REFLEXIONES SOBRE LA LEY DE AMNISTIA

REFLEXIONES SOBRE LA AMNISTÍA

La amnistía (del griego amnesia, olvido) es una causa de extinción de la responsabilidad penal. Es un acto jurídico, normalmente emanado del poder legislativo, por lo que una pluralidad de individuos que habían sido declarados culpables de un delito pasan a considerarse inocentes por desaparición de la figura delictiva.

Beneficios de la Amnistía:

1. El preso queda libre sin tener que reconocer los delitos del orden político y los relacionados con éstos, que haya cometido o no, por ejemplo los presos que pertenecen a los grupos insurgentes.

2. Se eliminan las órdenes de aprehensión que existen y no se han ejecutado, es decir, ya no hay perseguidos políticos y los presuntos responsables pueden regresar a sus hogares y ya no andar huyendo o maniatados con órdenes de aprehensión que se pueden ejecutar de acuerdo al clima político, Ejemplo: América del Valle.

3. Se borran los antecedentes penales de todos aquellos que fueron presos y están bajo proceso y de aquellos que ya cumplieron su injusta condena.

ARGUMENTOS FALACES SOBRE LA LEY DE AMNISTÍA

1. La ley de amnistía significa perdón.

No es perdón, ya que éste tiene una figura jurídica denominada indulto, a diferencia de la amnistía donde el gobierno olvida los delitos que cometieron o no los presos y los libera.

Con el indulto (perdón) efectivamente hay un reconocimiento de los delitos, se hayan cometido o no, pero los presos salen “perdonados” con antecedentes penales.

La promulgación de una ley de amnistía es un proceso de lucha de las organizaciones y del pueblo organizado para ver libres a sus hoy más de 500 presos, esto es el resultado de la utilización creativa de todas las formas de lucha por la libertad y no una ecuación para estimar la conveniencia política de una amnistía y capitalizar el monto político de la lucha por los presos.

2. La amnistía perdona (ya vimos que no es perdón) a los responsables de las violaciones a los derechos humanos y de crímenes de lesa humanidad.

Impulsamos una amnistía para los presos políticos, de conciencia e injustamente asociados a motivos políticos, NO para el Estado, en México se han dado tres casos de amnistía y en ninguno de ellos se ha incluido a los torturadores y asesinos de nuestro pueblo, la lucha contra la impunidad y el castigo a los responsables continua y una ley de amnistía no la impide.

3. La amnistía le ha servido hasta ahora a la dictadura, a la impunidad.

En México no ha sido así, no se trata de una comparación atemporal entre la ley de amnistía para los presos políticos y de conciencia de México con las leyes de punto final en Argentina y leyes similares en el cono sur, tampoco se trata de un olvido recíproco, eso es inaceptable, recordemos siempre la consigna: ¡no olvidamos, no perdonamos, no nos reconciliamos!

4. Si se olvida la prisión injusta, la tortura, los vejámenes, también se tiene que olvidar la reparación del daño.

Un preso amnistiado, no tiene que renunciar (porque no se puede) a sus derecho humanos y menos a la reparación del daño, no se trata de olvidar la prisión injusta, la tortura o los vejámenes, aun si firmara un documento de este tipo, sólo sería una prueba del manejo político del Estado y una violación flagrante a los instrumentos nacionales e internacionales en materia de derechos humanos.

5. Para que un preso salga de prisión bajo amnistía tiene que renunciar a sus principios.

Y será considerado un “traidor” a la lucha y esa es una razón muy válida, por la cual algunas organizaciones no aceptan la amnistía.

Nosotros asumimos que quienes deciden cómo salir son los presos, no quienes los defendemos, tampoco partimos de la evaluación de lo correcto o incorrecto políticamente de exigir una amnistía, sino del derecho a la libertad de aquellos rehenes del Estado que no tienen posibilidades jurídicas para obtenerla, el imperativo ético es la libertad.

También comprendemos que hay presos que por sus convicciones personales y políticas o la de su organización no quieren salir bajo la amnistía, pero una ley de amnistía no es obligatoria, si se logra ésta, los presos que no quieran acogerse a ésta debido a su posición política, no pueden ser obligados ni serán expulsados de las cárceles y seguirán actuando bajo su forma política particular para conseguir su libertad, aun así seguiremos apoyando cualquiera que sea la iniciativa, ya que lo importante es la LIBERTAD.

