4/30/2022

Programa Tiempo de Mujeres CFRU sábado 23 de abril 2022

Desde cfru 93.3 fm la Radio de la Universidad de Guelph
en Ontario, Canadá
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TIEMPO DE MUJERES 
Bienvenida al programa de hoy

* * * *
Colaboración de la Psicóloga
Guadalupe Magallón
Tema de hoy
Tipos de pensamiento: positivos
* * * * 
En el marco del día internacional contra la explotación infantil entrevista sobre violencia sexual contra la infancia.
* * * *
Lydia Cacho, la periodista mexicana que se jugó la vida por haber descubierto una red de explotación sexual de niños en la que estaban involucrados funcionarios públicos. La detuvieron arbitrariamente, la torturaron, la encarcelaron. Las autoridades no le creían. En enero de este año, catorce años después, el Estado mexicano le pidió disculpas. Pero la mayoría de sus agresores sigue en libertad... y haciendo política.

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Todos los Sábados de 6 a 9 de la noche
(tiempo del Este)

La crucial investigación de prostitución de menores que frustró el poder

 lmneuquen.com

Por Guillermo Elía policiales@lmneuquen.com.ar

Esta es la historia de un mafioso impune que fue perseguido por la Policía y la Justicia, y del cual no podemos dar el nombre porque tanto la Policía como la Justicia lo ayudaron a zafar. Todavía hoy hay funcionarios de ambas instituciones que mastican bronca porque habían trabajado muy duro para confirmar, en 2008, que en Rincón de los Sauces ejercían la prostitución chicas y chicos menores de edad, además de negocios conexos como la venta de drogas y el juego clandestino de la mano de los tragamonedas.

Es una historia sin nombres, pero con pistas claras y datos tan ciertos que a muchos se les activará la memoria y no podrán evitar descubrir sus identidades. En esta investigación no se habla del poder en abstracto, sino de cómo se ejerce y ostenta el poder.

Secreto a voces

Rincón de los Sauces por esos años era la localidad petrolera más importante de Neuquén. El efecto Vaca Muerta recién se estaba gestando y Añelo era prácticamente un paraje desconocido.

Rincón, a su vez, era un páramo infernal donde vivían por temporadas cientos de hombres solos, aburridos y con mucha plata que les redituaba su trabajo en la actividad petrolera.

En ese pequeño averno ubicado en el medio de la nada, solo bastaba combinar música, alcohol, droga, juego y prostitución para que el dinero fluyera a raudales. Y así ocurrió.

Por esa época, los prostíbulos todavía funcionaban como tales y tenían cierta normativa: no podían ingresar menores de edad, y se miraba pero no se tocaba a las trabajadoras.

Lo que se permitía era charlar con las chicas, invitarles una copa y pagar por un baile personal, en el cual el cliente no podía tocar a la joven, que solía rozar al hombre en un sensual y estratégico juego de seducción.

En ese baile, que hacía en un box, podían pactarse encuentros fuera del local por otro precio. Dentro del prostíbulo, el sexo estaba prohibido; también el trabajo de menores de edad, pero había.

Si surgía algún control municipal, los locales contaban con una puerta de emergencias para sacar a las niñas mientras el dueño o la encargada entretenían a los inspectores.

Una defensora oficial itinerante tomó conocimiento de la existencia de menores en los prostíbulos y de manejos non sanctos de estos locales nocturnos.

El espanto fue tal que la mujer reveló toda la información a la Oficina de Graves Atentados contra las Personas (GAP) a cargo de Sandra González Taboada, que ordenó iniciar el expediente caratulado: “Fiscalía de Cámaras S/Investigación” I.P.F.Nº 01/08.

Tras 14 años de hermetismo, pudimos acceder a todos los detalles de la investigación.

Cuando la rueda había comenzado a girar, Taboada blindó la investigación y trabajó con su asistente personal y un subcomisario asignado a la GAP.

“Si mal no recuerdo, ese expediente lo guardaba la fiscal en un armario con llave que estaba en la pasada que había al baño de su oficina. Nunca comentaba nada, solo sabíamos que era una investigación muy pesada”, recordó un judicial jubilado que trabajó en la GAP.

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Rubro 59

El policía de la GAP realizaba un trabajo de inteligencia en la localidad mediante el cual relevó los prostíbulos junto con una comisión de Investigaciones.

Las pesquisas le permitieron observar el movimiento de chicas muy jovencitas, de entre 14 y 17 años, además de la comercialización de droga y la utilización de tragamonedas en algunos locales.

¿Quién estaba detrás de todo eso? ¿Quién era el hombre que tenía la llave del negocio que generaba millones de pesos al mes?

Esa tarea seguía su marcha y su descubrimiento sorprendería a la Justicia neuquina.

Recién en noviembre de 2008, la GAP encontró una forma de obtener teléfonos vinculados a la prostitución en Rincón que le permitieron ir escalando hasta llegar al capo mafia.

Desde la GAP se libraron oficios a un diario regional, según figura en el expediente, que por esa época publicaba en los clasificados, como el resto de los diarios del país, el “rubro 59”, dedicado a fomentar la prostitución de manera encubierta y no tanto.

En dicho rubro se enmascaraba la actividad como “masajistas” o “la profe de gym”; otras trabajadoras daban sus nombres de fantasía y el tipo de servicio que ofrecían, llegando a extremos grotescos: “Quiero ver guita!!! Rubia tonta, carita de mono, me río como una pelotuda. *90-70-cachi90* Promo: chori+turca” y dejaban el teléfono de contacto.

Este rubro fue erradicado en 2012 por el decreto presidencial 936 que rezaba: “Promueve la erradicación de la difusión de mensajes e imágenes que estimulen o fomenten la explotación sexual”.

El decreto se enmarcó en la lucha contra la trata de personas con fines de explotación sexual que encabezó Susana Trimarco, la mamá de Marita Verón, desaparecida el 2 de abril de 2002, ya hace 20 años.

De ese oficio que remitió la GAP, se logró obtener teléfonos de varias mujeres que manejaban chicas en Rincón de los Sauces, por lo que se solicitaron intervenciones telefónicas que permitieron cruzar datos y agilizar las pesquisas.

El empresario

Las escuchas y las pesquisas de campo, a cargo del subcomisario que trabajaba con la GAP, permitieron determinar que había una decena de prostíbulos involucrados: Brujas, Mayra, Copacabana, Amadeus, La Rusa, El Cerezo, El Diablo, Sahara, El Viejo Estilo y Bicho’s. Sin contar los clubs nocturnos.

También se pudo establecer la identidad del fantasma detrás del negocio de la prostitución y los tragamonedas, del cual estamos impedidos de dar el nombre porque la investigación fue frustrada por el propio poder.

De todas formas, se supo que era un ex policía federal que había trabajado en Buenos Aires en una división que investigaba el juego clandestino, por lo que tenía contactos en el bando de los que estaban al margen de la ley y, cuando se retiró, los aprovechó.

Además, el ex federal comenzó una relación con una funcionaria judicial neuquina. En la actualidad siguen en pareja, tienen hijos en común, y ella continúa trabajando en el Poder Judicial, en un área clave, y estaría por empezar con los trámites para jubilarse (si es que no lo hace a partir de la publicación de esta investigación).

Pero la historia de este empresario mafioso no concluye con una esposa judicial que supo trabajar en delitos sexuales mientras él administraba prostíbulos en Rincón, sino que por su experiencia dentro de la fuerza de seguridad nacional fue asesor en la Legislatura de un diputado neuquino de la oposición. Es decir, el señor del gran negocio estaba muy bien vinculado y muchos conocen su nombre y apellido, pero salvo en esa investigación, nunca se estuvo tan cerca de voltearlo.

Como dice el viejo Vizcacha en el Martín Fierro: “Hacete amigo del juez; /No le des de qué quejarse/ Pues siempre es bueno tener/ Palenque ande ir a rascarse”. Y si no es juez, que sea un judicial de peso, un político o un policía que pueda alertar llegada la ocasión.

Este empresario gozaba de esos vínculos. Alquilaba en Rincón una oficina al Poder Judicial junto a la casa que tenían en la localidad con su pareja, la funcionaria judicial. Y en Neuquén, le rentaba una cochera al Poder Judicial donde guardaba el auto la GAP. Dicha cochera estaba justo al lado de la casa que habitaba con su pareja en la capital provincial. Este dato es clave en la historia.

