.-Ciudad
de México.- Se dio a conocer que en México, durante el 2024, el 21% de
la población de 12 años y más que usó internet fue víctima de ciberacoso
en los últimos 12 meses, esto equivale a 18.9 millones en total, siendo
10.6 millones mujeres quienes experimentaron principalmente enojo,
desconfianza, estrés, inseguridad, frustración, frustración o miedo, así
lo documento Instituto Nacional de Geografía y Estadística (Inegi).
En este estudio Módulo del Ciberacoso (MOCIBA) 2024,
se determinó que de 90 millones de personas usaron el internet en los
últimos tres meses en el país y de ellas, la mayoría son mujeres. Las
entidades que tuvieron cifras al alza de este delito fueron:
Aguascalientes, Hidalgo, San Luis Potosí, Sinaloa, Tlaxcala, Yucatán y
Zacatecas.
Mujeres
quienes vivieron ciberacoso tuvieron contacto mediante identidades
falsas, mensajes y llamadas ofensivas, insinuaciones o propuestas
sexuales, recibieron contenido sexual, enfrentaron suplantación de
identidad, fueron provocadas para que reaccionaran de forma negativa,
recibieron críticas por apariencia o clase social, las amenazaron con
publicar información personal, audios o videos para extorsionarlas.
En
los casos donde se pudo identificar el sexo de su o sus agresores, en
el 57% de los casos fueron hombres agredidos por hombres y 52.1% fueron
mujeres agredidas por hombres.
De acuerdo con ONU Mujeres, los
espacios digitales -que congregan a más de 5 mil 550 millones de
personas de todo el mundo- se ha transformado en escenarios donde
prolifera el discurso de odio, el acoso y la misoginia hacia las mujeres
y estos lugares han sido identificados como la manosfera donde
comunidades articulan ideologías antifeministas para anteponer
narrativas patriarcales y excluyentes.
La manosfera también es conocida como la «machoesfera», ya que se trata de un término híbrido que convina la palabra man (hombre)
y esfera. Se trata de una red creciente de comunidades digitales que,
bajo la apariencia de abordar problemáticas masculinas como la
paternidad, la salud mental, las relaciones efectivas o la autoestima,
en realidad difunde discursos violentos contra las mujeres.
El
informe del Secretario General de las Naciones Unidas sobre la violencia
contra mujeres y niñas, señala que estos espacios surgen como una
reacción directa del avance feminista para señalarse a sí mismo como
«víctimas» ante los cambios sociales orientados a la igualdad de género.
Esto lo hacen a través de foros, podcast, canales de video, videojuegos
o redes sociales, de esta manera, la manosfera atrae a jóvenes hombres
ofreciendo respuestas a sus inseguridades personales o frustraciones
sociales.
Algunas
formas de ciberacosos son envío de emails, mensajes de texto no
deseados e intimidantes, múltiples solicitudes de amistad de personas
desconocidas; comentarios abusivos, sexistas y misóginos en línea o uso
de lenguaje abiertamente sexual en contra de la víctima; expresiones o
comentarios discriminatorios (discurso lesbo/homofóbico); insinuaciones
inapropiadas u ofensivas en redes sociales o salas de chat; envío de
materiales sexualmente explícitos no solicitados (cyberflashing).
El
ciberacoso se presenta en una gran variedad de manifestaciones y estar
acompañado de otras formas de violencia en línea. Implica el uso de las
TIC para abusar, humillar, molestar, atacar, amenazar, degradar,
intimidar ofender o insultar a una persona por razones de género,
creando un ambiente ofensivo y hostil en los espacios digitales, según
el informe “Ciberviolencia y ciberacoso contra las mujeres y niñas en el marco de Belém Do Para” de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) Mujeres.
Este
tipo de violencia suele estar dirigida en su gran mayoría contra las
mujeres a través del uso de referencias y estereotipos de género que
resultan negativos, dañinos y que están acompañados de lenguaje obsceno y
de índole sexual. Siguiendo el informe, en la región americana se
comprobó su uso en las periodistas, defensoras de derechos humanos,
políticas, o aquellas con participación activa en el debate digital.
Funciona como un dispositivo de descalificación, censura y disciplina en
el ciberespacio que busca mermar los canales de expresión y presencia.
De
acuerdo con la información dada por el Inegi, se determinó que el 31.1%
de la población de mujeres de 20 a 29 años de edad que utilizó internet
durante 2024 fue víctima de ciberacoso en los últimos 12 meses, aunque
este delito comienza a manifestarse desde los 12 años hasta más de 60,
es decir, no hay rango de edad en mujeres que se exima de vivir esta
situación.
Los
datos del Inegi señalan que, la mayor prevalencia de ciberacoso estuvo
en Yucatán (29.7%), San Luis Potosí (26.9%) e Hidalgo (26.2%). Mientras
que, las entidades con menor registro fueron Morelos (15.1%), Tamaulipas
(16.1) y Baja California (16.2%).
Además, el 36% de la población
que manifestó haber sido ciberacosada y contactada por medio de
identidades falsas con mensajes (34%) y llamadas (22.6%) ofensivas. La
identidad de la persona agresora fue desconocida en el 62.9% de los
casos, conocida en el 21.6% y ambas en el 15.5% de las veces.
Los
medios empleados para efectuar el ciberacoso fueron WhatsApp (39.8%),
Facebook (39.7%) y llamadas de celular (29.3%). En consecuencia, entre
los efectos detectados en la victima se encontró enojo (58.6%),
desconfianza (36.7%) e inseguridad (30.1). Además, el 34.5% de las
mujeres experimentó miedo a comparación del 16% de sus homólogos.
Formas de ciberacoso
Otra
forma que se relaciona con el ciberacoso se encuentra la violencia
verbal u ofensiva asociada a la condición de género o a la apariencia
física; amenazas de muerte, feminicidas o amenazas de violencia física
sexualizada o violación en contra de la víctima o de sus familiares;
incitación en línea a cometer violencia física y sexual en contra de una
víctima; publicación, producción, envío y/o difusión de contenidos
violentos o que retratan a las mujeres como objetos sexuales o las
deshumanizan.
Otras formas pasivas son los discursos de odio sexista; troleo de género (gendertrolling); hackeo de dispositivos y robo de información personal; publicación de información personal (doxxing),
videos o imágenes íntimos o de información falsa para dañar la
reputación de la víctima, de sus hijos/as o personas cercanas; robo y
suplantación de identidad en línea mediante el hackeo de dispositivos
electrónicos de la víctima (online impersonation); uso de memes para viralizar contenido abusivo o estereotipos discriminatorios; sealioning,
el cual consiste en el acoso de una persona con solicitudes
persistentes de evidencia, preguntas y/o invitaciones incesantes de
involucrarse en un debate en línea con un pretendido sentido de
sinceridad y civilidad, a fin de provocar una respuesta agresiva que
pueda ser utilizada para contraatacar.
La violencia en línea
De
acuerdo con el informe de ONU Mujeres, la violencia de género en línea
es un acto de discriminación que se ejerce gracias a la inmediación de
las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TICS), las cuales
afectan principalmente a las mujeres, adolescentes y niñas.
El
ciberacoso puede entenderse también como violencia de género a partir
del articulo 1° de la Convención de Belém do Pará, el cual establece que
“cualquier acción o conducta, basada en su género, que cause
muerte, daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico a la mujer,
tanto en el ámbito público como en el privado”.
También señala que el espacio físico no es el único en donde se ejerce violencia contra las mujeres, esta se define como «las relaciones de poder que se producen y la naturaleza de relaciones interpersonales de las victimas con sus agresores».
De esta manera, la violencia trasciende del ámbito privado a los
espacios en donde participan las mujeres: medios de comunicación,
transporte, centros educativos, hospitales, lugares de trabajo, entre
otros.
De esta forma, la violencia en línea es la «acción o
conducta en contra de la mujer, basada en su género, que le cause
muerte, daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico, económico o
simbólico, en cualquier ámbito de su vida, la cual es cometida,
instigada o agravada, en parte o en su totalidad, con la asistencia de
las tecnologías de la información y comunicación».