6. Las amnistías no funcionan ya que en Guerrero, en el año 2003 se dio una y no salio ningún preso político.

Partir de que el Estado da una amnistía por que es bueno, es ya un error. Sabemos que el Estado se ve obligado a hacerlo por conveniencia política y obligado por la lucha social, pero tratará de mil formas que la redacción de dicha ley no permita la libertad de todos los presos políticos en México como sucedió en Guerrero, por tanto debemos explicar cuál fue el motivo de que esta ley fuera un fracaso, analizar y criticar la actitud de las organizaciones que rompieron la unidad en ese momento para capitalizar políticamente esta ley y se debilitaron tanto que el Estado pudo votar una ley inservible, así mismo aclarar este episodio, nos permitiría no echarle la culpa al Estado por que es malo (eso ya lo sabemos de sobra), sino asumir las responsabilidades como organizaciones e individuos y luchar unidos por una redacción que permita la libertad de todos los presos políticos y de conciencia de nuestro país.

Esperamos que este pequeño escrito aclare mínimamente qué es y qué no es una amnistía, sin embargo, si hay alguna duda, por favor esperamos nos lo hagan saber.

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DEFENSOR DE LOS DERECHOS HUMANOS

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LEY DE AMNISTIA....Rosario Ibarra....Senadora

Anuncia que promoverán amnistía general

Pide Rosario a la CND se integre al Frente contra la Represión

México DF, 22 nov 07 (CIMAC).- En México se están generalizando “nuevas formas de tortura, que incluyen violaciones y humillaciones sexuales a mujeres y hombres”, señaló la senadora Rosario Ibarra de Piedra, durante su informe en la Convención Nacional Democrática (CND), el pasado 18 de noviembre en el zócalo de la Ciudad de México.

Al hablar sobre la situación de los derechos humanos en el país, la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Senado de la República, denunció que al imponer la presencia del ejército en todas partes, Felipe Calderón busca acostumbrar a la población mexicana a su nuevo papel e intimidar la protesta social.

“Con la presencia del Ejército se solapan las violaciones a derechos humanos cometidas por militares, como lo muestran los casos de Zongolica, los asesinatos en Sinaloa y Michoacán, las violaciones y humillaciones sexuales, como en Castaños, Coahuila, y de nuevo en Zongolica con la agresión a la señora Ernestina que continúa el maltrato a mujeres indígenas que ya habíamos visto en Chiapas y otros estados”.

Por eso, “hemos reclamado insistentemente en el Congreso que se elimine el llamado fuero de guerra”, dijo la luchadora social.

El gobierno usurpador, dijo Ibarra, está haciendo terrible daño en todos los terrenos de la vida del pueblo mexicano. Como se trata de un gobierno sin legitimidad, ha abierto un curso de represión y violación de derechos humanos muy grave, de enorme peligro.

EL CURSO DE LA REPRESIÓN

Este camino implica la militarización del país, explicó. Ante la falta de legitimidad, el usurpador (Felipe Calderón) saca a los soldados de los cuarteles para darles tareas de policías con el pretexto de la guerra al narcotráfico. Al imponer la presencia del ejército en todas partes, busca acostumbrar a la población a su nuevo papel e intimidar la protesta social.

También significa la generalización de nuevas formas de tortura, que incluye violaciones y humillaciones sexuales a mujeres y hombres que son hechos presos, como sucedió en Atenco y Oaxaca.

No se trata --aseguró Ibarra de Piedra-- de perversiones de policías o soldados como casos individuales, sino de una política en que se ofrece, en cada represión, el cuerpo de las mujeres como botín de guerra, como hacen ejércitos de ocupación en otras partes del mundo.

“Este trato violatorio de los derechos de los presos políticos incluye el regreso a la práctica porfiriana del traslado de estos a cárceles lejanas que dificulten su defensa, como lo vimos en Oaxaca”.

PRISIÓN POLÍTICA Y DESAPARICIONES

Hay un incesante crecimiento del número de presos políticos, aseguró la Senadora. Se dice que hay ahora más presos políticos que en años terribles como el de 1969, inmediatamente después de la represión al movimiento del 68. Requerimos la ayuda de todos para completar un censo confiable del número de presos políticos y su situación en todo el país, dijo.

Asimismo, “regresa amenazante la práctica de la desaparición forzada de personas. En todos estos años no ha dejado de haber desaparecidos políticos y sigue sin hacerse justicia en cuanto al saldo mayor de desaparecidos de los años 70 y 80, pero en los últimos meses vemos la tendencia de volver a hacerlo, como una política general”.

Muestra de ello son las denuncias del Ejército Popular Revolucionario (EPR) de la desaparición de dos de sus militantes desde hace meses o la desaparición de Francisco Paredes Ruiz en Morelia, Michoacán, a fines de septiembre.

