Escrito por Rita Magaña Torres
Ciudad de México.- El caso de Paulina (nombre ficticio), niña de 12 años, originaria del municipio de Mezquitic, Jalisco, a quien le negaron el legítimo derecho a interrumpir su embarazo derivado de la violencia que vivió por su padre, dejó expuesta la pretensión de las autoridades de la entidad de no dejar registro, ni precedente sobre un aborto avanzado en menores de edad y solo plantear algún plan de restitución de derechos pero sin un formato bien definido.
Así lo expuso Patricia Ortega, representante en Jalisco de la Red por los Derechos Sexuales y Reproductivos en México (Ddeser), quien consideró que ese plan de restitución de derechos de Rocío, cuyo nombre fue modificado por razones de seguridad de la niña, se redactó de manera general, pero no especifica ni tiempo, ni montos, ni plazos en los que se van a brindar estos apoyos, absolutamente nada concreto.
Según el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) de enero hasta marzo de 2024 en Jalisco se tiene el registro y clasificación como delito de aborto un total de 7 casos de los cuales en enero se tuvieron tres, en marzo 3 y en abril 3 más.
En entrevista con Cimacnoticias, Patricia Ortega afirmó que el secretario de Salud de Jalisco, Fernando Petersen, señaló que sí se le dio la atención a Rocío, pero no en el estado, a pesar de que tiene capacidad instalada para poder llevar a cabo un procedimiento de interrupción del embarazo.
También, agregó, el gobernador, Enrique Alfaro, cuando fue cuestionado por los medios de comunicación sobre la estadística de 397 casos de niñas que entre 2023 y lo que va de 2024 de niñas de entre 12 y 14 años, quienes no pudieron interrumpir sus embarazos, él respondió: “¡ay no! El problema no es tan grave”; desacreditando las cifras, cuando son estadísticas de las propias instituciones, pero él dice no “aquí todo mundo tiene acceso a la salud”, pero no es así, ellos tratan de ocultar la situación.
Por lo que advirtió la especialista, «se está viviendo en Jalisco un sistema patriarcal y machista que todavía no permite que mujeres y niñas decidan sobre su cuerpo».
Conoce el caso completo:
Caso Paulina se repite. Jalisco tortura a niña negándole derecho a abortar tras violencia sexual
Afirmó que recibieron una información el 15 de mayo, donde les confirmaban la detención del agresor de Paulina, quien es su padre, por lo que expresó su confianza en que se arme bien una carpeta de investigación, se respete el debido proceso, dicten sentencia y se quede en la cárcel el agresor.
De acuerdo con la denuncia realizada por la Red por los Derechos Sexuales y Reproductivos en Jalisco (Ddeser), la niña estuvo por más de 11 días solicitando el servicio de aborto, pero no se le informaba que “en Jalisco no se haría el procedimiento”. Lo que de acuerdo con estándares internacionales de derechos humanos, esto constituye una forma de tortura durante los días en que ella y su familia quedaron “varadas” en el hospital jalisciense.
La activista relató la situación de la niña Rocío, quien pertenece a la comunidad Wixárika, ya que el caso se tuvo que hacerse mediático, porque la Secretaría de la Igualdad, empezó a buscar obstáculos en el avance de la atención de la niña, con el objetivo de no sentar precedente de un procedimiento de Interrupción Legal del Embarazo (ILE) con estas características.
Mencionó que las y los familiares, de la niña, primero la llevaron a un centro de salud, pero al detectar que tenía un embarazo tan avanzado la mandaron an hospital especializado en Guadalajara, donde se supone tendrían que brindarle el servicio de interrupción del mismo.
No obstante, en el hospital lo que hicieron fue «entretenerla 11 días» al ingresarla pero sin decirle claramente, qué es lo que iba a proceder.
De acuerdo con esta información, el personal médico le dijo a la familia de Paulina, que estaban buscando una opción, «pero lo que sabemos es que la autoridad de salud planteó que no se va a sentar un precedente de haber procedido en un embarazo tan avanzado, este esto es lo que lo que nosotras sabemos a los ocho días, un poquito menos de que estuviera internada».
“Lo que es más grave, es que estas medidas se están ejerciendo, se están aplicando, a las personas más vulnerables, que son atravesadas por diferentes vulnerabilidades, por ejemplo, el ser niñas, el ser indígenas, el no tener escolaridad, el no vivir en el área metropolitana de Guadalajara o en los municipios donde hay un hospital regional que obviamente son la mayoría, eso es lo que nos alarma más”, destacó.
La defensora reconoció que sí se han incrementado los servicios, como lo establece el Programa Estatal de Interrupción Legal del Embarazo, implementado desde 2017, los cuales ha atendido desde ese año hasta 2019, entre 3 y 6 casos por violación, por riesgo para la salud o riesgo para la vida de la mujer, causales permitidas en el Código Penal.
Según el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) de enero hasta marzo de 2024 en Jalisco se tiene el registro y clasificación como delito de aborto un total de 7 casos de los cuales en enero se tuvieron tres, en marzo 3 y en abril 3 más.