El asadito

La impunidad suele quedar a la vista y ser expuesta, por lo general, cuando la confianza los excede a estos mafiosos. Y era entendible: el tipo estaba casado con una funcionaria judicial, tenía vínculos políticos y encima les daba trabajo a varios policías de la Comisaría 35 de Rincón, pagando adicionales para cuidar los caberets, es decir, los paraba en la puerta de su negocio así nadie sospechaba que adentro la ilegalidad era moneda corriente.

En un asado realizado en 2008, con motivo dela asunción de la nueva jueza de Paz de Rincón, un testigo que participó prestó declaración en la GAP -figura en el expediente- y contó que en dicho evento estaban el empresario, la esposa y otra mujer que provenía de Buenos Aires y había ingresado al Poder Judicial. Al ex federal el vino le aflojó la lengua y, una vez desinhibido, comenzó a ostentar.

En la causa figura que el testigo contó: “Entiende de vital importancia relatar que en un asado que se hizo en la casa de la jueza de Paz, el mismo día que asumió la jurisdicción del juzgado de Rincón, lo primero que le llamó la atención fue el trato que dispensaba el empresario a su esposa, de la que dijo: ‘Yo a esta le dije que no trabajara, porque los 9000 pesos que cobra por el trabajo no los necesita, porque yo en un día saco todo lo que ustedes ganan en un mes’”.

En cuanto a la otra funcionaria judicial, el federal retirado aseveró: “A esta (señalándola) la traje yo porque era la que me hacía todos los trámites en Buenos Aires”.

Además, entre copa y copa, y con las funcionarias sumidas en el silencio, manifestó que todos los cargos de funcionarios y magistrados del Poder Judicial que se habían conseguido en Rincón fueron gracias a él, ya que se había movido en ese sentido y había usado sus contactos e influencias.

Ninguno de los funcionarios judiciales presentes en el asadito lo refutaron, lo que generó asombro en el testigo porque el empresario presumió delante de algunas personas totalmente desconocidas.

Las pesquisas

Entre los distintos elementos de prueba que logró recabar la GAP, pudo dar con testigos, con militancia en Derechos Humanos, “los cuales se negaron a ser identificados porque aseguraron tener miedo concreto a que les pueda pasar algo, pero hicieron saber que era muy habitual observar a jóvenes de sexo femenino, muy niñas, que se encontraban con personas del otro sexo”.

De acuerdo con la investigación, una testigo detalló: “Muchas adolescentes se las ve en las calles solas, en horarios nocturnos, en situaciones de riesgo, ya que suben a distintos vehículos, concurren a lugares nocturnos por más que tengan 14 o 15 años, teniendo varias adolescentes embarazos prematuros”.

Clientes habitués de los prostíbulos revelaron a la GAP: “Te ofrecen chicas que parecen muy jóvenes”; “Hay videos en los celulares donde hay chicas de acá, menores, practicando sexo, pero solo los he visto y no sé cómo se pueden conseguir”; “En un cabaret que estaba frente a la estación de servicio Petrobras tenían menores”.

Otro relato que se sumó lo brindó una mujer, que reveló a la fiscal: “Yo vi salir del boliche Diablo y Sahara a varias chicas menores de edad ejerciendo la prostitución”.

Y una empleada del Poder Judicial de Rincón contó que “en el local Brujas se prostituían niños de ambos sexos”, brindando otros detalles escabrosos.

Los tragamonedas y la droga eran parte del paquete que ofrecían los cabarets.

El apriete

Mientras la GAP recababa información, al ex federal le filtraron el dato de que estaba bajo la lupa de Taboada. Tras la batida, el empresario impune decidió realizar un movimiento con un claro mensaje dirigido a la fiscal, que hasta ese entonces creía que la investigación era hermética.

“Teníamos en la GAP un auto y chofer para que nos llevara a los lugares que necesitábamos, ya sea la escena de un crimen o ir a buscar algunos papeles de trámites oficiales”, confió una funcionaria que se desempeñaba en dicha unidad en ese entonces.

“El auto se guardaba en una cochera que quedaba cerca de la fiscalía que estaba en calle Antártida Argentina. Esa cochera se la alquilaba el Poder Judicial a este hombre que tenía la casa al lado”, detalló la mujer.

“Este tipo lo llamó al chofer un día que lo vio guardando el auto y le pidió que pasara a su casa. El chofer, que en paz descanse, lo conocía porque era el dueño de la cochera, así que pasó”, reveló Gustavo Mastracci, fiscal jubilado y miembro de la GAP durante dicha investigación.

“Sobre la mesa de la cocina, el tipo le enseñó al chofer una montaña de fajos de billetes y un arma de fuego, y le dijo ‘¿para qué me investigan si yo tengo todo esto y no necesito nada?’. Eso fue una coacción directa dirigida a la fiscalía, al chofer lo usó de mensajero”, aseguró Mastracci.

Pese a este incidente, la GAP continuó investigando y aceleraron lo que más pudieron las pesquisas para poder allanar.

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Rincón es una iglesia

El día D se estableció para el 31 de enero de 2009, casi un año después de iniciada la causa.

Todo se armó con mucho sigilo. Todo el personal de la GAP fue convocado a las 19 en calle Antártida y había varios autos alistados para salir.

Por su parte, un efectivo policial que participó del procedimiento recordó: “Nos avisaron la noche anterior dónde teníamos que presentarnos, pero no se nos dijo absolutamente nada. Cuando llegué, en el lugar había efectivos de distintos departamentos y unidades. Viajamos en varios colectivos, tráfics y móviles”.

Otro efectivo que estuvo en ese megaoperativo narró: “Casi susurrando charlábamos con algunos compañeros durante el viaje, pero nadie sabía nada. En la medida en que dejábamos localidades atrás, íbamos suponiendo cuál era el destino final. De hecho, en determinado momento frenamos a unos 10 kilómetros de Rincón. Todos estábamos con los chalecos puestos”.

“Salimos después de la Policía porque íbamos en auto. Taboada nos repartió cada uno de los locales a los que nos dirigíamos y ahí nos develó lo que teníamos que buscar”, detalló la funcionaria de la GAP consultada.

“Cuando paramos antes de entrar a Rincón, donde estaban los colectivos, combis y móviles de la Policía, vimos a los efectivos con chalecos y armados para una guerra, y nosotros solos con nuestro cuerpito echado a la suerte”, describió la funcionaria.

El ingreso a Rincón se produjo en los primeros minutos del 31 de enero de 2009 y fue de película. Un convoy compuesto por más de una veintena de vehículos y más de 300 personas entre policías y funcionarios judiciales.

Solo a unos pocos vecinos los tomó por sorpresa semejante despliegue. El dato se había filtrado mínimo unas 10 horas antes y el megaoperativo hizo “papa”, como se dice en la jerga policial cuando no se encuentra nada.

“Cuando irrumpimos en los cabarets, solo encontramos un par de parroquianos y algunas trabajadoras grandes. Prácticamente había más gente en la Iglesia que en los cabarets”, dijo con un dejo de ironía Mastracci.

Bronca

Después de un par de horas, cuando dieron por concluido el operativo, “había que soportar la bronca que tenía Taboada. Ordenó llevar a comisaría y una sede judicial a todos lo que estaban en los locales, tanto trabajadoras como clientes”, recordó un policía.

“Creo, y sin exagerar, que estuvimos durante unas 36 horas tomando declaraciones a todo el mundo”, detalló una funcionaria.

De hecho, se recurrió al Municipio, que prestó colaboración.

“En la Baticueva, que era un club nocturno, fuimos con los inspectores y encontramos a una chica que estaba prestando un servicio en una habitación que tenían al fondo y en la pieza de al lado estaba su bebé”, recordó un municipal que estuvo presente aquella noche.

¿Quién lo filtró?

Sobre la filtración se tejieron distintas hipótesis, pero había una certeza: el mafioso empresario de la noche cabaretera de Rincón dejó demostrado que tenía influencias y gente del poder que le respondía.

Para Taboada y el pequeño grupo con el que se manejó, el fracaso rotundo del operativo una puñalada por la espalda.

El efecto contagio llegó a todo el personal de la GAP, pero nunca realizaron una reunión para hablar del tema.

“Taboada se bancó el golpe sola. De hecho, estuvo en Rincón durante una semana tomando declaraciones con su asistente”, confió la fuente.

Durante esos días en Rincón, un hombre se presentó donde estaba la fiscal y reveló: “Se enteró de que habían sido alertados, desde Neuquén hacia la Comisaría 35 y posteriormente efectivos de esta unidad dieron aviso a los diferentes pub y cabarets que iba a haber un operativo. El aviso fue a las 18 del día sábado, ahí se comenzó a correr la bola de que esa noche iba a pasar algo”.

