El reporte de la CIDH enfatiza que las víctimas reiteraron una y otra vez que la procuración de justicia es una “simulación”.
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Quizá lo más alarmante de las Observaciones Preliminares de la visita in Loco
de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en México
entre el 28 de septiembre y el 2 de Octubre de 2015 han sido las
denuncias por el caso de las desapariciones forzadas, que se cuentan por
decenas de miles.
La delegación de la CIDH encabezada por su presidenta Rose-Marie
Belle Antoine visitó la ciudad de México, Coahuila, Guerrero, Nuevo
León, Tabasco y Veracruz para darse cuenta de viva voz de la magnitud de
las violaciones a derechos humanos que cometen autoridades de diversos
niveles de gobierno en nuestro país. Por supuesto que el informe
incomodó al gobierno mexicano, que negó rotundamente que existiera una
violación generalizada y sistemática a los derechos humanos.
La presencia de la delegación de la CIDH en los lugares que visitó
causó un gran revuelo de esperanza en organizaciones de la sociedad
civil, defensores y víctimas de arbitrariedades gubernamentales.
Entregaban cartas, pedían espacio de minutos para ser escuchados.
Quienes entraron a las reuniones de información contaron a detalle el
desdén gubernamental para la atención de sus reclamos.
Se observaba en los visitantes ojos de sorpresa y hasta molestia por
lo que escuchaban y es que cómo no sentir enojo al escuchar que un
gobierno no escucha los reclamos de sus gobernados y en respuesta éstos
reciben un sinfín de vejaciones.
La mayoría de los reclamantes eran mujeres, tal vez madres, hijas,
hermanas o esposas de víctimas de desaparición forzada, muchas con
lágrimas, relataban con impotencia el paso del tiempo sin una respuesta
gubernamental. Otros expresaron su temor a sufrir represalias
gubernamentales por las quejas ante ese organismo internacional.
Algunos confesaban no confiar en ninguna autoridad porque sus quejas
eran motivo de burla y abandonadas en las gavetas de los ministerios
públicos peor que si fueran basura. Las víctimas dieron cuenta ante los
delegados de la CIDH que la propia policía estaba implicada en las
agresiones y por lo tanto ella misma no se iba a investigar y a
condenar.
Algunos manifestaron ni siquiera haber presentado una denuncia porque
la colusión de las autoridades con la delincuencia era motivo de
represalias graves en contra de ellos y de su familia. Dieron
testimonios lacerantes de personas sacadas de sus casas o “levantadas”
en cualquier lugar o asesinadas en presencia de sus hijos después de
haber denunciado ante las autoridades una agresión de autoridades
municipales o estatales. Muchos han preferido el silencio angustiante y
de dolor por la falta de justicia en nuestro país. Y han tenido que
valerse de sus propios medios para buscar a sus familiares a lo largo y
ancho de todo el país.
El reporte de la CIDH enfatiza que las víctimas reiteraron una y otra vez que la procuración de justicia es una “simulación”.
Recordemos que durante el sexenio de Felipe Calderón diversas
organizaciones civiles afirmaron que las desapariciones aumentaron por
la puesta en marcha de su estrategia de seguridad, pero extrañamente en
lo que lleva el gobierno priísta las cifras bajaron considerablemente lo
que denota una terrible falta de respeto hacia los familiares e
insensibilidad en cuestión de derechos humanos de parte de las
autoridades.
¿Cuántas denuncias son inexistentes en los registros de organismos de
derechos humanos por el clima de terror que existe en numerosas
poblaciones en nuestro país?
El gobierno mexicano reconoce la existencia de 26 mil 580 personas
desaparecidas o extraviadas, pero es una cifra que carece de
consistencia. Los resultados son exiguos ya que a pesar de las denuncias
sobre estos hechos, apenas existen dos sentencias condenatorias por
desaparición forzada y ninguna de ellas está firme.
El informe de la CIDH señala que las desapariciones forzadas entre
1970 y 1980 no aparecen en registro alguno, cuando está práctica era
usada en esa época de la “guerra sucia” para contener y destruir a
grupos disidentes reales o percibidos, sus bases y a sus grupos.
Un familiar de personas desaparecidas en el estado de Guerrero
relató: “Estamos sufriendo el mismo dolor y lo de nosotros señores ha
sido tan cruel que hasta la fecha, llevamos más de 40 y tantos años
buscando a nuestros seres queridos, que el gobierno se los tragó…¡que
nos digan que pasó con ellos!”.
Fue recurrente la queja de que el gobierno no investiga estos casos,
más cuando se trata de familias de escasos recursos. Son los familiares
de las víctimas los que tienen que aportar pruebas y hacer la labor de
la policía.
La madre de dos desaparecidos en Guerrero, un hijo de 21 años y una
hija de 19 denunció ante delegados de la CIDH que varios vecinos vieron
que fueron secuestrados por policías y llevados en camioneta. “Pusimos
denuncias pero nunca nos dieron respuesta. Nunca nos supieron decir
nada”.
Otros dijeron: “Somos la segunda generación de familiares que en
nuestro caso buscamos a nuestros padres y nuestras madres”; “ya antes lo
hicieron nuestras abuelas, ahora nosotros… tenemos 564 casos
documentados, pero no son los únicos, nuestros padres eran activistas
políticos…”.
“No es casual que esto esté ocurriendo. Esto obedece a contextos,
práctica, y a la impunidad, porque los responsables no fueron
sancionados, sino fueron enviados a otros puestos públicos”.
Dice el reporte de la CIDH que incomoda al gobierno mexicano: “La
magnitud que tiene la problemática de la desaparición de personas en
México es alarmante”.
La madre de un hombre desaparecido en Nuevo León se quejó ante la
delegación internacional: “Hay miles de desaparecidos así como él. No
hemos tenido ningún resultado de las investigaciones y la búsqueda la
tenemos que hacer nosotros. El procurador de Nuevo León dice que tiene 2
mil 300 desapariciones registradas. Imagínese lo que será la cantidad
real”.
Se escucharon denuncias que nuestro país por doquier aparecen fosas clandestinas con restos de jóvenes y disidentes políticos.
Una madre angustiada denunció: “¡Tenemos un dolor tan grande! Cuando
nos desaparecen a nuestros hijos, no sabemos qué hacer, a donde acudir, a
donde tenemos que ir para nos ayuden a encontrar a nuestros hijos”.
Lo que es cierto es que vivimos en un país de impunidad y de
gobiernos cómplices de la violencia en contra de su pueblo. Se ha
olvidado el Estado mexicano que está obligado de acuerdo al Comité
contra la Desaparición Forzada de la ONU a prevenir, investigar y a
sancionar las desapariciones forzadas así como implementar la búsqueda y
dar protección a los familiares y todo apunta a que lo ha olvidado
porque en el país prevalece ante todo la falta de justicia.
Esa es la realidad que incomoda al gobierno, porque lo condena.
Correo: mfuentesmz@yahoo.com.mx
Twitter: @Manuel_FuentesM
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