Polvos, lodos y machismo

Miguel Lorente Acosta 

De “aquellos polvos vienen estos lodos”…La sabiduría popular sabe más por vieja que por popular, la experiencia la hace sabia a través de las vivencias protagonizadas, aunque no siempre aprende de lo vivido.

En algunos de los acontecimientos que ocurren en nuestros días sólo falta escuchar de fondo esa frase que muchos padres y madres repetían ante los problemas de alguno de sus hijos, “es que no aprendes”, decían recriminándoles su responsabilidad en lo ocurrido. Pero el problema del aprendizaje no sólo está en la incapacidad de adquirir conocimiento, sino que con frecuencia radica en la falta de voluntad para aplicarlo. Y lo que nos dice la experiencia ante determinados sucesos no es que la sociedad sea incapaz de aprender, sino que dentro de ella hay quien no está dispuesto a renunciar a determinados beneficios y privilegios, aunque se a costa de generar un riesgo que por lo general afectará a otras personas.

Cuando decimos que “el machismo es cultura, no conducta”, hay quien reacciona con cierta confusión, pero también hay quien responde con beligerancia desde posiciones machistas diciendo eso de que “ahora resulta que todo va a ser machismo”. Y sí, todo es machismo porque la cultura, ese conocimiento que permite organizar la convivencia y definir las identidades, está construido sobre lo que los hombres han considerado oportuno a lo largo de la historia para articular las relaciones, distribuir roles, tiempos y espacios, y definir la identidad de las personas que la forman. No hace falta esperar un resultado para considerar la existencia del machismo, el machismo no es el resultado, sino lo que hace posible ese resultado y luego le da significado para que sea coherente con sus ideas, valores y creencias. Por eso la Igualdad es la gran deuda de la historia y las mujeres las grandes discriminadas, y lo son más que las “razas”, castas, orígenes o procedencia de las personas, pues ellas, además de esas discriminaciones estructurales, están discriminadas en cada uno de esos grupos respecto a  los hombres.

El machismo es una construcción de poder, es decir, se ha hecho de manera interesada para que quien “parte y reparte se lleve la mejor parte”, y estas personas que cortan y reparten en nuestra sociedad son los hombres. Y para conseguir los beneficios materiales que les permitan cobrarse su compromiso con el sistema utilizan lo privado y lo público, el “amor romántico” y la violencia, la política y el conflicto, la salud y la enfermedad… Utilizan todo lo que sea necesario y lo hacen cada vez más, puesto que cualquier modelo de poder está pensado para crecer, no sólo para permanecer, de ahí que no haya espacio para el autocontrol ni la renuncia, puesto que su propia existencia sería considerada en sí misma como un fracaso.

Y el modelo de poder machista no sólo se basa en la obtención de beneficios y privilegios como resultado, sino que gran parte de su estrategia se fundamenta en las formas de lograr esos objetivos. Por eso al machismo no le basta con haber establecido una jerarquía en lo que lo masculino marca las diferencias y los hombres ocupan el poder, sino que, además, exige que quien actúe en su nombre debe expresarlo en la práctica a través del uso de la fuerza y la violencia, en dominar y someter, para de ese modo hacer de la realidad su principal instrumento, y así reafirmar y retroalimentar su carrera sin límites por medio de cada una de sus acciones y logros.

La naturaleza no es diferente al resto de los elementos que el machismo utiliza para y crecer en poder. La naturaleza queda sometida al machismo, la hace suya a través de la fuerza, la violencia, la invasión de sus espacios y su posterior conquista para sus intereses. Todo ello con el objeto de expandir su poder y recompensar a quienes lo secundan por medio del dinero, del status, de las influencias…. en definitiva, del reconocimiento.

El razonamiento es sencillo. Los edificios se construyen y el urbanismo de las ciudades se diseña tal y como se piensan, y se piensan según la cultura machista entiende que deben ser esas ciudades a partir de las necesidades y de la mirada de los hombres, y del uso que ellos vayan a hacer de ellas. Si ese diseño crea espacios donde las mujeres pueden sufrir la violencia de otros hombres, da igual; y si la naturaleza, su medio y sus ríos se ven sometidos y expulsados de su territorio, a ellos les da lo mismo. Lo importante son los beneficios y el reconocimiento obtenido por sus grandes construcciones.

El feminismo ha puesto de manifiesto esta realidad (como también lo ha hecho en cada uno de los diferentes ámbitos de la sociedad), y plantea alternativas para mejorar las ciudades, su desarrollo y su relación con la naturaleza. A pesar de ello, desde el machismo lo ven como una “exageración” y como un planteamiento absurdo, pues desde la visión androcéntrica todo se soluciona con más “fuerza”. Y si se dice que los pilares de un puente no aguantarían una riada, su solución es construir otros más sólidos, no evitar el problema de la ocupación del curso fluvial;  y si se plantea que un muro puede ceder ante una tormenta intensa, en lugar de buscar una alternativa responde que se levanta uno más ancho y más alto. La clave está en imponer su visión y demostrar su poder.

Los estudios urbanísticos con perspectiva de género llevan muchos años trabajando todas estas cuestiones e identificando los factores de riesgo para la convivencia en el día a día y en situaciones excepcionales, pero el machismo, esa “normalidad con perspectiva masculina”, los ignora y los presenta como “sinrazones” dirigidas a cuestionar a los hombres y a plantear temas menores, puesto que las mujeres, dicen, son incapaces de competir con los hombres en los “grandes temas”.

Lo ocurrido en las últimas riadas que hemos sufrido tiene parte de responsabilidad en el modelo machista de urbanismo, y en la prepotencia que muestran ante el riesgo, pues para el machismo el riesgo sólo es una oportunidad para demostrar su valor, aunque sea con el sufrimiento ajeno. Y la responsabilidad se inicia en las construcciones que se hicieron, pero antes lo estuvo en el diseño del plan de ordenación urbana del lugar, y todavía antes en las agresiones que se ejercen sobre la naturaleza a través de su ocupación y de toda la contaminación que se vierte sobre ella.

No es un problema nuevo ni propio de determinados lugares debido a sus especiales circunstancias, es un problema de siempre que cada vez se repite y se agrava más por esa forma de entender el urbanismo y las relaciones con la naturaleza. No se puede jugar a la ruleta rusa con el clima ni con nada, y el machismo lo hace esperando que no le toque a alguien, pero a sabiendas que siempre habrá quien se vea afectado por su juego y su riesgo.

El machismo ha creído que después de diez mil años su poder era ilimitado, pero se equivocó al principio cuando creó una cultura desigual e injusta, y se equivoca ahora cuando cree que su razón pasada es motivo suficiente para perdurar. No se da cuenta de que todo está en su contra, y que la naturaleza se revela contra su dominio al igual que lo hace la sociedad. Y mientras que la primera llena las calles de su injusticia de agua, la segunda lo hace con mujeres (y cada vez más hombres), ambas exigiendo respeto, convivencia e Igualdad.

Feminicidio de Ecatepec: consecuencia de 25 años de impunidad

Medios, reproductores de la violencia de género

Como si fuera un hecho aislado, el pasado 8 de octubre la Procuraduría General de Justicia del Estado de México comenzó a deshilar la historia de Juan Carlos “N”, un presunto “enfermo mental” y asesino serial confeso; pero omitió contar cómo este caso, sólo es uno de los tantos que todos los días ocurren en esa entidad, donde las mujeres y niñas son interceptadas, retenidas, violadas y asesinadas por otros hombres.
La historia de este asesino, retomada y replicada por los medios de comunicación, convirtió de repente al municipio Ecatepec, en el Estado de México, en el epicentro del feminicidio, tal como hace 25 años lo fue Ciudad Juárez, en el estado de Chihuahua.
Como sucedió en 1993 en Ciudad Juárez, cuando los crímenes contra las mujeres se atribuyeron a un asesino serial, a sectas religiosas o a traficantes de órganos, hoy se vuelve a dejar de lado la posibilidad de que las mujeres sean asesinadas por hombres que tienen el permiso de un Estado omiso que no investigó ni sancionó los primeros crímenes.
Desde hace 25 años, México vive un incremento de la violencia contra mujeres que ahora se extiende a niñas: desapariciones y asesinatos que al día, cobra la vida de 8 en todo el territorio nacional. En Ciudad Juárez, que parecía estar alejada de la radiografía del país, se advertía desde las organizaciones civiles, académicas y estudiosas del tema, que esta violencia podría extenderse a toda la República Mexicana si no se hacía algo al respecto.
Hoy la realidad nos alcanzó y casi la mitad del país se encuentra en Alerta de Violencia de Género, resultado de la impunidad e inacción del Estado mexicano para detener la violencia de género, aún cuando cuenta con una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH) por feminicidio que lo obligó a establecer acciones que garantizaran que a las mexicanas no las siguieran matando.

