Olimpia Coral exige a Zacatecas investigar red de violencia sexual digital en Telegram y WhatsApp

 Escrito por Paola Piña 

.- Ciudad de México.- Olimpia Coral Melo, defensora por los derechos digitales, exigió a la Fiscalía General del Estado de Zacatecas investigar la red de más de 2 mil agresores sexuales que operan en grupos de Telegram y WhatsApp, desde donde difunden contenido íntimo sin consentimiento y ejercen posiblemente trata de personas con fines de explotación sexual.

Cimacnoticias documentó la existencia de estos grupos el pasado 1 de septiembre luego de que mujeres de Zacatecas salieran a manifestarse en contra de lo sucedido. La agencia de noticias documentó la protesta y, en entrevista con una de las organizadoras, esta señaló que, a pesar de que acudieron a la Fiscalía estatal para entregar pruebas incriminatorias, los funcionarios no procedieron con la investigación, argumentando que debían ser las víctimas quienes interpusieran la denuncia.

La manifestante explicó que ha logrado mantener comunicación con algunas de las jóvenes afectadas, quienes le confiaron sentir miedo incluso de salir de sus casas después de la difusión de su intimidad sin consentimiento. Una de ellas aseguró haber sido señalada por miembros de su propia familia al enterarse de que su intimidad circulaba en dichos grupos.

Frente a la violencia sexual digital que arremete contra las mujeres en Zacatecas, Olimpia Coral Melo recordó que estos hechos constituyen un delito tipificado por la Ley Olimpia y que deben ser sancionados conforme a la ley. “La responsabilidad es de los agresores y no de las víctimas”, enfatizó.

Lo que ocurre en Zacatecas no es un hecho aislado, sino una práctica que persiste: “Los agresores se siguen manteniendo activos; las violencias que cometen son una forma de demostrar el poder que creen tener sobre nuestros cuerpos e intimidad, validando un machismo que nos ve como objetos y no como sujetas de derechos”.

Tal y como advirtió Coral Melo, estos hechos recientes no son los únicos registrados. De acuerdo con el más reciente reporte anual Violencia sexual digital contra las mujeres en México, elaborado por el Frente Nacional para la Sororidad (FNS), en Zacatecas se habían contabilizado 463 carpetas de investigación por este delito.

La situación se replica en todo el país. Los estados con mayor número de casos son: Ciudad de México (2,682), Querétaro (2,556), Puebla (1,095), Aguascalientes (776), Quintana Roo (649), Guerrero (205), Campeche (145), Chiapas (127), Sonora (91), Nayarit (42) y Tlaxcala (10).

Violencia patriarcal en Zacatecas

Frente a estos hechos, Olimpia Coral Melo, en representación de las defensoras digitales, además de la exigencia al Gobierno del Estado de Zacatecas de investigar y actuar sin revictimizar, hizo un llamado a las instituciones públicas, privadas y educativas para que implementen verdaderas herramientas de prevención y orientación en educación digital. Subrayó que la mayoría de los agresores son jóvenes:

“No nacieron machistas, se hicieron machistas, y esa circunstancia puede revertirse”.

Sin embargo, también es importante subrayar que en Zacatecas son las mismas autoridades quienes ejercen violencia contra las mujeres. Un ejemplo fue la manifestación de 2024, en conmemoración del Día Internacional de la Mujer (8M), que concluyó con una represión violenta por parte de la policía estatal. En videos difundidos en redes sociales se observó a elementos antimotines agrediendo a las manifestantes con gas lacrimógeno.

Ante las acusaciones, los policías involucrados intentaron justificar sus acciones, asegurando que lo que aparecía en los videos no eran gases lacrimógenos, sino extintores usados para “defender” monumentos de actos de iconoclasia.

Las imágenes y testimonios, no dejaron duda de las agresiones físicas contra mujeres, muchas de ellas menores de edad, quienes fueron violentamente llevadas al callejón de Las Campanas, entre los edificios del Palacio de Gobierno, donde fueron despojadas de sus pertenencias y amedrentadas.

Violencia sexual digital

De acuerdo con el reporte anual Violencia sexual digital contra las mujeres en México, publicado por el Frente Nacional para la Sororidad (FNS) en septiembre de 2024, este tipo de violencia constituye una forma de violencia de género vinculada al ejercicio de la sexualidad mediante el uso de la tecnología. Es, en parte, consecuencia de la virtualidad, que ha transformado la manera en que las personas interactúan entre sí.

Las principales víctimas son niñas y mujeres, y las modalidades incluyen: producción no consentida de material íntimo sexual; difusión de contenido íntimo sin autorización; robo o usurpación de identidad con fines de explotación sexual; acoso digital; grooming; sextorsión; amenazas; acecho; ofrecimiento de servicios sexuales no autorizados; e incluso la alteración de imágenes con inteligencia artificial para su venta con fines sexuales.

El FNS advierte que las consecuencias para las víctimas no se limitan a la exposición de su intimidad. Pueden implicar pérdidas económicas y patrimoniales, además de exponerlas a otras formas de violencia. En el ámbito de la salud mental, son frecuentes los sentimientos de vergüenza, culpa y miedo, así como trastornos de ansiedad, depresión, paranoia, delirios de persecución e, incluso, ideación suicida.

¿Cómo actuar ante este tipo de violencia?

En su comunicado, Olimpia Coral Melo compartió una serie de recomendaciones en caso de detectar grupos donde se ejerza violencia sexual digital.

En primer lugar, señaló que es fundamental documentar toda evidencia: fotos, enlaces, conversaciones, URL, identidades de los agresores y cualquier dato que pueda servir a la investigación y denuncia.

También advirtió sobre la importancia de no interactuar con los agresores, ya que esto podría darles visibilidad, poner en riesgo las pruebas o exponer a las víctimas a otras formas de violencia digital, como el ciberacoso.

Finalmente, enfatizó que, en caso de conocer a alguna víctima, no se debe alarmarla ni asustarla. La información debe transmitirse con sensibilidad y cautela, ya que la violación a la intimidad sexual digital es un hecho muy delicado que causa estragos difíciles de procesar. “Violan tu cuerpo a través de estas imágenes sin siquiera tocarte. Y no tener tacto podría provocar en las víctimas un shock emocional”, concluyó la activista.

Talibanes impiden que mujeres reciban atención médica tras terremoto en Afganistán

 Escrito por Paola Piña

Créditio: ONU.-Ciudad de México.- El pasado 31 de agosto, aconteció un terremoto de magnitud 6.1 en Kabul, Afganistán lo que generó severos daños en la infraestructura de la ciudad, situación que agravó lo que se vive ahí desde la ocupación de los talibanes, por lo que en medio de esta catástrofe son las mujeres y las niñas, quienes se encuentran en una situación de mayor vulnerabilidad y desprotección ante la leyes impuestas que limitan su acceso a la atención médica.

De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS), cuatro días después del sismo, las autoridades afganas continúan evaluando el impacto y las secuelas que dejó. Cifras preliminares señalan al menos 2 mil 205 personas fallecidas y más de 3 mil 640 heridas. Las provincias de Kunar y Nangarhar resultaron las más afectadas, con la destrucción de alrededor de 6 mil 750 viviendas.

Frente a este panorama, la Organización de las Naciones Unidas (ONU) alertó que las mujeres y las niñas enfrentan barreras adicionales para acceder a servicios de salud, ya que la normativa talibán exige la presencia de un mahram (tutor masculino) para poder desplazarse, lo que restringe severamente su movilidad. 

A ello se suma la prohibición en algunas provincias para que las mujeres sean atendidas por médicos varones, mientras que el número de mujeres trabajadoras de la salud es insuficiente. La situación se agravó tras la decisión de las autoridades en diciembre de 2024 de prohibir que las mujeres estudiaran medicina y obstetricia, cerrando una de las últimas vías para que pudieran convertirse en proveedoras de atención médica.

