Escrito por Nayeli Castillo Trejo
.- Todas las mujeres atraviesan por diversas violencias, pero ¿Qué retos enfrentan al llegar a un cargo público?Ciudad de México.- Ser mujer representa un factor de riesgo en una sociedad patriarcal, donde el sistema político fue creado por y para los hombres, vulnerando de manera histórica la participación de las mujeres en los cargos públicos.
La lucha de las mujeres por apropiarse de espacios públicos que les han sido negados por conductas e ideas machistas aún continúa, ya que si bien existen leyes y organismos que deben de proteger el libre ejercicio de la participación de las mujeres en la política, aún existen diversas violencias que permean el contexto de las mujeres y mujeres indígenas.
El camino para que las mujeres indígenas y afrodescendientes lleguen a los espacios políticos en el país, representa retos, donde la interseccionalidad atraviesa diversos caminos de violencia, ya que existen condiciones que pueden llegar a vulnerar más la participación de algunas ciudadanas.
Violencia política en razón de Género
De acuerdo con información extraída del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), la politóloga Flavia Freidenberg define la violencia política en razón de género como: “(…) aquellos comportamientos dirigidos específicamente contra las mujeres por ser mujeres, con el propósito de que abandonen la política, al presionarlas para que renuncien a ser candidatas o a un cargo público”.
Durante las pasadas elecciones, uno de los temas de la agenda pública fue la violencia política en razón de género, ya que el 13 de junio de 2024, la Sala Especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), declaró que el entonces presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, AMLO, cometió violencia política de género en contra de Xóchitl Gálvez Ruiz, ex candidata a la presidencia de México.
El señalamiento del TEPJF detalló que AMLO, durante ocho conferencias matutinas mejor conocidas como mañaneras, de julio a agosto de 2023, realizó declaraciones con el objetivo de menoscabar el reconocimiento de los derechos políticos de Gálvez Ruiz, con base en su carácter de mujer e indígena, al reforzar el estereotipo de inferioridad o dependencia para acceder a cargos públicos.
El pasado 20 de septiembre del año en curso, en entrevista con la empresaria, política y excandidata a la presidencia de México, Xóchitl Gálvez Ruiz, señaló que durante el periodo electoral fue cuestionada y desacreditada por sus raíces indígenas.
Gálvez Ruiz compartió que desde hace 40 años ella manifestó sus raíces indígenas, “desde que llegué a la universidad dije: yo soy indígena, no fue una decisión”, recalcó, ya que muchas personas piensan que es un discurso o bandera política que adoptó luego de ser candidata a la presidencia de la República Mexicana.
“Me pareció extremadamente violenta la acción de parte del presidente, y el presidente ejerce violencia política en razón de género”, sostuvo la ex candidata.
La Comisión Nacional de Derechos Humanos de México puntualiza en Aspectos básicos sobre derechos humanos de los pueblos y comunidades indígenas, que es muy complicado consolidar la definición de una persona “indígena”, enfatizando que la autoidentificación es el principal fundamento a reconocer.
Violencias contras las mujeres: persisten casos sin sancionar
Las palabras de AMLO que ponían en duda la capacidad de la excandidata por ser mujer, así como cuestionar sus raíces indígenas, no tuvieron consecuencias, ya que, según la ley, “impide sancionar al presidente por este tipo de faltas en materia electoral”.
El caso de la también empresaria Xóchitl Gálvez, hizo que la violencia política en razón de género se visualizará, pero ¿Cuántos casos más existen?
El 27 de marzo de 2024, la Central Electoral del Instituto Nacional Electoral (INE), informó que del 14 de abril de 2020 al 19 de marzo de 2024, se recibieron 402 quejas y denuncias en materia de violencia política contra la mujer en razón de género.
Dichas cifras se dieron a conocer luego de que, en sesión ordinaria, las consejeras del Instituto Nacional Electoral (INE), Carla Humphrey, Norma De la Cruz y Dania Ravel, advirtieran sobre un aumento en las denuncias, pues se presentó un incremento de 28 asuntos en ese último mes.
En el Registro Nacional de Personas Sancionadas en Materia de Violencia Política contra las Mujeres en Razón de Género, actualizado hasta el 23 de septiembre del presente año, indicó que a la fecha se han sumado un total de 457 delaciones por violencia política contra las mujeres.
De los registros anteriores, se han sancionado a 409 personas, mismas que corresponden a 323 hombres y a 86 mujeres, es decir, la violencia política en razón de género es ejercida en mayor cantidad por hombres, pero no exenta a las mujeres de reproducirla.
Las sanciones en relación al ámbito territorial de México fueron presentadas de la siguiente manera; el 70.68% de las personas sancionadas corresponden al ámbito municipal, 14.44% en territorio estatal y el 14.88% en el ámbito nacional, lo que nos muestra que el principal contexto donde se ejerce violencia política contra las mujeres es en las presidencias municipales.
Por otra parte, las principales entidades federativas donde se realizaron las sanciones fueron: Oaxaca, Veracruz, Tabasco, Campeche y Chiapas.
Tal pareciera que el sistema de delaciones sobre violencia política contra las mujeres es muy eficiente al contabilizar las denuncias, pero al analizar los datos y los registros de este, se puede observar que hay denuncias desde el año 2020 hasta 2024 que siguen sin una sanción.
También, hay que aclarar que el número de sanciones realizadas a la fecha, no corresponde al mismo número de casos, sí, existe un número alto de sanciones, pero es debido a que una sola denuncia puede tener más de una sanción.
