5/18/2019

Bettina Lucila Cruz Velázquez Quieren ocupar el agua, las tierras, el viento, los montes, y a nosotros tenernos como peones


En esta región en la que las transnacionales se roban el viento para venderlo, Bettina Lucila Cruz Velázquez camina erguida enfundada en su huipil de flores de colores y nagua vaporosa. Enormes planicies con miles de aerogeneradores rodean Juchitán de Zaragoza, uno de los 570 municipios en los que se encuentra dividido el estado de Oaxaca. Aquí creció, se formó, se casó y sigue luchando la integrante del Concejo Indígena de Gobierno.
Es noviembre y han pasado dos meses desde el sismo que cimbró el Istmo de Tehuantepec y destruyó más del 80 por ciento de las casas y edificios de la cabecera municipal de Juchitán. Las calles parecen zona de guerra. Maquinaria pesada recoge los escombros, mientras las casas de campaña se ponen al sol, pues para colmo de males no ha dejado de llover. El 7 de septiembre un terremoto de magnitud 8.2 cambió la historia de esta región. El reloj del palacio municipal se detuvo junto con la vida de un millón 500 mil damnificados. “Se fue el mercado, la casa de la cultura, la iglesia, la escuela, el palacio municipal y casi 20 mil casas se derrumbaron, por lo que prácticamente toda la población de Juchitán quedó en la calle”, refiere Bettina.
En las calles la gente monta salas y comedores. Hasta adornos les ponen. Una con florero por ahí, otra con una lámpara en un buró. Cunas, camas, libreros y máquinas de coser se despliegan en la nada, a un lado de los escombros de lo que fue su casa. Ahí las familias retoman la vida. Y en el mercado recién instalado florecen, entre iguanas en caldo, huevos de tortuga, rebozos, huipiles multicolores y bolsas del mandado.
No ha dejado de temblar ni un solo día desde aquel 7 de septiembre, pero este pueblo no se rinde. Y sus mujeres menos.

Su modernización llegó para contaminar el suelo, matar aves y destruir la flora y la fauna de la región

Bettina es una de las fundadoras de la Asamblea de Pueblos Indígenas del Istmo de Tehuantepec en Defensa de la Tierra y el Territorio (APIITDTT), que se constituyó hace diez años para enfrentar al proyecto eólico encabezado por las empresas españolas Unión Fenosa Gas Natural, Endesa e Iberdrola. Son ya 25 los parques construidos en el Istmo de Tehuantepec, “todos sin ningún tipo de beneficio para la gente”, señala Bettina. Aquí no le preguntaron a nadie si querían que la fuerza del viento se utilizara para la generación de energía, “aquí la descubrieron y vinieron a imponerse”, acusa.
Del calentamiento global y el cambio climático, realidades emergentes en el mundo, los políticos y los empresarios crearon un discurso para instalar los parques. La Concejala explica que la energía renovable llegó en forma de empresas, prometiendo empleo para la gente y desarrollo para la región “que jamás se vieron”. Ni siquiera cumplieron con el pago de impuestos, dice, se ampararon para no pagarlos. “Los empresarios en Juchitán deben más de 3 mil millones de pesos de impuestos y en toda la región del Istmo suman más de 6 mil millones”, señala Bettina.
Bettina no habla de lo que no sabe. Se doctoró por la Universidad de Barcelona, a la que llegó como beneficiaria de una beca para estudiantes indígenas, en Planificación Territorial y Desarrollo Regional, con la tesis “Desarrollo regional en el Istmo de Tehuantepec: una perspectiva desde el territorio”. El discurso empresarial y gubernamental, dice, es simple: “Llegan con el rollo del desarrollo y el empleo, dicen que se tiene que modernizar el estado o la región, y con el desarrollo vienen los parques eólicos y la energía renovable”. Pero para los istmeños, refiere Bettina, “esa modernización ha significado despojo, impactos negativos en la vida cotidiana, en la cultura, la economía y la vida social. Su modernización llegó para contaminar el suelo, matar aves y destruir la flora y la fauna de la región. Vino a acabar con actividades económicas como la agricultura, la ganadería y el pequeño comercio realizado por mujeres”, entre otras afectaciones.

| La energía renovable llegó en forma de empresas, prometiendo empleo para la gente y desarrollo para la región “que jamás se vieron” |

