Autor: Fernando Ríos Martínez
A casi 1 año de los hechos ocurridos en
Iguala, donde seis personas perdieron la vida, 21 fueron lesionadas y 43
estudiantes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos, de
Ayotzinapa, fueron desaparecidos, la “verdad histórica” ha sido
destruida. Hoy madres y padres de los normalistas convergen con las
familias de miles de personas desaparecidas en México para seguir
exigiendo y buscando verdad y justicia para honrar a sus hijos e hijas.
El Estado tiene una deuda histórica, y es el momento de saldarla. Sólo
la reparación del daño integral y la garantía de no repetición podrán
regresar la confianza de las y los mexicanos a las instituciones y al
gobierno.
El 6 de septiembre pasado, el Grupo
Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) de la Comisión
Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) entregó, a 6 meses de iniciada
su labor, el informe Investigación y primeras conclusiones de las desapariciones y homicidios de los normalistas de Ayotzinapa
(disponible para su descarga en http://bit.ly/1URsF3P). Para realizarlo
se apoyó en datos de la investigación oficial y en la documentación de
los testimonios de personas presentes e involucradas en los hechos.
En su informe, los expertos de la CIDH
alertan sobre inconsistencias en la investigación y omisiones en el
procesamiento de información crucial para llegar al conocimiento de los
hechos. Las madres y los padres de los jóvenes normalistas, por su
parte, han exigido una respuesta real y el fin de las simulaciones que
no hacen más que incrementar su dolor. En Twitter, el presidente Enrique
Peña Nieto escribió: “He dado indicaciones para que las investigaciones
de los trágicos sucesos de Iguala tomen en cuenta los elementos
aportados por el GIEI”.
De forma coincidente, el 9 de septiembre,
organizaciones de familiares de personas desaparecidas de distintos
estados de la República entregaron a representantes de los poderes
Ejecutivo y Legislativo un documento con los puntos que consideran
fundamentales para la creación de una ley general sobre desaparición
forzada y desaparición por particulares. Dicha propuesta ha sido
construida transformando de manera generosa una experiencia no deseada
ni pedida –la búsqueda de sus familiares desaparecidos– en exigencia de
una política pública eficaz y congruente.
“Esta tragedia nos ha afectado
enormemente como familias: nos hemos enfermado, empobrecido más, nos han
extorsionado, engañado, muchas compañeras y compañeros han muerto de
tristeza, pero no pararemos”, señalaron en el acto ante representantes
del Estado mexicano. Al recibir el documento, el subsecretario de
Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Roberto Campa Cifrián,
respondió: “Estamos obligados a que en la elaboración de la iniciativa
se escuche a académicos y expertos, pero en este caso no tenemos derecho
a dejar fuera las experiencias y propuestas para esta iniciativa de los
familiares” (www.jornada.unam.mx/ultimas/2015/09/09/entregan-activistas-propuesta-para-ley-sobre-desaparicion-forzada-3869.html).
Las organizaciones de familias de
personas desaparecidas reconocen que el caso Ayotzinapa es la coyuntura
que abre a la sociedad y a la opinión pública, nacional e internacional,
la verdad sobre una situación que tiene décadas en México, con momentos
de recrudecimiento. Las familias buscan que se reconozca la indisoluble
doble dimensión que tiene esta situación grave y generalizada: por una
parte como estrategia del Estado para la eliminación de la oposición
política y social, y por la otra como una cadena criminal con fines
económicos que involucra a la delincuencia organizada.
“Cuando nos encontramos tantas familias
para compartir nuestra búsqueda y para dar nuestra palabra para esta
ley, nos asombramos y consternamos de tantos años de guerra en la que
han vivido nuestros pueblos, de reconocer que nos faltan tantas personas
amadas en nuestro pueblo”, expresaron. Pero también exigen que se
pongan los mismos recursos en marcha para la búsqueda de sus hijas,
hijos, esposas, esposos, madres, padres y demás seres queridos.
El GIEI tiene mucha claridad en el
sentido de que ninguna persona desaparecida es más importante que otra.
Por lo que realizó recomendaciones generales para la búsqueda e
investigación de personas desaparecidas en el país, que garanticen el
acceso a la justicia y el derecho a la verdad a los familiares en lucha.