EL ESTADO DE MÉXICO

Mientras el fiscal general del Estado de México, Alejandro Gómez Sánchez afirmó que no hay antecedentes de “esa violencia” en la entidad (refiriéndose al supuesto asesino serial), las cifras demuestran lo contrario.
Las estadísticas de defunciones por homicidios del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), indican que en 2017 cada día, en promedio, se arrancó la vida a una mujer. El año pasado 462 mujeres fueron asesinadas en territorio mexiquense. Según estos datos, en Ecatepec fueron 65; en Nezahualcóyotl 30, en Chimalhuacán 23 y en Tlalnepantla, Tultitlán y Cuautitlán Izcalli 20, en cada municipio.
Las cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública son más austeras, indican que de enero a agosto de 2018, en la entidad gobernada por el Partido Revolucionario Institucional, se registraron 64 presuntos delitos de feminicidio, lo que coloca al estado con la mayor cantidad, en comparación con el resto de las entidades.
Con todo y este diagnóstico sobre la violencia contra las mexiquenses y con los mecanismos y herramientas legales con los que cuenta, 20 mujeres tuvieron que ser asesinadas antes de que la policía estatal “tuviera un golpe de suerte” y capturara a dos presuntos responsables: un hombre y una mujer, quienes fueron detenidos con una carriola cuando se buscaba a un bebé desaparecido.
Hasta ahora no ha sido suficiente contar con el tipo penal de feminicidio en el Código Penal, tener tres Centros de Justicia para las Mujeres (Cuautitlán Izcalli, Amecameca y Toluca) ni mantener medidas de prevención derivadas de la Alerta de Violencia de Género, activada en noviembre de 2015 en el Estado de México, para detener los asesinatos de mujeres.
Así como en 1993 en Ciudad Juárez los crímenes de mujeres se atribuyeron a asesinos seriales o sectas religiosas; ahora se responsabiliza a un hombre del fenómeno del feminicidio en un municipio; a quien además se le describe como “una persona enferma y con traumas” por el maltrato que vivió de su madre cuando era niño.
Como en su momento ocurrió en Juárez cuando nombraron a estos asesinatos por razón de género como “las muertas de Juárez”, los medios continúan convirtiendo la realidad en una novela de suspenso con algunos feminicidas “leyendas” dignas de contar, con traumas de su infancia, que sufrieron abusos sexuales o vivieron violencia por parte de sus madres.
Los medios de comunicación se han esforzado por usar las palabras precisas para describir cómo Juan Carlos “N” destruyó los cuerpos de las mujeres, por narrar la historia de vida del criminal y después contar las motivaciones de su cómplice, en síntesis, por hacer “pedagogía de la crueldad”, como le llama la antropóloga feminista Rita Segato al hecho de que los medios prácticamente hagan manuales para explicar cómo asesinar mujeres.
En 2004 la antropóloga feminista Marcela Lagarde, una de las impulsoras de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una vida Libre de Violencia y del tipo penal de feminicidio, afirmó que la información de los medios sobre la violencia de género era insuficiente y reflejaba el desconocimiento sobre el problema por lo que llamó a retomar los principios de la Declaración Plataforma y de Acción de Beijing, documento internacional firmado por el Estado mexicano en 1995, en el que se pide mostrar sensibilidad con las víctimas y sus familiares cuando se informa.
Dos años más tarde, Lagarde y de los Ríos ya como diputada federal, coordinó la investigación “Violencia Feminicida en la República mexicana”, donde explicó el contexto de la entidad mexiquense y formuló recomendaciones para atender la problemática.
De esta investigación se desprendió que en 2004, 89 mujeres y niñas fueron asesinadas en la entidad. En ese entonces se tenían 14 agencias  del Ministerio Público Especializadas en Atención a la Violencia Intrafamiliar y Social, el Centro Estatal de Prevención y Atención al Maltrato y la Familia (CEPAMYF) y la Comisión de Derechos Humanos estatal tenía la Unidad de Atención a la Familia, la Mujer y la Infancia (Uafamin).
Tras analizar el contexto, la legisladora Lagarde recomendó -en 2004- cambiar el enfoque de las políticas públicas que entonces estaban diseñadas desde la concepción de violencia intrafamiliar, por una visión sobre la violencia contra las mujeres, para poder ejecutar acciones, programas y políticas con la finalidad de erradicar este problema.
Las recomendaciones fueron claras: esclarecer todos los homicidios de niñas y mujeres en la entidad y promover que los funcionarios que tuvieran a su cargo el diseño de políticas públicas y la atención a las mujeres recibieran formación en Derechos Humanos de las mujeres y perspectiva de género, entre otras.
Aunque sencillas, estas encomiendas pasaron inadvertidas y como resultado siguieron los hallazgos de cuerpos de mujeres que fueron arrojados al Río de los Remedios, un canal de aguas negras que cruza tres municipios mexiquenses; a lotes baldíos que quedan en medio de unidades habitacionales despobladas durante el día; o en calles rodeadas de fábricas o basureros.
En ese contexto, las y los vecinos de cada municipio fueron registrando en la memoria lo crímenes cometidos por desconocidos y en algunas ocasiones por personas cercanas y parejas de las víctimas. Así lo hizo la señora Emerenciana López Martínez, una mujer que sin saber de procesos penales y denuncias aprendió a recorrer Fiscalías y dedicó parte de su vida a acompañar a víctimas de violencia y exigir justicia en casos de feminicidio.
Doña Mere fue una de las vecinas que se dedicó a denunciar que el feminicidio era tan común que para las autoridades era normalizado.
En medio de esa impunidad de los primeros asesinatos, continuaron muchos más, como el de Nadia Alejandra Muciño Márquez, asesinada el 12 de febrero de 2004  por su pareja Bernardo López Gutiérrez, quien la golpeó y la asesinó con ayuda de Isidro, su hermano. El crimen se ejecutó en presencia de los tres hijos de la pareja, de entonces 5, 4 y 2 años de edad, en la casa de ella, en Cuautitlán Izcalli.
Los agresores simularon que Nadia se había suicidado con una cuerda y a pesar del testimonio de los niños el caso se investigó como suicidio. Después de 6 años y la insistencia de la madre de Nadia, la investigación tomó un giró y ella logró que los agresores fueran condenados, pero uno fue liberado por un Juez y el otro sigue el proceso con apelaciones.
La falta de acceso a la justicia hizo que en 2010 la familia de Nadia pidiera a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos conocer el caso, expediente recién admitido en agosto de este año.
No hubo gobernador ni procurador que detuviera la impunidad. En 2010 Mariana Lima Buendía fue asesinada por su entonces pareja, el policía judicial Julio Cesar Ballinas. Aunque se trató de un caso de feminicidio, la autoridad judicial le dio “carpetazo” al asegurar que se trataba de un “suicidio”.
El 29 de junio de 2010, Mariana fue hallada sin vida en su casa, en el municipio de Chimalhuacán. La madre de la joven, Irinea Buendía, denunció que el esposo de su hija amenazó varias veces con asesinarla, pese a ello el caso se investigó como suicidio. La familia logró llevar el caso hasta la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que en 2015  ordenó a la Procuraduría General de Justicia estatal volver a investigar el asesinato de la joven con perspectiva de género.
En la resolución la Suprema Corte también dictó lineamientos específicos para la investigación de los asesinatos de mujeres como la obligación de recolectar y salvaguardar la evidencia para determinar si la víctima sufrió de violencia sexual o si ésta vivía en un contexto de violencia y evitar y en su caso sancionar la revictimización y discriminación de las víctimas.
Según el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio, entre 2005 y 2010 se registraron 922 homicidios dolosos contra mujeres. En 56.72 por ciento de ellos las autoridades desconocen quién es el homicida, situación que hizo que el 8 de diciembre la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos y Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio presentaran una solicitud de declaratoria de Alerta de Violencia de Género.
En medio de un proceso burocrático y de acusaciones del uso político de los crímenes, en 2011 la solicitud se declaró improcedente, lo que llevó a las organizaciones a interponer recursos legales y que se aceptara en 2014. Fue en julio de 2015 cuando se declaró la Alerta para once municipios mexiquenses, incluyendo el de Ecatepec.
El Estado de México tiene tipificado el feminicidio en el artículo 242 bis de su Código Penal y la obligación de investigar los casos como lo dejó claro la resolución del caso Mariana Lima en la Suprema Corte y la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos por el feminicidio de tres mujeres en Ciudad Juárez, conocido como Campo Algodonero, dictada en 2009.
Con todos estos instrumentos y recomendaciones, la sociedad civil aún debe hacer presión para que el Estado haga uso de ellos y termine con la impunidad, mientras que a los medios de comunicación les exigen respetar los derechos de las víctimas y sus familias y dejen de hacer “pedagogía de la violencia de género”.

Por: Anayeli García Martínez

Cimacnoticias | Ciudad de México.-

El futuro es solo con nosotras: advertencia de mujeres rurales

Este es un artículo de opinión de Claudia Brito, oficial de Género de la oficina regional para América Latina y el Caribe de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO).

Este artículo forma parte de la iniciativa 15 días por la autonomía plena de las mujeres rurales, con motivo del Día Internacional de las Mujeres Rurales, el 15 de octubre.

Por Claudia Brito 

Mujeres trabajando en la producción de granos básicos. Departamento de Chiquimula, Guatemala. Crédito: SECAC

SANTIAGO, 15 oct 2018 (IPS) - En las últimas semanas se ha hablado mucho acerca del futuro. El año 2030 ha sido señalado por las Naciones Unidas como el decisivo, cuando los efectos del cambio climático se vuelvan catastróficos e irreversibles, si es que nuestros sistemas de producción y consumo se mantienen tal como hoy.

Ese mismo año ya había sido establecido por los países del mundo como la fecha límite para resolver todas las desigualdades y desafíos de nuestro modelo de desarrollo actual.

Es decir, nos quedan menos de 12 años para lograr que todas las personas lleven una vida digna, sin hambre ni pobreza; para que nuestros sistemas productivos sean más responsables y hagan frente al cambio climático; para que las 8.600 millones de personas que seremos para entonces, vivamos en un entorno seguro, con paz y justicia.

