La gallina murusha[1] se le atravesó de nuevo en los sueños. La vio corriendo despavorida junto a la bandada buscando las hojas de repollo que les acaba de tirar en el patio para que coman. La nombró Murushona, desde que la pollita nació. Su abuela Tiba le regaló dos huevos de su gallina inglesa, una miniatura de gallina con las plumas colochas[2], mismos que Emelda puso junto a los otros cuando una de las gallinas de la casa se quedó. Durante las tres semanas de incubación estuvo atenta al nacimiento de las crías y fue todo un festejo cuando sus dos pollitas nacieron.
Pero a los días una murió y quedó entonces la única murusha en medio de las manadas de pollos que abarrotaban el patio cuando se les tiraba comida. Realmente nunca supo cuántas gallinas llegaron a tener, el terreno donde vivían era grande. Sus papás cuidaban a las afueras de la capital una cochiquera de unos veterinarios adinerados que tenían negocios por todos lados en Guatemala. En los terrenos de la gente adinerada Emelda comenzó a ver los cercos de bloques con alambre de púas en la última hilera, una hilera de úes que las llenaban de cemento con pedazos de botellas de vidrio que quebraban específicamente para ese tipo de seguridad. Un mundo distinto al del campo.
Los hijos del sol, les llamaban los trabajadores porque eran albinos, hijos de alemanes emigrados. De lo que llegó a saber su padre, ellos contaban con parcelas con siembras de verduras en Patzún, Chimaltenago, ganado en Jalapa, fincas de árboles de mango Tommy, en Chiquimula. Cafetales en Alta Verapaz. En tierra fría colindando con México compraron a saber cuántas manzanas de terreno, le escuchó decir a su papá cuando le contó a su mamá sobre la nueva compra de los terratenientes. A su padre le ofrecieron ir a cuidar las fincas de coco que tenían en Izabal, pero su mamá dijo que el clima era infernal y que para allá se fuera el diablo. Y en la casa como se hacía lo que decía su mamá, entonces el diablo de seguro se fue para allá, pero ellos no.
Su abuela le contó en unas de las tantas conversaciones que tuvieron cuando iba de visita a Teculután, que cuando era niña las gallinas crecían en el monte, ponían los huevos en nidos que improvisaban en el zacate. En ese entonces nadie se preocupaba por cuántas gallinas tenían y si los huevos se los iba a comer la zarigüeya o cualquier otro animal porque había en abundancia.
Emelda conoció la abundancia cuando fue a visitar la casa de los abuelos paternos por primera vez, con los años comprendió que abundancia no significa tener de más para desperdiciar y que tampoco tiene nada que ver con el dinero. Siempre sintió fascinación por las manos creadoras de su abuela, que le enseñó a hacer queso fresco y mantequilla de costal, las quesadillas más deliciosas que comió fueron las que hizo su abuela.
Le enseñó a trabajar el barro, a hacer sus propios comales, ollas y jarros. El bordado de las mantas para las tortillas y el de las almohadas. Aprendió a cómo medir la intensidad del fuego en el polletón[3] para no desperdiciar la leña y no quemar las tortillas. El café lo aprendió a hervir en las brasas a un lado del comal sin que se le tumbara y los bananos majunches los asó siempre en el rescoldo, como tostaba los pishtones[4].
En la capital todo era distinto, aun estando a las afueras todo lo tenían que comprar. El pago se lo daban a su padre con atraso de tres meses y jamás le pagaron por el trabajo de toda la familia que también hacía, pero para los dueños eso era obligación que no merecía remuneración económica. Cuando su padre les pedía aumento le salían con que un favor le estaban haciendo con tener a toda la familia ahí sin pagar renta.
Un trabajo sin horario de lunes a domingo, sin permiso de enfermedad y sin vacaciones. Vacaciones, le contestaba cualquiera de los albinos, vacaciones son las que les damos nosotros dejándolos vivir aquí. Emelda comenzó a cuidar cerdos a la edad de tres años y a los cinco ya sabía cómo caparlos, lo que nunca hizo y sintió una asquerosidad fue comerse las criadillas. Sus papás, al contrario, así recién cortadas, sólo les lavaban la sangre y se las metían a la boca.
Emelda ve a la Murushona correr, ha retrocedido en el tiempo, no tiene los sesenta años de ahora, es apenas una niña de siete, aún no sabe que tendrá hijas y que emigrarán de indocumentadas a Estados Unidos y mucho menos que sus nietas nacerán en ese país y que hablarán inglés y que rechazarán el español, avergonzadas. Que no querrán saber nada de Guatemala y mucho menos del lujo y del honor de comer tortillas con loroco y queso hechas por la abuela, como lo tuvo ella.
Notas:
[1] Murusha: Persona de pelo rizado, de herencia afrodescendiente.
[2] Colocha: Persona con el cabello rizado o crespo.
[3] Polletón: Mesa grande de barro para cocinar con fuego, donde se coloca el comal y la hornilla.
En los
hallazgos encontraron que el número de mujeres que presiden Federaciones
Internacionales ha disminuido de cuatro a tres desde su encuesta
anterior realizada en 2024.
Dentro de sus conclusiones SIGA 2026
determinó que el liderazgo en los niveles más altos sigue estando
fuertemente dominado por los hombres, por lo que urgieron reformas
estructurales para mantener e incrementar el progreso la participación
de mujeres, así lo demuestran sus datos por año.
Encuesta. Año
Mujeres
Hombres
2018
18.3%
81.7%
2020
17.8%
82.2%
2023
26.9%
73.1%
2024
28.8%
71.2%
2026
32.02%
67.98%
SIGA 2026 señaló que a nivel mundial por primera vez la World Athletics,
ha logrado la paridad total en su junta directiva. Además, 8
federaciones reportaron una representación de mujeres de entre el 40% y
50 %, incluyendo la Federación Ecuestre Internacional (FEI) (47,62 %),
la Federación Internacional de Tenis de Mesa (45,45 %), World Rowing (44,44 %), la Federación Internacional de Gimnasia (44 %), World Aquatics (42,5 %), World Rugby (41,67 %) y World Skate (40 %). Otras 13 federaciones se sitúan entre el 30 % y el 40 %.
«Estos
hallazgos apuntan a una doble realidad: el progreso es evidente y
cuantificable, pero sigue siendo desigual y frágil, especialmente en los
puestos de liderazgo de más alto nivel».
Dentro de la misma
encuesta se informa que en marzo del 2025 se alcanzó un logro histórico
al elegir a Kirsty Coventry como presidenta del Comité Olímpico
Internacional, señalaron que por primera vez en la historia del COI, una
mujer fue elegida para dirigir el Movimiento Olímpico.
Foto: officialkirstycoventry. La nadadora de Zimbabue, Kirsty Coventry, fue elegida este jueves como nueva presidenta del Comité Olímpico Internacional (COI).
SIGA
afirmó que ese momento histórico demostró que las barreras de larga
data en la gobernanza deportiva pueden romperse y envió una poderosa
señal sobre la importancia de un liderazgo inclusivo en los niveles más
altos del deporte mundial.
Luego de conocer la información
SIGAWomen, organización global que trabaja para proteger valores en el
deporte instó a todas las federaciones deportivas y organismos olímpicos
a impulsar reformas que permitan políticas de inclusión, invertir en
programas que apoyen a mujeres en la gobernanza deportiva y que se
publiquen informes sobre la representación de género.
Katie Simmonds, directora comercial global de SIGA y presidenta del Consejo de Mujeres de SIGA, añadió:
“El
progreso hacia la equidad de género requiere un compromiso sostenido,
colaboración e inversión en la próxima generación de líderes».
