1/17/2026

Mujeres acceden al 64% de los derechos jurídicos que gozan hombres: ONU Mujeres

 

De cara al Día Internacional de la Mujer 2026, conmemorado cada 8 de marzo, el desmantelamiento de barreras que impiden la igualdad de justicia será el tema de este año bajo el lema «Derechos. Justicia. Acción. Para todas las mujeres y niñas”. Actualmente persisten leyes discriminatorias, protecciones jurídicas deficientes y prácticas y normas sociales nocivas que afectan los derechos de las mujeres.

La organización denunció que, la ley desfavorece a las mujeres en derechos como el trabajo, el dinero, la seguridad, la familia, la propiedad, la movilidad, el comercio y la jubilación a través de normas sociales y leyes discriminatorias. En consecuencia, se crean obstáculos y retrocesos para que ellas alcancen la igualdad en la justicia, pese a que el articulo 7° de la Declaración Universal de los Derechos Humanos reconozca a mujeres y hombres iguales ante la ley.

De acuerdo con el artículo 1° de la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer (CEDAW por sus siglas en inglés) la discriminación contra la mujer denota la exclusión basada en el sexo que, como resultado, provoca anular el reconocimiento, goce o ejercicio de las mujeres sobre la igualdad de ambos sexos, los derechos humanos y las libertades fundamentales en la esfera política, económica, social, cultural o civil.

UN Women/Magfuzur Rahman Shana

Gracias a la Declaración y Plataforma de Acción de Beijing, creada en 1995, hoy contamos con una hoja de ruta y el mayor plan visionario para promover los derechos de las mujeres y alcanzar la igualdad de género a escala global. Gracias ella, se fortaleció la protección jurídica para defender sus derechos y desde entonces se promulgaron mil 583 leyes en 193 países con el objetivo de abordar diversas formas de violencia basada en el género.

Cuando la justicia se imparte en condiciones de igualdad, la organización señaló que las leyes se cumplen para que todas las personas disfruten de igualdad de derechos y justicia, según establece ONU Mujeres. Por ejemplo, gracias a que el derecho de las niñas a la educación está protegido jurídicamente, es posible contrarrestar los matrimonios infantiles. Lo mismo ocurre con otros derechos como que puedan trabajar, ser líderes, participar en la política y más.

«Sin sistemas de justicia que funcionen para las mujeres, los derechos se convierten en una promesa que nunca llega.» -ONU Mujeres.

Retos pendientes sobre los derechos de las mujeres en datos

De acuerdo con el informe «Los derechos de las mujeres 30 años después de Beijing» de la ONU Mujeres, la discriminación de género continúa arraigada a las estructuras de las economías y sociedades. En ella se encuentran brechas amplias sobre el acceso a recursos para el progreso en los derechos de las mujeres. Una cuarta parte de los países señalaron que las reacciones contra la igualdad de género obstaculizan la aplicación de la Plataforma de Acción Beijing.

En el diagnóstico de la organización se encontró que, alrededor de 736 millones de mujeres sufrieron violencia física o sexual a manos de su pareja, es decir 1 de cada 3 mujeres en el mundo. Desde 2019, el 90% de los Estados aprobaron o reforzaron leyes sobre este rubro, así como su aplicación y cumplimiento. De estos, el 79% elaboró, actualizó o amplió sus planes de acción a nivel nacional.

La esfera digital se constituye como otra forma de violencia de género donde la proporción de mujeres que utilizó internet aumentó del 50% al 65% entre 2019 y 2024, pero fueron 277 millones más de hombres que mujeres quienes usaron internet en el último año. Además, en 12 países de Europa y Asía, el 53% de las mujeres adultas que accedieron a internet, sufrieron alguna forma de violencia de género facilitada por la tecnología.

Por otro lado, las crisis recientes han frenado los avances en la erradicación de la pobreza. Al ritmo actual, faltarían 137 años para terminar con la pobreza extrema en mujeres y niñas, siendo que ellas son 7.7 veces más probabilidades de vivir en hogares pobres. En 2024, 393 millones de mujeres y niñas vivía en pobreza extrema Y 2 mil millones no tenían derecho a la protección social en 2023.

UN Women/Daniel Donald

En el mundo, 772 millones de mujeres trabajan en la economía informal con empleos que no cuentan con protección social. Desde 1995, ya suman 162 países que implementaron leyes para prohibir la discriminación por razón de género en el empleo. Las brechas de género en el empleo llevan décadas estancadas, ya que solo el 63% de las mujeres entre 25 a 54 años forman parte de la fuerza laboral en comparación con el 92% de los hombres. Esto significa que ellas siguen desempeñando 2.5 veces más el trabajo de cuidado no remunerado que sus compañeros.

Si bien más de la mitad de los países han adoptado cuotas y muchos han incorporado la perspectiva de género en sus planes nacionales, la falta de cumplimiento, financiamiento y rendición de cuentas limita su efectividad. Actualmente solo 87 países están dirigidos por una mujer, asimismo, ellas ocupan el 23% de las carteras ministeriales, el 27% de los escaños parlamentarios y el 37% de los puestos en los cuerpos legislativos locales.

Entre 1995 y 2024, se impulsaron mil 531 reformas legislativas en relación con la igualdad de género en el mundo. En 2024, el 38% de los Estados informó medidas para combatir la violencia contra las mujeres. El 54% de los Estados hace un seguimiento del presupuesto nacional que se invierte en igualdad de género.

Aunque 112 países han adoptado planes de acción para frenar la militarización, la falta de financiamiento y el gasto militar desproporcionado evidencian el incumplimiento de los compromisos. Existen señales positivas, como la atención internacional al vínculo entre conflictos y derechos de las mujeres y los avances para reconocer el apartheid de género como crimen internacional, pero alcanzar sociedades pacíficas e inclusivas exige corregir las raíces estructurales de la desigualdad, la discriminación y el militarismo.

UN Photo/Hana Haza’a

En 2023, el gasto militar mundial alcanzó un máximo histórico de 2.44 billones de dólares anuales, el doble que en 1995. En ese mismo año, alrededor de 616 millones de mujeres y niñas vivían a menos de 50 kilómetros de al menos 1 de los 170 conflictos armados. Pese a que, la participación de las mujeres refuerza los acuerdos de paz, en ese tiempo apenas el 10% fungió como negociadoras, 14% mediadoras y 27% designatarias.

En el peor de los escenarios climáticos, 236 millones de mujeres y niñas podrían verse abocadas a la inseguridad alimentaria en 2050. En suma, el 53% de los Estados aprobaron o reforzaron leyes y políticas con perspectiva de género sobre la reducción del riego de desastres y la resiliencia climática y ambiental. La representación política de las mujeres se asocia con políticas más firmes contra el cambio climático, pero solo el 28% de las carteras ministeriales de medio ambiente son ocupadas por mujeres.

Claudette Colvin, pionera en la lucha contra la segregación racial en Estados Unidos

 

.- Ciudad de México.– El pasado 13 de enero, murió a los 86 años, activista y pionera del movimiento contra la segregación racial en Estados Unidos, tras desafiar en 1955 las leyes racistas al negarse a ceder su asiento a una persona blanca en un autobús, un acto que marcó un antecedente clave en la lucha por los derechos civiles.

