"El llamado de una comisión internacional a investigar las medidas tomadas en 2006 por orden de Enrique Peña Nieto, cuando era gobernador es un nuevo golpe a su presidencia", destaca el principal diario estadounidense.
(AP)
Este viernes, el periódico estadounidense The New York Times retomó en su primera plana el caso Atenco que, señaló, “podría pegarle a la Presidencia” de Enrique Peña Nieto,
pues aborda el tema de las mujeres víctimas de los arrestos arbitrarios
y las torturas sexuales cometidas por fuerzas del Estado mexicano el 3 y
5 de mayo de 2006, cuando Enrique Peña Nieto era entonces gobernador
del Estado de México y ordenó un operativo para reprimir una manifestación en San Salvador Atenco.
Según el NYT, este operativo policiaco tenía como objetivo reprimir un movimiento de protesta contra el proyecto de un nuevo aeropuerto en San Salvador Atenco. Sin embargo, dicho movimiento había evolucionado hasta convertirse en “catalizador de otras luchas de reivindicación social”.
“La represión ordenada por el gobierno terminó con la muerte de dos personas, más de 200 detenciones y decenas de heridos graves. Los agentes de seguridad que participaron fueron acusados, entre otras violaciones a los derechos humanos, de torturar sexualmente a más de 20 mujeres.”
Once de estas mujeres denunciaron los abusos
cometidos contra de ellas, pero al encontrarse con trabas para encontrar
justicia en México, se vieron obligadas a llevar su caso a instancias internacionales.
El entonces gobernador Enrique Peña Nieto declaró,
un mes después de los hechos, que “la “fabricación” de acusaciones era
una táctica conocida de grupos radicales, y que ese podía ser el caso de
las mujeres que denunciaban violaciones por parte de la policía, con el
objetivo de desacreditar al gobierno”.
Sin embargo, a diez años del crimen, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha emitido su dictamen a favor de las víctimas y el pasado sábado 17 de septiembre mandó el caso a la Corte “que
podría obligar al Estado mexicano a establecer responsabilidades en
toda la cadena de mando involucrada en los hechos, lo que incluye al
entonces gobernador del estado que ordenó el operativo, hoy presidente
de México”.
Mientras tanto, “la oficina del presidente ha dicho por su parte que la CIDH no responsabilizó a Peña Nieto
ni lo ha nombrado explícitamente como un objetivo de la investigación.
Más allá de eso, sostienen, los casos judiciales en México nunca lo han
hecho responsable de las agresiones sexuales a las mujeres”.
De acuerdo con NYT en español, este es uno de los casos de las víctimas:
“A
Yolanda Muñoz la detuvieron en la azotea de una casa y la pusieron de
rodillas. A su lado había una pila de cuerpos amontonados, golpeados y
ensangrentados.
“Todavía
recuerda las botas negras de sus agresores, el encono de sus golpes:
casi siempre pegaban en la espalda y en la cabeza, dice.
“Los
policías la subieron a un autobús tipo escolar junto a otras mujeres y
hombres que, al igual que ella, creían que iban a morir. Y en cierto
sentido no se equivocaba: en ese viaje de cinco horas que hicieron desde
Texcoco —un municipio en las afueras de Ciudad de México— a distintas
cárceles, a muchas de las detenidas les mataron una parte de ellas
mismas.
“A
algunas le mordieron los senos, les pellizcaron los pezones. A una
mujer la obligaron a darle sexo oral a varios policías. A otras las
penetraron con los dedos o con objetos. Mientras los policías
las golpeaban, las manoseaban y las denigraban, algunas eran forzadas a
contar chistes para entretenerlos. A Yolanda Muñoz le hicieron mantener
el equilibrio mientras sostenía una granada falsa en las manos…”.
(Con información de NYT en español)
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