a los Oxxo; el que llevó a esta entidad a
la quiebra; el que con dinero público movía a la prensa oficialista,
que lo premió como prócer de la libertad de expresión aun cuando la
entidad es conocida en el mundo por ser cementerio de periodistas, tiene
que pagar infinitamente más que los miles de millones de pesos robados
al pueblo.
Hasta ahora, sin embargo, la Procuraduría General de la
República (PGR) ha sido omisa en aludir a esa otra parte de la historia
negra del sexenio duartista.
Mientras en una cárcel de máxima
seguridad en Guatemala Duarte aguardaba la solicitud formal de
extradición del gobierno mexicano, que la presentó el viernes 21 a las
15:49 horas, en Veracruz –estado que gobernó del 1 de diciembre de 2010
al 12 de octubre de 2016– los familiares de desaparecidos y de
reporteros asesinados, además de otros periodistas y políticos de
oposición, exigían que el exmandatario rindiera cuentas sobre la ola de
terror que él y su gabinete de seguridad pública y procuración de
justicia sembraron durante su sexenio.
Diecinueve periodistas de
medios estatales fueron asesinados bajo su gobierno. Tres reporteros
(Rubén Espinosa, colaborador de Proceso, Anabel Salazar, de El Buen
Tono, y Armando Saldaña, de la Ke Buena) perdieron la vida en otras
entidades pero trabajaron en el estado, y tres comunicadores más fueron
desaparecidos, consigna la organización civil Reporteros sin Fronteras
(RSF) en su último reporte extraordinario sobre Veracruz.
En la
nueva administración de Jorge Winckler Ortiz, la Fiscalía General del
Estado (FGE) consignó 2 mil 345 carpetas de investigación abiertas por
desaparición de personas, pese a que Luis Ángel Bravo –el anterior
fiscal, afín a Duarte– únicamente reconocía 950 casos y los de 119
personas reportadas como desaparecidas y “encontradas sin vida” en la
entidad, entre 2011 y 2015.
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