La
ciberviolencia en contra de las mujeres encuentra sus raíces en factores
relacionados con el género, las normas sociales relativas a la
masculinidad y la necesidad de afirmar el control o poder masculino, así
como desalentar y castigar a las mujeres por su comportamiento; sin
embargo, al ser en línea destaca la rápida expansión, permanencia, el
registro digital y alcance global.
CIMAC Foto.- Ciudad
de México.- Desde 2022, en México desaparecen en promedio cuatro
mujeres cada día, una cifra que, con el paso del tiempo, se ha acumulado
hasta superar actualmente las 30 mil mujeres desaparecidas, de acuerdo
con el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas
(RNPDNO), lo que refleja la insuficiencia de las acciones del Estado
mexicano para frenar una crisis humanitaria.
Fue en mayo del 2022 cuando México superó las 100 mil personas desaparecidas y entonces había 24 mil 771 mujeres
desaparecidas, es decir, en menos de tres años son 5 mil 260 mujeres
las que han desaparecido, lo que se traduce en 4 mujeres desaparecidas
por día. Cabe señalar que las entidades donde se tenían en ese momento
mayores registrados por desaparición eran: Jalisco, estado de México,
Nuevo León y Veracruz.
Este aumento imparable de desaparición de
mujeres ha sido documentado desde el Registro Nacional de Personas
Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO), cuyas cifras datan desde 1964
al el 30 de julio de 2025, cuando se registraron 131 mil 437 personas
desaparecidas, de las cuales, 30 mil 31 son mujeres y 100 mil 983 son
hombres, lo que evidencia la permanencia de una crisis que no ha sido
contenida.
Las desapariciones de mujeres ocurren en un contexto
diferenciado por razones de género. Aunque, en términos numéricos,
desaparecen menos mujeres que hombres, también son quienes tienen menos
probabilidades de ser localizadas. La mayoría de las desaparecidas son
víctimas de redes de trata y explotación sexual.
De las 32
entidades de la república mexicana, son 10 estados en donde desaparecen
más mujeres que hombres: Estado de México, Tabasco, Aguascalientes,
Campeche, Chiapas, Oaxaca, Hidalgo, Yucatán, Puebla y Tlaxcala.
Tabla elaborada con datos del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO)
Estado de México y Chiapas: epicentros de la crisis
Dos
casos ilustran las desapariciones de mujeres son el estado de México y
Chiapas, entidades que concentran índices de violencia feminicida y
desapariciones. Pese a contar con AVGM, en ambas persiste la impunidad y
la ausencia de resultados contundentes.
En el estado de México,
gobernado por Delfina Gómez (Morena), los casos de mujeres desaparecidas
continúan en aumento. Según datos de Red Lupa, en 2023 se registraron 4
mil 844 desapariciones, cifra que escaló a 5 mil 588 en el año en
curso. La primera AVGM por feminicidio se declaró el 31 de julio de
2015, y en septiembre de 2019 se emitió una segunda alerta —primera en
el país por desaparición— para los municipios de Toluca, Ecatepec, Valle
de Chalco, Chimalhuacán, Nezahualcóyotl, Ixtapaluca y Cuautitlán
Izcalli.
Sin embargo, el presupuesto destinado no ha sido
suficiente. Tanto en 2023 como en 2024, el Congreso local asignó 22.5
millones de pesos para la Alerta por violencia feminicida y la misma
cantidad para la Alerta por desaparición. Aunque no ha disminuido, este
recurso sigue siendo limitado e ineficaz para enfrentar la magnitud del
problema.
En Chiapas, la situación no es mejor, pues la violencia
impacta de manera particular a mujeres indígenas en condiciones de
vulnerabilidad, generando incluso desplazamientos forzados masivos en
regiones como Altos, Norte, Frailesca y Sierra Mariscal. El informe
“Chiapas es un desastre” (2023), del Centro de Derechos Humanos Fray
Bartolomé de las Casas (Frayba), advierte que el estado se ha convertido
en un territorio en disputa por el control político, económico y
territorial entre gobierno, empresas y crimen organizado, lo que ha
intensificado la violencia.
En este contexto, la violencia
machista representa ya el 60% de las desapariciones de mujeres en
Chiapas. Desde 2006, las desapariciones de mujeres superan a las de
hombres, afectando principalmente a adolescentes de 15 años. Pese a la
gravedad, la AVGM declarada en 2016 solo abarcó siete municipios y, a
casi diez años, no ha demostrado efectividad.
La ineficacia
institucional también se refleja en el Consejo Estatal Ciudadano, órgano
previsto en la Ley de Desaparición para Chiapas, que sigue sin
materializarse a más de cinco años de su anuncio.
El incremento
exponencial de mujeres desaparecidas en México, ejemplificado por los
casos de Estado de México y Chiapas, muestra que los mecanismos
implementados para prevención están estancados, como la AVGM y no han
logrado contener la crisis, así como la falta de presupuesto,
coordinación y resultados ha permitido que la violencia, la impunidad y
las desapariciones sigan creciendo, dejando en evidencia la fragilidad
institucional frente a la protección de mujeres, niñas y adolescentes.
Alerta por Violencia de Género
El
Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU ha advertido que estos
casos están frecuentemente relacionados con violencia sexual,
feminicidio, reclutamiento forzado, trata de personas y explotación
sexual, lo que coloca a niñas y jóvenes en una situación de extrema
vulnerabilidad.
Ante este escenario, la Alerta de Violencia de
Género (AVGM) ha sido una de las principales herramientas para enfrentar
la problemática; sin embargo, pese a ser un logro feminista,
actualmente la nueva Secretaría de las Mujeres (Semujeres) no ha sido
capaz de asumir la función de las alertas ante la falta de estructura
administrativa y personal, lo que se tradujo a un retroceso que ha
debilitado la protección estatal de las mujeres, según han señalado
organizaciones civiles.
De acuerdo con el informe sombra «Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres: Ni armonización/ ni coordinación»,
entre 2013 y 2025 se han presentado 56 solicitudes de AVGM, de las
cuales se admitieron 41 solicitudes y solo se han emitido 26
declaratorias de Alerta de Género, para 24 estados:
Dos
en el estado de México (una por violencia feminicida y otra por
Desaparición), Nuevo León, Morelos, Nayarit, Chiapas, Michoacán, dos en
Veracruz (una por violencia feminicida y otra por agravio comparado),
Sinaloa, Colima, San Luis Potosí, dos en Guerrero (una por violencia
feminicida y otra por agravio comparado), Quintana Roo, Zacatecas,
Oaxaca, Campeche, Durango, Jalisco, Puebla, Chihuahua, Sonora, Tlaxcala,
Baja California Estado de México (por desaparición) y Ciudad de México
(Declarada por Gobierno Local).
El Observatorio Ciudadano Nacional
del Feminicidio (OCNF) subraya que estas Alertas son importantes porque
visibilizan la violencia contra las mujeres, activan protocolos de
búsqueda, obligan al Estado a diseñar políticas públicas y exponen la
impunidad institucional. No obstante, persisten fallas es la
coordinación y operatividad de las alertas.
Uno de los principales
obstáculos es la coordinación efectiva entre la federación, los estados
y los municipios que fragmentan la implementación de medidas
recomendadas. A esto suma la falta de voluntad política en gobiernos
locales que impide a los programas trascender más allá de lo discursivo;
así como la alternancia política y los cambios administrativos que
interrumpen los esfuerzos iniciados como la creación de la Semujeres, a
partir de la cual se extinguió la Comisión Nacional para Prevenir y
Erradicar la Violencia Contra las Mujeres (CONAVIM) que se encargaba de
las Alertas por Violencia de Género.
Este
retroceso limita los objetivos de la Ley General de Acceso de las
Mujeres a una Vida Libre de Violencia (LGAMVLV), especialmente en la
protección de la vida, integridad y acceso a la justicia, además de
evidenciar omisión de recursos presupuestarios que garanticen su
implementación.