El activismo de Colvin inició el 2 de marzo de 1955 en Montgomery, Alabama. Tenía quince años cuando, tras subir a un autobús de regreso a casa desde su escuela y ocupar un asiento, el chofer le ordenó que se levantara para cederle su lugar a una mujer blanca. Sin embargo, se negó, por lo que fue puesta bajo la tutela del Estado y se le impuso libertad condicional indefinida.

Cabe señalar que en esa época imperaba una ley segregacionista que establecía que cada autobús debía contar con una sección destinada a personas afroamericanas. Esta sección no tenía un tamaño fijo, sino que variaba según la colocación de un cartel. Las cuatro primeras filas estaban reservadas exclusivamente para personas blancas, mientras que los asientos traseros eran asignados al resto de la población, que representaba más del 75 % de las y los usuarios.

Las personas que no eran blancas solo podían sentarse en las filas intermedias si no había personas blancas de pie. En caso de que subiera una persona blanca, debían desplazarse hacia la parte trasera, permanecer de pie o incluso bajar del autobús. El conductor tenía la facultad de reducir el espacio permitido o retirar por completo el cartel de delimitación.

De acuerdo con la organización Claudette Colvin, la negativa de la activista a ceder su asiento fue uno de los mayores triunfos de su vida, ya que desembocó en que, junto con otras tres mujeres ; Aurelia Browder, Susie McDonald y Mary Louise Smith, presentaran una demanda contra la segregación de asientos en los autobuses de Montgomery, el 1 de febrero de 1956.

El caso prosperó y marcó un precedente histórico en Montgomery, ya que las leyes estatales y locales que exigían la segregación en los autobuses de Alabama fueron declaradas inconstitucionales. Si bien este fallo representó un triunfo tanto para la comunidad afroamericana como para su activismo, el registro de su arresto y la sentencia de delincuencia no fueron eliminados por el tribunal de distrito sino hasta diciembre de 2021.

Cabe señalar que, de manera paralela a este suceso, también hubo otra mujer que contribuyó a este cambio trascendental en la historia de Alabama y dio continuidad al legado de Claudette. Rosa Parks, el 1 de diciembre de 1955, también se negó a ceder su asiento a un hombre blanco. Este hecho detonó un boicot impulsado por dirigentes afroamericanos para dejar de utilizar el transporte público y, posteriormente, se dio la creación de la Asociación para la Mejora de Montgomery (MIA, por sus siglas en inglés), con el objetivo de defender los derechos civiles de la comunidad afroamericana.

Resiliencia ante el racismo sistémico

El racismo ha excluido históricamente a las mujeres afrodescendientes, negándoles sus derechos a través de la segregación y la criminalización. Según el Diagnóstico de la Agenda de las Mujeres Afrodescendientes, esta ideología, arraigada en la estructura económica, ha construido justificaciones culturales y sociales que posicionan a otras etnias con mayores privilegios, como el supremacismo blanco.

Como resultado, los países de la región han perpetuado un modelo racista que mantiene a más de 200 millones de personas afrodescendientes en condiciones de exclusión económica.

De acuerdo con el informe, las mujeres afrodescendientes enfrentan una doble discriminación: por su género y por el color de su piel. Desde un enfoque interseccional, se observa cómo la interacción entre género, raza o etnia y clase social configura sistemas combinados de opresión que influyen en su posición socioeconómica. Esto se traduce en una discriminación estructural que limita sus oportunidades y refuerza las desigualdades étnico-raciales y de género.

Las mujeres afrodescendientes también enfrentan mayores dificultades para acceder a servicios de salud reproductiva y a información confiable sobre anticoncepción, lo que se refleja en una mayor incidencia de maternidad adolescente, especialmente entre quienes viven en condiciones de pobreza. Como consecuencia, se profundiza la exclusión educativa que ya afecta a las adolescentes en situación de vulnerabilidad, amplificando la transmisión intergeneracional de la desigualdad.

En materia educativa, el informe señala obstáculos en el acceso y la permanencia de la población afrodescendiente en sistemas de educación de calidad, derivados de la escasez de políticas educativas culturalmente pertinentes que valoren las identidades y culturas afrodescendientes desde su especificidad.

Por otra parte, se reconoce que, aunque en la última década ha aumentado la presencia de mujeres afrodescendientes en los niveles educativos más altos, sus logros académicos no han sido recompensados de manera equitativa en el mercado laboral.

El racismo ha perdurado durante siglos, casos como el de Claudette Colvin evidencian la opresión sistémica que miles de mujeres afrodescendientes enfrentan, quienes luchan por conquistar espacios que históricamente les fueron negados. Sin embargo, esta problemática continúa vigente, sostenida por sistemas y naciones que siguen vulnerando la dignidad humana.

Un legado imborrable

Claudette Colvin nació el 5 de septiembre de 1939 en Birmingham, Alabama. Sus padres biológicos fueron C. P. Austin y Mary Jane Austin (Gadson) y era la mayor de ocho hermanas.

Durante su infancia, vivió con sus padres adoptivos y sus tíos abuelos biológicos, Q. P. y Mary Ann Colvin, en la comunidad rural de Pine Level, Alabama, el mismo pueblo donde creció Rosa Parks. Claudette asistió a la Escuela Primaria Bautista Springhill, ubicada entonces en la Ruta 1 de Ramer.

Posteriormente se mudó a Montgomery donde residió en una zona conocida como King Hill. Asistió a la Escuela Booker T. Washington de 1949 a 1956. No concluyó el último año de secundaria, aunque posteriormente obtuvo su certificado GED. Más tarde cursó un año en la Escuela Normal Estatal de Alabama, en Montgomery.

Claudette trabajó durante 30 años en un asilo católico de ancianos como auxiliar de enfermería. Fue madre de dos hijos; el mayor falleció en su casa en 1993. El menor obtuvo un doctorado en Administración de Empresas por la Universidad Estatal de Georgia y actualmente es profesor adjunto en la Universidad Texas A&M–Kingsville.

Los cambios trascendentales impulsados por Claudette no fueron reconocidos sino hasta dos décadas después, cuando comenzó a ser mencionada en 1979 durante el Mes de la Historia Negra. En 1990, el gobernador de Nueva York le otorgó la Medalla de la Libertad Martin Luther King Jr., el máximo reconocimiento del estado para personas con logros sobresalientes en el ámbito de los derechos civiles y humanos.

Asimismo, el Museo e Instituto Nacional del Derecho al Voto incorporó una exhibición fotográfica sobre Claudette en 1994. Además, su historia ha sido recogida en diversos libros, como Freedom’s Children de Ellen Levine, Parting the Waters de Taylor Branch, Bus Ride to Justice del abogado Fred D. Gray y El boicot de autobuses de Montgomery y las mujeres que lo iniciaron: memorias de Jo Ann Gibson Robinson.

“El legado de Claudette perdura en el tiempo y sus acciones intrépidas siguen siendo cruciales hoy. Como ella misma afirmó con firmeza: ‘Cuando se trata de justicia, no hay una manera fácil de conseguirla. No se puede edulcorar. Hay que tomar posición y decir: esto no está bien’”, rememoró la organización Claudette Colvin.