Patricia Ortega abundó que en el caso de Rocío sucedieron dos momentos que hicieron que se prendieron todas las alarmas de las colectivas: cuando uno de los médico le dijo a la niña que le podía poner un eco para que “escuche el corazón del bebé”, y otro médico consideró que no se le ofrecieron todas las alternativas porque según él, era mejor que pudiera haber recurrido a la adopción.
Por ello, dijo, cuando ellas tuvieron esa información de lo que estaba pasando dentro del hospital, tuvieron que intervenir, porque no es un tema solo del sistema de salud de Jalisco.
Mencionó que fue cuando ya se manejó el caso en redes sociales y llamaron a medios los medios de comunicación, que se interesaron rápidamente en el tema, por lo que la autoridad le mencionó que ya estaban buscando otra opción y fue cuando propusieron trasladar a Rocío a la Ciudad de México, aunque con muchas peripecias, porque al parecer no establecieron ninguna comunicación o coordinación con autoridades de la capital del país.
Es decir, agregó, no buscaron a la Secretaría de Salud ni a la Secretaría de la Mujer, «el procedimiento hicieron como iban pudiendo, o sea, improvisando cosas, situaciones que deja mucho que desear en el tema».
Fue hasta que volvieron a Guadalajara cuando emitieron un comunicado donde las autoridades destacaron que “cumplieron” con la atención a la niña y aunque no tenían la capacidad técnica en Jalisco, se contó un convenio establecido, según ellos.
Sin embargo, Patricia Ortega refutó la declaración de las autoridades de Jalisco, al precisar: “no hay ningún convenio”, no existe, fue evidente para quien dio seguimiento en la Ciudad de México que lo había, porque improvisaron la forma en la que se resolvió el caso de Rocío, porque “ellos en realidad no querían brindar ese servicio”.
“No es un tema solo de que no tienen o que sienten que no tienen la capacidad técnica de hacer el procedimiento, sino que nosotras intuimos que lo que está sucediendo es que quieren evitar o querían hacer que la niña de 12 años desistiera de la solicitud de interrupción de embarazo, y cuando manejamos el tema en redes sociales, fue cuando la autoridad buscó el traslado de la menor a la Ciudad de México”, dijo.
El aborto en Jalisco
Mediante una sentencia del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Tercer Circuito, ordenó el pasado 25 de abril, al estado de Jalisco eliminar el delito de aborto del Código Penal estatal, en consonancia con las decisiones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Esto se dio gracias al esfuerzo de feministas, defensoras y colectivas quienes han acompañado la lucha, con esto ya se sumarían 13 las entidades que reconocen este derecho de las mujeres, la noticia llega en el marco del aniversario 17 de la despenalización en el entonces Distrito Federal, capital del país.
A 17 años de que se cristalizó el aborto legal en la Ciudad de México, la lucha de las organizaciones feministas celebran que en el estado de Jalisco se haya conseguido la despenalización del aborto, siendo las jaliscienses las portadoras de buenas noticias, ya que a partir de ahora podrán decidir libremente acerca de su cuerpo.
Esta noticia es importantes porque México sigue representando un país donde se registran muertes de mujeres por abortar, por complicaciones en sus embarazos, durante el parto, puerperio o simplemente por una hemorragia obstétrica, esto de acuerdo con el Observatorio de Muerte Materna y llevamos este año un acumulado de 130 mujeres que han muerto por estas causas en todo el país.
Realizando un ejercicio de memoria, durante la Conferencia Internacional de Población y Desarrollo celebrada en El Cairo en 1994 y en la Plataforma de Acción de Beijing de 1995, se planteó que la penalización del aborto constituía una restricción de los derechos humanos de las mujeres.
Este se centró en un tema de análisis dentro de los Sistemas Universal e Interamericano de Protección a los Derechos Humanos, específicamente como derechos sexuales y derechos reproductivos que favorecen la toma de decisiones de las mujeres sobre su vida sexual y reproductiva con libertad, confianza y seguridad, de acuerdo a sus vivencias internas asociadas al cuerpo, la mente, las emociones y la salud; y a las externas de acuerdo al contexto social, político y cultural.
Las 12 entidades en donde ya se había obtenido la despenalización son: Ciudad de México, Oaxaca, Hidalgo, Coahuila, Veracruz, Baja California, Colima, Sinaloa, Guerrero, Baja California Sur, Quintana Roo y Aguascalientes
Durante la sesión del jueves 25 de abril, el Tribunal mandató al Congreso de Jalisco a derogar el delito de aborto auto procurado y consentido, de esta forma las mujeres jaliscienses no podrán ser criminalizadas en caso de tener o realizarse un aborto.
Baste recordar, que en septiembre del 2023 la Suprema Corte de Justicia de la Nación declaró inconstitucional la prohibición del embarazo y, a partir de esa acción, la interrupción del embarazo sería legal en todo el país. En una sentencia emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), los ministros resolvieron la inconstitucionalidad del sistema jurídico que penalizaba el aborto en el Código Penal Federal.
Dicha resolución se obtuvo, luego del Amparo en Revisión 344/2023, promovido por el Grupo de Información en Reproducción Elegida (GIRE), quien a través de un comunicado informó que Jalisco se convertiría eventualmente en la decimotercera entidad de todo el país en despenalizar el aborto.
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