LEGALIZAR LO ILEGAL

Hay un intento de legalizar lo ilegal, afirma Ibarra. Así como en Estados Unidos buscan justificar la tortura en Guantánamo o en Abu Grahib con reformas legales, en México los “traidores a la patria” también quieren restringir derechos.
“En abril pasado, aprobaron lo que se conoce como ley contra el terrorismo, copia del Patriot Act de Estados Unidos, que apunta a criminalizar la protesta social. Ahora mismo está a debate la llamada reforma judicial propuesta por el usurpador, con la que se que busca legalizar la intercepción telefónica, cateos y detenciones sin órdenes judiciales para ello y otras reformas que desconozcan derechos conquistados por el pueblo mexicano, incluido limitar el derecho de manifestación”.

Hay ataques también a las y los defensores de derechos humanos, señaló. Es decir, la represión no se limita ahora a los activistas, luchadores sociales o militantes de oposición o aquellos a los que las autoridades suponen que lo son, sino que también atacan ahora a defensores de derechos humanos y a los abogados de los presos, limitándoles sus derechos.

“La subordinación a la política de Estados Unidos por parte del gobierno usurpador también lleva a permitir la intromisión y actuación de fuerzas armadas y policíacas extranjeras en México, como se ha denunciado con motivo de la Iniciativa Mérida, el diseño un Plan México similar al Plan Colombia e incluso la actuación de agentes colombianos en suelo mexicano”.

Como consecuencia lógica de todo lo anterior, se mantiene la impunidad en crímenes políticos cometidos no sólo por el gobierno usurpador, sino por los crímenes pasados del priiato y que la derecha demagógicamente dijo que resolvería, recordó.

“Sigue la impunidad en cuanto al 2 de octubre, al 10 de junio, los desaparecidos de los 70 y 80, Acteal, El Charco, Aguas Blancas, el Bosque y muchos más casos de antes y ahora”.

FRENTE CONTRA LA REPRESIÓN

Ante la gravedad de esta situación –señaló la madre del desaparecido Jesús Piedra, integrante de la Liga Comunista 23 de Septiembre en los años 70-- es que propusimos volver a crear un Frente Nacional Contra la Represión (FNCR), como hicimos a fines de los 70.

Recordó que el pasado 2 de octubre formaron, con el apoyo de más de 100 organizaciones, entre ellas de la Coordinación de la Convención Nacional
Democrática, el FNCR.

Estamos convencidos, afirmó, de que la posibilidad de poner un alto a la represión y violación a los derechos humanos depende de que logremos la unidad más amplia de todas las fuerzas sociales y políticas interesadas y evitar que cada quien siga luchando por separado por sus presos y en contra de la represión.

Por lo menos, afirmó Rosario Ibarra, eso nos dice la experiencia histórica, si recordamos que a fines de los años 70 conseguimos así una amnistía para más de mil 500 presos, la libertad de 148 desaparecidos, la cancelación dos mil de órdenes de aprehensión y el regreso de los exiliados.

La necesidad de unirse contra la represión es evidente, aseguró. Y explicó que el Frente Nacional Contra la Represión no pretende sustituir o suplantar a ninguna de las organizaciones existentes o espacios de coordinación; es la unificación en torno a objetivos muy precisos por la defensa de derechos humanos, que respeta la autonomía y práctica de todas las organizaciones integrantes, que no pretende tener una representación formal única o comité de comités, ni un código o estatuto de una nueva organización.

“Es un frente necesario de muchos que somos diferentes, pero que nos une la defensa de los derechos humanos y la lucha contra la represión. Por eso necesitamos que la fuerza de la Convención Nacional Democrática se integre ahí y respalde también los esfuerzos del Frente Nacional Contra la Represión”.
Lo hacemos con el criterio de que los presos y desaparecidos de otros compañeros son también nuestros presos y desaparecidos. No hacemos exclusiones ni tenemos criterios sectarios que expresen que sólo luchamos por nuestros presos o hacemos un frente exclusivo de una fuerza política.
Por lo mismo el compromiso del FNCR es luchar contra toda forma de represión, venga de donde venga, de cualquier nivel de gobierno o de cualquier color político. Así como nos hemos manifestado contra la Policía Federal Preventiva (PFP) en Atenco o Oaxaca, contra el usurpador disfrazado ridículamente de militar, contra criminales como Luis Echeverría Álvarez, Ulises Ruiz, Peña Nieto o Mario Marín, lo hemos hecho también contra gobiernos como el de Chiapas o el de Zeferino Torreblanca en Guerrero, que ha reprimido a los estudiantes de Ayotzinapa y a los opositores a la presa en La Parota. Nuestro compromiso indeclinable es defender los derechos humanos, enfatizó.

AMNISTÍA GENERAL

Informó también que discuten la conveniencia de impulsar una amnistía general, por que en varios casos de presos políticos se han agotado las instancias legales en el reclamo de su libertad y la amnistía parece ser la única forma institucional para lograr su liberación.

Citó como ejemplo los casos de los Hermanos Cerezo o de las “brutales sentencias” a 67 años de cárcel para Ignacio del Valle y sus dos compañeros de Atenco.