Esta claridad la tienen también otros
actores internacionales (el Grupo de Trabajo sobre Desapariciones
Forzadas o Involuntarias, el relator Especial sobre la Tortura y Otros
Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, y el relator Especial
sobre Ejecuciones Extrajudiciales, Sumarias o Arbitrarias) que llamaron
al Estado mexicano a llevar a cabo las recomendaciones. “Su pronta y
diligente implantación favorecerá la adecuada investigación y sanción de
los responsables, el esclarecimiento de los hechos, así como la
búsqueda, reparación y atención a las víctimas”, expresaron diversos
expertos de la Organización de las Naciones Unidas (http://bit.ly/1KiEwlw)
que han señalado los grandes retos del Estado mexicano para el
cumplimiento de sus obligaciones nacionales e internacionales en materia
de derechos humanos.
Pero
no sólo se trata de la problemática de desaparición de personas.
Numerosos casos nos permiten confirmar que las violaciones graves a los
derechos humanos son generalizadas y sistemáticas. La participación,
aquiescencia u omisión del Estado ante multitud de hechos abona al ciclo
de impunidad y corrupción. Todo ello vinculado, de manera integral, con
otras violaciones a los Derechos Económicos, Sociales, Culturales y
Ambientales (DESCA) que impiden la vida digna de las y los mexicanos.
Este contexto llevó a las organizaciones
que conforman la Red Todos los Derechos para Todas y Todos a reconocer
una pugna entre diversos actores. En nuestra Agenda política 2015-2020. Ante la adversidad y la indignación: la construcción colectiva (disponible en http://bit.ly/1JozpmC)
hemos señalado que este contexto permanente de violencia e inseguridad
tiene la función de permitir la concreción de proyectos económicos con
grandes ganancias, pero adversos a los derechos humanos, y desdibujando
la línea entre lo legal y lo ilegal.
Esta situación hace a mujeres, hombres,
niñas y niños y jóvenes rehenes en su vida diaria, despojándolos del
libre ejercicio de la ciudadanía y dejándolos en situación de
vulnerabilidad frente al crimen organizado, empresas y gobierno. El
miedo o terror que genera la violencia (cotidiana, institucional,
económica, estructural, de género) es un arma para el control social por
parte del Estado que favorece la protección de los intereses de los
poderes fácticos, económicos y políticos.
Es por esto que la actitud ambigua que
descalifica de manera sutil pero consistente el trabajo del GIEI por
parte de legisladores del Partido Revolucionario Institucional (http://cnn.it/1UR5cQr),
así como las coincidentes y provocadoras columnas de opinadores
oficiosos como Ricardo Alemán –quien nombró el informe de “engañabobos” (http://eluni.mx/1UR4UJd)–,
preocupan. Porque lo que se busca es generar un ambiente de confusión
que convierta a las víctimas en responsables de su propia tragedia,
mientras se pretende diluir la responsabilidad estatal en las graves
violaciones de derechos humanos.
Sin embargo, la voz de las víctimas
siempre nos llena de esperanza, pues en su dignidad y coherencia no dan
lugar a engaños ni confusiones:
“En este camino de búsqueda hemos perdido
la confianza en las instituciones del Estado. Por eso también les
decimos que las autoridades están frente a una oportunidad histórica de
crear una política de Estado que responda a las desapariciones, con la
participación de las organizaciones de familiares y de la sociedad
civil, y empezar así a reparar la confianza que ha sido dañada por la
mentira y la negligencia. La impunidad ha sido el eje que ha marcado más
de 40 años de la historia reciente de nuestro país, nuestros seres
queridos desaparecen porque se puede, porque se permite, porque no pasa
nada a quienes cometen el delito o a quienes lo posibilitan.”
No es sólo la voz de las madres y padres de las personas desaparecidas, es el grito de todo México.
Fernando Ríos Martínez*
*Secretario ejecutivo de la Red Nacional de Organismos Civiles Todos los Derechos para Todas y Todos
[BLOQUE: OPINIÓN] [SECCIÓN: ARTÍCULO]
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