Viceministra destaca logros contra muerte materna
En
Uruguay, la implementación de políticas públicas para la salud de las
mujeres, la garantía del derecho a decidir sobre la maternidad, así como
la atención a la primera infancia, derivadas del Consenso de
Montevideo, han permitido reducir los índices de muerte materna (MM) y
de pobreza extrema.
Así lo expuso Cristina Lustemberg, viceministra de Salud Pública del
Ministerio de Salud de Uruguay, durante la Segunda Reunión de la
Conferencia Regional sobre Población y Desarrollo de América Latina (AL)
y el Caribe, que se realiza del 6 al 9 de octubre en esta capital.
Al presentar ante las y los delegados los avances del país sudamericano
en la implementación del acuerdo regional, la representante del Estado
uruguayo reiteró que el Consenso de Montevideo brinda la orientación
específica para que los países de la región implementen los compromisos
de la Agenda de El Cairo, aprobada hace 20 años durante la Conferencia
Internacional sobre Población y Desarrollo.
En ese sentido, Lustemberg informó que Uruguay implementó un marco legal
y políticas públicas focalizadas en población y desarrollo, tomando
como base los derechos de la ciudadanía, sobre todo el derecho a decidir
y a garantizar el acceso a estas garantías sin discriminación.
Los resultados, “aunque distan de ser suficientes, alcanzan para
comprobar la funcionalidad del Consenso de Montevideo” para garantizar
mejores condiciones de vida, destacó la viceministra.
Aseguró que la pobreza en su país cayó en tres cuartas partes desde
2004, al mismo tiempo que la tasa de mortalidad infantil en ese año fue
de 7.8 por cada 100 mil nacidos vivos.
Cristina Lustemberg reconoció que para reducir aún más la mortalidad
infantil aún es necesario seguir impulsando el marco normativo que
permita que las paternidades y maternidades sean elegidas y
responsables, y continuar brindando servicios de acompañamiento
adecuados para las mujeres embarazadas.
“Estos indicadores también nos desafían a resolver las inequidades que
aún hay en el país”, dijo la representante de Uruguay al aclarar que
aunque se pueden presumir avances en el país, todavía enfrentan
múltiples retos.
“La discriminación de género, el no respeto a los derechos sexuales y
reproductivos, la violencia contra la mujer y el feminicidio deben
considerarse como una situación intolerable para la sociedad, pero sobre
todo como un flagelo que como gobierno estamos dispuestos a redefinir,
mediante un acceso a la salud sexual y reproductiva y asegurando la
atención en salud en todas las etapas de la vida, la humanización del
parto, garantizando la licencia por paternidad y maternidad y la
prevención del VIH”, enumeró la especialista al invitar a todos los
Estados a generar los cambios necesarios.
Abundó que la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE)
implementada desde 2012, además de asegurar el derecho a decidir de las
mujeres y permitirles acceder a un aborto seguro, es resultado de la
visión de Estado que considera que “la criminalización del aborto debe
terminar ya, porque lo único que se logra es una multidiscriminación,
angustia, más abortos y más muertes”.
Y si no se considera su despenalización, al menos se debe disminuir el
riesgo por abortos inseguros mediante el compromiso del personal de
salud para dar atención a las mujeres que se ven obligadas a recurrir a
ellos.
La Ley de IVE –prosiguió la funcionaria– ha permitido tener nuevos
indicadores, toda vez que la MM bajó a 14 defunciones por cada 100 mil
nacidos vivos, lo que coloca a la nación sudamericana, sólo detrás de
Canadá, entre los países con menor índice de mortalidad, “indicadores
que estamos muy decididos a sostener”, remarcó.
Finalmente, Lustemberg precisó que se ha incorporado la perspectiva de
género de manera transversal, por ejemplo en las políticas de cuidado a
las personas adultas mayores, en las que se ha puesto mayor énfasis en
las mujeres, pues son ellas las que tienen mayor esperanza de vida, y en
ellas recae mucho el cuidado de otras personas.
“Nuestro continente tiene claras desigualdades que deben ser atendidas
de manera integral”, llamó la viceministra al reconocer el rol de la
sociedad civil para avanzar en la agenda de desarrollo, especialmente de
las organizaciones feministas y de mujeres.
Por: Anaiz Zamora Márquez
Cimacnoticias | México, DF.- 
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