“La amnistía –dijo-- no es un perdón ni el reconocimiento por parte de los presos de nada indigno, sino la respuesta política posible al reclamo justo de libertad a los presos políticos. No es simplemente una acción legislativa, sino que implicaría básicamente una campaña y lucha políticas.

TAREAS INMEDIATAS

Informó la activista por los derechos humanos que el 25 de noviembre, cuando se cumple un año de la brutal represión contra la APPO, celebrarán la segunda asamblea nacional del Frente Nacional Contra la Represión en Oaxaca. Ahí resolverán el nuevo plan de acción del frente y prepararán la gran movilización del 10 de diciembre, Día Universal de los derechos humanos, así como la Tercera asamblea nacional en la Ciudad de México.

Estoy convencida –dijo al final de su discurso, que no logró ser opacado por el inusual y persistente repiqueteo de las campanas de la Catedral Metropolitana-- que con el apoyo de la CND y Andrés Manuel López Obrador, la lucha contra la represión y por el respeto a los derechos humanos alcanzará un nivel superior y serán más fuertes los gritos que llamen a la movilización contra la represión y la libertad para los desaparecidos y los presos políticos.

TERCERA ASAMBLEA DE LA CONVENCION NACIONAL DEMOCRATICA ¡¡

Palabras de nuestro Presidente Legítimo

Andrés Manuel López Obrador

Amigas y amigos; Representantes del Gobierno Legítimo de México; Dirigentes, militantes y simpatizantes de los partidos del FAP; Miembros de organizaciones sociales; Ciudadanos todos:
Agradezco sinceramente su participación en esta Tercera Asamblea de la Convención Nacional Democrática.

Celebro que a más de un año del fraude electoral del 2 de julio, se mantenga vigente el espíritu de lucha y la decisión inquebrantable de abolir el régimen de corrupción y privilegios para construir, desde abajo y con la gente, una nueva República, donde lo fundamental sea la felicidad y el bienestar del pueblo y no domine el poder del dinero sobre la dignidad de los mexicanos.
Hoy reitero, aún con mayor firmeza, que las instituciones están secuestradas y al servicio de una minoría rapaz; que la Constitución se viola flagrantemente; que impera la impunidad; que la llamada sociedad política está podrida y que sólo el pueblo puede salvar a la nación.
Para quienes piensan que exageramos, basta recordarles la forma tan cínica en que el presidente espurio ha venido pagando favores y facturas a quienes le ayudaron a cometer el fraude electoral y lo impusieron.

Allí está el caso de la alianza que mantiene Calderón con las cúpulas del PRI a cambio de la impunidad de los gobernadores de Puebla y de Oaxaca; o su contubernio con Elba Esther Gordillo, a quien le entregó prácticamente la Secretaría de Educación Pública, la Lotería Nacional, el ISSSTE y el manejo de los fondos de pensiones de los Trabajadores al Servicio del Estado; o el reciente remate de la empresa pública, Aeroméxico, para beneficiar a José Luis Barraza, expresidente del Consejo Coordinador Empresarial y al grupo de Banamex de Roberto Hernández.

Pero lo que mejor describe a Calderón es su sometimiento servil a quienes, desde el extranjero, imponen la actual política económica que ha llevado a la ruina al país; que ha obligado a millones de mexicanos a emigrar y que mantiene a la mayoría de la población en la pobreza.
La política del gobierno usurpador se orienta exclusivamente a cumplir la agenda del Fondo Monetario Internacional. Por eso se llevó a cabo la reforma a la Ley del ISSSTE, se impuso la llamada reforma fiscal, que no es más que aumentar impuestos a trabajadores, comerciantes y pequeños y medianos empresarios. Y ahora con la llamada reforma energética, se pretende profundizar en la privatización de la industria eléctrica y, sobre todo, lo que más ambicionan: apoderarse del petróleo, que es propiedad del pueblo y de la nación. Como es obvio, es ésta voracidad la que los llevó a consumar el fraude en 2006, a violar el orden constitucional y a dar el golpe de Estado.

De ahí la importancia de haber resuelto entre todos, desde la primera Convención Nacional Democrática, que serían dos las tareas fundamentales de nuestro movimiento: defender la economía popular y el patrimonio de la nación y, al mismo tiempo, trabajar en la organización de la gente para transformar la vida pública del país.

En este marco, les informo que hemos hecho todo lo posible por denunciar y contener la actual política económica antipopular y entreguista. Constantemente hemos señalado que, mientras en lo que va del año, el salario mínimo aumentó en 4 por ciento, los precios, desde la tortilla hasta el pan, pasando por el gas, la gasolina, la luz, el pollo, la leche, la carne y el huevo, se han incrementado en 35 por ciento en promedio. Es decir, los precios de la canasta básica han aumentado 7 veces más que el salario.