México
Según
datos del informe “The Boardroom: El C-Level femenino en el deporte
mexicano”, el deporte mexicano está regido principalmente por
instituciones públicas y asociaciones civiles. Entre ellas destacan los
32 Institutos del Deporte estatales, donde actualmente 9 son dirigidos
por mujeres.
En el ámbito de las Federaciones Nacionales, identificaron 75 organismos, de los cuales 13 están encabezados por mujeres.
Ciudad de México.- México se encuentra en un festejo futbolero y las miradas están colocadas en la justa deportiva, no obstante el país mantiene registros sostenidos de violencia contra las mujeres, así lo confirman las cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), el cual informa que hasta el mes de abril de este 2026, la violencia sexual acontece en todas las entidades del país, sin excepción alguna, con 6 mil 513 casos.
El estado de México es la entidad donde más casos de violencia sexual contra mujeres hay con 896 registros; seguido de Ciudad de México con 745 y luego Nuevo León con 449.
Cabe señalar que la Secretaría de las Mujeres, surgida en el sexenio de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, estuvo 60 días sin titular hasta el pasado lunes 15 de junio y aunque ya fue designada Laura Itzel Castillo Juárez, actualmente presidenta de la Cámara de Senadores, como su titular, lo cierto es que llegará a su función hasta el mes de septiembre y atender estas cifras más el acumulado del próximo trimestre.
Castillo Juárez, deberá asumir el objetivo de la Secretaría que consiste en «coordinar las acciones y políticas públicas que se implementan a nivel nacional para promover las condiciones para avanzar hacia una vida libre de violencias para niñas, adolescentes y mujeres en México».
Además, la violencia feminicida también sigue sostenida, al mes de abril de este año el país acumula 208 casos. Sinaloa sigue sostenida en el primer lugar con 27 registros, seguida de Chiapas con 16; estado de México, con 16; Ciudad de México con 15 casos y Chihuahua con 11. Aguascalientes se mantiene sin registros hasta el momento.
En cuanto a los municipio más violentos en la República mexicana el primer lugar lo tiene Culiacán en Sinaloa; seguido de Reynosa en Tamaulipas; luego la alcaldía Venustiano Carranza en la Ciudad de México; Benito Juárez en Quintana Roo; Centro de Tabasco; y luego dos en Chihuahua, que sería su homónimo Chihuahua y Cuauhtémoc; después Cuautla en Morelos.
Ahora, en cuanto al registro de homicidio doloso contra mujeres Guanajuato ocupa el primer lugar a nivel nacional con 72 casos, y a nivel nacional hay un registro de 532 casos.
A esa entidad le sigue Guerrero con 39 casos, Morelos con 36, Michoacán con 35, Colima con 31, Ciudad de México con 30 y así consecutivamente. Yucatán es la única entidad que no tiene registros de este delito contra mujeres.
La situación de lesiones dolosas contras mujeres tiene registros altos. Según datos del mismo Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, hay 26 mil 586 casos y es el estado de México donde se concentra la mayoría de las denuncias con 8 mil 752 casos y Guanajuato con 2 mil 915 casos. No hay entidad que se exima de registros.
En cuanto al delito de trata de personas Quinta Roo es el estado con mayor registro de casos con 97 de los 196 que hay a nivel nacional.
En delitos por violencia familiar las cifras también son altas. A nivel nacional hay registro de 87 mil 827 casos. Ciudad de México es la que mayores registros tiene con 9 mil 431 casos, estado de México con 8 mil 645 casos; seguido de Nuevo León con 7 mil 631 casos; Guanajuato con 5 mil 600 y Baja California con 5 mil 218. Ninguna entidad se exime de registros.
En cuanto a las llamadas que las mujeres realizan en casos de emergencia relacionadas con incidentes de violencia en el país hay 86 mil casos 976 casos. Ciudad de México encabeza la lista.
Cimac Foto.-Ciudad
de México.- Hoy se cumplen 15 años que México firmó el Convenio 189 de
la Organización Internacional del Trabajo (OIT) que establece estándares
internacionales para reconocer el trabajo doméstico remunerado como una
actividad laboral con derechos plenos: acceso a la seguridad social, a
la vivienda, jornadas laborales reguladas, contratos escritos,
vacaciones pagadas, libertad sindical y protección contra la
discriminación.
México lo firmó en junio de 2011. Sin embargo, la
historia de su ratificación estuvo marcada por años de exigencias de
organizaciones de trabajadoras del hogar, activistas y organizaciones
defensoras de derechos humanos que presionaron al Estado mexicano para
cumplir con este compromiso internacional.
Una de las
organizaciones que impulsó la ratificación, fue el Centro de Apoyo y
Capacitación para Empleadas del Hogar (CACEH), organización con 26 años
de trabajo, encabezada por la trabajadora del hogar Marcelina Bautista
Bautista, que durante todo este tiempo se ha dado a la tarea de promover
y fortalecer los derechos humanos y laborales para las más de 2
millones 54 mil 324 trabajadoras del hogar en todo el país.
En
2014 impulsó la campaña “Por un trabajo digno, ponte los guantes por los
derechos de las trabajadoras del hogar”, para exigir la ratificación
del Convenio 189.
Desde 2018, el Consejo Nacional para Prevenir la
Discriminación (Conapred) consideraba la ratificación del Convenio 189
como una asignatura pendiente del Estado mexicano. El organismo señaló
que millones de trabajadoras del hogar enfrentaban discriminación
estructural, bajos salarios y exclusión de derechos laborales básicos.
Además, destacó que la mayoría carecía de acceso a la seguridad social y
que muchas habían comenzado a trabajar cuando eran menores de edad.
La
presión social aumentó durante 2019. El 5 de diciembre de ese año, el
gobierno federal anunció la firma y envío del Convenio 189 al Senado
para su ratificación. La entonces secretaria de Gobernación, Olga
Sánchez Cordero, destacó que el instrumento obligaría al Estado mexicano
a garantizar condiciones dignas de trabajo y el respeto de los derechos
laborales de las personas trabajadoras del hogar. De las 2.4 millones
de personas se dedicaban a esta actividad en el país, nueve de cada diez
eran mujeres.
Una semana después, el 12 de diciembre de 2019, el
Senado de la República ratificó por unanimidad el Convenio 189, poniendo
fin a ocho años de retraso legislativo. La decisión convirtió a México
en el trigésimo país del mundo en adoptar formalmente este instrumento
internacional y fue celebrada por organizaciones como el Sindicato
Nacional de Trabajadoras y Trabajadores del Hogar (SINACTRAHO) y el
CACEH, que durante años impulsaron la visibilización de las condiciones
precarias laborales de las trabajadoras del hogar.
El proceso
concluyó formalmente el 3 de julio de 2020, cuando el gobierno mexicano
realizó el depósito del instrumento de ratificación ante la OIT. Aunque
este hecho convirtió las disposiciones del convenio en obligaciones
vinculantes para el Estado mexicano, las organizaciones de trabajadoras
del hogar advirtieron que la ratificación representaba apenas el inicio
de una nueva etapa centrada en vigilar su cumplimiento efectivo y
garantizar que los derechos reconocidos se tradujeran en mejores
condiciones laborales.
La lucha por la ratificación del Convenio
189 fue también contra la invisibilización histórica del trabajo del
hogar remunerado. Fueron décadas de exclusión de la seguridad social, de
salarios precarios, discriminación y falta de reconocimiento legal.
A
tres lustros de la adopción del Convenio 189 por la OIT, el desafío
continúa: lograr que las 2 millones 54 mil 324 mujeres que se dedican al
trabajo del hogar remunerado, sean afiliadas a la Seguridad Social.