Ponte Your Moños: mujeres que reivindican la identidad latina ante discriminación migratoria

 

En septiembre de 2025, la Corte Suprema de los Estados Unidos accedió a que los agentes de inmigración consideraran la raza, etnia e idioma como factores de sospecha sobre la situación migratoria de una persona. Con ese permiso, no solo llevaron a cabo las detenciones sino una serie de violaciones a derechos humanos que implicó casos extremos de violencia física.

Ante este panorama, donde el color de la piel, el tipo de cabello, rasgos físicos particulares y el idioma se convirtieron en criterios de sospecha, miles de mujeres fueron expuestas a una forma de vigilancia basada en estereotipos raciales y de género. Fueron criminalizadas por mostrar su identidad a través de la moda por autoridades migratorias para determinar quién debe irse del país. Esto fue lo que motivó a Dulce Flores y Angie Portillo a crear el movimiento Ponte Your Moños.

De acuerdo con su sitio web, el movimiento es una iniciativa comunitaria y de activismo cultural en California, Los Ángeles como una respuesta pacífica a las redadas migratorias de ICE en 2025. Su nombre es un juego de palabras que al español se traduce «ponte tus moños», coloquialmente en México se usa para referirse a alguien que se pone exigente o quisquilloso; sin embargo, para el movimiento representa literalmente colocarse moños tradicionales para mostrar con orgullo la identidad latina.

Crédito: Fotografía retomada de Ponte Your Moños en su sitio web

La dinámica de Ponte Your Moños consiste en tejer tranzas tradicionales con listones y moños coloridos, incluso algunos peinados la combinación de colores hace alusión a la bandera mexicana. Muchos tipos de trenzados hacen referencia a las comunidades indígenas mexicanas y en peinados festivos con cintas como los que se realizan en celebraciones familiares. Más allá de un peinado, para el movimiento las trenzas se han convertido en un símbolo de orgullo cultural y presencia comunitaria.

Para Ponte Your Moños, la moda no es un adorno, sino un territorio de disputa política. Parte de la premisa de que, para mujeres latinas, migrantes e indocumentadas, el cuerpo, el cabello y la vestimenta fueron históricamente vigilados, racializados y usados como marcadores de pertenecía o exclusión. En este contexto, las trenzas y los moños no son accesorios, sino que están cargados de memoria, identidad y resistencia.

«Trenzar es resistir. Es entrelazar nostalgia, memoria y amor en cada hebra. Porque antes de ser estilo, las trenzas fueron escudo. Trenzarse a una misma, o a otra, es un acto de amor que te devuelve a ti. A lo que eres. A lo que fuiste. A lo que ninguna moda podrá quitarte» señalan Ponte Your Moños en una publicación de su cuenta de Instagram.

Ponte Your Moños también ha organizado eventos comunitarios y campañas en redes sociales para compartir los peinados a través de redes sociales. Además de su dimensión simbólica, el movimiento tiene un propósito: recaudar recursos para apoyar a las familias afectadas por redadas, detenciones y procesos de deportación. Las integrantes organizan encuentros públicos, eventos comunitarios y jornadas de trenzado donde reciben donaciones voluntarias. Estos fondos se destinan a cubrir necesidades básicas de personas que, debido al miedo de ser detenidas, han visto limitadas sus posibilidades de trabajar.

Crédito: Fotografía retomada de Ponte Your Moños en su sitio web

Las deportaciones masivas en Estados Unidos se consolidaron como uno de los ejes centrales de la política migratoria de Donald Trump desde el inicio de su segundo mandato en enero de 2025. A través de una serie de órdenes ejecutivas, su administración impulsó la suspensión de programas e implementación de medidas para frenar el paso migratorio y expulsar a la comunidad de inmigrantes que ya habitaba el país, incluso contando con permisos legales.

En junio de 2025, comenzaron las redadas en la ciudad de Los Ángeles junto con el despliegue de 6 mil elementos de la Guardia Nacional y 700 Marinos en las calles ante las protestas masivas. Pronto, personas y familias completas fueron deportadas mientras realizaban cualquier actividad en el espacio público y privado como hacer las compras, ir al trabajo, viajar en el auto o permanecer en sus hogares.

Ante la ausencia de datos y registros por parte del gobierno estadounidense, el medio independiente ProPublica documentó al menos 170 detenciones durante redadas o protestas ocurrida durante los primeros nueve meses de la segunda gestión de Trump. De estos, al menos 20 personas permanecieron más de un día sin poder llamar a sus familiares o pedir defensa legal y 130 se dirigieron contra personas funcionarias y aquellas acusadas de obstaculizar a las autoridades migratorias.

En este mes, la ciudadana Renee Nicole Good fue asesinada en Mineápolis, Estados Unidos, por un agente del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) luego de una redada migratoria. Aunque, por lo general, cuando se trata de personas ciudadanas estadounidenses, son liberarados después del arresto, la violencia ejercida contra la comunidad migrante, especialmente mujeres, se profundiza por su condición de migrantes y género.

Históricamente, el sistema patriarcal ha provocado que las mujeres sufran violencia de matera diferenciara debido al factor de género. A esto se suma que, por su situación de movilidad, en búsqueda de mejores oportunidades, sea otro elemento determinante para que sufra dicha violencia durante su trayecto. La violencia proviene de agentes criminales y de las propias autoridades encargados de su protección, siendo que enfrentan distintos tipos de violencia.

Lorena Cano, coordinadora de la clínica Jurídica, Instituto para las Mujeres en la Migración, AC (IMUMI), documentó que entre 2021 y 2022 se contabilizaron 5 mil 382 delitos cometidos contra personas migrantes en Estados Unidos, y el 20 por ciento fueron contra mujeres. Los delitos más frecuentes fueron el abuso sexual, la violencia familiar, el secuestro y el feminicidio.

Del total de delitos, solo 116 resultaron con una sentencia definitiva, aunque no necesariamente condenatoria, es decir, el acceso a la justicia apenas tuvo una efectividad del 2 por ciento. Algunos delitos son cometidos por las propias autoridades, tanto federales como estatales. Por lo que, en casi ningún escenario, la justicia y la reparación del daño se ha hecho efectiva para las migrantes.

El costo de los sueños

 

El fútbol es, ante todo, un deporte de afición. Se vive mejor en la tribuna, rodeada de gente, entre gritos, nervios y abrazos con desconocidos. No nació para los palcos ni para quienes pueden pagar cualquier precio sin pensarlo dos veces. Nació para unir, para emocionar y para hacer comunidad. Por eso, para muchas personas, ir a un Mundial al menos una vez en la vida no es un lujo, es una ilusión compartida.

A mí, como mexicana, me emociona mucho la idea de vivir un Mundial en mi país. Nací en el 2000, así que no me tocó ninguno de los dos que se jugaron aquí antes. Solo conozco esa experiencia por lo que cuentan otras personas: las calles llenas, el ambiente, la emoción colectiva. Saber que en unos meses México, junto con Canadá y Estados Unidos, se va a convertir en una fiesta de fútbol suena a una aventura imperdible. Pero, al mismo tiempo, no dejo de preguntarme cuánto costará realmente vivir ese sueño.

