8/31/2010

¿Cómo entender la política de Ghaddafi sin conocer África y al aún poderoso imperio de occidente?



Pedro Echeverría V.

1. Acabo de leer por Internet la siguiente carta: “Querido Hermano Muammar al-Ghadaffi: Al cumplir el Pueblo Libio un Aniversario más de su Gloriosa Revolución Popular, reciba Usted, de mi parte, y del pueblo nicaragüense organizado en un modelo de Democracia Directa, que lucha para transformar la injusticia en Libertad y Solidaridad, el abrazo y el acompañamiento, en estos tiempos de desafíos para la Especie Humana. Saludamos esta Efemérides con profundo reconocimiento. Estamos conscientes del gran aporte de la Revolución de la Jamahiria Popular Socialista Libia, y de Usted, Hermano Ghaddafi, a la conciencia de Poder de los Pueblos y a la acción popular transformadora, que ubica como meta una cultura Socialista, donde crear riqueza para compartirla, resulta indispensable para el Desarrollo y la Paz”. Firma Daniel Ortega. Me pareció un amplio reconocimiento y una formalidad entre líderes.

2. Me llamó la atención el lenguaje de la carta, pero seguro el deseo de conocer un poco más sobre ese líder libio, maltratado durante más de 30 años por los gobiernos y medios de información occidentales por el hecho de haberse proclamado “socialista”; pero también porque, desde principios de este siglo, está siendo reivindicado por occidente al cambiar sus formas de trato político. Y esto último es para mí lo más preocupante, incluso definitivo. Durante muchos años admiré a Ghaddafi por su terco y consecuente antiimperialismo, incluso por pertenecer a los “países no alineados”. Me pareció que él estaba cumpliendo en Libia -su pequeño pero digno país- y de manera general en África, el papel que cumplía Fidel Castro en Latinoamérica. Su liderazgo en la región, incluso por haber sumado a Siria y Egipto, fue siempre muy fuerte y su oposición a los gobiernos de los EEUU, Inglaterra, Italia –porque buscaron someterlo- fue abierta.

3. El llamado “socialismo” de Ghaddafi –que inició en 1969 al derrocar al rey Idris I- logró en ese pequeño país de unos siete millones de habitantes el nivel de vida más alto de África. Después de proclamar la Constitución en 1977 fue nombrado presidente del Congreso General del Pueblo pero dos años después abandonó todos sus cargos y se tituló «líder maestro». Impuso la reforma agraria y la nacionalización del petróleo. En su planteamiento político mezcla el socialismo, el islamismo y el nacionalismo. Impulsó proyectos de unión política de Libia con Egipto (1970), Siria (1971), Túnez (1974), Chad (1981) y Marruecos (1984) Pactó con los dirigentes de Marruecos, Mauritania, Argelia, y Túnez buscando la Unión Árabe (1989); apoyó la causa Palestina contra Israel; y participó en las guerras del Chad contra la presencia francesa (1977-88); presidió la Organización para la Unidad Africana (1982-83)

4. Lo que más dolió a los gringos fue la nacionalización –ordenada por Gaddafi- de las entidades financiera extranjeras que operaban en el país y la exigencia de evacuación de las bases militares de ingleses y yanquis que terminaron de salir en 1970. Recibió en Libia a Fidel Castro y estableció relaciones con la URSS. Sin embargo, como también sucedió en Cuba, Libia sufrió un tremendo bloqueo comercial de los EEUU y los países más poderosos que le cerraban mercados de comercio de petróleo y al mismo tiempo impedían que Libia comprara refacciones para sus fábricas, así como otros productos que necesitaba. Entonces el radical Ghaddafi tuvo que ceder ante el boicot –lo que Cuba no hizo o hasta ahora no ha hecho- y occidente comenzó a aplaudirlo, a acosarlo, a ofrecerle apoyos para luego someterlo. Así la estrategia conquistadora de los países más ricos del mundo comenzó a ser efectiva frente al “socialista” y radical Gaddafi.

5. Entonces me viene la pregunta: ¿Qué pasó con el “socialismo” libio y la enorme personalidad de Ghaddafi? Cedió una vez y recibió halagos, cedió una segunda vez y recibió aplausos, cedió otra vez y se convirtió en más de lo mismo: una pieza más del engranaje de la estructura mundial capitalista. Aunque de distinta manera, pero con los mismos resultados, la llamada URSS, China, todo el bloque europeo, que se nombraban asimismo “socialistas” se derrumbaron después de alrededor de medio siglo de vida en el que no construyeron ningún sustento material e ideológico firme y sólo se dedicaron a construir terribles centralismos burocráticos de gobierno repitiendo todos los vicios y deformaciones del sistema de opresión capitalistas. Aunque en México las corrientes autogestivas sólo comenzamos a darnos cuenta a mediados de los años sesenta, los anarquistas y los no leninistas habían denunciado esos hechos 50 años antes.

6. Pero, aunque conozca el pensamiento de Plejanov sobre “el papel del individuo en la historia”, la enorme influencia que tiene “el individuo” en las transformaciones sociales, tengo la convicción hasta hoy, que los Lenin, Stalin Mao, Kruschov, Ghaddafi, Ortega o Fidel Castro, no son los culpables del fracaso del socialismo en los 15 a 20 países que se proclamaron como tales; ellos sólo fueron parte de estructuras que en última instancia eran débiles frente al poderoso capitalismo económico y militar con 500 años de vida. Desde hace 50 años he vivido esperanzado en el derrumbamiento del imperialismo yanqui y, aunque seguramente es cada día más débil por la competencia y la vejez, siguen los imperios capitalistas dominando el mundo y cambios de la radicalidad al entreguismo como el de Ghaddafi y muchos más, seguiremos viéndolos. Por eso nuestro enraizamiento del socialismo en la conciencia tiene que estar al nivel más profundo.

7. Las políticas keynesianas de inversiones y gastos sociales: en educación, salud, vivienda, seguridad, etcétera, a partir de un Estado fuerte y centralizado pueden remediar muchos problemas de la población y estar muy por encima de cualquier economía de iniciativa privada, pero no tienen nada que ver con el socialismo. Además de que el socialismo sólo tiene que ver con la supresión del trabajo asalariado, la plusvalía y las clases sociales, también debe registrarse un total cambio de conciencia social en la que la propiedad privada, el individualismo y el consumismo han sido erradicados de la conciencia y la práctica social. ¿Cuántos años puede resistir un “socialismo” por decreto con un pueblo pensando y ambicionando toda la chatarra producida por el capitalismo? Por eso junto a la revolución política y económica tiene que desarrollarse una profunda revolución cultural en el seno de toda la población.

http://pedroecheverriav.wordpress.com

Alarma mundial por la violencia en México

Marcela Turati
MÉXICO, D.F., 31 de agosto.- En este mes que termina estuvieron en el país representantes de la libertad de expresión de la OEA y de la ONU para escrutar la situación de violencia envolvente que afecta ya al gremio periodístico, las mujeres y a otros sectores sociales. En su inusual visita conjunta, los relatores de los organismos multilaterales Catalina Botero y Frank La Rue comprobaron que la cruzada contra el narco sólo ha polarizado la situación: hoy una parte del territorio nacional está militarizado, mientras otra está dominada por los cárteles de la droga.

México está bajo la mirada de la comunidad internacional, que sigue con inquietud el rápido deterioro de la situación de los derechos humanos en el contexto nacional de narcoviolencia.

En la reciente visita conjunta de 17 días de los relatores de la ONU y de la OEA para la Libertad de Expresión, Frank La Rue y Catalina Botero, se reveló que los organismos internacionales discuten cómo clasificar la violencia mexicana porque la forma en que se manifiesta no entra dentro de los parámetros de la Convención de Ginebra que cataloga conflictos armados internacionales (de un país contra otro) y conflictos armados internos (grupos rebeldes que buscan el poder).

La violencia mexicana no cabe en las definiciones de una guerra y existe resistencia a llamarla “conflicto armado” porque ello implica considerar débil al Estado. Lo que hoy se discute es si México inaugurará la categoría de “país con regiones de enfrentamiento intenso”, en la cual se considerarían como zonas especiales los territorios militarizados y los dominados por los cárteles de la droga.

Al final de la visita, el relator La Rue señaló que la Cruz Roja Internacional deberá crear esa nueva clasificación para México que le permita intervenir y atender a los ciudadanos afectados en las zonas violentas.