De
acuerdo con datos del Instituto Mexicano del Seguro Social, a marzo de
este año el número de trabajadoras del hogar afiliadas era de 38 mil
643, apenas 1.8 por ciento.
Cimac Foto. Gabriela Carreón.- Ciudad
de México, 18 de junio de 2026- Durante más de dos décadas,
organizaciones feministas, especialistas, legisladoras y defensoras de
derechos humanos en México, han trabajado para que los derechos sexuales
y reproductivos sean reconocidos de manera explícita en la legislación
mexicana. Hoy, ese debate vuelve al centro de la agenda legislativa con
una iniciativa promovida por la senadora Martha Lucía Mícher Camarena,
que busca incorporar estos derechos en diversas leyes generales y
convertirlos en una obligación clara del Estado mexicano.
A lo
largo de 21 años, las discusiones han transitado desde el acceso a
métodos anticonceptivos, la salud sexual de adolescentes y la atención
reproductiva, hasta el reconocimiento del derecho a decidir, la
prevención de embarazos en adolescentes, la erradicación de la violencia
obstétrica y la garantía de servicios integrales de salud sexual y
reproductiva.
Este martes se realizó una reunión de trabajo
convocada por la presidenta de la Comisión para la Igualdad de Género en
el Senado de la República, Malú Micher Camarena, para analizar la
iniciativa que presentó en abril pasado, a la que asistieron senadoras y
senadores, representantes de dependencias federales y organizaciones
civiles.
“Nos encontramos ante una oportunidad histórica para
avanzar hacia una legislación que reconozca de manera expresa estos
derechos, que elimine vacíos normativos y que fortalezca las
obligaciones del Estado mexicano para garantizar su ejercicio efectivo”,
afirmó la senadora.
La iniciativa que presentó plantea
modificaciones a la Ley General de Salud, de los Derechos de Niñas,
Niños y Adolescentes, de Educación y a la Ley General de Acceso de las
Mujeres a una Vida Libre de Violencias. De acuerdo con la legisladora,
el proyecto pretende establecer un marco normativo integral y alineado
con los estándares nacionales e internacionales de derechos humanos.
En
un comunicado se informó que para la Ley General de Salud se propone
reconocer la salud sexual y reproductiva como el eje rector del sistema
de salud, garantizar servicios integrales como anticoncepción, atención
obstétrica y prevención de infecciones de transmisión sexual.
En
materia de derechos de niñas, niños y adolescentes, la iniciativa
propone asegurar el acceso a información y servicios adecuados sobre
salud sexual y reproductiva, además de incorporar el principio de
autonomía progresiva para reconocerlos como titulares de derechos.
En
el ámbito educativo plantea que la educación sexual y reproductiva sea
una obligación del Estado, impartida de manera integral, con base
científica, perspectiva de género, enfoque de derechos humanos y
contenidos adecuados a la edad de las y los estudiantes.
La
propuesta también contempla reformas a la Ley General de Acceso de las
Mujeres a una Vida Libre de Violencias, para reconocer la violencia
obstétrica como una forma de violencia de género, así como fortalecer
las medidas de prevención, atención, sanción y protección institucional
para las mujeres.
La iniciativa, que fue respaldada por las y los
asistentes a la reunión de trabajo, se encuentra en proceso de
dictaminación en las comisiones correspondientes.
21 años de trabajo
En
el 2005, cuando Malú Micher se desempeñaba como diputada por el
entonces Partido de la Revolución Democrática, presentó junto con la
legisladora priista Diva Hadamira Gastélum Bajo, la primera iniciativa
con proyecto de decreto para modificar y adicionar la Ley General de
Salud en materia de salud sexual y reproductiva.
En la exposición
de motivos, las legisladoras señalaron que la Ley a modificar no
reconocía explícitamente estos derechos, y que debería establecer la
obligación del Estado de crear las condiciones necesarias para
garantizar un ejercicio efectivo de éstos, así como el hecho de que la
legislación vigente en esos años únicamente consideraba la sexualidad
con fines reproductivos y la salud de las mujeres desde la maternidad.
Propusieron
garantizar la educación sexual integral, el acceso a métodos
anticonceptivos, prevención de infecciones de transmisión sexual y
VIH/sida, así como la reducción de embarazos en la población
adolescente.
En el caso de adolescentes, sostenían que, atendiendo
a diversas normativas firmadas por el Estado mexicano, como la
Convención sobre los Derechos del Niño, debería prevalecer el interés
superior de niñas, niños y adolescentes, sobre las decisiones de sus
madres, padres o tutores cuando estuvieran en riesgo sus derechos a la
salud, la vida o la integridad.
La iniciativa también proponía
reducir los riesgos para la salud derivados de abortos realizados en
condiciones inseguras, por lo que establecía que en el caso de
interrupciones del embarazo previstas en la legislación, las causales
(ya que aún no se legislaba la interrupción legal del embarazo hasta las
12 semanas de gestación) los servicios deberían ser gratuitos, de
calidad y accesibles.
Al respecto, señalaba un plazo de 5 días
contados a partir de realizada la solicitud y siempre y cuando se
cumplieran los requisitos establecidos en la legislación aplicable.
También, que en el supuesto de que la o el médico señalara objeción de
conciencia, el sistema de salud debería contar con personal no objetor
que garantizara el acceso a este derecho; y en los casos de emergencia
que pusiera en riesgo la vida de las mujeres, la atención médica no
podría negarse.
Sin embargo, tal vez un factor que jugó en contra
de que se aprobara dicha iniciativa que quedó en la congeladora de la
Cámara de diputados fue que aunque tenía mayoría priista, el Partido
Acción Nacional era el principal opositor.
Derechos sexuales y reproductivos, un tema de larga data
El
reconocimiento del concepto derechos sexuales y reproductivos como
derechos humanos se hizo durante la conferencia internacional sobre
Población y Desarrollo (CIPD) celebrada en 1994 en el Cairo, Egipto.
En
el programa de acción de esta Conferencia, también conocida como
conferencia de El Cairo, se habló de los derechos sexuales y
reproductivos (DSyR) de mujeres, adolescentes y jóvenes más allá de
cuestiones demográficas y fines reproductivos.
Definió a la salud
reproductiva como “un estado general de bienestar físico, mental y
social en todos los aspectos relacionados con el sistema reproductivo y
con sus funciones”. “La atención de la salud reproductiva incluye la
salud sexual, cuyo objetivo es el desarrollo de la vida y de las
relaciones personales”.
Se estableció el derecho de todas las
personas incluidas las jóvenes entre 12 y 29 años de edad, a ejercer sus
derechos sexuales y reproductivos, por lo que las naciones que la han
ratificado, entre ellas México, los reconocen como una parte integral e
intransferible de los derechos humanos.
También, que serían las
mujeres quienes deberían controlar su propia fecundidad y la obligación
de los Estados de garantizar servicios de planificación familiar y de
salud reproductiva de calidad y fomentar la educación de las niñas
principalmente, así como promover la igualdad entre los sexos y la
reducción de la mortalidad neonatal, infantil y materna y el acceso a
los servicios de salud sexual y reproductiva y de planificación
familiar.
Desde entonces, el tema ha sido abordado en diversas
conferencias internacionales que sostienen la necesidad de que las
legislaciones de los países garanticen el ejercicio pleno de éstos y
servicios de salud de calidad.
Mujeres
indígenas celebran la aprobación de la ley fuera de la sede del Poder
Legislativo de Salta. Imagen: Cámara de Senadores de Salta.- Florencia Galarza
SALTA, Argentina – Por primera vez, una ley en Argentina
reconoce que el abuso sexual sistemático contra niñas y mujeres
indígenas, naturalizado bajo el nombre de ‘chineo’, es un crimen de odio
que debe prevenirse mediante sensibilización y educación.