Un ejemplo es el caso SER-PSC-47/2023, donde una persona de la sociedad civil fue sancionada tres veces, con tres multas, por la reproducción, difusión y manifestación de contenido sexual, minimizando la capacidad de la víctima para desempeñar un cargo público.
Otro ejemplo es el caso contra el presidente municipal de Altotonga, Veracruz, Ernesto Ruiz Flandes, el cual fue sancionado 11 veces en total. El número de sanciones depende de la resolución que se le de al caso, así como de los actos cometidos por el agresor.
Dentro de las acciones que han sido señaladas por las mujeres víctimas de violencia política en razón de género se encuentran acciones como:
· Violencia simbólica con la finalidad de obstaculizar el ejercicio del cargo de las víctimas.
· Expresiones verbales dirigidas a la víctima, basadas en estereotipos de género que tienen por objeto minimizar e impedir el pleno ejercicio del cargo partidario que ocupa.
· Amenazas verbales e incluso con armas de fuego, acoso, hostigamiento, entre otras más.
Un dato relevante es que, incluso algunas de estas denuncias, se han clasificado con la interseccionalidad a mujeres indígenas, pues recordemos que cada contexto es particular.
Usos y costumbres
Para las mujeres indígenas el panorama de la política está lleno de violencias, situación que reconoció Xóchitl Gálvez, al señalar que mujeres indígenas han tenido la oportunidad de participar en la política, no obstante, los usos y costumbres llegan a ser un factor de impedimento para que acepten cargos públicos.
Gálvez contextualizó que las mujeres en el mundo de la política se deben de preparar de forma profesional, pero que el tema de los pueblos indígenas se ha visto como un tema aislado, es decir, ¿de qué manera se preparará la sociedad para participar en la política, si se les aísla de las herramientas necesarias?
“Se piensa que los pueblos indígenas viven en la pobreza por su cultura, por sus costumbres, y no, (…) es un tema de acceso educación, acceso salud, de infraestructura, los pobres no son pobres porque quieren ser pobres, sino porque ha habido un abandono del gobierno”, subrayó la ex candidata Xóchitl Gálvez Ruiz.
Otros retos: Racismo y clasismo
Cristina Solano Díaz, licenciada en Comunicación, activista, intérprete traductora, indígena Ñuu Savi, originaria de la Montaña de Guerrero, en entrevista, señaló que dentro de su participación en la política mexicana ha identificado que el racismo y clasismo son otros de los retos que enfrentan las mujeres.
Cristina Solano, además de ser activista por los derechos indígenas, fue titular del Instituto de la Mujer en Ensenada, Baja California Sur, quién al desempeñar dicho cargo, era cuestionada constantemente sobre su capacidad al ser una mujer indígena.
“A mí decían cada catorcena que ya me iban a despedir, eso fue de principio a fin, que no iba a durar en el cargo, y finalmente, pues ahí estuve trabajando”, también, Cristina resaltó que el hecho de prepararse de manera profesional fue una gran herramienta. “Obviamente que nos siguen discriminando si no tienes estudios, en Ensenada somos como una ciudad muy noble, pero siempre hay este pensamiento racial y discriminatorio en las personas”, denunció Solano Díaz.
Usurpación de candidaturas
En México, los partidos políticos tienen la obligación de cumplir con una adscripción calificada, se trata de cuota de inclusión, donde los partidos deben de ser integrados por personas indígenas en elecciones federales y locales. Esta obligación fue establecida por el INE, sin embargo, han existido casos de personas que buscan usurpar estos lugares.
La activista Cristina Solano Díaz, resaltó que este problema no es nuevo y que se ha visto en hombres y mujeres, como el caso de Miriam Elizabeth Cano Núñez, candidata de Morena que en 2021 contendía por el XVII distrito de Baja California Sur, y se hizo pasar como mujer indígena del pueblo Triqui, identidad que no logró acreditar.
“Este proceso electoral 2023- 2024 a nivel federal no estuvo exento de esas usurpaciones”, acusó Cristina Solano, quien también enfatizó que los criterios para cubrir la adscripción calificada debe ser perfeccionada, y que incluso, “las instituciones se lo complican porque quieren”, ya que los pueblos indígenas han realizado propuestas para mejorar los criterios y evitar la usurpación de la identidad indígena.
De acuerdo con los resultados finales del monitoreo de violencia electoral realizado por el Laboratorio Electoral, México acaba de atravesar las elecciones más violentas de su historia.
Por eso es necesario resaltar que Ana Hieli Vázquez Reyes, candidata a regidora suplente a nivel municipal de Chiapas; Gisela Gaytán Gutiérrez, candidata a la alcaldía de Celaya, Guanajuato; Lucero López Mata, candidata a la presidencia de la Concordia, Chiapas; Miriam Noemi Ríos Ríos, aspirante a regidora municipal en el estado de Michoacán y Samantha Carolina Gómez Fonseca representante a una senaduría de representación proporcional en la Ciudad de México, fueron asesinadas durante el pasado proceso electoral.
En general, las mujeres en México atraviesan un panorama hostil en la política, plagado de conductas machistas y misóginas, donde deben de enfrentar diversos actos de violencia, cuestionamientos sobre su capacidad de ejercer puestos públicos, clasismo, racismo, usurpación de identidad e incluso acciones que atenten contra su vida.
Actualmente en México la presidencia está a cargo de Claudia Sheinbaum Pardo, la primera mujer presidenta del país, pero, ¿será que una mujer al frente de un país pueda garantizar una agenda pública por y para las mujeres?
* Este trabajo fue segundo lugar en la Segunda Edición del Concurso Universitario con Perspectiva de Género, convocado por Red Nacional de Periodistas, Comunicación e Información de la Mujer A.C (CIMAC) y CIMAC Radio
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