La dieta del pueblo zapoteco, basada en el maíz, animales de caza y plantas de recolecta, también se transformó. “Todo es desplazado por la presencia de los parques eólicos que se posicionan en el terreno, lo cierran y ya no permiten que siga la vida como antes. Rompen el tejido social que, como pueblo indígena, es lo más importante que tenemos”, acusa Lucila Bettina.
Los pueblos, afirma, “hemos sobrevivido porque vivimos en colectivo. Nos apoyamos mutuamente, estamos relacionados, nuestras fiestas son masivas y colectivas. Todos tenemos formas de apoyar al otro y eso se está rompiendo porque las empresas nos dividen beneficiando a unos, pagándoles más a otros, enfrentándolos con los que nos oponemos. Ya no podemos estar juntos ni en las fiestas, estamos divididos. Se han dado intentos hasta de asesinarnos por la misma gente de la región que es utilizada por las empresas”. En resumen, dice, “nos estamos perdiendo como pueblo indígena, nuestras costumbres y nuestras relaciones”.
El manual del despojo se ha seguido en territorio juchiteco al pie de la letra. Los empresarios van casa por casa ofreciendo dinero por las tierras. Primero poquito, lo menos que pueden, por si pega. Aquí empezaron pagando mil pesos el contrato y 12 mil 500 pesos al año por la renta de las tierras para la instalación de cada aerogenerador. Cuando los oponentes se empezaron a organizar, los empresarios aumentaron la tarifa: 10 mil pesos por el contrato y hasta 20 mil pesos por aerogenerador, además de 7 pesos por metro cuadrado por las afectaciones.
La doctora binnizá explica cómo las empresas se han aprovechado de las necesidades de la gente: “Si un campesino renta para dos aerogeneradores (aproximadamente cinco hectáreas), más las afectaciones, recibe aproximadamente 100 mil pesos al año, y eso lo ve como algo que nadie más le dará. Pero no toma en cuenta las afectaciones a la tierra y a la vida de los pueblos”. Para que alguien obtenga realmente una ganancia que valga la pena, tendría que rentar por lo menos 50 hectáreas para la instalación de varios aerogeneradores, pero nadie con necesidades tiene tanto.
Las empresas, a diferencia de los campesinos, ganan tres millones al año por un megawatt producido. Hay aerogeneradores que generan un megawatt, otros megawatt y medio y otros de tres megawatts. La energía la producen las empresas españolas y hay otras, como Gamesa, que venden la tecnología. Las españolas se unieron a las mexicanas y formaron un consorcio “para autoabastecimiento”. Producen para Walmart, Bimbo, Oxxo, hasta para el Papalote Museo del Niño. Aparte, la Secretaría de la Defensa Nacional cuenta aquí con su propio parque eólico. Y hasta las minas tienen su propio parque, como Peñoles. Todos se benefician, menos los pueblos, que cada día pagan más por el suministro. Bettina, por ejemplo, muestra su recibo más reciente por la cantidad de mil 500 pesos. “De dónde vamos a pagar eso. Además, es justo de los dos meses después del sismo, cuando ni siquiera ocupamos la casa”. Así las cosas.
Enormes franjas del territorio son ocupadas por los 25 parques eólicos. Los pesados tráilers de doble y triple remolque pasan en dos columnas para cubrirse de la fuerza del viento, que es tanta que los voltea. Con Bettina subimos al cerro y desde ahí muestra la región cubierta por los gigantescos rehiletes de aspas blancas. Por donde se mire están metiendo la llamada “energía verde” que, asegura Bettina, “no es renovable y no porque sea verde es buena”. Cómo puede hablarse de un proyecto ecológico “si lo primero que hacen cuando llegan es deforestar, tumbar la vegetación y el hábitat de los animales”.
Bettina conoce al revés y al derecho todo lo que a los parques se refiere. “Yo no sé si la energía verde lo que busca es acabar con las partes verdes”, ironiza, “porque aquí es lo que está haciendo, está acabando con la vida”. Y explica: “Una energía que se sustente en la explotación, el despojo y la aniquilación de los bienes naturales de los pueblos indígenas no puede ser verde. Sólo podría serlo si los pueblos se apropian de ella y la utilizan para lo necesario. En ese sentido, si les preocupara realmente, tendrían que dejar de generar energía con las hidroeléctricas y termoeléctricas que dañan enormemente. Pero el gobierno no quiere hacer eso, sino producir para vender, sin importar el medio ambiente”. Los eólicos, continúa, “les permiten comprarse la etiqueta verde y seguir contaminando”. Todo es una mentira, “ni se baja ni se sustituye la energía fósil por la energía renovable, y no hay justicia ambiental hacia los pueblos”.
Con la mar de los pueblos y estrategias jurídicas se logró detener la construcción del parque en el mar de la Barra Santa Teresa, de la empresa Mareña Renovables, pero la amenaza entra en una segunda fase, pues ese parque se renombró y se llevó a Juchitán con el nombre de Eólica del Sur. “El gobierno, para no tener el mismo problema que tuvo con los pueblos organizados de la zona huave, estrenó en Juchitán una consulta supuestamente previa, libre e informada, pero no fue así. No fue previa porque ellos ya habían dado permisos antes de hacerla y no fue libre porque se hizo con personas coaccionadas, que ya tenían contratos con la empresa y que ya estaban comprometidas. Los empresarios han aprendido que para entrar a la comunidad deben tener aliados, y ahora hasta grupos de porros tienen”.
El movimiento por la defensa del territorio obtuvo, vía amparo, la suspensión definitiva de ese proyecto en diciembre de 2015, “pero el gobierno cambió al juez y sustituyó al Séptimo de Distrito, quien estaba tomando en cuenta la perspectiva de los pueblos indígenas. A este juez lo enviaron a una zona de alto riesgo en Tamaulipas, y aquí trajeron a otro que lo que hizo fue sobreseer nuestro amparo argumentando que la empresa hizo la consulta previa antes de que el parque fuera construido y estuviera funcionando. Nosotros argumentamos que no fue así y que tampoco fue de buena fe, sino que vinieron a aprobar un parque que ya estaba establecido”. Empresarios y gobiernos manejan este proceso como “la consulta maestra”, pero el amparo 554/2015 continúa en la sala 1 de la Suprema Corte de Justicia, probando lo contrario.
Hoy el mar y el viento siguen amenazados, pues el contrato del proyecto original que hicieron con el comisariado de San Dionisio del Mar sigue vigente y “lo tienen a la espera de que las condiciones cambien”. El gobierno, insiste Bettina, “no está estático, nunca se detiene. Está inyectando su veneno, contaminando, comprando gente, compañeros mismos de la lucha y autoridades, controlando a la gente por medio de dádivas de dinero”, como en todos lados.

Luchando solos no vamos a poder

El Istmo es parte del Corredor Biológico Mesoamericano, uno de los más importantes del mundo, pero con los proyectos eólicos se ha ido rompiendo esa conexión. Por su ubicación estratégica, forma parte también de la Zona Económica Especial, y está bajo amenaza permanente por la construcción de un puente interoceánico de Salina Cruz hasta Coatzacoalcos. Recuperar el tren transísmico de alta velocidad y hacer una autopista para acercar a las cuencas económicas del Pacífico por medio del Istmo de Tehuantepec, que es mucho más barato que ir hasta Panamá, es otro de los proyectos en ciernes.
El tren transísmico es un proyecto concebido desde que Hernán Cortés llegó a esta región y se dio cuenta de que el trayecto de Coatzacoalcos, Veracruz, hasta esta zona del mar, era corto e ideal para transportar mercancía a Europa. Posteriormente, el dictador Porfirio Díaz retoma el proyecto, pero fue Benito Juárez el que firma el Tratado McLane-Ocampo, con el que el gobierno cede el Istmo de Tehuantepec. Afortunadamente, señala Bettina, “lo regresan, pues de lo contrario seríamos una región anexa a Estados Unidos”.
Las minas, como en todo el territorio nacional, se despliegan poco a poco sobre el estado de Oaxaca. En el Istmo hay tres concesiones en San Dionisio del Mar, dos en San Juan Atepec, y ya opera una en Ixtepec. Oro, hierro, plata y litio son algunos de los recursos que le arrancan al subsuelo. También hay minas de sal y otras para hacer cemento. La afectación es devastadora.
La compra de voluntades es el modus operandi de las mineras. En Ixcatepec, por ejemplo, rompieron la resistencia “comprando al comisariado de bienes comunales, el mismo que ha facilitado las concesiones a los parques eólicos y a la línea de transmisión”. La estrategia del gobierno, explica la Concejala, “consistió en comprar a los comuneros para que en una asamblea eligieran a este señor como comisariado”.

| Quieren acabar con nosotros porque menosprecian nuestra vida como pueblos indígenas, lo que somos y nuestra cultura |

En San Juan Atepec la resistencia va ganando. Aquí la población cerró la oficina de una consultoría que trabajaba para la mina y declararon a la comunidad territorio libre de minería, con el aval del presidente municipal. “Son cuestiones aún declarativas”, advierte Bettina, pero “ahí va la organización”. Se trata, indica, “de no esperar a que se instalen, pues si lo logran ya no se van”.
El despojo y destrucción avanzan también con el decreto de la Zona Económica Especial, que se une a las que hay en Puerto Chiapas y Lázaro Cárdenas, Michoacán. La experta en el análisis de estrategias gubernamentales de desarrollo explica que son especiales “para que los empresarios puedan tener exención de impuestos y decidir hasta los salarios que pagarán a la gente o qué recursos deben utilizar los municipios para los servicios que requieren las empresas, como la recolección de basura o la construcción de una autopista. De por sí los recursos son pocos, y se quedan en manos de los que administran, presidentes municipales y cabildo. Bueno, pues ahora se los llevarán a las empresas”, advierte Bettina Cruz.
“Quieren ocupar el agua, las tierras, el viento, los montes, y a nosotros tenernos como peones. Quieren acabar con nosotros porque menosprecian nuestra vida como pueblos indígenas, lo que somos y nuestra cultura”, resume. Por eso, insiste, “nosotros como asamblea, con los pueblos y la gente organizada, estamos en el Congreso Nacional Indígena y el Concejo Indígena de Gobierno, porque pensamos que luchando solos no vamos a poder”.