El ‘chineo’ es una práctica sistemática de
abuso sexual y agresión a niñas, niños y mujeres indígenas por parte de
hombres criollos, es decir, de ascendencia no indígena, frecuentemente
con mayor poder económico, social o político. En lengua wichí se los
llama hätäy, “demonios blancos”.
No por casualidad a la ley 8534,
aprobada por el Congreso de la norteña provincia de Salta el 16 de
abril, se la conoce como ‘ley Octorina’, en memoria de la lideresa wichí
Octorina Zamora que defendió los derechos humanos de los pueblos
originarios. Es resultado de una larga lucha de las mujeres indígenas.
El Movimiento de Mujeres y Diversidades Indígenas por el Buen Vivir nació
con reuniones en fogones de mujeres referentes que recorrían kilómetros
para contar y escuchar los problemas de cada territorio, como la falta
de agua potable o la desnutrición infantil, hasta su conformación
oficial en 2012, en la ciudad de Rosario, provincia de Santa Fe
(centro). Reúne al menos 36 comunidades de más de 20 pueblos indígenas y
tiene alcance nacional.
En 2019, el Movimiento lanzó su campaña #BastaDeChineo, creando redes
para cuidarse entre ellas y a sus hijos e hijas, asistir a las víctimas
y acompañar en sus denuncias a las que no hablan español.
En algunas comunidades, las indígenas se organizaron para denunciar lo que soportaban, como ocurrió en 2022 en la comunidad wichí Misión Kilómetro 2,
donde mujeres y adolescentes hicieron una marcha y firmaron una carta
pública, luego de la violación y femicidio de una niña de 12 años,
Pamela Flores. Con el apoyo de Octorina Zamora, también participaron de
la Primera Asamblea de Mujeres Indígenas de la ruta 81 en la que
hicieron oír sus reclamos a autoridades provinciales y nacionales.
Octorina
Zamora (izquierda) en una protesta por el crimen de la niña Pamela
Flores. Imagen: Cortesía de la Agrupación Las Fieras de Abya Yala
En mayo de ese mismo año, el Movimiento de Mujeres y Diversidades
organizó en Chicoana, Salta, el Tercer Parlamento Plurinacional con
presencia de más de 36 delegaciones indígenas de todo el país. El Informe de Chicoana, elaborado por las delegadas, incluía el pedido de medidas urgentes contra el chineo.
Varias de sus demandas serían luego parte de la ley, como la
obligación de generar estadísticas, la capacitación intercultural de
funcionarios, la incorporación de intérpretes y la participación de las
comunidades indígenas en las políticas públicas. Otras quedaron por el
camino.
Octorina Zamora falleció una semana después del Parlamento
Plurinacional. Fue entonces cuando el senador provincial Walter Cruz,
del pueblo kolla, ingresó a la legislatura salteña el primer proyecto,
rindiéndole homenaje y recogiendo algunas de sus ideas.
“Nosotras [el Movimiento de Mujeres y Diversidades] no participamos
en la escritura de la ley directamente”, dijo la activista travesti
trans María Pía Ceballos, indígena wichí ava guaraní de la ciudad
salteña de Tartagal. “Con excepción de Tujuay [Gea Zamora, hija de
Octorina], que sí fue consultada”, añadió.
‘Disciplinamiento colonial’
En la tarde del jueves 16 de abril, un puñado de mujeres indígenas
lograron ingresar a la sede de la legislatura de Salta para presenciar
el debate y la votación. Rieron, lloraron y se abrazaron. Habían logrado
que el Estado reconociera por primera vez la violencia racista y
machista que sufren las comunidades wichí, qom, kolla, guaraní, pilagá,
chorote y otras en el norte argentino.
Allí estaba Tujuay, la hija de Octorina, quien continúa la lucha de su madre contra el chineo.
“Cuando salimos de la legislatura, nos dimos cuenta de que recién
empezaba todo. La ley no es un punto de llegada sino un punto de
partida”, dijo Tujuay a democraciaAbierta. Es urgente contar con
“herramientas jurídicas para defender” los territorios de “este
disciplinamiento colonial”, agregó.
La norma no crea nuevas figuras penales – facultad que recae en el
Congreso nacional – ni modifica las sanciones previstas para los delitos
sexuales ni los agravantes de delitos motivados por odio racial,
religioso, de género, orientación sexual o identidad de género. Su
objetivo es reconocer una violencia históricamente invisibilizada.
«Sabemos que es una ley primaria; decidimos aprobarla porque es
necesaria. Es un primer paso», dijo a democraciaAbierta el senador Cruz.
La ley dispone crear un organismo que deberá elaborar estadísticas,
crear protocolos de actuación, campañas de prevención y mecanismos de
protección. Los ministerios de Salud, Educación, Gobierno y Justicia
deberán destinar recursos para campañas de difusión multilingües,
centros de asistencia intercultural, capacitación de funcionarios
estatales y acompañamiento integral a víctimas. La reglamentación, aún
pendiente, determinará en qué ministerio recaerá la responsabilidad y
definirá su presupuesto.
La norma exige consultas y diálogo permanente con comunidades
originarias a través del Instituto Provincial de Pueblos Indígenas de
Salta, y habilita la intervención del Ministerio Público Fiscal como
actor civil en representación de las víctimas. “Podemos ser pioneros con
esta ley. Pero si no la aplicamos bien, habrá sido un lindo papel”,
advirtió Cruz.
El escenario político argentino no ofrece un marco favorable para que
una norma así sea aprobada para todo el país. Desde que el presidente
libertario Javier Milei asumió el gobierno en diciembre de 2023, se
eliminaron instituciones y presupuestos para combatir la violencia de
género y se desmantelaron organismos vinculados a derechos indígenas.
Justamente por eso, según Cruz, la ley salteña adquiere mayor
relevancia. La aspiración es que pueda convertirse en antecedente de
legislaciones similares en provincias vecinas o en todo el país. “Sería
ideal que esto pueda discutirse también en Chaco, Formosa, Jujuy o
Santiago del Estero; el chineo no ocurre solo en Salta”, dijo el
senador.
Olvido y miseria
En 2015, Juana*,
una niña wichí de la comunidad de Alto La Sierra que padecía
microcefalia y retraso madurativo, fue interceptada por ocho criollos
que la arrastraron al monte, la drogaron, la golpearon y la violaron.
Juana quedó embarazada y, a causa de las distancias, la falta de
ambulancias y las barreras idiomáticas no recibió atención médica
durante días.
A pesar de que el aborto en caso de violación ya era legal en
Argentina, el sistema de salud y la justicia local dilataron los tiempos
hasta la semana 19 de gestación. Como el embarazo estaba «muy
avanzado», los médicos la obligaron a someterse a una cesárea.
Adolescente wichí. Imagen: Julieta Bogado
Su madre denunció el hecho, pero sufrió amenazas y presiones para
desistir de su reclamo judicial que, además, estuvo lleno de
irregularidades que derivaron en apartamientos de fiscales, jueces y
médicos. Con todo, en 2019 la justicia condenó a los agresores a 17 años
de prisión.
Octorina Zamora acompañó a la familia de Juana, como a tantas otras, y
realizó un seguimiento incluso años después del hecho. “Juana sigue
sometida en el olvido y la miseria, sin una asistencia que le
corresponde por ser víctima, por ser mujer, por ser indígena, por ser
una niña”, contó en 2020, en un conversatorio del Instituto Nacional contra la Discriminación.