Durante la estancia de La Rue en México también salió a relucir que la Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (que cuenta sólo con cuatro sedes en la región, ubicadas en Colombia, Bolivia, México y Guatemala) aumentó su personal en la delegación mexicana. Uno de los nuevos comisionados es el estadunidense Christopher Guarnotta, que inaugurará el puesto de visitador para la zona norte, y a quien el exrepresentante de la oficina, Alberto Brunori, presentó a los defensores de derechos humanos en su último viaje a Chihuahua, donde informó que más personal llegaría a reforzar la oficina.

Un día antes de que arribaran al país los relatores Botero y La Rue para realizar la inédita visita conjunta estaba en el país la alta comisionada adjunta de derechos humanos del sistema de las Naciones Unidas, la coreana Kyung-Wha Kang, quien participó en un foro sobre derechos de las mujeres; también se reunió con funcionarios de gobierno y les expresó sus “preocupaciones muy serias por la situación”, con énfasis en los abusos de los militares en tareas de seguridad pública.

“El gobierno a lo largo de los años ha tratado de incorporar elementos que integran los elementos de derechos humanos en las operaciones militares y en la lucha por la seguridad y contra las bandas de delincuentes, pero ha habido casos de abusos –civiles que han perdido la vida, que han sido sacrificados, no solamente en fuego cruzado, violaciones de derechos humanos– que claramente se atribuyen a los elementos de las Fuerzas Armadas”, dijo a Proceso en entrevista.

La diplomática recabó información que llevará a la alta comisionada para los Derechos Humanos, Navi Pillay, quien realizará una visita al país en noviembre. Para octubre se espera la visita de la relatora especial de la ONU sobre la Independencia de Jueces y Abogados, Gabriela Carina Knaul, quien revisará la situación estructural de impunidad.

“Sabemos que el relator contra la tortura (de la ONU) está preocupado, ha recibido gran cantidad de denuncias, y la Unión Europea, que se ha manifestado en casos específicos y paradigmáticos. Pero Estados Unidos no ha hecho un pronunciamiento sobre la situación de los derechos humanos ni de la tortura, a pesar de que lo hemos solicitado al embajador”, señala el director general de la Comisión Mexicana para la Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, Juan Carlos Gutiérrez.

A su vez, un diplomático extranjero comparte con Proceso la percepción manifiesta en los organismos internacionales: “Queda la sensación de que hay una crisis de institucionalidad del Estado, mucha impunidad y, por lo mismo, un progresivo deterioro de la situación. México enfrenta un momento decisivo”.

Peligroso para todos

En su visita al Distrito Federal y los estados de Guerrero, Chihuahua, Sinaloa y México, los relatores recabaron información sobre las zonas donde el crimen organizado obliga a la prensa a censurarse, la violencia tiene paralizada a la gente y las procuradurías de justicia no investigan los crímenes cometidos contra el gremio y alientan, de esa manera, a que se cometan más ataques.

El sábado 7, dos días antes del inicio de la misión, mil 200 periodistas marcharon en el Distrito Federal, y cientos más en 14 ciudades del país, congregados bajo un mismo lema “Los queremos vivos”, en reclamo por el asesinato de 64 colegas, la desaparición de 11 y la impunidad en sus casos.

En el informe preliminar La Rue y Botero señalaron la urgencia de que el Estado implemente una política de prevención, protección y procuración de justicia en los crímenes contra periodistas, y criticaron la falta de voluntad, de recursos y de resultados de la Fiscalía Especial para Delitos contra la Libertad de Expresión de la PGR porque desde su creación, en 2006, no ha sancionado a ningún culpable.

“La violencia contra periodistas en México es alarmante y tiende a intensificarse… en algunos estados con una fuerte presencia del crimen organizado como Chihuahua, Coahuila, Durango, Guerrero, Michoacán, Nuevo León, Sinaloa y Tamaulipas, la autocensura ha alcanzado niveles tan dramáticos que la prensa local se ha visto obligada a silenciarse y no registrar hechos de extrema violencia.”

Señalaron que de los 64 periodistas asesinados y 11 desaparecidos en una década, 29 asesinatos y cinco desapariciones ocurrieron a partir de 2008, a lo que hay que sumar los secuestros, amenazas y hostigamientos que comúnmente reciben los reporteros locales que cubren temas de corrupción, narcotráfico y seguridad pública, y los atentados con explosivos contra sus medios de comunicación.

“En algunos casos particularmente extremos, la información recibida indica que grupos de narcotráfico han intentado activamente influenciar los contenidos de los medios de comunicación. Esas graves tendencias, que antes afectaban solamente a medios locales en sitios con gran presencia del crimen organizado, comienzan ahora a impactar a medios nacionales”, advierte el informe.

Frente a los brutales asesinatos atribuidos a grupos del crimen organizado, la responsabilidad del Estado es prevenir y crear un mecanismo de protección enfocado a periodistas, así como luchar contra la impunidad.

La colombiana Botero explicó en diferentes reuniones que los periodistas, al igual que los defensores de derechos humanos, requieren especial protección del Estado porque con sus investigaciones “constantemente están tentando al monstruo”; y como se encargan de denunciar lo que ocurre, su trabajo protege a muchas personas.

“Si ellos, que visibilizan los abusos, son silenciados, se genera un efecto amedrentador para toda la sociedad. Porque el derecho a la información es un bien público, todos tienen derecho a estar informados y los periodistas a informar”, dijo en uno de los encuentros.

Los relatores reprobaron que el gobierno federal utilice la publicidad oficial como “mecanismo para presionar y castigar o premiar y privilegiar a los medios de comunicación en función de sus líneas informativas” y señalaron que el Estado debe legislar para prohibir la asignación discriminatoria de la publicidad oficial, definir procedimientos y criterios objetivos, claros, transparentes.

Botero y La Rue pusieron como ejemplo la queja presentada por Proceso ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), dado que el gobierno federal dejó de contratar con publicidad oficial, a pesar de que la revista tiene una amplia y reconocida circulación.

Código rojo

Además de la ONU y la OEA, organizaciones internacionales como Amnistía Internacional, Reporteros Sin Fronteras o Human Rights Watch también han manifestado su preocupación.

La Internacional Media Support, por ejemplo, planea organizar una segunda misión conjunta a México que congregue a los representantes de la Sociedad Interamericana de Prensa, la Federación Internacional de Periodistas, el Comité de Protección a los Periodistas y Artículo 19, entre otros, porque considera que la violencia contra los periodistas tiende a agravarse.

“No se ve un retén, no se ve una trinchera, no se ve dónde o cómo el gobierno pueda contener la violencia”, comentó el enviado de una organización de derechos humanos que analiza la situación del país.

La generalización de la violencia ha disparado masivamente la violación de los derechos humanos de los ciudadanos, y tiene saturado el trabajo de las organizaciones que velan por el respeto a las garantías de las personas.

Así ocurre con organizaciones como la CMDPDH, el centro Miguel Agustín Pro Juárez, el chihuahuense Centro de Derechos Humanos de las Mujeres o el centro guerrerense Tlachinollan de la Montaña, que no se dan abasto para tomar la defensa de nuevos casos, y muchas veces se limitan sólo a registrarlos.

“La situación ha disparado ciertas conductas violatorias de derechos humanos, como índices de tortura que se han manifestado de forma dramática, índices de arraigo, las denuncias de detenciones arbitrarias, los casos de personas desaparecidas, más la violación al derecho del debido proceso y las fallas del sistema de justicia penal”, dijo el director de la CMDPDH.

Situación de las mujeres

Al terminar su visita a México, la alta comisionada adjunta de derechos humanos de la ONU, Kyung-Wha Kang, se dijo profundamente preocupada porque el asesinato de mujeres se ha diseminado a varias entidades del país y por las enmiendas legislativas que permiten encarcelamiento de las mujeres por abortar, a contracorriente de las normas internacionales de salud reproductiva.

En entrevista con Proceso, ella comentó que aun cuando cada Estado es autónomo y puede implementar sus propias leyes, el gobierno federal tiene el reto de armonizar las legislaciones estatales y leyes municipales para que estén en concordancia con los derechos humanos y de salud reproductiva a los que México se ha comprometido en el ámbito internacional.

“Es muy preocupante encontrar casos donde las mujeres han sido enviadas a prisión, sentenciadas por muchos años en algunos casos. Algunas son mujeres violadas y tienen que enfrentar un embarazo no deseado y por lo tanto han tenido un aborto. Bajo los códigos penales se permite encarcelarlas… pero los estándares internacionales de derechos humanos son muy claros: la norma más común indica que hasta las 12 semanas del embarazo es legal la interrupción del mismo”, según la representante de la ONU.

