Los
defensores del medio ambiente se han convertido cada vez más en blanco
de ataques. Los perpetradores se encuentran tanto en el ámbito privado
como en el público. Y es que hoy que todo se mercantiliza, que los
dueños del dinero le han puesto precio a todo para poder comprarlo,
resultan obstáculos para la depredación y el saqueo.
La semana pasada, el Centro Mexicano de Derecho Ambiental, AC (Cemda), presentó su Segundo informe anual sobre ataques a personas defensoras ambientales.
Los datos no dejan lugar a dudas. Por primera vez desde que se realiza
el recuento, el número de agresiones en 1 año rebasó el ciento. La
organización contabilizó 109.
México
es uno de los 12 países de todo el mundo considerados megadiversos. Sólo
este grupo de naciones posee la mayor cantidad y diversidad de animales
y plantas: casi el 70 por ciento de la diversidad mundial de especies.
Desafortunadamente –como en el caso de los países petroleros de Oriente
Medio donde la abundancia de hidrocarburos se ha convertido en una
maldición– la codicia ha desatado una guerra en la que participan
talamontes, traficantes de maderas preciosas, cárteles del narcotráfico,
traficantes de minerales, policías, militares, guardias blancas… Y las
comunidades son las que padecen el despojo y la violencia.
Gran
parte de las zonas de valor ambiental del país se encuentran dentro de
los territorios de las miles de comunidades pertenecientes a los –al
menos– 66 pueblos, tribus y naciones indígenas. Por cientos, acaso miles
de años estas comunidades preservaron su entorno y mantuvieron
relaciones de respeto con la Madre Tierra.
Otra
amenaza menos visible, pero igualmente violenta es la de los
empresarios filántropos que hoy abundan. Ellos propalan la versión de
que para proteger los ecosistemas, estos deben ser arrebatados a las
comunidades indígenas y deben ser privatizados. Según esta visión, los
depredadores son los pueblos que guardan con el monte, el firmamento, el
agua y la siembra o la caza una relación espiritual. Ahora resulta que
los grandes capitalistas no son los depredadores del medio ambiente, que
están a punto de infringir al planeta un daño irreversible, sino los
salvadores de los ecosistemas.
Por
ello los defensores ambientales que realizan su labor desde las
comunidades indígenas, campesinas y forestales –o junto con ellas– se
han convertido en un estorbo para quienes han puesto precios a los
árboles, los ríos, los animales y las plantas.
El
registro que ha llevado el Cemda desde 2010 muestra una tendencia
creciente y preocupante: en 2010 se registraron 10 ataques; en 2011, 16;
en 2012, 23 ataques; para 2013 se contabilizaron 53 ataques y durante
2014 el registro aumentó a 87 casos. Y para 2015, 109.
La
entidad federativa con mayor número de casos es Sonora, con 16
agresiones (donde las valientes tribus yaqui o yoeme y mayo o yoreme
actualmente libran una lucha por la preservación de su territorio y su
agua); le sigue Oaxaca con 13 casos y el Estado de México con 12;
Guerrero con nueve casos; Chiapas, Chihuahua, Colima y Puebla con ocho
casos cada una; el Distrito Federal (donde alrededor del 50 por ciento
del territorio es rural o forestal, propiedad de pueblos originarios)
con seis, y Morelos con cinco casos; Veracruz con cuatro casos; Sinaloa
con tres; Michoacán con dos; Baja California Sur, Durango, Jalisco,
Nayarit, Nuevo León, Yucatán y Tlaxcala con un caso.
En 2015 se registraron 109 ataques contra defensores ambientales. Entre las víctimas, 130 personas, 21 comunidades y 17 organizaciones civiles”
De
acuerdo con el informe, las víctimas de los 109 ataques fueron 130
personas en lo individual, 21 comunidades y 17 organizaciones no
gubernamentales. En cuanto a las personas víctimas, se trata
principalmente líderes comunitarios y de integrantes de grupos que se
manifestaban en diversos momentos contra megaproyectos.
Los
109 ataques registrados en el año tuvieron como causa la oposición a
megaproyectos que despojan a las comunidades y dañan o destruyen el
medio ambiente. Fueron 27 casos relacionados con proyectos de agua, 16
hidroeléctricos, 13 mineros, 11 inmobiliarios, 10 casos en temas de
tierra (despojo), ocho proyectos eólicos, siete de infraestructura
(principalmente carreteras), cinco de actividades relacionadas con
hidrocarburos, cuatro casos donde la reclamación es meramente ambiental,
tres sobre proyectos turísticos, dos sobre contaminación, dos sobre
proyectos forestales, y uno sobre una termoeléctrica.
Las
agresiones van de las amenazas (personales, telefónicas o electrónicas)
a las agresiones físicas (personales o en grupo) y asesinatos (11
casos); pero también incluyen casos de enjuiciamiento arbitrario,
detenciones ilegales, difamación y uso indebido de la fuerza.
Varios
líderes comunitarios han padecido la criminalización por defender la
propiedad comunal y el medio ambiente. Sólo por citar algunos ejemplos,
tenemos las detenciones y el encarcelamiento injusto que padecieron los
integrantes de la tribu yaqui Mario Luna y Fernando Jiménez; los
opositores de un proyecto turístico en Cholula, Puebla, así como la
detención de Marco Antonio Suastegui, líder opositor a la construcción
de la presa La Parota en Guerrero.
Con
respecto de los perpetradores, el Cemda señala que en 49 casos no se ha
podido identificar a los autores de los ataques; en 37 participaron
autoridades de alguno de los tres niveles de gobierno; en 13 estuvieron
involucrados miembros de la comunidad (generalmente por personas a favor
del proyecto); en siete los autores fueron personas relacionadas con la
empresa promovente del proyecto, y en tres casos el agresor fue
identificado como persona ligada a la delincuencia.
Fragmentos
Que, a pesar del desastre que se vislumbra, el año próximo nos encuentre alegres. Como quería el Che, la revolución (o la resistencia) requiere de la felicidad para realizarse. Así que feliz 2016. Nos encontramos el año próximo.
Zósimo Camacho*, @zosimo_contra
[BLOQUE: OPINIÓN][SECCIÓN: ZONA CERO]
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