Otro obstáculo es la falta de espacios privados en los centros de salud, lo que obliga a que muchas mujeres sean atendidas en condiciones que violan su privacidad, desincentivando el uso de los servicios sanitarios. Actualmente, solo se reporta el funcionamiento de cuatro hospitales en Chawkay, Asadabad, Kama y Jalalabad, además de un hospital temporal con 50 camas en Khas Kunar, lo que resulta insuficiente frente a la magnitud de la emergencia.

Las condiciones en los refugios temporales también son alarmantes, pues la ONU advierte que se trata de espacios deplorables que suponen un alto riesgo de brotes epidémicos. En la región oriental ya se han detectado casos de dengue, sarampión y malaria.

 La OMS señaló que el hacinamiento, el acceso limitado a agua potable y la gestión inadecuada de residuos incrementan las probabilidades de contagio. Además, la escasez de alimentos ha dejado a cerca de 40 mil personas damnificadas en necesidad urgente de asistencia humanitaria.

En este contexto, los hogares encabezados por mujeres resultan particularmente vulnerables, ya que enfrentan mayores necesidades de protección, además de dificultades adicionales para buscar y obtener ayuda.

Cabe recordar que este es el segundo gran terremoto que ocurre en Afganistán en los últimos cuatro años bajo el régimen talibán. El primero tuvo lugar en octubre de 2023, cuando un sismo provocó la muerte de 12 mil personas, la mayoría mujeres, según datos del Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA), pues muchas de ellas se encontraban en sus casas mientras los hombres realizaban actividades fuera.

La actual catástrofe reproduce esa misma situación de desigualdad. De acuerdo con Amnistía Internacional, las autoridades talibanas son responsables de la reducción de las operaciones de ayuda humanitaria en el país debido a sus políticas restrictivas y a la prohibición impuesta a las mujeres afganas para trabajar en la ONU y otras ONG. Esta medida ha obstaculizado el apoyo a la población afectada y, según la organización, forma parte del ataque sistemático del régimen contra los derechos humanos en Afganistán.

Afganistán: territorio mortal para las mujeres 

Han pasado ya cuatro años desde que los talibanes tomaron el control de Kabul, la capital de Afganistán, el 15 de agosto de 2021. Desde entonces, las mujeres viven una de las peores crisis de derechos humanos en el mundo, descrita por la comunidad internacional como un apartheid de género, resultado de una serie de restricciones que las ha borrado por completo de la vida pública.

En 2024, el régimen impuso la Ley para la Propagación de la Virtud y la Prevención del Vicio, que prohibió a las mujeres usar su voz en espacios públicos. Desde entonces, cantar, hablar o incluso reír fuera de sus hogares se convirtió en un acto sancionable. Cada nueva prohibición ha profundizado su exclusión hasta configurar, de acuerdo con la ONU, un crimen de lesa humanidad.

Aunque hoy ya no es posible recopilar datos nacionales sobre la violencia de género de forma segura, las cifras disponibles muestran lo grave de la situación. En 2018, más de una de cada tres mujeres afganas había sufrido violencia física o sexual por parte de su pareja en el último año.

Tras el regreso de los talibanes al poder, todo apunta a que la violencia se ha intensificado. Las dificultades económicas, la prohibición de la educación para niñas y el desmantelamiento de leyes y servicios de protección han creado un escenario en el que la violencia de género avanza sin control.

Crédito: Pexels

Las restricciones a la movilidad han vuelto la vida diaria especialmente peligrosa. En muchas regiones, las mujeres solo pueden salir de casa acompañadas por un familiar varón, incluso para trayectos cortos. Para las viudas o mujeres sin parientes masculinos, esta regla implica arriesgar su seguridad cada vez que necesitan comprar alimentos o acudir a un centro de salud.

La educación es otro de los ámbitos más afectados. Desde septiembre de 2021, las niñas tienen prohibido asistir a la escuela secundaria, por lo que su formación académica termina al concluir el sexto grado. El resultado es: el 78 por ciento de las jóvenes afganas no estudia, no trabaja ni recibe capacitación, una cifra casi cuatro veces mayor a la de los hombres jóvenes.

En el mercado laboral, la brecha de género es una de las más grandes del mundo. Actualmente, solo una de cada cuatro mujeres está empleada o busca empleo, frente a casi el 90 por ciento de los hombres. Esta exclusión responde directamente a las prohibiciones radicales del régimen talibán, que impiden a las mujeres participar en sectores donde antes tenían cabida, como la administración pública o las ONG nacionales e internacionales.

“A 15 días del Compromiso de Tlatelolco: avances, exclusiones y la digna rabia feminista”

 Escrito por Wendy Figueroa Morales. Psicóloga feminista y directora de la Red Nacional de Refugios 

.-La XVI Conferencia Regional sobre la Mujer de América Latina y el Caribe concluyó en la Ciudad de México con un documento de 80 compromisos. Este acuerdo habla de una década de acción hacia la igualdad sustantiva y de la construcción de una sociedad del cuidado.

Sin embargo, el texto también refleja la exclusión de voces que no se alinearon a la visión hegemónica, contradiciendo la narrativa de democracia y participación que se espera en estos foros regionales.

El Compromiso de Tlatelolco nombra avances: reconoce el cuidado como un derecho humano, habla de paridad, de derechos sexuales y reproductivos, de erradicar las violencias y de reorganizar socialmente los cuidados. Pero, ¿qué pasa con lo que no se nombra? Varias mujeres sobrevivientes de violencias, activistas y feministas fueron excluidas sin tener la posibilidad de estar en el foro, otras fuimos “aceptadas” en el registro más no invitadas a la inauguración, solo algunas estuvieron presentes.

Durante el foro, hubo censura al feminismo abolicionista, las puertas no estaban abiertas como se dijo, las barreras patriarcales estructurales para la democracia estuvieron presentes en este espacio donde las voces diversas tendrían que escucharse dentro de una agenda por la igualdad sustantiva y el cuidado. Tampoco se reconocen los debates incómodos, los que incomodan a los Estados pero son urgentes para las mujeres.

Los compromisos solo tienen sentido si recogen todas las voces. Es indispensable que las voces invisibilizadas y excluidas, sean recuperadas y traducidas en política pública y presupuesto, porque también cuentan, también nombran exigencias y también deben ser contempladas en la ruta hacia la igualdad.

Mientras en los auditorios se repiten discursos, miles de mujeres siguen enfrentando violencias cotidianas. Manifestaciones pacíficas afuera de la sede lo evidenciaron, mujeres que dejaban claro que a la CEPAL no habían llegado todas, que los feminicidios y las violencias machistas seguían arrebatando la vida de las mujeres en México, evidenciando que un refugio les había salvado la vida y que la falta de presupuesto para estos espacios es una violencia institucional.

Firmar compromisos es un paso, pero el verdadero desafío es que el Estado mexicano garantice presupuestos progresivos y justicia para las víctimas. De lo contrario, la vida de miles de mujeres seguirá marcada por la impunidad, la precarización, el racismo y la falta de cuidados colectivos.

Han pasado más de quince días desde que se firmaron los 80 compromisos de Tlatelolco, pero el análisis no puede cerrarse con la clausura del foro. Desde el feminismo debemos mantener vigente la reflexión crítica y, sobre todo, vigilar que los Estados cumplan lo que prometieron.

Como feminista reconozco que este documento de 12 páginas nombra a las mujeres indígenas, afrodescendientes, rurales, migrantes y con discapacidad, y coloca el cuidado como un derecho humano. Eso puede sentar bases para políticas públicas urgentes.

Pero también es indispensable que se reconozca a los refugios como parte del sistema de cuidados —porque sostienen vidas y garantizan derechos— y que la participación de las organizaciones de la sociedad civil esté contemplada de manera explícita en estos compromisos. Sin nosotras, las que llevamos décadas tejiendo redes y acompañando en los territorios, la ruta hacia la igualdad y los cuidados quedará incompleta.

Nuestra digna rabia no es cómoda ni complaciente. Nombramos lo que incomoda porque no aceptamos la exclusión ni los discursos sin hechos ni presupuestos.

