La AGA fue presentada en la asamblea general de la ONU en 2011,
siendo México uno de los ocho países fundadores. Esta iniciativa
multilateral tenía el objetivo de impulsar la transparencia, rendición
de cuentas y la participación ciudadana para combatir la corrupción.
Desde entonces, la Secretaría de la Función Pública (SFP), el Instituto Nacional de Acceso a la Información (INAI) y 10 organizaciones como Artículo 19, el IMCO, Transparencia Mexicana y Fundar trabajaron en conjunto con AGA.
En una conferencia de prensa, las organizaciones denunciaron desde febrero pasado, no han recibido respuesta de su exigencia hacia la SFP para esclarecer los casos de espionaje revelados por la canadiense Citizen Lab en contra de tres defensores mexicanos, dos de los cuales colaboran en la AGA.
Ante esto, Tomás Severino, de Cultura Ecológica señaló que “después de haberlo meditado, sopesado, es una decisión ciertamente complicada, dolorosa, porque llevamos más de cinco años y medio trabajando en esta iniciativa, hemos decidido retirarnos del espacio de diálogo”.
Este rompimiento de trabajos debido a la falta de confianza en las autoridades del Estado es el primero que se ha presentado en los ocho países fundadores de la Alianza para el Gobierno Abierto.
“Realmente no hay alianza en México, porque no existe sociedad civil que avale los trabajos que se desarrollan dentro del plan de acción, cualquier acción del Gobierno per se, a partir de este momento, no está avalada por la sociedad civil” – señaló Ana Cristina Ruelas, de Artículo 19.
En septiembre del año pasado, Reforma informó que cuando Jesús Murillo Karam dirigía la Procuraduría General de la República (PGR), ésta compró el software de espionaje Pegasus, el cual le costó 15 millones de pesos.
Pegasus permite tener acceso al audio y la cámara de celulares, así como a sus archivos y detectar lo que se escribe para robar contraseñas. Este software fue, según Citizen Lab, el que se empleó para espiar a defensores de la salud que exigían regular el etiquetado de bebidas azucaradas.
Este caso de espionaje fue la razón principal de que la sociedad civil se saliera de la alianza, aunque Juan Apadrinas, del IMCO, pintó un escenario de posible acoso a organizaciones civiles, incluso de parte del Servicio de Administración Tributaria (SAT).
“Esto ha ocurrido en el contexto de otras cosas preocupantes: el robo de discos duros de la oficina de Causa en Común, liderada por María Elena Morera; el allanamiento de la casa de Genaro Lozano, columnista de Reforma” – planteó.
“¿Podemos establecer alguna relación entre estos acontecimientos?, no. ¿Generan un contexto y un clima de desconfianza, de amenaza, de percepción de inseguridad, incertidumbre, sobre las organizaciones aquí representadas?, seguramente sí”.
Por su parte, Tomás Severino dijo que pretenden llevar el tema hasta los mecanismos de control internacionales de la AGA. Esto con el objetivo de llamar la atención al gobierno mexicano.
Desde entonces, la Secretaría de la Función Pública (SFP), el Instituto Nacional de Acceso a la Información (INAI) y 10 organizaciones como Artículo 19, el IMCO, Transparencia Mexicana y Fundar trabajaron en conjunto con AGA.
En una conferencia de prensa, las organizaciones denunciaron desde febrero pasado, no han recibido respuesta de su exigencia hacia la SFP para esclarecer los casos de espionaje revelados por la canadiense Citizen Lab en contra de tres defensores mexicanos, dos de los cuales colaboran en la AGA.
Ante esto, Tomás Severino, de Cultura Ecológica señaló que “después de haberlo meditado, sopesado, es una decisión ciertamente complicada, dolorosa, porque llevamos más de cinco años y medio trabajando en esta iniciativa, hemos decidido retirarnos del espacio de diálogo”.
Este rompimiento de trabajos debido a la falta de confianza en las autoridades del Estado es el primero que se ha presentado en los ocho países fundadores de la Alianza para el Gobierno Abierto.
“Realmente no hay alianza en México, porque no existe sociedad civil que avale los trabajos que se desarrollan dentro del plan de acción, cualquier acción del Gobierno per se, a partir de este momento, no está avalada por la sociedad civil” – señaló Ana Cristina Ruelas, de Artículo 19.
En septiembre del año pasado, Reforma informó que cuando Jesús Murillo Karam dirigía la Procuraduría General de la República (PGR), ésta compró el software de espionaje Pegasus, el cual le costó 15 millones de pesos.
Pegasus permite tener acceso al audio y la cámara de celulares, así como a sus archivos y detectar lo que se escribe para robar contraseñas. Este software fue, según Citizen Lab, el que se empleó para espiar a defensores de la salud que exigían regular el etiquetado de bebidas azucaradas.
Este caso de espionaje fue la razón principal de que la sociedad civil se saliera de la alianza, aunque Juan Apadrinas, del IMCO, pintó un escenario de posible acoso a organizaciones civiles, incluso de parte del Servicio de Administración Tributaria (SAT).
“Esto ha ocurrido en el contexto de otras cosas preocupantes: el robo de discos duros de la oficina de Causa en Común, liderada por María Elena Morera; el allanamiento de la casa de Genaro Lozano, columnista de Reforma” – planteó.
“¿Podemos establecer alguna relación entre estos acontecimientos?, no. ¿Generan un contexto y un clima de desconfianza, de amenaza, de percepción de inseguridad, incertidumbre, sobre las organizaciones aquí representadas?, seguramente sí”.
Por su parte, Tomás Severino dijo que pretenden llevar el tema hasta los mecanismos de control internacionales de la AGA. Esto con el objetivo de llamar la atención al gobierno mexicano.
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