Hemos participado en manifestaciones en contra del alza de precios y para exigir un aumento salarial de emergencia; nos opusimos a la reforma a la Ley del ISSSTE y promovimos que se interpusieran alrededor de medio millón de amparos en contra de dicha reforma; estamos participando en la campaña para impedir que se lleve a cabo la entrada en vigor de la cláusula del Tratado de Libre Comercio, que dejará abierta la importación de maíz y frijol del extranjero.
Nuestros legisladores del Frente Amplio Progresista, consiguieron que se apoyara a adultos mayores del país con una pensión alimentaria de 500 pesos mensuales que, aunque todavía es insuficiente, en algo ayuda ante la difícil situación económica y social que se está padeciendo. También, contra el afán de seguir asfixiando económicamente a las universidades públicas, se han conseguido para estas instituciones, donde estudian los más pobres, aumentos presupuestales considerables.

Aquí quiero destacar la actitud consecuente del Jefe de Gobierno de la Ciudad de México, Marcelo Ebrard Casaubon, quien no sólo ha continuado con la política social de apoyo a los adultos mayores; a madres solteras; a personas con discapacidad; con los programas de atención médica y medicamentos gratuitos; con el establecimiento de escuelas preparatorias; con el apoyo a la Universidad Autónoma de la Ciudad de México; con la entrega gratuita de útiles escolares; si no que ha resuelto no aumentar el precio del transporte público; ni de la leche Liconsa, y ha llevado a la práctica nuevas acciones como la entrega gratuita de uniformes escolares, el otorgamiento de becas para todos los estudiantes de preparatoria del Distrito Federal y el establecimiento del Seguro del Desempleo.

En contraste, el gobierno usurpador, además de permitir la escalada de precios en los artículos básicos, promovió que los diputados del PRI y del PAN, aprobaran el aumento a la gasolina y al diesel, que originalmente entraría en vigor a partir del mes de octubre, pero que ante las protestas generalizadas, tuvo que posponerse su aplicación para enero próximo.
Aquí aprovecho para exponer que enero será, si no lo impedimos, un mes negro, de carestía, muy difícil para la economía popular, porque se pretenden dar tres golpes al mismo tiempo: el aumento a las gasolinas y al diesel; los aumentos de impuestos por la llamada reforma fiscal y la apertura de las fronteras para la importación de maíz y de frijol que afectará a los productores nacionales.

En consecuencia, les propongo que a partir de ahora, todos expresemos nuestro rechazo por éstas medidas injustas, inmorales y antipopulares, llevando a cabo las acciones acordadas en ésta Asamblea.

Ahora bien, amigas y amigos asambleístas, nuestro movimiento está obligado a jugar un papel de suma importancia ante la inminente decisión, del gobierno usurpador y de sus aliados, de entregar el petróleo a extranjeros. Este propósito entreguista viene de tiempo atrás y explica el por qué, desde 1983, en vez de modernizar la industria petrolera y convertirla en palanca del desarrollo nacional, han optado deliberadamente por arruinarla y tener el pretexto para venderla y convertirla en un negocio privado.

Recordemos que el 18 de marzo de 1938, el presidente Lázaro Cárdenas del Río, llevó a cabo la expropiación del petróleo, para devolver al pueblo de México, esta riqueza que estaba en manos de compañías extranjeras.

Con esta decisión histórica, ese gran estadista, ese presidente patriota, no sólo hizo valer la soberanía nacional, sino que abrió el horizonte a la economía del país. Baste decir que actualmente, a pesar de la corrupción y el mal manejo de la industria petrolera, de cada peso del presupuesto público, 40 centavos provienen del petróleo.

A casi siete décadas de la expropiación, en buena medida, el país se ha desarrollado por el dominio que la nación ejerce sobre el petróleo y de eso depende, en mucho, el futuro de nuestro pueblo.

Sin embargo, en los últimos 25 años, los gobiernos neoliberales, han tratado con saña a las empresas públicas del sector energético, porque reitero, siempre han buscado justificar o tener el pretexto para privatizar la industria eléctrica y el petróleo.

Durante este periodo, la política energética ha sido manejada con perversidad y de manera irresponsable. Lo único que les ha importado es vender cada vez más petróleo crudo al extranjero, haciendo a un lado la exploración de nuevos yacimientos y, sobre todo, dejando en el abandono la refinación y la industria petroquímica.