Porque seamos honestas: ir a un Mundial no es barato, y todo indica que este será el más caro de la historia para la afición. Los precios de los boletos han subido de forma brutal. De acuerdo con reportes de BBC Mundo y El País, algunas entradas han aumentado entre un 100% y un 800 %, dependiendo del partido y la fase del torneo. Hoy, los boletos más baratos para la fase de grupos rondan los 110 dólares, mientras que el partido inaugural entre México y Sudáfrica alcanza cerca de mil dólares en su opción más económica. A esto se suman los sorteos en las primeras etapas de venta y los llamados precios dinámicos: más demanda, precios más altos. Con ese panorama, asistir siquiera a un solo partido del Mundial empieza a sentirse, para muchas personas, como algo casi imposible.

Ahora, pongamos esos precios en contexto. En México, el salario mínimo mensual es de $9,582.47 pesos. Y aunque el salario promedio de las mujeres ronda los $18,500 pesos al mes, la realidad es que seguimos ganando menos que los hombres. De acuerdo con la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares (ENIGH) 2024, las mujeres ganamos en promedio un 34.2 % menos que los hombres, incluso cuando tenemos el mismo nivel de estudios. Ahí es donde el sueño empieza a romperse. ¿Cómo pagar un boleto que puede costar lo mismo —o más— que todo lo que ganas en un mes?

Y el dinero no es lo único que pesa. Para muchas mujeres, disfrutar del fútbol no ha sido tan sencillo como para los hombres. Entre el trabajo, las tareas del hogar, el cuidado de hijas, hijos o familiares, el tiempo para el ocio suele ser lo primero que se sacrifica. No es casualidad que sigamos siendo menos en las gradas. En el Mundial de Catar 2022, solo el 42% de las personas asistentes fueron mujeres. Nos gusta el fútbol, pero no siempre tenemos las mismas condiciones para vivirlo.

En México, además, hay otra realidad que no se puede ignorar: la violencia de género. Muchas aficionadas no nos sentimos del todo cómodas yendo a los estadios. El acoso, los comentarios y las actitudes machistas siguen siendo parte del ambiente para muchas de nosotras. Y eso también tiene un costo, aunque no aparezca en el precio del boleto.

Con todo esto no quiero decir que para los hombres sea fácil ir al Mundial. No lo es. Pero sí creo que para las mujeres hay más cosas que pensar, más obstáculos que sortear. A eso me refiero cuando hablo del costo de los sueños. A mí me ilusiona muchísimo imaginar un Mundial en mi país; pensarlo me pone la piel de gallina. Pero cuando empiezo a hacer cuentas, a pensar en el dinero, el tiempo, las responsabilidades y el miedo, esa ilusión se siente más lejana.

Aun así, no pienso quedarme fuera. Y sé que muchas aficionadas piensan lo mismo. Este Mundial también puede ser una oportunidad para cambiar las cosas, para apropiarnos de espacios que también son nuestros. Tal vez no siempre dentro del estadio, pero sí en grupos de aficionadas, en espacios seguros, en los fan fest, en reuniones para ver los partidos juntas, incluso llevando a nuestras hijas e hijos. Estar ahí, de la forma que sea, también suma.

Si el Mundial de 2026 va a ser una fiesta, vale la pena preguntarnos quiénes están realmente invitadas. Porque cuando un boleto cuesta lo mismo que un mes de salario y el estadio sigue siendo un espacio hostil para muchas mujeres, el problema no es la pasión, es el sistema. El fútbol no necesita menos afición, necesita menos barreras. Y este Mundial puede ser el momento para empezar a derribarlas. Porque el fútbol no debería ser un lujo ni un espacio al que tengamos que entrar pidiendo permiso. También es nuestro: de las mujeres que cuidan, que trabajan, que llegan cansadas, pero igual se emocionan con un gol. De las que enseñan a sus hijas e hijos a amar estos colores. De las que, con miedo o sin él, siguen ocupando espacios que siempre les dijeron que no eran suyos. Tal vez el sueño sea caro, pero renunciar a él sería todavía más costoso.

Cambiar de género para evadir pensión alimenticia confunde a impartidores de justicia: Diana Luz Vázquez

 

«Nacen hombres, tienen privilegios por el solo hecho de ser hombres y casualmente o irónicamente y mañosamente solo utilizan esta identidad de género en el proceso jurídico», declaró la activista en entrevista para Cimacnoticias. Desde lo que ha observado, el punto de realizar este trámite es convertir los procesos jurídicos a su favor. Una vez que legalmente transitan a ser mujeres, solicitan a las personas juzgadoras aplicar perspectiva de género en los casos y pedir la guardia y custodia de las infancias.

También describió cómo esta estrategia se utiliza para vengarse de las madres siendo parte de la violencia vicaria, que de acuerdo con la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia es aquella que se ejerce contra la mujer utilizando como medio a las hijas e hijos que pueden o no ser producto de la relación entre ambos para herir, violentar y controlar a la madre generando un daño psicoemocional en ella y en las infancias.

Entre las diversas conductas que constituyen la violencia vicaria se encuentran: amenazar con causar daño a las hijas e hijos; amenazar sustraerlos de su domicilio; utilizar a las infancias para obtener información respecto de la madre; promover actos de violencia física o psicológica de las infancias en contra de la madre; interponer acciones legales falsos en contra de las madres para obtener la guarda y custodia o pérdida de la patria potestad de las hijas e hijos en común; así como condicionar el cumplimiento de las obligaciones alimentarias a las mujeres y a sus hijas e hijos.

CIMAC Foto

Diana Luz Vázquez apuntó que, en estos casos, por lo general se pide la guardia y custodia de las infancias con el fin de no pagar la pensión alimenticia. Esto sucede incluso cuando el padre no ha convivido con la hija o hijo debido al abandono en el embarazo o en situaciones donde deciden dar la pensión alimenticia con la cantidad incompleta en el momento y tiempo fuera del plazo establecido.

No obstante, advirtió que lo grave en sí, no es la transición de género, sino que las personas juzgadoras que llevan los procesos judiciales acepten el cambio de identidad en medio del litigio, ya que implica una forma de revictimizar a las madres, en lugar de esclarecer que, independientemente de la identidad de género, la pensión debe ser entregada acorde a la ley.

«Estos señores lo que hacen es burlar esta lucha, abusar de estas condiciones que les permite denominarse mujeres y, por tanto, pretender confundir a la justicia. Ojo, es pretender confundir a los impartidores de justicia.» -Diana Luz Vázquez, defensora e impulsora de la Ley Sabina.

¿La justicia favorece a las mujeres?

Para Diana Luz Vázquez, el argumento principal con el que estos hombres se excusan con la finalidad de realizar el cambio de identidad es bajo la idea de que la justicia favorece a las mujeres solo por su género. Contrario a esta premisa, la organización Equis Justicia para las Mujeres explicó en su informe «Violencias contra las mujeres e impunidad: más allá del punitivismo» que es incorrecto asumir que todas las mujeres tienen las mismas posibilidades de denunciar violencia en su contra.

Aun así, la organización señala que los procesos de justicia cambian en función a las características de las personas como su género, etnia e identidad y orientación sexual. Cuando se trata de mujeres, si varias de estos factores se cruzan, en realidad puede acentuar las desigualdades que ya enfrentan por su género.