La diplomática participó en el 90 aniversario de la Federación Internacional de Mujeres Universitarias, realizado durante la segunda semana de agosto. También se reunió con funcionarios de gobierno y activistas que luchan contra el feminicidio en Ciudad Juárez, colectivos de mujeres asesinadas por militares y defensoras de la libertad sexual en Guanajuato.

Kyung-Wha Kang recibió información del centro Las Libres, de Guanajuato, sobre los casos de las seis mujeres encarceladas en esa entidad por abortar, así como de aproximadamente 30 más que habían sido procesadas por el mismo delito y 150 que eran buscadas para ser juzgadas.

Sobre esta situación, comentó: “Otros países tienen términos más amplios; otros, más restricciones, pero permiten el aborto legal en casos de violación, incesto o en casos en los que está en peligro la vida de la mujer… Pero hay que tener un espacio claro para que las mujeres ejerciten su derecho a la salud reproductiva libremente y en una forma responsable”.

La diplomática coreana, que tiene una conocida trayectoria feminista, señaló que las leyes estatales que protegen el derecho a la vida desde el momento de la concepción y sancionan los abortos bajo cualquier circunstancia, se oponen a décadas de normas de derechos internacionales que garantizan a las mujeres ejercitar su derecho a la salud reproductiva responsable y libremente.

Otro tema que llamó la atención de la comisionada adjunta de la ONU fueron los asesinatos de mujeres: “Un tema muy importante en mis discusiones con los participantes de la sociedad civil y las autoridades es la violencia contra de las mujeres, en particular el feminicidio. Es increíble que, a partir de que esto se registró por primera vez, hayan pasado décadas y el problema no está desapareciendo; al contrario, parece estarse diseminando a otras partes del país”.

Las organizaciones feministas informaron a Kang que este año se han registrado más de 400 asesinatos de mujeres, fenómeno que consideró “muy impactante”; pero criticó que en el país no haya todavía un centro que procese y compile los datos, esenciales para saber qué ocurre realmente y cómo atender el problema.

“La impunidad –dijo– es un elemento que alimenta el crimen. Si matar a la mujer es fácil y nadie lo impide ni va ser castigado, nada impide que los delincuentes lo repitan… (ello se debe a que) la discriminación está enraizada profundamente. Así que creo que la discriminación de las mujeres y la impunidad se han juntado aquí para crear este reto que permanece sobre los feminicidios.”

Señaló que la situación de las mujeres es un indicador muy claro de la situación de la sociedad, y los retos de derechos humanos en la llamada “guerra en contra del crimen organizado” son acabar con la discriminación y la impunidad que prevalece ante estos retos (…) el hecho de que los agresores sean llevados a la justicia es importante”.

Desaparición forzada


Utopía


Eduardo Ibarra Aguirre


Entre los “daños colaterales” que genera la Guerra contra el narcotráfico y el crimen organizado --concepto que utiliza la Secretaría de la Defensa Nacional y su titular en pésima copia del lenguaje de los estrategas de las invasiones a Iraq y Afganistán--, destaca el crecimiento exponencial de las víctimas de la desaparición forzada.


En cuatro informes de gobierno de Felipe de Jesús Calderón Hinojosa suman tres mil los desaparecidos y la Federación Latinoamericana de Asociaciones de Familiares Detenidos-Desparecidos estima que de ellos 400 casos obedecen a razones políticas, 500 a mujeres y niños por trata de personas y 2 mil 100 son por motivos vinculados al narcotráfico.


El problema es tan grave que un centenar de organismos civiles de defensa y promoción de los derechos humanos de toda República, realizan la Campaña nacional contra la desaparición forzada. “Por la presentación con vida de los desaparecidos. Juicio y castigo a los responsables”.


Las razones son dos. Una formal: el 30 de agosto se celebró en la aldea el Día Internacional del Desaparecido. Y la real es que México fue colocado --bajo el gobierno que dice apostar por “el estado de derecho” y “un país de leyes”--, a la vanguardia en América Latina en tan deleznable como ilegal práctica y que, al decir de los organizadores de las movilizaciones, se realizan “ante el incremento alarmante de las desapariciones forzadas de personas y la denegación total de justicia a las víctimas”.


Son 2.22 desparecidos diariamente o 66.66 mensuales en los 45 meses de un gobierno que festina por todos los medios, incluido el telefónico, en franca agravio a la privacidad y el descanso de los ciudadanos, pero también sin reparar en gastos, como si los recursos económicos abundaran en un país saturado de carencias y una administración que destaca por la incapacidad crónica para ejercer el presupuesto que se le asignó.


Pero más allá de los ilustrativos números, Sanjuana Martínez, la regiomontana reportera independiente, le coloca nombres y apellidos a una serie de estrujantes casos de los que llama los “otros desaparecidos”, los que sin razón aparente –explica-- fueron levantados por cuerpos policiacos locales, la Policía Federal, el Ejército y la Armada o bien por el crimen organizado. Los casos tradicionales, los desparecidos por razones políticas e ideológicas por los aparatos represivos del Estado, existen desde tiempo ha, aunque con frecuencia se asocia a 1969 la primera desaparición forzada, bajo el gobierno de Gustavo Díaz Ordaz y Luis Echeverría Álvarez como secretario de Gobernación. Por supuesto que no es así. Baste un ejemplo: El 27 de agosto de 1959 apareció torturado y asesinado Román Guerra Montemayor, dirigente ferrocarrilero comunista en Monterrey. Para no hablar de los secuestros y encarcelamientos posteriores de luchadores políticos y sociales en los años 20 del siglo pasado.


La incompetencia y la abulia distinguen a las autoridades de hoy frente a una práctica que alarma por su recurrencia y que, como bien apunta Sanjuana, es una constante desde 1969. Allí está, para mayor prueba, la presentación ayer de una denuncia penal en contra de Echeverría, en la Procuraduría General de la República, como presunto responsable del delito de desaparición forzada en la persona de Jesús Piedra Ibarra, hijo de Rosario Ybarra de la Garza, consumada en abril de 1975.


Nunca fue más pertinente que ahora el aún localizado reclamo ciudadano: Por la presentación con vida de los desaparecidos. Juicio y castigo a los responsables”. Y más nos vale a todos que ambas demandas adquieran vigorosa fuerza antes de que sea demasiado tarde, y la ley de la selva se apodere de nuestras vidas y familias.


Acuse de recibo


Julio Pomar, coordinador de Comunicación Social del Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros, reitera que Forum es una revista “perseguida con saña inaudita por el actual gobierno”… El trabajo y los lujos de la tierra. Biotecnología y jornaleros en la agricultura globalizada de México, es el título del nuevo libro de la doctora Yolanda Cristina Massieu Trigo, colaboradora de Forum e integrante del Grupo María Cristina... Bulmaro Castellanos, mejor conocido como Magú, retornó el lunes 30 al quehacer de la espléndida planta de moneros de La Jornada, tras una operación del motor humano… Los jornaleros directivos, por cierto, insisten en colocar en último lugar los cartones del excelente Hernández… Didier Marquina Cárdenas, secretario general de la Unión Nacional de Técnicos y Profesionistas Petroleros, comenta: "Pemex va a la muerte, según el senador Francisco Labastida. Felipe Calderón refuta y aquél sostiene que sólo interpreta los datos oficiales. Bueno, el senador Labastida también tiene mucho que explicar de cuando promovió la reforma energética. Y de hecho con esa declaración hace que todos los pillos se froten las manos, porque no necesita decirlo el gobierno de Calderón. El senador Labastida como buen matasanos anuncia la muerte del enfermo. Ha invocado a los buitres”.

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El retorno de los vencidos


Laura M. López Murillo (especial para ARGENPRESS.info)

En algún lugar de la agenda presidencial, entre los fracasos y las obstinaciones, está marcado con el color del desconcierto el primer día en el declive del régimen; a partir de entonces, se desgasta paulatinamente la aureola del poder total y se enardecen las voces beligerantes de la venganza...

El castigo fue el factor determinante en las elecciones del 4 de Julio y sus secuelas son la reconfiguración del poder y el clima de represalia que impregna el ámbito político. El rotundo fracaso de la cruzada de Felipe contra el crimen organizado y la ineficiencia de las políticas públicas influyeron en los resultados electorales. Los pocos electores que acudieron a las urnas lo hicieron convencidos de hacer valer su rechazo al régimen actual y emitieron el voto de castigo.