Este testimonio sostiene la hipótesis de que la filtración provino desde la propia Policía. Y si se tiene en cuenta que los efectivos de la Comisaría 35 de Rincón complementaban sus magros salarios con los adicionales que hacían en los cabarets y que pagaba el ex federal, la ecuación es más que sencilla.

El dicho “pueblo chico, infierno grande” quedó en evidencia cuando un ciudadano común y corriente fue a declarar que “el sábado estaba en un asado cuando le llegó un mensaje de texto a un amigo que decía que iban a venir policías a la ciudad a hacer un operativo”.

Otro testigo, cliente de un cabaret, confió que fue alertado por el policía que hacía adicionales para que no entrara porque esa noche iba a caer la Policía.

En uno de los cabarets donde se enteraron comenzada la actividad, sacaron a todas las chicas más jovencitas por una puerta trasera

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El cierre de la causa

El 28 de mayo de 2010, la fiscal Taboada tuvo que elevar un informe para dar cierre al caso.

El informe lo escribió en la soledad de su despacho y convencida de que la filtración había sido producto de los vínculos del empresario con el poder.

En el escrito que figura en el expediente, la fiscal afirma: “He de destacar mi íntima convicción de que al momento en que se conoció la ‘noticia criminis’ efectivamente se lucraba con el trabajo sexual de menores. Que no hayamos logrado acreditarlo en forma plena a nuestro arribo dos meses y medio después a Rincón de los Sauces es sin duda harina de otro costal”.

Luego agrega: “He participado personalmente de un sinnúmero de entrevistas a vecinos de la localidad que se niegan a prestar su testimonio (según refieren por temor) y que ejercen diferentes actividades (médicos, docentes, comerciantes, etc.), que me confiaron ’la naturalización de la prostitución’ al decir de sus propias palabras”.

“Lo cierto es que hoy, y a pesar del esfuerzo laboral realizado, no se ha logrado acreditar con la plena prueba exigida por el código ritual el hecho anoticiado, esto es, la prueba reunida no nos permite acreditar válidamente la materialidad objetiva de los hechos investigados”, concluyó así el informe remitido a sus superiores, a los que les solicitó la reserva de las actuaciones.

En los cabarets trabajaban menores, había juego clandestino y también, con los dueños mirando hacia el costado, se comercializaba droga, pero el mecanismo estaba tan bien aceitado que a este ex federal, devenido en empresario de la noche, nada se le pudo demostrar y su poder era tan grande que había muchos profesionales de la localidad sumidos en el temor.

En definitiva, sus palabras en el asadito, de que había acomodado a varios dentro del Poder Judicial, eran tan ciertas como los favores que le debían, y por eso lo mantenían al tanto de todo. Eso es poder.

Roxana, acusada de asesinar a quien la violó, exige juicio con perspectiva de género



Roxana enfrenta un proceso penal por asesinar a un hombre que la violentó sexualmente en el Estado de México. Después de pasar nueve meses en prisión sin sentencia, acusada de homicidio simple con exceso de legítima defensa, la mujer mantiene una lucha por continuar su proceso penal en libertad.

Ciudad de México, 24 de abril (SinEmbargo).– “A las autoridades les pido que hagan su trabajo como les corresponde, que juzguen con perspectiva de género, como no lo hicieron desde un principio”. Este es el llamado que hace Roxana Ruiz, una mujer que podría volver al Centro Penitenciario y de Reinserción Social Nezahualcóyotl, en el Estado de México, por defenderse de una violación sexual, lo que terminó en la muerte de su agresor.

“De no haber sido así, si no me hubiera defendido, sería mi madre quien estaría contando la historia de cómo mataron a su hija. Sí es doloroso, pero tengo que seguir luchando”, dice en entrevista con SinEmbargo.

Roxana, de 22 años, pasó nueve meses privada de la libertad sin sentencia después de que en mayo de 2021 fue detenida por asesinar a un hombre que la agredió sexualmente en su casa. Aunque argumentó que actuó en defensa propia, su declaración fue ignorada por policías del Estado de México.

Desde febrero de este año un Juez de control aceptó que lleve su proceso penal en libertad, pero la familia del hombre que la violentó interpuso un recurso legal para oponerse, ahora está pendiente que el Poder Judicial de la Federación resuelva un amparo promovido por la defensa de la joven y con el que buscan impedir que Roxana regrese al penal.

El 18 de abril, un Juez federal otorgó una suspensión provisional a la mujer originaria de Pinotepa Nacional, Oaxaca, que le permite continuar en libertad mientras el Poder Judicial resuelve si acepta o no su amparo, es decir, aún corre el riesgo de ser detenida. En ese contexto, Roxana exige a las autoridades “saldar su deuda”, pues acusa que desde el inicio del proceso minimizaron la agresión sexual que sufrió. Mujeres de colectivas feministas acuedieron a las inmediaciones de los Juzgados de Nezahualcóyotl para apoyar a Roxana previo a su audiencia. Foto: Andrea Murcia, Cuartoscuro

“Desde el principio hubo muchas anomalías. Cuando me detuvieron hubo revictimización de parte de las autoridades, yo les dije que había sufrido una violencia sexual y prácticamente me dijeron que era por mi culpa. No me hicieron un estudio ginecológico, un estudio psicológico, a pesar de que les dije en repetidas ocasiones que había sido abusada. No tuve acceso a un traductor –Roxana se identifica como una mujer indígena–, tampoco me permitieron hacer llamadas y no me juzgaron con perspectiva de género, igual que a varias mujeres que conocí en el penal”, denunció.

Roxana dio más detalles sobre las irregularidades de su caso en una carta publicada hace unos meses por la asamblea vecinal “Nos Queremos Vivas Neza”, un grupo de vecinas y activistas que ha acompañado su exigencia por justicia: “Desde el día 8 de mayo soy conocida por los medios como la mujer que fue detenida en flagrancia con un cuerpo dentro de un costal. A los policías les dije que sí lo había asesinado, pero que él me había violado y yo sólo quise defenderme. Los policías me hablaron con groserías e inmediatamente me trasladaron a la Procuraduría correspondiente […], me presentaron golpeada, pero no tomaron fotografías, no tomaron en cuenta mi declaración para que yo pudiera defenderme”.

La legítima defensa está reconocida tanto en el Código Nacional de Procedimientos Penales como en el Código estatal. Es un atenuante de delitos como el homicidio y en el Estado de México contempla sanciones que van desde la detención por seis meses a siete años y de 30 a 90 días de multa, además, las penas no pueden exceder las dos terceras partes de las que corresponderían al delito simple.

Además, instancias internacionales como la Corte Interamericana de Derechos Humanos ya han llamado a las autoridades mexicanas a que en casos de violencia contra mujeres analicen las pruebas con perspectiva de género.

Mientras que la Comisión de Derechos Humanos capitalina sentó un precedente con la Recomendación 6/2016 al exhibir la importancia de que autoridades ministeriales y judiciales contemplen el contexto que lleva a mujeres a cometer lesiones u homicidios al defenderse de sus agresores, en particular al ser víctimas de violencia sexual y en el ámbito familiar. Roxana exige no ser detenida de nuevo. Foto: Facebook Nos Queremos Vivas Neza.

LA OMISIÓN DE AUTORIDADES

Roxana espera que las autoridades resuelvan pronto a su favor porque enfrentar el proceso penal le ha traído, además de meses sin libertad, repercusiones emocionales y gastos difíciles de solventar al no poder tener un trabajo fijo, situación que se agrava porque debe mantener a su hijo menor de edad.

Las condiciones que le permitieron seguir en libertad incluyen la obligación de acudir cada semana a la Unidad de Supervisión de Medidas Cautelares y Suspensión Condicional del Proceso a firmar, presentar antidoping con resultados negativos a cualquier estupefaciente, tomar dos veces por semana una terapia psicológica y la prohibición de salir de la ciudad.


“Tengo que tener tiempo disponible para el proceso por si me mandan a llamar a las audiencias, entonces tengo que tener todo mi tiempo disponible. Lo que hago ahora para solventar mis gastos es vender productos. [Continuar con el proceso penal] también aturde en cuestiones emocionales, me pregunto cuándo terminará este proceso y si resultará favorable”, expuso.

A ello se suma el miedo que siente por su seguridad, la de su familia, así como la de las activistas que la acompañan, quienes han sido insultadas en protestas para exigir su libertad.

Roxana reconoce que gracias al apoyo de mujeres defensoras y colectivas del Estado de México ha podido cubrir sus gastos y, principalmente, conseguir avances en el caso. Dice que eso la inspiró a continuar exigiendo un trato digno.