Equis Justicia para las Mujeres señala que, no todas tienen conocimiento de que, si así lo desean, pueden exigir justicia mediante instituciones del Estado. La falta de información se coloca como una principal barrera en los casos de violencia contra ellas y la organización lo relaciona como una omisión del Estado a garantizar su difusión, aun así, esto indica que existe una cifra oculta sobre los casos reales.

CIMAC Foto

Cuando una mujer logra interponer una denuncia, es común que encuentren otros obstáculos como negligencia e irregularidades, falta de perspectiva de género en sus casos, estigmatización u omisión del contexto en el que ocurren los delitos. Estos factores indican que si una mujer denuncia no existen garantías de que se investigue de forma adecuada.

Por otro lado, en 2018 Equis Justicia para las Mujeres evaluó a 32 poderes judiciales en entidades federativas y encontró que el 96.9% no publican las sentencias que emiten, por lo que no se puede evaluar si estas protegen los derechos de las personas involucradas o los discriminan. Aunque al analizar los juicios y criterios, encontraron una serie prejuicios y estereotipos, por lo que, incluso cuando se cuenta con una sentencia condenatoria, no todas resuelven los contextos que posibilitaron los delitos.

«Podría pensarse que un mayor número de sentencias equivale, en automático, a mayor acceso a la justicia y menor impunidad; sin embargo, vale la pena preguntarse si sentencias con estereotipos y prejuicios discriminatorios, sentencias que omiten proteger a quien corre riesgo, sentencias que no reparan el daño o sentencias que no prevén los mecanismos necesarios para su cumplimiento pueden considerarse como acceso a la justicia», afirma Equis Justicia para las Mujeres en su informe.

Ser madre autónoma y vivir violencia vicaria

De acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INE), hasta el corte de 2023, en México hay 38.5 millones de mujeres de 15 años y más que son madres. La Encuesta Nacional para el Sistema de Cuidados (ENASIC) 2022 calcula que, en los casos de las madres que cuentan con una hija o hijo menor de 18 años, el 87% declaró que eran ellas quienes destinaban mayor tiempo a su cuidado, 27.8% mencionó ser responsable de mantener económicamente el hogar y el 5.3% creyó que perdería el contacto con las infancias si la relación de pareja con el padre terminaba.

El informe sombra «Informe del Frente Nacional contra Violencia Vicaria (FNCVV A.C.) para el 91° periodo de sesiones ante el CEDAW» alerta que la organización Frente Nacional Contra la Violencia Vicaria (FNCVV A.C.) identificó al menos 4 mil 802 casos a nivel nacional. Al multiplicar este dato por 2.1 infancias en promedio que hay en cada familia, equivale a 10 mil 085 niñas, niños y adolescentes en el medio.

Otros datos incluidos en el documento que permiten dimensionar la situación son los de la Red Nacional de Refugios (RNR), quien en 2023 reportó un aumento del 167% de casos de violencia vicaria de mujeres que llegan por atención en su organización. Además 1 de cada 10 madres ingresaron al refugio solas, por lo que el FNCVV A.C. señaló que las hijas e hijos le fueron arrebatados por su expareja.

Fotografía: Twitter @FNCVVICARIA

A partir de la Encuesta Nacional de Víctimas, realizada por el FNCVV A.C. se encontró que en el 92% de casos sobre violencia vicaria, el agresor cuenta con recursos que le permiten favorecerse de los procesos legales. Además, 9 de cada 19 agresores cuentan con las facilidades de bloquear los procesos legales de la víctima o con los recursos que favorecen los fallos a su favor. Los bloqueos contemplan cargos públicos (21%), tráfico de influencias (50%), alargamiento del proceso legal (72%) y recursos económicos (82%).

Asimismo, en el 74% las madres denunciaron previamente violencia familiar, siendo este detonante de la violencia vicaria. El 100% de madres declararon haber sufrido violencia psicológica, física, patrimonial y económica, de manera previa a la violencia vicaria. Mientras que el 71% de ellas experimentó violencia institucional dentro de sus procesos.

De acuerdo con Diana Luz Vázquez, México sigue siendo un país que replica prácticas machistas a través de la burla como una forma de discriminación y violencia contra las mujeres, especialmente en las escuelas, donde el bullying hacia las infancias es grave. Por ello, muchas madres no hacen públicos o denuncian sus casos para evitar que sus hijas e hijos sean revictimizados mediante burlas hacia el padre por el cambio de género.

Por eso determinó que cada caso debe analizarse con perspectiva de género, sobre todo, recalcó la importancia de que las madres denuncien para evitar que se continue usando el cambio de identidad de género como una forma estratégica dentro de los juicios familiares con el fin de evadir responsabilidades: «que sean públicos, a ver quiénes son estos señores y que la vergüenza los alcance también a estos sujetos. Que, si realmente se van a hacer sus cambios de identidad de género, pues que todo el mundo los conozca».

Para la activista es urgente cerrar los vacíos legales que permiten a los hombres evadir pensiones alimenticias, sanciones y responsabilidades parentales, así como intentar obtener la guardia y custodia solo para no pagar. Aunque apuntó que, en México todavía falla la aplicación de perspectiva de género por parte de las personas juzgadoras, quienes al conceder prórrogas o recursos legales prolongan los juicios y dejan en indefensión a las infancias.

La IA no creo la misoginia, pero sí la automatizó

 

.-La nueva polémica que generó Grok de Elon Musk por la creación de imágenes sexualizadas de mujeres, niñas y niños desnudas o con ropa sugestiva, trae a cuentas nuevamente la falacia de una supuesta neutralidad de la Inteligencia Artificial, aunque sea obvio, es necesario repetirlo, nada es neutral en este mundo y mucho menos la IA que es creada por seres humanos, en su mayoría hombres que proyectan sus prejuicios en ella.

Y digo mayoría, pues de acuerdo con ONU Mujeres sólo 12% de las personas que desarrollan estas tecnologías son mujeres.

Esta polémica nuevamente recuerda que lo que ocurre en el mundo virtual es real, donde las víctimas de violencia digital, que en su mayoría son mujeres, enfrentan graves impactos en sus vidas, que atentan contra su dignidad, su paz emocional y mental.

Que diga Musk, dueño de Grok, que no tenía conocimiento de ninguna «imagen de menores desnudos” deja claro la indolencia con la cual los dueños de estas aplicaciones responden ante el grave daño que provocan.

La exposición sexual de mujeres y menores de edad son el nuevo mercado que todas estas plataformas están explotando generando daños graves en la conformación de los imaginarios sexuales y sociales de niñas y niños, quienes de acuerdo con estudios ya advierten una distorsión de la concepción de placer sexual en las juventudes e infancias, quienes asocian disfrute sexual con violencia, es decir, que ellas y ellos no conciben sexo sin violencia, y esto realmente me parece grave, cuando uno mira el mundo con sus desastres en la humanidad.

Esto es lo que no se detienen a pensar los desarrolladores de Inteligencia Artificial y los dueños como Musk, quienes siguen andando en la impunidad y sin mecanismo reales que los llamen a cuentas, porque los estado no asumen su deber de proteger y garantizar los derechos humanos de sus ciudadanas y ciudadanos.

