México, DF, 11 oct 12 (CIMAC).- Amnistía Internacional (AI) denunció que la violencia y la tortura sexual contra las mujeres en México persiste, y sostuvo que contrario a lo que pregona el gobierno federal hasta el momento no se ha investigado y ni castigado a los culpables de estos crímenes.
En su informe “Culpables conocidos, víctimas ignoradas. Tortura y maltrato en México”, la organización humanitaria señala que aunque el gobierno federal no lo reconozca, la tortura y la tortura sexual han aumentado en los últimos cinco años.
En el reporte dado a conocer hoy en esta capital, AI explica que la tortura y otros maltratos en México han aumentado de manera considerable en los últimos cinco años del gobierno de Felipe Calderón, pese a las recomendaciones internacionales de respeto a los Derechos Humanos (DH).
El documento será presentado en noviembre próximo ante el Comité de Naciones Unidas contra la Tortura. Ahí se explica que según la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), en 2011 se recibieron mil 669 denuncias por tortura y tratos crueles.
La cifra es alarmante en comparación con 2010, cuando las denuncias ascendieron a mil 161, o con 2009 cuando fueron mil 55 casos ante la CNDH, y en los cuales se acusó la participación de elementos de seguridad pública o de las fuerzas armadas.
Como ejemplo de la tortura sexual contra las mujeres, el informe de AI cita la violación sexual contra las indígenas Inés Fernández y Valentina Rosendo, ambas perpetradas por militares en el estado de Guerrero en 2002.
Aunque ambas mujeres tlapanecas llevaron su caso ante el Sistema Interamericano de DH y lograron una sentencia contra México por parte de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, hasta el momento los culpables no han sido castigados.
Otro ejemplo es la tortura sexual contra 26 mujeres en San Salvador Atenco, Estado de México, durante los operativos del 3 y 4 de mayo de 2006 cuando policías federales y estatales las detuvieron y violaron.
El pasado 18 de julio se aprehendió a dos policías del Estado de México por cargos de tortura, aunque AI dijo temer que las detenciones sean para impedir que el caso llegue hasta el Sistema Interamericano.
Amnistía pone también como ejemplo la tortura sexual contra Margarita González Carpio, quien en octubre de 2011 fue sometida a graves abusos por su ex pareja sentimental, un alto mando de la Policía Federal en la ciudad de Querétaro, capital del estado del mismo nombre.
Las autoridades federales y estatales se negaron en un primer momento a tomar medidas para protegerla o investigar las denuncias de agresión sexual y las palizas contra González Carpio; por lo que ella se tuvo que ocultar sin que hasta ahora tenga medidas de seguridad.
AI alertó que otro grupo vulnerable son las migrantes, toda vez que pueden ser víctimas de tratos crueles y degradantes como le sucedió a una mujer que en marzo de 2008 pasaba por una oficina del Instituto Nacional de Migración en Huixtla, Chiapas, cuando tres policías municipales le robaron su dinero.
Aunado a lo anterior, tres hombres armados y en presencia de la policía se llevaron a la migrante, quien fue localizada días después en El Salvador luego de que la obligaron a caminar un día entero y tras violarla reiteradamente.
En el informe de la organización internacional se precisa que los agentes del Estado recurren a la tortura como práctica común para obtener confesiones o declaraciones.
Miriam Isaura López Vargas, detenida en febrero de 2011 en Ensenada, Baja California, fue una víctima de ese tipo de tortura. Según su relato, fue interrogada por soldados en un cuartel militar de Tijuana, quienes la sometieron a agresión sexual y física, asfixia, y además la amenazaron para que firmara una confesión en la que culpaba falsamente a otras personas por narcotráfico.
En este contexto, AI exhortó a las autoridades mexicanas y al gobierno entrante, encabezado por Enrique Peña Nieto, a tomar medidas para prevenir la tortura y asumir sus compromisos internacionales contra estas prácticas.
Además pidió que se investigue y ponga a disposición judicial a los responsables de violencia contra las mujeres, sean agentes del Estado o no. También, acotó, deben ser investigados y enjuiciados funcionarios que no indaguen ni sancionen la violencia de género.
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