Otros mecanismos que han mostrado fallas e
ineficiencia son el Protocolo Alba y la Alerta AMBER, mecanismos de
coordinación para la búsqueda inmediata de mujeres y niñas
desaparecidas. Sin embargo, pese a su vital importancia durante las
primeras horas de búsqueda en los estados que cuentan con ellos, el
informe sombra «Desaparición de mujeres, Alerta AMBER y Protocolo Alba: Cuando no hay voluntad para encontrarlas» indica que no han podido aplicarse de manera efectiva debido a una serie de obstáculos.
En
el país se activaron 2 mil 988 Protocolos Alba en 18 fiscalías en donde
se lograron encontrar mil 910 mujeres desaparecidas; sin embargo, de
las 32 entidades federativas, en Hidalgo, San Luis Potosí y Oaxaca, este
no ha sido implementado. Asimismo, a lo largo de 2024, se activaron 871
Alertas Amber en 20 fiscalías locales, aunque de las 32 entidades que
disponen de fichas de búsqueda relacionadas con la Alerta Amber, solo 11
cuentan con un protocolo estatal establecido.
De acuerdo con el
documento, los obstáculos que enfrentan ambos mecanismos son: activación
tardía de las fichas de búsqueda, en algunos casos hasta 72 horas;
falta de difusión y seguimiento de las investigaciones; ausencia de
campañas informativas sobre la activación de los protocolos;
revictimización y minimización de las mujeres desaparecidas; dificultad
de acceso a información sobre el seguimiento de las búsquedas;
ineficacia en la clasificación de activaciones; falta de capacitación y
sensibilización para las y los operadores; carencia de acompañamiento a
víctimas y familiares; así como fallas en la coordinación de los
mecanismos.
Ante estas obstrucciones, el informe demanda:
armonizar el Protocolo Alba y la Alerta AMBER en todos los estados de la
República; conformar Comités Técnicos que informen resultados de manera
periódica; homologar los criterios de activación, eliminando requisitos
discrecionales y estableciendo un plazo máximo de 24 horas; así como
fortalecer la transparencia y el acceso a la información, exigiendo que
las fiscalías publiquen sus resultados.
Fuente: CIMACFoto, Diana Hernández Gómez y Berenice Chavarría Tenorio.-Ciudad
de México.- La Asociación para el Desarrollo Integral de Personas
Violadas A.C. (ADIVAC), señaló que el Estado mexicano acudió a rendir
cuentas, ante la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de
Discriminación contra la Mujer (CEDAW, por sus siglas en inglés), pero
olvidó mencionar una de las realidades más violentas que siguen
ocurriendo bajo su omisión y negligencia que es: México ocupa el primer
lugar dentro de los países de la Organización para la Cooperación y el
Desarrollo Económico (OCDE)’ en embarazos forzados y matrimonios
infantiles.
En junio de este año, con registros de la Secretaría
de la Salud, se hizo pública una lista de 30 nacimientos en donde las
edades entre las madres y los padres es abismal. La lista se viralizó en
redes sociales y medios de comunicación desde la perspectiva de «las madres más jóvenes del 2024», invisibilizaron que se tratan de niñas que sufrieron violencia sexual y quienes probablemente están en un matrimonio forzado.
Entre
las edades de las mujeres que rondan en la lista se encuentran de 10
años hasta los 12 años; mientras que las edades de los padres rondan
entre los 13 hasta los 65 años. De estos solo 7 hombres son menores de
edad y 23 son jóvenes, adultos y personas mayores. Asimismo, la mayor
diferencia de edad es de 53 años en el caso de una niña de 12 y un
adulto mayor de 65 años en el municipio El Oro, ubicado en el Estado de
México.
Por otro lado, los estados en donde más se registraron
estos casos fueron: Chiapas (Comitán de Domínguez, Ocosingo, Tuxtla
Gutiérrez y Chiapa de Corzo), Guerrero (Acapulco, Chilpancingo de los
Bravos y Chilapa de Álvarez) y Puebla (Puebla, Izúcar de Matamoros y
Tehuacán). Aunque, en casi todas las entidades de la república se
registró al menos un caso, lo que pone en relieve que esta situación
acontece de manera generalizada en México.
Una segunda lista se hizo pública; sin embargo, estuvo enfocada en «30 nacimientos con la mayor diferencia de edad entre padres» mostrando
a mujeres entre los 16 años y los 49 años; mientras que la edad de los
padres ronda entre los 72 años y los 97 años, siendo que la mayor
diferencia de edad se registró en 75 años que abarca el caso de una
joven de 22 años y el adulto mayor de 97.
De la misma forma, estos
nacimientos casos ocurrieron en Guerrero (Arcelia, San Luis Acatlán y
Ayutla de los Libres), Estado de México (Otzolotepec y Toluca), Puebla
(Acatzingo, Zacapoaxtla y Puebla) y Baja California (Mexicali y
Tijuana).
ADIVAC,
mencionó que esta «violencia sexual institucionalizada», está
documentada desde la Secretaría de Salud (SSa) la cual reporta una tasa
de fecundidad de 77 nacimientos por cada mil adolescentes entre 9 y 19
años. Sin embargo, en ninguno de estos casos se activó el protocolo de
la Norma Oficial Mexicana 046 ni se dio aviso al Ministerio Público para
que se investigaran como delitos sexuales.
Los cuales se
persiguen de oficio, pero es necesario iniciar una carpeta de
investigación. Adivac mencionó que en 2024, la Secretaría de Salud,
documentó 7 mil 975 partos de niñas entre 10 y 14 años. De esos, 30
niñas de entre 10 y 12 años tenían parejas de hasta 65 años.
La
Asociación para el Desarrollo Integral de Personas Violadas A.C., señaló
al Estado mexicano en esa misma comparecencia ante la Cedaw donde
tampoco mencionó que México ocupa el octavo lugar a nivel mundial en
matrimonios infantiles y uniones tempranas, porque se calcula que un
millón 420 mil niñas y adolescentes están unidas o casadas antes de los
18 años.
Desde ADIVAC, autoconsiderada como organización
feminista, de derechos humanos y con décadas de trabajo con mujeres y
niñas que han vivido violencia sexual, exigen a la Secretaría de las
Mujeres federal, al Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas,
Niños y Adolescentes (SIPINNA), al Sistema Nacional para el Desarrollo
Integral de la Familia (DIF), a las fiscalías especializadas en Delitos
de Violencia de Género, a los tribunales de Justicia, a la Secretaría de
Salud y, especialmente, a la presidenta de México: mirar lo que ocurre
con las niñas y adolescentes mexicanas quienes son obligadas a unirse
con sus agresores bajo «usos y costumbres», violentando su derecho a una
vida libre de violencia.
Además solicitaron que se realice un
diagnóstico profundo y sin simulación sobre los resultados de la
Estrategia Nacional para la Prevención del Embarazo en Adolescentes
(ENAPEA) 2019-2024. Que se articulen acciones reales,
interinstitucionales sin corrupción ni negligencia para reducir de
manera efectiva el matrimonio forzado (esclavitud), la violencia sexual,
la trata de personas y los embarazos en niñas.
Que se reintegre y
audite el presupuesto destinado a esta problemática del Fondo para el
Bienestar y el Avance de las Mujeres -(FOBAM), 2019-2024, y se revisen
las prácticas de las consultoras que lo han operado y que el Sistema
Nacional de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes (SIPINNA), a nivel
federal y locales, actúe con congruencia, con el principio del interés
superior de la niñez, y se pronuncie pública ante esta emergencia.
ADIVAC
recalcó que en México, las niñas siguen siendo víctimas de violencia
sexual y trata, disfrazada de matrimonio, y eso «es inaceptable». Por
eso solicitaron a las autoridades voluntad; a la sociedad civil
organizada, «no callar» porque «
¡Las niñas no se tocan, no se violan, no se venden, no se casan!
Es
preciso recordar que México suscribió la Convención sobre la
Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer
(CEDAW, por sus siglas en inglés) en 1979, y la ratificó el 23 de marzo
de 1981».
Con
ello, nuestro país se comprometió —ante el mundo- a garantizar la
igualdad sustantiva entre hombres y mujeres, a eliminar la
discriminación directa e indirecta y a proteger de manera prioritaria a
niñas, adolescentes y mujeres.
