Prisioneras en sus propias tierras, comunidades de Juchitán esperan justicia
María
Isabel Jiménez Salinas, integrante de la Asamblea Popular del Pueblo
Juchiteco, ante el Grupo de Trabajo de Naciones Unidas
María Isabel Jiménez Salinas, indígena zapoteca del Istmo de
Tehuantepec, Oaxaca, denunció ayer, ante el Grupo de Trabajo de Naciones
Unidas sobre Empresas y Derechos Humanos, la devastación que ha
significado para su comunidad la llegada de más de 21 empresas de
energía eólica a la región.
Ella es María Isabel tiene 44 años de edad, es médica tradicional, cuidadora, tejedora de trajes típicos, integrante de la Asamblea Popular del Pueblo Juchiteco (APPJ) y defensora comunitaria en el Istmo de Tehuantepec, ubicado a 276 kilómetros del centro de Oaxaca.
La tarde de ayer, vestida con un huipil morado que ella misma tejió, se reunió en la Ciudad de México con personas expertas independientes que representan al Grupo de Trabajo de Naciones Unidas sobre Empresas y Derechos Humanos, quienes por primera vez visitan México para observar los abusos que la inversión privada ha cometido contra personas y comunidades.
Ante ellos, María Isabel dijo: “la consulta indígena que se aplicó en Juchitán (para la construcción de un parque eólico), nuestra preocupación es que no se repita en otras comunidades indígenas (…) tememos que pase en nuestros hermanos indígenas la misma situación que pasamos en Juchitán: las agresiones, las amenazas públicas que hicieron delante de la mesa pública, de las autoridades garantes. Eso supera la calidad de justicia que existe en México” aseguró.
Isabel dedica su vida y las ganancias de su trabajo como médica tradicional a la defensa de la tierra, los bienes naturales y los Derechos Humanos (DH) de pescadores, campesinas y campesinos, médicas tradicionales y todas las personas que han sido afectadas por la llegada de empresas extranjeras de energía eólica al territorio.
En entrevista con Cimacnoticias, declaró que la defensa de su tierra, con todas las agresiones y formas de represión que ha traído, tiene el objetivo de dejar mejores condiciones de vida para las siguientes generaciones.
“Entendí bien que (la implementación de parques eólicos) sí afecta la naturaleza, toda nuestra vida (…) Es momento de no dejarnos, de no dejarnos esclavizar, pisotear, sino de defender nuestros derechos, el territorio. Al defender la madre tierra pues también estamos defendiendo nuestro trabajo que son las hierbas medicinales”, señaló la ahora activista quien también participa en el rescate de la lengua y las costumbres indígenas de su comunidad.
Isabel relató que en 2013 un grupo de pescadores y campesinos que la abastecían de hierbas medicinales –la principal fuente de ingreso para ella y su familia tras la muerte de su padre- le advirtieron que personal del parque eólico Bií Hioxo había cercado sus parcelas, les pedían gafetes para entrar a sus tierras y dañaban la flora y fauna de la región, caracterizada por tener especies únicas en todo México.
Unida a estos grupos, la mayoría integrados por varones indígenas zapotecas que después conformaron la APPJ, Isabel decidió informar a su comunidad sobre la importancia de hacer frente a este despojo.
Una tarde, las bocinas locales de Juchitán anunciaron una riña entre personas de la comunidad y policías que pretendían desalojar a las y los campesinos para que la empresa Bií Hioxo, del Grupo Gas Natural Fenosa, iniciara la construcción de su parque eólico.
Como pudo, Isabel llegó al lugar donde ocurrió el enfrentamiento. Encontró a personas heridas y detenidas. Usó las bocinas para pedir ayuda, dispuso que se diera atención médica por igual a uniformados y a personas de su comunidad, y pidió a un grupo de mujeres que resguardara a una mujer policía para que no la lastimaran y, al mismo tiempo, pudieran liberar a sus compañeros detenidos.
Este fue sólo uno de los múltiples episodios de represión, desprestigio y agresiones que ha enfrentado la comunidad de Juchitán, y ella directamente, por evitar que las empresas extranjeras, apoyadas por el gobierno federal, dañen la tierra que da trabajo y comida a las y los comuneros, y que además es su legado familiar.
VIOLACIONES AL DERECHO A LA CONSULTA
La llegada de empresas eólicas a México está documentada desde la gestión presidencial del panista Felipe Calderón Hinojosa, quien permitió su proliferación bajo el argumento de reducir la dependencia de bienes naturales en proceso de agotamiento y, al mismo tiempo, atraer inversión extranjera.
Sin embargo, la expansión de parques eólicos en territorio mexicano continuó bajo el contexto de las reformas estructurales y la reforma energética que impulsó desde su llegada el actual gobierno federal encabezado por el Partido Revolucionario Institucional (PRI).
