Emitida por Perla Gómez Gallardo, titular de la CDHDF, el pasado 17 de diciembre de 2015, dicha recomendación analiza la actuación de las tres áreas del Gobierno de la Ciudad de México que intervinieron en el operativo policiaco desarrollado el 1 de diciembre de 2014, mediante el cual fue reprimida la manifestación denominada "Ayotzinapa + 11", que consistió en una marcha del Zócalo al Ángel de la Independencia, con un mitin nocturno en dicha glorieta del Paseo de la Reforma.
Paris Martínez (@paris_martinez
animalpolitico.com
A través de su recomendación 17/2015, la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF) avaló la infiltración de agentes gubernamentales “vestidos de civil” en protestas ciudadanas,
aún cuando no sea posible “precisar las actividades que (dichos
elementos) deben desarrollar durante las marchas”, y a pesar de que
existen pruebas de que estos servidores públicos –la mayoría expolicías–
han protagonizado actos violentos que son usados, por la misma
autoridad, como pretexto para reprimir manifestaciones pacíficas.
Emitida
por Perla Gómez Gallardo, titular de la CDHDF, el pasado 17 de
diciembre de 2015, dicha recomendación analiza la actuación de las tres áreas del Gobierno de la Ciudad de México
que intervinieron en el operativo policiaco desarrollado el 1 de
diciembre de 2014, mediante el cual fue reprimida la manifestación
denominada “Ayotzinapa + 11”, que consistió en una marcha del Zócalo al
Ángel de la Independencia, con un mitin nocturno en dicha glorieta del
Paseo de la Reforma.
Al concluir esta
protesta, un grupo minoritario de manifestantes atacó diversos negocios
de la zona, acciones que fueron monitoreadas por la policía a través de
sus cámaras de vigilancia –tal como muestran las bitácoras del Centro
de Control y Comando C4–, pero sin que ninguna autoridad interviniera.
Tal
como muestran las mismas bitácoras del C4, una vez que estos
manifestantes agresivos se dispersaron, la policía inició su
intervención, pero en contra de los manifestantes pacíficos que se retiraban en calma de la zona.
Tal como confirmó la CDHDF, en este operativo se incurrió en distintas irregularidades, entre las que destacan detenciones arbitrarias realizadas por granaderos
de la Secretaría de Seguridad Pública; tratos crueles e inhumanos
perpetrados por agentes de la Procuraduría General de Justicia del DF
(PGJDF), así como la participación de “servidores públicos de la
Dirección General de Concertación Política de la Secretaría de Gobierno”
capitalina, que se infiltraron en la manifestación vestidos de civil, sin portar identificación oficial a la vista o uniforme.
Tal
como quedó registrado en distintos videos captados durante dicho
operativo, estos agentes vestidos de civil realizaron detenciones
arbitrarias y perpetraron distintas agresiones contra manifestantes
pacíficos, siempre en coordinación con los granaderos de la SSP.
Uno de estos videos, captado por Animal Político, muestra de hecho el momento en que uno de estos agentes infiltrados arroja un tubo metálico contra un grupo de manifestantes pacíficos,
tras ser encapsulados por granaderos. Luego, al ser confundido con un
civil beligerante, dos granaderos reducen a golpes a este sujeto (que
porta una chamarra negra), pero instantes después otros policías lo
reconocen como “compañero”, y entonces es puesto en libertad.
Al
ser cuestionado en ese momento sobre su identidad, este hombre asegura
ante la cámara que es un “ciudadano común” y tira un golpe en el pecho
al reportero, junto con un insulto. Inmediatamente los granaderos que
ayudan a este sujeto advierten al reportero que se aleje.
El
siguiente video, del mismo evento pero en un ángulo diferente, muestra
cómo el funcionario del GDF lanza el tubo contra una persona que se
encuentra en el suelo, en posición defensiva.
Después
de que estos videos fuesen difundidos –el 4 de diciembre de 2014–, el
mismo Gobierno del Distrito Federal reconoció que quien aparece en esas
imágenes es Israel Rodríguez Montalbán, que en ese
momento se desempeñaba como “subdirector de Gestión Social de la
Dirección general de Concertación Política”, y quien, en la actualidad,
ya no aparece en el directorio de la institución.
Además del video difundido por Animal Político, un segundo video captado por el colectivo Regeneración Radio
durante el mismo operativo muestra a otro sujeto, también con ropa de
civil y sin identificación oficial, participando en la detención de un
joven, al cual patea mientras granaderos lo mantienen inmovilizado.
Los
granaderos, de hecho, dan tiempo al sujeto vestido de civil para que
golpee al detenido, y luego tienden un muro de escudos en torno a él,
para evitar que la agresión sea registrada por la prensa.
En ambos
videos, los agresores que operan al cobijo de los granaderos van
vestidos con pantalón de mezclilla azul, camiseta blanca y chamarra
negra (el sujeto del segundo video lleva la chamarra anudada a la
cintura).
Además de estas imágenes, la participación de estos agentes infiltrados quedó también registrada en videos que no se hicieron públicos, pero que sí fueron puestos a disposición de la Comisión de Derechos Humanos del DF.
Según la misma recomendación 17/2015 de la CDHDF, uno de estos videos –captado por la brigada de rescate Marabunta–
muestra a un grupo de al menos ocho personas vestidas de civil y sin
identificación oficial, que se coordina con los granaderos que tienen
encapsulados a varios manifestantes pacíficos, para luego emprender, a
la par de los uniformados, una andanada de golpes contra los
manifestantes.