México y la deuda pendiente con las niñas
De
acuerdo con el informe sombra ‘Matrimonio forzado, venta y embarazo de
niñas y adolescentes’ enviado ante la CEDAW para la comparecencia del
Estado mexicano en su X informe periódico, los matrimonios y las uniones
infantiles tempranas y forzadas (MUITF) son fenómenos que se relacionan
con las desigualdades de género, violencia, pobreza, abandono escolar,
embarazo adolescente, marcos legales y políticas inadecuadas que ponen
en riesgo a las niñas y adolescentes.
Las abismales diferencias
entre las edades de una mujer y su conyugue revelan que muchas se casan
con hombres mayores cuando aún son adolescentes de entre 15 a 19 años.
Esto toma relevancia al considerar que cuando las infancias comienzan un
matrimonio, este repercute en su capacidad de alcanzar o abandonar
hitos de transición hacia la vida adulta.
«El
matrimonio infantil y las uniones tempranas son prácticas
perjudiciales, nocivas que tienen un impacto negativo en el desarrollo
integral de las niñas y adolescentes, exponiéndolas a violencia, el
abuso sexual, sobrecarga de trabajo de cuidados, así como de explotación
en el trabajo doméstico y agrícola», apunta el informe.
Otro
de los apuntes que hace el informe es que los matrimonios infantiles en
áreas rurales no tienen la misma connotación cultural y social, incluso
en contextos de pobreza la situación se agrava. Por ejemplo, el 30.9%
de las mujeres en zonas rurales se casaron antes de los 18 y solo el 19%
lo hicieron las mujeres en zonas urbanas.
El Censo 2020 del INEGI
demuestra que a nivel nacional 27 mil 800 mujeres indígenas de 12 a 17
años estaban casadas o en unión conyugal, representando el 7.5% de la
población femenina indígena en ese rango de edad, de las cuales el 1.2%
eran niñas entre los 12 y 14 años.
En la Montaña de Guerrero, una
de las regiones más pobres y marginadas de México, las niñas indígenas
se enfrentan a matrimonios forzados desde los 12 años, transaccionadas
mediante trueques bajo usos y costumbres patriarcales. A veces, el
intercambio se da económicamente por 250 mil pesos con la complicidad de
autoridades locales.
«Las
víctimas son sometidas a esclavitud doméstica y violencia, sin acceso a
educación ni protección. La pobreza extrema, la omisión estatal y la
falta de políticas públicas perpetuán esta violación sistemática de
derechos humanos (…) sin que existan mecanismos efectivos para
erradicarla», denunció el informe.
Yeshua N., Jorge N. y Ángel N. denunciados como agresores sexuales..-La mujer de 22 años denunció la violación en manada después del cierre de un antro en Campeche,
por lo que fueron formalmente procesados los agresores.
El caso de violación grupal en Campeche alentó a otras víctimas a denunciar sus casos
Agencias
San
Francisco, CAM. Cielo tiene 22 años edad y el 30 de marzo de 2025 salió
de fiesta con sus amistades en San Francisco, Campeche. La primera
parada fue un antro, pero al cierre del establecimiento decidieron ir
de after party o seguir la fiesta. Fueron al departamento de la
joven y ahí Yeshua N., Jorge N. y Ángel N. presuntamente la violaron en
manada.
El 31 de marzo, horas después de la agresión sexual, la
joven acudió a denunciar al Centro de Justicia para la Mujer de la
fiscalía general del Estado de Campeche (FGECAM). Se inició la carpeta
de investigación CI-2-2025-448. Las autoridades determinaron que sufrió
una violación equiparada tumultuaria y el 15 de abril se giraron las órdenes de aprehensión.
De los tres responsables, el 10 de julio, casi cuatro meses después, arrestaron a Ángel en Campeche.
Luisa Elizabeth Rodríguez Berzunza es
la madre de Cielo y es quien se ha enfrentado a las autoridades para
exigir justicia para su hija. Vivía en Playa del Carmen, Quintana Roo, y
decidió vender su casa y mudarse a Campeche para acompañar y cuidar de
su hija.
“Mi hija me avisa en la madrugada, yo viajo y llegué el
día 31 en la madrugada. La llevó al Centro de Justicia para la Mujer a
poner la denuncia contra los agresores, esperamos unas horas y ahí fue
que aprendí que un 58 es una violación, junto con mi hija había otras
mujeres que estaban esperando ser atendidas”, relató
Liz, como
prefiere que le llamen, tocó las puertas de la titular de la Secretaría
de Gobierno, Liz Hernández; de la directora de Participación Social y
Comunitaria y también sobrina de la gobernadora de Campeche, Layda
Sansores San Román, Martha San Román, y del titular de la FGECAM,
Jackson Villacis.
“Mi hija empezó a declarar y dos funcionarias
preguntaron el nombre de los agresores, y una dijo que no creía que
fueran ellos. Mi hija renunció de los abogados de oficio el 4 de abril y
contratamos otros, ha sido un calvario el andar”, expresó.
Organizó
una marcha el 20 de mayo y en compañía de amistades y familiares
caminaron al Palacio de Gobierno de Campeche. Esperaba ser recibida por
la gobernadora, Layda Sansores San Román, a quien intentó contactar en
varias ocasiones a través de las redes sociales. A la fecha, se le ha
negado una audiencia.
Los presuntos responsables, Yeshua, Jorge y Ángel están relacionados con familias vinculadas al trabajo de función pública.
«Tienen
relaciones políticas, trabajaron para Morena en la campaña de una
candidata para presidenta municipal Jamile Moguel y también sé que la
mamá de Yeshua trabaja en comunicación en el Gobierno del Estado”,
expresó la mamá de Cielo.
El 30 de junio se cumplieron 90 días de
la presunta violación en manada. Tres meses en que Cielo y su mamá están
luchando para que no quede impune. En ese trayecto, el 16 de mayo, Liz
decidió hacer pública la violación para pedir el apoyo de la ciudadanía y
dar con los responsables. A la par, acudió al Congreso del Estado de
Campeche para pedir la intervención de los diputados.
“No es fácil hablar de una violación tumultuaria hacia tu hija, pero no nos vamos a callar”, apuntó.
Otras jóvenes denuncian el mismo modus operandi
Pero
Cielo no es la única. Entre los mensajes que recibió, otras jóvenes
aseguraron que fueron víctimas de Yeshua, Jorge y Ángel. Su forma de
operar era aprovechar los after party para violar y abusar sexualmente de las mujeres.
Las
jóvenes decidieron no denunciar por vergüenza, otras más para no
decirle a sus familias. Yeshua, por ejemplo, ya había sido exhibido en
un tendedero de denuncias del 8M en la Universidad Autónoma de Campeche.
Liz
tiene claro que su hija no es la culpable, que verla llorar, gritar,
tener crisis y no dormir tras la violación es algo que no le desea a
ninguna madre y a ninguna mujer. A Cielo le cambiaron la vida, no se la
quitaron.
“Nadie más que yo sabe lo que son las crisis en la
noche, lo que es curar a tu hija, levantarla, ver como grita, que no
pueda escuchar música, porque nadie más que yo está viviendo esto. Nos
está costando levantarnos, pero no vamos a callarnos. Mi hija tiene un
temple fuerte, es valiente, se levantó y denunció porque no podía
permitir que siguieran haciendo esto a más jóvenes”, sentenció.
Cielo
y su madre seguirán insistiendo por justicia, le han escrito a la
presidente de México, Claudia Sheinbaum Pardo con la esperanza de que
intervenga en el caso.
**El nombre de la denunciante fue modificado para cuidar de su integridad.
.-Ciudad
de México.- Aunque hay escasos escritos históricos sobre
las contribuciones de las mujeres afrodescendientes y afrocosteñas
sus expresiones sociales y culturales legado y herencia de sus ancestras
negras están presentes en México a través de sus letras en poemarios
que nos llevan a leerlas «desde lo negro», como lo menciona Aleida
Violeta Vázquez Cisneros, con todo el entronque político e histórico que
enmarca esta frase.