En estas circunstancias resurge con fuerza la voz de los vencidos, ahora vencedores, con la firme determinación de exhibir los excesos, las carencias e impericias del Calderonismo. El tiempo restante del sexenio estará marcado con el mismo color de la beligerancia con que hace leña del árbol caído. En esta lógica vengativa, los legisladores que alguna aprobaron el cambio en el formato de la ceremonia del informe presidencial por considerarlo anacrónico y obsoleto, ahora pretenden una contra reforma y volver al formato anterior.

La modificación del formato evitó la incómoda confrontación del ejecutivo y el legislativo en el mismo recinto, eliminó cualquier posible interpelación ofensiva, reclamos de la macuarrencia opositora y reproches de la disidencia durante la lectura de la glosa del informe, marcó el final del besamanos, la foto y el baño de pueblo como protocolos oficiales instituidos durante el Priato. Pero aquella reforma también dio pauta a una ceremonia alterna en el ámbito exclusivo y excluyente del panismo rampante, inaugurando el protocolo de lisonjeo y genuflexión de la nueva aristocracia mexicana.

Y el insufrible desencuentro con el legislativo se sustituyó con una intensa campaña invasiva en los espacios de entretenimiento promoviendo los logros del sexenio en mensajes prefabricados en escenarios ficticios y situaciones inverosímiles.

Hoy por hoy, ante el declive del calderonismo en todos los ámbitos de su incompetencia, cuando los vencidos revirtieron la derrota se aprestan a cobrar la afrenta. Desafortunadamente para la ciudadanía, la venganza de los vencidos se conjura en el ámbito legal, donde las minorías deciden el futuro de las mayorías.

El vulgar manipuleo de la legislación para satisfacer resentimientos partidistas exhibe la inmadurez de la clase política; al dilapidar el carácter imparcial de las leyes en represalias iracundas retrocedemos a la época del absolutismo, que debimos haber abandonado hace muchos años y que resurge ahora, cuando se desgasta paulatinamente la aureola del poder total y se enardecen las voces beligerantes de la venganza…

Foto: México - Vestido de militar, el presidente Felipe Calderón rinde "tributo" a las Fuerzas Armadas. / Autor: LA JORNADA

Laura M. López Murillo es Licenciada en Contaduría por la UNAM. Con Maestría en Estudios Humanísticos, Especializada en Literatura en el Itesm.

Comité denuncia persistencia de actos de violencia contra mujeres



Natasha Pitts *

Adital -
¿Hasta cuándo continuará la violencia contra la mujer en Colombia? El cuestionamiento fue realizado por las integrantes del Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de las Mujeres - Cladem que, incomodadas, contabilizaron la cantidad de femenicidios ocurridos recientemente. En un comunicado, la organización repudia las violencias cometidas contra las mujeres en su casa, en la calle y en lugares de trabajo y critica la inoperancia del Estado para prevenir la violencia y condenar a los delincuentes.

De acuerdo con el comunicado publicado por el Cladem, Luz Mila Chávez fue una de las últimas colombianas muertas en virtud de su actuación en pro de los derechos de las mujeres. Luz, que fue asesinada hace pocas semanas dentro de su casa por un hombre, era una reconocida activista política y sindical del Departamento de Casanare, fue fundadora del Departamento de la Mujer de la Central Única de los Trabajadores (CUT) y era parte de la Alianza Iniciativa de Mujeres por la Paz.

El último día nueve, Luz Emilia Carreño Barrera, Madre de la Comunidad del barrio de San Cristóbal, en la ciudad de Bogotá, tuvo el mismo destino. Sólo cuatro días después, otra Madre de la Comunidad fue asesinada. Esta vez, la violencia contra las que batallan por los derechos de las mujeres se cobró la vida de Jineth Alexandra Barrios Duque, que actuaba en la localidad de Engativa, también en la capital Bogotá.

Judith Maldonado Mojica fue otra víctima. El día 4 de agosto, en la ciudad de Bucaramanga, la directora del Colectivo de Abogados Luis Carlos Pérez fue abordada por hombres armados que la hicieron padecer violencia física, agresión verbal y amenaza de muerte. A Judith además le llevaron su cartera de mujer. Dos días antes del atentado, Judith ya había denunciado que era perseguida por hombres en una moto cuando se dirigía al Consulado de Venezuela.

Los grupos paramilitares son señalados como los responsables de las muertes de varias activistas. El último día 12, Isolina Arango Ochoa y las integrantes de la Asociación Nacional de Mujeres Campesinas, Indígenas y Negras de Colombia (ANMICIC) fueron blanco de serias amenazas de muerte. De acuerdo con el comunicado del Cladem, los "águilas negras", paramilitares del Magdalena Medio y del Oriente de Caldas, dejaron el aviso de que las mujeres deberían salir de la zona, caso contrario serían "descuartizadas y no habría ni siquiera fosas comunes" para todas ellas.

Traducción: Daniel Barrantes - barrantes.daniel@gmail.com

La mesa política de Aristegui con Dresser, Meyer y Aguayo

Sergio Aguayo ha sido invitado por Carmen Aristegui para participar en la mesa política junto a Lorenzo Meyer y Denise Dresser.
Videos de la Primera Emisión Lunes 30 de agosto 2010.

Segmento 1

Segmento 2

Segmento 3

Segmento 4

Escucha a Sergio Aguayo con Carmen Aristegui: los lunes a las 9:00 horas a través de MVS Radio en el 102.5 FM en el D.F. MVS Radio o en www.mvsnoticias.com

Mujeres juntas…


Martha Tagle

Jóvenes, maduras, nuevas, viejas, socialistas, autónomas, políticas, sindicalistas, indígenas, lesbianas. En fin, una muestra de la gran diversidad de mujeres que nos reconocemos como feministas. En total más de mil 300 mujeres de 29 estados, nos reunimos durante tres días, el pasado fin de semana, en Zacatecas.

Después de 18 años de no reunirnos, nos encontrarnos para evaluar lo que hemos hecho o dejado de hacer, reflexionar desde nuestra mirada crítica el contexto que nos rodea; identificar lo que nos une, reconocer nuestras diferencias, y plantearnos caminos por los cuales continuar luchando por una sociedad más justa e igualitaria.

Esta reunión echa abajo dos ideas preconcebidas: una, que las mujeres no podemos trabajar juntas, pues como feministas durante los últimos cuarenta años en México, hemos luchado por el derecho a decidir sobre nuestros cuerpos; contra la violencia y por la libre preferencia sexual; y dos, que el feminismo no es lo mismo que el machismo, sino que es un movimiento político, cultural y social que construye, desde diferentes espacios, la igualdad para mujeres y hombres.

Ahora, el contexto es diferente, pero la batalla es la misma: mujeres encarceladas por aborto; asesinadas en la impunidad, violentadas por militares; viudas y víctimas de la guerra contra el narcotráfico; abandonadas en el campo a su suerte; muertas en el parto por falta de atención médica; migrantes violadas y vejadas sin que valgan sus derechos, madres que pierden a sus hijos en la guardería sin que haya responsables, son algunos ejemplos de la violencia institucional que viven las mujeres.

Al mismo tiempo, mujeres que nos hemos adueñado de nuestras vidas, nos preparamos, trabajamos, pagamos impuestos, pero aún no somos ciudadanas en plenitud pues no compartimos el poder público ni ejercemos el presupuesto. Por lo anterior, hemos coincidido en la necesidad de estar unidas y ampliar nuestras alianzas para exigir una vida libre de violencia; el respeto al carácter laico del Estado mexicano como garantía de la libertad de pensar y ser diferentes; una democracia paritaria, y el reconocimiento del valor económico de nuestro trabajo cotidiano.

Las discusiones fueron amplias y muy variadas; aún hay mucho por hacer, pero nos alienta la presencia de tantas mujeres dispuestas a seguir dando esta batalla juntas. Enhorabuena por el reencuentro.

El sabor de nuestra tierra..


Itacate

El arte de la carne asada

Cristina Barros y Marco Buenrostro

Si bien Nuevo León comparte una región y costumbres culinarias con Chihuahua, Coahuila y Tamaulipas, cada cocina tiene sus matices, como bien escribe Silvia Mijares en Fundamentos de la cocina nuevoleonesa, editado por la Universidad Autónoma de Nuevo León en 2009. Esos matices, multiplicados a lo largo y ancho de nuestro país, son los que hacen tan rica y variada a la cocina mexicana. Con entusiasmo, describe Mijares algunas de esas particularidades. La carne asada, por ejemplo, a la que se ve por encima del hombro, requiere de conocimientos para prepararla bien.