Encarcelada, encañonada, perseguida y amenazada

La represión y el encarcelamiento ha sido la respuesta a las demandas de los istmeños. A ella la han perseguido y golpeado, le han apuntado con una pistola en la sien y la han torturado. También ha estado presa y ha tenido que refugiarse en diversas ocasiones fuera de su comunidad, ante el acoso y la vigilancia.
Un día del 2012, llegó la policía a su casa y se la llevó. La acusaron de atentar contra la riqueza nacional y de privación ilegal de la libertad. Fueron 72 horas las que estuvo detenida y luego salió para enfrentar un proceso jurídico de casi cuatro años, hasta que la absolvieron en el 2015. “Ah, que tú eres defensora de derechos humanos, pues aquí adentro se acabaron tus derechos humanos, aquí los que mandamos somos nosotros”, le dijeron quienes la detuvieron de manera ilegal durante cinco horas, tiempo en el que la trasladaron de una camioneta a otra para infundirle temor. Cuando la presentaron viva en la cárcel de Tehuantepec, se dio por bien servida. Ahí sus compañeros hicieron vela.

| Un día del 2012, llegó la policía a su casa y se la llevó. La acusaron de atentar contra la riqueza nacional y de privación ilegal de la libertad |

En otra ocasión, durante una manifestación en el puente de La Venta, llegó un grupo de trabajadores de la empresa Acciona con pistolas y tirando patadas. La amenazaron de muerte y ella tuvo que salir de Juchitán por tres meses. Más adelante, un año después de su detención, también tuvo que huir, pues por el amparo contra Mareña Renovables intentaron a asesinarla a ella y a su esposo. Sicarios armados vigilaban su domicilio y la pareja tuvo que abandonar su comunidad por más de seis meses.

Las mujeres del Istmo

En el Istmo lo mismo participan hombres que mujeres en las luchas y en las decisiones importantes de la familia y la comunidad. Bettina confirma que aquí las mujeres “se mueven, hablan y deciden”. Aunque, reconoce, “hay algunas que no lo pueden hacer porque, aun teniendo una familia de mujeres fuertes, se sojuzgan con la presencia de un hombre, por eso no podemos decir que aquí se ha acabado el tema del patriarcado”.
Las mujeres istmeñas, tan retratadas con sus iguanas por la fotógrafa Graciela Iturbide, van con el hombre a la pesca y a la milpa y “si tiene en sus manos el producto, lo transforma, le da un uso y con eso puede hacer un intercambio. Las mujeres bordan, cosen, hacen comida, hacen todo”, dice la orgullosa juchiteca.
En la organización, por supuesto, es común verlas en primera fila, como en los enfrentamientos con la policía, donde no dudan en defenderse con las herramientas que encuentran a la mano. “Las mujeres siempre van al frente en las movilizaciones, con la creencia antigua de que a las mujeres no las tocan, pero eso ya se acabó”, pues las golpean parejo, sólo que ellas siguen avanzando. Cuando Mareña Renovables entró a la Barra con 70 patrullas, ellas se organizaron con piedras, agua, palos, y así, con su fuerza, enfrentaron la agresión. También están en las asambleas y hablan, discuten, deciden, “pero no les gusta estar en espacios para ser candidatas o algo, piensan que van a perder su tiempo y mandan a alguien a que les informe”.
Por eso, dice, es importante que la vocera del CIG sea una mujer indígena, “que habla una lengua y que viene de una comunidad”. Las mujeres del Istmo se asombran y “se empieza a generar una reflexión, queda claro que ser indígena y hablar una lengua no es una limitante, sino todo lo contrario. Por eso este proceso nos fortalece a todas”.

| Cuando la empresa Mareña Renovables entró a la Barra con 70 patrullas, ellas se organizaron con piedras, agua, palos, y así, con su fuerza, enfrentaron la agresión |

“El Istmo no es un lugar idílico ni aislado”, indica la Concejala. El machismo existe y sigue habiendo hombres que golpean a sus mujeres, que no las dejan salir y que mantienen su dominio sobre ellas. Pero Bettina no es una de ellas.
La entrevista se realiza en domingo. Está de regreso de un recorrido con Marichuy, la vocera del CIG, por Santiago Jocotepec Choapan, y este 12 de noviembre va camino a Álvaro Obregón, una de las comunidades del Istmo más combativas contra las eólicas. Ahí la espera una asamblea de hombres y mujeres. Ella llega, saluda y habla en binnizá. En la asamblea comunitaria se habla de los partidos políticos “que sólo ofrecen y prometen, dividen y nada cumplen”. Se habla también de las amenazas al territorio, de la organización y de la propuesta del CNI y del CIG. Bettina explica cada uno de los siete principios, como el de “convencer y no vencer” y el de “obedecer y no mandar”. Y todos hablan de los tiempos duros que vienen.

En las calles me gritaban que cuánto para llevarme a la cama

Bettina Lucila empezó adolescente su participación política. Entonces, dice, no hablaba tanto como ahora, pero ya participaba. A los 13 años se involucró en un movimiento de estudiantes campesinos que se organizó en varias escuelas secundarias de la región. Se fueron a paro exigiendo que bajara el precio del transporte. Se hicieron llamar nada menos que Concejo Estudiantil de Apoyo Popular. Era 1977, año en el que la Coalición Obrero Campesino Estudiantil del Istmo de Tehuantepec (COCEI) iniciaba un importante trabajo organizativo.
La influencia de su madre, sin duda, fue preponderante para su formación. En una época en la que la separación era inconcebible, su mamá decidió dejar a su pareja porque no la trataba bien. Se había casado a los 15 años, se separó a los 16, se regresó con su madre y a partir de ese momento no dejó de trabajar hasta su muerte. Bettina y sus hermanas crecieron con sus abuelos, y cuando éstos faltaron, fueron las tías las que la cuidaron, pues la mamá se dedicó al comercio y viajaba a Mérida y a Chetumal, donde compraba telas, juguetes, embutidos, quesos grandes y mantequilla en una lata azul para vender.
Es famoso y hasta mítico el papel protagónico de las mujeres en la sociedad istmeña. Todo es grande en ellas, empezando por la inteligencia, la fuerza y la alegría. Son también grandes conversadoras y organizadoras y han tenido, desde siempre, un papel relevante en los movimientos sociales, como en la COCEI, que en 1981 ganó por primera vez la presidencia municipal de Juchitán al hasta ese momento invencible Partido Revolucionario Institucional. En este enramado femenino crecieron Bettina, sus antepasadas y su descendencia. Ella es la cuarta de cinco hijos, quienes cuidaban y alimentaban a los marranos mientras su madre comerciaba. De ahí el dicho de “vete a ver si ya puso la marrana”, pues lo común es que los niños cuiden de los animales y no se metan en las pláticas de adultos.

