En el apartado “Garantizar el respeto y protección de los derechos humanos y la erradicación de la discriminación”, del primer capítulo “México en paz”, destaca la creación de la Fiscalía Especializada en Búsqueda de Personas Desaparecidas (FEBPD), dependiente de la Procuraduría General de la República (PGR) el 9 de octubre de 2015, “la cual al 31 de julio de 2016, localizó a 13 personas”.
El resultado magro de la FEBPD es evidente al tener bajo investigación al menos mil averiguaciones previas.
De acuerdo con el documento presidencial, la entidad presidió 45 mesas de trabajo con familiares de desaparecidos de Coahuila, Guerrero, México, Nuevo León, Querétaro y Veracruz, encuentros en los que participaron representantes de la Policía Federal Ministerial, la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) y de las fiscalías y procuradurías de dichas entidades.
Durante la existencia de la FEBPD, se indica en el IV Informe, se publicaron 22 acuerdos de recompensa para obtener información de mismo número de desaparecidos, a través del Comité de Recompensas.
El documento señala que otra de las plataformas institucionales para abatir la desaparición se ejerció a través de la Fiscalía Especial para Delitos de Violencia contra las Mueres y Trata de Personas (Fevimtra), que en el año de análisis integró 176 expedientes, de los cuales 145 correspondían a personas desaparecidas y 31 casos se refirieron a violaciones de derechos humanos.
Tras sostener que las denuncias presentadas derivaron en la implementación de mil 911 acciones de colaboración, el informe asegura que se localizaron a 36 personas, 31 de ellas con vida.
En materia de menores de edad, el informe registra la activación de 132 prealertas y alertas AMBER, además de la localización de 84 menores y adolescentes en las primeras 72 horas de presentadas las denuncias.
En cuanto a recomendaciones de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), se advierte un crecimiento de las mismas, pues mientras en 2015 se canalizaron 60, en los primeros siete meses de 2016 se habían acumulado 36, lo que representa 60% de los documentos emitidos por el ombudsman nacional.
De acuerdo con el documento, entre el 1 de septiembre de 2015 y el 31 de julio de 2016, 33 recomendaciones de la CNDH estuvieron dirigidas a entidades de la administración pública federal.
En el apartado destinado a las Resoluciones de Organismos Internacionales, el reporte presidencial de Peña Nieto no hace referencia a la entrega de los informes del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), creado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) como parte de un acuerdo de cooperación técnica para la búsqueda de los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos en septiembre de 2014, en cumplimiento de las medidas cautelares emitidas por el organismo que forma parte de la Organización de Estados Americanos (OEA).
Los informes del GIEI fueron entregados en septiembre 2015 y en mayo de este año, ambos están dentro del periodo del reporte de actividades del gobierno federal.
En la sección de las resoluciones internacionales se da cuenta de cuatro soluciones amistosas de casos contenciosos ante la CIDH, un acuerdo para la atención a un informe de fondo, dos reconocimientos públicos de responsabilidad del Estado en violaciones a derechos humanos y la instalación de un Mecanismo de seguimiento de casos de tortura sexual, en cumplimiento con la recomendación de la CIDH.
Respecto al tema de la tortura, el Cuarto Informe de gobierno refiere que desde la creación de la Unidad Especializada en la Investigación del Delito de Tortura –en octubre de 2015–, al 31 de julio de 2016 existen 4 mil 715 expedientes de averiguaciones abiertas en las 32 delegaciones de la PGR.
Agrega que para la investigación del delito de tortura se integraron 783 actas circunstanciadas que se elevaron a averiguación previa y se libraron 19 órdenes de aprehensión. “De éstas se cumplimentaron cinco contra elementos del Ejército Mexicano y la Policía Federal a los cuales se les ejerció acción penal y auto de formal prisión”.
En tanto que, ante la entrada en vigor del Nuevo Sistema de Justicia Penal, esa unidad realizó entre enero y julio del año en curso, 131 atenciones y abrió 36 carpetas de investigación por tortura.