Nuestra voz busca fortalecer una agenda que cumpla lo que se promete y que incluya a todas las mujeres. La crítica feminista es necesaria para avanzar.

Los 80 compromisos de Tlatelolco pueden ser un punto de partida, pero no bastarán mientras los debates incómodos sigan fuera de la agenda y mientras los Estados posterguen lo esencial: presupuesto, justicia y políticas que coloquen a todas las mujeres en su disidencia, en todas sus diversidades y etapas de vida en el centro.

“Te damos una visa”: usan el nombre de Asylum Access para engañar

 Escrito por CIMAC

.- Desde una oficina en Monterrey, al norte de México, una red de estafadores ofrecía a través de llamadas telefónicas ofertas de trabajo para migrantes mexicanos y extranjeros, aprovechando el vacío informativo y la incertidumbre en la ruta.

Después de consultar varias opciones para legalizar su estancia en México, Alicia, cuyo nombre real omitimos por cuestiones de seguridad, recibió una llamada en su celular que parecía traerle esperanza.

Ya había logrado llegar a la ciudad de Monterrey, Nuevo Léon, en el norte de México y al sur de Texas, y había conseguido una cita con funcionarios migratorios en Estados Unidos por medio de la aplicación CBP One, implementada por el gobierno de Joe Biden para tratar de ordenar la creciente migración que estaba llegando al país en busca de asilo. Pero con la llegada de Donald Trump en enero pasado, sus planes cambiaron.

La persona que la llamó en marzo de 2025 le dijo que sabían de su interés de trabajar en Norteamérica, le dijeron que llamaban de la organización Asylum Access y que tenían para ella una visa de trabajo en Canadá. Si ella estaba dispuesta a cambiar de destino, ellos podrían ayudarla. Sólo tenía que ir a sus oficinas, ubicadas en una plaza comercial.

Alicia aceptó de inmediato y tomó nota de los papeles que tenía que llevar. Lo más importante: le dieron un número de folio sin el cual no podría entrar a las oficinas. Es más, le ofrecieron un descuento en el cobro de la visa por ser una de las primeras en aceptar irse a Canadá.

Pero consultó en internet la dirección que le habían dado y resultó estar un poco lejos del centro de Monterrey. Era un espacio comercial en el municipio de Santa Catarina, en el área conurbada, así que buscó en la web la página de Asylum Access y llamó al número que aparece ahí para confirmar la ubicación.

Ahí se dio cuenta de que habían tratado de engañarla y estafarla, porque Asylum Access no hace ese tipo de ofertas y sus oficinas se encontraban en el centro de Monterrey, no en la periferia.

Fachada del negocio que utilizó el nombre de la organización Asylum Access para estafar. / Foto: Teresa González

Las personas que la llamaron sabían que ella era extranjera en México, que su situación era irregular y que salió de su país con la esperanza de trabajar en Estados Unidos.

Asylum Access decidió advertir en sus redes sociales que alguien difundía falsas ofertas de trabajo a su nombre con un pago de por medio.

Como parte de la investigación fuimos al municipio de Santa Catarina, Nuevo León, para visitar el lugar donde citaron a Alicia, en una plaza comercial a cielo abierto donde hay un gimnasio, una farmacia y varios servicios locales alrededor de un estacionamiento. Cuando preguntamos por los responsables de la oficina, personas que trabajan en la plaza informaron que el negocio había cerrado a mediados marzo pasado y que al menos una docena de personas había ido a preguntar por ellos.

Agentes de la Fiscalía General de Nuevo León también fueron a investigar el local donde se ofrecían no solo visas de trabajo en Norteamérica, sino trámites de jubilaciones y pensiones ante el Instituto Mexicano del Seguro Social (la seguridad social de México).

Personal de la plaza informó que el local no había sido entregado formalmente, por lo que consideraban que seguía funcionando y los responsables tenían que rendir cuentas ante la administración.

El coordinador de Programas de Asylum Access, Arturo Gómez, explica que desde el endurecimiento de las políticas migratorias de Trump, comenzaron a registrar casos de usurpación de su nombre e intentos de estafa haciéndose pasar por personal de la organización.

“Con el logotipo o manifestando ser parte de Asylum Access o, incluso, con correos electrónicos de nombres de gente que sí trabaja con nosotros, pero que no son enviados por parte del equipo”, señala Gómez.

Anuncios de servicios legales en materia migratoria cerca de la estación migratoria de Guadalupe, Nuevo León. / Foto: Teresa González

En su opinión, se trata de intentos de estafa por parte de personas vinculadas al trabajo con migrantes y que tiene acceso a sus datos personales.

“Sí se tienen los datos de las personas que probablemente también puedan ser obtenidos por las mismas plataformas de acceso a registros por parte de, por ejemplo, de la COMAR, todos todos esos registros son electrónicos”, dice. 

Investigación: Nadia Sanders

Edición: Wendy Selene Pérez

Coordinación: Patricia Mercado y Laura Zommer

Fotografía: Teresa González, Benjamín Alfaro y María Ruiz

Diseño: Jhasua Razo | Audiencias: Selene Tapia, Daniela Buenabad, Olivia Rivarola

Esta investigación de cinco entregas fue realizada por Conexión Migrante y Factchequeado con apoyo del programa Disarming Disinformation del International Center for Journalists (ICFJ). 

‘Deciden nuestro futuro a puertas cerradas’: mujeres indígenas exigen su lugar en la COP30

 

La Marcha Nacional de Mujeres Indígenas en Brasilia, a principios de agosto. Las mujeres indígenas buscan un lugar en las negociaciones de la COP30, dado su papel esencial como guardianas de la biodiversidad, sus comunidades y el planeta. Imagen: Amanda Magnani

BRASILIA – «Somos las guardianas del planeta para que la Tierra sane”. Con este lema, las mujeres indígenas reafirman su papel esencial en la agenda climática mundial y articulan un mensaje unificado para llevar a la 30 Conferencia de las Partes (COP30), la anual cumbre climática de las Naciones Unidas que se celebrará en Belém, en la Amazonia brasileña, en noviembre.

La declaración se publicó durante la Marcha Nacional de Mujeres Indígenas, celebrada en Brasilia a principios de agosto, y pretende llamar la atención sobre los efectos desproporcionados de las condiciones meteorológicas extremas en las mujeres y las niñas, especialmente en las mujeres indígenas.

Como guardianas de la biodiversidad y responsables del cuidado de sus familias, comunidades y territorios, las mujeres son las primeras en sentir los impactos, que van desde la inseguridad alimentaria y las dificultades económicas hasta el aumento de la violencia y la sobrecarga de trabajo.

“Las mujeres siempre se ven más afectadas por el cambio climático”, declaró Dalí Angel, coordinadora de proyectos del Fondo para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas de América Latina y el Caribe (Filac), a Dialogue Earth.

Según Dalí Ángel, coordinadora de proyectos de Filac, las mujeres siempre se ven más afectadas y son las primeras en sentir sus efectos. Imagen: Amanda Magnani

Nayra Kaxuyana, asesora internacional del Ministerio de Pueblos Indígenas de Brasil, añadió que una de las principales demandas que las mujeres plantean a la agencia federal es el apoyo para la construcción de casas de semillas: “Muchas de las semillas que tenemos hoy en día en los territorios ya no se adaptan al clima”, declaró.

Las Naciones Unidas han destacado que las mujeres indígenas, al preservar las semillas, proteger a los polinizadores, fertilizar el suelo con métodos orgánicos y ayudar a mantener intactos los bosques, están a la vanguardia de la conservación del medioambiente. Por esta razón, la agencia reconoce que su participación en la toma de decisiones es crucial para la recuperación y la adaptación frente a los fenómenos climáticos extremos.

“Somos nosotras las que pensamos en el proceso de resiliencia dentro de los territorios”, afirmó Alana Manchineri, asesora internacional de la Coordinación de Organizaciones Indígenas de la Amazonia Brasileña (Coiab). “Somos nosotras las que conocemos todas las plantas medicinales, las que transmitimos nuestros conocimientos a nuestros hijos y las que formamos a los nuevos líderes”, añadió.

