Por: Rosalinda Hernández Alarcón*
Las muertes por causas aberrantes siempre serán condenables, y cuando
éstas corresponden a niñas o adolescentes, hay que tenerlas presente por
la repercusión que tienen al descubrir hasta qué nivel se menosprecia
la vida de la niñez y la juventud, en especial de quienes viven en
situación de pobreza, carecen de oportunidades, enfrentan contextos
violentos y se han atrevido a manifestar sus demandas e inconformidades.
En un país como Guatemala, donde se criminaliza la protesta social, se discrimina a quienes piensan o actúan diferente, se sobredimensiona el individualismo y se profundizan las desigualdades, cabe señalar que esas prácticas NO son normales ni tienen que considerarse reglas de convivencia, en tanto, violentan los derechos de las personas.
Hay que decirlo claro y fuerte, la libertad de expresión, la preeminencia del bien común y el acceso a una vida digna son derechos, mientras que las medidas de control, descalificación y sojuzgamiento son agresiones.
Aunque pasen los días, incluso meses, hay que tener presente lo sucedido el 8 de marzo pasado, en el mal llamado Hogar Seguro Virgen de la Asunción y en una avenida de la Zona Siete capitalina, donde perdieron la vida 43 adolescentes.
Ambos hechos son conocidos por la opinión pública, pero también han ocurrido otras muertes violentas de niñas y adolescentes en Guatemala y otros países. Lo importante, en todo caso, es reiterar la exigencia de juicio y castigo a las personas culpables de esos femicidios/feminicidios, así como la demanda de trato digno a todas las niñas y adolescentes que ejercen su derecho a opinar y a decidir.
En este marco, hay que tener en cuenta que las violencias marcan la vida de las personas. Y las agresiones más frecuente que sufren niñas y adolescentes son las de tipo sexual, que van desde tocamientos, tratos degradantes hasta violaciones, que con frecuencia tienen como secuela un embarazo forzado.
En este renglón hay mucho por hacer en Latinoamérica para reducir hasta erradicar que adolescentes se conviertan en madres de manera obligada y/o en condiciones precarias e inhumanas, luego que un individuo abusó de su cuerpo, amparado en las enseñanzas patriarcales que lo colocan como alguien superior.
El Observatorio en Salud Reproductiva (OSAR) de Guatemala reportó que entre enero y marzo de este año, ocurrieron 578 nacimientos de niñas entre 11 y 14 años de edad, es decir ocurrió un delito de violación que no requiere ser probado, según la legislación de este país centroamericano.
Así también informó que registraron 8 mil 185 nacimientos de adolescentes entre 15 y 17 años, aunque la legislación establece que en este rango de edad que la violación debe ser probada.
Cabe resaltar lo dicho por la doctora Mirna Montenegro, coordinadora de OSAR, quien aseguró que las denuncias contra los agresores son mínimas en comparación al número de nacimientos de madres niñas y adolescentes.
Hay que persistir en la demanda de educación sexual laica y científica, así como acceso a oportunidades de estudio y trabajo para las jóvenes. Reivindicar el derecho a vivir sin violencias, implica desnaturalizar los hechos aberrantes como las violaciones sexuales que cometen padrastros, abuelos, tíos, conocidos, curas, pastores, maestros y demás. Hay que persistir en exigir justicia y una vida digna para ellas.
* Periodista mexicana, residente en Guatemala y coeditora de la publicación feminista LaCuerda.
CIMACFoto: César Martínez López
Cimacnoticias | Guatemala, Guat.-
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