El cocinero avezado en el arte de asar trabaja la llama, es decir, la alienta o la debilita según el caso. Está pendiente del color de las brasas, de carbón o de leña, rojas o blancas. Su experiencia le permite saber con precisión en qué momento el cocimiento llega a la parte media de la carne; hay que retirarla en el momento exacto, para que conserve sus jugos en el interior. Los cortes que prefieren en el norte son las agujas, por ser muy jugosas y de buen sabor. Deshuesadas dan lugar a los entrecots, buenos para asar, y el solomillo o roast beef, que se convierte en filete o en bistec, explica Silvia Mijares.

Por el clima y por las extensiones que antaño se tenían que recorrer, la carne seca forma parte de la cultura culinaria del norte. En Nuevo León hay formas especiales de consumirla. Así, en el municipio de Allende preparan la carne zaraza: carne seca que se ofrece en los merenderos de la región. Como botana suele saborearse carne seca asada con gotas de limón; se acompaña con cerveza bien helada. Un buen caldillo de carne seca tiene sabor sutil.

El cortadillo se elabora con filete, aguayón, palomilla o lomo. La carne se corta en pedazos chicos y se macera con ajo, sal y pimienta molidos en molcajete; se agrega vinagre. Se fríen en manteca o en aceite hasta que suelten su jugo y luego se pone recaudo de jitomate asado, cebolla y chile molcajeteados; se deja cocer hasta que se sazone. En Villa de García se le suele agregar su pizca de comino. Los cuajitos son de res o de borrego. La carne se corta en trozos y mezcla con cebolla, tomate y chile serrano. Se condimenta con orégano, ajo, pimienta y comino. Se puede cocer en olla directamente al fuego o como barbacoa. Es un asado de largo cocimiento.

Un buen almuerzo puede llevar como plato central el bistec ranchero ahogado en salsa de diversos chiles, o el sabroso machacado con huevo. El machacado de la carne seca es otro arte culinario.

Qué envidia dan los suecos

Pedro Miguel

Calderón deberá superarse a sí mismo en mendacidad para presentar mañana un informe rosáceo o de pretensiones heroicas: tiene que negar que en su administración se ha fortalecido el narco, se ha debilitado la presencia del Estado en el territorio, han aumentado los secuestros de todas las clases (desapariciones políticas, secuestro exprés, privaciones ilegales de la libertad perpetradas por las mismas autoridades, plagios con propósitos de rescate...), se han incumplido postulados fundamentales de la Constitución, los casos de impunidad se han multiplicado como bacilos de yoghurt, los fraudes se han disparado y los derechos a la vida, al trabajo, a la libertad, a la salud y a la educación, entre otros, han sido convertidos en meros valores aspiracionales para el grueso de la población. Al alto clero católico poco le falta para que le entreguen las secretarías de Educación y de Salud, las televisoras privadas tienen bancadas propias en el Legislativo, la economía es un desastre y de la soberanía mejor ni hablemos. La sociedad está harta del desgobierno y el jefe de éste se declara cansado de escuchar reclamos sociales.

El fenómeno de fondo es que la vertiente política del proyecto neoliberal ha avanzado mucho en su objetivo: acabar con el Estado. En ausencia de éste, las delincuencias (la callejera, la de las drogas, la empresarial, la electoral, la financiera, la patronal) se apoderan de instituciones, de regiones territoriales y de sectores económicos, cada quien se rasca con sus uñas y se sobrevive a la ley de la selva como se puede, si es que se puede. En este escenario de devastación es lógico que las leyes no se cumplan y que los únicos que podrían congratularse de las acciones reales del calderonato sean los protagonistas de las muchas caras de la ilegalidad: el gobernante en turno les ha hecho la vida.

En esta circunstancia, la recuperación del país por las vías institucionales, legales y electorales, puede parecer imposible: los poderes fácticos controlan las instancias electorales (desde las dirigencias partidistas hasta el tribunal correspondiente, pasando por el IFE), el conjunto de los medios informativos, las fábricas de sufragios (Sedeso, Oportunidades y equivalentes estatales y municipales) y, por si fuera poco y algo fallara, tienen también a su servicio a las corporaciones de la fuerza pública.

Abrirse paso hacia el poder público para sanear la administración, romper los círculos de retroalimentación de las delincuencias y empezar a dirigir la cosa pública en dirección de lo habitable implica tareas arduas y que serían inimaginables en un entorno de normalidad democrática: es preciso, en primer lugar, crear conciencia sobre los derechos personales y sociales, y sobre el empoderamiento que genera la organización ciudadana, así como impulsar el surgimiento de liderazgos sociales. Luego se debe organizar a los electores al margen de los partidos, a fin de estar en posición de negociar con las castas burocráticas que los controlan: que se queden ellas con registros y dineros (les encantan), y que cedan a cambio el paso a candidaturas orientadas a la transformación nacional. En tercer lugar debe desarrollarse un trabajo de capacitación legal y electoral, y promover la participación de la gente en procesos desacreditados y poco confiables; asimismo, se requiere una labor de información y propaganda política a contracorriente de los medios oficialistas (es decir, casi todos) y del formidable aparato publicitario de la mafia político-empresarial. En seguida, verificar la fidelidad del padrón electoral y, el día de las elecciones, vigilar la instalación de las urnas, cubrirlas con representantes, supervisar su funcionamiento, permanecer a su lado durante toda la jornada, acompañarlas al comité distrital respectivo, desvelarse en el recuento, montar centros de cómputo independientes que permitan verificar la veracidad o falsedad de las cifras oficiales, y, en su caso, prepararse para movilizaciones contundentes y eficaces en caso de que tenga lugar un fraude como los de 1988 y 2006. Si se triunfa, aún habrá que hacer frente a los previsibles e inmediatos intentos desestabilizadores de la oligarquía. Qué envidian dan los suecos, para quienes la vida republicana es fácil: ir a votar y sentarse a una espera que culminará en festejo o depresión.

Es muy difícil, pero no imposible, y no se trata de si vale la pena o no. Es, simplemente, lo que se puede hacer para impedir que el país culmine su caída en la barbarie.

Detrás de la Noticia | Ricardo Rocha

La masacre: vergüenza mundial

No hay duda de que somos el centro del mapa internacional de violencia. Ya de por sí hemos estado señalados en años recientes. Pero ahora, el hallazgo de los 72 cuerpos en un rancho de San Fernando, Tamaulipas, nos reconfirma como país de bárbaros.

El recorrido por los principales medios del mundo es prácticamente insoportable por la enorme carga de vergüenza. En todas partes se habla de México como un país en donde el crimen es lo cotidiano y la sangre corre todos los días. Más específicamente, en el ámbito latinoamericano se añade un merecido reclamo por sus víctimas. A las que no supimos proteger ni preservar sus más elementales derechos humanos. Lo mismo la ONU, la OEA y tdas las organizaciones no gubernamentales nos cuestionan, nos exhiben y nos condenan.
Tanto como el modo en que fueron ejecutados estos 58 hombres y 14 mujeres, estremece saber que no es un hecho aislado. Se estima en 18 mil el número de migrantes secuestrados cada año. Varios miles de ellos son asesinados y desaparecidos en cualquier parte del territorio que han de cruzar para buscar la sobrevivencia en EU. Lo grave es que el gobierno de México es su primer extorsionador en cuanto los migrantes cruzan la inexistente frontera sur. Porque de inmediato son asaltados por los voraces agentes del Instituto Nacional de Migración, que además los pastorean y entregan como carne de matadero.
A propósito, el 23 de junio de 2009 escribí aquí que me ofendía el que la comisionada de esa instancia, Cecilia Romero —que está en ese cargo no por lo que sabe sino por sus amistades— dijera que el turismo sexual, el tráfico de mujeres, las redes de pederastia, el plagio y la violencia contra los migrantes “son males de la humanidad que México no puede erradicar”.
También escribí que esa declaración “indigna por todas partes: porque con esos argumentos pretende justificar la gigantesca corrupción de los mercenarios a su cargo en el INM, además de que reconfirma la insensibilidad de un gobierno que jamás se conduele del dolor ajeno… más aun, con una vergonzante carga de discriminación y racismo porque las víctimas son extremadamente pobres y vulnerables”.
Hoy día la situación no ha mejorado en lo más mínimo. Por el contrario, se ha agravado al extremo de esta barbarie que nos avergüenza ante el mundo entero.
El nuevo vocero, el señor Poiré, justifica que como los narcos van perdiendo la guerra de las drogas ahora se han movido al negocio de los migrantes. No es cierto. Se han expandido. Y por definición, también en el tráfico humano cuentan con la complicidad oficial.