Delegación indígena sin precedentes

La COP30, que se celebra en la Amazonia, tiene como objetivo reunir a la mayor delegación indígena de la historia. Según la ministra de Pueblos Indígenas de Brasil, Sonia Guajajara, el objetivo es conseguir la acreditación de al menos mil indígenas en la Zona Azul, el espacio oficial donde se celebran las negociaciones entre los gobiernos y las delegaciones internacionales.

Hasta la fecha, según Guajajara, las mayores participaciones se registraron en la COP21 de París, en 2015, y la COP28 de Dubái, en 2023, que contaron con alrededor de 350 representantes indígenas de todo el mundo.

Sonia Guajajara, ministra de Pueblos Indígenas de Brasil, dando una charla en la Marcha Nacional de Mujeres Indígenas en Brasilia. Su objetivo para la COP30 es conseguir la acreditación de al menos mil indígenas para que puedan estar en la zona donde se llevan a cabo las negociaciones. Imagen: Amanda Magnani

En los últimos meses, la presidencia de la COP30 ha anunciado iniciativas para reforzar la participación en el evento de los pueblos tradicionales, una categoría que en Brasil incluye a las comunidades indígenas y a otras como los quilombolas, formadas por descendientes de africanos esclavizados.

Entre ellas se encuentran el Círculo de los Pueblos Indígenas, un foro oficial de diálogo con los líderes; la Aldea COP, un campamento que se espera que acoja a 3000 indígenas en Belém; y capacitaciones dirigidas principalmente a mujeres de comunidades y organizaciones tradicionales para que puedan participar en los debates internacionales.

Sin embargo, para las mujeres indígenas, llegar a Belém solo será el primer paso. Angel, de Filac, explica que “incluso cuando las mujeres logran llegar al lugar donde se celebra la conferencia, son los hombres (indígenas y no indígenas) los que pueden acceder a la Zona Azul”, la reservada a las delegaciones oficiales que negocian los acuerdos.

Por eso, para Angel es esencial garantizar la acreditación de las mujeres indígenas, así como de los hombres indígenas. Pero el proceso, dice, es exigente y lleva mucho tiempo. Por esta razón, la alternativa ha sido registrarlas como invitadas de organizaciones asociadas.

“Están decidiendo nuestro futuro a puertas cerradas, donde nuestra voz no está incluida”, añadió Nansendália Ramírez, miembro mexicana de la Alianza Global de Comunidades Territoriales, en su intervención en la primera Conferencia Nacional de Mujeres Indígenas, que tuvo lugar paralelamente a la marcha en Brasilia.

Diplomacia indígena con voces femeninas

Durante aproximadamente un año, representantes de los pueblos indígenas de toda América Latina y el Caribe se han organizado para llegar a la COP30 en una posición más fuerte.

Este movimiento cobró impulso después de que las Contribuciones Determinadas a Nivel Nacional (NDC) de Brasil, la base del Acuerdo de París —el plan de acción climática que todos los Estados miembros de la ONU deben actulizar cada cinco años— presentadas a finales de 2024 fueran consideradas por muchos como insuficientes.

“Cuando tuvimos acceso al texto y nos dimos cuenta de que rara vez se mencionaba a los pueblos indígenas, pensamos: esto está mal”, afirmó Manchineri, de Coaib.

Alana Manchineri, asesora internacional de Coiab, señaló que el movimiento indígena brasileño presentó sus propias Contribuciones Determinadas a Nivel Nacional, con propuestas y demandas específicas, en respuesta al documento oficial, que apenas menciona a los pueblos indígenas. Imagen: Amanda Magnani

En respuesta, el movimiento indígena brasileño presentó sus propias NDC, con propuestas y demandas específicas. Aunque no es oficial y tiene alcance nacional, el documento refleja las agendas comunes de los pueblos indígenas de todo el mundo.

Destacan dos demandas: que los Estados reconozcan la contribución indígena a la mitigación de la crisis climática, incluida la demarcación de territorios en sus NDC; y que las organizaciones indígenas tengan acceso directo a los recursos climáticos —de los que actualmente solo reciben 1 %— sin depender de intermediarios.

“Se nos niega este acceso con el argumento de que carecemos de capacidad técnica y recursos humanos”, afirmó Angel.

Para ella, los retrocesos en los derechos de las mujeres, los niños y los pueblos indígenas hacen aún más urgente llegar a Belém con una agenda sólida y unificada. Esta movilización, añadió, va más allá de América Latina y el Caribe y ha llegado a otras regiones socioculturales donde las lideresas indígenas están articulando ahora sus propias agendas. “El reto es unirnos para construir una agenda común”, dijo.

Esta coordinación se ha materializado en diferentes espacios.

En la 16 Conferencia de las Partes (COP16) sobre biodiversidad,  celebrada en Colombia el año pasado, se creó el G9 Indígena Amazónico, una coalición de organizaciones de los nueve países amazónicos.

Luego, en abril, en el Campamento Tierra Libre, un encuentro que reunió a 6.000 indígenas en Brasilia, representantes de la Amazonía, las islas del Pacífico y Australia emitieron una declaración conjunta sobre la COP30.

El Campamento Tierra Libre, que tuvo lugar en abril, reunió a seis mil indígenas en Brasilia. Allí, representantes de la Amazonía, las islas del Pacífico y Australia emitieron una declaración conjunta sobre la COP30. Imagen: Myke Sena / DPU

Del mismo modo, la conferencia de mujeres indígenas celebrada en agosto concluyó con la Carta por la Vida y los Territorios, que reclama fondos para la gestión territorial y la lucha contra la crisis climática, con las mujeres al frente.

El texto también refuerza la centralidad de la tierra en la lucha indígena: “Nuestros cuerpos son territorio. Nuestro territorio es sagrado. Seguiremos organizados, movilizados y luchando por la justicia, el bienestar y la continuidad de la vida en el planeta”.

Para las mujeres indígenas, todo debate comienza con el territorio. ”No se puede hablar de salud, soberanía alimentaria o calidad de vida sin hablar de territorio”, afirmó Angel. Manchineri agregó: “Para nosotras está muy claro: cuando se violan nuestros territorios, se violan todos nuestros otros derechos”.

Una mujer indígena del territorio indígena Munduruku Sawré Muybu, en el estado de Pará, por donde fluye el río Tapajós, en una asamblea en la que se revelaron los resultados de pruebas de contaminación. Se han detectado altos niveles de mercurio en las mujeres embarazadas y los niños de la zona, como consecuencia de la actividad minera. Imagen: João Paulo Guimarães / Flickr

“Tenemos una alta tasa de mujeres embarazadas con altos niveles de contaminación por mercurio”, dijo Manchineri. “A veces, ni siquiera pueden amamantar a sus hijos porque el mercurio está presente en la leche materna”, añadió.

Los estudios realizados por el instituto de investigación sanitaria Fiocruz en Pará, el estado del norte de Brasil donde se encuentra Belém, han confirmado esta situación: las mujeres embarazadas y los niños que viven a lo largo de la cuenca del río Tapajós y los pueblos indígenas del territorio Munduruku registraron niveles de mercurio superiores a los límites establecidos por la Organización Mundial de la Salud como consecuencia de la actividad minera.

De la aldea a la COP, y de vuelta a la aldea

Ante los innumerables obstáculos, las mujeres indígenas se han movilizado para aumentar su presencia y garantizar que sus voces se escuchen en las negociaciones formales de la COP30. “Para las mujeres que son madres, hemos buscado apoyo para que sus parejas puedan acompañarlas y cuidar a los niños mientras ellas participan en los eventos”, dijo Manchineri.

Mujeres indígenas guaraní-kaiowá durante la Marcha Nacional de Mujeres Indígenas en Brasilia. Las mujeres indígenas luchan contra el sistema patriarcal e incluso contra la discriminación dentro de sus territorios, señala Nansendália Ramírez, de la Alianza Global de Comunidades Territoriales. Imagen: Amanda Magnani

“Tenemos que luchar contra todo el sistema patriarcal e incluso contra la discriminación que existe dentro de nuestros territorios”, añadió Nansendália Ramírez.