Pensando el futuro de esa manera, el año 2030 no parece tan distante, sino abrumadoramente cercano. Tanto que nos hace preguntarnos si nuestros gobiernos, nuestras instituciones y nuestras capacidades técnicas y humanas serán suficientes para cumplir con las 169 metas de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, entre las cuales 132 son relevantes para el medio rural.

Claudia Brito: Crédito: FAO

Son cientos de prioridades y mecanismos estratégicos. Millones de vidas en juego. Solo grandes cambios de comportamiento y transformaciones en las políticas pueden dar respuesta al desafío que hemos asumido como habitantes de este planeta.

La inminencia del año 2030 también debería hacer que nos preguntemos si de verdad estamos incluyendo a todas las personas en esta apuesta de la humanidad por el futuro.

Se habla mucho sobre la responsabilidad compartida entre los países ricos, pobres, grandes y pequeños, entre el mundo rural y el urbano, entre mujeres y hombres. Pero las desigualdades aún forman parte de la vida de más de 600 millones de personas latinoamericanas y caribeñas, entre ellas las mujeres y los pueblos indígenas.

¿Cómo podemos pedir a las agricultoras y agricultores familiares que implementen mejores prácticas agrícolas si los mercados y el sistema económico los sigue dejado atrás?

¿Cómo le decimos a una mujer rural que debe aumentar su productividad para abastecer la creciente demanda de las ciudades por alimentos, si la brecha de género ni si quiera le permite a ella producir en igualdad de condiciones que los hombres?

Y es que el soñar con un mejor futuro para el mundo, plantea la necesidad urgente de que el mundo mejore para millones de personas que permanecen marginadas tras siglos de discriminación, violencia e invisibilización.

Es por eso que este año, la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, en conjunto con ONU Mujeres, los mecanismos de integración de Centroamérica y Sudamérica, y las instituciones de desarrollo rural de Brasil y Uruguay, nos hemos unido para difundir un mensaje fuerte y claro:

“No lograremos el desarrollo sostenible si antes no eliminamos las desigualdades entre hombres y mujeres en los territorios rurales de América Latina y el Caribe”.

Si bien en las últimas décadas nuestra región ha tenido enormes avances en el empoderamiento de las mujeres, todavía quedan grandes desafíos para que puedan reconquistar el control sobre sus vidas, sus planes y sus sueños.

Porque cuando las mujeres se empoderan y ejercen sus derechos, también recuperan su voz para hablar del futuro. Si imagináramos qué diría esa voz sobre el 2030, nuestro año decisivo, seguramente el mensaje sería: El futuro es con nosotras y nada sobre nosotras podrá seguir siendo sin nosotras.

Sin duda, se trata de una deuda histórica que necesitamos saldar cuanto antes, si realmente creemos en que tenemos una responsabilidad compartida para que la vida continúe en el planeta y la dignidad de todas las personas prevalezca.

Por eso, ahora es el momento de equilibrar la balanza de las oportunidades en su favor, porque el momento también fue ayer. Y hace siglos.

Esta columna forma parte de la campaña #MujeresRurales, mujeres con derechos, una iniciativa conjunta de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), ONU Mujeres, el Consejo Agropecuario Centroamericano del Sistema de la Integración Centro Americana (CAC/SICA), la Reunión Especializada sobre Agricultura Familiar del Mercosur (REAF Mercosur), la Secretaría Especial de Agricultura Familiar y Desarrollo Agrario de Brasil (SEAD), y la Dirección General de Desarrollo Rural de Uruguay (DGDR/MGAP). 

Exigen respetar DH de personas migrantes hondureñas en su paso por México

Derriban valla y se lanzan al Río Suchiate

   

Poco después del mediodía de hoy y a unas horas de que el Secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, se reuniera con el titular del Ejecutivo mexicano, Enrique Peña Nieto, la caravana de personas migrantes provenientes de San Pedro Sula, Honduras, derribaron la valla que divide la frontera de Guatemala con México.

Por momentos que se tornaron tensos, las miles de personas que han caminado casi 7 días desde que salieron de su país para cruzar la frontera con México con destino a Estados Unidos, derribaron la valla para continuar su paso al puente que se encuentra sobre el Río Suchiate, que es el río que marca la frontera occidental entre Guatemala y México, pero fueron retenidos por la Policía Federal quien ya los esperaba del otro lado del puente.

Familias completas, mujeres, niñas y niños, cruzaron a territorio mexicano entre empujones. Luego de que algunas personas pasaron, y al no poder continuar su avance hacia las rejas para pisar territorio mexicano, ya en el estado de Chiapas, y ante la multitud, la Policía Federal lanzó gases lacrimógenos para impedir su avance. Entre lanzamientos de piedras y forcejeos en las rejas para la entrada a México, y ante la imposibilidad de continuar avanzando, muchos migrantes optaron por lanzarse al río.

Su objetivo no es quedarse en México, sino continuar a Estados Unidos en búsqueda de trabajo y mejores oportunidades, ya que dicen que en Honduras ya no se puede continuar viviendo ante la falta de oportunidades y la pobreza.

Organizaciones de Derechos Humanos con trabajo en migración, expresaron su preocupación por la situación que atraviesan las personas de la Caravana, por lo que pidieron a los gobiernos de México, Guatemala, Estados Unidos y Honduras respetar los Derechos Humanos de quienes la integran.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), los representantes de las oficinas de los Altos Comisionados de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y para los Refugiados, así como del Fondo de Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) proclamaron en un comunicado en conjunto, que “el trato digno es un mandato tanto en la frontera norte como en la sur”.

El Ministro Presidente de la SCJN, Luis María Aguilar Morales, dijo que “se piensa más en la seguridad de las fronteras como objetivo que en la seguridad de los migrantes –especialmente- de las niñas, niños y adolescentes”. Sostuvo que es necesario en todos los casos, el “respeto irrestricto” a las normas de derecho internacional de los Derechos Humanos en materia de migración.

Aguilar anunció que la SCJN apoyará a los tribunales federales de la frontera sur en la tramitación de amparos que pudieran presentarse  por violaciones a los Derechos Humanos de las personas de la caravana.

En tanto, el representante del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados, Mark Manly, consideró que la caravana migrante representa una oportunidad para que México pueda consolidar un sistema de asilo, armonizando las disposiciones de las leyes generales de derechos de las niñas, niños y adolescentes, y de migración y refugio, con respeto a los Derechos Humanos y a los estándares internacionales.

En un comunicado, aparte, la organización humanitaria Oxfam, pidió los gobiernos de México y Estados Unidos respetar los principios de no devolución, brindar mecanismos de protección, y garantizar que los niños y las niñas no sean separadas de sus familias.

Además, pidió a las autoridades que estén alertas a las redes de trata y tráfico de personas, ya que “estas mafias” podrían “aprovecharse de la vulnerabilidad que enfrentan las miles de personas desplazándose en condiciones precarias en esta caravana.”

Oxfam consideró que las y los migrantes están huyendo de la violencia generalizada, la pobreza, y los efectos del cambio climático, y que es responsabilidad de los gobiernos que las familias “sientan que ya no tienen nada que perder”.

En noviembre de 2014, los presidentes de Guatemala, El Salvador y Honduras junto con el vicepresidente de Estados Unidos, lanzaron el “Plan de la Alianza para la Prosperidad del Triángulo Norte”, para mejorar las condiciones de vida en estos países y atacar las causas estructurales de la migración.

“Cuatro años después, es evidente que dicho Plan no ha producido los resultados esperados y alentamos a estos gobiernos a realizar un análisis profundo sobre su falta de impacto”, concluyó Oxfam.

Por su parte, la Cruz Roja Mexicana se declaró preparada para recibir a la Caravana de Migrantes en Tapachula, Chiapas, donde esperarían más de 50  personas voluntarias.

Trabajarán “aplicando sus principios de Humanidad, Imparcialidad y Neutralidad con el único objetivo de aliviar el sufrimiento de las personas”, señaló la organización en un comunicado.

Dijo además que ofrecerán el servicio de Restablecimiento del Contacto, ya que “durante la trayectoria de este grupo vulnerable a la nación de destino, muchos de ellos pierden contacto con sus familias por semanas o incluso meses, lo que ocasiona incertidumbre y zozobra entre sus conocidos, por lo que este programa significa un apoyo humanitario.”

El Instituto para las Mujeres en la Migración (Imumi) en una carta pública dirigida al Secretario de Relaciones Exteriores Luis Videgaray Caso, al Secretario de Gobernación, Jesús Alfonso Navarrete Prida, y al secretario de Salud doctor, José Ramón Narro Robles, manifestó su preocupación por el envío de elementos de seguridad pública a la frontera sur, por lo que los instó a considerar los instrumentos internacionales que México ha firmado para proteger los Derechos Humanos de las personas migrantes.

Recordaron que como país, “tenemos la obligación de informarles sobre sus derechos y de apoyarles para solicitar la condición de refugiadas”.

Vieron como positivo que el gobernador de Chiapas, Manuel Velasco, haya referido que los albergues de la entidad estarán preparados para la recepción de las personas migrantes.

Consideraron que ésta es una oportunidad para que México asuma una postura de protección para la población migrante y solicitante de asilo y de demostrar su compromiso con los principios de los Pactos Globales sobre Migración y Refugiados, que está por firmarse en diciembre.