| La lucha es también hablar nuestra lengua, comer nuestra comida, hacer nuestras fiestas, bailar nuestros bailes. Todo esto hay que reivindicarlo |

De niña Bettina tenía vestiditos comunes, aunque la mayoría de las mujeres usaban la nagua tradicional. En las escuelas las obligaban a portar el uniforme, por lo que, ya de grande y como parte de la lucha, “de la resistencia y de la rebeldía”, decidió recuperar la vestimenta binnizá: el huipil bordado de flores de colores y cadenilla, a juego con la nagua de largo vuelo.
A diferencia de muchas comunidades indígenas en las que las mujeres ya no visten su ropa tradicional, en el Istmo la mayoría porta su vestimenta y habla zapoteco sin sufrir discriminación alguna. Es una región en la que muchas veces hasta la gente de fuera se tiene que vestir con el atuendo indígena para poder, por ejemplo, entrar a las fiestas. El racismo lo viven cuando salen del Istmo y quieren seguir hablando y vistiendo como lo que son.
Bettina, por ejemplo, lo vivió en carne propia en Barcelona, ciudad cosmopolita a la que llegó a estudiar el doctorado. Ahí no sólo la discriminaban por ser indígena, sino también por el simple hecho de ser mexicana. “En las calles me gritaban que cuánto para llevarme a la cama, pues piensan que una está en su país sólo por trabajo sexual o del que sea”, recuerda.
En la Ciudad de México no fue ni es muy distinto. Cuando enfundada en su huipil recorre las calles y acude a hoteles y restaurantes, “no te atienden igual que a los demás”. Pero eso, dice, “es también parte de la lucha. Una tiene que entrar a todos los lugares con orgullo. La lucha es también hablar nuestra lengua, comer nuestra comida, hacer nuestras fiestas, bailar nuestros bailes. Todo esto hay que reivindicarlo, y si alguien tiene algún problema, pues tendrá que vivir con eso”.
Al salir de la secundaria, Bettina se fue a estudiar a la Ciudad de México. Se matriculó en el CCH Sur y luego en la Facultad de Estudios Superiores Cuautitlán de la UNAM, donde estudió la carrera de Ingeniería Agrícola, “pensando en regresar a mi pueblo y trabajar en el campo”. Paralelamente empezó a participar en la COCEI desde la Ciudad de México. Eran los momentos álgidos de la Coordinadora Nacional Plan de Ayala, del Frente Nacional Contra la Represión, de la CNTE y de otros grandes movimientos de 1980.
Como integrante de la COCEI, participó activamente en el Frente Nacional Contra la Represión y en la Coordinadora Nacional Plan de Ayala, donde conoció a muchos líderes campesinos que después se institucionalizaron. Pero aquellos eran tiempos de combatividad. En 1981 tomaron las embajadas y Bettina pisó la cárcel por primera vez. “Estuve tres días presa por esa acción organizada para visibilizar la problemática de Juchitán y el fraude electoral”. También organizaron una huelga de hambre y otras acciones, hasta que lograron nuevas elecciones. “Fueron momentos gloriosos en los que la COCEI pasó de la lucha por la tierra y la democratización del comisariado de bienes comunales a la reivindicación del ayuntamiento popular”. Años después, lamenta Bettina, “el movimiento quedó en manos de los dirigentes y se institucionalizó, y hoy son la gente contra la que tenemos que estar luchando: mis antiguos compañeros”.
Cuando el movimiento empezó a institucionalizarse “y se hacían otras cosas”, Bettina dejó de participar y se fue a la academia. Terminó la universidad en 1986, se recibió de Ingeniera Agrícola, se casó con Rodrigo, “un compañero de la costa” a quien conoció en la Universidad y en la lucha. Y regresó a Juchitán. Ella tenía 26 años y hasta la fecha están juntos.
Posteriormente, esta juchiteca inquieta y de carácter fuerte se inscribió en la maestría de Desarrollo Rural Regional en la Universidad de Chapingo, y al terminar obtuvo una beca para estudiar el doctorado en Planificación del Desarrollo Territorial en la Universidad de Barcelona. Era común verla por los pasillos de Chapingo con sus hijas, a quienes se llevó también un tiempo a Europa, sin su marido.
Su vida transcurría entre la maternidad y la academia. Se tituló con la tesis “Desarrollo regional en el Istmo de Tehuantepec: una perspectiva desde el territorio”, y fue en el proceso de su escritura que se encontró con información sobre el desarrollo contemplado por el gobierno para la región, y decidió dársela a ex compañeros de lucha. La información era sobre la actuación de las empresas y el tipo de ganancias que tenían. La indignación los llevó a organizarse y así nació la Asamblea de Juchitán en Defensa de la Tierra en 2007, que en 2009 se convirtió en Asamblea de Pueblos del Istmo en Defensa de la Tierra y el Territorio, pues se unieron San Francisco del Mar, San Dionisio del Mar, Chahuites, San Juan Atepec, Tapanatepec, Unión Hidalgo, Álvaro Obregón y Xadani, y juntos dieron la lucha contra Mareña Renovables.
Lo que ocurre en el Istmo, señala Bettina, “ocurre en todo México. Y por eso pensamos que si nos unimos todas las luchas e iniciativas de organización, por pequeñas que sean, nos hacemos grandes. Ése es el proyecto del CNI, organizarnos, no para las elecciones, sino para la vida”.
La lucha toda, asegura, “ha valido la pena”. Aquí han logrado visibilizar el problema de las eólicas, “se desenmascaró el rollo de la energía verde, se pusieron en discusión los impactos y se trabaja en la resistencia. La organización ha crecido y han surgido nuevas para defender el territorio”.
“No es posible, no es justo que haya unos cuantos ricos que se han apoderado de nuestro país, junto con algunos extranjeros. Por eso sueño con cambiar las cosas y tener una vida digna. No, no sé si soy fuerte. Yo siento, y mucho, pero tenemos que sacar fuerzas porque tenemos derecho a la libertad y a la vida”, finaliza.