La mayoría de los casos nunca llegan a juicio o quedan paralizados
entre barreras idiomáticas, falta de intérpretes o presiones locales,
como detalló una investigación que republicó democraciaAbierta.
Una palabra cargada de dolor
El proyecto original presentado por Cruz en 2022 quedó sin
tratamiento por la resistencia que oponían algunos partidos políticos y
terratenientes a una iniciativa enfocada en los abusos cometidos por
hombres no indígenas.
Sin perspectiva de avances, las organizaciones que lo apoyaban
decidieron cambiar la estrategia. El texto “ha variado mucho desde su
primera presentación”, que hablaba explícitamente de chineo, dijo el
senador Cruz. Debido a las contribuciones de “algunas organizaciones de
mujeres y derechos humanos”, el término fue eliminado, ejemplificó.
Según Ceballos, el uso de esa palabra genera, aun hoy, debates y
contradicciones. “Algunas mujeres indígenas ven ‘chineo’ como una mala
palabra y les afecta emocionalmente. Desde el Movimiento explicamos que
ese concepto es una práctica de violación sexual colonial y machista que
debe nombrarse”, dijo.
Entre 2023 y 2025, el proyecto fue discutido en distintos espacios de
intercambio con liderazgos indígenas, organizaciones feministas y
actores vinculados a los derechos humanos.
La organización Na’ Nechepa (Levantémonos), impulsada por Tujuay
Zamora, la Fundación Juala y varias liderezas territoriales redactaron e
hicieron llegar modificaciones específicas al articulado.
Así, aunque la ley recogió parte de las demandas de las organizaciones, el costo de la aprobación fue su reducción.
“La ley sufrió varios recortes en puntos importantes, como la
reparación económica y judicial”, dijo Tujuay Zamora. “No es lo ideal,
pero es una herramienta útil y un primer paso fundamental para que nos
empiecen a ver”.
Una plataforma de lucha
Años antes de la ley, el Informe Chicoana fue
mucho más que un petitorio contra el chineo. Fue una plataforma amplia
que abordaba el origen de la explotación y el abuso. Reclamaba que se
prohibiera trabajar en territorios indígenas a empresas cuyos empleados
hubieran cometido abusos y “que se procese, condene y se dé de baja
deshonrosa a policías, gendarmes y/o militares” que hubieran incurrido
en los mismos delitos.
Proponía expulsar y condenar “a las instituciones y grupos religiosos
que operan en territorio indígena y sean cómplices”; así como juzgar,
sin fueros, a funcionarios públicos y autoridades tradicionales que
hubieran incurrido en chineo como ejecutores, cómplices o facilitadores.
También reclamaba que se embargaran “todos los bienes de los
violadores” para aportar a la reparación de la víctima y que fueran las
mujeres “las receptoras y administradoras de los programas de
alimentación y asistencia social”.
Ceballos explicó este punto: “Tenemos casos donde los conductores de
camiones con alimentos solidarios llegan a las comunidades y piden niñas
a cambio de entregar los recursos. Y algunos caciques las entregan”.
Tujuay Zamora recordó que su madre ya presenciaba estas situaciones
en la década de 1980. “Durante la vuelta de la democracia en Argentina,
Octorina denunció que cuando se entregaban las cajas PAN (Plan
Alimentario Nacional), algunos conductores pellizcaban en zonas íntimas a
niñas de 10 años o intercambiaban alimentos por sexo”.
El Informe Chicoana también explicitó el ‘terricidio’, concepto
acuñado por el Movimiento de Mujeres Indígenas por el Buen Vivir para
describir la destrucción de la Tierra y de los pueblos originarios,
perpetrado por un sistema económico extractivista, colonial y
patriarcal. “La civilización ocupante ha generado muerte y la afectación
en todas las vidas en los territorios ancestrales. Nuestro dolor y
nuestras pérdidas son irreparables”, dice.
En diciembre de 2024, el gobierno derogó una ley que
amparaba a las comunidades indígenas y suspendía las órdenes de
desalojo de las tierras donde vivían de forma ancestral, aunque no
tuvieran títulos de propiedad. Ahora, las comunidades de las provincias
de Salta y Jujuy ven con preocupación el avance del Corredor Bioceánico de Capricornio,
una red de carreteras sudamericanas que unirá el centro-oeste de Brasil
con puertos sobre el océano Pacífico, y que cruzará sus territorios.
Para las indígenas, camiones y nuevas rutas comerciales aparecen
asociadas a otro tipo de circulación, como la trata de personas, el
narcotráfico y mayor violencia de los criollos.
“Ya existen situaciones de trata en algunas comunidades y esto puede
empeorar muchísimo”, dijo Tujuay Zamora. “El proyecto extractivista
avanza aunque las comunidades resistan. Entonces necesitamos
herramientas para proteger a nuestras niñas y adolescentes de todo lo
que se viene”.
La población indígena de Argentina asciende a 1,3 millones, según el censo nacional de
2022 que contabilizó 45,8 millones de habitantes. En Salta suman más de
130.000, un 10% de la población de la provincia. El Estado reconoce la
preexistencia de 14 pueblos indígenas en Salta.
“El informe Chicoana y la problemática del terricidio nos puso de
acuerdo y permitió la difusión sobre el vacío legal que existe en este
tema», dijo Ceballos.
Mujeres que iluminan
Según la cosmovisión wichí, anterior a la colonización española, las atsinay katés (mujeres estrellas) eran portadoras de sabiduría ancestral y pilares fundamentales para la comunidad.
Fabiana Ibarra, integrante del Movimiento de Mujeres y Diversidades
Indígenas por el Buen Vivir, es una de esas mujeres estrella. Aprendió a
hablar español sola, luego de haber denunciado, con 13 años, el abuso
sexual de un criollo. “Nadie me entendió del todo”, dijo a
democraciaAbierta. Le tomaron la denuncia con lo poco que lograron
entender, aunque “no hubo seguimiento del caso”.
En 2006 un hätäy la interceptó mientras volvía de vender
artesanías en el monte de la localidad El Quimilar Carboncito, cerca de
la frontera con Bolivia y Paraguay. “No sé si estaba ebrio o drogado;
tenía los ojos muy rojos”, recordó Fabiana con un hablar pausado y
silencios prolongados. “El hombre me amenazó por la espalda y me llevó
hasta unos yuyales donde me abusó”. La causa judicial no avanzó – el
hombre tenía familiares dentro de la policía – y ella nunca logró una
reparación.
Fueron años de lucha y dolor, que se alivianó cuando comenzó a
reunirse con otras hermanas wichí que habían sufrido episodios
similares. En las comunidades, explica, todavía es normal escuchar a
algunos hombres decir “‘vamos a chinear’. Se refieren a salir a buscar
mujeres para abusar, a nosotras, que tenemos los ojos como chinas”.
Hoy Fabiana Ibarra es una mujer estrella que ilumina y guía a otras
mujeres indígenas que no pueden expresarse en español frente a médicos,
policías o funcionarios judiciales. “Me siento vocera de las hermanas
que no pueden hablar”, dijo.
César Martínez López.-Ciudad
de México.- El Comité de Madres y Padres de los 43 estudiantes
desaparecidos de Ayotzinapa pidió a la Secretaría de Gobernación (Segob)
convocar a una reunión con las instituciones involucradas en el
esclarecimiento del caso para conocer el avance de las investigaciones,
incluir más líneas de investigación, solicitar la ayuda internacional y
no ser reprimidos ni criminalizados por sus demandas y que esta reunión
no sustituya las que sostienen con la presidenta Claudia Sheinbaum
Pardo.