CIMACFoto: César Martínez López

Por: la Redacción

Cimacnoticias | Ciudad de México.-

Estudio revela que se desconoce qué es la AVG y para qué sirve

Se perdió su objetivo, afirman investigadoras

   

El carácter de la Alerta de Violencia de Género (AVG) como un mecanismo de emergencia que mitiga una situación grave de violencia contra las mujeres se perdió en su implementación, su naturaleza no fue entendida y se carece de una infraestructura para implementarla.

Esta es una de las conclusiones de Francoise Roth y Bénédicte Lucas, ambas expertas internacionales en estudios de género que auspiciadas por el programa de la Unión Europea, EUROsociAL+, realizaron el “Informe de evaluación del funcionamiento del mecanismo de la AVG” presentado esta mañana en la Ciudad de México por el Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres).

Después de 11 años que la AVG fue establecida en la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia (LGAMVLV) y funciona en diversos municipios de 12 entidades, era necesario hacer una evaluación del mecanismo.

Entonces las instituciones gubernamentales encargadas de su funcionamiento, el Inmujeres y la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia Contra las Mujeres (Conavim) solicitaron a la Unión Europea asistencia técnica para realizar el balance de la AVG.

La maestra en derecho internacional Francoise Roth explicó esta mañana en la presentación de su informe, que aspiraban a tener una evaluación del impacto del mecanismo, pronto se percataron que  esto requería de una metodología compleja, determinaron que era más pertinente concentrarse en un balance de su funcionamiento hasta ahora.

Las expertas francesas comenzaron el estudio en febrero de 2018, seleccionaron 12 estados en los se ha solicitado la AVG (Estado de México, Guanajuato, Colima, Puebla, Tabasco, Zacatecas, Veracruz, Chiapas, Coahuila, Jalisco, Tlaxcala, Sonora), posteriormente entrevistaron a 97 personas involucradas en los procesos, así como expertas en la AVG.

En estas entrevistas se asomó el primer problema, al pedir a las personas dar una definición y especificar los objetivos de la AVG, las consultoras recibieron un abanico amplio de respuestas, “mostrando claramente la ausencia de una visión uniforme de lo que es la AVG y para que debería de servir”.

LA IDEA

Para entender cómo se ideó este mecanismo único en el mundo, las expertas recurrieron a entrevistar a una de las legisladoras creadoras de la AVG, la antropóloga Marcela Lagarde y de los Ríos. Ella les explicó que la finalidad de la AVG es ser una “llamada de atención a los estados a generar una reacción-acción inmediata y articulada entre los tres niveles de gobierno y los tres poderes estatales (ejecutivo, judicial y legislativo) para impulsar un plan de intervención a corto plazo”.

La idea está plasmada en la definición comprendida en la LGAMVLV, el artículo 22 establece que la AVG es un “conjunto de acciones gubernamentales de emergencia para enfrentar y erradicar la violencia feminicida, en un territorio determinado, ya sea ejercida por individuos o por la comunidad”.

Su funcionamiento, previsto en el reglamento de LGAMVLV, también está orientado a ser un mecanismo que responda de manera pronta a situaciones de emergencia por violencia feminicida: la petición que identifica debidamente el tipo de violencia contra las mujeres y el lugar, los 30 días que se dan a un grupo de expertas (llamado Grupo de Trabajo) para investigar los hechos denunciados, las recomendaciones que se le dan al gobierno para atender el problema en 6 meses, y finalmente el veredicto del poder Federal, la Secretaría de Gobernación, de emitir una AVG ante la falta de acciones.  

Sin embargo, las expertas confirman algo que las organizaciones involucradas en los proceso de Alerta ya han denunciado; en la práctica la AVG se apartó de su naturaleza de emergencia para volverse una herramienta utilizada por los gobiernos estatales para impulsar una agenda de género, rendir cuentas e incluso como instrumento de corte político

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EMPIEZAN FRICCIONES

De hecho, la situación en la que se enfrascó la AVG es comprensible, sentenciaron las consultoras, pues en primer lugar las autoridades locales responsables de atender la AVG se enfrentaron al dilema de cómo intervenir para erradicar la violencia contra las mujeres si son carentes de políticas públicas, bases legales, personal capaz e instituciones para hacerle frente.

La doctora Bénédicte Lucas también presente en la ponencia lo resumió en una analogía “¿Cómo apagar el incendio si no hay cuerpo de bomberos? Si el problema es la falta de investigaciones del feminicidio por parte de los agentes fiscales, es difícil recomendar una revisión sistemáticas de los casos si dichos agentes carecen de formación básica en materia de género”.

La Comisión Nacional de Derechos Humanos en un informe que realizó también sobre el funcionamiento de la AVG concuerda con este análisis, en la práctica la AVG se volvió un instrumento de construcción de política pública para las autoridades, pues consideran pues “no se dispone de otra vía para pugnar la construcción de una agenda de género en las entidades y a nivel municipal”.

Hasta junio de 2018, 13 alertas han sido declaradas en 12 estados de México (dos alertas fueron activadas en Veracruz, una por feminicidio y otra por agravio comparado), sólo los estados de Chihuahua, Baja California Sur, Tamaulipas, Aguascalientes e Hidalgo no están sometidos a ningún proceso de alerta.

GRUPOS DE TRABAJO SIN ENTENDER AVG

Luego viene el segundo problema, en esta falta de comprensión de qué es la AVG algunas organizaciones civiles tienden a requerir el mecanismo por diversos tipos de violencia contra las mujeres.

Sobre esta misma premisa los Grupos de Trabajo investigan, hacen un análisis global de la violencia que enfrentan las mujeres en el estado señalado y no terminar por enfocar su análisis a un problema específico.

Lógicamente, resumen las autoras de la investigación, los Grupos de Trabajo tienen a recomendar a los gobiernos estatales política pública de tipo estructural que requiere plazos largos de implementación, alejándose de los objetivos de “emergencia” para los que fue creada la AVG.

También cada Grupo de Trabajo que se ha conformado para atender las peticiones de AVG tienen sus propios criterios para medir si los estados cumplieron o no con las recomendaciones, que les plantaron, las investigadoras al hacer un análisis de estos consideran que no son rigorosos, se basan en percepciones subjetivas sin que realmente midan el impacto que generaron en erradicar la violencia contra las mujeres.

Otra deficiencia es que no hay plazo estimado en la ley para levantar una Alerta de Género, las expertas consideran es necesario poner este límite y generar mecanismo de evaluación para ello.

HACER REFORMAS, REPENSAR AVG

Francoise Roth y Bénédicte Lucas concluyeron en invitar a las autoridades de gobierno y sociedad civil a terminar con la ambivalencia en torno a la AVG con el objetivo de hacerla eficaz y sostenible.

Consideran que es fundamental replantear el propio objetivo del instrumento; asumir que la AVG es un mecanismo de emergencia, o bien, un instrumento que interfiere en los programas integrales de la prevención de la violencia contra las mujeres a largo plazo.

De esta reflexión, dijeron las expertas, se tendrían que realizar las modificaciones correspondientes al reglamento de la AVG, a lo que la actual mandataria del Inmujeres, María Marcela  Eternod Arámburu, intervino para adelantar que con este informe ya se encuentran planteando las reformas a la Ley General de Acceso.

La presentación de este informe se hizo en presencia de las académicas que participan en los Grupos de Trabajo, representantes de ONU Mujeres, la Unión Europea, y las peticionarias de las Alertas de Género de diversos estados del país, quienes en su participación reafirmaron que son elementos que han denunciado a las autoridades encargadas de las Alertas.

También algunas reclamaron ausencia de integrantes de la Conavim, la institución encargada de la AVG, a lo que Eternod Arámburu dijo que como dependencia de la Secretaría de Gobernación estaban en reunión con el equipo de transición del próximo gobierno.

Imagen retomada de Twitter

Por: Hazel Zamora Mendieta

Cimacnoticias | Ciudad de México.-

Ser Machista

sinembargo.mx

Jesús Robles Maloof 

Yo, que no he logrado dejar del todo mi machismo atrás, me siento harto. Me quiero liberar. Foto: Arturo Pérez Alfonso, Cuartoscuro. 

Hablar de violencia hacia las mujeres siendo hombre, no es tarea sencilla. Más, si como yo, soy defensor de derechos humanos. Lo más sencillo sería recurrir a enjuiciar a los políticos conforme el amplio repositorio de normas y principios que buscan combatir la violencia y reconocer los derechos de las mujeres. 

El contraste de ambos pone siempre en evidencia la tristemente “buena salud” del machismo a pesar de lo conquistado por las luchas de los movimientos amplios de mujeres, incluyendo los feminismos en su rica diversidad. Pero he llegado a conclusión que siendo hombre, hablar desde la comodidad de los principios es como el púlpito religioso, que esconde lo humano y subjetivo, dimensión que precisamente he aprendido del feminismo. 

Mejor empiezo con lo más cercano que tengo. Mi persona, mi subjetividad y mi historia de vida. Hacer este ejercicio es lo más político que existe. Entender eso también se lo debo al feminismo. Soy un macho a pesar de años de reflexión, de aprendizajes, de pruebas y de conflictos personales, en los que a pesar de algunos avances, la sombre del macho mexicano sigue presente. 

Lo digo con dolor, porque a pesar que fui criado en una amorosa e igualitaria familia, no fue suficiente porque acaso me fue más sencillo adaptarme al injusto, pero dominante contexto, que intentar transformarlo. No me siento orgulloso, me duele y quiero algún día superarlo del todo. 

