por Araceli Damián
Las
reformas a la seguridad social de 1997 y 2007 constituyeron una
expropiación masiva de los ahorros de los trabajadores para su
jubilación en favor del capital financiero. La sustitución de los planes
de pensiones de beneficio definido por los de capitalización individual
han permitido a las Afores (Administradoras de Fondos para el Retiro)
obtener elevadas ganancias, mientras que el monto de las pensiones tiene
una marcada disminución en relación con los planes anteriores.
A
pesar de las reformas, en este momento aproximadamente la mitad de los
trabajadores con derecho a jubilarse puede optar por los sistemas de
pensiones anteriores. En fechas recientes y, bajo el argumento de la
elevada carga fiscal que representa pagar las pensiones de la llamada
“generación de transición”, la OCDE sugiere eliminar por completo estos esquemas y trasladar a todos a cuentas individuales. De
aplicarse tal reforma resultará en una reducción drástica de los
beneficios de la seguridad social, afectando a millones de trabajadores y
sus familias.
Cabe resaltar que el informe de la OCDE
carece de una reflexión crítica sobre el fracaso de los sistemas de
capitalización individual. Tal crisis se hizo patente en todos los
rincones de América Latina en los que se puso en marcha este tipo de
sistemas, como Chile, Argentina, Perú, Bolivia y Colombia. En ninguno de
estos países se ha logrado un sistema de capitalización individual que
garantice pensiones suficientes para escapar de la pobreza una vez que
el trabajador se retira de la vida laboral. Por ello algunos han
regresado a los sistemas de reparto administrado por el Estado, como
sucedió en Argentina en 2008 y en Bolivia en 2010.
El informe de
la OCDE no se atreve a mencionar que todos los gobiernos de esos países
han tenido que aportar cantidades inmensas de recursos para financiar
los complementos de las pensiones ante la baja tasa de reemplazo, la
cual da lugar, en muchas ocasiones, a que ni siquiera se cubra la
pensión mínima garantizada. La mayor preocupación manifiesta en el
documento de la OCDE es el posible “desprestigio” en el que puede caer
el modelo de capitalización individual en México, debido a que estamos
muy cerca de que se empiecen a jubilar las primeras generaciones de este
sistema, a la par de los que todavía pertenecen a la generación de
transición, lo que provocará que trabajadores con el mismo número de
años cotizados y nivel de ingreso tengan jubilaciones muy distintas.
Según
los propios datos de la OCDE, mientras que un trabajador de la
generación de transición que tenga 60 años de edad podrá tener una tasa
de reemplazo de su salario promedio de los últimos cinco años
trabajados, de entre el 56% y 100%, dependiendo de los años de
cotización, el mismo trabajador en cuentas individuales tendrá una tasa
de reemplazo de entre 26% y 33% (véase OCDE, 2015: capítulo 3). En
fechas recientes funcionarios del PENSIONISSSTE hablan de posibles tasas
de reemplazo menores a 20% en algunas Afores privadas.
A la OCDE
le hace falta también reconocer que al hacer las reformas se subestimó
el costo fiscal de la transición, error que no debe ser ahora pagado por
los trabajadores. Además, el estado mexicano asumió la responsabilidad
del pago de las pensiones de quienes optaron por quedarse en el sistema
anterior. Por otra parte, curiosamente mientras que la OCDE atribuye el
problema del ahorro a la falta de iniciativa de los trabajadores para
aumentar sus contribuciones, no estima la gigantesca evasión de pagos a
la seguridad social por parte de empleadores, incluyendo a universidades
y gobiernos estatales y municipales.
De igual forma, el informe
de la OCDE no reconoce que haber sacado al Estado de la administración
de los ahorros de los trabajadores fue un gran error, porque las
ganancias se han quedado en manos de la iniciativa privada, y el mismo
gobierno tiene que pagar ahora intereses por el dinero que se le presta
para sostener la deuda pública y realizar inversiones.
La OCDE
propone “robustecer” el “pilar cero”, es decir, los programas de
pensiones no contributivas para población sin derecho a jubilación, como
el 65 y más del gobierno federal o la pensión alimentaria de la Ciudad
de México. No obstante, esta propuesta no solucionará el problema de la
pobreza, pues el primero sólo otorga 580 pesos al mes y el segundo mil
tres pesos. La OCDE ignora también en su estudio que el programa de 65 y
más es clientelar y se presta a la manipulación de la población con
fines electorales. Lo anterior acaba de denunciarse en el Estado de
México, donde se filtraron conversaciones de Whatsapp en las que se
exhibe a un joven promotor del PRI apurar a sus compañeros de partido a
inscribir a los adultos mayores en el módulo de afiliación del 65 y más a
su cargo, a fin de garantizar el voto por ese partido.
Es
cierto que enfrentamos un gran reto para financiar las pensiones, pero
lo primero que se tiene que reconocer es que la economía mexicana no ha
producido el número de empleos formales suficientes de acuerdo al ritmo
de crecimiento de la población en edad de trabajar, que los salarios han
perdido de manera significativa su poder adquisitivo, que existe una
elevada inestabilidad laboral y que todo ello impide un mayor ahorro por
parte de los trabajadores.
Una posible reforma, como la planteada
por la OCDE, nos llevará a un país de pensionados empobrecidos, pero
además nos encaminará hacia una trampa de falta de empleo, porque los
que ahora lo tienen, preferirán trabajar hasta la muerte, antes de vivir
en la pobreza extrema como consecuencia del retiro.
Es urgente
iniciar una discusión amplia de las opciones para un sistema de
seguridad social que permita el crecimiento de la economía y para
beneficiar a los trabajadores, pensionados y sus familias.
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