“Las autoridades trabajaron por la presión de más mujeres. Es muy lamentable que la justicia tenga que tener esa presión social para que nos tomen en cuenta a todas. Tenemos que reunirnos, juntarnos y alzar la voz para que respeten nuestros derechos. Sólo así. Es por eso que tenemos que permanecer juntas y no quedarnos calladas, nunca más quedarnos calladas”, dijo convencida.

Como parte del acompañamiento que ha recibido, varias mujeres le han contado testimonios de abuso de autoridad contra ellas o sus familiares, por eso dijo compartir la sensación de hartazgo de quienes se manifiestan por justicia. Familiares y colectivas feministas han hecho manifestaciones a favor de Roxana Ruiz, esperando que logre terminar su proceso. Foto: Crisanta Espinosa, Cuartoscuro


“Nosotras ya estamos hartas de tanto abuso y es por eso que nos unimos a alzar la voz por todas, por las que no están, por las que no pueden”, enfatizó.

Los últimos datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública dan cuenta de la violencia en el estado, pues sólo en los primeros dos meses de 2022 se posicionó como la entidad en donde más se han reportado denuncias por violaciones sexuales, con un total de 457; también es la segunda con más llamadas de emergencia al número 9-1-1 por incidentes relacionados con este delito al reportar 62 entre enero y febrero.

Roxana aseguró que el respaldo de más mujeres también le da fuerza para exigir a las autoridades que cumplan con sus obligaciones, la juzguen sin revictimizarla y analicen el caso considerando que la violencia la ha impactado de manera diferenciada por ser mujer, es decir, desde la perspectiva de género. Con la motivación que ahora tiene también hizo un llamado a quienes, como ella, han sido violentadas en distintos ámbitos:


“A todas las chicas que han sufrido o están sufriendo algún tipo de abuso a su persona les diría que no se dejen, que alcen la voz, juntas tenemos la esperanza de acabar con la violencia de género”.




Montserrat Antúnez Estrada

Periodista y editora. Feminista. Comprometida con comunicar temas sobre acceso a la justicia y derechos humanos. Trabaja por un periodismo con perspectiva de género y que respete la dignidad de las personas.





México: Aprueban en Comisión dictamen para prevenir matrimonio infantil


Por Elda Montiel

Están casadas el 4.45 por ciento, niñas y adolescentes entre 12 y 17 años. También se prohíbe la venta de las menores en las comunidades indígenas desde la Constitución Federal


Cd. de México, 22 abr. 22. AmecoPress/SemMéxico.- El matrimonio infantil afecta en México a 4,45 por ciento de las adolescentes entre 12 y 17 años. El 42,4 por ciento de mujeres en localidades rurales se unieron o se casaron antes de los 18 años y 43,3 por ciento de las jóvenes en esta situación no asiste a la escuela.

Lo anterior lo dio a conocer la diputada priista Norma Aceves García durante la aprobación del dictamen de la Comisión de Derechos de la Niñez y la Adolescencia de la Cámara de Diputados, que integra las iniciativas del Partido Revolucionario Institucional (PRI), el Partido Acción Nacional (PAN) y Morena, para que las autoridades de los tres ámbitos de gobierno adopten medidas para prevenir los matrimonios infantiles.

El documento adiciona un segundo y tercer párrafo al artículo 45 de la Ley General de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes.

También se aprobó la opinión favorable respecto de la iniciativa para reformar el artículo segundo de la Constitución Política en materia de matrimonio infantil, a fin de establecer la prohibición de esta unión para eliminar cualquier justificación que genere la venta de menores de edad o el matrimonio infantil, particularmente en las comunidades y pueblos indígenas en función de sus usos y costumbres.

La diputada Ana Lilia Herrera Anzaldo subrayó que la reforma señala que las autoridades federales, de las entidades federativas, municipales y de las alcaldías de la Ciudad de México, en el ámbito de sus respectivas competencias, deberán adoptar medidas integrales para la protección de niñas, niños y adolescentes contra las prácticas nocivas de cesión a título oneroso o gratuito con fines de unión formal e informal o consuetudinaria.

Estas medidas deberán establecer acciones afirmativas respecto a niñas, niños y adolescentes que formen parte de comunidades indígenas, con discapacidad, en situación de movilidad o en exclusión social.

El texto de la iniciativa especifica que se incluyó el término "prácticas nocivas" establecido en la Recomendación número 31 del Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer y observación general número 18 del Comité de los Derechos del Niño sobre las prácticas nocivas adoptadas de manera conjunta.

Al considerar que la problemática es transversal y debe ser atendida por las autoridades del Gobierno Federal, estatal y municipal, quienes en sus ámbitos de competencia requieren realizar acciones para garantizar el interés superior de la niñez por encima de cualquier uso o costumbre que tenga como finalidad atentar contra los derechos de las niñas, niños y adolescentes.

La diputada Herrera Anzaldo destacó el esfuerzo por integrar las iniciativas de los grupos parlamentarios y de "un esfuerzo importante" realizado de forma coordinada con las organizaciones de la sociedad civil, el Sistema para el desarrollo Integral de la Familia (DIF) y los asesores de la junta directiva de la Comisión.

Aceves García, por su parte, precisó que a nivel legislativo se cuenta con una serie de herramientas para hacer frente al matrimonio infantil con la finalidad de erradicar su incidencia como la Ley General de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes que establece que las leyes federales y las entidades federativas fijen como edad mínima para contraer matrimonio los 18 años, sin excepción.

Sin embargo, son prácticas que, bajo el argumento de ser usos y costumbres, se siguen presentando y violentando los derechos humanos de los menores, como cuando los padres de familia venden o intercambian a sus hijas, lo que obliga a que desde el Poder Legislativo se dote del marco jurídico para enfrentarlas.

La diputada del PAN Margarita Ester Zavala Gómez del Campo reconoció el trabajo de la Comisión por conjuntar todas las propuestas relativas a este tema en un solo dictamen, integrado por iniciativas presentadas por legisladoras del PRI, PAN y Morena.

El año pasado por el mes de octubre se hicieron denuncias sobre esta práctica que, por usos y costumbres prevalece en algunos estados, en al menos 66 comunidades del municipio de Metlatónoc, Guerrero, donde cuatro de cada 10 niñas son vendidas para casarse con hombres adultos, con cifras que van de los 30 hasta los 180 mil pesos (1,5 hasta 9.000 dólares).

Por esa fecha, integrantes de las comisiones de Derechos de la Niñez y Adolescencia; Pueblos Indígenas y Afromexicanos, y de Igualdad de Género, realizaron un pronunciamiento firme: "Las mujeres no se venden, las niñas no se venden, las adolescentes no se venden, esto tiene ya que parar".

Educación cívica básica para fomentar cultura de paz

Por otra parte, en modalidad virtual, se avaló también el dictamen que incorpora el concepto de cultura de la paz como el conjunto de valores actitudes, tradiciones, comportamientos y estilos de vida que rechacen la violencia y prevengan los conflictos a través del diálogo y la negociación entre las personas.

Asimismo, incorpora el impulso de la educación cívica básica para fomentar este tipo de cultura.

Se explicó que el dictamen ratifica el decreto enviado por el Senado de la República al que se le incorporaron dos iniciativas turnadas a la Comisión sobre el mismo tema, presentadas por las diputadas Dulce María Silva Hernández y Flora Tania Cruz Santos, ambas de Morena, por considera que abonan a seguir construyendo en torno al concepto de la paz.

La Comisión también aprobó dictámenes a puntos de acuerdo y opiniones a diversos ordenamientos jurídicos en favor de las niñas, niños y adolescentes para que se incluya la protección a los derechos de los menores migrantes en las mesas de diálogo de las autoridades respectivas y para que se fortalezcan las campañas y acciones para prevenir el embarazo de niñas y adolescentes.

La diputada presidenta Herrera Anzaldo resaltó que la agenda de la Comisión es producto del trabajo plural y colegiado que se ha hecho en pro de la niñez mexicana.

Foto: SemMéxico. 

Pide CNDH que violencia de género sea prioridad en la agenda nacional

 

En un comunicado difundido a propósito del feminicidio de Debanhi Susana Escobar, ocurrido en Nuevo León, la Comisión señaló que este hecho vuelve a colocar el tema al no ser un caso excepcional sino por ser una violencia sistemática y reiterada.

El organismo pidió realizar acciones de manera inmediata en el caso de feminicidio y desapariciones de mujeres y niñas, formular políticas públicas de prevención.

