.-El
19 de agosto, la ahora presidenta Claudia Sheinbaum Pardo anunció la
creación de la Secretaría de las Mujeres que sustituyó al Instituto
Nacional de las Mujeres, y ahora será dirigida por Citlalli Hernández,
al ser designada como la nueva secretaria de las mujeres.“Asumo el encargo de no dejar a ninguna mujer desamparada frente a la desigualdad, la injusticia y la violencia”, dijo Hernández durante su nombramiento.
Tres meses después, el 15 de noviembre, la presidenta firmó el decreto por el que se reformaron siete artículos constitucionales (artículos 4, 21, 41, 73, 116, 122 y 123) para garantizar la igualdad sustantiva de las mexicanas.
Artículo 4o.- La mujer y el hombre son iguales ante la ley. La reforma señala además que: “Toda persona tiene derecho a vivir una vida libre de violencias, el Estado tiene deberes reforzados de protección con las mujeres, adolescentes, niñas y niños”.
No obstante, las cifras sobre el incremento de la violencia contra las mujeres están en todos los medios este 25 de noviembre, Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, en el inicio de los #16Días de activismo contra la violencia de la violencia contra las mujeres que finalizan el 10 de diciembre, precisamente el Día de los Derechos Humanos.
Y los números quedan vacíos si no entendemos que cada dato es la vida de una mujer. La Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia (LGAMVLV) señala la necesidad de garantizar la investigación y la elaboración de diagnósticos estadísticos, con enfoque diferenciado, sobre las causas, la frecuencia y las consecuencias de la violencia contra las mujeres, con el fin de evaluar la eficacia de las medidas desarrolladas para prevenir, atender, sancionar y erradicarla.
Además de continuar registrando las violencias, tenemos que avanzar hacia su erradicación. La prevención es una obligación.
De acuerdo con la LGAMVLV, en la política nacional debe existir la coordinación entre la Federación, las entidades federativas y los municipios para prevenir, sancionar y erradicar las violencias contra las mujeres, adolescentes y niñas.
La ley refiere la Debida diligencia, es decir, la obligación de las y los servidores públicos de prevenir, atender, investigar y sancionar la violencia contra las mujeres de manera oficiosa, oportuna, competente, independiente, imparcial, exhaustiva y garantizando la participación individual y colectiva de las mujeres, para garantizar el derecho a una vida libre de violencia, a la verdad, la justicia y la reparación integral y transformadora.
La violencia contra las mujeres puede ser psicológica, física, económica, patrimonial, sexual y puede culminar en un feminicidio. Sucede en todos los espacios: familiar, en la comunidad, laboral, docente, político, digital, simbólico y el institucional.
La violencia institucional (art. 18) son los actos u omisiones de las y los servidores públicos de cualquier orden de gobierno que discriminen, utilicen estereotipos de género o tengan como fin dilatar, obstaculizar o impedir el goce y ejercicio de los derechos humanos de las mujeres así como su acceso al disfrute de políticas públicas destinadas a prevenir, atender, investigar, sancionar y erradicar los diferentes tipos de violencia. Para cumplir con su obligación, los tres órdenes de gobierno deben prevenir, atender, investigar, sancionar y reparar el daño que les inflige.
La no repetición también es una medida de prevención. Para ello se requiere que el Estado acepte su responsabilidad ante el daño causado, debe investigar a las personas servidoras públicas cuyas acciones u omisiones conllevaron a la violación de los derechos humanos de las víctimas y la impunidad, para sancionarlos. Toda medida reparatoria deberá tener un enfoque transformador del contexto y cultura discriminatoria, siempre con el objetivo de erradicarla.
Para Wendy Figueroa Morales, directora de la Red Nacional de Refugios, una política enfocada en la prevención debe integrar varias estrategias transversales, con enfoque de igualdad, intersectorial, derechos humanos y feminista, y con presupuesto garante, entre ellas:
- Promover políticas educativas y coeducativas sobre la igualdad de género, el consentimiento, la cero tolerancia ante cualquier acto de discriminación y violencia contra las mujeres desde los primeros años de vida.
- Fomentar la autonomía económica, política y física de las mujeres en todas sus diversidades.
- Crear a través de la participación de todos los sectores entornos seguros, donde se deconstruyan los estereotipos de género y se fomente el respeto, la igualdad y los buenos tratos.
- Implementar y promover leyes y políticas integrales que protejan a las mujeres en todas sus etapas de vida y garanticen todos sus derechos. Incluyendo sistemas efectivos de respuesta a la violencia de género y el sistema nacional de cuidados
- Campañas de comunicación para difundir mensajes que desafíen la cultura de la violencia y promuevan modelos igualitarios de relaciones de género.
Los medios cumplen un rol muy importante en la prevención de la violencia contra las mujeres toda vez que pueden “transformar los modelos socioculturales de conducta de mujeres y hombres”.
Este 25N, como todo el año, nos pronunciamos y trabajamos por la libertad de las mujeres.
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