Sin avance en la justicia, “queremos estar con la gente que él estaba”

Visitan padres de activista finlandés plantón de triquis en Oaxaca

Por Nadia Altamirano Díaz, corresponsal

Oaxaca, Oax. 30 ago.10 (CIMAC).- A cuatro meses del asesinato de la maestra Beatriz Alberta Cariño y el ciudadano finlandés Jiry Jaakkola, cuando en una caravana intentaban llevar ayuda humanitaria a los habitantes de San Juan Copala, las mujeres triquis en resistencia se reunieron con Eve y Raimond Jaakkola, padres del activista, en el zócalo de esta ciudad, donde mantienen un plantón indefinido para exigir justicia por éstos y otros 20 asesinatos más.

“Nuestro hijo estaba aquí, queremos solamente estar con la gente con quien él estaba”, dijo ayer brevemente Eve, la madre de Jiry, quien aclaró que no tienen previsto reunirse con autoridades locales, como ocurrió en la capital del país, donde se encontraron con personal de la Procuraduría General de la República, instancia que atrajo la investigación.

Unas 20 mujeres, que desde el pasado 7 de agosto mantienen un plantón indefinido frente al edificio que antes funcionaba como Palacio de Gobierno, marcharon ayer en el zócalo oaxaqueño para volver a exigir al gobierno del estado su intervención, tanto para esclarecer los asesinatos, como para mejorar las condiciones de vida de unas 50 familias en San Juan Copala.

“Autonomía y resistencia triqui”, era el lema que se leía en una manta blanca que al frente de la marcha sostenía una pareja de niños originarios de San Juan Copala.
Otro niño, sostenía una cartulina azul en la que se leía: “La autonomía de los pueblos es el único futuro con dignidad”. Un mensaje similar estaba en otra cartulina del mismo color: “La autonomía es el grado más alto de conciencia en el ser humano”.

Desde enero del 2007, la agencia de San Juan Copala, perteneciente al municipio mixteco de Santiago Juxtlahuaca, se declaró municipio autónomo y se deslindaron del Movimiento Unificador de Lucha Triqui (MULT) creando otra organización independiente (MULTI), que junto con la Unidad de Bienestar Social de la Región Triqui (UBISORT), son las agrupaciones sociales que se disputan el control de la zona.

Las mujeres de San Juan Copala señalaron nuevamente a los integrantes de la UBISORT y el MULT, como los responsables de que en su comunidad no haya servicios básicos ni profesores para iniciar el ciclo escolar 2010-2011 y de que el 21 de agosto hayan asesinado a tres de los organizadores de la caravana que hace una semana planeaba salir rumbo a la ciudad de México.

“Por ese dolor y la rabia que sentimos suspendimos la caravana que es muy arriesgado que siga, vamos a mantener el plantón, hasta que se haga justicia”, dijo Mariana Flores, una joven triqui que se ha convertido en la vocera de las mujeres en resistencia.

Las indígenas triquis han denunciado también que han visto que gente del MULT y la UBISORT las vigilan pero “no les tenemos miedo, lo que ellos quieren es que abandonemos el plantón y dejemos de exigir”.

Con una flor y una veladora en la mano, o con sus hijos en brazos, las mujeres marcharon en el zócalo y luego realizaron un rosario en su campamento como una especie de novenario por los tres organizadores de la caravana que fueron asesinados hace nueve días, cuyos nombres fueron escritos en los tapetes con figuras religiosas que instalaron en el suelo, rodeados de veladoras.

“El MULT y UBISORT que atacó a nuestros compañeros que fueron heridos… son financiados por el gobierno del estado, quien no ha dado ninguna respuesta a pesar de que saben quiénes son los asesinos de los activistas y hasta ahorita no tenemos a ningún responsable”, denunció Mariana Flores.

Dijo que las autoridades estatales ponen como pretexto que no pueden seguir investigando porque los testigos no acuden a la Procuraduría General de Justicia del Estado a declarar.

“Es otro pretexto del gobierno porque no quiere detener a los asesinos, porque protege a los asesinos”, dijo antes de indicar que en San Juan Copala las balaceras se presentan todos los días y las 50 familias que aún viven ahí no pueden salir.

La situación en la que viven los pobladores de San Juan Copala fue la razón para que una primera caravana intentara ingresar el 27 de abril pasado para llevarles víveres, pero unos cuatro kilómetros antes de llegar fueron atacados y murió Bety Cariño, junto con el activista finlandés.

Posteriormente, el 8 de junio, un grupo de diputados federales encabezó una segunda caravana que tampoco pudo ingresar a San Juan Copala porque integrantes de la UBISORT, principalmente mujeres y niños, bloquearon el acceso a esa comunidad. Las 30 toneladas de alimentos recolectados se quedaron en Huajuapan de León.

El feminismo, alternativa imprescindible, concluye ENF

Por la defensa y el avance de los derechos de las mujeres


Por Yunuhen Rangel Medina

Zacatecas, Zac. 30 ago 10 (CIMAC).- Con la demanda de libertad para las seis mujeres presas por aborto en Guanajuato, y el apoyo absoluto para las mujeres indígenas de la comunidad triqui en San Juan Copala, Oaxaca, concluyó el Encuentro Nacional Feminista (ENF), que reunió aquí a más de dos mil 400 mujeres del país, luego de 18 años de no hacerlo.

Durante tres días, reconocidas feministas, y las jóvenes generaciones confirmaron la agenda política actual, el rumbo y los retos para el movimiento con la certeza de que “el feminismo es una alternativa imprescindible que contribuye a construir el país que queremos”.

Recolectaron firmas de apoyo para demandar la libertad de las mujeres en Guanajuato, un estado de la república que incluye en su Código Penal la criminalización del aborto y el único que no cuenta con una Ley de Acceso de las Mujeres a una vida Libre de Violencia.

Para las mujeres, niñas y niños de San Juan Copala, Oaxaca, las feministas externaron su apoyo absoluto, exigieron el cese a la violencia, y a los ataques cometidos contra esta comunidad que se encuentra en resistencia.

Demandaron a las autoridades una respuesta pronta y positiva para que las mujeres y sus hijas e hijos, que se encuentran en plantón indefinido en el zócalo de Oaxaca, puedan volver a su comunidad en condiciones de seguridad, acceso a la educación y a una vida digna que el Estado esta obligado a garantizar.

Al dar lectura al pronunciamiento base, cuya redacción final está en proceso, subrayaron que la guerra desatada desde el gobierno ha permitido y propiciado la militarización del país.

Dicha situación criminaliza la protesta social e incrementa la persecución de defensoras de los derechos humanos, “justificando la subordinación de todo el sistema de seguridad nacional a los intereses de Estados Unidos”.

Por ello, dijeron, ratifican su repudio a todas las formas de militarización del país y reconocen los aportes de las feministas de Chihuahua para erradicar la violencia estructural contra las mujeres, el feminicidio en primer lugar.

El pronunciamiento feminista también destaca el compromiso para la defensa y el avance de los derechos sexuales y reproductivos, una vida libre de violencia para las mujeres. La no militarización, lucha contra la pobreza y por el derecho a decidir, entre otros.

Consideraron fundamental la rearticulación del movimiento feminista para permitir el avance de las mujeres en el ejercicio pleno de sus derechos humanos.

Sobre la posibilidad de un próximo encuentro, hubo propuestas de las compañeras de Jalisco, Veracruz y Sinaloa para llevar a cabo encuentros previos y/o regionales. No hubo una definición para el próximo encuentro y tomaron como fecha probable el 2012.

Hubo un gran reconocimiento para el comité promotor del encuentro y un agradecimiento para las anfitrionas de Zacatecas, “Vamos caminando por el conocimiento y apropiación de todos los derechos enunciados y por enunciar, en la formación de un mundo diferente”, precisa el pronunciamiento.


El gremio en resistencia continuará negociación con la SG

Podría finalizar hoy relación laboral de SME con LyFC


Por Guadalupe Cruz Jaimes

México, DF. 30 ago 10 (CIMAC).- Independientemente de si la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje (JFCA) emite esta tarde, el laudo que finalizaría la relación laboral de las y los trabajadores de la extinta Luz y Fuerza del Centro, el gremio en resistencia continuará con la mesa de negociación en Gobernación y con las movilizaciones de protesta.

