Noticias Aliadas
Campesinos rechazan haber entregado sus tierras comunales para construcción de nuevo terminal aéreo.
Desde el cerro Huatepec, Ernesto Cruz, integrante del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra (FPDT), explica que debajo de la llanura verde se encuentra un acuífero de fundamental importancia para la Ciudad de México, una metrópoli con graves problemas hídricos que podrían aumentar si el área se cubriera de cemento.
Esta zona es el lecho del antiguo lago de Texcoco, un trozo de campo que divide la capital federal del municipio de San Salvador Atenco, en el céntrico estado de México. Es una zona sísmica donde el suelo tiene problemas de firmeza y que a menudo se inunda; expertos y académicos advierten que no es apta para la construcción de infraestructuras.
Sin embargo, ya se tomó le decisión. El pasado 3 de setiembre el presidente Enrique Peña Nieto anunció la construcción de un nuevo aeropuerto en el área de Texcoco. Será el tercer aeródromo más grande del mundo, con seis pistas por donde transitarían 120 millones de personas al año. La inversión está calculada en más de US$12 millardos y la primera etapa de las obras, que incluye tres pistas de operación simultánea, se iniciará en octubre próximo y culminará en el 2020. Sin embargo, no se tiene fecha de cuándo estarán operativas las seis pistas.
La Secretaría de Comunicación y Transportes mencionó un “Programa Hidráulico” para proteger al aeropuerto de las inundaciones, pero la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales aún no presentó la manifestación de impacto ambiental.
Ya en el 2000 el gobierno mexicano había considerado el área de Texcoco como apto a la cimentación del nuevo aeropuerto de la capital debido a que el actual se encuentra saturado. La implementación del proyecto incluía la expropiación en el Municipio de San Salvador Atenco de las tierras ejidales, de propiedad colectiva, que las familias reciben en usufructo y cuyos derechos pueden ser cedidos sólo por decisión de la asamblea. Los ejidatarios, que no querían dejar de cultivar sus parcelas, crearon el FPDT y lucharon en los tribunales y en las calles hasta el 1 de agosto de 2002, cuando obtuvieron la abrogación del decreto expropiatorio y la cancelación del proyecto.
El conflicto con los vendedores de flores
El mayor promotor de la construcción del nuevo aeropuerto de la capital era Carlos Hank González, patriarca del llamado Grupo Atlacomulco —asociación clandestina presuntamente conformada por miembros del Partido Revolucionario Institucional (PRI), dirigida a apoyarse recíprocamente para ocupar los principales cargos políticos del país, incluyendo la gobernación del estado de México, presidencias municipales, cargos relevantes en las cámaras de Diputados y Senadores, y hasta la presidencia de la República—, al cual estaría vinculado Peña Nieto.
En mayo del 2006, el desalojo por parte de policías locales de vendedores de flores de un mercado en Atenco devino en un enfrentamiento que se acrecentó con la mayor represión ejercida por policías federales. Este uso excesivo de la fuerza de seguridad tuvo lugar cuando el actual mandatario era gobernador del estado de México.
Fue un operativo violento, las imágenes del 3 y 4 de mayo del 2006 son terroríficas. Las personas fueron detenidas casa por casa y sin orden de aprehensión, centenares resultaron heridos y dos jóvenes murieron.
“En el autobús que nos llevó al penal de Toluca me depositaron como si fuera un bulto encima de otras personas. Allí comenzaron los sofocamientos, los golpes, las amenazas de muerte, me desnudaron e introdujeron varios instrumentos en mi vagina”, relata a Noticias Aliadas Italia Méndez, que había llegado a Atenco desde la Ciudad de México para solidarizarse con el FPDT.
Junto con otras 10 mujeres, Méndez es peticionaria ante el Sistema Interamericano de Derechos Humanos en contra del Estado mexicano por tortura sexual y otros delitos. De acuerdo con la gubernamental Comisión Nacional de Derechos Humanos, 26 mujeres fueron víctimas de tortura sexual y 202 personas fueron sometidas a un tratamiento “cruel, inhumano y degradante”.
El 14 de marzo del 2013, el Estado mexicano admitió en audiencia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), su responsabilidad por las agresiones sexuales a que fueron sometidas las mujeres tras ser detenidas en enfrentamientos con efectivos policiales, aunque nunca presentó una disculpa formal, como había prometido durante la audiencia.
Ambicioso proyecto
La reactivación del proyecto de construcción del nuevo aeropuerto preocupó a los integrantes del ejido Atenco, aunque el gobierno aseguró que no se expropiarán tierras y que las 4,430 Ha (11 acres) que serían ocupadas por la obra son terrenos federales contiguos al actual aeropuerto de la capital, sin especificar con exactitud su ubicación. Para los pobladores de Atenco, esta ambigüedad se debe a que las autoridades no quieren admitir que el aeropuerto se construirá en las tierras ejidales.
“Sabemos que lo que dice el presidente no es la realidad”, denunció a Noticias AliadasIgnacio del Valle, líder del FPDT. “El gobierno quiere nuestras tierras y no sólo para construir el aeropuerto. Tiene un proyecto mucho más ambicioso que se llama Ciudad Futura y comprende corredores industriales, residenciales y turísticos”.
Algunas excavadoras, que oficialmente están realizando trabajos de nivelación de bordes de un canal, ya están operando en las tierras de Atenco. El 1 de junio pasado, en una asamblea donde votaron personas que, según el FPDT, no pertenecen al ejido, se aprobó el cambio de uso del suelo con el fin de vender las tierras. Ya en el 2009, se había empezado el cambio de uso y venta de tierras en otros ejidos que se encuentran en el municipio de Atenco.
El FPDT ha denunciado que la compra de terrenos por parte del gobierno ha sido ilegal, ya que son tierras ejidales y pueden ser cedidas —no vendidas— sólo con el consenso de la asamblea. El 8 de setiembre, los pobladores del ejido Atenco se concentraron frente al Tribunal Superior Agrario de la Ciudad de México, exigiendo se pronuncie sobre el recurso de amparo en el que han solicitado la anulación de la asamblea del 1 de junio. La próxima audiencia será el 15 de octubre.
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