Lo ocurrido con Grok llevó a Malasia e Indonesia a bloquearlo, otros países europeos como Italia, Reino Unido y Francia están analizando distintas medidas para proteger a su población.

En el caso mexicano, a lo más que llegamos fueron declaraciones públicas de la Secretaria de las Mujeres, pero no más.

El sexismo en la Inteligencia Artificial, es la reproducción del poder masculino se muestra con la cosificación, sexualización y violencia contra las mujeres y niñas, por lo que no podemos hablar de neutralidad.

Prueba de ello son los datos que ONU Mujeres expuso en noviembre pasado, donde dio a conocer que 95% de los deepfakes sexuales en internet representan a mujeres, muchas de ellas menores de edad.

Tal cual dice Tania Roque: “Los sistemas de inteligencia Artificial, lejos de abonar a la igualdad, amplifican desigualdades históricas como el sexismo y el racismo mediante sesgos algorítmicos que perpetúan discriminación y exclusión”.

Porque el algoritmo no tiene sexo, pero si género.

La tecnología no es el problema sino los usos y abusos que se hacen de ella ante la falta de una regulación clara y la ausencia del Estado para garantizar el derecho humanos de las mujeres a una vida libre violencia.

Tal cual lo dijo una de las víctimas de deepfakes sexuales. La IA no ha creado la misoginia; la ha automatizado, la ha escalado y ha facilitado la negación de responsabilidades.

Y de esto los gobiernos, las empresas y los desarrolladores se deben hacer cargo para evitar seguir haciendo daño.

Tiempos turbulentos

 

.- En estos tiempos turbulentos, ante un horizonte obscuro, cargado de nubarrones que anuncian tormentas y estallidos, toca al gobierno de México y a la ciudadanía mirar hacia adentro, reconocer los errores y, con determinación, corregir el rumbo para enfrentar lo urgente, los problemas que nos aquejan, más allá de las crecientes presiones y amenazas del nada nuevo imperialismo norteamericano, renovado ahora por quien hace cinco años, el 6 de enero de 2021, intentó un golpe de fuerza (golpe de Estado legislativo y armado fallido) para perpetuarse en el poder.

La presidenta Sheinbaum ha reiterado que México es un país “libre y soberano”, dispuesto a cooperar, no a subordinarse, a Estados Unidos; llamó a la sociedad a “fortalecer” la soberanía; mencionó la “responsabilidad compartida” de cada país ante el narcotráfico y el consumo de drogas. También aludió la semana pasada a la “estrategia integral” del gobierno contra la inseguridad y el crimen organizado, y anunció un mayor impulso a la educación, la cultura y el deporte para la juventud. En su discurso y respuestas a los medios, la presidenta suele repetir palabras significativas, fórmulas hechas, adecuadas para un entorno diplomático. Sin embargo, ni el contexto adverso le impide reiterar también sus acusaciones contra los medios críticos y las redes sociales (no toda nota molesta es “desinformación”), tolerar las prácticas de censura de integrantes de su partido ni la falacia de que en México se gobierna para el pueblo y se respeta la libertad de expresión e información.

En un año de por sí complicado por la situación económica mundial, empeorada por la incertidumbre -o el temor- ante las arbitrariedades de quien se cree dueño del hemisferio, apelar a la soberanía sin modificar la política exterior e interior actual es sembrar en el aire. Si hablar de “responsabilidad compartida” es que cada gobierno se ocupe de remediar sus problemas en su territorio, aquí deben emprenderse acciones efectivas contra la pobreza, la desigualdad, el estancamiento, la corrupción, la violencia contra las mujeres, además de la inseguridad (que no desaparecerá con cifras alegres).

¿Qué implica fortalecer la soberanía? ¿Se atacarán por fin los intereses económicos de los carteles? ¿Se aplicará el gobierno en cortarle los flujos de dinero a éstos y a sus cómplices políticos o empresariales? ¿Se investigará a fondo a políticos corruptos?, ¿o se esperará a que nuevas presiones lleven a otra “guerra impuesta” (objetivo trumpiano según algún comentarista)? Si la soberanía reside en el pueblo y el gobierno se debe al pueblo, ¿se protegerá por fin a poblaciones y comunidades de criminales y caciques deleznables?, ¿cesarán los despojos de tierras, violaciones y desapariciones a manos de cárteles o de agentes gubernamentales? ¿dejarán de negar el horror de las desapariciones, el reclutamiento forzado y la trata de personas?

Si va a asumir su responsabilidad compartida, el gobierno federal tendrá que exigírsela también a los gobiernos estatales. A uno y otros corresponde fortalecer al país con un sistema de salud decente y digno, que atienda con recursos monetarios y humanos suficientes a toda la población. Más que “apoyar” a niñas, niños y jóvenes, les toca garantizarles una educación que les permita entender el mundo, conocer la historia, desarrollarse como personas y ciudadanas y ciudadanos responsables, críticas y críticos, creativas y creativos. Usar la escuela pública como ámbito de propaganda o entretenimiento es pisotear el derecho a la educación y clausurar el futuro. Corresponde en particular al gobierno federal enmendar el desastre jurídico llamado “reforma judicial” que poco ha contribuido a “fortalecer” la soberanía, y menos la democracia, al difuminar los límites entre poderes y encumbrar a personajes dispuestos a debilitar la legalidad, justo cuando abundan en el mundo autócratas que se pretenden por encima de toda ley. Corresponde a la presidenta detener la reforma electoral que, según expertos en el tema, debilitará aún más nuestra raquítica democracia.

Para fortalecernos como país y como sociedad, nos toca a la ciudadanía asumir nuestras propias fallas, exigir nuestros derechos, denunciar las arbitrariedades públicas y privadas en nuestro entorno, dejar de lado las posturas polarizantes y los prejuicios excluyentes, informarnos y apoyar a quienes buscan la verdad y señalan los errores, a las y los periodistas agredidos desde el poder, a quienes resisten a la censura o al ninguneo. No podremos “cambiar el mundo”, como soñábamos hace décadas. Podemos contribuir al menos a no degradar más nuestro ámbito cotidiano, a frenar la injusticia, la desigualdad, la violencia.


Shareting, práctica de subir infancias a redes sociales que las expone a violencia sexual digital

 

El concepto de sharenting proviene de dos palabras en inglés: share (compartir) y parenting (parentalidad). Esta práctica ha ganado mayor terreno en la actualidad, pues de acuerdo con la investigación “Sharenting, ética digital, privacidad y educación familiar”, se estima que alrededor del 75% de las y los progenitores usuarios de redes sociales publican información que podría afectar a sus hijas e hijos.

Ante ello, las consecuencias esta práctica son inminentes. Según la colectiva feminista La Juntaza, exponer a las niñas en internet implica colocar su cuerpo, su rostro y su vida en un espacio que no comprenden, que no pueden controlar y del cual no pueden defenderse. Esto porque internet no solo es un lugar de circulación de imágenes, sino también “un archivo permanente y un territorio donde la violencia sexual encuentra terreno fértil”.