Lo anterior, lo informó a Cimacnoticias Fernando Amezcua, vocero del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME), luego de que ayer la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) señaló en un comunicado de prensa que en las siguientes horas, la JFCA puede dictaminar el término de la relación laboral de más de 16 mil Smeitas, quienes a diez meses de la desaparición de la empresa no se han liquidado.

Amezcua indicó que la directiva del SME participará en la mesa de negociación que se realizará hoy a las 19:00 horas en el Palacio de Cobián con el propósito de discutir la forma en que se reinstalará a quienes no se han liquidado, “esperamos una respuesta por parte de las autoridades respecto a la propuesta que el sindicato entregó a Gobernación”.

Durante el diálogo, las trabajadoras y trabajadores formarán un cordón humano de la Glorieta de Colón, sobre Paseo de la Reforma, a la Secretaría de Gobernación (SG).

En un comunicado, la STPS refirió que el pasado 26 de agosto, la JFCA recibió la notificación de la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que negó el amparo interpuesto por el SME, en contra del decreto presidencial de extinción de LyFC.

Al negarse el amparo, dejó de surtir efecto la suspensión que dicha organización había obtenido y que, hasta hoy, impedía que la JFCA se pronunciara respecto a la aprobación de la terminación de las relaciones de trabajo de los ex trabajadores de LyFC y el SME, así como del Contrato Colectivo de Trabajo que tenía celebrado este último.

Por lo que, es previsible que la JFCA emita el laudo que resuelva la terminación de las relaciones de trabajo, y el bono adicional que se ha ofrecido en la tercera etapa de indemnizaciones voluntarias, dejará de pagarse inmediatamente después de que esa resolución sea notificada a las partes, lo que se estima ocurrirá por la tarde de este lunes.

De acuerdo con el vocero del SME, el anuncio que hizo Javier Lozano, titular de la STPS, rebasó la autonomía de la JFCA, además de que “extralimitó sus funciones, de acuerdo con la Ley Orgánica de la Federación”.

Además, “el secretario del Trabajo muestra una posición negativa ante un problema que no ocasionaron las y los trabajadores de la extinta LyFC”, ya que mientras en Gobernación se busca una salida al conflicto mediante la reinstalación, el funcionario “sale a decir que hoy es el último día para que los electricistas cobren el bono adicional”.

PENDIENTE PAGO PRESTACIONES DEVENGADAS

En la mesa de negociación que se llevará a cabo en unas horas, el SME discutirá el tema del pago de las prestaciones devengadas en 2009, como son una semana de salario, fondo de ahorro y aguinaldo.

Ello, luego de que en asamblea general, el SME decidió rechazar el aparato que se instaló para el pago de dichas prestaciones, debido a “ciertas irregularidades”.

Lo anterior, porque se les quería descontar el Impuesto Sobre la Renta, impuesto que LyFC absorbía y que estaba contemplado en su prepuesto de 2008 a 2009, por lo que las y los trabajadores “no tienen porqué pagarlo”.

También hay imprecisiones respecto a la antigüedad de las y los trabajadores no liquidados, que va desde semanas hasta 2 ó 3 años. Además, faltan al menos 100 trabajadoras y trabajadores a quienes se les debe el pago de dichas prestaciones.


Los asesinatos de Tamaulipas, sólo un ejemplo

Desdén permanente del gobierno Federal hacia las y los migrantes


Por Guadalupe Cruz Jaimes

México, DF 30 ago 10 (CIMAC).- Pese a la solicitud internacional de medidas cautelares y acción urgente de protección para las y los migrantes centroamericanos, en su paso por México hacia Estados Unidos, y para quienes los protegen, el gobierno Federal ha sido omiso.

El asesinato de 14 mujeres y 58 hombres migrantes, recién registrado en Tamaulipas, es sólo uno de los ejemplos de esta falta de acciones efectivas para garantizar la seguridad de estas personas, víctimas de secuestro, extorsión, tortura, esclavitud sexual y laboral.

En marzo pasado, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), solicitó al Estado mexicano medidas cautelares para proteger a las y los migrantes víctimas de secuestro en Saltillo, Coahuila, y a quienes denuncian, documentan y les brindan ayuda humanitaria en La Casa del Migrante de Saltillo.

La semana anterior, Amnistía Internacional (AI) emitió además una acción urgente, por el hostigamiento que sufrieron por segunda ocasión las y los migrantes que habitan en ese albergue, al igual que las personas que ahí laboran.

En octubre de 2009, el personal de La Casa del Migrante de Saltillo, uno de los 30 albergues de este tipo que hay en el país, recibió amenazas de muerte por teléfono. A principios de este mes, fueron intimidados nuevamente.

Sin embargo, las medidas de protección no han sido efectivas, muestra de ello, es la vulnerabilidad de este sitio creado para proteger a las y los migrantes, quienes siguen siendo presa del crimen organizado, aseguró Sandra Alviquer, coordinadora del Área de Derechos Humanos de la Casa del Migrante de Saltillo.

La múltiple violación de derechos humanos de miles de mujeres y hombres originarios de Honduras, El Salvador y Guatemala en México, es el resultado de una política migratoria que los criminaliza y que permite la colusión de la delincuencia y las autoridades, hecho denunciado y documentado por el personal del albergue durante los últimos dos años y medio.

La masacre de 72 migrantes, es “prueba irrefutable” de que no sólo les roban; los están matando, torturando”, alertó la coordinadora del albergue, quien añadió que las agresiones en contra de las mujeres centroamericanas, se caracterizan por la violencia sexual.

En su camino por México 6 de cada 10 migrantes son violadas, para las centroamericanas viajar acompañadas puede salvarlas de que otros migrantes las agredan, pero no las libra del abuso de las policías, autoridades migratorias y “mucho menos de un secuestro”.

Según la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), de septiembre de 2009 a febrero de 2010, se registraron más de 10 mil secuestros de migrantes en el país, esta cifra rebasó los 9 mil 780 registrados en el mismo semestre de 2008 a 2009.

La CNDH advierte que mil 600 migrantes son víctimas de secuestro cada mes. No obstante, el gobierno federal puso en duda esta estadística y señaló, a principios de este año, ante la CIDH, que en 2009 sólo recibió 15 denuncias de secuestro de migrantes.

Cuando las migrantes son secuestradas, sufren agresiones sexuales como parte de la tortura a la que son sometidas para que proporcionen a los plagiarios, los datos de sus familiares en Estados Unidos.

El costo del rescate es en promedio de 3 mil dólares, si las familias acceden, los secuestradores les piden hasta dos veces más la misma suma. Si no tienen familia en ese país, llaman a sus parientes en sus lugares de origen, mencionó.

Sin rescate, el destino de las y los centroamericanos es todavía más incierto, los hombres son obligados a delinquir, mientras que a las migrantes las convierten en esclavas sexuales y laborales.

Migrantes sobrevivientes, indican que ellas son agredidas sexualmente y obligadas a trabajar en las casas de seguridad, donde hay en promedio 300 secuestradas, algunas ubicadas en Veracruz, Tabasco, Estado de México, Distrito Federal, San Luis Potosí, Coahuila y Tamaulipas.

Por cada 100 centroamericanos que ingresan al país, entran 30 mujeres, de ellas, sólo 5 logran atravesar el territorio mexicano e intenta cruzar la frontera norte pero debido a los secuestros y explotación laboral y sexual, “la mayoría de las que escapan, vuelven a sus lugares de origen”, refirió Alviquer.

La cifra en México de indocumentados se desconoce, sin embargo, el número de deportaciones “da una idea de la magnitud del flujo”, según el Instituto Nacional de Migración (INM), de enero a julio de 2010, 43 mil 748 personas fueron deportadas a sus países, de ellas, 93 por ciento son centroamericanas.

“Algunos migrantes son secuestrados en el sur y recluidos en casas de seguridad del norte, para llegar tienen que pasar retenes militares y de la policía federal. Las autoridades se dan cuenta de que estas personas son migrantes secuestradas, pero no hacen nada, sólo reciben dinero y los dejan pasar”.

“La corrupción ya cayó en el cinismo”, concluyó, pues hace tres meses, agentes del INM “intercambiaron” a las y los centroamericanos que tenían familia en Estados Unidos con integrantes de la delincuencia organizada, por otro grupo de migrantes sin familia en ese país, que pudiera ser extorsionada.