En un comunicado dirigido a la titular de la Segob, Rosa
Icela Velázquez Rodríguez, las madres y padres de los estudiantes
pidieron que la Fiscalía General de la República (FGR) les informe sobre
los avances de las líneas de investigación, que afirmaron, fueron
abandonadas desde 2024.
Cabe recordar que el 26 de septiembre de
2014, un grupo de estudiantes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro
Burgos de Ayotzinapa, tenía como objetivo salir de la ciudad de Iguala,
Guerrero, en autobuses con destino a la Ciudad de México, para unirse a
la conmemoración del aniversario del 2 de octubre.
De acuerdo con
información del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez,
quien ha documentado el caso, “el 26 de septiembre de 2014, Policías
Municipales de Iguala abrieron fuego contra los estudiantes para impedir
que salieran de la ciudad con los autobuses.
Auxiliados por otras
corporaciones y por civiles, los policías lograron cerrar el paso a
cinco autobuses -tres que transitaban por una calle céntrica y dos que
lo hacían por una calle periférica-. En esos dos escenarios fueron
detenidos 43 estudiantes que habrían de ser desaparecidos. Más tarde esa
misma noche, continuaron las agresiones contra los estudiantes y contra
la población en general, ya no sólo por parte de agentes estatales sino
también por civiles que, como después se demostró, eran parte de la
estructura de una organización criminal fuertemente imbricada con las
instancias estatales presentes en esa zona de Guerrero, denominada
Guerreros Unidos”.
De lo documentado por el Agustín Pro el saldo
de aquella noche fueron 43 estudiantes desaparecidos, 6 personas
ejecutadas (entre ellas 3 normalistas), al menos 40 personas lesionadas
entre las que se encuentran 2 estudiantes que presentaron afectaciones
graves y permanentes a su salud.
“En
total, más de 180 personas fueron víctimas directas de violaciones a
derechos humanos esa noche y alrededor de 700 personas resultaron
víctimas indirectas, considerando a los familiares de los agraviados”,
detalló el Pro.
En el comunicado enviado a la titular de la Segob,
el Comité de madres y padres de los 43, recordaron que desde el
gobierno del expresidente Andrés Manuel López Obrador, la Comisión para
la Verdad y el Acceso a la Justicia (CoVAJ) y la Unidad Especial de
Investigación y Litigación para el Caso Ayotzinapa (UEILCA) lograron
desacreditar la llamada “verdad histórica” del entonces Procurador
General de la República, Jesús Murillo Karam, quien afirmó que los
policías municipales entregaron a los estudiantes al cártel Guerreros
Unidos, quienes los asesinaron e incineraron en el basurero de Cocula,
para posteriormente tirar sus restos al Río San Juan, al concluir que
las investigaciones iniciales estuvieron marcadas por irregularidades,
alteración de evidencias y actos de tortura.
Asimismo, destacaron
que las indagatorias posteriores permitieron identificar la
participación de cuerpos de seguridad e integrantes del grupo criminal
Guerreros Unidos en la desaparición de los estudiantes, así como el
hallazgo de restos identificados de Cristian Alfonso Rodríguez Telumbre y
Jhosivani Guerrero de la Cruz.
Las madres y padres pidieron a la
FGR, retomar las líneas de investigación hechas hasta 2024, o bien,
abrir nuevas líneas prioritarias en las que incluyan: la barandilla de
la Policía Municipal de Iguala y el presunto traslado de estudiantes a
otros puntos, con base en documentos de los Centros Regionales de Fusión
de Inteligencia (Cerfi) y la colonia Jardines del Sol y la Laguna de
Tuxpan, lugares donde se presume, habrían sido llevados al menos 11
estudiantes.
También pidieron instalar una comisión de trabajo
integrada por 5 madres y padres de los 43 estudiantes, cuatro asesores
jurídicos, representantes de la CoVAJ así como integrantes de la UEILCA.
El
objetivo de esta comisión sería analizar exhaustivamente los 33
documentos Cerfi identificados hasta ahora para obtener información que
pueda convertirse en nuevas líneas de investigación y posibles procesos
judiciales.
Exigen extradiciones y cooperación internacional
El
Comité también solicitó a la Secretaría de Relaciones Exteriores
realizar las gestiones necesarias para lograr la extradición de
exfuncionarios que consideran como prófugos de la justicia como Tomás
Zerón de Lucio y José Ulises Bernabé y solicitar nuevamente la
asistencia técnica del Grupo Interdisciplinario de Expertos
Independientes (GIEI) para fortalecer las investigaciones y sugerir
nuevas líneas de búsqueda, ya que su participación fue crucial para
desmontar la “verdad histórica” y que pudieran abrirse nuevas líneas de
investigación.
Finalmente, solicitaron a la Segob garantías de que
no serán criminalizados ni reprimidos por sus demandas, que no se
abrirán carpetas penales en su contra, así como respetar el derecho a la
libre manifestación y a la exigencia de verdad y de justicia.
Foto: Foto de Dux Camp.- El
Salvador ha proyectado ante el mundo una imagen de transformación
radical. El aplaudido discurso de «cero homicidios» inunda las redes
sociales y los titulares internacionales, vendiendo la narrativa de un
país que finalmente ha derrotado a la violencia.
Sin embargo,
detrás de las cifras oficiales y la militarización de la seguridad
pública, persiste una tragedia silenciosa y devastadora: el éxodo
continuo de miles de mujeres que huyen no de un espejismo, sino de
violencias cotidianas y estructurales que el Estado se niega a ver.
Las
estadísticas son contundentes y desmantelan cualquier ilusión de paz
total. Entre 2014 y 2019 se reportaron más de 22 mil desapariciones con
una alta incidencia en mujeres, y solo entre 2019 y 2022 se documentaron
565 muertes violentas, de las cuales 319 fueron feminicidios.
Más
alarmante aún es que la trata de personas hacia mujeres aumentó un 43%
entre mediados de 2024 y 2025. Para las mujeres salvadoreñas, la
migración no suele ser un proyecto en busca del «sueño americano», sino
un grito desesperado por la supervivencia. Huyen de la extorsión, la
violencia de género, la violencia intrafamiliar y la marginación.
Y cuando deciden (o son obligadas a) cruzar las fronteras, inician un tránsito marcado por el horror.
Los
corredores mexicanos se convierten en escenarios donde la extorsión y
la violencia son el peaje cotidiano. En 2024, más de 15 mil salvadoreñas
transitaban de forma migratoria irregular por México; invisibles, sin
acceso a salud, justicia o asilo. Peor suerte corren cuando el trayecto
termina en un retorno forzado. Quienes son deportadas regresan al mismo
contexto del que huyeron, ahora cargando el estigma social de haber
fracasado y enfrentando la falta total de programas estatales para su
reinserción digna.
Lo más frustrante es que las herramientas
jurídicas para protegerlas existen. Leyes como la Ley Especial Integral
para una Vida Libre de Violencia para las Mujeres (LEIV) o la Ley Crecer
Juntos dictan mandatos claros sobre la protección, la atención
especializada y el acceso a la salud. No obstante, en la práctica, son
simples «documentos sin vida». Las instituciones carecen de
coordinación, el personal no cuenta con enfoque de género y las barreras
burocráticas revictimizan a quienes denuncian.
Frente al abandono
estatal y la criminalización promovida desde los medios oficiales, han
sido las organizaciones de la sociedad civil y las redes comunitarias
quienes han sostenido el tejido humanitario. Grupos locales organizados
se encargan de proveer espacios seguros y asesoría ante la asfixia de la
falta de financiamiento internacional.