“Este Organismo Nacional se suma al reclamo de la ciudadanía, de las organizaciones de la sociedad civil, de organizaciones no gubernamentales internacionales, de los organismos internacionales y de los órganos de los tratados para que el derecho a la verdad, a la justicia y a las garantías de no repetición por violencia de género, feminicidios y desapariciones sean una realidad en el país”.

Destacó que es necesario revisar las Alertas de Violencia de Género, contar con mecanismos eficientes para investigar y sancionar a las autoridades que no realizan su obligación de proteger a las mujeres y niñas, planes de coordinación entre las diferentes dependencias del ámbito municipal, estatal y federal para cuando sea necesaria en favor de las víctimas y de sus familiares. 

También señaló como prioritario la capacitación al personal ministerial y la formación integral de personal pericial y policial con perspectiva de género, así como la generación de herramientas que eviten la revictimización; contar con acciones oportunas a través del seguimiento de protocolos de atención diferenciados y con una perspectiva interseccional.

Recordó que desde noviembre de 2020 emitió la Recomendación General 43/2020, por violaciones al acceso a la justicia e insuficiencia en la aplicación de políticas públicas en la prevención y atención a víctimas de feminicidio.

“La CNDH espera de las autoridades la atención que cada caso de desaparición de mujeres y niñas o de feminicidio amerita, y las exhorta respetuosamente para que sean atendidos con atingencia, con profesionalismo y prontitud, comprometiendo todos sus esfuerzos para hacerlo”, concluye el comunicado.

22/RED

Presentan acciones de prevención y erradicación de la violencia

  

Al presentar este informe, la titular del Inmujeres, Nadine Gasman Zylberman, aseguró que de manera coordinada entre las instituciones federales y los gobiernos de los estados y los municipios han buscado desarrollar modelos de atención y de atención primaria de la violencia. 

Este modelo, presentado originalmente en una conferencia del pasado noviembre, es eje de la política nacional integral y consiste en prevención, atención y sanción, para lo cual se despliegan servicios e intervenciones dirigidos a la población, así como un cuarto paso que es la erradicación, que requiere programación y presupuesto, estadísticas y evaluación y armonización legislativa.

Por su parte, la secretaria de Seguridad Pública, Rosa Icela Rodríguez Velázquez, dijo que 80 por ciento de los casos de feminicidio son causados por una persona cercana y conocida de la víctima, y anunció una iniciativa para el registro de agresores sexuales y feminicidas para que las fiscalías estatales tengan un banco de ADN para uso forense, en el cual se registre información genética de los agresores y sea utilizado para vincular evidencia entre entidades, con apoyo de un grupo de expertos de la SSPC.

La funcionaria dijo también que “en los próximos meses” se va a expedir un protocolo homologado de atención a la violencia de género y violencia feminicida para los primeros respondientes y a la par se va a emprender una certificación policial de los tres niveles de gobierno para que prevengan y atiendan cualquier caso de violencia con los estándares adecuados. 

Cuestionada directamente sobre cómo funcionaria el registro de ADN, Icela Rodríguez respondió: “estamos iniciando apenas la discusión sobre esta propuesta. Por eso decimos nosotros que es una propuesta, una iniciativa que tiene la Secretaría para ayudar en las investigaciones”. 

Cimacnoticias también preguntó a las funcionarias si son vigentes la estrategia “Puertas Violeta” y “Siempre Vivas” que fueron anunciadas por ellas en el pasado, y cuáles han sido sus resultados.

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Al respecto, la titular del Inmujeres  dijo: “hemos estado trabajando de una manera coordinada en diferentes estrategias de prevención de la violencia contra las mujeres en el marco del protocolo, del modelo del que hablamos, acciones que van desde las redes Mujeres Constructoras de Paz”.  

Es de recordar que desde el inicio de su administración, el gobierno federal lleva enlista una serie de acciones que no han logrado disminuir la violencia y no constan en documentos oficiales, empezando por el Programa Integral para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, uno de los documentos más importantes de la administración federal pues contiene las acciones específicas que cada dependencia de gobierno debe realizar para atender esta problemática, y que se publicó oficialmente hasta diciembre de 2021.

Además, desde el inicio de su gestión, en diciembre de 2018, y hasta el 25 de noviembre de 2021, Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, la Secretaría de Gobernación (Segob) había presentado en conferencia de prensa al menos tres acciones para prevenir la violencia, sin que ninguna conste en algún documento oficial ni exista aún evidencia sobre su impacto, estas son: Puerta Violeta, el Acuerdo Nacional por la Vida, la Seguridad e Integridad de las Mujeres, el Plan Emergente para Prevenir y Sancionar las violencias contra las mujeres y la Red de servicios especializados para mujeres que se llama “Siempre vivas, siempre libres, siempre iguales.

En el caso de la acción “Puerta Violeta”, anunciada por la entonces secretaria de gobernación, Olga Sánchez Cordero, la Segob informó a Cimacnoticias vía transparencia que no tenía facultades sobre este programa, llamado también Estrategia Nacional de Protección Integral a Mujeres, Niñas, Niños y Adolescentes; el Inmujeres, por su parte, precisó también vía transparencia que para esta acción, que consiste en unidades de atención en los municipios, el gobierno federal únicamente brindó asesoría y acompañamiento a los grupos impulsores locales que han implementado las unidades en el Estado de México, Michoacán y San Luis Potosí, sin embargo, no tenía información específica de cada una de estas unidades. 

El Acuerdo Nacional por la Vida, la Seguridad e Integridad de las Mujeres, por otra parte, fue presentado en abril de 2020 por la entonces titular de la Conavim, la maestra Candelaria Ochoa, ante el Congreso de la Unión pero no formaba una política pública y nunca derivó en un documento oficial. 

Otro caso es el de la Red de Servicios Especializados para mujeres que se llama “Siempre Vivas, Siempre Libres, Siempre Iguales”, presentado este enero de 2021, para el cual la Conavim dijo vía transparencia, que no genera, registra, ni mantiene información al respecto.

Llama OCNF a gobierno de Nuevo León a hacer públicas acciones para atender desapariciones de mujeres y feminicidio

  

En un comunicado a propósito del feminicidio de Debanhi Susana Escobar Bazaldúa,joven de 18 años desaparecida el 9 de abril de 2022 en General Escobedo, Nuevo León y encontrada asesinada el pasado fin de semana, el OCNF condenaron el hecho que no es aislado en la entidad, y recordaron que tan sólo en los dos primeros meses de este año, la entidad se colocó en el tercer lugar en el país por casos de feminicidio: 15 casos de feminicidio y 8 homicidios dolosos de mujeres, un total de 23 mujeres asesinadas.

El Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO) documentó en lo que va de 2022 que Monterrey, Juárez y Guadalupe, son los municipios con mayor índice de desapariciones.

Desde 2021, dice el Observatorio en el comunicado, la entidad se colocó en los primeros lugares del país por violencia contra mujeres; en ese año ya ocupaba el cuarto de acuerdo con cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) que registró 66 casos de feminicidio y 35 homicidios dolosos de mujeres, un total de 101 mujeres asesinadas.

Respecto a los casos de desaparición en 2021, el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO) documentó un mil 145 casos de mujeres desaparecidas y no localizadas, de las cuales localizaron a 880, por lo que 265 mujeres, adolescentes y niñas continúan reportadas como desaparecidas o no localizadas por lo menos hasta el 31 de diciembre de 2021, señala el comunicado.

Por todo ello el Observatorio llamó al gobierno de la entidad encabezado por Samuel García, para que priorice las medidas dictadas por la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim) en el marco de la Alerta de Violencia de Género para el estado.

A la fiscalía estatal le pidió investigar con perspectiva de género la desaparición y posterior asesinato de Debanhi Susana Escobar Bazaldúa, a fin de sancionar a todas las personas que por acción y omisión contribuyeron a la materialización de la desaparición, asesinato y cualquier otra violación a sus Derechos Humanos.

A la Comisión Estatal de Búsqueda estatal le pidió revisar las acciones que ha emprendido en los últimos 6 meses a fin de diagnosticar cuáles son los ajustes que se tienen que realizar a fin de garantizar el cumplimiento de su visión.

Al Grupo Inter y Multidisciplinario de la Alerta de Violencia en Nuevo León, le pidió incorporar un análisis sobre la situación de desaparición en el estado y emitir medidas específicas para atender la problemática, ya que se identifica un patrón que puede estar incurriendo en delitos de trata y feminicidio.