Muy joven conocí los incipientes movimientos de derechos humanos en México que son una confluencia de las luchas por los desaparecidos de la guerra sucia y por otra parte por el impulso de los religiosos centroamericanos que huían de la guerras civiles en Centroamérica. No solo me formé en ese movimiento, también en el humanismo Jesuita. Pero en esos años ni el movimiento de derechos humanos, ni en las preparatoria y en la universidad tenían el diálogo y la confluencia que ahora tienen con los feminismos. Recuerdo un lema feminista que desde la crítica decía “Los derechos de las mujeres también son derechos humanos”. 

Así debo reconocer que viví gran parte de mi adolescencia y juventud entre pláticas ofensivas sobre mujeres y siguiendo modelos que las objetivan. Algunas de mis relaciones personales se permearon por ello. Avanzada mi carrera universitaria entre en contacto con los movimientos de mujeres que con su riqueza subjetiva y teórica me cuestionaban más al grado de no poder dar la espalda más. 

Mi camino desde ese momento ha sido tratar de alejarme de conductas violentas, de conversaciones ofensivas y de no participar, ni siquiera callar ante ello, porque eso es tolerarlo. No lo he logrado del todo siendo honesto. 

Todo esto vino a mi mente hace unas semanas cuando leí en una conversación en el celular del senador del Partido Acción Nacional , Ismael García Cabeza de Vaca, en plena sesión captada por un fotógrafo que al responder a una foto decía “pásame el cell del padrote no seas gacho ya me la quiero zumbar” (sic), a lo que el senador responde “ya somos 2” (sic). El debate fue intenso, pero efímero como muchos de nuestra época. 

Lo importante en principio fue que la identidad de la joven fue revelada y ciertamente hubo un daño. En principio por el mismo intercambio irresponsable del Senador y después por el tratamiento poco ético de los medios de comunicación al no proteger su identidad. Ella tomó la iniciativa y se defendió públicamente. 

Algunos intentaron una defensa del legislador, desde la privacidad, pero nadie puede tener una expectativa de privacidad de lo que esta a la vista en un recinto parlamentario. Menos tratándose de un legislador que se encuentra desempeñando un cargo en horas de trabajo. No se violó su privacidad y se ejerció el periodismo de manera legítima. 

Hubo señalamientos sobre algún indicio de trata de personas y el Senado anunció una consulta a las áreas jurídicas para que recomendaran como proceder, pero aún no tenemos información de sus resultados. El incidente terminó, al menos para los panistas, un día después con una conferencia de prensa dónde Cabeza de Vaca ofreció en su dicho, disculpas a la agraviada: 

“… le pido una sincera y sentida disculpa por los términos misóginos en los que en ese intercambio me refería a su imagen. No tengo el gusto de conocerla personalmente. Le manifiesto todo mi respeto y admiración por su madurez y su independencia… Vivo estos hechos como una gran lección sobre el respeto absoluto de que tanto en el público como lo privado debemos tener invariablemente hacia las mujeres. Lamento este acontecimiento y agradezco los comentarios, los consejos y reproches que me han hecho mis compañeras y compañeros de partido…” 

El mensaje en realidad, es de impunidad. El Coordinador el PAN en el Senado, Damián Zepeda, no contestó nunca a la pregunta si habría sanción para el Senador. Lastimosamente la imagen de la conferencia de prensa con el grupo parlamentario del PAN, en particular arropado por las mujeres, no es de arrepentimiento, es de protección. Las palabras ya no son suficientes.

Vivimos en una época de cambio expresado por la sociedad mexicana de forma contundente el 1 de julio. Basta de impunidad. El mensaje es para todos los partidos no quepa duda y el balance en unos pocos meses es lamentable a decir no solo por este hecho, sino por el incidente en el que el diputado de Morena Cipriano Charrez Pedraza, se vio inmerso y que lamentablemente un joven perdió la vida. Trataré a detalle ese tema en la próxima entrega. Solo queda reiterar que en estos dos casos, los partidos no parecen entender el mandato de las urnas. 

Pero como dije en la introducción, hay tareas prioritarias que tenemos que hacer en lo que logramos cambiar a los partidos. Y ese cambio empieza con nosotros varones.

Viendo en retrospectiva mi propia vida, creo que los hombres vivimos presos en una jaula machista. En la que encerramos a otras, pero que nos encierra a la vez. La ventaja que tenemos, es que la podemos abrir y dejarla atrás. No digo que sea fácil, hay mucho de poder y certeza en ella, pero también hay cobardía de enfrentarnos a nuestros sentimientos y humana vulnerabilidad. 

Reconocerme machista no es lindo es doloroso, pero me he acomodado a vivirlo como tantos. La diferencia trágica, es que nada tiene de lindo la violencia hacia las mujeres que al final siempre es irracionalmente cruel y en su conjunto homicida. 

Aprovechemos el caso del senador Cabeza de Vaca y en adelante, quiénes presenciemos una conversación de ese tipo, pararla. No participar. No tolerar más. Pensar si en el futuro queremos seguir hablando de las mujeres como cosas que podemos comprar o construimos otra forma diferente de afirmarnos, más humana y respetuosa. Ese sería un buen inicio. 

Yo, que no he logrado dejar del todo mi machismo atrás, me siento harto. Me quiero liberar. 

Estoy listo. 

¿Quién se une?

Mejorar programas de préstamos para mujeres rurales, reto de los gobiernos

 “Día Internacional de la Mujer Rural”

En México aún hay presencia de mujeres rurales. Se encuentran ubicadas principalmente en los estados de Michoacán (52.6 por ciento), Estado de México (52.1 por ciento) Guerrero y  Puebla, Oaxaca (52 por ciento), Hidalgo (51.7 por ciento) y Querétaro (51.3 por ciento) de acuerdo con el informe “Situación General de las Mujeres rurales e indígenas en México” de 2017, de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO).
La población rural en el país representa 23.2 por ciento de la población total, lo que significa que 26 millones de personas pertenecen a este sector, de las cuales, la mitad son mujeres jóvenes que producen 50 por ciento de los alimentos que consumimos.
Desde hace 23 años se conmemora el “Día Internacional de la Mujer Rural”, instaurado por las Naciones Unidas en 1995 durante la IV Conferencia Mundial sobre la Mujer, para reconocer el papel de las mujeres rurales en la producción de alimentos y trabajar para la erradicación de la pobreza.
Actualmente las mujeres rurales representan más de un tercio de la población mundial y la mayoría de ellas (43 por ciento) son agricultoras que “labran la tierra y plantan las semillas que alimentan a naciones enteras”.
En el caso de México, si bien ha habido avances para las mujeres rurales, aún hay que trabajar en temas como el acceso a las políticas públicas y los programas destinados para este rubro, pues aún se enfrentan a trámites difíciles de cubrir por ejemplo para obtener títulos de propiedades con independencia de su pareja y financiamiento para cultivar sus tierras, dijo en entrevista la especialista en inclusión social de la FAO, Marcela Lagunas Morales.
A la fecha, dijo, aproximadamente un mil 800 mujeres rurales son ejidatarias (propietarias de sus territorios) y alrededor de 700 son productoras que han accedido a presupuestos que las han ayudado a financiar sus producciones agrícolas y con ello mantenerse como responsables de sus territorios.
Sin embargo, añadió, este acceso es aún insuficiente para todas las mujeres, ya que la mayoría de los programas generalizan las necesidades y no contemplan las diferencias regionales (contexto), por lo que asignan la misma cantidad de dinero para las que habitan al sur y al norte del país, sin considerar que éstas últimas poseen localidades más extensas que exigen más recursos.
Para la experta, las mujeres rurales también deben enfrentarse a trámites burocráticos y cumplimiento de requerimientos. Ejemplificó que a veces les piden conformarse en grupos o tener cuentas bancarias con “alarmantes” cantidades de dinero que no pueden cubrir pues pasan casi 14 horas en la cosecha, caza, y cultivo de alimentos con un salario muy bajo, además del cuidado de sus hogares e hijos.
Aseguró que las mujeres rurales ganan alrededor de 40 pesos al día y hasta 80 o 150 pesos si tienen más de un trabajo. Por ello, dijo, el gobierno mexicano debe reorientar y mejorar los programas, en particular los de préstamos, en los que las mujeres deberían participar con el fin de garantizar que cubran sus necesidades con los recursos que requieren.
Lagunas Morales consideró que los programas de acceso a la salud, educación, alimentación y tecnología, aún son inalcanzables para algunas mujeres que no tienen garantizados servicios de agua potable, salud, guarderías, lo que incrementa la probabilidad de que vivan en pobreza y con desnutrición.
En el ámbito de la tecnología dijo que hay un rezago considerable para las mujeres ya que prevalecen las costumbres y normas sociales que las alejan de su uso y aprendizaje bajo argumentos estereotipados como el que sólo los hombres y/o las empresas utilizan la maquinaria para la siembra y cultivos, pues “al ser el hombre la cabeza de la familia” es él quien debe capacitarse.