A pesar de su importancia como constructoras
de la igualdad, las mujeres afrocosteñas son particularmente vulnerables
a la desigualdad social y económica, suelen tener menos acceso a la
educación, empleos formales y servicios de salud, lo que perpetúa ciclos
de pobreza, según estudios de la Comisión Nacional de los Derechos
Humanos (CNDH), no obstante no solo han logrado sobrevivir a un sistema
que las excluye sino que han transformado la historia de las comunidades
costeñas en el país.
En las costas del pacífico mexicano y del
Golfo de México, han vivido por más de cinco siglos las mujeres
afrocosteñas, descendientes de África fueron traídas en condición de
esclavas a México durante el Virreinato en el siglo XVI y se
asentaron principalmente en las costas de los estados de Veracruz,
Tabasco, Guerrero, Oaxaca y Chiapas,
En el 2023 había más de un
millón y medio de mujeres que se identificaban como afromexicanas, según
datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) y de
acuerdo con el Catálogo Nacional de Pueblos y Comunidades Indígenas y
Afromexicanas publicado en el Diario Oficial de la Federación el
nueve de agosto del 2024 por parte del Instituto Nacional de los Pueblos
Indígenas (INPI) existen 445 comunidades afromexicanas, se emplean
principalmente en el comercio informal, como agricultoras, artesanas y
en la pesca, además asumen roles de cuidado no remunerados.
Mujeres Afromexicanas en Movimiento
han exigido verdaderas políticas antirracistas que combatan las
profundas desigualdades que enfrentan y no sólo discursos y políticas
emergentes de corto plazo, agregaron que las afromexicanas seguiran
trabajando por una vida digna; impulsadas por la fortaleza, la noción de
libertad y de dignidad ancestral implantada por las mujeres negras que
caminaron antes que ellas.
La poesía afrocosteña
Las
afrocosteñas han sostenido históricamente a las comunidades de las
costas, desde las prácticas de sus saberes ancestrales hasta su firme
liderazgo comunitario. Tal es el caso de Aleida Violeta Vázquez
Cisneros, mujer afromexicana de Cuajiniculapa, Guerrero, defensora,
gestora cultural, escritora y poeta. Poseedora de saberes ancestrales,
los cuales manifiesta desde los diez años a través de la literatura.
Vázquez
Cisneros, usa la escritura para visibilizar las violencias que viven
las mujeres afrocosteñas en México, recientemente lanzó su primer libro
de poesía afromexicana titulado con su nombre: Aleida Violeta Vázquez Cisneros, un conglomerado de versos que rememoran las voces de sus ancestras negras.
Aleida
no soñó con ser poeta, no porque no pudiera, sino porque en su
comunidad la poesía no vino en forma de libros ni se escribió con tinta,
allí se dice, se canta, se improvisa y se hereda.
“este
poemario lo describo como un sueño que no sabía que tenía y es que para
mí hacer poesía o decir versos es parte de mi cotidianidad, donde hay
una tradición oral que no ha necesitado de la palabra escrita para
sobrevivir”
Aleida Violeta Vázquez Cisneros
Ante
la falta de registros escritos, las afrocoteñas han resistido y
sobrevivido a través de la oralidad, no sólo como un recurso cultural,
sino como una forma de preservación identitaria frente a la
invisibilidad.
La escritora creció rodeada de mujeres
afrodescendientes que marcaron su vida y su forma de escribir. Aunque
sus primeros versos no hablaban directamente sobre la afromexicanidad,
con el tiempo entendió que la discriminación y el rechazo al color de
piel oscuro que hay, incluso dentro de su población, forma parte de la
violencia estructural que opera sobre las y los afros y en especial
sobre los cuerpos de las mujeres afromexicanas.
“
yo escribo desde lo negro, desde mi tierra y desde mis ancestras,
porque hacer poesía de este tipo es resistencia ya que transita entre la
métrica y rima del verso popular costeño y otras piezas de estilo
libre, donde mi principal objetivo es ponerlos al servicio de nuestras
comunidades y de nuestra memoria”.
Uno
de sus poemas más populares que escribió para honrar la memoria de su
abuela pero también como respuesta desde el orgullo de ser
afrodescendiente al racismo que ha enfrentado desde que era niña y que
se incluye en este poemario es:
No me avergüenza ser negra
A ti que me dices negra
con intención de ofender
ponle frenos a tu lengua
no te vaya a hacer caer
pues Dios a mí me hizo negra
y de hermoso parecer
pa’ que el mundo se alegrara
contemplándome a placer
Llevo en la sangre candela
y en mi pecho algarabía
mis ojos son dos lumbreras
que desbordan alegría
son herencia de mi abuela
que de niña me decía:
¡no me avergüenza ser negra!
¡soy fuerza, fulgor y vida!
Aleida Violeta Vázquez Cisneros
CEO
En
el 2024 fue ganadora del Premio Nacional a la Promoción de los Derechos
de las Mujeres Afromexicanas por parte del INPI y el Gobierno de
México, resultado del compromiso inquebrantable con el fortalecimiento y
la promoción de los derechos individuales y colectivos de las mujeres
afromexicanas, con un enfoque integral que incorpora la perspectiva de
género, antirracista y pertinencia cultural. A pesar de su reconocida
trayectoria dentro del activismo, manifiesta que hasta el momento no ha
sido becada o reconocida por su camino artístico, ya que existen
obstáculos dentro de la literatura, porque aún se rige desde la
perspectiva eurocéntrica que excluye el tipo de poemas que ella
escribe.
“Nos
enseñan que el arte debe hacerse desde lo blanco, desde lo Europeo, no
desde nuestras historias ni nuestra memoria colectiva”.
– Aleida Vázquez
Vázquez
Cisneros no se formó en instituciones artísticas. Su escuela ha sido la
costa, la palabra de sus ancestras y la musicalidad del verso costeño.
Las costas y el cambio climático
Es
importante señalar que ante un desastre natural las mujeres y las niñas
tienen 14 veces más probabilidades de morir debido a las diferencias
de género y a las desigualdades existentes relacionadas con sus derechos
económicos y sociales, esto de acuerdo con Mujeres, desastres y pobreza.
Circunstancia
que pone en desventajas a todas las mujeres afrocosteñas principalmente
en la obtención de ingresos económicos, ya que se se ven limitados.
Esta
situación que ha quedado al descubierto tras en paso del huracán Erik
en el mes de junio, el cual tocó tierra como categoría 3 las costas de
Oaxaca y Guerrero, con fuertes vientos que dejó a familias
afrodescendientes a la intemperie, algunos sin hogar y a la mayoría sin
techos, además de estar incomunicados y sin energía eléctrica por más de
20 días.
Ante la crisis sanitaria que enfrentan actualmente, la Colectiva de Mujeres Afromexicanas en Movimiento (MUAFRO) señaló que
«Esta
devastación es consecuencia directa, no solo del cambio climático sino
también del racismo estructural, institucional y sistémico que ha
mantenido al margen del desarrollo al Pueblo Afromexicano. Y que, como
en todas las contingencias, las mujeres seremos las que tendremos las
mayores cargas».
Cabe señalar que en el año 2024 concluyó el
primer Decenio Internacional para las Personas Afrodescendientes
(2015-2024), proclamado por la Asamblea General de la ONU para promover
el reconocimiento, la justicia y el desarrollo de las personas
afrodescendientes, ONU Mujeres México señaló que aún quedan muchos
pendientes para cumplir con el objetivo de reforzar las acciones y
medidas que garantizan el pleno ejercicio de los derechos económicos,
sociales, culturales, civiles y políticos de las personas
afrodescendientes, así como su participación plena y equitativa en la
sociedad.
.-De acuerdo con la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia (LGADMVLV),
la violencia política contra las mujeres en razón de género (VPMRG) es
toda acción u omisión que tenga por objeto o resultado limitar, anular o
menoscabar el ejercicio efectivo de los derechos políticos y
electorales de las mujeres, con base en elementos de género, es decir,
cuando se dirijan a una mujer por su condición de mujer.