La paz de un país no puede
medirse únicamente por la ausencia de homicidios reportados si sus
mujeres siguen desapareciendo, sufriendo violencia o viéndose obligadas a
desplazarse forzadamente para salvar su vida.
La verdadera
transformación institucional de El Salvador llegará el día en que
reconozca a las mujeres en movilidad como sujetas plenas de derechos,
destinando presupuesto y voluntad política para construir un sistema de
protección real, y deje de esconder su vulnerabilidad bajo la alfombra
de un marketing político triunfalista.
.-Ciudad
de México.- Luego que el pasado 2 de abril se diera a conocer que el
Comité de las Naciones Unidas contra la Desaparición Forzada (CED)
solicitara al Secretario General de la Organización de las Naciones
Unidas que remitiera urgentemente la situación de las desapariciones
forzadas en México a la Asamblea General para que esta considere medidas
destinadas a apoyar a México en la prevención, investigación, castigo y
erradicación de esta situación, Amnistía Internacional celebró el
avance en este caso.
Al momento, según el Registro Nacional de
Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNL), indica que en México
hay 135 mil 072 personas desaparecidas de las cuales 29 mil 277 son
mujeres.
En
un comunicado la organización confirmó que el Secretario General de las
Naciones Unidas ha transmitido la decisión del Comité contra la
Desaparición Forzada de las Naciones Unidas sobre la situación de las
desapariciones en México en aplicación del artículo 34 de la Convención
Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las
Desapariciones Forzadas.
«Esta
decisión constituye un reconocimiento de la gravedad y persistencia de
la crisis que enfrentan miles de familias en el país, así como de años
de trabajo, documentación y exigencia de verdad y justicia impulsados
por personas buscadoras, colectivos de familiares y organizaciones de
derechos humanos». AI
Recordemos que fue ese mismo 2 de abril,
cuando el Comité de las Naciones Unidas contra la Desaparición
Forzada (CED) hizo pública la información de desapariciones en México.
En su decisión,
publicada hoy en virtud del artículo 34 de la Convención Internacional
para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones
Forzadas, el Comité concluyó que la información que ha recibido parece
contener indicios fundados de que:
«En
México se han cometido y se siguen cometiendo desapariciones forzadas
como crímenes de lesa humanidad, basándose en su evaluación de que se
han producido múltiples ataques generalizados o sistemáticos contra la
población civil en diferentes momentos y en diferentes partes del país».
El Comité
de las Naciones Unidas contra la Desaparición Forzada (CED), señaló que
la magnitud de los casos de personas desaparecidas pone de relieve la
gravedad de la situación, por lo que citaron el continuo hallazgo de
fosas clandestinas en el país, estimando que se han encontrado más de 4
mil 500 fosas, que contienen más de 6 mil 200 cadáveres y 4 mil 600
restos humanos, además de unos 72 mil restos humanos no identificados.
Todo
esto el CED le pediría a México que considere la posibilidad de adoptar
medidas para proporcionar la cooperación técnica, el apoyo financiero y
la asistencia especializada que el país requiere para la operaciones de
búsqueda, análisis forense e investigación exhaustiva de las
desapariciones forzadas y de los vínculos entre funcionarios públicos y
el crimen organizado.
Hay que señalar que toda la información
presentada ante el CED de la ONU fue presentada por la sociedad civil y
además información recopilada por el Comité desde 2012, entre otras
cosas a través de exámenes periódicos, su visita al país en 2021 y las
solicitudes de acción urgente presentadas por las víctimas.
«La
atención de la Asamblea General representa una oportunidad histórica
para que el Estado mexicano asuma con la seriedad y urgencia que demanda
esta crisis los desafíos pendientes en materia de prevención, búsqueda,
investigación, sanción y reparación».
No perdamos de vista que
tras estas declaraciones el Gobierno de México inmediatamente emitió un
comunicando rechazando este informe del Comité de las Naciones Unidas contra la Desaparición Forzada (CED)
indicando que «la decisión del Comité es parcial y sesgada», porque
omitió considerar los esfuerzos institucionales presentados.
Ante
el avance de exponer la situación de crisis de desaparición en México
ante la Asamblea General de la ONU y la respuesta del Estado mexicano,
Amnistía Internacional señaló que:
«Lejos
de entenderse como una confrontación, este proceso debe ser visto como
una oportunidad para fortalecer las respuestas institucionales,
garantizar los derechos de las víctimas y avanzar hacia soluciones
estructurales».
Además, concluyeron que con esta situación el país
tiene la posibilidad de demostrar su compromiso con los derechos
humanos, pero en especial atender las demandas de las familias que
buscan a sus familiares.
.- Tras
una emotiva sesión en la que la periodista Jineth Bedoya hizo un
llamado a la dignidad y la justicia, el Senado dio luz verde definitiva
al proyecto que obliga a servidores públicos a capacitarse con enfoque
de género.
Bogotá, D. C. – En una jornada
histórica para la defensa de los derechos de las mujeres, el pasado 16
de junio, la Plenaria del Senado aprobó en último debate el Proyecto de
Ley 352 de 2026 (Senado) – 193 de 2024 (Cámara), conocido como la “Ley
Jineth Bedoya Lima” o “Ley de Atención Sin Revictimización”. Esta
iniciativa, que ahora pasa a sanción presidencial, establece la
capacitación obligatoria, permanente y evaluable en violencias contra
las mujeres y enfoque de género para todos los servidores públicos,
contratistas y particulares que cumplan funciones públicas.
El llamado de una sobreviviente
La
aprobación estuvo marcada por la presencia de la propia Jineth Bedoya
en el recinto. En una intervención conmovedora, la periodista —quien ha
dedicado más de dos décadas a la lucha por la justicia tras ser víctima
de secuestro, tortura y violencia sexual en el año 2000— respondió a los
cuestionamientos de sectores que se opusieron a la norma bajo
argumentos ideológicos.
«Llevo 26 años recibiendo una constante revictimización, hoy no fue la excepción», señaló Bedoya, refiriéndose a las posturas expresadas durante el debate. Con firmeza y dignidad, añadió: «Soy una mujer sobreviviente y aún estoy amenazada, y así sigo ejerciendo el periodismo. Me importan los derechos y me pararé una y mil veces donde me tenga que parar, así me humillen y me revictimicen».
La comunicadora agradeció al Senado por aprobar una ley que, en sus
palabras, representa una medida vital para «salvar la vida de mujeres y
niñas».
¿Qué implica esta Ley?
El
objetivo central de la normativa es erradicar la violencia
institucional. Muchas víctimas, al acudir a entidades como la Fiscalía,
Medicina Legal, comisarías de familia o centros de salud, son
revictimizadas por funcionarios que, por desconocimiento o prejuicios,
actúan sin enfoque de derechos. La ley:
● Obliga a la formación
continua: No será un trámite formal, sino una capacitación evaluable
sobre violencias de género (Ley 1257 de 2008) y derechos humanos.
● Abarca todo el sector público:Aplica desde la Rama Judicial y la Fuerza Pública hasta entes territoriales y contratistas.
● Cumple una orden internacional:Responde directamente a las medidas de no repetición ordenadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Bedoya Lima y otra vs. Colombia.
Jineth Bedoya: Una vida al servicio de la verdad
La
historia de Jineth Bedoya Lima es un referente mundial de resiliencia.
El 25 de mayo del año 2000, mientras realizaba una investigación
periodística sobre el tráfico de armas en la Cárcel Modelo de Bogotá,
fue secuestrada, torturada y víctima de violencia sexual por grupos
criminales.