Por más de dos décadas, la exploración de nuevas reservas se redujo a la nada. Desde entonces, prácticamente toda la producción ha dependido de los campos descubiertos en los años 70, sobre todo, del yacimiento de Cantarell en el mar de Campeche y de los pozos en Chiapas y Tabasco.
Con respecto al gas, los tecnócratas nunca vieron la importancia estratégica que llegaría a tener este energético. De 1983 a la fecha, la producción de gas sólo aumentó el 2 por ciento anual; mientras que durante el mismo periodo, la demanda interna por este producto creció a una tasa de más del 4 por ciento. La peor parte de esta absurda política tecnocrática la han resentido la refinación y la petroquímica. A las empresas vinculadas a estas actividades se les privó de recursos para su expansión y modernización. Desde hace 25 años no se construye una nueva refinería y por eso estamos importando 300 mil barriles diarios de gasolina, que podríamos estar produciendo en nuestro país, generando empleos para los mexicanos. Es más, es tan absurdo lo que han hecho que este año vamos a comprar gasolina en el extranjero con un valor de 10 mil millones dólares, exactamente lo que costarían las tres refinerías que necesita el país para ser autosuficientes en este combustible.

En suma, el sector energético no ha tenido prioridad en los planes gubernamentales y México se ha convertido en exportador de crudo e importador de productos con mayor valor agregado. Todo esto nos ha llevado a una gravísima situación de dependencia. Estamos comprando en el exterior la cuarta parte del gas que necesitamos en el país y el 40 por ciento de la gasolina que consumimos.

Por si fuera poco, en México, la electricidad y el gas, le cuestan más al consumidor y al empresario, que en Estados Unidos y que en otros países del mundo.
Ante este panorama y esgrimiendo la falta de recursos económicos para sacar adelante la industria petrolera, y curiosamente ahora, en que el precio del petróleo se acerca a 100 dólares por barril, el gobierno usurpador pretende consumar la fechoría de entregar a extranjeros ésta riqueza de la nación.

Este gran atraco significaría no sólo dejar a México sin la posibilidad de desarrollo futuro, sino perder, tal vez para siempre, nuestra soberanía como país libre e independiente. Para decirlo históricamente: la derecha y sus aliados del PRI nos quieren regresar al porfiriato.
Por ésta razón, informo a ustedes y al pueblo de México, que el día de mañana daremos a conocer un proyecto alternativo para evitar la entrega del petróleo al extranjero y, al mismo tiempo, rescatar y desarrollar esta industria nacional, para convertir a México en una potencia energética.

Estamos en uno de los momentos más críticos para la nación y convoco a todos a reflexionar y a unirnos en el proyecto alternativo para el rescate del sector energético. El gobierno espurio ha emprendido una ofensiva para desacreditar a Pemex, diciendo que pierde dinero y que no tiene ni recursos ni tecnología para las tareas que enfrenta. Esto es rotundamente falso. Pemex, a pesar de la corrupción y del mal manejo, genera cada año un gran superávit, antes de impuestos, de 60 mil millones de dólares, más del 6 por ciento del producto interno bruto. Es la empresa más rentable del país (extraer un barril de petróleo nos cuesta 4 dólares y se vende en 70 dólares, fundamentalmente porque no se le paga renta a la naturaleza). Además, Pemex es la segunda petrolera con mayor flujo de efectivo del mundo.

Los impuestos que pagó el año pasado fueron de 60 mil millones de dólares, equivalentes al 38 por ciento del presupuesto del gobierno federal y a más de tres veces, lo que pagaron de impuestos sobre la renta todas las empresas privadas del país.

Si Pemex no invierte lo suficiente, es porque el gobierno se lo confisca todo. En cuanto a la tecnología, es falso que no se pueda contratar, y lo más importante es que tenemos los técnicos mexicanos para asimilarla y desarrollarla tal como se hizo desde 1938, hasta principios de los años 80. No olvidemos que, contra todos los pronósticos de las compañías extranjeras, Petróleos Mexicanos, en 1938, salió adelante en sus operaciones, como puede lograrlo, con más razón ahora, con casi 70 años de experiencia de nuestros trabajadores y técnicos. Sólo los tecnócratas acomplejados y vende patrias, pueden argumentar que hoy Pemex no puede y que su entrega al sector privado, nacional o extranjero, es la única salvación.

La política de fortalecimiento energético que proponemos, sin apertura al capital privado, ni nacional ni extranjero, implicaría en una primera etapa, invertir con carácter de urgente, 400 mil millones de pesos que se destinarían a la exploración de nuevos campos, al desarrollo de los yacimientos de gas natural, a la perforación de nuevos pozos, a la construcción de tres nuevas refinerías, a la modernización y ampliación de plantas petroquímicas, y al mantenimiento de las instalaciones petroleras.

Como es lógico, la pregunta obligada es ¿de dónde saldría tanto dinero? La propuesta que hacemos es que estos fondos se obtengan de dos maneras: por un lado, proponemos que se reduzca el gasto corriente y de operación del gobierno en 200 mil millones de pesos, en una primera instancia. Esto implica, entre otras cosas, reducir a la mitad el sueldo de los altos funcionarios públicos de los tres poderes: Ejecutivo, Legislativo y Judicial.