Contra el silenciamiento

Alberto Aziz Nassif

Los postulados y conclusiones sobre el estado que guardan en México la libertad de expresión, las muertes y amenazas a periodistas, las instituciones que regulan a los medios y el acceso a la información, ya son conocidos, pero cuando se sintetiza en un documento completo se obtiene un resultado muy preocupante. Eso es lo que hicieron Catalina Botero, relatora especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y Frank La Rue, relator especial de la ONU para la Libertad de Opinión y Expresión, en una visita reciente de 16 días a nuestro país.

Frecuentemente se escuchan expresiones que señalan a México como una democracia vulnerada o un Estado fallido, y después de ver el trabajo de estos dos relatores podemos agregar que esas tesis tienen sustento porque nuestras libertades están amenazadas. El balance nos muestra que, a pesar de las reglas constitucionales, los avances en leyes sobre la transparencia y la creación institucional, los resultados son precarios y las amenazas crecientes. El informe de los relatores presenta esa cara de la violencia que asesina a periodistas, intimida, sanciona la libertad de expresión. A esta situación grave se añade el carácter monopólico de los medios, las debilidades de la regulación pública, tanto en la letra como en la práctica; la imposibilidad de tener medios alternativos, los excesos de la publicidad política y gubernamental, y las restricciones en el acceso a la información pública.

La tesis de que una democracia necesita de un Estado que sea el garante de los derechos ciudadanos y de las libertades, resulta violentada de forma brutal en México, como lo señalan los relatores de Naciones Unidas. La violencia insoportable que nos amenaza todos los días y debilita nuestra condición ciudadana, tiene consecuencias: hoy ejercer el periodismo puede llevar a perder la vida. Así, mientras el país rueda cuesta abajo, la clase política se descalifica, los priístas le dicen “inepto” al Presidente y a su gobierno, y los panistas califican a sus opositores del tricolor de “oposición retrógrada”.

Cada diagnóstico que se hace, muestra con claridad los problemas, pero también las propuestas de salida y las recomendaciones, como en este caso. Al mismo tiempo, de forma sistemática se ve la ineptitud de los políticos, tanto los que están en el gobierno como los que son oposición, una distinción que ya resulta un poco artificial porque en los tres grandes partidos se ejerce el gobierno. Los problemas apuntan en la misma dirección: corrupción, delincuencia organizada, impunidad, ineficiencia en los instrumentos y debilidad en las estrategias para enfrentar en serio estas amenazas. Poco a poco el crimen organizado gana batallas, asesina y silencia periodistas, amenaza medios locales y nacionales y con ello impone un clima de autocensura. Mientras tanto, crece la lista de periodistas asesinados y desaparecidos, a tal grado, que los relatores calificaron a México como “el país más peligroso para ejercer el periodismo en las Américas”. Y seguramente será también el más peligroso para los migrantes centroamericanos.

Existe una fiscalía especial para atender los delitos contra periodistas, pero, como dice el dicho, si quieres que algo no se solucione en el país, crea una fiscalía especial. Se fabrican espacios institucionales donde no hay voluntad política, ni autonomía, ni recursos y menos competencias adecuadas, como sucede con esta fiscalía.

De las múltiples recomendaciones que hacen Botero y La Rue, se desprende una agenda de pendientes, que no es nueva, pero que cada vez se vuelve más urgente de atender: desde detener la violencia que ya produjo, en los últimos 10 años, el asesinato de 64 periodistas y la desaparición de otros 11, combatir la enorme impunidad que rodea a estos crímenes, pasando por una reforma que regule el espectro radioeléctrico y cumpla con la sentencia de la SCJN de junio del 2007; romper con el carácter monopólico de los medios y darle autonomía al órgano regulador, que cada vez está más controlado por el gobierno, hasta construir alternativas para la defensa y protección de la libertad de expresión, la federalización de los delitos contra la libertad de expresión y la autonomía de la Fiscalía Especial.

Las miradas externas y las visiones internacionales de cómo está la libertad de expresión son muy útiles. Pero seguir apelando a la clase política es inútil, por eso las iniciativas necesitan salir de la misma sociedad y de los medios, porque los políticos sólo piensan en ganar el 2012 para seguir con más de lo mismo.
Investigador del CIESAS

Alejandro Encinas Rodríguez
La decena trágica

La derrota del PRI en el 2000 creó las condiciones y levantó una gran expectativa para lograr una transformación democrática en el país. Quedaban atrás siete décadas de un régimen autoritario que, si bien instauró al Estado del siglo XX y las instituciones que resultaron de la Revolución, devino en un sistema político marcado por prácticas corporativas, corrupción y freno —cuando no la represión— a toda disidencia política o social.

Diez años han transcurrido y las expectativas se difuminaron entre las pesquisas de los headhunters, la suma del voto útil al foxismo que incluyó a militantes de la izquierda, la continuidad del pasado priísta, la frivolidad, el tráfico de influencias y los negocios al amparo del poder público.

No hubo recato alguno. Desde las esferas del poder, lo mismo se entregaron los tiempos del Estado a los medios de comunicación y todo tipo de concesiones a los poderes fácticos, que se socavaron las empresas públicas para justificar su privatización, usando incluso de forma facciosa los poderes del Estado para eliminar al adversario político.

Una década después, México no sólo no transitó hacia la democracia, sino, por el contrario, registró una regresión en todos los órdenes.

La economía se estancó, al mantener una tasa promedio de crecimiento real de 2.5% a lo largo de la última década, mientras que la población creció en 10.8%, lo que impactó en el incremento de la tasa de ocupación parcial, y desocupación hasta 11.5%, lo que representa que más de cinco millones de mexicanos no tienen trabajo o trabajan menos de 15 horas a la semana, mientras que 12.6 millones de personas se desempeñan en la economía informal.

Menos de la mitad de los mexicanos en edad de trabajar tiene un empleo formal y han enfrentado una caída en sus salarios. El salario se paga por debajo del valor del trabajo. En diez años, el salario mínimo pasó de 40.35 pesos diarios a 57.47 pesos, apenas 17.11 pesos más. Su deterioro frente a los precios suma, desde 1982, una caída en el poder adquisitivo de 82%. En 1982 se requerían 5.1 horas de trabajo para adquirir una canasta básica adecuada para una familia de cinco miembros, mientras que en 2008 se ocupaban 14.5 horas, es decir, casi tres veces más. Aunque las autoridades se niegan a reconocerlo, nueve millones de mexicanos viven con salario mínimo o menos.

Ello significó la expulsión de mexicanos al extranjero y el crecimiento de la pobreza. Si bien la migración se mantuvo en sus niveles históricos, la deportación de inmigrantes mexicanos alcanzó, según el INM, la cifra de más de 535 mil paisanos. De acuerdo con el Banco Mundial, en América Latina se produjeron 8.3 millones de nuevos pobres tras la crisis del 2009; de éstos, la mitad corresponde a México. El número de mexicanos en condición de pobreza alimentaria es 22.3 millones.

La violencia alcanza niveles inimaginables. Durante la actual administración se han registrado a la fecha 28 mil 500 ejecuciones. Se aduce que la violencia obedece al ajuste de cuentas entre las bandas del crimen organizado. Pero el grueso de los delitos va en aumento: el secuestro se incrementó entre 2000 y 2010 en 129% y la extorsión en 419%. Los 72 cobardes asesinatos de inmigrantes latinoamericanos en Tamaulipas tiran por la borda esa tesis y evidencian el clima de barbarie contra grupos vulnerables (indocumentados, pobres, indígenas) y la incompetencia de la autoridad se resume en su incapacidad en declaraciones que ofenden la inteligencia.

La exclusión social afecta a varias generaciones de jóvenes: 7.5 millones de jóvenes no estudian ni trabajan. Se trata de jóvenes que por su condición económica han sido marginados del sistema educativo y del mercado laboral, y que no encuentran en la migración ni en la economía informal las válvulas de escape de antaño y se refugian en el hogar, el ocio, las adicciones y la delincuencia. El Instituto de la Juventud encontró en 2008 que 350 mil jóvenes entre 12 y 29 años intentaron suicidarse. De éstos, siete de cada 10 no tenían trabajo.

En este año de conmemoración patria, México cierra una década trágica. Una nueva temporada de zopilotes, en la que, pese a sus resultados, se insiste en la política económica impuesta desde los años del priísmo que empobrece a los mexicanos y en una estrategia contra el crimen cimentada en el principio de autoridad y no en la seguridad y bienestar de los ciudadanos.
Coordinador de los diputados federales del PRD
alejandro.encinas@congreso.gob.mx