Las
expresiones de la VPMRG son diversas y los agresores pueden ser agentes
estatales, superiores jerárquicos, colegas de trabajo, dirigentes de
partidos políticos, militantes, simpatizantes, precandidatas,
precandidatos, candidatas o candidatos postulados por los partidos
políticos o representantes de los mismos; medios de comunicación y sus
integrantes, por un particular o por un grupo de personas particulares.
La
VPMRG no es aislada, también presenta otras violencias como la
psicológica, la física, la comunitaria, la institucional, incluso la
feminicida.
En el caso de los medios de comunicación, se suman
otros tipos de violencia también reconocida en la LGAMVLV, como es la
violencia digital, es decir, la que se comete mediante el uso de
tecnologías de la información y la comunicación y la violencia mediática
que sucede a través de cualquier medio de comunicación.
Ambas
involucran la difusión de informaciones, imágenes y videos cuyo
contenido puede menoscabar la identidad de las mujeres, les causan daño
psicológico y emocional, atentan contra la igualdad y su autoestima, así
como salud, integridad, libertad y seguridad, promueven estereotipos
sexistas, hacen apología de la violencia machista.
Estas
violencias se presentan de manera recurrente. De acuerdo con el
Instituto Nacional Electoral (INE), en 2024, se recibieron 209 quejas
por VPMRG, 42 por ciento de los ataques sucedieron en redes sociales, 18
por ciento en medios de comunicación. Los medios de comunicación se
posicionan en la lista de los tres agresores principales, 13 por ciento
servidores públicos, 11 por ciento integrantes de partidos políticos y
10.5 por ciento medios digitales.
La violencia que sucede desde
los medios de comunicación presenta al menos tres características. Por
un lado, como señala Amelia Várcarcel (1997), las mujeres que participan
para ocupar un cargo público y cuentan con una trayectoria dentro de
este ámbito, habitualmente no son reconocidas por parte de algunos
actores políticos, enfrentando el “techo de diamante”, la representación
mediática desigual y sexista naturaliza la exclusión de las mujeres del
espacio político.
El avance político de las mujeres se enfrenta
al sexismo en los medios que ha observado y narrado el poder político en
masculino. Aunque las mujeres políticas ocupan un 50 por ciento de los
espacios en la toma de decisiones, su presencia mediática no supera el
21 por ciento, donde las noticias reproducen estereotipos de las mujeres
como alejadas del espacio público, narran la paridad como un capricho
de las mujeres, cuestionan su vida privada y sexual con diferentes
formas de ridiculización, recurren a lenguaje que las invisibiliza con
el masculino genérico, que violenta incluso su derecho a participar en
condiciones de igualdad.
En segundo lugar, el abordaje que
realizan los medios de la VPMRG cuando las mujeres políticas son
amenazadas, agredidas de diferentes formas e incluso asesinadas en
campaña o en el ejercicio de los cargos, se presenta desligada de su
acción política, con una exposición del cuerpo violentado y sexualizado
de las víctimas, con narrativas que justifican la violencia y la duda
sobre sus denuncias.
Una tercera expresión de la VPMRG desde los
medios es cuando éstos son agresores directos de las mujeres en la
política con publicaciones especificas donde se refieren de manera
despectiva sobre ellas como el caso del Medio Contraparte en Puebla (Expediente: SCM-JDC-838/2018
y acumulado parte actora: Violeta del Pilar Lagunes Viveros y Fabian
Gómez Hernández por citar un caso), en el que los medios han sido
sancionados por menoscabar los derechos políticos de las mujeres.
Sin
embargo, recientemente, existen casos que nos llevan a revisar el papel
de los medios y las políticas por un uso indebido de la VPMRG.
Por
un lado, contra la ciudadanía como lo es el caso reciente de Karla
María Estrella Murrieta, quien deberá disculparse públicamente en su
cuenta de X durante 30 días, publicar un extracto de la sentencia, pagar
una multa económica, tomar cursos de violencia en razón de género e
inscribirse en el Registro Nacional de Personas Sancionadas en Materia
de Violencia Política contra las Mujeres en Razón de Género, debido al
post que escribió sobre una diputada federal.
Por otro lado, los casos directos contra periodistas donde son sentenciados por VPMRG por ejercer la libertad de prensa.
La
construcción teórica del tipo de VPMRG y de todas las violencias, así
como de la creación de protocolos y procedimientos de denuncia, es una
conquista del movimiento amplio de mujeres en la lucha por los derechos
políticos. El uso de la VPMRG para inhibir la libertad de expresión
constituye no solo un atentado a esa lucha si no a la misma democracia.
Las
mujeres periodistas han sido las aliadas históricas para la defensa de
los derechos políticos de las mujeres. Las periodistas sufragistas de
hace más de un siglo abrían espacio en sus medios para la exigencia de
la igualdad política y social. Hoy, otras tantas periodistas son quiénes
posibilitan el reconocimiento de permanencia en el espacio público,
pues son ellas quien producen noticias que cuestionan las desigualdades y
violencias que viven.
Por ello, se requiere corresponsabilidad.
Mientras las periodistas reconocen el derecho de las mujeres a
participar en la política, las políticas deben reconocer la necesidad de
un periodismo libre y crítico para la democracia genérica, como Marcela
Lagarde lo señala.
La violencia envía un claro mensaje a todas: no eres bienvenida.
Los
medios son espacios de poder que contribuyen y refuerzan el sistema
patriarcal; pero también son la herramienta que puede acercarnos a la
igualdad.
Se debe romper la impunidad y permisividad social de la
violencia contra las mujeres, de todas, las periodistas y las políticas
en una responsabilidad compartida por la defensa de nuestros derechos.
X de Nayib Bukele.-Ciudad
de México.– Tras 25 años de operaciones, Cristosal, una de las
principales organizaciones dedicadas a denunciar la corrupción y las
violaciones a los derechos humanos en El Salvador, ha anunciado la
suspensión de sus labores y el abandono del país, ante la creciente
criminalización contra defensoras de derechos bajo el régimen del
gobierno de Nayib Bukele, señalado por diversas organizaciones de
silenciar sistemáticamente a quienes critican su régimen y además exigen
la liberación de la defensora Ruth López.
Uno de los casos más
representativos de esta represión es el de Ruth López, directora
anticorrupción de Cristosal, detenida el 18 de mayo por presunto
enriquecimiento ilícito. Tanto ella como la organización han negado las
acusaciones, denunciando que se trata de una venganza política debido a
sus investigaciones y a su voz crítica frente a un gobierno que presume
un aparente progreso.
El 4 de junio se llevó a cabo la audiencia
inicial en contra de Ruth López, defensora de derechos humanos, quien
fue detenida con una serie de irregularidades, se documentó que ha
tenido cambio el supuesto delito, problemas en el debido proceso y
presunción de inocencia.
De
acuerdo con Iniciativa Mesoamericana de Mujeres Defensoras de Derechos
Humanos (IM-Defensoras), tan solo en marzo de 2024, se contabilizaron
923 agresiones contra 23 defensoras y 2 organizaciones o grupos que de
igual manera representó el 13% de las 7 mil 345 agresiones registradas
en el conjunto del año.
Las agresiones tuvieron como principal
objetivo a las defensoras de derechos de las mujeres a una vida libre de
violencia (26%), de la tierra y el territorio (23%), de la
participación política (15%) y de la libertad de expresión (15%).
Además, IM-Defensoras identificó discriminación por razones de género en
más de la mitad de las agresiones documentadas.
Para
IM-Defensoras, estas agresiones buscan desarticular el poder colectivo
de las defensoras, generar afectaciones que limiten su derecho a
manifestarse pacíficamente e infundir miedo para que se abstengan de
participar en movilizaciones futuras.
Cabe señalar que desde su
llegada al poder en 2019, Bukele comenzó a sentar las bases de un
gobierno autoritario, que se consolidó en 2022 con la implementación del
estado de excepción bajo el argumento de combatir a las pandillas. Sin
embargo, esta medida provocó un recrudecimiento de violaciones a
derechos humanos y casos de tortura por parte del Estado, denunciados
por defensoras y periodistas, quienes han sido amenazadas, obligadas al
exilio o incluso criminalizadas. De acuerdo con la Organización Mundial
Contra la Tortura, al menos 34 personas defensoras de derechos humanos
permanecen encarceladas en el país.