Celebran mujeres 15 años de decidir libre y voluntariamente sobre sus cuerpos

  

En un comunicado difundido por IPAS, co-convocante del foro conmemorativo “ILE, 15 años haciendo historia”, realizado esta mañana en el Museo de la Ciudad de México en vísperas de la conmemoración 15 de la Interrupción Legal del Embarazo (ILE) en la capital, defensoras de Derechos Humanos entre otras actoras, señalaron que México está listo para regular el aborto,

 “Necesitamos transitar a ver el aborto como lo que realmente es: un servicio de salud y dejar de tratarlo como delito. Actualmente, el aborto es el único servicio de salud reproductiva que está regulado en los códigos penales”, destacó la directora de Ipas Centroamérica y México (Ipas CAM), María Antonieta Alcalde Castro.

Durante su intervención, la secretaria de salud de la Ciudad de México, Olivia López Arellano, reconoció que la despenalización del aborto en la capital del país ha significado no tener a ninguna mujer en prisión por decidir sobre su cuerpo, y que ninguna haya muerto por interrumpir un embarazo.

La presidenta y directora de IPAS Global, Anu Kumar, contextualizó que la despenalización se dio en el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM) de la ONU, que entre sus prioridades establecieron que el aborto fuera un tema central en la agenda regional y global.

En 15 años de aborto legal en la Ciudad de México, más de 247 mil mujeres han accedido a este derecho sin registrarse una muerte por ello. Un total de 94.5 por ciento de quienes accedieron a la ILE son mayores de edad, 78.8 por ciento de los procedimientos de ILE se realizaron con el método de medicamentos, 68.8 por ciento de las usuarias reportaron residir en la CDMX y 31.1 por ciento en otras entidades federativas; además, 41 por ciento de quienes abortaron reportaron estar casadas o en unión libre.

En el foro realizado en conjunto con la Secretaría de Salud de la Ciudad de México (Sedesa) participaron la secretaria de la Mujer de la Ciudad de México, Ingrid Gómez Saracibar; la representante del Fondo de Población de Naciones Unidas en México, Alanna Armitage; la directora general del Centro Nacional de Equidad de Género y Salud Reproductiva, Karla Berdichevsky Feldman; la fundadora de GIRE y Debate Feminista, Marta Lamas; la directora ejecutiva de GIRE, Rebeca Ramos Duarte; la co-directora de Católicas por el Derecho a Decidir, Aidé García Hernández entre otras defensoras y funcionariado de salud.

22/RED

El sureste de México con la mayor desaparición de mujeres y niñas

 



Por Elda Montiel

Hasta 67 ciento en Campeche, Chiapas, Tabasco y Yucatán. Impunidad absoluta rasgo de la desaparición forzada en México: Comité de Naciones Unidas. Carmen Roda Villa Quintana insta al gobierno a retirar a militares de las tareas de seguridad pública

Cd. de México, 20 abr. 22. AmecoPress/SemMéxico.- La impunidad casi absoluta es el rasgo estructural de las desapariciones forzadas en México que, hasta el 26 de noviembre, de acuerdo a cifras oficiales, se habían registrado 95 mil 121 personas de las cuales solo el 6 por ciento habían sido judicializados y se habían emitido 36 sentencias.

Informó presidenta del Comité de Desapariciones Forzadas (CED) de la Organización de Naciones Unidas, en conferencia de prensa este12 de abril en Ginebra, Suiza.

Según el Registro Nacional de Personas Desaparecidas, hubo 8 mil casos nuevos cada año en los últimos cinco años. “Entre el 2006 y el 2021 se produce un crecimiento exponencial de las desapariciones en el país. Esto es un 98 por ciento del total desapariciones que ocurrieron durante dicho periodo”.

Destaca el Informe que por la pandemia del Covid 19 se incrementó notablemente las desapariciones de niños, niñas a partir de los 12 años, así como de adolescentes y mujeres.

En algunas entidades federativas, la desaparición de mujeres supera ampliamente el promedio nacional, que es el 25 por ciento, porcentaje que aumenta al 67 por ciento en Campeche y más del 60 por ciento en Chiapas, Tabasco y Yucatán (en su mayoría casos de niñas y adolescentes de 10 a 19 años).

Estas desapariciones están vinculadas con la sustracción de niños y niñas (dentro o fuera del ámbito familiar), a desapariciones como medio para ocultar la violencia sexual y feminicidio, al reclutamiento y a las represalias.

Las víctimas y las autoridades también reportaron desapariciones que tenían por objetivo la trata y explotación sexual.

Delincuencia organizada y servidores públicos los perpretadores

El Comité señala como principal perpetrador de la desaparición forzada a “la delincuencia organizada con diversos grados de participación, aquiescencia u omisión de servidores públicos” contra defensoras/es de derechos humanos, buscadores de desaparecidos, periodistas, personas que son encarceladas sin notificación a sus familiares, migrantes que son abandonados sin recursos en lugares desconocidos y choferes de vehículos pesados secuestrados en las carreteras del norte del país entre otros casos.

El Comité considera de particular preocupación la victimización específica de las mujeres que, en la mayoría de los casos, quedan a cargo de su familia y afrontan con sus propios medios la búsqueda de sus seres queridos, al tiempo que sufren los graves efectos sociales y económicos de las desapariciones y, además, en muchos casos son víctimas de violencia, persecución, estigmatización, extorsión y represalias.

El Comité mostró preocupación por la situación de las y los defensores de los derechos humanos, algunos de los cuales han sido desaparecidos por su participación en búsquedas y lucha contra las desapariciones. De las más de 1.500 personas beneficiarias del Mecanismo de Protección para Defensores, el 70 por ciento son defensoras de los derechos humanos y el 15 por ciento se dedican a la búsqueda de personas desaparecidas.

También mostró su preocupación por la desaparición de los defensores y defensoras de los derechos humanos y de más de 30 periodistas entre el 2003 y el 2021, ya que “ninguna de estas personas ha sido localizada y las investigaciones y las sanciones a los responsables no han tenido avances”.

Durante la visita, el Comité también escuchó alegaciones de desapariciones ocurridas en prisiones y centros de migración. El Comité tomó nota de los obstáculos que impiden a las personas privadas de libertad contactarse con el exterior e informar sobre su paradero.

A manera de ejemplo, una madre reportó que su hija fue desaparecida tras haber ingresado al centro de detención para visitar a su pareja; la acompañó hasta la entrada del centro y la esperó hasta la finalización de la visita, pero de allí, nunca salió. Al consultar a las autoridades carcelarias sobre el paradero de su hija, afirmaron que no tenían información sobre ella.

Las comunidades indígenas también se han visto afectadas por desapariciones. Estas ocurren principalmente en el contexto de conflictos sociales y territoriales vinculados con el desarrollo de megaproyectos de índole minera o energética o tras el despojo o acaparamiento de tierras para explotación económica por parte de grupos del crimen organizado u otros actores privados, con diferentes niveles de involucramiento o aquiescencia de servidores públicos.

Durante la visita, el Comité recibió información sobre la desaparición de personas LGBTIQ+, principalmente a hechos ocurridos en Jalisco, Michoacán y Veracruz. Dichas desapariciones habrían sido cometidas por fuerzas de seguridad, o por la delincuencia organizada con distintos niveles de connivencia de las autoridades, y en muchos casos con fines de “limpieza social” o de explotación sexual, frecuentemente tras el internamiento en los llamados “centros de terapias de reconversión”.

Crisis Forense; 120 años para identificar los cuerpos

El Comité también expresó su profunda preocupación por la crisis forense que enfrenta el país. Según datos públicos, más de 52,000 personas fallecidas no identificadas se encuentran en fosas comunes, instalaciones de los servicios forenses, universidades y centros de custodia y almacenamiento forense. Esta cifra, a pesar de su magnitud, no incluye los cuerpos todavía no localizados, ni los miles de fragmentos de restos humanos que las familias y comisiones de búsqueda recogen semanalmente en las fosas clandestinas.

Los estados de Baja California, Ciudad de México, Estado de México, Jalisco, Chihuahua, Tamaulipas y Nuevo León concentran el 71,73 por ciento de los cuerpos no identificados.

Los servicios forenses son insuficientes, y, como se desarrolla más adelante, varios de los instrumentos previstos en la Ley General todavía no han sido establecidos y no se cuenta con una política pública de identificación humana en relación con la desaparición de personas. Según varios expertos entrevistados, en las actuales condiciones serían necesarios 120 años para identificarlos, sin contar los nuevos cuerpos que se van sumando cada día.

Comité recomienda retiro inmediato de las fuerzas armadas de las tareas de seguridad

Destacan las palabras de la presidenta del Comité, Carmen Rosa Villa Quintana, cuando recomendó a México “establecer un plan de retiro ordenado e inmediato de las fuerzas militares de las tareas de seguridad pública”.