Manchineri explicó que su estrategia es doble: llevar lo que se debate en los territorios a la mesa internacional y, a su regreso, presentar las decisiones y los avances logrados de forma accesible.

Para apoyar esta estrategia, las lideresas han organizado sus propios talleres y reuniones preparatorias —las preCOP— además de la formación impartida por la presidencia de la COP. La idea es ayudar a crear conocimiento dentro de las comunidades sobre qué son las conferencias y cómo funcionan, y en última instancia, construir una agenda común.

“Tenemos que llegar empoderadas, con herramientas que nos permitan tener un mayor impacto en los espacios de negociación”, afirmó Ángel.

Este artículo se publicó originalmente en Dialogue Earth.

Repensar el suicidio desde una perspectiva de mujeres: Malú Villa

 Escrito por Arlette Monserrath Valencia Ángeles 

Foto de cottonbro studio.- Ciudad de México- La conducta suicida está profundamente atravesada por los mandatos de género, por lo que para la psicóloga feminista Malú Villa, estas muertes no son tragedias individuales, sino el reflejo de una estructura patriarcal que urge repensar desde una prevención con enfoque también desde los derechos humanos de las mujeres.

Por ejemplo, mientras los hombres suelen consumar el suicidio con métodos más letales, las mujeres enfrentan mayores niveles de ideación y autolesión, marcadas por la sobrecarga del trabajo de cuidado que incluso en crisis, piensan primero en sus responsabilidades.

En entrevista con Cimacnoticias, la psicóloga psicoanalista con enfoque de género, Malú Villa, explicó que culturalmente las mujeres se les responsabiliza de la carga de cuidados.

Según la Encuesta Nacional Sobre Uso del Tiempo del Instituto Nacional de Geografía y Estadística, durante el 2024 las mujeres dedicaron, en promedio, 9.4 horas más a la semana que los hombres al cuidado de niñas y niños de 0 a 5 años y 5.3 horas más en cuidados a personas con alguna enfermedad o discapacidad, situación que se agrava con la interseccionalidad al ser mujer indígena. 

Esta situación provoca sobrecarga emocional, física y psicológica: “cuando yo he trabajado con personas suicidas, la narrativa de las mujeres es ambivalente; por un lado ya no quieren vivir más, pero por otro lado todavía se preocupan por las personas que dejan” explica la psicóloga, Malú.  

Por ello la conducta suicida de las mujeres tiene una connotación importante en torno a la carga de cuidados. Según la psicóloga Malú Villa, muchas mujeres enfrentan intentos de suicidio atravesadas por una carga estructural: el mandato del cuidado. «

Se nos socializa para maternar a quien sea: padres enfermos, pareja, hijos», explica. Esta exigencia se vuelve tan profunda que incluso en momentos de crisis extrema surge la culpa: “¿Quién va a cuidar de ellos si yo me voy?”, apuntó. La ambivalencia en la decisión es común entre mujeres, en contraste con la radicalidad masculina. “A los hombres no se les enseña a cuidar, ellos son los cuidados”, añade Villa. Esa diferencia construye rutas opuestas hacia el suicidio.  

La psicoanalista Malú Villa, profundizó en el trasfondo de la narrativa social que carece de sensibilidad y está marcada por prejuicios derivados de una visión patriarcal. En este sentido, Malú citó a Silvia Sara Caneto -psicóloga social y experta en suicidio y género- quien analiza cómo el suicidio en hombres es generalmente percibido como un acto definitivo por lo tanto es valorado como «valiente», mientras que en las mujeres suele ser reducido a un simple intento, el cual se traduce a manipulación o cobardía. 

Anteriormente Cimacnoticias registró que en el mundo occidental las mujeres intentan quitarse la vida entre dos a cuatro veces más que sus congéneres masculinos, sin embargo, ellas no consuman el acto, ya que sus métodos suelen ser menos violentos en comparación a los hombres. 

De acuerdo con los datos del INEGI, en 2024 se registraron mil 731 suicidios de mujeres y 7 mil 266 de hombres a nivel nacional, es decir, que por cada mujer que se suicida, aproximadamente cuatro hombres pierden la vida por la misma causa. Estas cifras permiten contextualizar otros factores como la actividad  económica, mientras que el 58.6 por ciento de las mujeres no trabajaba al momento de su fallecimiento, el 80.3 por ciento de los hombres sí trabajaba.  

Podemos observar que los hombres sus intentos de suicidio son a través de intentos más letales, más violentos como dispararse o ahorcarse. Entonces, dichos intentos tienen mayor letalidad porque hay mayor forma de violencia al respecto. En las mujeres lo que sucede es que lo hacen “con herramientas más sutiles”, como lo es a través de intoxicación, ya sea el exceso uso de fármacos o algún líquido intoxicante, entonces esto da como un poco de espacio como para ser encontradas y muchas veces pues salvadas. 

Aunque a menudo es tratado como un problema individual es necesario recordar que está profundamente enraizado en las estructuras sociales. En México y en el mundo, los suicidios siguen siendo abordados con poca profundidad estadística y análisis contextual, lo que limita la comprensión integral de sus causas y efectos, diferenciados por género. 

Según el artículo “Prevención del suicidio con mirada de género” para la efectividad de la prevención es necesario recordar que nos referimos a conducta suicida cuando hablamos de la ideación, es decir, pensamientos de desesperanza sobre la vida; la planeación, pensar la vía por la que se llevará acabo; los intentos de suicidio que consisten en autolesiones no mortales con intención de suicidio; y finalmente la consumación del mismo. 

“No son intentos fallidos, son gritos de auxilio”

Además, las mujeres suelen ser revictimizadas, pues son cuestionadas si su sentir es real o exagerado. Este comportamiento es común y altamente peligroso, pues Malú señala que desde niñas las mujeres aprenden a desconectarse de su cuerpo, de su pensamiento y su malestar es minimizado.

Por ello, “una de las razones por las que las mujeres se suicidan es que no pueden percibirse desde la individualidad, debido a la violencia estructural que las considera objeto de cuidado y deseo masculino” y pese a lo que enfrentan, se les pide dejar de quejarse.

Existe una brecha de género a nivel nacional, en torno a la edad, ya que desde etapas tempranas: entre los 10 y 14 años, el 5.8 por ciento de los suicidios corresponde a niñas, frente al 1.5 por ciento de niños. Entre los 15 y 19 años, la diferencia persiste con un 18.8 por ciento en niñas y un 8.6 por ciento en niños según la Encuesta de Defunciones Registradas (EDR 2023). Esto indica un riesgo elevado en etapas clave del desarrollo emocional para las niñas y adolescentes, ya que durante la adolescencia se presentan las primeras experiencias de vínculos o relaciones de pareja.

Sin embargo, los datos se voltean en etapas de adultez en los hombres, pues los casos de suicidio aumentan cuando son mayores de 40 años, mientras que para las mujeres los suicidios suceden cuando son menores de 40 años. De las personas que fallecieron por suicidio, 81.1 por ciento correspondió a hombres y 18.9 por ciento, a mujeres. 

Además del sistema patriarcal, Malú Villa plantea la responsabilidad del sistema de salud ya que suele abordar los intentos de suicidio de las mujeres solo recetándoles fármacos. La psicóloga reconoce que estos en sí mismos no son malos, sin embargo suelen utilizarse como vía única sin contemplar otras opciones menos adormecedoras al sentir, pues finalmente es necesario abordar el fondo de la situación. 

Es como decirles, «El problema no es el sistema que te agota, el problema no es que tienes que estar disponible para todo mundo, el problema no es que tienes que guardar silencio de tus abusos y tus violencias porque socialmente así se te ha enseñado, el problema eres tú que no sabes cómo lidiar con tu dolor.» Entonces, se reduce todo a términos neurológicos como si algo hubiese mal en su química cerebral y entonces automáticamente se le receta un fármaco, denuncia Malú. 

