El Ombudsman, Luis
Raúl González Pérez, afirmó que la Ley de Seguridad Interior debe
definir un periodo para que las Fuerzas Armadas regresen gradualmente a
sus cuarteles
El titular de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), Luis Raúl González Pérez, afirmó que la Ley de Seguridad Interior debe definir un periodo para que las Fuerzas Armadas regresen gradualmente a sus cuarteles.
El Ombudsman, señaló que se también se deben fijar sanciones a las autoridades que no cumplan con la medida.
“Desde
hace 4 o 5 años se planteó el retorno gradual y verificable de las
Fuerzas Armadas y el fortalecimiento de los cuerpos policiales”, indicó
González Pérez.
“Llevamos 10 años con este mensaje del fortalecimiento (de las Policías) y hoy a 10 años estamos exigiendo lo mismo:
tenemos que voltear los ojos y ver quién ha fallado en esa estrategia y
exigir a los Gobiernos estatales asumir esa responsabilidad. Creo que
se tienen que tomar los controles para que esto se verifique y a quien
no cumplan se le impongan las sanciones correspondientes”.
En el
marco del foro de discusiones públicas en torno a la Ley de Seguridad
Interior, realizado en la UNAM, González Pérez dijo que la participación
de las Fuerzas Armadas en estas tareas "no es lo más deseable", si
bien, precisó, no se cuestiona su compromiso y entrega.
"Nuestras
Fuerzas Armadas deben volver, cuando las condiciones lo permitan, a las
funciones propias, bajo un programa gradual y verificable"
Indicó que durante estos 10 años de guerra contra el
narcotráfico, se han registrado ejecuciones arbitrarias, desapariciones,
tortura, trata de personas, desplazamiento interno forzado y abuso a
migrantes.
Aseguró que el combate al problema de la inseguridad y
violencia debe ser integral y pasar por la capacitación policiaca; la
inteligencia financiera y la investigación criminal; el combate al
tráfico de armas y el replanteamiento del sistema penitenciario.
González
Pérez, mencionó que si el Congreso insiste en elaborar un instrumento
en materia de seguridad interior, éste no debe propiciar que se
restrinja el legítimo ejercicio del derecho a la protesta social, la
libertad de expresión y la libertad de tránsito.
"Debemos tener cuidado de que no se limite la protesta civil pacífica", advirtió.
Agregó
que se debe contemplar la formulación de protocolos de uso de fuerza y
de interacción con la población civil, aun cuando el despliegue
castrense sea de carácter temporal.
Con información de Reforma
vsv
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