Por: Gladis Torres Ruiz
Cimacnoticias | México, DF.- 12/10/2012Para
evadir su obligación de prevenir, sancionar y erradicar la violencia de
género, el gobierno de Chihuahua, encabezado por César Duarte,
responsabiliza al crimen organizado de los asesinatos de mujeres, y
arrecia las descalificaciones contra defensoras de Derechos Humanos
(DH).En entrevista con Cimacnoticias, Malú García Andrade, dirigente de la organización civil Nuestras Hijas de Regreso a Casa, señaló que en Chihuahua no sólo las jóvenes son desaparecidas y asesinadas, sino que también se violenta y ultima a las madres de las víctimas y a defensoras de DH que exigen justicia.
Criticó que el gobierno estatal responsabilice a la delincuencia organizada en el homicidio de la defensora de DH Marisela Escobedo.
La activista, quien a inicios de este año salió de Ciudad Juárez para salvaguardar su vida y la de su familia, dijo que ante su negligencia y omisión para prevenir estos delitos, a César Duarte le resulta muy fácil decir que las víctimas “tenían vínculos con el crimen organizado”.
Lo más grave es que hace lo mismo con las desapariciones de mujeres y el feminicidio en Juárez. “Si la joven murió por el impacto de un arma de fuego, entonces ya es crimen organizado y no se investiga. No se indaga si hubo violación, secuestro o tortura”, reclamó García Andrade.
Abundó que el gobernador de Chihuahua sigue la misma línea que sus antecesores con el fin de minimizar el feminicidio. En administraciones pasadas, como la de Patricio Martínez, para evadir su responsabilidad y desestimar la problemática se responsabilizaba a las víctimas, diciendo que ellas inducían los asesinatos por vestirse “provocativamente”, o andar en la calle a altas horas de la noche.
DESDÉN OFICIAL
En medio del incremento de la violencia contra las mujeres en el estado de Chihuahua, la administración de Felipe Calderón termina sin cumplir la sentencia dictada en 2009 por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH), por el feminicidio de tres jóvenes encontradas en Campo Algodonero, en Ciudad Juárez.
El Centro de Derechos Humanos de las Mujeres de Chihuahua (Cedehm) afirma que los asesinatos de mujeres han aumentado de manera exponencial: mientras en 2007 se registraron 53 crímenes, en 2010 la cifra llegó a 584.
A esas cifras se suman las 183 desapariciones en el primer semestre de este año, además de los 12 cuerpos encontrados en el Valle de Juárez a principios de 2012, así como los restos óseos de una mujer localizada este miércoles en un predio en la zona desértica del suroriente de Juárez, según reportó la Fiscalía Especializada en Atención de Delitos contra las Mujeres por Razones de Género.
Malú García Andrade enfatizó que el gobierno de Duarte sigue la misma línea de relacionar los asesinatos de defensoras de DH con los cárteles del crimen organizado.
En años recientes han sido amenazadas, atacadas y hostigadas Luz Estela Castro, Alma Gómez, María Luisa García, Norma Andrade, Marisela Ortiz, Cipriana Jurado, Sara Salazar y Emilia González. Otras han sido asesinadas, como Marisela Escobedo, Susana Chávez, Josefina Reyes, Luisa Ornelas y Malena Reyes.
Luz Estela Castro, directora del Cedehm, dijo a Cimacnoticias que los señalamientos en contra de ella y la organización que preside se han arreciado luego de que exigieron al gobierno de Chihuahua transparencia en la investigación del caso de Marisela Escobedo.
Al advertir que la Fiscalía había presentado el 15 de diciembre de 2011 a un autor material y el arma con la cual fue asesinada, el pasado 7 de octubre presentó a un nuevo autor material: José Enrique Jiménez Zavala, “El Wicked”, y en ambos casos la autoridad dijo tener pruebas científicas y los consideró responsables del feminicidio de Marisela.
Escobedo fue ultimada el 16 de diciembre de 2010 mientras realizaba un plantón frente al Palacio de Gobierno, para exigir justicia por el asesinato de su hija de 16 años Rubí Marisol Frayre, perpetrado en 2008 por su pareja, Sergio Barraza Bocanegra, quien a pesar de confesar el crimen quedó en libertad luego de que el Tribunal de Juicio Oral consideró que no había pruebas de su culpabilidad.
Castro, representante legal de los casos de Marisela y Rubí, apuntó que en respuesta a los anteriores cuestionamientos, el gobierno estatal de nueva cuenta inició una campaña de desprestigio en contra de la organización y en particular contra ella.
ACOSO
Manuel Salas, fiscal general del estado, ha criticado en diversos medios de comunicación a Luz Estela Castro, al calificarla como una “supuesta defensora de Derechos Humanos que defiende asesinos de periodistas”.
La defensora destacó que ya se presentó una denuncia ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos contra el funcionario, se pedirá apoyo a la Red de organizaciones civiles Todos los Derechos para Todas y Todos, y se solicitarán “acciones urgentes” de protección a la Relatoría para Defensoras y Defensores de DH de la ONU.
Agregó que a finales de este mes tendrán una audiencia en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en donde también darán cuenta de lo que ocurre, ya que con estas declaraciones se coloca a ellas y su equipo en una situación de mayor vulnerabilidad y abre la puerta a más agresiones en su contra.
Luz Estela Castro alertó de la supuesta pretensión de las autoridades de justicia de dar “carpetazo” a la indagatoria por el asesinato de Marisela Escobedo, luego de que ayer un juez de Garantías del Distrito Judicial Morelos vinculó a proceso penal por el delito de homicidio calificado y agravado a “El Wicked”, y fijó un plazo de ocho meses para el cierre de la investigación.
La abogada demandó que agentes de la Fiscalía viajen a Estados Unidos para entrevistar al hermano de Marisela, testigo de los hechos y que tuvo que pedir asilo al país vecino ante amenazas de muerte.
Malú García Andrade observó que para las organizaciones civiles de Chihuahua “se nos hace un tanto armada la declaración (de “El Wicked”). “Si al hombre le están fincando cargos por más de 16 ejecuciones, una más (la de Marisela Escobedo) para él da lo mismo”, indicó.
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