OPINIÓN
Por: Rosalinda Hernández Alarcón*
Las
denuncias por hechos en los que se criminaliza la protesta social van
en aumento y violentan la libertad de expresión, derecho que; tal es el
caso de la comunicadora Norma Sansir, quien el pasado 18 de septiembre
fue detenida de manera arbitraria en el departamento oriental de
Chiquimula, Guatemala.
La criminalización o judicialización de actividades ciudadanas no puede
pasar desapercibida porque tienen como propósito limitar la protesta y
descalificar las exigencias de personas organizadas que se oponen a
políticas públicas o iniciativas de ley que favorecen intereses
empresariales.
Algunos ejemplos de estas exigencias y demandas son: el rechazo a la
minería y los mega proyectos, atención a la problemática rural, que las
campesinas tengan acceso a la tierra y recursos para producir,
servicios públicos de calidad para la gente pobre y plena garantía de
derechos políticos.
Vale reflexionar qué significa criminalizar a actoras y actores
sociales. Una organización humanitaria lo define como “la aplicación
arbitraria de la ley o la amenaza de su aplicación”. Ello constituye
una grave agresión para las personas que –al ejercer sus derechos
constitucionales (de organización, petición, expresión y resistencia)–
son calificadas como delincuentes o presuntas infractoras de la ley.
En la criminalización están involucrados principalmente agentes
estatales que toleran, ordenan o ejecutan estas acciones y quienes
conocen las secuelas de las mismas, tanto en las personas afectadas de
manera individual como en las organizaciones del movimiento social.
Los efectos de la aplicación arbitraria de la ley o la amenaza de
utilizarla varía según el contexto, el sexo, la edad de la persona y
su situación familiar. Lo cierto es que tiene secuelas económicas,
sociales, psicológicas y físicas.
Un estudio realizado por la Unión de Defensoras y Defensores de
Guatemala (Udefegua) sintetiza las siguientes consecuencias: miedo de
ser procesado y estigmatizado, angustia dentro de la familia,
sentimiento de impotencia, pérdida de empleo o ingresos económicos y
obligación a asumir gastos imprevistos.
En un recuento de casos, Udefegua reporta que aumentaron estas formas
de intimidación contra mujeres y hombres activistas. En 2009 se
registraron 36 casos, en 2013 subió a 284, mientras que en este año
suman 132.
Las integrantes de la publicación feminista laCuerda rechazamos
cualquier acción que limite el ejercicio periodístico y la
comunicación. Ambas actividades están plenamente garantizadas como
derecho en la legislación guatemalteca, así como en declaraciones de
Naciones Unidas y del sistema interamericano.
La detención ilegal de Norma Sansir es el hecho más reciente que
violenta la libertad de expresión y la garantía de no ser molestada por
difundir información, pero también hay otros como los ocurridos a
varios comunicadores comunitarios, al Centro de Medios Independientes,
columnistas de medios nacionales y periodistas de elPeriódico.
* Periodista mexicana, residente en Guatemala y coeditora de la publicación feminista LaCuerda.
Imagen retomada de comunitariapress.wordpress.com
Cimacnoticias | Guatemala.-
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