México no debe legalizar el dolor y el daño


Mujeres Cautivas
Por: Teresa C. Ulloa Ziáurriz*


Como dijo Taina Bien Aimé en su artículo publicado en el Portal de We News del pasado 8 de mayo pasado, la ganadora del Premio Nobel de la Paz Toni Morrison en su discurso al recibir el galardón, habló de una mujer esclavizada que estaba embarazada y que su amo decidió castigarla. Él decidió cavar un hoyo en la tierra, lo suficientemente grande para que cupiera su vientre embarazado. De esa manera, él podía golpearla en la espalda, hacerla que tragara tierra, sin poner en riesgo sus ganancias financieras futuras.
En la obscura historia de la confusión de la 4T, que generalmente sucede cuando se mezclan en un solo proyecto político los de derecha, los de pseudoizquierda, la derecha y los “liberales”, encontramos quienes promueven la legalización de los vientres de alquiler, desde el centro del poder, en Bucareli, como la legislación de la prostitución, desde San Lázaro y por otro lado nos hablan de valores, principios, Derechos Humanos y de Dios.
Nos hablan de paridad y transversalizar la perspectiva de género, pero al mismo tiempo están proponiendo dos leyes para preservar el legado del patriarcado que permite perpetuar la definición de las mujeres como vasijas para producir ganancias económicas. No puedo creer que la 4T sean promotores del turismo reproductivo y del turismo sexual, la trata y la prostitución, promotores de la muerte, del dolor y del daño de las mujeres y niñas pobres y más necesitadas. ¿No decían que “por el bien de todos primero los pobres?”.
La primera de estas leyes, la que intenta legalizar los vientres de alquiler, ni siquiera toma en cuenta que para este comercio, cualquiera puede contratar un vientre de alquiler o adquirir un óvulo, porque la poderosa industria de los vientres de alquiler usa dos mujeres, a la primera que es la donadora de óvulos, se le sobre estimula con grandes cantidades de hormonas, típicamente una estudiante de preparatoria que busca poder pagar sus estudios universitarios, para producir suficientes óvulos, en una proporción que puede generar cuatro años de producción de óvulos en un mes, ocasionándole daños en su sistema reproductivo y la segunda que es a la que se le implantan los óvulos fecundados, tantas veces como lo resista, mal nutrida, con poca atención médica y además teniendo que asumir las consecuencias de un producto defectuoso o doble, recibiendo una mínima porción de las ganancias en proporción con las que se lleva la industria de la reproducción, una modalidad más de trata y explotación, ahora la explotación reproductiva de las mujeres.
La otra ley perversa, como cada seis años, es la que intenta, otra vez, legalizar la prostitución con la venia del Coordinador de la Fracción Parlamentaria de Morena en la Cámara de Diputados, Mario Delgado. Nuestros representantes populares no dejan de sorprenderme por su ignorancia y su machismo, como dicen ahora, “se tenía que decir y se dijo”. El Artículo 6 de la CEDAW claramente establece que:
“Los Estados Partes tomarán todas las medidas apropiadas, incluso de carácter legislativo, para suprimir todas las formas de trata de mujeres y explotación de la prostitución de la mujer…”
Nuestros políticos y políticas liberales de la 4T, bajo la premisa de que son políticos progresistas, están impulsando leyes profundamente regresivas que ponen en peligro los derechos de las mujeres, derecho a la salud, a la seguridad, la integridad corporal, a la dignidad, los derechos sexuales y reproductivos y cualquier esfuerzo para alcanzar la igualdad sustantiva, abusando de la necesidad de las mujeres más pobres.
Se ha presumido a nivel nacional e internacional nuestro congreso y nuestro gobierno paritario, pero eso no ha logrado que se erradiquen las concepciones machistas y misóginas, por un lado se reivindican los derechos sexuales y reproductivos, se habla de hacer leyes contra el acoso callejero y en el lugar de trabajo y para el trato igualitario a las mujeres. Y ambas iniciativas de ley son antiéticas y contradictorias a esos postulados.
En primer lugar, el alquiler de vientres no ofrece ninguna protección de los abusos de la salvaje y ambiciosa industria de la “reproducción asistida”, como le dice a la iniciativa para legalizarla, no ofrece ninguna garantía para las mujeres, lo que permitiría a cualquiera, incluso a los tratantes, reclutar mujeres de cualquier parte del mundo y traerlas a México para implantarles embriones y rentar sus vientres para embarazarlas. En la industria de la “Reproducción Asistida” o de los vientres de alquiler, así como a la mujer esclavizada y contrario a lo que establece la propuesta de Ley, que propicia comercio clandestino, ni el feto, ni el bebé pertenece a la madre que da a luz.
Como las románticas falacias que nos presenta Hollywood en películas como “Mujer Bonita” o “The Girlfriend Experience,” el alquiler de vientres usa imágenes como las que usa Hallmark con frases como “baja una estrella del cielo” o agencias clandestinas que funcionan, aunque esto no sea legal. Quitémonos esos lentes color de rosa, y démonos cuenta de las oscuras realidades y veámoslas en toda su dimensión y con todas sus consecuencias.
Estas mujeres pueden sufrir dolor extremo y contraer enfermedades como el síndrome de la hiperestimulación ovárica, que puede provocar accidentes cerebrovasculares o ataques cardíacos. Aún no se han investigado todos los riesgos para la salud a largo plazo para las donantes de óvulos, incluidos los cánceres reproductivos e incluso la muerte. Una mujer tres veces madre sustituta comercial, Brooke Brown, murió a causa de una ruptura placentaria, al igual que los gemelos que llevaba en su vientre.
Ahora, por cuanto hace a la iniciativa para legalizar la prostitución, convertirá a los tratantes y proxenetas en hombres de negocio y propiciará el aumento de estos fenómenos y no permitirá que respondan ante la ley ni los burdeles, ni las casas de citas, así como las páginas web que promueven a las escorts para su comercialización, lo que los convertiría de inmediato en lugar de delincuentes en reconocidos empresarios al servicio del patriarcado y un estado proxeneta, que no tiene idea del gran número de mujeres que han sido víctimas de feminicidio en la industria del sexo de paga. Más aún, muchos delincuentes como el “Sony”, lograrían su libertad.
Tanto la explotación sexual como la reproductiva son industrias -impulsadas– una por las agencias de alquiler de vientres o “reproducción asistida” y el otro por una industria sexual multimillonaria y su lobby. Ambas se fundan en la explotación de las vulnerabilidades de las personas en mayor grado de pobreza y exclusión social, especialmente mujeres indígenas, rurales o en pobreza extrema. Ambos convierten sus beneficios en la creciente demanda de los cuerpos de las mujeres como mercancías, y ambos abren una puerta amplia para el sexo y la trata reproductiva.
El control de las mujeres sobre sus cuerpos, sobre su reproductividad y su sexualidad deben estar en el centro de sus derechos. Hay que entender que la voluntad individual nunca puede estar por encima del concepto de bien común y que en ambas actividades se perpetúan estereotipos que reducen a las mujeres en mercancía. En nuestra sociedad donde más de la mitad de la población vive en pobreza, En una sociedad donde las poblaciones marginadas viven sin oportunidades, el Estado no debe promover el argumento engañoso de la "elección personal", dictado por el patriarcado, el poder y el control de los consumidores de explotación sexual y reproductiva, y los especuladores de las empresas que comercializan los cuerpos de las mujeres, las niñas y niños.
El Parlamento Europeo y muchos países han condenado y prohibido la reproducción subrogada porque socava la dignidad humana de las mujeres. Después de miles de muertes y otros resultados devastadores derivados del turismo de la renta de vientres, la India, Tailandia, Nepal y Camboya lo han prohibido.
Paralelamente a estos esfuerzos que reconocen el daño, un número cada vez mayor de gobiernos en todo el mundo están promulgando legislaciones que reconocen la prostitución como violencia sistemática contra las mujeres, perpetrada por consumidores de sexo de paga y redes de delincuencia organizada. Estas leyes, conocidas como el Modelo Nórdico o Modelo de la Igualdad, solamente descriminalizan a las personas en situación de prostitución y les ofrecen opciones de salida digna.
México debe reconocer que la explotación sexual y reproductiva de las mujeres están unidos con ese mismo hilo perverso. Un campo donde los cuerpos indígenas y de mujeres más vulnerables son sembrados en la historia para el beneficio de los demás, desdeñando la idea de que las mujeres son humanas. ¿No nos merecemos las mexicanas algo mejor? 
*Directora de la Coalición Regional contra el Tráfico de Mujeres y Niñas en América Latina y el Caribe (CATWLAC por sus siglas en inglés).
Twitter: @CATWLACDIR
Facebook: @CATWLAC

