Violencia y cambio de rumbo

La Jornada

En el último día de su visita a México, Michelle Bachelet, alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, se mostró sorprendida por los niveles de violencia existentes en el país, que tiene cifras de muertes violentas propias de una nación en guerra, en referencia a los más de 252 mil muertos, los 40 mil desaparecidos, los 26 mil cuerpos sin identificar y el promedio diario de casi 10 mujeres asesinadas.

La ex presidenta chilena hizo también referencia a otros aspectos exasperantes del incumplimiento de los derechos humanos en el país, como la crisis carcelaria, la persistencia de la tortura generalizada en los centros de reclusión y las denuncias de tortura sexual sufrida por mujeres en detención.

Bachelet afirmó que la superación de la actual crisis demanda verdad, justicia, reparación y medidas de no repetición; se congratuló por la voluntad del gobierno que encabeza Andrés Manuel López Obrador de aplicar un cambio de paradigma en materia de seguridad pública y combate a la delincuencia que se manifiesta, entre otras cosas, por poner en el centro los derechos humanos, y por el reconocimiento de que la búsqueda de los desaparecidos es una responsabilidad del Estado. Al respecto, la funcionaria internacional manifestó la disposición de su oficina a apoyar este viraje y pidió que se concrete la visita a México que el Comité de las Naciones Unidas contra la Desaparición Forzada solicitó en 2013 y se le reconozca como instancia competente para recibir denuncias individuales; exhortó a reforzar el Mecanismo de Protección a Defensores de Derechos Humanos y Periodistas y a recibir a los relatores especiales y grupos de trabajo de la ONU que lo han solicitado de manera infructuosa.

En tanto, el Instituto para la Economía y la Paz afirmó en su sexta edición del Índice de Paz México 2019 que el año anterior ha sido el más violento del país, que el nivel de paz se degradó 4.9 por ciento, al pasar de 24 a 27 homicidios por cada cien mil habitantes y en el año de referencia el impacto económico de la inseguridad fue equivalente a 5.16 billones de pesos, algo así como 24 por ciento del producto interno bruto.

Aunque ninguno de los señalamientos referidos constituyen, en rigor, revelación alguna, hoy resulta más claro que nunca que el país debe dejar atrás las estrategias gubernamentales y hasta los conceptos de seguridad pública y combate a la delincuencia de los pasados 12 años y replantearse el papel del Estado, las fuerzas de seguridad y la sociedad ante la violencia y la inseguridad.

Tal cambio de rumbo fue planteado desde noviembre del año pasado por el entonces presidente electo López Obrador, en el Plan Nacional de Paz y Seguridad, el cual contiene puntos que han provocado polémica, como las propuestas de poner a debate la despenalización total de las drogas y la amnistía a algunos integrantes de la criminalidad organizada, o el planteamiento de poner la Guardia Nacional bajo mandos militares.

Sobre este último punto resulta tranquilizador el acuerdo firmado ayer entre Bachelet y el titular del Ejecutivo federal con el fin de que el Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos dé asesoría y asistencia técnica en la formación y operación de la Guardia Nacional, así como el señalamiento del propio López Obrador en el sentido de que México está abierto a la observación internacional en esa materia. Más allá de los encendidos debates en torno del nuevo modelo, cabe esperar que funcione y resulte un instrumento eficaz para reducir en forma significativa los pavorosos niveles de violencia e inseguridad a los que llegó el país en los anteriores dos sexenios.