Vigilancia en Sinaloa. Foto: Juan Carlos Cruz
Por Jesús Cantú ,
CIUDAD DE MÉXICO (Proceso).- Hay dos investigaciones que
demuestran que lo que debe legislarse es el regreso de los militares a
los cuarteles y establecer con claridad los límites y las obligaciones
del gobierno federal en el combate a la delincuencia organizada, pues
hasta hoy la presencia del Ejército en las labores de seguridad pública
incrementó la violencia y detonó la incidencia de criterios partidistas
para decidir dónde y cómo enfrentar a esas mafias.
El Instituto Belisario Domínguez del Senado de la República encargó a cuatro investigadores la realización de un estudio, denominado Seguridad interior: elementos para el debate, ahí se sistematizan diversas aestadísticas y se identifican los objetivos explícitos de las tres iniciativas que actualmente están en el Senado para regular la seguridad interior.
Resume en dos los objetivos de las propuestas: “i) regulación de las Fuerzas Armadas, y ii) relación con las autoridades locales”. En términos generales y, con algunas diferencias, las tres iniciativas (presentadas por los líderes de las fracciones parlamentarias del PRI, PAN y PRD) tienden a garantizar la presencia de las Fuerzas Armadas en las labores de seguridad pública y a centralizar todavía más las decisiones en el Ejecutivo federal en detrimento de las atribuciones de los gobiernos locales.
Sin embargo, las evidencias que aporta el estudio no dejan lugar a dudas: la presencia de las Fuerzas Armadas en las calles ha sido más perniciosa que benéfica. Un primer dato muy revelador es que en diciembre de 2006, cuando se ordena la Operación Conjunta Michoacán, el país se encontraba en “niveles mínimos históricos” en número y tasa de homicidios.
Precisa: “Si acaso aumentaron ligeramente de 2004 a 2006, pero se mantuvieron en niveles históricamente bajos (cerca de 10 mil homicidios anuales). Fue después de iniciados los operativos permanentes que ocurrió una verdadera epidemia de violencia a escala nacional. Se llegó a más de 27 mil homicidios en 2011; de hecho, entre 2007 y 2011 se triplicó su cantidad (de 9 mil a 27 mil), y la tasa pasó de 8.1 a 23.7 homicidios por cada mil habitantes”.
El estudio reconoce que la situación era distinta en Michoacán, pero no era extensiva al resto del país, ni siquiera a las siete entidades que posteriormente vivieron momentos muy críticos: Baja California, Chihuahua, Durango, Guerrero, Nuevo León, Sinaloa y Tamaulipas. Una gráfica que presenta para ilustrar la evolución de la tasa de homicidios por cada 100 mil habitantes ilustra que, salvo Michoacán, en las siete entidades ya señaladas y en el resto del país la tasa de homicidios creció en lugar de disminuir.
En la gráfica puede identificarse (no vienen los números exactos, sino que el autor los infiere de la misma) que en 2006 la tasa de homicidios en Michoacán fue de 24 por cada 100 mil habitantes y para 2015 pasó a 19; en las otras siete entidades al inicio fue de 15, para 2010 alcanzó los 66, y en 2015 fue de 29. En el resto del país era de ocho en 2006 y pasó a 15 en 2015.
Así, la presencia de las Fuerzas Armadas en el combate a la delincuencia organizada atizó la violencia, no la disminuyó. Pero también se multiplicaron las quejas por presuntas violaciones a los derechos humanos supuestamente perpetradas por la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena). De 182 en 2006 pasaron a mil 800 en 2009, y en 2015 se contaron poco más de 600. Las quejas por detenciones y retenciones arbitrarias siguieron la misma tendencia: de 369 en 2006 pasaron a 2 mil 456 en 2011 y poco menos de mil 200 en 2015.