En ese sentido, se entiende que el suicidio en sí mismo, está cargado de estigma y revictimización sobre el sufrimiento de cada ser humano que lo enfrenta, donde las mujeres no son cobardes y los hombres no son valientes, más bien son el reflejo de la sociedad, que normaliza un sistema de salud androcentrista, el cual pierde la perspectiva de género en las campañas de prevención de suicidio.

¿Cómo puede verse la perspectiva en la práctica?

Desde la mirada de la psicóloga Malú Villa, es crucial reorientar la narrativa en torno al suicidio, especialmente cuando se trata de mujeres, para no seguir revictimizándolas. En lugar de culpabilizarlas por prolongar situaciones de sufrimiento -como en una relación de pareja violenta- debemos cuestionar las circunstancias que las mantienen atrapadas en ese ciclo.

Preguntar ‘¿por qué no sales de ahí?’ es simplista y dañino, ya que invisibiliza las barreras estructurales, sociales y emocionales que les impiden tomar acción. 

Cambiar el enfoque de la prevención del suicidio implica pasar de la culpa individual a una intervención colectiva basada en la empatía. Desde una mirada de género, Malú Villa propone dejar atrás las preguntas revictimizantes. En su lugar, sugiere indagar: “¿Cuáles son las circunstancias que te impiden movilizarte y cómo puedo acompañarte?”. Este giro en la narrativa abre espacio a la reflexión y al acompañamiento real. Permite tejer redes de apoyo donde los hombres no mueran en silencio ni las mujeres carguen con culpas. 

Línea de la Vida: 800 911 2000 – Ofrece atención psicológica gratuita por teléfono y chat.

SAPTEL: 800 472 7835 – Proporciona orientación, consejería y apoyo emocional en crisis.

LOCATEL: 555 658 1111 – Brinda orientación y apoyo emocional en crisis a través de su chat.

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Línea 988: Esta línea nacional de salud mental está disponible 24/7 para apoyo emocional y crisis. Puedes llamar, enviar un mensaje de texto o chatear con un consejero

Aromático cacao se expande por compleja zona de Perú gracias a las mujeres

 

Una cultivadora peruana con una mazorca de cacao en sus manos. El cacao es una planta de origen americano, de climas tropicales. Se trabaja con este producto en 16 regiones de Perú, entre ellos los que son parte del Valle de los Ríos Apurímac, Ene y Mantaro que abarca 69 municipios en 10 provincias amazónicas de cinco departamentos. Imagen: AgrovallePerú

LIMA – El trabajo y esfuerzo de las mujeres que producen cacao en una de las zonas más complejas del Perú, conocida como el Vraem, en la parte central de la Amazonia, está dando sus frutos, aunque siguen enfrentando barreras para desarrollar todo su potencial.

El Vraem es el acrónimo del denominado Valle de los Ríos Apurímac, Ene y Mantaro que abarca 69 municipios en 10 provincias de los sectores amazónicos de los departamentos de Ayacucho, Apurímac, Cusco, Huancavelica y Junín, donde habitan cerca de medio millón de personas en un territorio de 43 841 kilómetros cuadrados.

En la zona persiste la producción de hoja de coca con fines ilícitos y se mantiene presencia militar para controlar a los remanentes del grupo maoísta Sendero Luminoso, que sembró la violencia interna en este país sudamericano entre los años de 1980 y el 2000 y que en la actualidad, según diversos analistas, está al servicio de mafias del narcotráfico.

“Antes la realidad era terrible, ahora estamos mejor, con tranquilidad. Específicamente donde yo vivo, en el municipio de Santa Rosa, en la provincia de La Mar, en Ayacucho, la población está organizada, tenemos comités de autodefensa por cada cuadra y estamos al tanto de todo lo que ocurre”, dijo Nelia Soto, orgullosa cacaotera.

Presidenta en Ayacucho de la Asociación de Productores Agropecuarios Sumak Sunku (Bonito corazón, en quechua) y lideresa de su emprendimiento Chocolates Bella Moza, continúa el sueño de sus padres, también cacaoteros, quienes le contagiaron la pasión por este fruto originario de la Amazonia y cuyo nombre científico es Theobroma cacao, alimento de los dioses en griego.

“En mi parcela de una hectárea tengo variedades de cacao. Soy madre soltera y con mi trabajo estoy sacando adelante a mis tres hijas, ellas tienen 24, 15 y 10 años y he estado en constante proceso de capacitación para poder emprender y liderar”: Nelia Soto.

En diálogo con IPS en la ciudad de Lima, donde fue electa presidenta de la Red Nacional de Mujeres Productoras de Cacao de la Asociación Peruana de Productores de Cacao, recordó que en su infancia los tiempos eran muy duros y que el trabajo no redundaba en beneficios significativos pues el precio del producto era muy bajo.

La elección de Soto se produjo en el marco del XVI Salón del Cacao y Chocolate realizado en Lima en julio. Se trata de un evento anual impulsado por organismos del Estado, gremios y organizaciones no gubernamentales, entre otros. Participan delegaciones de los 16 departamentos donde se trabaja con este producto y es una oportunidad para generar mercados.

En uno de los 200 puestos de exposición y venta estaba la diversidad de los productos Sumak Sunku como chocolates, bombones, mermelada y hasta yogur endulzado con la cascarilla del cacao.

“En mi parcela de una hectárea tengo variedades de cacao. Soy madre soltera y con mi trabajo estoy sacando adelante a mis tres hijas, ellas tienen 24, 15 y 10 años y he estado en constante proceso de capacitación para poder emprender y liderar”, remarcó Soto, mientras invitaba a la degustación de la mermelada.

Ella maneja la cadena productiva desde la siembra, pasando por la recolección y el secado de los graños, para seguir con la fase de comercialización, en un proceso con un enfoque agroecológico que está dando trabajo a mujeres y hombres en su Asociación.

“Nosotras pasamos por muchas dificultades, las puertas se nos cierran incontables veces, pero les decimos ‘no están solas’ y buscamos formarlas y darles esa oportunidad que puede cambiar su vida y, sumando, vemos que le está cambiando la cara al Vraem”, agregó.

Nelia Soto es una orgullosa cacaotera, de una de las zonas de la Amazonia de Perú. 

Ella se ha capacitado, logrado emprender y generar su propia marca Sumak Sunku 

para una diversidad de productos desde chocolates hasta mermeladas.

 En la imagen, en el evento XVI Salón del Cacao y Chocolate realizado en julio, 

en la capital Lima. Imagen: Mariela Jara /IPS

En vez de satanizar, más apoyo estatal

Susy Berrocal nació en el departamento centro andino de Huancavelica, pero ahora vive en el municipio de Sivia, en la provincia de Huanta, en Ayacucho, también parte del Vraem. Es la vicepresidenta del Consejo de Administración de la Cooperativa Agraria El Quinacho, integrada por pequeños productores, mujeres y hombres, de cacao y café.

“Me dedico a la producción orgánica de cacao hace 17 años. El amor me llevó al Vraem, conocí a mi esposo Isaías Muñoz cuando estudiaba en la ciudad de Huanta. Él tenía sembrados de coca y de herencia de su mamá, cacao, pero nos quedamos solo con el segundo”, relató a IPS durante el Salón del Cacao y Chocolate, donde también expuso y vendió sus productos.

En diálogo telefónico posterior desde Sivia, donde están ubicadas sus parcelas, describió que maneja toda la cadena productiva del cacao, desde la cosecha. “Tengo el orgullo de haber seleccionado las mejores semillas de mi suegra y hoy las cosecho; selecciono las mazorcas, los granos y hago un trabajo bastante minucioso”, indicó.

Tiene plantas de 14 y 15 años a las que cuida con dedicación, agradecida por lo que le han dado. “El cacao me ha abierto nuevos caminos, he aprendido a transformarlo en chocolate y todo lo que sé lo vuelco en la cooperativa, donde apoyo en esa tarea a las productoras que lo necesitan”, agregó Berrocal.

