En la semana se ratificaron dos designaciones presidenciales en posiciones clave para el SNA; se aprobó la prolongación de los mandatos de cuatro de los siete nuevos magistrados de la Sala Superior del TEPJF para asegurar el control de la misma hasta el 2024, y se presentó una iniciativa de reforma constitucional y legal para instaurar la segunda vuelta electoral en el caso de que el candidato triunfador no obtenga más de 50% de los votos emitidos, lo cual automáticamente garantizaría las dos jornadas electorales. Esto de suyo conllevaría por disposición legal –conforme a la propuesta presentada– la integración de un gobierno de coalición.
Las elecciones intermedias de 2015 y las locales de 2016 confirmaron varias cosas: el inicio del fin del cártel de partidos ya estaba en marcha (Proceso 2014), fundamentalmente por la irrupción de Morena como una nueva fuerza política ajena al control de los partidos con mayor participación electoral; el surgimiento de las candidaturas independientes, y el fin de la telecracia como consecuencia del crecimiento de las redes sociales y los teléfonos inteligentes.
Los partidos integrantes de este cártel tenían dos opciones: la primera, iniciar una profunda transformación de su vida interna para adecuarla a las nuevas condiciones de la vida política nacional, y la segunda, atrincherarse e intentar sobrevivir con base en la defensa de sus posiciones de poder y privilegios. Hasta hoy parece que optaron por la segunda opción, con lo cual es un hecho que tienen sus días contados y simplemente intentan alargar su agonía.
Primero tomaron la opción de repartirse los siete magistrados de la Sala Superior del TEPJF: tres le correspondieron al PRI; dos al PAN; uno al PRD, y el último a los partidos minoritarios, de los cuales no participaron Morena, el PT ni Movimiento Ciudadano, así que la decisión la tomaron los nuevos satélites priistas: PVEM, Panal y PES.
El PRI se quedó con cuatro de las siete posiciones, con lo que aseguró el control de la Sala Superior al menos para la elección de 2018; pero con la cooperación de los otros integrantes del cártel puede mantener dicha mayoría hasta la elección de 2024.
La propuesta, ya aprobada en el Senado, es alargar el periodo de los dos magistrados designados, de conformidad con el transitorio de la reforma constitucional, vigente por seis años, a ocho, y de los dos por tres años, a siete. Esto en automático asegura que serán cinco (de acuerdo con las cuotas partidistas, tres del PRI –aunque una de ellas haya sido impulsada formalmente por los partidos minoritarios– y dos del PAN) los que califiquen las elecciones presidenciales de 2018 y 2024.
El presidente Enrique Peña Nieto aprovechó el impulso y propuso mover a Arely Gómez de la Procuraduría General de la República a la Secretaría de la Función Pública, y a Raúl Cervantes Andrade para ocupar el lugar que dejó vacante la primera. Ambos fueron inmediatamente ratificados por el Senado, lo cual implica que la primera ocupará una de las siete sillas del Comité Coordinador del SNA (CC-SNA), mientras que el segundo, en caso de que se cumpla su plan de concretar la transición de PGR a Fiscalía General de la Nación (como está establecido en la reforma constitucional aprobada en el 2014, y conforme a lo señalado en el artículo decimosexto transitorio) será el nuevo Fiscal General por un periodo de nueve años, lo que es todavía más trascendente para la vida política nacional.
La trascendencia del segundo nombramiento es doble: primero, prácticamente le asegura inmunidad a Peña Nieto y a su equipo más cercano, pues el dejar a un exabogado del PRI, primo del consejero jurídico de la Presidencia y comprometido militante tricolor (dos veces diputado y una senador) para cuando él concluya su encargo, la mayoría de los eventuales delitos ya habrán prescrito; pero además él será el encargado de designar al titular de la Fiscalía Especial Anticorrupción, responsable directo de la integración de las averiguaciones previas en contra de los servidores públicos y ocupante de otra de las siete sillas del CC-SNA.
Pero como no quieren correr ningún riesgo, deciden proponer una reforma constitucional para obligar a ganar las elecciones presidenciales con más del 50% de los votos; ello es una garantía de que siempre habrá segunda vuelta y ellos ya tienen de antemano conformada su coalición y, eventualmente, su gobierno de coalición, con lo cual aseguran su permanencia en Los Pinos. Desde luego, esto último no tiene nada que ver con la construcción de la democracia en México, pero sí con la preservación del cártel de partidos (Proceso 2081).
Así, el presidente de la república y las dirigencias nacionales de los tres partidos políticos con mayor participación electoral en las últimas elecciones federales recurren a las prácticas de blindaje que condenaron en los gobiernos estatales, para asegurarse de que no serán sujetos de sanción alguna por delitos contra la corrupción; y, además, deciden ir más allá al garantizar que serán los magistrados propuestos y designados por ellos los califiquen las dos próximas elecciones presidenciales, y toman las previsiones necesarias para convertir la suma de varias minorías en mayorías ganadoras, al menos en la elección presidencial.
El cártel de partidos recurre a medidas desesperadas para mantenerse en el poder; y con ello muestra indubitablemente que la clase política mexicana ignora los mensajes de los ciudadanos, clara y estruendosamente expresados en las urnas al menos en los últimos dos procesos electorales. Pero la última palabra la tiene la ciudadanía, que el primer domingo de julio de 2018 será la que rechace o respalde sus maniobras.