Guillermo Trejo y Sandra Ley, autores del otro estudio, analizan la evolución temporal y espacial de 30 mil asesinatos y ejecuciones perpetrados por grupos criminales y de narcotraficantes en 2 mil 108 municipios mexicanos entre 2007 y 2012:
“La evidencia cuantitativa y cualitativa muestra que el conflicto partidista intergubernamental entre derecha e izquierda llevó a las autoridades federales del PAN a desarrollar intervenciones militares y policiales efectivas en regiones donde gobernaban copartidarios del presidente, pero intervenciones parcializadas y confrontativas donde gobernaban los enemigos políticos del presidente.
“Mediante estudios de caso mostramos que el uso partidista del ejército y las fuerzas federales, y la politización del aparato de seguridad y de justicia, no sólo contribuyeron a la intensificación de la violencia criminal en las regiones de izquierda, sino que también volvieron más vulnerables a los alcaldes y a los municipios de oposición ante ataques criminales. Fue en esos espacios en los que el narcotráfico capturó gobiernos locales y a la sociedad mediante la violencia letal.”
Los datos son contundentes: “Los municipios del PRI y del PRD en estados izquierdistas (gobierno federal del PAN-estatal del PRD-y municipal del PRI, y PAN-PRD-PRD) en promedio experimentaron, respectivamente, 179.6% y 125.9% más violencia que los municipios bajo gobernanza unificada del PAN. (…)
“Si el argumento de la coordinación tuviera razón en afirmar que la intensificación de la violencia fue resultado de la fragmentación partidista –sin importar qué partido gobernaba a escala subnacional– deberíamos esperar que los casos en los que el poder estaba fragmentado verticalmente (PAN-PRI-PRD y PAN-PRD-PRI) experimentarían niveles análogos de violencia criminal. Sin embargo, no fue así: el caso PAN-PRD-PRI, con un gobernador de izquierda, arroja casi nueve veces más violencia criminal que el caso PAN-PRI-PRD, con un gobernador del PRI.”
Así, al contrario de lo que pretenden las iniciativas presentadas en el Senado, lo que hay que hacer es legislar para regresar cuanto antes al Ejército a los cuarteles y, como señalan los dos investigadores, “imponer controles más estrictos a las autoridades federales mexicanas para evitar que un presidente vuelva a utilizar a la Policía Federal, al Ejército y a las procuradurías para castigar a sus rivales políticos y asistir a sus copartidarios…” .
El Instituto Belisario Domínguez del Senado de la República encargó a cuatro investigadores la realización de un estudio, denominado Seguridad interior: elementos para el debate, ahí se sistematizan diversas aestadísticas y se identifican los objetivos explícitos de las tres iniciativas que actualmente están en el Senado para regular la seguridad interior.
Resume en dos los objetivos de las propuestas: “i) regulación de las Fuerzas Armadas, y ii) relación con las autoridades locales”. En términos generales y, con algunas diferencias, las tres iniciativas (presentadas por los líderes de las fracciones parlamentarias del PRI, PAN y PRD) tienden a garantizar la presencia de las Fuerzas Armadas en las labores de seguridad pública y a centralizar todavía más las decisiones en el Ejecutivo federal en detrimento de las atribuciones de los gobiernos locales.
Sin embargo, las evidencias que aporta el estudio no dejan lugar a dudas: la presencia de las Fuerzas Armadas en las calles ha sido más perniciosa que benéfica. Un primer dato muy revelador es que en diciembre de 2006, cuando se ordena la Operación Conjunta Michoacán, el país se encontraba en “niveles mínimos históricos” en número y tasa de homicidios.
Precisa: “Si acaso aumentaron ligeramente de 2004 a 2006, pero se mantuvieron en niveles históricamente bajos (cerca de 10 mil homicidios anuales). Fue después de iniciados los operativos permanentes que ocurrió una verdadera epidemia de violencia a escala nacional. Se llegó a más de 27 mil homicidios en 2011; de hecho, entre 2007 y 2011 se triplicó su cantidad (de 9 mil a 27 mil), y la tasa pasó de 8.1 a 23.7 homicidios por cada mil habitantes”.
