Pedro Miguel
La Jornada
Este gobierno carga con
los fardos de Montiel, Atenco y los feminicidios en el Estado de
México, el repudio juvenil que cristalizó en #YoSoy132, las pifias
oratorias y declaratorias de Peña Nieto, el Monexgate, la atrocidad de Iguala, las masacres de Tlatlaya, Tanhuato y Apatzingán, los escándalos de la Casa Blanca, Malinalco, Miami, OHL y Grupo Higa, el desastre de la reforma energética, las convulsiones sociales detonadas por la reforma
educativa, la barbarie de Nochixtlán, el estancamiento económico, el incremento de la pobreza, la estrepitosa caída de su imagen internacional –que es la que le importa– y, para poner la cereza en el pastel, la revelación de los plagios en la tesis de licenciatura de quien hoy ejerce la Presidencia. El accionar gubernamental ha provocado además la agresividad autoritaria de las cúpulas empresariales y una iracunda reacción de las eclesiales en contra de Los Pinos.
Con ese telón de fondo, caracterizado por la evidente reducción de
los márgenes de gobernabilidad, se anuncia que los trabajadores deberán
aportar mucho más dinero del que actualmente entregan a sus fondos de
pensiones, se impone un incremento en las tarifas energéticas y los
representantes oficiales se levantan de la mesa del diálogo con el
magisterio en resistencia. El gobierno actúa como si tuviera detrás un
sólido respaldo social e ignora que el descontento en su contra se
extiende, por angas o por mangas, a siete u ocho de cada diez
ciudadanos. No es fácil de entender.
Una primera hipótesis para explicar este comportamiento incendiario
sería el de la descompostura generalizada en el tablero de instrumentos:
el grupo gobernante no se entera de lo que ocurre afuera de sus
oficinas, o bien no es capaz de interpretar correctamente los datos del
país. Si esta noción fuera correcta habría que concluir que el gobierno
cree que el suelo está mucho más lejos de lo que en realidad está y que
confía en las medidas de autoridad para restablecer a rajatabla su
propio rumbo y el de su programa de devastación económica, social e
institucional. En ese escenario, Peña seguiría aferrado a su sueño de
restablecer la presidencia priísta omnímoda y omnipotente y su equipo
estaría viendo los graves desarreglos nacionales provocados en estos
cuatro años como turbulencias pasajeras e intrascendentes.
Otra posibilidad es la de la resignación: el grupo gobernante se da
perfecta cuenta de lo que está ocurriendo pero se ve obligado a seguir
el rumbo de colisión porque sus mandantes reales –los grandes capitales
vernáculos y foráneos, los organismos financieros internacionales y el
Departamento de Estado del país vecino, por ejemplo– no le dejan
alternativa ni le permiten efectuar la menor variación en el plan. En
este supuesto, el priísmo gobernante se habría resignado ya a devolver
el puesto presidencial al panismo, específicamente en la persona de
Margarita Zavala de Calderón. El régimen oligárquico confiaría en que en
seis años se habría disipado la pavorosa estela de corrupción,
violencia e ineptitud dejada por el calderonato y Acción Nacional
estaría en condiciones de volver, con una imagen lavada por el tiempo y
el contraste y, desde luego, con la mano (no tan) invisible de
Washington guiando el mercado político.
Una tercera: la huida hacia adelante. Ante lo que parece la
imposibilidad de mantenerse en el poder en las elecciones de 2018, el
equipo gubernamental apuesta en forma deliberada a provocar una
desestabilización nacional que le permita interrumpir la normalidad
constitucional –ya tiene los instrumentos legales para ello– y dar un
golpe que le permita mantenerse en el poder por un lapso indefinido en
tanto se negocia una recomposición de las alianzas interoligárquicas, un
nuevo contrato con el gobierno estadunidense y alguna salida
legitimadora. Esta tercera hipótesis es escalofriante, pero los
desplantes oficiales en tiempos tan inciertos hacen posible una lectura
de los recientes gestos de gobierno –la masacre de Nochixtlán incluida–
como piezas de un plan de provocación: exaspera, exaspera, que algo
queda.
Para las organizaciones y los movimientos contrarios al régimen y
empeñados en recuperar al país del desastre peñista resulta crucial el
ejercicio de auscultación de las tendencias e intenciones del grupo
gobernante a fin de hacer posible el tránsito, mediante una amplia
confluencia social y popular, hacia la recuperación nacional y hacia una
nueva etapa en la que el poder público en México pueda ponerse al
servicio de la población y no de los intereses oligárquicos.
Twitter: @Navegaciones
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