Significaría también suprimir las partidas para el fondo de ahorro especial; gastos médicos mayores; pensiones a expresidentes y bonos discrecionales para los altos funcionarios públicos; así como muchos otros privilegios con que cuenta la alta burocracia que se ha convertido en una de las castas más favorecidas del mundo.

Aclaro que no proponemos reducir el gasto en inversión, en obra pública, en educación y salud, ni en programas de apoyo a los más desprotegidos; sino reducir el gasto burocrático y el destinado a la operación del sector público, donde se ha registrado el incremento más cuantioso en los años recientes.

Conviene decir que el gasto corriente del sector público, del año 2000 hasta la actualidad, subió de 714 mil millones de pesos a un billón 466 mil millones; es decir, se duplicó. Tengamos en cuenta que el presupuesto aprobado para el año próximo será de 2 billones 569 mil millones de pesos. Y nosotros estamos proponiendo un ajuste en el gasto corriente y de operación de 200 mil millones de pesos, que sólo representa el 8 por ciento, monto que se destinaría al fortalecimiento del sector energético.

Por otro lado, proponemos que todo el excedente que se obtenga por encima del precio del petróleo aprobado por la Cámara de Diputados, se invierta en el desarrollo del sector energético.
Para tener una idea del potencial de esta medida, si se mantuviera el precio internacional actual del petróleo por un año, este excedente sería de más de 200 mil millones de pesos. Al respecto conviene recordar que, como nunca en la historia, durante el gobierno de Fox, el sector público recibió recursos presupuestales del petróleo del orden de 335 mil millones de dólares y tan sólo de excedentes por los precios altos del petróleo, se recibieron 10 mil millones de dólares por año en el trienio de 2004 a 2006. Y la desgracia fue y sigue siendo, que todo ese dinero, en vez de destinarse a modernizar a Pemex, a promover el desarrollo de México y a garantizar el bienestar del pueblo, se derrochó en beneficio de la alta burocracia o se fue por el caño de la corrupción.

De modo que sí se puede, que sí hay forma de contar con recursos sin cometer la gran traición de entregar el patrimonio del pueblo y de la nación a extranjeros. Sí hay de otra, sí tenemos un proyecto alternativo. Mañana los secretarios y técnicos del gobierno legítimo darán a conocer nuestra propuesta y sus detalles.

De todas maneras, amigas y amigos, no podemos ser ingenuos ante el desafío que tenemos por delante. No podemos atenernos. No podemos atenernos y esperar a que el gobierno usurpador actúe con responsabilidad y anteponga el interés nacional ante las ambiciones de las minorías. Es más, a estas alturas ya resulta evidente que Calderón se ha comprometido a cumplirles a quienes ambicionan el negocio del petróleo y ya están, como siempre, poniéndose de acuerdo las cúpulas del PRI y el PAN para dar línea a sus diputados y senadores, con el propósito de reformar la Constitución o las leyes secundarias que permitan esta felonía, este acto de traición a la patria.

Por eso, les convoco a que desde ahora iniciemos una campaña nacional de información, pueblo por pueblo, colonia por colonia, barrio por barrio, casa por casa y que al mismo tiempo, empecemos a organizar círculos de reflexión y análisis y a recoger propuestas de acciones para la resistencia civil pacífica que impidan cualquier reforma o cualquier maniobra que signifique la entrega del petróleo.

Preparémonos para llevar a cabo acciones de resistencia civil pacífica en todo el país, bajo tres criterios básicos: la no violencia, el no afectar a terceros y poner en práctica medidas eficaces que realmente cumplan con el propósito de mantener el petróleo bajo el dominio de la nación.
Les propongo que se integre la Comisión Coordinadora para la Defensa del Petróleo encargada de organizar todo este proceso. Les propongo a las siguientes personas: la maestra Ifigenia Martínez, Claudia Sheinbaum, Jesusa Rodríguez, la diputada por Campeche, Layda Sansores, la senadora por Tabasco, Rosalinda López, Bertha Maldonado y Alfredo Jalife ¿Están de acuerdo?
Estemos atentos y empecemos a trabajar en esta histórica tarea. La comisión nos presentará en esta plaza pública, un informe de las propuestas que haga la gente y aquí entre todos decidiremos. Si antes no hay necesidad, les propongo que nos volvamos a reunir el 18 de marzo, en la conmemoración del 70 aniversario de la Expropiación Petrolera; pero si las circunstancias lo exigen, les llamaría con carácter urgente para emprender de inmediato la movilización contra la entrega del petróleo.

