TEPJF se opone a pedir celeridad al IFE en fiscalización a Peña

Jorge Carrasco Araizaga

Alejandro Luna Ramos, magistrado presidente del TEPJF.
Foto: Eduardo Miranda

MÉXICO, D.F. (apro).- El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) rechazó la petición de la coalición Movimiento Progresista para que le ordene al Instituto Federal Electoral (IFE) acelerar la fiscalización de los gastos de campaña del candidato presidencial del PRI, Enrique Peña Nieto.
Bajo el argumento de “respeto a la autonomía del IFE”, la comisión encargada de calificar la elección presidencial –integrada por tres magistrados– propuso desechar la “excitativa de justicia” solicitada por el PRD, PT y Movimiento Ciudadano, como parte de su impugnación para anular los comicios presidenciales del 1 de julio pasado.
La propuesta, elaborada por los magistrados electorales Flavio Galván, Salvador Olimpo Nava y Constancio Carrasco, fue apoyada por los otros cuatro integrantes de la Sala Superior.
La coalición pretendía que los magistrados urgieran al IFE, a la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade) y a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) para que concluyan sus investigaciones sobre Banco Monex y Soriana antes de que el TEPJF califique la elección presidencial, cuyo plazo límite es el próximo 6 de septiembre.
“No puede, no debe el TEPJF interferir de manera indebida”, además de que la excitativa sólo opera al interior de un mismo órgano, expuso Galván.
La propuesta fue apoyada por el presidente del Tribunal, Alejandro Luna Ramos, y los magistrados María del Carmen Alanís, Pedro Esteban Penagos y Manuel González Oropeza, quien aseguró que la petición, en lugar de una excitativa de justicia, “es una solicitud que violenta el principio de separación de poderes”.
Los magistrados también rechazaron darle el carácter de terceros perjudicados en este caso a Televisa, Televimex, Grupo de Radiodifusoras, Grupo Fórmula, Administradora Canje, Imagen Telecomunicaciones, Compañía Internacional de Radio y Televisión, y los periódicos Excélsior y Milenio Diario.
Esos medios fueron acusados por el Movimiento Progresista de distintas irregularidades durante el proceso electoral, entre ellas la adquisición encubierta de propaganda político-electoral y “violaciones” de la legislación electoral de parte de algunos de sus conductores