Lejos de silenciarse, Bedoya transformó su dolor en
una bandera de lucha. A través de su programa «No Es Hora de Callar», ha
visibilizado los casos de miles de mujeres víctimas de violencias,
logrando que el Estado colombiano fuera condenado internacionalmente por
su falta de protección. Hoy, la aprobación de esta ley que lleva su
nombre es un reconocimiento a su inagotable capacidad para transformar
la tragedia en una herramienta de protección para todas las colombianas.
Con
la firma del Ejecutivo, la «Ley Jineth Bedoya Lima» se convertirá en
una realidad normativa, obligando al Estado a profesionalizar su
respuesta frente a la violencia y garantizando que, de ahora en
adelante, las víctimas sean tratadas con el respeto y la sensibilidad
que su dignidad exige.
Cabe recordar que Jineth Bedoya Lima
realizaba una investigación sobre la violación a los Derechos Humanos en
la prisión “La Modelo” en Bogota, Colombia, donde se involucraba a
paramilitares y agentes estatales, en ese momento fue secuestrada y
sometida a actos de tortura y violencia sexual en el año 2000, por parte
de paramilitares. Desde entonces ha buscado justicia.
Foto: Lourdes Godínez Leal.- Ciudad
de México.- “¿Qué es lo que nos constituye feministas? No es una
credencial, tampoco es una medalla, no es un uniforme, es lo que no es.
Todo lo que hacemos nosotras es apoyarnos en esa plataforma para ser,
existir, ya no como estábamos antes sino transformadas feministamente.
Eso es lo que hemos vivido todas nosotras a lo largo de décadas, esa
transformación que yo me tomo la libertad de llamarla aculturación
porque es una categoría y una metodología propia de mi antropología”.
Con
esta reflexión, la antropóloga feminista Marcela Lagarde y de los Ríos,
abrió su participación en el homenaje que el día de ayer le hizo la
Facultad de Psicología de la Universidad Nacional Autónoma de México, en
reconocimiento a su trayectoria y legado feminista.
Agradecida
por este homenaje, recordó cómo otras mujeres han caminado con ella y
están transformando la manera de pensar, de sentir, de acudir a aquello
que las convoca. “Eso está cambiando y lo estamos haciendo nosotras en
el mundo entero, algunas millones de mujeres feministas que andan en las
plazas del mundo con nosotras”.
La feminista dijo sentirse
orgullosa que con otras mujeres, le hayan puesto nombre a muchas cosas
de esta realidad, del mundo, lo que les permitió vivir mejor y poder
enfrentar de mejor manera la violencia, la opresión, y cómo han vivido
para contarlo.
Recordó a Rosario Castellanos, quien dijo, formó parte de su genealogía feminista y a quien le reconoció el legado histórico.
“La
más importante aportación de las mujeres al mundo es el feminismo. Hoy
es de las mujeres organizadas y feministas. Y con todas esas
especificidades vamos juntas con todas, con otras y otros que quieran
estar entre nosotras”.
Al evento asistieron colegas de la
feminista tanto de la academia como legisladoras quienes recordaron el
camino que recorrieron con Lagarde y de los Ríos para construir
conceptos, talleres, diplomados, y espacios para impulsar la igualdad de
género, así como todo el andamiaje jurídico para darle nombre a las
violencias que vivían las mujeres.
La investigadora del Centro de
Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades de la
UNAM, Norma Blázquez Graf, recordó el impulso de diagnósticos y debates
que contribuyeron a incentivar la igualdad de género en la máxima casa
de estudios y cómo la participación de Lagarde fue decisiva para crear
el primer diplomado sobre feminismo que durante dos décadas formó a
generaciones de académicas y de activistas. También reconoció la
capacidad de la homenajeada para tejer redes, hacer alianzas y lograr
que este espacio sentara las bases para lo que hoy se conoce como el
posgrado de estudios de género.
Esa capacidad para tender puentes
entre académicas y legisladoras, para articular herramientas jurídicas y
académicas, las llevó a realizar la primera investigación diagnóstica
sobre el feminicidio en la República Mexicana, que marcó, dijo Blázquez
Graf, un antes y un después en el tema de violencia contra las mujeres
en el país y que fue el antecedente de la Ley General de Acceso de las
Mujeres a una Vida Libre de Violencia.
“Su legado también está en
las generaciones que formó en las instituciones que ayudó a construir,
este homenaje es un reconocimiento a una trayectoria que forma parte de
la historia del feminismo universitario en México. Por una obra que
contribuyó a consolidar los estudios de género, por una práctica
intelectual comprometida con la transformación de la realidad y la
ampliación de los derechos de las mujeres”.
En
su oportunidad, la senadora Amalia García Medina, recordó que conoció a
Marcela Lagarde hace casi 50 años, cuando ambas militaban en el Partido
Comunista, que consideraba al movimiento obrero como único sujeto
central de la historia, y cómo ella promovió una perspectiva más amplia
que incorporara la situación específica de las mujeres y las múltiples
maneras de opresión que vivían. Ella insistió en que la desigualdad de
las mujeres no podía explicarse solamente dependiendo de la clase a la
que pertenecieran, sino que existía una opresión específica por su
género que se reflejaba también en discriminación institucional, social,
en una distribución inequitativa del trabajo doméstico y que entonces
las mujeres vivían una doble opresión: por ser mujeres y por pertenecer a
la clase explotada.
Recordó también como en un foro en la Cámara
de Diputados sobre delitos sexuales, donde planteó– ante el escándalo
que provocó el tema entre los legisladores—que debería sancionarse la
violación en el matrimonio, que es una práctica masculina generalizada
que ni la sociedad, ni las víctimas, ni los cónyuges, la conciben como
tal.
“Marcela Lagarde como ella misma lo ha dicho, nos ha dado las
claves para avanzar en la búsqueda de la igualdad y de nuestra libertad
y lo ha planteado como una utopía que es posible conseguir. Por eso
digo hoy, es una fortuna estar celebrando a Marcela Lagarde y con
Violeta Parra podemos decir: gracias a la vida por estar con Marcela”.
La
abogada e investigadora, Alicia Elena Pérez Duarte, reconoció a Marcela
Lagarde como tejedora de conceptos que hoy forman parte de los textos
académicos y políticos, de la voz y el quehacer del activismo en América
Latina, y otras latitudes.
“Marcela Lagarde es una autora
contemporánea, vigente, actual. Pienso que ese es el mejor homenaje y
reconocimiento que se le puede hacer. Hablar de ella, de Marcela en
presente. Leer su obra, conocerla a profundidad, entender la relevancia
de sus propuestas, de estudiar al Estado para impulsar acciones
transformadoras, a través de una política legislativa feminista”.
Marcela
Lagarde y de los Ríos es antropóloga feminista, etnóloga y maestra en
Antropología por la Escuela Nacional de Antropología e Historia de la
UNAM. Doctora en Antropología por la misma universidad, y doctora
Honoris Causa por la Universidad Autónoma de Colima y del Estado de
México.
Fue la primera diputada federal feminista. Presidió la
Comisión Especial para dar seguimiento a los feminicidios en la
República Mexicana donde realizó, con otras mujeres, la primera
investigación sobre violencia feminicida en el país que evidenció la
desigualdad que vivía la mayoría de las mexicanas y que era generadora
de riesgo para la violencia. Esta investigación también mostró, por
primera vez, cuál era la situación jurídica de los delitos cometidos
contra mujeres y niñas en las 32 entidades federativas y sobre todo, se
pudo conocer, de las propias Procuradurías estatales, las cifras sobre
asesinatos de mujeres y cómo se investigaron. Participó en la
construcción de la Ley General de Acceso de las Mujeres a Una Vida Libre
de Violencia, de leyes locales y en la tipificación del delito de
feminicidio.
