By Miguel Badillo * / @badillo_contra
La
violencia verbal y física que en los pocos días al frente del gobierno
estadunidense ha hecho Donald Trump en contra de México (considerando a
migrantes e indocumentados que trabajan y viven en aquel país y que son
arrestados para deportarlos o procesarlos penalmente) no es nueva por
parte de las autoridades gubernamentales de ese país.
En
el gobierno de Barack Obama, las tropas de Estados Unidos –también bajo
el argumento del narcotráfico y la violencia, igual como ahora lo hace
rabiosamente Trump– generaron un clima intervencionista mediante
declaraciones constantes de funcionarios y militares, sin descontar que
Organización de las Naciones (ONU) Unidas también se sumó a la crítica
contra México y, mediante un pronunciamiento en aquel momento, preparó
el camino para que “fuerzas de tarea” estadunidenses ingresaran a
territorio nacional, al asegurar que las bandas del narcotráfico que
operan en el país son una “superpotencia”.
Recordamos ahora que
hace 6 años, en 2011, hicieron declaraciones jefes policiales y
funcionarios del Departamento de Estado, incluida Hillary Clinton;
después se sumaron militares y representantes de agencias de
inteligencia estadunidenses, para quienes la debilidad del entonces
presidente Felipe Calderón se tradujo en fuertes presiones políticas que
le impidieron gobernar con independencia y mantener control del país.
Ese
riesgo de intervención a México por parte de las Fuerzas Armadas de
Estados Unidos se repite ahora con mayor intensidad, ante un presidente
mexicano agobiado y desconcertado y un gabinete sumamente débil que no
sabe qué hacer ante los embates diarios de Trump.
La advertencia
del presidente de Estados Unidos en la llamada telefónica de hace unas
semanas al presidente Enrique Peña Nieto, de que enviaría tropas a
México para ir en contra los “bad hombres”, abre con mayor
intensidad una posible intervención militar directa en contra de México o
disfrazada de “fuerzas de tarea militar” para “cooperar” con las
Fuerzas Armadas mexicanas.
Este clímax sobre una posible
intervención militar también fue revelado en su momento por WikiLeaks,
que dio a conocer las críticas del gobierno de Estados Unidos en contra
del Ejército Mexicano, de los cuerpos policiales y contra el mismo
presidente de la República, a quienes la diplomacia estadunidense
considera incapaces de hacerle frente al crimen organizado, el cual
mantiene en jaque al país y ha desatado la peor violencia de que se
tenga memoria, con cerca de 200 mil muertos en 10 años, cifra muy
superior a todas las víctimas de las guerras ocurridas en Irak y Libia,
países a los que invadió Estados Unidos.
Ante ese preocupante
panorama intervencionista, se confirma que el próximo jueves 23 de
febrero arribarán a México los secretarios de Estado y de Seguridad
Interna de Estados Unidos, Rex Tillerson, y Jhon F Kelly,
respectivamente, y la Secretaría de Relaciones Exteriores informó que
vienen a dialogar con funcionarios de alto nivel sobre temas bilaterales
para continuar los acercamientos y el diálogo “en favor de una relación
respetuosa, cercana y constructiva entre ambos países”.
Por
supuesto que hasta hoy no ha habido una sola acción de respeto por parte
de Trump y su equipo, así que la próxima llegada de ambos funcionarios
estadunidenses ha puesto en alerta a todo el gabinete de Peña, pues sin
duda el tema principal que abordarán será la seguridad interna de
Estados Unidos y el trabajo que pedirán a México hacer en contra del
crimen organizado y el tráfico de drogas, a fin de evitar que éstas
crucen la frontera hacia el vecino país.
Como tema principal en la
agenda de los funcionarios estadunidenses, será que México permita a
militares y miembros de las agencias policiales e inteligencia de
Estados Unidos que “colaboren” directamente con las Fuerzas Armadas
mexicanas para combatir al narcotráfico, igual como sucedió en Colombia,
en donde los militares estadunidenses tomaron el control del país. Esto
representa una abierta intervención y violación a la soberanía
nacional.
La duda es qué posición asumirá el gobierno mexicano
ante esta presión de Estados Unidos, y sí el gobierno de Peña se
atreverá a autorizar públicamente esa intervención disfrazada de
“colaboración” en el combate contra el narcotráfico.
Un problema
más es la comunicación que salga de los acuerdos alcanzados por los dos
países, pues en los últimos días hemos visto como Estados Unidos da
versiones distintas a las que informa el gobierno mexicano, lo cual se
ha traducido en una aguda crisis en México, que revela la sumisión del
gobierno ante su homólogo estadunidense.
Miguel Badillo
[Oficio de papel]
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