México DF, 10 oct 12 (CIMAC).- Cuando un grupo de ciudadanas ve afectada su dignidad en una publicidad al promover estereotipos que justifican la violencia contra ellas, a qué instancia podrían recurrir. ¿Existe un mecanismo legal que las proteja o el libre mercado lo rige todo?
¿Acaso no hay autoridad que regule la publicidad y vigile que los contenidos que se emiten sean apegados a la Constitución y las leyes?
Un Estado de Derecho, cuya Carta Magna reconoce como suyos todos los tratados internacionales que protegen los Derechos Humanos, defiende la igualdad y sanciona la no discriminación, tiene la obligación de respetar las garantías fundamentales.
Si una empresa trasnacional, como Coca-Cola, que llega al último rincón del territorio mexicano, inicia una campaña denominada “Actitud ligera” en la que hace apología del machismo como una práctica válida, en claro atentado a las leyes mexicanas y sus principios democráticos de igualdad y no discriminación, qué institución debe acompañar a las ciudadanas para proteger sus Derechos Humanos.
Revisando las leyes que en la última década se han creado, encontramos que de acuerdo con la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia (LGAMVLV) debe existir un programa integral para prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia de género, el cual vigilará que los medios de comunicación no la fomenten y por el contrario favorezcan la erradicación de todos los tipos de violencia, el respeto a los Derechos Humanos y la dignidad de las mujeres.
Si la campaña de la empresa refresquera, “Actitud ligera”, fomenta el machismo –entendido como el comportamiento patriarcal que devalúa a las mujeres, defiende la “supremacía” masculina, y sustenta la violencia como mecanismo de control y sometimiento contra ellas–, y además lo difunde de manera masiva en espectaculares y spots de radio y TV, ¿no tendría la autoridad que actuar en consecuencia a su mandato de ley?
Es nada más ni nada menos la Secretaría de Gobernación (Segob) la que recibe el mandato directo de la LGAMVLV, para vigilar que los medios de comunicación favorezcan la erradicación de todos los tipos de violencia y se fortalezca la dignidad de las mujeres.
Si esto es así, por qué la campaña “Actitud ligera” sigue vigente y la refresquera trasnacional cree que no viola las leyes nacionales.
La exigencia para que la campaña sea retirada no es sólo un reclamo de legisladoras, feministas, académicas y funcionarias del DF, además de la queja que por oficio inició el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred), también debe ser una exigencia de las autoridades competentes, pero la Segob parece no darse cuenta que el tema le toca, que tendría, por mandato, acompañar este reclamo y hacer cumplir la ley.
Por el contrario, hace oídos sordos pese a tener ahí a la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim), instancia que preside, a nombre de la Segob, el Sistema Nacional para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres.
Las ciudadanas ya actuaron, dialogaron con directivos de la empresa y dieron sus argumentos. Ante la sordera de la refresquera, se hizo una clausura simbólica de sus oficinas para exigir el retiro de la campaña por generar violencia contra las mujeres, mientras que la autoridad competente sigue sin aparecer.
No es menor la ausencia de la Segob, cuyo mandato es vigilar que la LGAMVLV se cumpla. No es un tema que involucre solamente a un Consejo, la ausencia de Gobernación ante la movilización ciudadana hace dudar de su verdadero compromiso para garantizar a las mujeres una vida libre de violencia. Si no es así, deberá actuar para dejar de preguntarnos ¿dónde está la autoridad?
Twitter: @lagunes28
*Directora general de CIMAC.
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