Deplora que pese a esa fuerza de trabajo y transformación que como productoras de cacao aportan, el Vraem siga siendo satanizado como un lugar inseguro, peligroso y violento.

“Yo pienso que las autoridades deben enfocarse más en todas estas iniciativas productivas que permiten a las familias luchar contra la pobreza, porque solas no vamos a poder derribar las dificultades. Por ejemplo, si queremos crecer, el banco te pone muchas trabas para darte un préstamo, y los créditos del Estado no son accesibles”, agregó.

La hija de Berrocal está por cumplir 16 años y el hijo 10. Son una motivación central de ella y su esposo para asegurarles educación de calidad, y tengan en el futuro oportunidades de empleo digno. Como dice, es el esfuerzo como familia y el apoyo de la cooperativa lo que impulsa sus logros.

“Pero el Estado nos debería promover como territorio, ir a la par del empuje de cada productor y productora”, puntualizó.

Susy Berrocal lleva 17 años como productora de cacao orgánico, 

que cultiva junto con su esposo en una zona amazónica peruana.

Imagen: Mariela Jara / IPS

Gestión territorial del Vraem

Según el ministro de la Producción Sergio González, Perú es el segundo mayor productor de cacao orgánico a nivel mundial. Además son cerca de 100 000 los hombres y mujeres que trabajan en este sector que da trabajo a más de un millón de personas, al sumar los empleos indirectos.

Las exportaciones se mantienen al alza y según el ministro, han alcanzado al primer semestre del 2025 los 500 millones de dólares de cacao orgánico, que es el requerido por mercados externos como el europeo.

Para Gladys Vila, responsable de Género del proyecto Vraem Sostenible que gestionan las organizaciones no gubernamentales Agrónomos y Veterinarios Sin Fronteras (AVSF) y Progreso, es necesario trabajar en la zona con el enfoque de gestión territorial para que las personas sean conscientes de su territorio, cómo lo usan, las decisiones que toman y sus impactos.

“Buscamos con nuestro trabajo una contribución más integral, es decir, que el fortalecimiento organizativo y productivo que promovemos junto con el acompañamiento en las cadenas de comercio justo y de las economías circulares, estén ligados a la recuperación de los ecosistemas y conservación de la biodiversidad”, explicó.

Nacida en el departamento andino de Huancavelica y de origen quechua, tiene un claro compromiso con el desarrollo de las mujeres de la agricultura familiar, como son las productoras de cacao con las que vienen trabajando en Ayacucho, Cusco y Junín, y entre las que se encuentran Nelia Soto y Susy Berrrocal

“Las mujeres están rompiendo el silencio, hacen propuestas, sacan su propia marca y registro sanitario, algo que antes era un proceso. Generan sus propios ingresos, se apoyan entre ellas, pero vemos que todavía no hay paridad en todo el proceso de la cadena de valor del cacao”, dijo.

Destacó el valor del precio del cacao orgánico que dependiendo de la calidad llega a cerca de 11 dólares el kilógramo.

“Nuestra apuesta es que el mayor volumen de producción lo entreguen a las cooperativas que luego lo venden al mercado internacional, sobre todo a países de Europa, donde hay alta demanda por el cacao orgánico. Así vamos por precios justos a la vez que ellas siguen desarrollando sus emprendimientos con diversidad de productos”, añadió.

Vila sostuvo que la zona donde trabajan ha cambiado de cocalera a ser de cultivos de cacao y de café.

“La capacitación y acompañamiento técnico que brindamos promueve la recuperación de los suelos, desgastados por los sembríos de coca, y la agroforestería porque el cacao no puede producir solito, lo acompañamos con cultivos de plátano para que tenga sobra temporal”, apuntó.

El árbol de cacao vive de 20 a 25 años en las localidades peruanas donde se cultiva y aporta dos o tres cosechas al año. “Ofrece muchas oportunidades para el desarrollo sostenible del Vraem con calidad de vida para las mujeres y hombres que lo producen”, subrayó Vila.

30 años de avances desiguales para las adolescentes

 Escrito por Lizbeth Ortiz Acevedo 

Foto: Secretaría de la Mujeres.Ciudad de México.- A pesar de los logros alcanzados en ámbitos como la educación en los últimos 30 años, millones de adolescentes de todo el mundo siguen sin escolarizar y sin estar suficientemente preparadas para el futuro, no tienen acceso a algunos servicios de salud esenciales y se ven expuestas a matrimonios infantiles, mutilación genital femenina, violencia y abusos.

Las adolescentes constituyen un poderoso motor de cambio a escala mundial. Con el apoyo adecuado en el momento oportuno, pueden contribuir a alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible y a transformar nuestro mundo”, afirmó Catherine Russell, Directora Ejecutiva de UNICEF. “Invertir en ámbitos clave como la educación, las competencias, la protección y los servicios esenciales de salud y nutrición puede permitir a las adolescentes de todo el mundo desarrollar su potencial y fortalecer así a comunidades y países enteros”, ha añadido. 

En el informe “Niñas con metas: La evolución de los derechos de las adolescentes a lo largo de los últimos 30 años”, publicado por UNICEF, Plan International y ONU Mujeres, lograron analizar cómo ha cambiado la vida de las adolescentes en los 30 años transcurridos desde que, en 1995, 189 gobiernos adoptaran la Plataforma de Acción de Beijing.

En ese informe señalan que aunque la cifra de niñas sin escolarizar ha disminuido en un 39% en los últimos 20 años, 122 millones de niñas en todo el mundo siguen sin ir a la escuela. En Asia Meridional, la probabilidad de que las adolescentes de entre 15 y 19 años no asistan a la escuela o no puedan conseguir un empleo ni recibir formación es tres veces mayor que la de sus compañeros varones. 

Incluso dijeron que en este 2025, casi 4 de cada 10 adolescentes y mujeres jóvenes en el mundo no terminan el segundo ciclo de educación secundaria, a lo que se añade que las niñas de las zonas rurales más empobrecidas y las comunidades marginadas tienen aún menos probabilidades de completar su escolaridad. 

Es importante señalar que aunque el analfabetismo entre las adolescentes y las mujeres jóvenes se ha reducido casi a la mitad en las tres últimas décadas, hoy día unos 50 millones siguen sin saber leer ni escribir una oración sencilla. En los países de ingresos bajos, 9 de cada 10 adolescentes y mujeres jóvenes no tienen acceso a Internet, mientras que sus compañeros varones tienen el doble de probabilidades de estar conectados. 

Casi 1 de cada 4 adolescentes casadas o en unión en todo el mundo ha sufrido violencia a manos de su esposo o compañero sentimental, y 50 millones de niñas vivas en la actualidad han sufrido episodios de violencia sexual.  Más de la tercera parte de los y las adolescentes de entre 15 y 19 años en todo el mundo considera que está justificado que el esposo pegue a su mujer en determinadas circunstancias. 

“Demasiadas adolescentes siguen siendo víctimas de la violencia, tienen un acceso limitado a la educación y carecen de servicios de salud. Nuestra promesa de no dejar a nadie atrás exige medidas urgentes”, ha afirmado Sima Bahous, Directora Ejecutiva de ONU-Mujeres. “Hemos recorrido un largo camino, pero aún queda mucho por hacer hasta que se reconozca y se proteja el potencial de todas las niñas. Empoderar a las adolescentes es la inversión más segura en un mundo más próspero, igualitario y pacífico”. 

Resaltaron que la práctica de la mutilación genital femenina está disminuyendo. De hecho, en países como Burkina Faso o Liberia, el porcentaje de niñas sometidas a esta práctica se ha reducido a la mitad en los últimos 30 años. No obstante, el ritmo mundial de reducción debería ser 27 veces más rápido si se quiere alcanzar el objetivo de la erradicación en 2030.

Señalaron que en la actualidad hay menos probabilidades que hace 25 años de que las niñas se casen antes de cumplir los 18 años. Aun así, en todo el mundo, 1 de cada 5 niñas contrae matrimonio en la infancia. El progreso ha sido más notable en Asia Meridional, mientras que en América Latina y el Caribe no se han registrado avances significativos en los últimos 25 años. 