Tal como señala la recomendación, en su Anexo 1,
“en el segundo 14 (del video), del lado izquierdo (se ve) un grupo de
jóvenes maniestantes, al parecer retrocediendo, y frente a ellos, como a
un metro, los rodea un grupo de policías de la SSPDF, quienes llevan
colocados sus cascos, los cuales son de diferentes formas y colores, y
entre ellos (está) un varón vestido de civil que porta una chamarra con
gorro, no colocada, de color azul marino. Los policías y la persona vestida de civil se van contra los jóvenes
(…) En el segundo 24 se ve a un varón vestido con chaleco azul marino y
playera de manga larga color blanco, quien con ambas manos empuja a dos
de los jóvenes que están en la orilla del grupo de manifestantes
mientras dice ‘órale, métase hijo de su puta madre’ (…) En el segundo
54, junto a los policías, un señor vestido con pantalón azul de
mezclilla, playera blanca y con imágenes en color vivo al frente y
sudadera oscura amarrada a la cintura, propina patadas a un joven que
está tirado en el suelo. Policías lo observan y sólo lo hacen a un lado,
sin detenerlo.”
De forma paralela a la presentación pública de
estas evidencias, que merecieron posicionamientos oficiales del gobierno
capitalino, ante la CDHDF también acudieron al menos dos víctimas de agresiones policiacas
cometidas durante el operativo del 1 de diciembre de 2014, quienes
denunciaron explícitamente que “en las agresiones hacia los
manifestantes se encontraban personas vestidas de civil que trabajaban
en coordinación con elementos de la SSPDF”, además de que una de ellas
pudo presentar una fotografía en la que se muestra cómo en su detención
participó uno de estos sujetos vestidos de civil.
Indignación de mentiritas
Ante
las denuncias sobre infiltración de agentes encubiertos en la protesta
del 1 de diciembre de 2014, la Dirección General de Concertación
Política del gobierno capitalino presentó en agosto de 2015, a través de
su entonces titular, Israel de Rosas Gazano, un informe oficial en el cual negó cualquier participación en los hechos violentos de esa noche.
Según
este informe de la Secretaría de Gobierno, a la protesta “Ayotzinapa +
11” asistió un equipo de siete elementos de la Dirección de
Concertación (seis hombres y una mujer), todos vestidos de civil y sin
identificación a la vista, y “únicamente se llevó (a cabo) el monitoreo e interlocución con los asistentes al evento, en el marco del respeto a los derechos humanos”.
La veracidad de esa declaración oficial, sin embargo, no sólo queda en entredicho por el video que difundió Animal Político (que
muestra al subdirector de Concertación agrediendo a manifestantes),
sino también por las evidencias recabadas por la misma CDHDF, la cual
documentó la presencia de al menos ocho hombres vestidos de civil que atacaban a manifestantes
en coordinación con granaderos. Esto quiere decir que en el grupo de
civiles infiltrados había al menos dos hombres más de los que la
Dirección de Concertación reconoce.
Uno
de estos infiltrados no identificado (pero que operó en abierta
coordinación con los policías uniformados de la SSP) fue retratado
cuando participaba en la detención de una de las víctimas que, luego,
pudo demostrar su inocencia. En la foto, se ve a un hombre robusto,
cubierto con una chamarra azul oscuro, aplastando con su rodilla el
cuerpo del joven detenido, que yace sobre el suelo, mientras un
granadero lo asiste, pisando con su bota las piernas de la víctima.
Según la CDHDF, “no se pudo identificar a la persona (de chamarra azul) que tiene sometida a la persona agraviada“,
a pesar de lo cual asegura que “en esta impactante imagen, se observa
cómo los servidores públicos que en ella aparecen no tienen respeto
alguno por la dignidad de la persona que tienen totalmente sometida e
inmóvil, situación que al pasar por alto la dignidad de la persona,
constituye un trato cruel, inhumano y degradante”.
Sin
embargo, la indignación del organismo que encabeza Perla Gómez en torno
a la forma en que se realizó esta detención no fue tanta como para que
ordenara investigar quién es ese civil, que oficialmente no formaba
parte del equipo de infiltrados de la Secretaría de Gobierno, pero que,
junto con ellos, realizó distintas agresiones y abusos en contra de
manifestantes pacíficos, siempre con el apoyo de granaderos de la SSP.
Ombudsman de ojos cerrados
A
pesar de este cúmulo de pruebas físicas, y de las denuncias formales de
los agraviados, muchas de las cuales fueron recabadas por la misma
CDHDF, este organismo determinó en su recomendación 17/2015 que “no se tiene una persona agraviada que los identifique y señale directamente
(a los agentes de civil) como partícipes de acción concreta relacionada
con una detención o vulneración al derecho a la integridad”.
Con
este argumento, la recomendación 17/2015 omite pronunciarse al respecto
de los abusos cometidos por el equipo de infiltrados de la Secretaría
de Gobierno en contra de los manifestantes, y sólo señala que, cuando
les preguntó cuál era la razón concreta de su presencia en la
manifestación, éstos respondieron que “no les es posible precisar las
actividades que deben desarrollar durante las marchas”.
Con
esa respuesta, la CDHDF se dio por satisfecha, omitió demandar que se
invetiguen los abusos que cometieron esos funcionarios al amparo del
anonimato y, por el contrario, la ombudsman Perla Gómez sólo recomendó
elaborar un “protocolo de actuación” para estos infiltrados, aunque se
trata de una medida no obligatoria para el gobierno capitalino.
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