Como lo señala la colectiva, publicar de forma constante videos y fotografías de niñas implica exponerlas a pederastas que se encuentran inmersos en redes sociales y se apropian del contenido publicado sobre las infancias. Es importante recordar que, en diciembre de 2025, fue denunciado un grupo de hombres pedófilos que compartían imágenes de niñas y adolescentes con fines sexuales a través de Facebook.

Los agresores sexuales no se limitan a una red social, pues plataformas como WhatsApp y Telegram también son utilizadas para distribuir contenido sin restricciones, ni controles efectivos.

De acuerdo con el Observatorio de Ciberseguridad, Telegram, en particular, fue identificada como una de las plataformas más peligrosas. Sus funciones como chats secretos, mensajes que se autodestruyen, búsqueda por nombre de usuario y grupos privados sin moderación, facilitan el intercambio clandestino de material y representan un riesgo para infancias y adolescencias.

Recientemente el colectivo DLR documentó un caso que involucra a esta red social, pues se identificó a un grupo de más de 300 integrantes en Telegram donde se compartían imágenes de niñas. Gracias al análisis de las publicaciones, se determinó que varios de los participantes radicaban en Oaxaca.

Además del riesgo de violencia sexual digital, la forma en que están diseñadas las plataformas da pie a otros tipos de violencia. Retomando la investigación citada, la gran cantidad de información almacenada en Facebook incrementa el riesgo de crear una huella digital que afecta la identidad de las y los menores.

Plataformas como YouTube y TikTok presentan dilemas éticos, con una protección insuficiente de la privacidad infantil. Por su parte, X (antes Twitter) delega en la comunidad la responsabilidad de hacer un uso adecuado de la información, mientras que Instagram permite que las imágenes publicadas puedan ser robadas y reutilizadas sin consentimiento.

Por ello, exponer contenido de infantes no solo implica un riesgo, sino que también se agrava cuando se permite que niñas y niños tengan redes sociales a temprana edad. Existen casos como el capping, que consiste en el uso de la manipulación para que un agresor obligue a realizar actos sexuales en vivo a niñas, niños y adolescentes, los cuales son grabados y posteriormente difundidos en línea a un público más amplio, incluso en sitios bloqueados a los que se puede acceder mediante pago.

Sin embargo, la detección de este delito se ha vuelto cada vez más compleja, pues los moderadores de las plataformas digitales, encargados de supervisar el contenido, enfrentan importantes limitaciones para revisar los volúmenes masivos de información e interacciones que circulan diariamente.

Plataformas digitales sin responsabilidad

De acuerdo con la investigación, estas prácticas son frecuentes porque muchas familias tienen una falsa sensación de seguridad creada por las ambiguas configuraciones de privacidad que ofrecen las redes sociales; no obstante, las plataformas suelen omitir que, una vez publicada, la información en internet deja de estar bajo su control.

Además, en los casos mencionados se encontró que las plataformas digitales no han logrado sancionar adecuadamente a las personas involucradas. Incluso cuando se cierran los espacios donde se perpetúan los delitos, estos vuelven a abrirse. Para ONU Mujeres, existe una débil regulación del sector tecnológico, ausencia de responsabilidad por parte de las plataformas y anonimato de los agresores, factores que dificultan la obtención de justicia.

Hasta el momento, la mayoría de los Estados no ha buscado frenar de manera efectiva los riesgos que implica la presencia de infancias en la web. Solo Australia ha implementado, a partir de diciembre de 2025, una ley que prohíbe a menores de 16 años tener cuentas en redes sociales como Instagram, TikTok, Facebook, X y YouTube, obligando a las plataformas a bloquear o eliminar perfiles por debajo de esa edad para protegerles.

Ante estos vacíos legales por parte de las redes sociales y los Estados, las familias pueden contribuir a reducir los riesgos derivados de la exposición de las infancias en plataformas digitales. Según el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), un primer paso es revisar lo que ya se ha publicado en el pasado y eliminar todo lo posible. Asimismo, algunas plataformas permiten enviar solicitudes para la eliminación de imágenes cuando estas no pueden borrarse directamente.

UNICEF también recomienda reflexionar sobre el público con el que se comparte la información (revisar configuraciones de privacidad, conocer a las personas agregadas como amigas o seguidoras), el volumen de datos compartidos (como ubicaciones o elementos identificables, por ejemplo, el logotipo de la escuela) y valorar si la información pudiera resultar embarazosa o perjudicial para sus hijas e hijos ahora o en el futuro.

Mujeres agricultoras, al centro de la agenda global en 2026

 

De acuerdo con la FAO, referirse a las mujeres agricultoras abarca a aquellas que trabajan en los sistemas agroalimentarios: productoras, campesinas, agricultoras familiares y pequeñas agricultoras, trabajadoras estacionales, pescadoras, trabajadoras de la industria pesquera, apicultoras, pastoras, silvicultoras, elaboradoras, comerciantes, hasta poseedoras de conocimientos tradicionales, mujeres que se desempeñan en ciencias agrícolas, trabajadoras formales e informales y empresarias rurales.

La definición incluye a mujeres diversas, desde jóvenes y mayores, indígenas y de las comunidades locales, con discapacidad, refugiadas y desplazadas. Mujeres que laboran en el sector formal e informal, y que realizan otras tareas como el liderazgo, el trabajo de cuidados y las tareas domésticas al mismo tiempo que contribuyen a la seguridad alimentaria, la prosperidad económica y mejoran la nutrición.

El informe “La situación de las mujeres en los sistemas agroalimentarios: un enfoque regional para América Latina y el Caribe” señala que, los sistemas agroalimentarios son una importante fuente de empleo para las mujeres y a nivel mundial ellas conforman el 36% de la plantilla de trabajo. No obstante, la desigualdad de género y riesgos climáticos son factores que ponen en riesgo su labor y participación.

La FAO ha observado, entre los años 2000 y 2019, diferencias significativas en cifras globales respecto a la proporción de mujeres en la agricultura, según el informe «Genero y situación laboral en los sistemas agroalimentarios«. Factores como la falta de acceso a educación, infraestructuras y mercados, junto con la sobrecarga de trabajo no remunerado y la escasez de empleos rurales fuera del sector agrícola, restringen significativamente las posibilidades de las mujeres rurales de pertenecer a actividades no agrícolas.

Una primera barrera es la falta de acceso a activos, servicios y recursos. Las mujeres agrícolas se encuentran una situación de desventaja en cuanto a la propiedad de la tierra. La cantidad de derechos de propiedad de los hombres es el doble que el de las mujeres en más del 40% de los países y lo mismo ocurre con el acceso a la propiedad del ganado e insumos como semillas mejoradas.

Por otro lado, persisten normas sociales discriminatorias en los sistemas agropecuarios que ocasionan desequilibrios entre mujeres y hombres, limitando así las opciones para las agricultoras. Por ejemplo, limitaciones sobre su movilidad, la posibilidad de realizar trabajo no doméstico y actividades relacionadas con el mercado. Pese a este panorama, solo el 19% de las políticas agrícolas analizadas por la FAO reconocían la igualdad de género en la agricultura o los derechos de las mujeres y el 13% promovía su participación.