CIMACFoto: Jocelyn Soto Espinosa
Cimacnoticias | Ciudad de México.-

Alabama sancionará con 99 años de prisión a mujeres que aborten


Firman restrictiva ley que criminaliza el aborto aún por violación
   



Hace dos días, en Alabama, fueron las manos de una mujer las que firmaron la ley más restrictiva de aborto en los Estados Unidos. La gobernadora republicana, Kay Ivey, se mostró muy contenta que la ley pasó las dos cámaras del congreso local con amplia mayoría. “Esta legislación es un poderoso testimonio de la creencia profunda de nosotros en Alabama de que cada vida es preciosa y que cada vida es un regalo sagrado de Dios”, dijo.
La ley prohíbe la interrupción del embarazo en cualquier etapa de la gestación -incluso en los casos de incesto o violación- y criminaliza con hasta 99 años de prisión al personal médico que lo practique. Sólo permite excepciones "para evitar un riesgo grave de salud para la madre del feto”, y si el "feto tiene una anomalía letal”.
Alabama sólo es el último de varios estados que pasaron una legislación en contra del derecho a decidir en las últimas semanas. Apenas hace 10 días, el gobernador de Georgia, Brian Kemp, firmó una ley que prohibe el aborto si puede detectarse el latido del corazón del feto, una ley controvertida ya que generalmente, el latido se puede detectar a partir de la sexta o séptima semana del embarazo, cuando la mujer muchas veces ni siquiera sabe si está embarazada.
Antes, las mujeres de Georgia podían acceder a una interrupción legal de embarazo hasta la semana 20 de gestación.
Mississippi y Ohio, pasaron proyectos de leyes “latido de corazón” en marzo y abril, después de otros cuatro estados más. De acuerdo con personas expertas jurídicas y la misma gobernadora de Alabama, Kay Ivey, es muy improbable que estas leyes entren en vigor porque están en conflicto con la decisión Roe v. Wade de la Corte Suprema que legalizó el aborto en los 50 estados de Estados Unidos.
Pero una corriente de activistas anti aborto espera que estos desafíos legales sirvan como un vehículo para que la Corte Suprema anule finalmente el fallo que existe desde el año 1973. Y los chances nunca han sido mejores para que esto pueda pasar. Desde su llegada al poder, el presidente Donald Trump pudo nombrar dos jueces conservadores a la Corte más alta del país. Uno de ellos es Brett Kavanaugh, quien fue acusado de acoso sexual por parte de varias mujeres y quien es un opositor al derecho a decidir.
Defensoras de Derechos Humanos de las mujeres están alarmadas por el peligro que esto podría representar para la vida de miles de mujeres. Muchas protestaron el pasado martes en la noche, cuando el senado de Alabama votó con 25 votos a favor la ley. En redes sociales, destacaron que Alabama es uno de los estados que todavía aplica la pena de muerte, y que la pena máxima para un violador es de 10 años mientras que una niña que aborta enfrenta 99 años.
Demandaron al Estado ocuparse mejor de la niñez que vive, ya que Alabama ocupa el rango 49 de los 50 estados en educación.

CIMACFoto: César Martínez López
Por: Por la Redacción
Cimacnoticias | Ciudad de México.-