ALZAR LA VOZ

Un tema que se ha colocado como una preocupación de las organizaciones y de las mujeres rurales mismas, es el de la defensa de su territorio.
La entrada de los megaproyectos a sus comunidades genera cambios climáticos que afecta los hábitos alimenticios de las mujeres y sus familias así como sus ganancias, pues pueden llegar a retrasar el ciclo de lluvia y con ello el cultivo de las cosechas, explicó en entrevista, la experta en Derechos Humanos (DH) del Centro Mexicano de Derechos Ambientales (Cemda), Alejandra Leyva.
Sin programas accesibles para ellas y sin una legislación que las proteja, las mujeres han optado por organizarse y defender sus derechos y territorio de sus comunidades, lo que las coloca en un doble riesgo de ser violentadas por las empresas.
Leyva comentó que las mujeres rurales se enfrentan a un contexto donde los megaproyectos se adueñan de sus territorios debido a que los derechos ejidales no están claros y la legislación ambiental carece de perspectiva de DH.
El “Informe sobre la situación de las personas Defensoras de los Derechos Humanos Ambientales en México” elaborado por esta organización, registró que durante el periodo de julio de 2015 a junio de 2016, 63 personas defensoras ambientales fueron atacadas, de las cuales 10 fueron mujeres.
Las agresiones fueron documentadas en 18 entidades, de las que destaca Oaxaca, el Estado de México y Sonora, con 12 casos de agresiones contra mujeres rurales.
Leyva criticó que el gobierno mexicano no realice un papel eficaz para prevenir y sancionar las agresiones contra defensoras ambientales y recordó que muchos de los programas que hoy tienen disponibles estas mujeres son resultado de su lucha y capacidad de organización.
Reiteró que es indispensable continuar empoderando a las mujeres rurales, ya que son uno de los principales agentes en la producción alimentaria y en la construcción de la resiliencia climática, que ayudan a incrementar la productividad económica que permite el desarrollo de un país.
Concluyó que es necesario que el gobierno mexicano implemente medidas de prevención, atención y sanción contra la violencia y discriminación hacia las mujeres rurales y asegure su plena participación en la planeación, ejecución y evaluaciones de los programas con el propósito de garantizar su seguridad e integridad en la defensa de sus territorios y para su acceso y posesión de la tierra.
En la efeméride de cada año se coloca un tema diferente para conmemorarla, este año es "los retos y las oportunidades presentes en la agricultura resiliente en cuanto al clima para lograr la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres y niñas rurales” toda vez que el cambio climático se traduce en sequías y otras modificaciones que dificultan aún más que las mujeres puedan ejercer sus derechos, pues deben gastar más tiempo en el cuidado de las tierras que en su educación.

CIMACFoto: César Martínez López

Por: Aline Espinosa Gutierrez

Cimacnoticias | Ciudad de México.-

Mucho camino por recorrer • Radio Mundo Real

rmr.fm

Al conmemorarse la décima edición del Día Internacional de la Mujer Rural, se han registrado avances pero resta un largo y dificultoso camino por recorrer, dice a RMR desde Roma, Isabel Álvarez, referente de una organización de consumidores que busca “recampesinizar” la alimentación.

Isabel se encuentra en la sede de la Organización de Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, la FAO, como parte del Mecanismo de la Sociedad Civil y los Pueblos Indígenas ante el Comité de Seguridad Alimentaria Mundial. Este mecanismo cuenta con un grupo de trabajo de género en el medio rural que busca remarcar el rol de la mujer en la producción de alimentos y en la sociedad rural en su conjunto.

En la nota oficial de Naciones Unidas sobre esta fecha, se señala la dura contradicción que atraviesan las mujeres rurales en el planeta por su peso esencial en la producción de alimentos y sus sin embargo peores condiciones de vida y desarrollo.

“Las mujeres rurales representan más de un tercio de la población mundial y el 43 por ciento de la mano de obra agrícola. Labran la tierra y plantan las semillas que alimentan naciones enteras. Además, garantizan la seguridad alimentaria de sus comunidades y ayudan a preparar a esas comunidades frente al cambio climático”.

“Sin embargo, prosigue el comunicado de la ONU, las campesinas sufren de manera desproporcionada los múltiples aspectos de la pobreza y pese a ser tan productivas y buenas gestoras como sus homólogos masculinos, no disponen del mismo acceso a la tierra, créditos, materiales agrícolas, mercados o cadenas de productos cultivados de alto valor. Tampoco disfrutan de un acceso equitativo a servicios públicos, como la educación y la asistencia sanitaria, ni a infraestructuras, como el agua y saneamiento”.

Isabel señala que desde los movimientos sociales el Día de la Mujer Rural “tiene un significado reivindicativo, porque es largo el camino por recorrer para las mujeres desde el feminismo y en especial contra todas las formas de la violencia”.

La entrevistada es parte de la organización global Urgenci que se vincula a grupos de consumidores que se comprometen con el sector productor buscando enfatizar las relaciones de producción de los alimentos y denunciar el sistema de comercialización de alimentos mundial.

Sobre los temas abordados en Roma, en especial un borrador inicial sobre Agroecología, Isabel enfatiza que el mismo “desde sus orígenes y pese a ser un ‘borrador cero’ no es inclusivo al estar solamente disponible en idioma inglés”.

Escucha el diálogo con Isabel en audio adjunto.

Puedes seguir el encuentro del mecanismo de la Sociedad Civil y los Pueblos Indígenas en Roma en este enlace (Español/Inglés/Francés)

(CC) 2018 Radio Mundo Real

Hungría suprime Estudios de Género de universidades

"No hay demanda” dice gobierno ultraderechista

En un decreto emitido el viernes 12 de octubre el gobierno de Hungría expulsó la disciplina de Estudios de Género de todas las universidades del país. Los cursos de esta carrera ya no aparecen bajo las maestrías autorizadas.

“Desaparecimos de la lista”, escribió Andrea Petö, profesora de Estudios de Género de la Universidad Europea Central (CEU, por sus siglas en inglés) en Facebook: “Esto es el comienzo de una nueva era en la enseñanza superior en Hungría”.

La profesora continuó diciendo que el Estado no debería intervenir en la libertad de la ciencia y con esta decisión sale perdiendo la educación superior en Hungría. Calificó la decisión como un “grave error político” y confió en llamar la atención internacional a esta problemática.

Hasta ahora dos universidades del país ofrecen una maestría en Estudios de Género, la universidad privada de origen estadounidense CEU y la universidad estatal Eötvös-Loránd, ambas con alrededor de veinte integrantes en sus cursos, según el periódico alemán Die Zeit.

En agosto pasado varios integrantes del gobierno de derecha del primer ministro Viktor Orbán, reelegido por tercera vez en abril de este año, anunciaron que no admitirían más a los Estudios de Género. Argumentaron que hay una “falta de demanda” por esta disciplina de las Humanidades y que dichos estudios “socavan los valores cristianos de la familia”.

El viceministro Zsolt Semjén expuso en una entrevista que nadie necesitaba “generólogas” y por lo tanto no era necesario formarlas. Además dijo que el género social no existía, y que era un hecho biológico ser hombre o mujer.

Los Estudios de Género son una disciplina interdisciplinaria que analiza el género y sus relaciones con constructos sociales, estructuras de poder y otras clasificaciones del individuo como raza, clase, nacionalidad, sexualidad, o discapacidad, según la página oficial del departamento de la CEU.

Los intentos de debilitar la libertad de la ciencia se pueden ver en un contexto de reestructuración del país hacia un Estado antidemocrático. Desde su primera Legislatura, a partir del 2011, el gobierno de Orbán ha hecho todo para sacar a académicas y académicos liberales o de izquierda de sus posiciones en las universidades.

La CEU, financiada por el inversor de origen húngaro-judío George Soros, a quien Orbán considera la amenaza más grande de su país, está bajo ataque constante. Incluso hay una reforma de la ley de educación superior en camino que podría cerrar la universidad privada para siempre.

En un posicionamiento en julio de este año, Orbán anunció “grandes cambios” en la política de cultura a partir de septiembre. Agregó que se iba a “revertir la herencia intelectual de la generación del ‘68'”, según reportó la revista alemana Der Spiegel.

Feministas alrededor del mundo no tardaron en expresar su solidaridad con las universidades, entre ellas, la destacada filósofa Judith Butler, de Estados Unidos, así como una veintena de universidades que ofrecen Estudios de Género alrededor del mundo.

El departamento de Estudios de Género de la CEU rechazó la anulación de la carrera, que desaparecería a partir de 2019. Indicó que después de esta fecha, todavía cuenta con el aval de la ciudad estadounidense de Nueva York, por lo tanto seguirá ofreciendo la maestría e invitó personas interesadas a aplicar.

CIMACFoto: César Martínez López

Por: la Redacción

Cimacnoticias | Ciudad de México.- 

Escoba en mano y el puño en alto

Trabajadoras del hogar y limpiadoras de hoteles crean alianzas
   

Las trabajadoras del hogar y de cuidados, junto a las limpiadoras de hoteles, siguen siendo colectivos donde predominan los abusos laborales. Las integrantes de “Territorio Doméstico”, “Las Kellys” y “Sedoac” mantienen una lucha constante y crean alianzas para que se reconozca el valor de sus trabajos y mejoren sus condiciones.
“El trabajo que hacemos es importante, se tiene que valorar como cualquier otro; me pregunto cómo tratará esta clase política a las empleadas que tienen en su casa”. Marta Arboleda es trabajadora del hogar y vicepresidenta de Servicio Doméstico Activo (Sedoac).
Al igual que muchas de sus compañeras, ella conoce bien la multitarea e indefinición del trabajo que realizan. “Nos contratan para determinadas funciones, pero después se amplían. Nos toca hacer los deberes con las niñas y niños, limpiar el coche, planchar, regar el jardín o cuidar a una persona mayor”. Considera que hay una evidente falta de interés en mejorar las condiciones de las empleadas del hogar, un colectivo compuesto por mujeres en un 90 por ciento, muchas de ellas en situaciones de vulnerabilidad.
Hace tres meses, las empleadas de hogar recibían una noticia que supone una ralentización en el avance hacia sus derechos laborales.
La aprobación de la enmienda 6777 en los Presupuestos Generales del Estado volvió a poner de manifiesto la situación de desigualdad a la que se ven sometidas las trabajadoras del hogar y de cuidados con respecto al resto de colectivos.