El estudio reconoce que la situación era distinta en Michoacán, pero no era extensiva al resto del país, ni siquiera a las siete entidades que posteriormente vivieron momentos muy críticos: Baja California, Chihuahua, Durango, Guerrero, Nuevo León, Sinaloa y Tamaulipas. Una gráfica que presenta para ilustrar la evolución de la tasa de homicidios por cada 100 mil habitantes ilustra que, salvo Michoacán, en las siete entidades ya señaladas y en el resto del país la tasa de homicidios creció en lugar de disminuir.
En la gráfica puede identificarse (no vienen los números exactos, sino que el autor los infiere de la misma) que en 2006 la tasa de homicidios en Michoacán fue de 24 por cada 100 mil habitantes y para 2015 pasó a 19; en las otras siete entidades al inicio fue de 15, para 2010 alcanzó los 66, y en 2015 fue de 29. En el resto del país era de ocho en 2006 y pasó a 15 en 2015.
Así, la presencia de las Fuerzas Armadas en el combate a la delincuencia organizada atizó la violencia, no la disminuyó. Pero también se multiplicaron las quejas por presuntas violaciones a los derechos humanos supuestamente perpetradas por la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena). De 182 en 2006 pasaron a mil 800 en 2009, y en 2015 se contaron poco más de 600. Las quejas por detenciones y retenciones arbitrarias siguieron la misma tendencia: de 369 en 2006 pasaron a 2 mil 456 en 2011 y poco menos de mil 200 en 2015.
Guillermo Trejo y Sandra Ley, autores del otro estudio, analizan la evolución temporal y espacial de 30 mil asesinatos y ejecuciones perpetrados por grupos criminales y de narcotraficantes en 2 mil 108 municipios mexicanos entre 2007 y 2012:
“La evidencia cuantitativa y cualitativa muestra que el conflicto partidista intergubernamental entre derecha e izquierda llevó a las autoridades federales del PAN a desarrollar intervenciones militares y policiales efectivas en regiones donde gobernaban copartidarios del presidente, pero intervenciones parcializadas y confrontativas donde gobernaban los enemigos políticos del presidente.
“Mediante estudios de caso mostramos que el uso partidista del ejército y las fuerzas federales, y la politización del aparato de seguridad y de justicia, no sólo contribuyeron a la intensificación de la violencia criminal en las regiones de izquierda, sino que también volvieron más vulnerables a los alcaldes y a los municipios de oposición ante ataques criminales. Fue en esos espacios en los que el narcotráfico capturó gobiernos locales y a la sociedad mediante la violencia letal.”
Los datos son contundentes: “Los municipios del PRI y del PRD en estados izquierdistas (gobierno federal del PAN-estatal del PRD-y municipal del PRI, y PAN-PRD-PRD) en promedio experimentaron, respectivamente, 179.6% y 125.9% más violencia que los municipios bajo gobernanza unificada del PAN. (…)
“Si el argumento de la coordinación tuviera razón en afirmar que la intensificación de la violencia fue resultado de la fragmentación partidista –sin importar qué partido gobernaba a escala subnacional– deberíamos esperar que los casos en los que el poder estaba fragmentado verticalmente (PAN-PRI-PRD y PAN-PRD-PRI) experimentarían niveles análogos de violencia criminal. Sin embargo, no fue así: el caso PAN-PRD-PRI, con un gobernador de izquierda, arroja casi nueve veces más violencia criminal que el caso PAN-PRI-PRD, con un gobernador del PRI.”
Así, al contrario de lo que pretenden las iniciativas presentadas en el Senado, lo que hay que hacer es legislar para regresar cuanto antes al Ejército a los cuarteles y, como señalan los dos investigadores, “imponer controles más estrictos a las autoridades federales mexicanas para evitar que un presidente vuelva a utilizar a la Policía Federal, al Ejército y a las procuradurías para castigar a sus rivales políticos y asistir a sus copartidarios…” .
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