Para Cristosal, este hecho
representó el “punto de quiebre” que los obligó a cesar sus actividades
en el país. No fue el único caso de hostigamiento, pues integrantes del
equipo también denunciaron vigilancia e intimidaciones por parte de la
policía.
En el marco del régimen de excepción en El Salvador, Amnistía Internacional (AI), señaló que
«Las
autoridades salvadoreñas han cometido violaciones masivas de derechos
humanos, entre ellas miles de detenciones arbitrarias y violaciones al
debido proceso, así como tortura y malos tratos, y al menos 18 personas
han muerto bajo tutela del Estado, dijo Amnistía Internacional hoy, tras
llevar a cabo una investigación de crisis en el país».
La
represión no ha sido exclusiva contra defensoras de derechos humanos,
sino que también ha impactado de manera severa a periodistas. El pasado 1
de junio, el medio El Faro El Salvador anunció que todos sus
integrantes se exiliarían en Guatemala, ante el temor de detenciones
arbitrarias, tras publicar una investigación que reveló acuerdos entre
pandillas y el gobierno de Bukele. El primer capítulo, titulado “Las confesiones de Charli”, fue publicado el 1 de mayo, y generó una reacción violenta del gobierno.
En su fotoreportaje “Retrasos de un nuevo exilio”, El Faro
El Salvador documentó la difícil situación de sus periodistas,
señalando que, hasta el 13 de junio, al menos 40 habían sido recurrido
al desplazamiento forzosado, de acuerdo a la Asociación de Periodistas
de El Salvador, lo cual definió como un “éxodo masivo”. Aunque se
desconoce el número exacto de defensoras y defensores exiliados tras la
detención de Ruth López, se sabe que muchos también han abandonado el
país por seguridad, tal y como los integrantes de Cristosal.
Una
de las periodistas exiliadas es Aracelí, quien llegó a Guatemala el 8 de
junio, confesó que uno de los principales motivos de su salida fue
proteger a su familia, ante el temor de represalias. «A través de este
trabajo podemos ser testigas del miedo, el cansancio y la ansiedad que
embarga a aquellas mujeres que han tenido que abandonar su país por su
labor de defensa», afirmó.
Aunque esta crisis se ha agravado desde
2022, el hostigamiento contra Cristosal y medios críticos comenzó mucho
antes, con acciones encubiertas como el espionaje mediante Pegasus,
un software desarrollado por la empresa israelí NSO Group para
infiltrar dispositivos móviles. Aunque fue diseñado para combatir el
terrorismo, se ha documentado su uso contra activistas, periodistas y
figuras de oposición en varios países, incluido El Salvador.
Tanto Cristosal como El Faro
han sido blanco de este espionaje. En el caso del medio, se detectó la
intervención de los teléfonos de 22 periodistas, según una investigación
realizada entre septiembre y diciembre de 2021 por Citizen Lab,
laboratorio de ciberseguridad de la Universidad de Toronto.
“No
nos ha sorprendido sabernos intervenidos, sino la cantidad, frecuencia y
duración de estas intervenciones. Casi todo El Faro fue espiado. Todo
apunta, según los peritajes, al gobierno salvadoreño”, denunció el medio.
Otro
factor clave que ha acelerado este éxodo es la Ley de Agentes
Extranjeros, aprobada el 20 de mayo de 2025 por la Asamblea Legislativa,
dominada por el partido oficialista Nuevas Ideas. La legislación obliga
a cualquier persona o entidad que reciba financiamiento internacional a
registrarse como “agente extranjero” ante el Ministerio de Gobernación y
Desarrollo Territorial. Aunque el gobierno sostiene que la ley busca
fomentar la transparencia, organizaciones como Human Rights Watch han
advertido que en realidad otorga al Estado amplias facultades para
controlar, estigmatizar y sancionar a medios y organizaciones
independientes.
La ley contempla multas, suspensión o cancelación
de la personería jurídica para quienes no se registren, además de un
impuesto del 30 % sobre todo financiamiento extranjero, incluidas
donaciones y pagos.
“La
Ley de Agentes Extranjeros busca silenciar a quienes denuncian la
corrupción, las violaciones a los derechos humanos y las negociaciones
secretas entre los líderes de las pandillas y el gobierno de Bukele”,
afirmó Juanita Goebertus, directora para las Américas de Human Rights
Watch.
A pesar del clima de persecución, Cristosal ha
reafirmado su compromiso con la defensa de los derechos humanos, y
continuará su labor desde el exilio, enfrentando la censura y el
hostigamiento de un gobierno que ha vulnerado la dignidad de defensoras,
defensores y periodistas.
“Por
Ruth López, por Alejandro Henríquez, por José Ángel Pérez, por Enrique
Anaya, por cada víctima del régimen, por cada persona silenciada o
desaparecida, por cada madre que aún espera justicia: Cristosal no se
detiene. Sigue. Más libre. Más firme. Más necesaria que nunca”, concluyó
Cristosal
El Salvador, país que viola derechos humanos de mujeres
En
El Salvador, el aborto está completamente penalizado desde 1988, sin
excepciones incluso en casos de violación, incesto o cuando la vida de
la mujer o niña embarazada está en peligro. Esta legislación ha tenido
consecuencias devastadoras, pues ha costado la vida de muchas mujeres y
niñas, y ha llevado a otras a enfrentar sentencias de hasta 40 años en
prisión.
El pasado 14 de enero, la Corte Interamericana de
Derechos Humanos (CoIDH) declaró a El Salvador responsable por vulnerar
los derechos fundamentales de Beatriz, una mujer con un embarazo de alto
riesgo, a quien el Estado le negó la posibilidad de abortar, ya que no
está legalizado en el país. Actualmente, este caso es un ejemplo de la
situación que viven las mujeres en Latinoamérica ante la prohibición del
aborto.
El 20 de diciembre del 2024, la decisión de la CoIDH
estableció que el Estado salvadoreño violó su derecho a la salud, a la
protección jurídica, a la vida privada, y a la integridad personal de
Beatriz y su familia.
De acuerdo con el informe del Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA)
documentó que la cifra de niñas y adolescentes embarazadas en El
Salvador fue de 10 mil 352 en 2022, por lo que se ubica entre los
primeros 50 países, de 236, con el mayor número de embarazos entre los
10 y 19 años.
Actualmente no se dispone de una cifra exacta sobre
el número de abortos realizados en El Salvador. Sin embargo, según datos
proporcionados por Amnistía Internacional, entre 2005 y 2008 se
registraron 19 mil 290 abortos en el país, de los cuales más de una
cuarta parte involucraron a mujeres menores de 18 años.
Ante la
prohibición total del aborto en El Salvador, la ONU ha exigido al país
cumplir con sus obligaciones internacionales en materia de derechos
humanos y poner fin a esta restricción absoluta. A pesar de estas
recomendaciones, las mujeres salvadoreñas continúan enfrentando las
consecuencias de un sistema que les niega el acceso a un aborto seguro y
gratuito, poniendo en riesgo su salud e integridad.
.-Ciudad de México.- En la miniserie «Ángela»,
la protagonista experimenta diferentes episodios de violencia por parte
de su pareja y padre de sus dos hijas, aunque intenta esconder la
situación frente a sus cercanas, es percibida con facilidad: ella se ha
retraído, tiene menos contacto con el exterior de su casa, se mira
ansiosa y cada tanto en su piel se asoman los moretones de la violencia
física recibida, pero cuando finalmente quiere acabar la relación es
tildada como «loca», lo cual constituye otra forma de violencia: el gaslighting o luz de gas.
Aunque
esta trama en esa mini serie en plataformas lleva la situación hasta un
hospital psiquiátrico en el que recluyen a Ángela por supuestamente
estar «loca», lo cierto es que muchas mujeres enfrentan este tipo de
violencia sin ellas a esa situación, basta que expresen sus sentimientos
para vivir bajo ese concepto emitido por su pareja y esto la hace dudar
todo el tiempo de ella misma.