A través de esta modificación, PP, PNV, Ciudadanos, Coalición Canaria, Nueva Canarias, Foro Asturias y Unión del Pueblo Navarro votaron a favor de que las mujeres que desempeñan estos trabajos tengan que esperar hasta 2024 para que su sistema de cotización se equipare al sistema general de la Seguridad Social.
Estaba previsto que en enero de 2019 ambas bases de cotización se igualaran y las empleadas del hogar alcanzaran el mismo porcentaje que el resto de la población trabajadora. Sin embargo, y aunque no se incluían otros derechos como la prestación por desempleo o algunos beneficios en riesgos laborales, tendrán que esperar varios años más para lograr estos derechos.
“Somos el único colectivo que no tiene derecho a paro”, indica Rafaela Pimentel, de Territorio Doméstico. Aunque sus jornadas se extienden el mismo tiempo o más que las de cualquier otra persona asalariada, existe un agravio comparativo que hasta el momento no se ha solucionado.
En 2011, un pacto político-social fijó una incorporación progresiva en el Régimen General de la Seguridad Social, y se lograron las coberturas por maternidad o incapacidad temporal, pero la prestación por desempleo quedó fuera. Es decir, siguen vigentes una precariedad y una desprotección social que no tiene lugar en otros ámbitos. “No se puede consentir, por ejemplo, que haya internas que trabajen 16 horas al día cobrando 600 euros (aproximadamente 13 mil pesos mexicanos), con condiciones precarias, sin vacaciones, sin derecho a comidas, sin cobertura de ningún tipo”.
Pimentel se siente una de las afortunadas. Lleva 21 años en la misma casa y siempre ha visto reconocida su labor. Buscando horas libres entre el trabajo fuera de su hogar y el que realiza dentro, estudió Psicología Terapéutica. “Muchas hemos estudiado, quitándonos horas de sueño, de fines de semana y de estar con nuestras familias”, explica. Junto a sus compañeras de Territorio Doméstico se reúnen periódicamente, comparten sus vivencias y se apoyan mutuamente para intentar mejorar sus situaciones.

“En muchos casos, y aunque supuestamente no se incluya entre nuestras funciones, nos toca hacernos cargo de personas mayores; faltan políticas sociales de cuidados y ese trabajo recae en nosotras”.
Pimentel denuncia la “invisibilidad” del trabajo que realizan, en muchos sentidos. “A muchas no nos dicen ni por nuestro nombre; nos llaman ‘la chacha’ o ‘la chica del hogar’; cuando ya te conocen empiezan a valorarte, y eso es precisamente lo que queremos. No queremos ser parte de la familia sino que reconozcan que hacemos nuestro trabajo de una forma muy profesional. Tenemos una vida, una historia y somos más que una chacha”.
Considera que el terreno en el que se mueven es complicado porque es un ámbito privado. “Estás en la casa de alguien y la precariedad está más oculta, pero si existe el abuso tiene que haber una fiscalización de alguna manera”. Desde el colectivo trabajan con una abogada que gestiona casos en los que se están vulnerando sus derechos laborales. Hasta el momento, han ganado doce juicios. “Cuando denuncias hay amenazas y te dejan sin trabajo; uno de los últimos procesos que hemos acompañado ha sido la de una mujer que se quedó embarazada y el empleador quiso despedirla sin liquidación. Lo pasó muy mal”, explica Rafaela Pimentel.
Se calcula que más de 600 mil personas trabajan en el ámbito del trabajo doméstico en el Estado español, en su inmensa mayoría mujeres y muchas de ellas, migrantes. “Cuando nuestras compañeras van en busca de un empleo, les preguntan si tienen papeles y quien les va a contratar prefiere que no los tenga porque saben que son situaciones más vulnerables y no se van a poder permitir rechazar lo que les ofrezcan”, indica Marta Arboleda desde Sedoac.
“Es complicado para las mujeres migrantes, porque para conseguir la residencia nos piden contrato de trabajo, pero en las casas no te hacen contrato de trabajo si no tienes papeles. Y en muchos casos la regularización perjudica porque, si te pagan 800 euros y quieren rebajarte 100 para darte de alta, cuando estás trabajando 16 horas al día prefieres tener tú ese dinero porque te hace falta”.

Hasta el día de hoy, España se ha negado a firmar el Convenio 189 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), un documento que recoge varias medidas para mejorar la protección de las trabajadoras del hogar y que ya han firmado 24 países. En 2012 se formó el “Grupo Turín”, una plataforma integrada por personas y entidades que trabaja para dignificar el sector y conseguir que el Estado ratifique el Convenio, a través de acciones de incidencia política y sensibilización. Territorio Doméstico forma parte de esta plataforma, al igual que Sedoac.
“Después de un período largo en régimen de internas, muchas mujeres tienen problemas de depresión y ansiedad”, explica Arboleda. Sin mecanismos para asociarse ni la opción de solicitar inspecciones de trabajo que comprueben las condiciones en las que desarrollan sus tareas, la desprotección a la que se ven sometidas permite toda clase de abusos. “Dentro de los hogares no se ve lo que pasa pero ocurren muchas cosas; las mujeres llegan a sufrir acoso sexual, tocamientos. Hay hombres que les proponen que se acuesten con ellos a cambio de una pequeña cantidad de dinero”.
Arboleda llegó a España hace nueve años. Después de trabajar siete como interna, hace un año y medio decidió estar empleada por horas. “Yo quería pasar tiempo con mi hijo, que había llegado de Colombia, y la familia para la que trabajaba quería que yo pasara tiempo con sus propios hijos. Llegan a casa y prefieren que haya una persona que atienda a sus criaturas”. Indica que una de las reivindicaciones que apoyan en Sedoac es la eliminación de este tipo de empleos en el que las mujeres tienen una jornada laboral casi de 24 horas. “De interna no tienes vida, es un trabajo que se tendría que abolir, una sola persona hace el trabajo de tres”.

DEL HOGAR AL HOTEL

Trasladando lo que ocurre del ámbito privado de los hogares al área de los establecimientos hoteleros, algunas situaciones tienen semejanzas. Las mujeres que limpian los hoteles son otro colectivo que ha ganado mucha fuerza en los últimos años y al que se conoce por mantener una lucha permanente para mejorar sus derechos laborales. Las Kellys comenzaron a organizarse hace cuatro años, en un principio a través de redes sociales y posteriormente  reuniéndose y preparando acciones.
Actualmente, tienen presencia en ocho comunidades autónomas del Estado. Entre sus reivindicaciones aparecen el derecho a la jubilación anticipada, el fin de las externalizaciones, el aumento de las inspecciones de trabajo o el reconocimiento de sus enfermedades laborales.
Desde la entrada en vigor de la reforma laboral de 2012, la externalización se ha generalizado en el sector hotelero y las condiciones de trabajo de estas mujeres han cambiado considerablemente. “Cada empresa externa a la que el hotel le adjudica el servicio tiene contabilizado un número de habitaciones para rentabilizar a esa camarera; en unas el ratio puede ser de 18 habitaciones por hora, en otras 20, pero eso luego no tiene por qué corresponderse con la realidad. Pueden contratar a alguien para 6 horas y después meterle una carga de trabajo para 8, 10 o 12 horas.
Es decir, que en muchos casos se contrata como temporal a personal con jornada completa”, detalla Ángela Muñoz, integrante de las Kellys. Trabaja en un hotel desde hace varios años y, al igual que sus compañeras, ha visto cómo han ido avanzando la precariedad y la pérdida de derechos. “Ahora mismo ser profesional y llevar mucho tiempo en un establecimiento no es sinónimo de ninguna garantía”, explica.
“Antes nuestras funciones en el hotel estaban definidas por zonas: habitaciones, pasillos, office, recepción, etc; ahora auxiliares y camareras de piso hacemos todas de todo”. Son palabras de Eva Escolar, quien también forma parte de Las Kellys Madrid. Ella es una de las ‘afortunadas’ que tiene contrato indefinido y un calendario anual de turnos. Se encarga de supervisar los Riesgos Laborales del hotel donde trabaja. “En el área de riesgos laborales no se cumple absolutamente nada, aunque La Ley de Prevención de Riesgos es de obligado cumplimiento para las empresas”, comenta.

