Los conflictos de interés y la enorme corrupción han sido parte
importante del fracaso de reformas estructurales privatizadoras.
Durante
la comparecencia del Secretario de Energía, Pedro Joaquín Coldwell y el
Director de PEMEX, Emilio Lozoya abordamos la corrupción desenfrenada
que estáen curso con la reforma energética privatizadora basándonos en
los casos irresueltos en México, la experiencia internacional y
estudios de analistas e instituciones internacionales.
Los
conflictos de interés y la enorme corrupción han sido parte importante
de la causa del fracaso de las reformas estructurales privatizadoras
del pasado que se impusieron sin discusión democrática y que
fracasaron rotundamente.
Un estudio del Banco Mundial
intitulado “las trampas de la desigualdad” presenta como una de sus
conclusiones más importantes, que las reformas privatizadoras de
la última década del siglo XX llevadas a cabo por el gobierno de
México, no produjeron los efectos esperados de mejorar el desempeño
económico del país.
En ese estudio, el Banco Mundial determinócomo el resultado más fundamental y relevante: “Que más de la mitad del crecimiento de las fortunas actuales en el país, provino de la privatización”. Una
privatización que fue impulsada por el gobierno de Carlos Salinas de
Gortari y que ha continuado con todos los gobiernos neoliberales del
PRI y del PAN.
Este trabajo de investigadores independientes del Banco Mundial se compagina con otro intitulado “Exporting Corruption Privatization, Multinationals and Bribery”, cuya
autora es Sue Hawle una prestigiosa investigadora en temas de
corrupción y procesos de privatización, el estudio concluyóque “el crecimiento de la corrupción en el mundo había sido consecuencia de los acelerados procesos de privatización de empresas públicas, asícomo
de las reformas impulsadas por el Consenso de Washington, el Banco
Mundial, el FMI y las empresas trasnacionales para reducir el tamaño del Estado en la economía”; reformas que por otra parte, los gobiernos neoliberales ejecutaron con mucha rapidez”.
Finalmente
un balance de los resultados de la forma en que se han aplicado
procesos acelerados de privatización sin establecer límites a los
conflictos de interés, es presentado en el documentado libro de Hunter
Lewis (académico y columnista de Financial Times, Washington Post y New
York Times), en el que se concluye que las políticas privatizadoras
poco cuidadosas y con claros conflictos de interés han significado
estancamiento económico, y beneficios reducidos a la población y en
contrapartida se ha enriquecido una minoría privilegiada.
Estos
trabajos confirman, la investigación de Thomas Picketty (El capital en
el siglo XXI) que con amplia evidencia empírica revela que el
crecimiento desmesurado del capital bajo los esquemas de desregulación,
privatización y desmantelamiento del Estado, conducen a una rampante
desigualdad, en la que el capital crece 4 veces más que el crecimiento
de la economía.
Estas lecciones de la historia, fueron
dramáticamente olvidadas por quienes impulsaron en nuestro país, una
reforma energética acelerada de tintes claramente privatizadores, y sin
establecer un sistema legal, que erradique los conflictos de interés de
quienes regularán la industria petrolera y de quienes se beneficiarán
de las reformas privatizadoras.
El resultado de la reforma
energética seráun prolongado estancamiento o cuando más un raquítico
crecimiento de la economía por debajo de su potencial, que no
resolverálos rezagos sociales y económicos acumulados en el país.
La
reforma energética no fue acompañada de procesos cuidadosos, ni se
establecieron candados orientados a potenciar el mercado doméstico, ni
a incentivar una robusta empresa privada, basada en el dinamismo de la
pequeña y mediana empresa que pudiera detonar el empleo.
Sin ir
muy lejos, disponemos ya de los resultados de una reforma energética
similar a la que se acaba de aprobar en México, la de Colombia. Después
de 11 años de aplicada dicha reforma y con un diseño muy parecido a la
de México, los resultados más importantes (que prefiguran con
razonable certeza lo que ocurriráen nuestro país de acuerdo a los
términos con que se aprobóla reforma energética secundaria) son los
siguientes:
- El Estado colombiano se apropia efectivamente solamente del 43% de la renta neta petrolera, un porcentaje por debajo de la meta establecida en la Reforma energética colombiana que era de 56%. Esto se debe sin duda a que las empresas privadas inflan los costos de producción, y se renegocian los contratos petroleros en favor de los intereses de las compañías petroleras privadas.
- Una segunda conclusión de la experiencia de la reforma petrolera colombiana, es que al cabo de más de una década, el crecimiento de los egresos corrientes asociados con las actividades petroleras excedióel crecimiento de los ingresos por las exportaciones. Es decir, en el largo plazo haya más salidas de capitales que entradas en este sector petrolero de la economía de Colombia.
- En Colombia el sector productor de petróleo y gas es altamente intensivo en capital de acuerdo con la evidencia existente, como no se pusieron requisitos de contenido nacional, la generación de empleo fue prácticamente de cero, tanto directo como indirecto.
- Impacto macroeconómico. Son mínimos los encadenamientos directos que trajo la reforma energética colombiana (muy parecida a la que se aprobóen México). Al cabo de doce años de instrumentada la reforma en Colombia, el sector tiene una relativamente reducida capacidad de afectar la dinámica de la economía por medio de su demanda intermedia directa. Por lo tanto, las compras intermedias que realiza el Sector Petrolero y de Gas a los diferentes sectores económicos fue reducida en relación a la producción total de dichos sectores. El sector petrolero colombiano tiene una reducida capacidad de afectar la dinámica de la economía por medio de su demanda intermedia directa hacia el resto de sectores.