Las perturbaciones y las crisis tienen consecuencias importantes en los medios de vida de las mujeres. La pandemia de la COVID-19 y la crisis económica que generó, intensificó las desigualdades de género para ellas. A escala mundial, el 22% perdió sus empleos en el primer año de la emergencia sanitaria, en comparación al 2% de los hombres. En consecuencia, la brecha de la inseguridad alimentaria se amplió y la carga del trabajo de cuidados incrementó a la par de la violencia de género por el confinamiento en los hogares.

Crédito: Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO)

Asimismo, las consecuencias climáticas y desastres naturales limitan su trabajo. Cada día las temperaturas extremas reducen el valor total de los cultivos producidos por las agriculturas en un 3% a comparación con los hombres. Aun así, la carga de trabajo no disminuye cuando hay perturbaciones de origen climático como el estrés térmico, el cual es una respuesta del cuerpo a las condiciones de temperatura extrema que puede afectar la salud física y mental.

A esto se suma que, los sistemas agrícolas y alimentarios se enfrentan a múltiples retos: «Debemos alimentar a una población mundial creciente en un contexto de nuevas y persistentes crisis: económicas, energéticas, ambientales, alimentarias y sociales» advierte la FAO. Estos retos se insertan en medio de conflictos, catástrofes naturales, alza de precios, inseguridad de mercado, migración masiva y crisis sanitarias. Estas se profundizan dependiendo del cambio climático, el agotamiento de recursos naturales, la urbanización, los cambios en hábitos alimentarios y en los sistemas de vida.

Sin embargo, la FAO reconoce que, para lograr revertir esta situación, primero se deben abordar las desigualdades en el sector agrícola de muchos países. Por ello, el Año Internacional de la Agricultora 2026 busca encontrar formas de empoderar a las mujeres en los sistemas agroalimentarios y promover iniciativas internacionales.

«Aumentar el empoderamiento de las mujeres es esencial para su bienestar e influye positivamente en la producción agrícola, la seguridad alimentaria, la dieta y la nutrición infantil» -Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO).

Restricciones de Grok ante violencia sexual digital no aseguran protección a mujeres: Defensora

 

En respuesta a los señalamientos por la violencia sexual digital ejercida mediante Grok, la plataforma X emitió un comunicado en el que aseguró haber implementado medidas para eliminar contenido infractor, como la desnudez no consensuada, incluido material de abuso sexual infantil. Asimismo, informó haber presentado una denuncia ante las autoridades contra los usuarios que solicitan este tipo de contenidos.

Sin embargo, Paulina Zepeda explicó que, detrás de las empresas que desarrollan y alojan inteligencias artificiales, no existen acciones reales ni avances contundentes orientados a prevenir la violencia contra las mujeres, pues las plataformas no solo han sido omisas en garantizar una vida libre de violencia, sino que además reproducen dinámicas de mercantilización y lucro a partir de los cuerpos de las mujeres, priorizando intereses económicos.

“Al final, vivimos en un mundo donde nuestras vidas parecen no importarles nada. Esto es muy peligroso, y aunque existan señalamientos, ellos no enfrentan ninguna consecuencia; siguen ganando millones de dólares cada día”, expresó Paulina Zepeda.

De acuerdo con ONU Mujeres, en México más de 10 millones de mujeres y niñas mayores de 12 años que utilizaron Internet en 2024 fueron víctimas de violencia digital. Además, el 95% de los deepfakes, contenido manipulado con inteligencia artificial, son imágenes pornográficas no consentidas y el 99% de las víctimas son mujeres

La violencia contra las mujeres en internet no es solo responsabilidad de quienes la cometen, sino también de las plataformas. Paulina Zepeda explicó que los espacios digitales se construyen sobre un algoritmo patriarcal. Es decir, muchas plataformas y herramientas de inteligencia artificial son creadas por hombres que reproducen sus sesgos de género, lo que permite que las agresiones continúen en estos entornos.

“También debemos entender de quién son las plataformas: Elon Musk, Mark Zuckerberg. Son personas que, abiertamente, son misóginas y machistas, y en estas plataformas reproducen su ideología y la imponen”, apuntó la defensora digital.

Sin justicia ante el algoritmo patriarcal

En México, actualmente existe la Ley Olimpia contra la violencia digital, un conjunto de reformas a la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y al Código Penal Federal. Esta ley busca reconocer la violencia digital y sancionar los delitos que violen la intimidad sexual de las personas a través de medios digitales, protegiendo así el uso inapropiado de la imagen sin consentimiento y evitando nuevas formas de agresión mediante la IA.

Sin embargo, la defensora digital afirmó que obtener justicia por el uso de inteligencia artificial para crear contenido sexual sin consentimiento es complicado, porque las instituciones públicas, especialmente las encargadas de la procuración e impartición de justicia no cuentan con las herramientas tecnológicas necesarias para imputar adecuadamente a quienes cometen este tipo de delitos.

Recordó que en México ya se han registrado casos de denuncias por el uso de deepfakes. Uno de ellos ocurrió en 2023, cuando alumnas del Instituto Politécnico Nacional denunciaron a Diego N. por vender imágenes sexuales elaboradas sin consentimiento mediante inteligencia artificial y distribuidos en Telegram. Sin embargo, aunque el caso llegó a juicio, el juez determinó que no había elementos suficientes para acreditar que él había editado el contenido.

Asimismo, en 2025 se registró otro caso en la Secundaria Técnica 1 de la capital de Zacatecas, donde más de 400 alumnas fueron víctimas de la alteración de fotografías tomadas y manipuladas mediante inteligencia artificial. Cimacnoticias converso con integrantes de Defensoras Digitales Zacatecas, quienes señalaron que de las 48 denuncias presentadas, las autoridades concluyeron que no había suficientes elementos probatorios.

También apuntaron que la falta de una debida diligencia ante este tipo de agresiones se debe a una estructura sostenida por pactos patriarcales, en la que incluso son las mismas autoridades quienes consumen este tipo de contenido pornográfico, por lo que, no existe ninguna respuesta frente a las solicitudes o denuncias presentadas.

Habitar el internet de forma segura

Paulina Zepeda explicó que, al estar bajo un algoritmo patriarcal, siempre existe un riesgo latente para las mujeres el estar en espacios digitales; sin embargo, quienes los habitan pueden, a través de diversas acciones, disminuir los peligros que implican las redes sociales.

Una de las principales estrategias para contrarrestar situaciones de violencia sexual digital es contar con un proceso de formación y educación digital para aprender a habitar los espacios en línea de manera segura, pues al conocer las configuraciones de cada plataforma, se pueden minimizar las amenazas digitales. 

Asimismo, instó a no ser parte de esta cadena delictiva de reproducción, como dar like, compartir o almacenar contenido sin consentimiento. “Muchas veces, sin reflexionarlo, o incluso conscientemente, terminamos siendo parte de estas agresiones, por lo que es importante ser conscientes de nuestras acciones en los espacios digitales”, expresó. 

Actualmente, el Movimiento Ley Olimpia cuenta con una inteligencia artificial llamada OlimpIA, diseñada para reproducir la metodología de atención a víctimas que ellas utilizan. Esta herramienta, disponible en más de 50 idiomas, ofrece contención psicoemocional, psicológica, jurídica y comunitaria, además de estrategias de prevención y acompañamiento para quienes enfrentan situaciones de violencia digital.