Resurge el presidencialismo metaconstitucional

Peña y Rivera en la presentación de los nuevos ministros de la Corte. Foto: Miguel Dimayuga Jesús Cantú

MÉXICO, DF (Proceso).- Desde inicios del presente sexenio aparecieron las primeras señales del resurgimiento del presidencialismo metaconstitucional: primero, con la firma del llamado Pacto por México, que le permitió al Ejecutivo desempeñar un papel decisivo en las reformas legislativas, aunque en algunos casos tuvo que hacer concesiones en las reformas constitucionales, que posteriormente se encargó de borrar en la legislación secundaria; dicha intromisión en el Legislativo se acrecentó a partir de septiembre de este año, cuando PRI y PVEM reúnen la mayoría de diputados; y el círculo se cierra con la intromisión en el Poder Judicial, con la designación de cuatro ministros del Pleno.

La división de poderes, tan preciada en los regímenes democráticos, se empezó a concretar en México en septiembre de 1997, cuando por primera ocasión en la historia contemporánea el Partido Revolucionario Institucional perdió la mayoría absoluta en la Cámara de Diputados, lo cual tuvo de inmediato diversas expresiones, entre las cuales destacan la rotación de la presidencia de dicha cámara entre las tres principales fuerzas políticas, lo que provocó que diputados de partidos de oposición respondieran dos de los tres informes presidenciales, que correspondieron a dicha legislatura; y, desde luego, la confrontación respecto al tema del Fobaproa, que incluso derivó en una controversia constitucional, interpuesta por la propia cámara para exigir la entrega de la información en poder del Ejecutivo.

Esta independencia del Legislativo pronto se vio reflejada en el Poder Judicial, y su primera manifestación fue en septiembre de 2000, cuando el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenó al Ejecutivo entregar a la Cámara de Diputados la información que requería respecto al Fobaproa. La primera ocasión en la historia que la Corte dictaba una resolución dándole la razón a la oposición, que en ese momento era mayoría en la cámara, y en contra del Ejecutivo federal.

La puerta ya estaba abierta, y después de dicho fallo puede constatarse que la Corte lo mismo fallaba a favor que en contra del Ejecutivo; entre los ejemplos en contra se encuentra la invalidación del reglamento a la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica, en el que mediante un decreto el presidente Vicente Fox pretendía aumentar los porcentajes de las capacidades de exceso que los generadores particulares pueden vender a la Comisión Federal de Electricidad sin necesidad de subasta pública, o la facultad que se pretendió arrogar el mismo presidente respecto al horario de verano. A favor, aparece entre los más difundidos la controversia respecto a la facultad del presidente de vetar la Ley de Egresos, es decir, el presupuesto federal que se dio a partir del debate entre Ejecutivo y Legislativo sobre el presupuesto de 2005.

Pero la independencia de la Corte también permitió a las minorías parlamentarias interponer acciones de inconstitucionalidad y obtener fallos favorables, como fue el caso de la llamada Ley Televisa en 2006, que fue impugnada por un grupo de senadores de diversos partidos políticos que se oponían a la misma; finalmente la Corte les dio la razón invalidando varias disposiciones determinantes para los privilegios que los concesionarios pretendían obtener con dicha reforma legislativa.

Igual se pueden encontrar ejemplos de controversias constitucionales que interpusieron municipios contra gobiernos estatales y viceversa, o de gobiernos estatales en contra de la federación; o de acciones de inconstitucionalidad interpuestas por parte de los partidos en contra de la legislación electoral en los estados o de los órganos (Comisión Nacional de Derechos Humanos, Instituto Nacional de Acceso a la Información, etcétera) y del consejero jurídico de la Presidencia en contra de leyes federales o estatales. Siempre bajo la lógica de incertidumbre en el resultado de la misma, pero la certidumbre de que la resolución obedecería a la interpretación mayoritaria en el pleno, sin ninguna interferencia ajena al mismo.

Esta independencia de los tres poderes es fundamental para evitar los excesos y abusos de cualquiera de ellos, particularmente el Ejecutivo y el Legislativo, y por ello es preocupante que el Ejecutivo logre recuperar esa influencia indebida en la Corte. En julio de 2012, cuando se celebró la elección presidencial ya rondaba el fantasma de la pérdida de independencia del Legislativo, ante la posibilidad de que la coalición que postulaba al candidato presidencial con mayores posibilidades de ganar obtuviera también la mayoría en el Congreso; pero se pensaba que prevalecería la del Poder Judicial, dado que el presidente que asumía en diciembre de 2012 únicamente nombraría dos nuevos ministros, con lo cual su posibilidad de cambiar la correlación del mismo era muy limitada.

Sin embargo, sucedieron dos eventos que modificaron radicalmente dicho panorama: uno, la cesión en los hechos de la facultad de postulación del entonces presidente Felipe Calderón, quien apuntaló a uno de los cuatro ministros provenientes del Ejecutivo; y dos, la muerte del Ministro Sergio Valls, lo que le permitió al actual presidente Enrique Peña Nieto proponer a cuatro ministros, en lugar de los dos que originalmente estaba previsto.

Hoy la conformación del pleno de la Corte (Proceso 2038 y 2041) evidencia diversos elementos que hacen temer la regresión: cuatro ministros provenientes del Ejecutivo y cuatro ministros propuestos por el mismo presidente; el principal problema es que para que prosperen las acciones de inconstitucionalidad y las controversias constitucionales entre el Legislativo y el Ejecutivo se requieren ocho votos a favor, lo cual es imposible de lograr si el Ejecutivo tiene posibilidad de incidir en el sentido del voto de cuatro de ellos.

Así, las posibilidades de que en el futuro se logre una resolución que ordene al Ejecutivo entregar información al Legislativo, como sucedió en septiembre de 2000 o que la oposición logre la cancelación de disposiciones clave de una legislación, como sucedió en 2007 con la Ley Televisa, es prácticamente imposible.

A pesar de que la ciudadanía otorga menos de 40% de la votación al PRI, éste ha logrado tejer las alianzas y conseguir los apoyos suficientes para iniciar la restauración del presidencialismo metaconstitucional (pues a pesar de que Manlio Fabio Beltrones no es de su mismo grupo, nadie duda que finalmente se pliega frente a sus indicaciones) que ya parecía superado desde 1997 y más aún cuando el PRI fue relegado al tercer lugar en 2006.