En materia de salud y bienestar, se informó que en los últimos 30 años, la cifra de adolescentes que han dado a luz en todo el mundo se ha reducido casi a la mitad, aunque se prevé que en 2025 lo hagan casi 12 millones de niñas con edades comprendidas entre los 15 y los 19 años. Se calcula que entre las adolescentes más jóvenes (entre 10 y 14 años), que corren un riesgo aún mayor de quedarse embarazadas, la cifra supera las 325 mil.

En cuanto a complicaciones relacionadas con el embarazo y el parto acarrean aproximadamente 1 de cada 23 muertes entre las adolescentes de entre 15 y 19 años en todo el mundo y el porcentaje de adolescentes de entre 10 y 19 años con bajo peso en todo el mundo ha disminuido ligeramente en las tres últimas décadas, pasando del 10% al 8%. 

El informe subraya la necesidad de actuar urgentemente a nivel mundial para permitir a las adolescentes desarrollar todo su potencial y, a tal fin, formula que es necesario hacer oír la voz de las adolescentes y apoyar su capacidad para incidir en la formulación de políticas sobre cuestiones que afectan a sus vidas.

Centrar la atención en aquellos ámbitos en los que los avances se han estancado y que son una prioridad máxima para las propias adolescentes, como la reducción de la brecha en educación, las competencias y la formación para las niñas, tomando en consideración en todo momento las nuevas tendencias y actitudes mundiales. 

Así como utilizar pruebas basadas en datos para invertir en los ámbitos en los que las brechas son mayores y más acuciantes para las adolescentes y centrarse en cambios a gran escala y medidas conjuntas específicas, poniendo más énfasis en lograr el empoderamiento económico y en garantizar que las niñas tengan las competencias, las herramientas y los recursos que necesitan para prosperar.

Por su parte, Kathleen Sherwin, directora de Estrategia y Compromiso de Plan Internacional, ha añadido que “gracias a nuestros incansables esfuerzos para combatir la desigualdad de género, las niñas tienen hoy muchas más probabilidades de ir a la escuela que hace 30 años y son mucho menos propensas a casarse o quedarse embarazadas siendo niñas. Hay mucho que celebrar, pero sabemos también que estos avances son frágiles y desiguales y que pueden revertirse en cualquier momento. Demasiadas niñas se enfrentan a diario a la discriminación y a los abusos por el simple hecho de ser niñas. Debemos seguir trabajando con las niñas, las mujeres y sus aliados en todo el mundo con el fin de conseguir la igualdad entre los géneros”. 

En México construirán el Observatorio Nacional de Violencia Digital

 Escrito por La Redacción

Foto: Secretaría de las Mujeres.- Ciudad de México.- Ante las cifras de violencia digital o ciber acoso que sufren principalmente mujeres entre 18 y 30 años, la Secretaría de las Mujeres, ONU Mujeres, colectivas y asociaciones civiles que acompañan a víctimas y sobrevivientes de este delito, se informó que en México se construirá el Observatorio Nacional de Violencia Digital.

De acuerdo con ONU Mujeres, los espacios digitales -que congregan a más de 5 mil 550 millones de personas de todo el mundo- se han transformado en escenarios donde prolifera el discurso de odio, acoso y misoginia hacia las mujeres y estos lugares han sido identificados como la manosfera donde comunidades articulan ideologías antifeministas para anteponer narrativas patriarcales y excluyentes.

El informe del Secretario General de las Naciones Unidas sobre la violencia contra mujeres y niñas, señala que estos espacios surgen como una reacción directa del avance feminista para señalarse a sí mismo como «víctimas» ante los cambios sociales orientados a la igualdad de género. Esto lo hacen a través de foros, podcast, canales de video, videojuegos o redes sociales, de esta manera, la manosfera atrae a jóvenes hombres ofreciendo respuestas a sus inseguridades personales o frustraciones sociales.

La manosfera también es conocida como la «machoesfera», ya que se trata de un término híbrido que combina la palabra man (hombre) y esfera. Se trata de una red creciente de comunidades digitales que, bajo la apariencia de abordar problemáticas masculinas como la paternidad, la salud mental, las relaciones efectivas o la autoestima, en realidad difunde discursos violentos contra las mujeres.

En México, durante el 2024, el 21% de la población de 12 años y más que usó internet fue víctima de ciberacoso, esto equivale a 18.9 millones en total, siendo 10.6 millones mujeres quienes experimentaron principalmente enojo, desconfianza, estrés, inseguridad, frustración o miedo, así lo documento Instituto Nacional de Geografía y Estadística (Inegi).

En el estudio Módulo del Ciberacoso (MOCIBA) 2024, se determinó que la mayoría de usuarias son mujeres y que las entidades con las cifras más altas fueron: Aguascalientes, Hidalgo, San Luis Potosí, Sinaloa, Tlaxcala, Yucatán y Zacatecas.

Observatorio Nacional de Violencia Digital

En la primera mesa de trabajo, de seis que se tienen previstas, la secretaria de las Mujeres, Citlalli Hernández Mora, subrayó la urgencia de frenar la violencia digital que viven las mexicanas.

Es imperante que “las violencias que vivimos en la calle, en la familia, en los distintos espacios donde convivimos, no se trasladen al espacio digital”, dijo.

Hernández Mora enfatizó que también las plataformas tienen que asumir su responsabilidad al mismo tiempo de establecer sanciones para quienes utilicen la tecnología para difundir, agredir o exhibir información privada sin el consentimiento de la persona para causar daños psicológicos y sociales.

La subsecretaria del Derecho a una Vida Libre de Violencias, Ingrid Gómez Saracibar, llamó a la ciudadanía a platicar sobre este tema con su familia, amigas, amigos o círculos cercanos, ya que este fenómeno no sólo afecta a las jóvenes sino a todas las mujeres de distintas edades.

En este primer encuentro donde también participaron representantes de ONU Mujeres, se plantearon propuestas que ayudarán a combatir la violencia digital o ciberacoso hacia las mujeres como la creación de un Observatorio Nacional de Violencia Digital, la elaboración de manuales institucionales y para víctimas sobre ¿qué hacer en caso de ser víctima de violencia digital?, e identificar vacíos legales que obstaculizan el acceso a la justicia.

En las próximas mesas de trabajo se abordarán temas sobre el acceso a la justicia; datos y estadísticas; prevención, educación y seguridad para las mujeres, adolescentes y niñas; educación e intervención en la manósfera, y marco legal.

Los participantes calificaron como un acierto este primer acercamiento con representantes de la sociedad civil que ha padecido este tipo de violencia, ya que servirá para construir regulaciones reales para su erradicación. 

En el evento también estuvo presente la defensora Olimpia Coral Melo Cruz, poblana sobreviviente de su expareja quien expuso sin su consentimiento un video íntimo que la involucraba, posterior a los hechos ella tomó la iniciativa y acción de reformar el Código Penal de Puebla.

Al paso de casi cinco años en búsqueda de justicia, finalmente en diciembre de 2018, el Congreso de Puebla tipificó la violencia digital como un delito, nombrada por la Legislación “Ley Olimpia” en honor a la precursora de la iniciativa; un año después, ya era una realidad en 16 estados de la República Mexicana. Actualmente se han sumado 14 estados más.

Entre ellos: Aguascalientes, Baja California, Baja California Sur, Ciudad de México, Campeche, Chiapas, Coahuila, Colima, Chihuahua, Hidalgo, Durango, Estado de México, Guanajuato, Guerrero, Jalisco, Michoacán, Nuevo León, Oaxaca, Puebla, Querétaro, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tlaxcala, Tamaulipas, Veracruz, Yucatán y Zacatecas.

Incumplir o violar esta ley contempla sanciones de tres hasta seis años en prisión según la gravedad del caso, así como multas que van de 500 a mil Unidades de Medida y Actualización (UMA). Que para el 2025, representa la cantidad de $113.14 pesos mexicanos diarios.