Si
sumamos la corrupción de las privatizaciones, los catastróficos
resultados de una experiencia privatizadora similar como la colombiana,
a los nuevos nombramientos de quienes integrarán los órganos
reguladores del sector energético, los Consejos de Administración de
Pemex, de la CFE y el Comité Técnico del Fondo Mexicano del Petróleo se
puede vislumbrar el saqueo por venir.
La amplia mayoría cuentan
con un perfil pro privatizador o una currícula que los vincula al PRI,
al PAN o a empresas nacionales y trasnacionales que serían las
beneficiarias con la reforma energética privatizadora aprobada por el
PRI y el PAN.
Para los Órganos Reguladores Coordinados
(Subordinados), estarían integrados por personajes dóciles y “cómodos”,
se anula por completo la necesaria preeminencia del interés general por
encima de los intereses empresariales o partidistas. De este modo se
desecha la visión de un Estado rector en el sector energético que
garantice la seguridad a largo plazo para este sector estratégico del
país. Por el contrario, se optó por una visión mercantilista, adversa
hacia todo lo público, con el fin de favorecer a las empresas
transnacionales y pareciera que lo que afirmamos en las discusiones de
las leyes secundarias en materia energética, en el sentido que el
objetivo final es liquidar a Pemex y CFE.
Un caso a destacar es
el de Luis Téllez Kuenzler, quien fue ratificado para ser parte del
comité Técnico del Fondo Mexicano del Petróleo, ex secretario de
Comunicaciones y Transportes en el gobierno de Calderón, actual
presidente de la Bolsa Mexicana de Valores y simultáneamente miembro de
la junta de directores de Sempra Energy, compañía multinacional con
sede en California y que tiene participación en la empresas filiales de
PEMEX, que actualmente está desarrollando proyectos para el servicio de
transporte de gas.
El artículo 9 de la Ley del Fondo, en su
fracción séptima, pide que los consejeros no hayan sido “accionista,
socio o dueño, funcionario, directivo, representante legal o asesor
importante de cualquier asignatario o contratista, en los dos años
anteriores a su nombramiento”, mientras que en su fracción sexta
establece: "No ejercer un empleo, cargo o comisión simultáneo que le
impida el adecuado ejercicio de su función de miembro independiente".
Evidentemente
en el caso de Luis Téllez como en el de varios más hay un evidente
conflicto de interés en su futura gestión, no sólo porque Sempra tiene
intereses en el sector energético sino porque como señala la fracción
sexta del artículo citado, no deben ejercer un cargo o comisión
simultáneamente que le impida el ejercicio de su función, y el hecho de
ser Presidente de la Bolsa Mexicana de Valores es totalmente le
imposibilita para ser un miembro del comité técnico del fondo que habrá
de tomar decisiones relevantes sobre miles de millones de dólares.
Téllez
preside el órgano encargado de las transferencias bursátiles, donde hay
una dosis enorme de especulación, y ahora Enrique Peña Nieto y su
mayoría parlamentaria prianista le van a permitir especular con los
recursos petroleros, y lo más grave no es responsable por sus excesos.
Al
respecto y por ser una cláusula de impunidad como lo denunciamos en las
discusiones de la reforma energética, me permito reproducir el artículo
25 de la Ley del Fondo Mexicano del Petróleo:
"Artículo 25.- Los
miembros del Comitéserán sujetos a responsabilidad en el ejercicio de
sus funciones cuando causen un daño o perjuicio estimable en dinero a
la Hacienda Pública Federal, en los términos del Título Quinto de la
Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación.
Los miembros del Comiténo se considerarán responsables por daños y perjuicios, cuando se actualicen los supuestos siguientes:
- Actúen conforme a sus facultades;
- Tomen sus decisiones con base en la información disponible al momento de la decisión, y
- Hayan seleccionado la alternativa más adecuada, a su leal saber y entender, o los efectos patrimoniales negativos no hayan sido previsibles; en ambos casos, con base en la información disponible al momento de la decisión.
En
los procedimientos de responsabilidad que, en su caso, se lleven a cabo
en contra de los miembros del Comité, seránecesario que se acredite el
dolo o mala fe con que se condujeron para poder fincar la
responsabilidad de orden civil, penal o administrativa que corresponda".
Esto
significa que Luis Téllez no es servidor público según esta ley, y por
ende no serásujeto de responsabilidad administrativa, pero además según
el citado artículo 25 no seráresponsable de daños y perjuicios cuando
haya seleccionado la alternativa más adecuada a su leal saber y
entender. Vía libre para especular con los recursos petroleros de la
nación.
Los nuevos
consejeros de las empresas productivas del estado no sólo opinarían
sino también aprobarían los informes de los titulares de las empresas,
darían aval a los proyectos y decisiones estratégicas y darían su visto
bueno a las políticas y procedimientos para la celebración de contratos
y alianzas estratégicas con los particulares. La característica común
de todos ellos es su subordinación a Enrique Peña Nieto e intereses de
las trasnacionales o empresas mexicanas ligadas al sector energético.
Uno
de los consejeros independientes de Pemex será Octavio Francisco
Pastrana, quien fungió como “presidente de British Petroleum en varios
países entre 1995 y 2007”.
El 21 de la Ley de Pemex acota que
los consejeros no estén “supeditados a intereses personales,
patrimoniales o económicos” cuestión que señalamos que Pastrana no
tiene ya que trabajo directamente para esta transnacional y además
tendrá acceso a información privilegiada de nuestra empresa ahora
productiva.
En próximas entregas seguiré abundando sobre los excesos de estos nombramientos del Ejecutivo.
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