Las mujeres guatemaltecas que lograron reparación por vidas rotas

Las abuelas de Sepur Zarco. Crédito: Ryan Brown/ONU Mujeres
SEPUR ZARCO, Guatemala, 8 may 2019 (IPS) - El día en que los militares llegaron para llevarse a su esposo y su hijo quedó grabado en la memoria de María Ba Caal, aunque ya no recuerda bien algunos detalles. “Cuando se llevaron a mi esposo y a mi hijo de 15 años, ambos trabajaban. El ejército llegó por la tarde y los sacó de casa. No recuerdo la fecha, pero fue la última vez que vi a mi marido y a mi hijo”, señala.
De eso hace 36 años. María tiene ahora 77.
Como muchas otras mujeres maya q’eqchi’ de Sepur Zarco, una pequeña comunidad rural ubicada en el valle de Polochic, en el noreste de Guatemala, María continúa buscando los restos de su esposo y su hijo, que desaparecieron por la fuerza y lo más probable es que fueran asesinados por el ejército guatemalteco a principios de la década de 1980.
El conflicto de Guatemala
El conflicto armado interno de Guatemala se remonta a 1954, cuando un golpe militar derrocó al presidente electo democráticamente, Jacobo Arbenz.
Seguidamente, el gobierno militar que se instauró eliminó las reformas agrarias que beneficiaban a las/os agricultoras/es pobres (en su mayor parte indígenas), lo que provocó un conflicto armado entre el ejército y diversos grupos de guerrilleros progresistas, que se prolongó 36 años y segó más de 200.000 vidas.
La mayoría de las personas que fueron asesinadas en el marco del conflicto (un 83 por ciento) eran indígenas mayas.
¿Qué ocurrió en Sepur Zarco?
En 1982, el ejército estableció un puesto avanzado en Sepur Zarco, a unos 400 kilómetros de Ciudad de Guatemala, para el descanso del personal militar. En aquel momento, los líderes q’eqchi’ de la zona trataban de obtener derechos legales sobre sus tierras. El ejército respondía con desapariciones forzadas, torturas y asesinatos de hombres indígenas, así como con violaciones y esclavitud de mujeres.
“Quemaron nuestra casa. No fuimos a la base militar (el puesto avanzado) de Sepur porque quisiéramos… nos obligaron. Nos acusaban de alimentar a los guerrilleros. ¡Pero no los conocíamos! Tuve que dejar a mis hijas e hijos bajo un árbol para ir a cocinar para los militares… y…”, cuenta María Ba Caal, que no puede terminar la frase.
María Ba Caal con miembros de su familia. Crédito: Ryan Brown/ONU Mujeres
El final inconcluso resuena en el aire mientras permanecemos sentadas frente a su chabola de barro. Sus bisnietos juegan cerca de nosotras. Ella llora en silencio.
“Violación” y “esclavitud sexual” son palabras que no tienen una traducción fácil a la lengua q’eqchi’. “Nos obligaban a turnarnos”, prosigue. “Decían que nos matarían si no hacíamos lo que nos ordenaban”, afirma.
Posteriormente, María Ba Caal y otras mujeres que habían sido esclavizadas por los militares sufrieron durante años el rechazo de sus propias comunidades, que las llamaban “prostitutas”.
La guerra civil de Guatemala no solo fue la que más muertes causó en la región; también dejó un terrible legado de violencia contra las mujeres.
Hoy en día la comunidad de Sepur Zarco se compone de unas 226 familias. La ciudad más próxima, Panzós, se encuentra a 42 kilómetros en automóvil por una carretera polvorienta y solo parcialmente pavimentada.
A pocos kilómetros de Sepur Zarco se erigen las ruinas de la granja Tinajas, rodeada de campos de maíz.
En mayo de 2012, la Fundación de Antropología Forense de Guatemala exhumó 51 cuerpos de indígenas en este lugar, que habían sido asesinados y enterrados en fosas comunes por el ejército guatemalteco.
Las pruebas obtenidas en Tinajas supusieron uno de los puntos de inflexión en el caso Sepur Zarco.
Paula Barrios, directora de Mujeres Transformando el Mundo, explicó que las comunidades indígenas que viven en la zona creían que más de 200 hombres habían sido llevados allí y jamás se les había vuelto a ver.
Mujeres de la comunidad, muchas con hijas e hijos, esperan en la clínica móvil. La clínica móvil gratuita en Sepur Zarco atiende entre 70 y 80 personas diariamente. Crédito: Ryan Brown/ONU Mujeres
“Esta era la verdad del pueblo q’eqchi’, pero tuvimos que demostrar que aquellas historias eran ciertas. La exhumación continuó durante 22 días y costó 100.000 quetzales (13.500 dólares)”, detalla.
Y prosigue: “Algunas familias tuvieron noticia de ello y acudieron al lugar esperando encontrar a sus parientes desaparecidos. Las mujeres de la comunidad de Sepur Zarco también vinieron y cocinaron para el personal. Cavaron y cavaron durante cuatro días, pero no hallaron ningún cuerpo. Los antropólogos dijeron que el día siguiente sería el último”.
“Encontraron el primer cuerpo al día siguiente”, rememora.
Las abuelas de Sepur Zarco
En 2011, 15 mujeres sobrevivientes de Sepur Zarco —a las que hoy se conoce respetuosamente como “abuelas”— llevaron su caso ante la Corte Suprema de Justicia de Guatemala, con el apoyo de las organizaciones locales defensoras de los derechos de las mujeres, de ONU Mujeres y de otros socios de las Naciones Unidas.
Después de 22 audiencias, el 2 de marzo de 2016, el tribunal condenó a dos exmilitares por delitos de lesa humanidad (violación, asesinato y esclavitud) y concedió 18 medidas de reparación para las sobrevivientes y sus comunidades.
Fue la primera vez en la historia que un tribunal nacional enjuiciaba un cargo de esclavitud sexual durante un conflicto utilizando la legislación nacional y el derecho penal internacional.
Las abuelas lucharon para obtener justicia y reparación, no sólo para ellas, sino también para lograr un cambio que beneficiara a toda la comunidad.
La casa de Felisa Cuc en Pombaac. Crédito: Ryan Brown/ONU Mujeres
En su sentencia, el máximo tribunal prometió reabrir los expedientes de reclamación de tierras, crear un centro de salud, mejorar la infraestructura de la escuela de enseñanza primaria y abrir una nueva escuela de educación secundaria, además de ofrecer becas para mujeres y niñas/os; medidas que pueden sacar a esas personas de la pobreza extrema que todavía hoy continúan sufriendo.
“Cuando llevamos nuestro caso ante el tribunal, creíamos que ganaríamos, porque decíamos la verdad”, afirma María Ba Caal. “Para mí es muy importante que nuestro país escuche nuestra voz y conozca nuestra historia, para que lo que hemos vivido no le ocurra a nadie más”, añade.
Como parte de las medidas de reparación, las organizaciones de la sociedad civil trabajaron con el Ministerio de Educación guatemalteco en la elaboración de un cómic para niñas/os que narra la historia de Sepur Zarco.
El cómic se distribuirá en las escuelas de enseñanza secundaria de la capital del país, la ciudad de Guatemala, así como en los municipios de la zona de Alta Verapaz.
Tan solo una de las 11 abuelas sobrevivientes que lucharon para ganar este caso sin precedentes posee una casa en Sepur Zarco. La mayoría de las demás viven en las comunidades vecinas de San Marcos, la Esperanza y Pombaac, en viviendas provisionales.
Detrás del centro para mujeres que se está construyendo hay una pequeña parcela de terreno; a las abuelas les han prometido que podrán construir sus casas en ella.
María Ba Caal y Felisa Cuc nos llevan a visitar la zona. Felisa Cuc tiene 81 años y está esperando su casa. Quiere que sea de ladrillo y estaño.
“Cuando escuché la sentencia, me puse muy contenta. Pensé que mi vida iba a mejorar. Pero en este momento no sé si viviré lo suficiente como para ver los resultados”, afirma.
Don Pablo, un campesino local, ayudó a identificar la fosa común en la granja Tinajas, donde tuvo lugar la matanza de civiles por parte de militares en la década de 1980. En 2012 se exhumaron los restos de 51 cuerpos en el sitio. Crédito: Ryan Brown/ONU Mujeres
Doña Felisa ha tenido una vida difícil. Los soldados se llevaron a su esposo en 1982 y lo torturaron. Nunca más volvió a verle.
“Nos violaron a mí y a mis dos hijas, que se habían casado hacía poco tiempo. Sus esposos habían huido… Tratamos de escapar, buscamos refugio en casas abandonadas, pero los soldados nos encontraron. Violaron a mis hijas delante de mí”, recuerda.
El puesto avanzado de descanso de Sepur Zarco se clausuró en 1988, y el conflicto terminó formalmente en 1996 con la firma del acuerdo de paz. Sin embargo, las abuelas continuaron luchando por conseguir un mínimo de dignidad, un pedazo de tierra y comida.
Doña Felisa nos lleva a su casa de Pombaac por caminos de tierra a través de campos de maíz. Su casa es la última de la aldea.
“Aquí hay muchas necesidades”, nos dice. “En este momento necesito algo para comer. Nadie sabe cuánto tiempo viviré. Necesito tierra para mis hijas e hijos. Quizá si tienen tierra para cultivar puedan ayudarme, alimentarme”, prosigue.
De todas las medidas de reparación, puede que la restitución de tierras sea una de las más importantes. Sin embargo, también resulta complicada de ejecutar, puesto que buena parte de la tierra reclamada se encuentra en manos privadas. El presidente debe nombrar una institución y el Ministerio de Hacienda debe dotarla de presupuesto para comprar la tierra a sus propietarios privados y, a continuación, redistribuirla.
Una medida de reparación que ha tenido cierto impacto es la clínica móvil gratuita, que atiende a unas 70 u 80 personas cada día.
“Antes teníamos que caminar mucho para llegar a una clínica, pero ahora la tenemos más cerca. Las distintas comunidades nos turnamos para recibir atención en la clínica. Muchas mujeres de mi comunidad han recibido medicamentos, pero hay enfermedades que la clínica no puede tratar… Soñamos con un hospital que pueda tratar todas nuestras dolencias”, explica Rosario Xo, otra de las abuelas.
Demesia Yat, una de las abuelas más extrovertidas, reconoce lo lejos que han llegado y también habla sobre lo que está en juego.
“Nuestros esfuerzos, primero como mujeres y en segundo lugar como abuelas, es muy importante. Es cierto que se hizo justicia. Ahora pedimos educación para nuestras hijas e hijos y para nuestras nietas y nietos, de modo que la juventud de la comunidad tenga oportunidades y no sea como sus mayores, que no pudieron estudiar”, afirma.
“El gobierno ya conoce nuestras reivindicaciones. Esperamos muchos años a que se hiciera justicia; ahora tenemos que esperar para obtener reparación”, añade.
El caso de Sepur Zarco es un caso de búsqueda de justicia; estas mujeres sufrieron un horror y una pérdida inenarrables. Hoy exigen experimentar esa justicia en su vida cotidiana.
“Di todo lo que tenía para obtener justicia”, nos dice María Ba Caal cuando nos despedimos. “Quiero ver los resultados antes de que me muera. No sé cuánto tiempo me queda en este mundo”, concluye.

