Escrito por Instituto para las Mujeres en la Migración, AC (IMUMI)
La violencia de género no se detiene ante las fronteras y se perpetúa en el camino y en las instituciones que deberían garantizar su protección. De acuerdo con la Secretaría de Gobernación, 3 de cada 10 eventos de detención en el país, y 4 de cada 10 solicitudes de asilo son de mujeres.
Ellas enfrentan una doble discriminación: por ser migrantes y por ser mujeres, lo que las coloca en una posición de mayor vulnerabilidad. Huyen de la violencia estructural en sus países de origen -violencia de género, feminicidios, conflictos armados, y la falta de oportunidades. Sin embargo, al llegar a México en busca de seguridad, muchas se enfrentan a una nueva y cruel forma de violencia que se expresa en la exclusión, la negación de acceso a la justicia, la discriminación, y el trato deshumanizado por parte de las autoridades.
Las políticas de contención, detención y deportación, sumadas a la criminalización de la migración, contribuyen a agravar esta situación. Las mujeres migrantes se ven atrapadas en un círculo de violencia sin salida, en el que los mecanismos de protección son insuficientes o directamente inexistentes.
Desde el Instituto para las Mujeres en la Migración, AC (IMUMI) hemos acompañado a más de 3 mil mujeres migrantes y solicitantes de asilo quienes son víctimas de negligencia institucional. Las autoridades mexicanas, lejos de ofrecer protección efectiva, han demostrado una alarmante indiferencia frente a las condiciones inhumanas que enfrentan -detenciones, condicionamiento para la atención a la salud, negación de documentación migratoria, separación familiar, empleos precarios.
En las denuncias por violencia de género a menudo no son escuchadas o no tienen una respuesta efectiva por parte de las autoridades, por el contrario, son revictimizadas. El Estado mexicano debe comprometerse a proporcionar acceso real a la justicia a las mujeres migrantes. Esto implica que las autoridades deben investigar y sancionar adecuadamente los casos de violencia de género, sin revictimizar a las migrantes ni someterlas a procesos largos y traumáticos.
En el caso de las que buscan protección internacional, y pese a que el sistema mexicano de asilo tiene avances importantes en términos de derechos humanos, se encuentran con un sistema burocrático lento y con protocolos deficientes para atender sus necesidades específicas. Si buscan atención a la salud, a menudo es condicionada a un documento migratorio o son amenazadas con avisar a las autoridades migratorias.
No solo las autoridades migratorias son las responsables de la protección de las mujeres migrantes, también las instituciones de salud, justicia y seguridad deben garantizar el acceso a servicios esenciales sin poner en riesgo la integridad de las migrantes. Es urgente que el Estado mexicano actúe con una visión de género, entendiendo las múltiples formas de violencia que enfrentan las mujeres migrantes. La violencia de género no se combate con medidas aisladas, sino con una respuesta integral que implique la colaboración entre diversas instituciones y la sociedad civil.
Las mujeres migrantes no solo son víctimas; son sobrevivientes, luchadoras, y las voces que, en muchos casos, siguen siendo silenciadas. Como sociedad debemos estar dispuestas a escucharlas, apoyarlas y, sobre todo, actuar. Exigir su protección, su acceso a la justicia, y la reparación integral de las transgresiones a sus derechos es una tarea que nos corresponde a todas y todos. Al hacerlo, no solo estamos protegiendo a las migrantes, sino también construyendo una sociedad más justa, solidaria e igualitaria para todas.
La violencia contra las mujeres migrantes no es un fenómeno aislado, sino un reflejo de un sistema que permite y perpetúa la discriminación y la desigualdad estructural, por lo que en el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia Contra las Mujeres el compromiso no debe quedarse en un discurso, sino traducirse en políticas públicas que realmente respondan a las necesidades de las migrantes, y que trabajen para erradicar las múltiples formas de violencia que enfrentan.
La lucha por la eliminación de la violencia de género debe ser global e incluir a todas las mujeres, sin importar su nacionalidad. México tiene la oportunidad de demostrar su compromiso con los derechos humanos de las mujeres migrantes a través de políticas públicas que garanticen su seguridad, respeto y acceso a una vida libre de violencia.
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