Como parte de este modelo, en 2014 el gobierno de Enrique Peña Nieto llevó a cabo en México, justamente en Juchitán, la primera consulta indígena para la implementación de otro parque eólico, el de la empresa Energía Eólica del Sur.
A la par que sucedía esta consulta, organizaciones civiles, entre ellas Proyecto de Derechos Económicos Sociales y Culturales (ProDESC) que entonces ya acompañaba en su defensa a las y los comuneros de Juchitán, realizaron una Misión de Observación en la que comprobaron que durante la consulta el Estado mexicano violó los estatutos del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, sobre el derecho a la consulta y al consentimiento libre, previo e informado.
De acuerdo con los reportes de esta Misión de Observación en esta consulta indígena, que sería “modelo” para el resto de las consultas según anunció entonces la Secretaría de Energía, violó el derecho a una consulta previa porque diversas instancias federales cedieron el permiso al parque antes de concluir el proceso; y a la consulta libre porque se documentaron 33 incidentes de seguridad contra la APPJ.
Además se violó su derecho a una consulta informada porque las convocatorias y toda la información de la consulta se difundió sólo por internet y con un lenguaje técnico; a una consulta de buena fe porque los procedimientos no fueron claros; y a una consulta culturalmente adecuada porque la traducción al zapoteco fue deficiente y no se tomó en cuenta la representación de las autoridades de la comunidad.
María
Isabel Jiménez Salinas, integrante de la Asamblea Popular del Pueblo
Juchiteco, ante el Grupo de Trabajo de Naciones Unidas | Foto: Greta
Gómez Rico
Este resultado llevó a que la APPJ, junto con ProDESC, interpusieran en 2013 y en 2015 tres amparos (557/2013; 457/2015; y 215/2015) ante los juzgados Sexto y Séptimo de Distrito de Oaxaca en Salina Cruz: uno por la falta de consulta y el otorgamiento de permisos para la construcción del parque eólico Bií Hioxo, y los otros dos por las violaciones a la consulta que se cometieron para la construcción del parque de Eólica del Sur, S.A de C.V.
DAÑOS IRREVERSIBLES
La infancia de Isabel, la número siete entre nueve hermanas y hermanos, está plagada de historias y juegos que mezclaba con sus jornadas diarias de trabajo infantil como vendedora, campesina y cuidadora de las hijas e hijos de sus hermanas. También la marcó la actividad del campo y la pesca, donde acompañaba a su papá –contra los prejuicios machistas de su comunidad– porque ninguno de sus hermanos lo ayudaba.
Su adolescencia fue de trabajo duro, incluso en vacaciones, con el fin de pagar sus estudios de secundaria porque no contó con el apoyo familiar. Pese a la doble jornada, Isabel participó también en la iglesia de su comunidad, donde aprendió sobre DH y cultura indígena, y se convirtió en líder juvenil.
Para pagar sus estudios como auxiliar contable, durante su juventud Isabel trabajó también dentro de la iglesia en más de un área administrativa. Ahí, una monja coreana le enseñó a curar con agujas, conocimiento que Isabel mezcló con los saberes tradicionales de su familia sobre hierbas medicinales y se convirtió en médica tradicional.
En estos años de defensa comunal, Isabel consiguió encontrar, entre la violencia y el despojo, aprendizajes de vida, como hablar español y no sólo zapoteco, conocer las leyes y a otras personas en su misma condición.
No obstante, los daños que han causado las empresas eólicas en su comunidad son “irreversibles”, ya que la profundidad del cemento que levanta los aerogeneradores hace imposible que las parcelas puedan volver a cosecharse; y por el ruido y la vibración que producen los parques eólicos las personas tampoco pueden usar esas tierras para asentarse.
“El propósito de los parques es acorralar a la comunidad para obligarlas a un desalojo forzado”, asegura Isabel, quien observó que la llegada de las empresas también significó la división de la comunidad, lo que ha desatado más violencia e inseguridad entre quienes –a usanza oaxaqueña indígena- acostumbraban llamarse hermanas y hermanos aunque no fueran familia.
Mientras, la construcción de parques eólicos continúa. De acuerdo con la Asociación Mexicana de Energía Eólica (AMDEE), en México actualmente existen 31 parques eólicos instalados: 21 en la región del Istmo, de los que 12 están en Juchitán.
Al mismo tiempo, la APPJ se mantiene a la espera de que el Tribunal Colegiado en Materia Civil y Administrativa del Décimo Tercero Circuito dicte sentencia por los amparos promovidos en 2015, y –en el caso de la empresa Gas Natural Fenosa- se asigne a un perito traductor para una audiencia, ya que no contar con uno ha trabado el acceso a la justicia para la comunidad.
Foto: Greta Gómez Rico
Por: Angélica Jocelyn Soto Espinosa
Cimacnoticias | Ciudad de México.- 
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