El gaslighting es
definido como una forma de manipulación y abuso psicológico: “Es una
violencia sutil, muy normalizada, que ejerce un hombre a una mujer por
su posición de poder. Con el gaslightingse
invalidan emociones y sentimientos, comienzas a disculparte, a dudar de
ti al grado de preguntarte: ‘¿Seré yo el problema?’”, contó a
Cimacnoticias Erika Díaz, psicóloga integrante de la Red de
Acompañamiento Psicológico para la Salud Integral (Redapsi), una red de
especialistas que brindan psicoterapia con perspectiva de género a
mujeres.
Esta violencia recibe su nombre por “Gaslight”
o “Luz que agoniza”, proviene de una película de 1944 dirigida por
George Cukor, en la que un hombre manipula a su esposa lentamente hasta
hacerla creer que está volviéndose loca. El protagonista aísla a su
víctima dejándola sin redes de apoyo y poco a poco juega con su mente
para obligarla a instalarse en un mundo casi irreal, así evita que ella
descubra que él asesinó a su anterior pareja en su primer matrimonio.
¿Perturbador? Sí, pero nada lejos de la realidad.
Desde afuera,
Ángela parece encajar en el ideal de una familia perfecta y esto es un
peso mayor para ella quien no desea destruir este concepto en el
imaginario de sus hijas, no obstante, el miedo la invade constantemente.
Todo cambia cuando una denuncia anónima por maltrato revela a la luz su
vida personal. La exposición pública intensifica el control y el abuso
que sufre hasta que no puede distinguir lo que es real.
Una de las formas más comunes de violencia emocional es el gaslighting,
una práctica que usa el agresor para mostrar una aparente amabilidad
que encubre tácticas de manipulación. De acuerdo con el articulo «Gaslighting. La invisible violencia psicológica»,
esta conducta forma parte del ciclo de abuso en relaciones de pareja,
el cual comienza con una etapa de tensión caracterizada por hostilidad y
daño emocional. Posteriormente, se produce una fase de confrontación
que puede escalar en agresiones física y situaciones de riesgo.
A partir de ese momento inicia el gaslighting
en donde el agresor adopta un comportamiento manipulativo que hace que
la otra parte dude de sí misma y su construcción o criterio sobre la
realidad, esta táctica produce inestabilidad emocional y debilita la
confianza. Después, se activa la última fase del ciclo de violencia:
llegan las disculpas, las promesas de cambio y los gestos amorosos con
los que intenta restablecer el vínculo y reiniciar la dinámica de
abusivo.
La violencia que no se ve
Si
bien Ángela termina viviendo diferentes episodios de violencia física,
su historia también denota violencia psicología, la cual puede pasar
desapercibida. De acuerdo con la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, este concepto se define:
«Como
cualquier acto u omisión que dañe la estabilidad psicológica, que puede
consistir en: negligencia, abandono, descuido reiterado, celotipia,
insultos, humillaciones, devaluación, marginación, indiferencia,
infidelidad, comparaciones destructivas, rechazo, restricción a la
autodeterminación y amenazas, las cuales conllevan a la víctima a la
depresión, al aislamiento, a la devaluación de su autoestima e incluso
al suicidio.»
Datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI),
en 2021 exponen que el 39.9% de las mujeres de 15 años y más sufrieron
violencia durante una relación de pareja. Esto representa una
manifestación extrema de desigualdad de género y se muestra por medio de
diferentes agresiones, siendo el maltrato psicológico el mayor usado,
el cual estuvo presente en el 35.4% de las encuestadas.
FUENTE: Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI)
Sentirte «loca»
De acuerdo con la feminista, académica, antropóloga e investigadora Marcela Lagarde y de los Ríos, en su libro «Los cautiverios de las mujeres. Madresposas, monjas, putas, presas y locas»,
las mujeres son consideradas «locas» cuando viven «con una intensidad
fuera de lo común», es decir, que se atreven a ser, sentir o actuar de
forma desmedida o transgresora, desafiando las normas sociales
impuestas. En consecuencia, son vistas como locas, irracionales o
desequilibradas, ya que la sociedad las cataloga así por salirse de los
límites esperados de una mujer y esto es llamado locura patriarcal.
«Las
mujeres locas son las suicidas, las santas, las histéricas, las
solteronas, las brujas y las embrujadas, las monjas, las posesas y las
iluminadas, las malasmadres, las madrastras, las putas, las castas, las
lesbianas, las menopaúsicas, las estériles, las abandonadas, las
políticas, las sabias, las artistas, las intelectuales, las mujeres
solas, las feministas» -Marcela Lagarde y de los Ríos.
La
antropóloga considera que las diferencias son interpretadas como
síntomas o manifestaciones de enfermedad mental, marcando de «anormales»
a quienes no encajan y justificando la exclusión y la represión
institucionalizada que se reproduce y se difunde principalmente en
canales dirigidos a las mujeres. Esta dinámica refuerza el control sobre
ellas y limita su autonomía.
Para Lagarde, cuando una mujer es
considerada «loca» se le señala pensando no en la afectación que se
produce en su cerebro, sino en su matriz, es decir, en su útero. Este es
imaginado como el lugar de origen de la locura femenina llamada
histeria. No solo se considera una enfermedad mental, más bien se
convierte en motivo de acusación hacia las mujeres.
¿Por qué ellas
enloquecen? Porque se les enseña a renunciar a sí mismas (sus sueños,
deseos, autonomía), por lo que se vuelve la raíz de su malestar
psicológico. La presión de género, la ruptura de las instituciones
tradicionales (familia o matrimonio) y las expectativas contradictorias
son las que las llevan a una sobrecarga emocional, aislamiento y culpa.
La
locura no es una experiencia personal, sino un constructo social y el
poder, según las normas sociales vigentes de cada época, establece quien
se considera normal o loca. ¿Qué sucede después? Históricamente, el
encierro es la herramienta predilecta para tratar la anomalía. Algunas
permanecen recluidas dentro del hogar y otras son internadas en
instituciones públicas o privadas, siendo la familia la encargada de
decidir cuándo y cómo se realiza.
«El
momento político de darle el nombre de loca a la mujer, como el signo
de otra naturaleza, ocurre en el ritual del encierro, ritual de pasaje
que simboliza la institucionalización de la locura.» -Marcela Lagarde y de los Ríos.
Una
vez que las mujeres son encerradas, Lagarde señalan que pasan por
diferentes rituales para llevar a cabo la «transformación», por ejemplo:
la purificación (baños y desinfectantes), la confesión (entrevista
médica), el cambio de indumentaria (de la ropa a la bata), la mutilación
del cuerpo (corte de cabello o violencia), la modificación del nombre
(apodos), y la reclusión en un nuevo territorio (celdas, cuartos, salas,
rincones).
Salir del ciclo
En
muchas dinámicas de poder, las mujeres se ven atrapadas sin posibilidad
real de escapar, como ocurre con Ángela. Aunque en ciertos momentos
encuentra la fuerza y los elementos necesarios para denunciar a su
esposo, las circunstancias que la rodean la paralizan: el miedo a perder
la custodia de sus hijas, la manipulación emocional constante, la
ausencia de respaldo institucional y la presión social que termina por
silenciarla.
Cabe recordar que, de acuerdo con el Violentómetro –herramienta
para detectar conductas violentas en los vínculos, desarrollada por la
Unidad Politécnica de Gestión con Perspectiva de Género del Instituto
Politécnico Nacional (IPN)– este tipo de agresiones registradas en las
relaciones afectivas no son aisladas, ya que se derivan de un sistema
machista que brinda permisividad, protección y tolera que estos actos
escalen incluso hasta llegar su grado máximo: el feminicidio.
Si identificas que estás siendo víctima de gaslighting,
u otra forma de violencia, recuerda que no estás sola. Reconocer el
maltrato es un primer paso fundamental para romper el ciclo. Te
invitamos a consultar el siguiente directorio de acompañamiento
psicológico feminista, donde podrás encontrar apoyo profesional,
empático y libre de juicios.