Según explica, la precarización y multitarea a la que se ven sometidas las empleadas desemboca en un fomento de la competitividad entre las propias compañeras. “Es importante el arma que utilizan. La gobernanta te lo puede poner muy fácil o muy difícil: puede adjudicarte habitaciones más grandes o más pequeñas, con el material más cerca o más lejos… y estas decisiones marcan también las relaciones entre las propias compañeras”.
Añade que la externalización que se ha generalizado desde hace unos años supone una elusión de las responsabilidades por parte de los establecimientos. “Cuando un hotel te contrata tiene un acuerdo contigo en cuanto al tipo de contrato, las bajas por enfermedad o por maternidad; al contratar a una empresa externa todo eso se pierde. Hay unas trabajadoras a las que venden al mejor postor, con sueldos más bajos, que no tienen posibilidad de sindicarse y donde prevalece la temporalidad”.
“Se crean situaciones de mucha necesidad, la gente no reclama sus derechos por miedo y las empresas se permiten echarte de un día para otro porque lo tienen tan fácil como decirte que se te ha terminado el contrato si les reclamas algo que no les interesa, como una baja por enfermedad o por embarazo; para nosotras es más fácil buscarnos otra cosa que denunciar una de estas ilegalidades, pues el proceso lleva muchísimo tiempo”, prosigue Escolar, quien también pone de manifiesto la imprevisibilidad de turnos y horarios a la que se ven sometidas en muchos casos: “Miran la ocupación que tienen de un día para otro y, dependiendo de eso, te avisan.
Esto es intolerable, cualquier hotel tendría que tener una plantilla de personal que sepa cuándo va a librar,  que nadie tiene que jugar con mi tiempo libre, y aún menos con la miseria de sueldo que ofrecen”.
Cristina Guisado, también de Las Kellys, comenta las consecuencias de exigir derechos que les corresponden: “Cuando reclamas tus derechos en relación a días libres u horas de trabajo eres conflictiva; por eso contratan a muchas personas muy jóvenes o mujeres extranjeras que no entienden el idioma ni conocen las leyes; no quieren que ellas se enteren de que pueden reclamar lo que les pertenece”. Un ejemplo de las consecuencias a las que se refiere es la situación que vivieron a principios de verano ocho camareras de piso del hotel EXE Getafe después de organizarse como sección sindical en CNT para luchar contra los abusos. En los dos años que trabajaron para el hotel, las empleadas pasaron por tres subcontratas diferentes. Las despidieron después de cuatro meses sindicadas.

Las Kellys aseguran que sus condiciones laborales no mejoran y que, sin embargo, el turismo, sector directamente relacionado con su trabajo, se potencia continuamente. “No puede ser que importen únicamente los beneficios”, concluye Escolar: “En los hoteles no se tiene en cuenta que hay gente que trabaja ahí. Si se te estropean las ruedas del carro pesado que llevas puede que ni las arreglen, o que tarden días en darte guantes, lo cual es una ilegalidad. Cuando hacen reformas,  muchas veces ponen un mobiliario que dificulta el trabajo: una cama encima de una moqueta, mesillas que pueden pesar, un cabecero en el que te tienes que subir, espejos tan altos que es imposible llegar arriba a limpiarlos”.
Pero como en cualquier sector, también hay locales con buenas prácticas. En el mes de julio, Las Kellys de Barcelona solicitaron a la plataforma TripAdvisor que destacase en su página a aquellos hoteles que respeten los derechos de las trabajadoras. Una campaña veraniega que pretendía dar visibilidad a los establecimientos “que lo hacen bien” y que se viralizó en redes sociales. Llevar a cabo acciones de este tipo, tanto de forma virtual como presencial, es habitual entre las integrantes del colectivo. Organizan protestas, concentraciones, piquetes y buscan distintas vías para conseguir sus objetivos. Pero también buscan nuevas fórmulas con las que trasladar a la gente sus reivindicaciones. Uno de los últimos proyectos en el que se embarcaron Las Kellys Madrid fue la creación de la obra de teatro foro ‘Hotel explotación’, en la que mostraban las malas prácticas que padecen durante jornadas laborales por parte de sus superiores. Lo hicieron en colaboración con el grupo de teatro La Trinchera, de La Tortuga Lavapiés.

VULNERABILIDAD

Tanto el colectivo de trabajadoras del hogar como el de limpiadoras de hoteles comparten muchas características. Se trata en su mayoría de mujeres, de clase baja, muchas de ellas migrantes. “Cuanta más vulnerabilidad, más fácil es que las empresas contraten”, explica Ángela Muñoz. “Como es un trabajo que no se ve, no se valora; nos dicen que cerremos las puertas de las habitaciones cuando las estamos limpiando, por estética”, añade.  Rafaela Pimentel, de Territorio Doméstico, tiene claro el porqué de esa infravaloración: “No se tiene en cuenta lo que hacemos porque somos mayoritariamente mujeres, es una cuestión de género”, explica.
Para ella, hay una falta de voluntad de elaborar políticas públicas para evitar que las mujeres carguen con este trabajo de limpieza y cuidados. “Quieren que nosotras estemos en los hogares, como siempre”.
La lucha permanente es el camino de los tres colectivos. Hace algo más de tres meses, este trabajo de incidencia política dio como resultado que Las Kellys consiguieran un preacuerdo para incluir las patologías derivadas por su actividad en el cuadro de enfermedades profesionales. En otros casos, y junto a sindicatos afines, han logrado negociaciones y readmisiones de empleadas a las que los hoteles habían despedido. Pero también las alianzas entre los distintos grupos con fines similares consiguen reforzar sus logros y potenciar sus vínculos.
Las Kellys, Territorio Doméstico y Sedoac colaboran en actos, eventos y se muestran mutuamente su apoyo. “Muchas de nosotras tenemos una trayectoria de lucha feminista en nuestros países de origen, y las aportaciones del movimiento feminista han sido muy importantes en nuestra lucha”, apunta Pimentel. Y es que después de años desempeñando un trabajo tan necesario como invisibilizado, todas ellas lo tienen tan claro como el lema de Territorio Doméstico: “Sin nosotras no se mueve el mundo”.
*Este artículo fue retomado del portal Pikara Magazine

Imagen retomada del portal Pikara Magazine

Por: Esmeralda Vaquero*

Cimacnoticias | Madrid, Esp, .

El movimiento #MeToo cumple un año

“Se ha producido un cambio de conciencia gigantesco”

 Lidia López González

 

Madrid, 9 oct. 18. AmecoPress.- El movimiento se hizo viral hace un año con el hashtag #MeToo en las redes sociales a raíz de las acusaciones de abuso sexual contra el productor de cine y ejecutivo estadounidense Harvey Weinstein.

El 5 de octubre de 2017, The New York Times publicó un artículo titulado: “Harvey Weinstein compró durante décadas el silencio de mujeres que le acusaban de acoso sexual”. Pocos días después, el 10 de octubre, The New Yorker se unió y publicó un reportaje titulado: “De proposiciones agresivas a abuso sexual: las víctimas de Harvey Weinstein cuentan sus historias”. En él, actrices conocidas como Asia Argento, Mira Sorvino y Rosanna Arquette contaron lo que en Hollywood había sido un secreto a voces. Al día siguiente, se sumaron Gwyneth Paltrow y Angelina Jolie.

El 15 de octubre, la actriz Alyssa Milano publicó un tuit en el que animaba a las mujeres que hubieran sufrido algún tipo de acoso sexual a contar sus experiencias bajo el lema #MeToo “para dar una idea de la magnitud del problema”. La frase “Me too” fue utilizada más de 200.000 veces ese mismo día, y tuiteada más de 500.000 veces el día siguiente. En Facebook, el hashtag fue utilizado por más de 4.7 millones de personas en 12 millones de entradas durante las primeras 24 horas.

Esta frase fue previamente utilizada por la activista social Tarana Burke. Diez años antes, durante una campaña para promover el “empoderamiento a través de la empatía” entre mujeres negras que habían experimentado abuso sexual, Burke se inspiró en utilizar la frase después de ser incapaz de responder a una chica de 13 años que le confió que había sufrido una agresión sexual. Burke más tarde deseó simplemente decirle a la niña “Yo también”.

Todo ello provocó que saliera a la luz un problema que se había mantenido totalmente silenciado y decenas de hombres conocidos de la cultura, política y negocios de Estados Unidos han sido señalados y acusados.

Poco después del #MeToo y gracias a él, nació el colectivo “Time’s Up” (El tiempo se acabó) el 1 de enero de 2018, formado por 300 celebridades de Hollywood con el objetivo de crear un fondo de ayuda para mujeres con bajos ingresos que quieran denunciar casos de acoso y agresiones sexuales en el lugar de trabajo.

¿Qué ha cambiado?

A partir del movimiento “Me Too” se han creado numerosos proyectos de sensibilización y protesta por el acoso y abuso sexual, como la campaña #YoTeCreo de la Asociación Mujeres de Guatemala, que presenta el caso real de Ana, quien fue agredida sexualmente por un conocido y, cuando denunció, su testimonio no fue creído.

Después de un año nos preguntamos si de verdad el movimiento ha ayudado a tomar conciencia social sobre este tema, y Magdalena Lasheras, colaboradora de la Asociación Mujeres de Guatemala, opina que gracias al movimiento #MeToo, y a otras muchas campañas, “hemos conseguido posicionar este debate en el centro de la atención pública”.

Magda afirma que “las mujeres nos sentimos legitimadas y más apoyadas para hablar sobre nuestras propias experiencias. Se ha producido un cambio de conciencia gigantesco”. Dar visibilidad pública a este tema hace que las mujeres podamos hablar de forma libre, “aunque, como siempre, la justicia siga siendo un obstáculo ya que no corre a nuestro ritmo”.

En el caso de los hombres, hemos conseguido que la violencia sexual deje de ser un chiste que se haga libremente, y que al menos de manera estética, cuiden sus actitudes y sus comentarios, “pero aún no está claro que haya incitado una reflexión profunda sobre sus propias masculinidades”.

Foto: cedida por AFP y Archivo AmecoPress.

Pie de foto: 1) Mujeres que denunciaron al productor Harvey Weinstein por acoso sexual; 2) Cartel de la campaña #YoTeCreo de la Asociación Mujeres de Guatemala.

Internacional – Voces de mujeres – Campañas – Situación social de las mujeres – Mujeres del mundo – Empleo y género – Acoso sexual. 9 oct. 18. AmecoPress.