Cuando el presidente Andrés Manuel López Obrador en el informe de los 100 días de su cuarto año de gobierno, este 12 de abril, agradeció a los titulares de las Fuerzas Armadas, las secretarias de la Defensa y Marina su colaboración en las tareas de seguridad, en desarrollo y en bienestar.

Entre las recomendaciones destacan reconocer la responsabilidad de los servidores públicos; visibilizar, informar y sensibilizar sobre desapariciones e Implementar debidamente el marco normativo.

Recomendaron necesario la implementación urgente de una Política Nacional de Prevención y Erradicación de las desapariciones y que tenga como ejes transversales los estándares de debida diligencia, el enfoque diferencial y de derechos humanos

El Comité urgió a México a fortalecer los procesos de búsqueda e investigación, brindar apoyo humano y financiero adecuado a la Comisión Nacional de Búsqueda y a las comisiones locales, y asegurar la coordinación sistemática y efectiva de todas las instituciones involucradas en el proceso de búsqueda, investigación, reparación y acompañamiento a las víctimas.

El Comité también hizo un llamado a México para que elimine los obstáculos en la persecución penal, preste la debida atención a las desapariciones de migrantes y aborde la crisis forense en el contexto de una Política Nacional para la prevención y erradicación de las desapariciones forzadas.

Contener acciones concretas e indicadores mensurables que permitan evaluar su cumplimiento y resultados, por lo que deberá establecerse un sistema de monitoreo transparente e independiente que asegure la rendición de cuentas.

Involucrar a todas las autoridades federales, estatales, municipales, así como a los órganos autónomos de México y a amplios sectores de la sociedad, incluyendo las víctimas y colectivos de víctimas y sus representantes, con firme voluntad política y compromiso efectivo.

El Comité recomienda al Estado parte convocar a los organismos y comunidad internacionales para articular mecanismos de cooperación y coordinación de los múltiples proyectos promovidos para afrontar las desapariciones. El Comité considera urgente que dichos proyectos se desarrollen de forma más concertada con el fin de evitar duplicaciones y salvar las lagunas de protección existentes.

El Comité de Desapariciones Forzadas (CED) visito México del 15 al 26 de noviembre de 2021, de conformidad con el artículo 33 de la Convención. La delegación visito13 estados, sostuvo reuniones con más de 85 instituciones de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, así como órganos autónomos, se reunió con cientos de víctimas y decenas de organizaciones de la sociedad civil.

Foto: SemMéxico. 

Violación de mujeres y niñas en Ucrania: el otro drama de la guerra

 



Por Maria Pereira


Desde el inicio de la invasión rusa se han reportado más de 300 casos de violaciones. Sin embargo, se estima que el número sea mayor debido a la dificultad para reportarlos


Madrid, 25 abr. 22. AmecoPress/Internacional.- En los conflictos militares las mujeres sufren una doble victimización. Al horror de las consecuencias de las guerras, en el caso tanto de las mujeres como de las niñas, se les suma las violaciones y agresiones sexuales. Ucrania, al igual que otros muchos países que han vivido algún conflicto militar, es testigo de ello.

Entramos en el tercer mes de invasión rusa. En un momento en el que las tropas rusas comienzan a replegarse para concentrar sus esfuerzos en la zona del Donbás, los daños de la guerra comienzan a aflorar. Además del horror y las muertes, las violaciones a mujeres han comenzado a salir a la luz, demostrando que estas continúan siendo botines de guerra independientemente de los marcos legales vigentes que penalizan dichas agresiones o de los propios avances en derechos humanos.

En las guerras los derechos humanos caen en el olvido y en el caso de las mujeres los daños se duplican. El presidente ucraniano, Volodomir Zelensky, ha denunciado “cientos de violaciones incluso a niñas pequeñas, incluidas bebés” como víctimas de estos actos desde que comenzó la invasión rusa en las zonas ocupadas. A las palabras de Zelensky se les suma también las del alcalde de Bucha, quien ha reportado “el abuso sexual de 25 jóvenes ucranianas en un mes”.

Estas declaraciones han sido reiteradas por la defensora del pueblo de Ucrania, Liudmila Denisova, quien denunció la existencia de un sótano ubicado en Bucha donde se encuentran secuestradas estas 25 mujeres, de entre 14 y 24 años. Nueve de ellas actualmente están embarazadas como consecuencia de las constantes violaciones de los rusos. Denisova ha agregado que “los soldados rusos les dijeron que las violarían de tal manera que no querrían tener relaciones sexuales con ningún hombre para evitar que tengan hijos ucranianos”.

El horror de la guerra de Ucrania no es solo el que vemos en cada ataque, ola de refugiados o masacre. Hay otro drama silencioso que poco a poco va saliendo a la luz: miles de mujeres y niñas usadas como botín de guerra, agredidas y la mayoría de veces violadas. Algo que por desgracia se repite en la mayoría de conflictos bélicos.

Describir esta situación es la antagonía del bienestar, es un recordatorio a nuestras conciencias de hasta dónde puede cambiar la vida en cuestión de semanas y una llamada a la solidaridad con los millones de mujeres que están siendo arrasadas en Ucrania. La guerra, cualquiera, es un sinsentido y un horror que afecta a todas las partes implicadas, pero que se suele cebar de forma especial con las mujeres, niños, ancianos y desvalidos del bando atacado.

Cada vez llegan más testimonios y pruebas de violencia sexual en las zonas de guerra: violaciones en grupo, asaltos a punta de pistola y agresiones y violaciones cometidas con niños, o delante de ellos, son algunos de los testimonios más sombríos denunciados y que comienzan a ser recogidos por los investigadores de Naciones Unidas en las zonas que se van recuperando. “La combinación del desplazamiento masivo con la gran presencia de reclutas y mercenarios, y la brutalidad mostrada contra los civiles ucranianos, ha levantado todas las banderas rojas”, ha dicho Sima Bahous, Directora Ejecutiva de ONU Mujeres.

Elena (nombre falso de un testimonio recogido por la agencia AFP) es una de esas víctimas de violencia sexual. Acusa a dos soldados rusos de haberla violado durante 13 horas, después de haberla seguido a la salida de una tienda: “No me dio tiempo a llegar a casa. Entraron por la puerta detrás de mí. No tuve tiempo de coger mi teléfono, no tuve tiempo de hacer nada. Simplemente, en silencio, me empujaron sobre la cama, me aplastaron silenciosamente con la ametralladora, me desnudaron. Fue asqueroso. Muy repugnante. No quiero vivir”.

Bucha: la mayor aberración con 25 niñas violadas

Dentro de los horrores descubiertos hasta ahora en cada zona liberada la ciudad de Bucha se alzaría tristemente con el mayor horror: según ha asegurado Liudmila Denisova, Defensora de los Derechos Humanos en Ucrania, a la cadena BBC y ha confirmado ayer el alcalde de la misma, Anatoliy Fedoruk, las fuerzas de Moscú abusaron sexualmente de 25 niñas y adolescentes durante un mes en un sótano.

Se trataría de menores de entre 11 y 14 años, de las que 9 quedaron embarazadas, según el relato de Denisova al diario The New York Times que Fedoruk ha confirmado. El alcalde no ha querido profundizar en el tema por respeto a la intimidad de las mujeres agredidas. “Tengo detalles, pero no puedo compartirlos”, ha declarado en una rueda de prensa en Kiev.

Mujeres y niñas como botín de guerra

El alcalde de Bucha confirma que las fuerzas de Moscú abusaron sexualmente de 25 niñas y adolescentes durante un mes en un sótano de la localidad ucrania.

La retirada de las tropas rusas de los alrededores de Kiev para concentrar su ofensiva en el sur y este de Ucrania no solo ha dejado imágenes de civiles muertos y edificios bombardeados, sino también un aumento de las denuncias de violencia sexual contra las mujeres. La Defensora del Pueblo ucrania, Liudmila Denisova; el alcalde de la localidad ucrania de Bucha, Anatolii Fedoruk; la agencia de la ONU dedicada a las mujeres y ONG como La Strada o Human Rights Watch se han hecho crecientemente eco de casos comprobados o denuncias de agresión sexual por parte de militares rusos.