Amigas y amigos:

Quiero agradecer a ustedes y a muchos mexicanos más, el apoyo y la solidaridad con el pueblo de Tabasco. Gracias a la generosidad de la gente, se han enviado víveres y ayuda a los damnificados, pero hace falta más. Por eso los convoco a que sigamos apoyando en la medida de nuestras posibilidades.

También les informo que hace tres días presenté una demanda penal para que se castigue a los responsables de esta tragedia y se reparen los daños de los afectados. Tenemos todas las pruebas de que estos lamentables hechos ocurrieron, precisamente, por la política privatizadora de la industria eléctrica que sólo busca el afán de lucro sin tomar en cuenta la seguridad de la gente.

Es cierto que llovió bastante y que había luna llena, pero lo que inundó a Villahermosa y a otras partes del estado, fue que abrieron las compuertas de la presa Peñitas y dejaron caer 2 millones de litros cúbicos por segundo, durante tres días consecutivos. Todo ello por no generar energía y mantener lleno el embalse para dar preferencia a las plantas privadas extranjeras, las cuales ya le venden a la Comisión Federal de Electricidad, el 31 por ciento de la energía que consumimos en el país.

Que quede claro: la tragedia de Tabasco pudo evitarse y aunque sabemos que en México impera la impunidad, estamos decididos a acudir a instancias internacionales para exigir justicia.
Asimismo les informo que nuestro movimiento siempre ha estado atento a la violación de los derechos humanos y defendiendo a las víctimas. Y nos hemos sumado al Frente Nacional contra la Represión que promueve, entre otros, la muy querida y admirada, doña Rosario Ibarra de Piedra.

Como ustedes saben he continuado con mi recorrido por todo el país. Hasta ahora he visitado y llevado a cabo asambleas en mil 9 municipios. Les informo que han aceptado el compromiso de formar parte de este gobierno del pueblo más de un millón 700 mil ciudadanos. A finales del año próximo, terminaré de recorrer los 2 mil 500 municipios del país y esperamos contar para entonces con la participación de 5 millones de representantes del Gobierno Legítimo de México.

Amigas y amigos:

De mis reflexiones íntimas, quiero compartir con ustedes mi optimismo: estoy seguro que con perseverancia y organización, vamos a poder cambiar este país de manera pacífica. Sí podemos sacar a México del atraso en que se encuentra y mejorar las condiciones de vida y de trabajo de nuestro pueblo.

Tenemos dos recursos fundamentales: en primer término, contamos con un pueblo extraordinario, generoso, noble, trabajador, no enfermo ni de codicia ni de odio. Un pueblo que no busca venganza, si no justicia.

Un pueblo con una cultura excepcional que viene de lejos y de la cual se desprende su enorme vocación de trabajo. Ahí está el ejemplo de los migrantes, de los que por necesidad se han visto obligados a abandonar el país. Allá, a pesar de todo han podido salir adelante y ya están enviando, cada año, remesas a sus familiares por 25 mil millones de dólares. De modo que la pregunta que debemos hacernos es: ¿por qué aquí, esos mexicanos, en su tierra, en su patria, no tienen oportunidades? Esto es inaceptable y es motivo de vergüenza.

Esta es una razón más para rebelarnos ante la opresión a la que está sometido nuestro pueblo y liberar su fuerza creadora y su talento para engrandecer a México.

El otro importante recurso son nuestras extraordinarias riquezas naturales. A pesar de que nos han saqueado por siglos, todavía tenemos con que desarrollar al país. Hay petróleo, gas, buenas tierras para la producción agropecuaria, agua, litorales, bosques, selvas y un invaluable patrimonio histórico y cultural. Todo es cuestión de que estos bienes de la nación no se queden en unas cuantas manos, sino que se utilicen de manera racional y los beneficios se distribuyan con justicia.

Es inadmisible que, teniendo un pueblo trabajador y valiosos recursos naturales que muchos envidiarían, México sea hoy el país con menos crecimiento económico en toda América Latina y uno de los países con mayor pobreza y desigualdad en el mundo.

Por eso no debemos rendirnos. Debemos seguir insistiendo en la transformación del país para sacar a nuestro pueblo de la pobreza y la marginación.

Cuando logremos esta hazaña, ningún mexicano tendrá la necesidad de emigrar. Aquí podrán trabajar, progresar, ser felices, aquí donde están sus familias, sus costumbres y sus tradiciones, y nadie, como ahora sucede, verá cancelado su futuro. El hijo del indígena, el hijo del campesino, el hijo del obrero, el hijo del productor, el hijo del comerciante, el hijo del profesionista, podrá ascender en la escala social y todos tendremos nuevas, importantes y poderosas razones para vivir, para soñar y para triunfar en este país generoso y fraterno.

¡Viva la Convención Nacional Democrática!

¡Viva el pueblo de México!

¡Viva la nación mexicana!