El alcalde de Bucha ha confirmado este martes que las fuerzas rusas abusaron sexualmente de 25 niñas y adolescentes, de entre 11 y 14 años, durante el mes que las tuvieron encerradas en un sótano en la localidad, convertida en icono del horror por las imágenes de civiles muertos tras el repliegue ruso. Nueve de ellas quedaron embarazadas, según el relato de Denisova al diario The New York Times que Fedoruk ha confirmado. El alcalde no ha querido profundizar en el tema por respeto a la intimidad de las menores agredidas. “Tengo detalles, pero no puedo compartirlos”, ha declarado en un acto ante la prensa en Kiev. Además, ha desvelado que, en un caso aparte, un guarda fue violado y posteriormente asesinado, también en Bucha.

Agredir mujeres: un arma de humillación en la guerra

Pero por desgracia el caso de Ucrania no es una excepción en la Historia, las violaciones y vejaciones varias a las mujeres y niños son desde hace siglos un arma que los soldados emplean para aterrorizar y humillar a la población civil, y de paso, expresar el sometimiento al bando contrario a través de acciones humillantes.

Estos hechos aberrantes jamás podrán estar justificados, el dicho popular de ‘en el amor y en la guerra todo vale’ es una idea que debería ser borrada de la faz de la Tierra, pero para recordarlo también hay una serie de tratados internacionales que regulan los derechos humanos incluso en tiempos de guerra. Acaba de recordarlo la ONG Human Rights Watch (HRW) en un informe publicado hace unos días:

“Todas las partes del conflicto armado en Ucrania están obligadas a respetar el derecho internacional humanitario, o las leyes de la guerra, incluidos los Convenios de Ginebra de 1949, el Primer Protocolo Adicional a los Convenios de Ginebra y el derecho internacional consuetudinario. Las leyes de la guerra prohíben el asesinato intencionado, la violación y otros actos de violencia sexual, la tortura y el trato inhumano de los combatientes capturados y de los civiles bajo custodia. También están prohibidos el pillaje y el saqueo. Cualquiera que ordene o cometa deliberadamente estos actos, o que ayude o instigue a cometerlos, es responsable de crímenes de guerra”, denuncia HRW en un informe, en el que narra los presuntos abusos cometidos por las fuerzas rusas en algunos territorios de Ucrania.

Fotos: Archivo AmecoPress. Telva. 

Feminicidio


Santiago Nieto Castillo

El feminicidio de Debanhi Escobar nos deja, una vez más, perplejos. Atónitos ante una sociedad que es medianamente consciente (muchas más mujeres que hombres, así como una sociedad más consciente que la clase política) de la violencia estructural que ha permeado por años en contra de las mujeres. La violencia feminicida es la forma más extrema de violencia de género que se comete día tras día en nuestro país. México, desde hace décadas, se encuentra entre los países en América Latina con mayor índice de muertes violentas de mujeres. Ha sido condenado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en cuatro ocasiones por violencia y discriminación contra la mujer, siendo el Estado que tiene más condenas ante dicho tribunal en estos temas.

Una de dichas condenas se refiere precisamente al feminicidio. En 2009, México fue condenado en el caso conocido como Campo Algodonero por la falta de prevención y debida diligencia en la investigación de la muerte de las jóvenes Claudia Ivette González, Esmeralda Herrera Monreal y Laura Berenice Ramos Monárrez, cuyos cuerpos fueron encontrados en 2001 en un campo algodonero de Ciudad Juárez, Chihuahua. La Corte estableció estándares mínimos para adoptar medidas de protección: 1. El conocimiento por parte de las autoridades estatales de una situación de riesgo real e inmediato; 2. Para un individuo o grupo de individuos determinado, y 3. La existencia de posibilidades razonables de prevenir o evitar ese riesgo. Así, en el caso concreto, señaló que la responsabilidad de las autoridades estatales por violar su deber de investigar con debida diligencia frente a las denuncias de desaparición de las víctimas, con base en que dichas autoridades, dado el contexto del caso, o sea, uno de discriminación histórica y estructural hacia un grupo en condición de vulnerabilidad, tenían conocimiento de que existía “un riesgo real e inmediato de que las víctimas fueran agredidas sexualmente, sometidas a vejámenes y asesinadas. De igual manera, en opinión de la Corte el deber de investigar efectivamente las violaciones de los derechos humanos tiene alcances adicionales cuando se trata de una mujer que sufre una muerte, maltrato o lesión a su libertad personal en el marco de un contexto generalizado de violencia de género.

La Corte fue clarificadora respecto a la impunidad que envolvió al caso, situación que desafortunadamente hoy en día prevalece en los sistemas de procuración y administración de justicia en nuestra nación. La mayoría de estos casos que llegan a conocimiento del Ministerio Público no se judicializan, mucho menos se culmina con una sentencia condenatoria o se satisface la reparación de daño; tan solo el Índice Global de Impunidad de 2020 manifiesta que el país mantiene un nivel de impunidad de 95.65 por ciento en su sistema de justicia. Y ya no hablemos del número de casos que no son denunciados; cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) permiten estimar que, a escala nacional, la cifra negra aumentó 93.3 por ciento para 2020.

La incidencia delictiva en los casos de feminicidios está lejos de detenerse, cuya tendencia en el fuero común va al alza. Tan solo una muestra, en 2018, último de año del ex presidente Enrique Peña Nieto, según datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, se registraron 947 casos en toda la nación; en 2020, fueron 948. En 2021, se reportaron 977 casos de posible feminicidio, siendo mayo y agosto, los meses con mayor incidencia, con 105 y 109, respectivamente. En el primer trimestre de 2022, se registraron 229 casos. En este mismo periodo, se pueden observar cinco entidades que reportan el mayor número de los casos que, en orden alfabético, son: Ciudad de México, Jalisco, estado de México, Nuevo León y Veracruz.

Es el estado de México, la entidad federativa que, de manera alarmante, ocupa el primer lugar en reportes de feminicidios en la República, pues tan sólo en 2020, se registró un total de 150 casos. Cabe mencionar que los delitos sexuales y de violencia contra las mujeres se incrementaron durante la pandemia de covid-19 y, por otro lado, habría que considerar que durante el sexenio de Peña Nieto no se registraban todos los casos de feminicidios como tales, puesto que se pretendía maquillar las cifras, algo a lo que la ex secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, siempre se opuso en la actual administración.

Ante indicadores tan claros, junto con los precedentes que tiene el Estado mexicano en el sistema interamericano de derechos humanos respecto a su insuficiente actuación para combatir la violencia de género, así como la difusión por medios de comunicación de posibles casos de feminicidio que generan frustración e impotencia entre la población, de la nación no se puede permanecer ajeno por más tiempo.

Vale la pena recordar que en 2015, la primera sala de la Suprema Corte de Justicia mexicana emitió la primera sentencia relacionada con el fenómeno de feminicidio, referente a la investigación de la muerte violenta de Mariana Lima Buendía a manos de su pareja, la cual establece la obligatoriedad de investigar y juzgar con perspectiva de género, así como de reparar a las víctimas de violaciones de derechos humanos. Aunado a ello, soy de la opinión, de la vital importancia de la coordinación entre los tres órdenes de gobierno, dado que no se trata de casos aislados, sino precisamente de un fenómeno delictivo en presencia en todo el territorio nacional, así como la implementación de una plataforma única de información sobre casos de feminicidios.

Por otro lado, considero que no debe existir la fragmentariedad de las investigaciones en esta clase de delitos, sino que éstas deben concentrarse en fiscalías especializadas, integradas con ministerios públicos y policías que deben estar especializados en el tema de perspectiva de género.

La CIDH ha sancionado al Estado mexicano en los casos de Campo Algodonero, Fernández Ortega, Rosendo Cantú y en el caso de mujeres víctimas de violencia sexual en Atenco, precisamente porque el modelo de procuración de justicia implementado hasta este momento en materia de derechos de las mujeres y acceso a la justicia ha sido insuficiente y es un caldo de cultivo para la impunidad en aquellas zonas de la República donde existe mayor índice de violencia. Asimismo, la tolerancia social e institucional, los obstáculos para acceder a servicios de salud y de educación oportunos y de calidad, entre otros factores, contribuyen a que todas estas formas de violencia contra las mujeres ocurran y se perpetúen. Hoy más que nunca la urgente instrumentación de políticas públicas a favor de una vida libre de violencia de género en nuestro país, debe ser estar ajeno a intereses partidistas, al mismo tiempo que la ciudadanía debe exigir agendas de género en los proyectos políticos de sus próximos representantes. Sólo una sociedad consciente de sus derechos puede exigir el alto a esta problemática social que no únicamente amenaza a las víctimas directas e indirectas de la violencia, sino que impacta en la estabilidad de la propia sociedad. El feminicidio de Debanhi Escobar no debe quedar impune. Pero, sobre todo, no debió pasar.