Este artículo fue publicado originalmente por ONU Mujeres.  IPS-Inter Press Service lo reproduce por un acuerdo especial con ONU Mujeres.

RV: EG

Así gana terreno la campaña coordinada para la prohibición total del aborto: el ejemplo de EE.UU.

The Guardian / El diario

El estado de Alabama acaba de prohibir la interrupción del embarazo incluso en casos de violación. Una decena de estados más barajan leyes que supondrían, en la práctica, una prohibición de la interrupción del embarazo. Todas estas leyes y proyectos han sido creados según una "legislación modelo" que promueve el grupo extremista Faith2Action.


Manifestantes contra la prohibición del aborto en Alabama (Associated Press)
El estado de Alabama acaba de aprobar la prohibición del aborto incluso en casos de violación y sin ningún margen de ninguna semana para la interrupción del embarazo. Otros nueve estados de EEUU están barajando la aprobación de leyes contra el aborto parecidas a la que ha aprobado también el estado de Georgia, que prohibe el aborto una vez que se puede detectar actividad cardíaca en el feto, algo que puede suceder a las seis semanas de embarazo, antes de que muchas mujeres siquiera sepan que están embarazadas. La ley ha provocado indignación en los grupos de defensa de los derechos de las mujeres en todo Estados Unidos.
Los expertos advierten que, dada la nueva conformación del Tribunal Supremo, los movimientos contra el aborto tienen "la mejor oportunidad en una generación para revocar la ley" que legalizó la interrupción del embarazo en el país americano.
Todas estas leyes y proyectos han sido creados según una "legislación modelo" que promueve el grupo extremista antiaborto Faith2Action, liderado por Janet Porter, una activista conservadora de alto perfil. Hace más de una década que Porter presiona a favor de una idea que los activistas a favor del derecho a decidir llaman "las leyes de las seis semanas", pero hasta hace poco no había tenido mucho éxito.
Tanto los activistas antiaborto como los que defienden los derechos de las mujeres coinciden en que las razones detrás de esta ola de proyectos de leyes antiaborto que están siendo presentados en las legislaturas de los estados se deben por un lado a la elección del momento justo y por otro al trabajo de presión de Porter y su grupo.
Al principio, los proyectos de leyes "de las seis semanas" que promovía Porter eran considerados demasiado extremistas, incluso por otros conservadores antiaborto. El primer intento de Porter de presionar por una ley así se remonta a 2011, en Ohio. Inicialmente, los políticos conservadores se negaron a presentar el proyecto y el gobernador John Kasich vetó las versiones de la ley que se aprobaron en 2016 y 2018. Sin embargo, a principios de este año, Ohio acabó aprobando la ley.
Actualmente, los proyectos de leyes que siguen el modelo de la de Porter se han convertido en una parte cada vez más importante del paquete de medidas de aquellos que buscan generar un cambio a nivel nacional de abajo hacia arriba, y están inspirando a muchos estados a presentar proyectos similares.
En todo el espectro político, grupos de presión y de activistas han promovido leyes de "corta y pega" en legislaturas estatales con la esperanza de poder cambiar gradualmente el clima político y legal respecto de temas específicos.
Esta ola reciente de proyectos de leyes sobre el aborto no ha sido exitosa en todos lados. En 2018, una ley similar fue aprobada en Iowa pero luego fue revocada por el Supremo del estado. Un proyecto en Pensilvania no pasó el filtro del comité de la legislatura. Sin embargo, este año, además de la de Georgia, se han aprobado leyes en la misma línea en Kentucky, Mississippi y Ohio –aunque todas estas han sido apeladas y todavía no han entrado en vigor–.
Los analistas creen que este esfuerzo por aprobar muchas leyes antiaborto nace del deseo de los activistas y los conservadores de que la cuestión vuelva a ser recogida por el Tribunal Supremo del país, que desde que Trump designó a dos nuevos jueces se ha inclinado notoriamente hacia el conservadurismo, especialmente desde el ingreso de Brett Kavanaugh, que es visto como alguien de línea dura respecto a este tema.
Elizabeth Nash, analista de políticas del Instituto Guttmacher, afirmó que muchos grupos antiaborto comparten con Porter la sensación de que "con la confirmación del juez Kavanaugh, ahora tienen los votos suficientes para llevar la 'ley del latido' al Supremo del país" y objetar la sentencia del caso Roe Vs Wade, un caso histórico que derivó en el derecho al aborto en Estados Unidos.
Los legisladores conservadores han comenzado a ver la aprobación de estas leyes extremistas contra el aborto como algo más que un gesto político inútil, lo cual explicaría por qué los políticos republicanos de todo el país han promovido estas leyes con tanto entusiasmo.
"Los legisladores conservadores anticipan que una ley que prohiba el aborto desde las seis semanas podría llegar al Supremo, dada su nueva configuración", aseguró Nash. George Hawley, profesor de ciencia política e investigador de políticas de derechas y religión en la Universidad de Alabama, coincide en que los grupos antiaborto tienen la sensación de que están ante una oportunidad vital gracias al gobierno de Trump. "Dada la conformación actual del Tribunal Supremo, esta es seguramente la mejor oportunidad que tenga esta generación del movimiento pro-vida de revocar el fallo Roe Vs Wade", dijo.
Hawley cree que el movimiento pro-vida siente que el Partido Republicano le debe algo por su lealtad a la hora del voto. "Durante décadas, el Partido Republicano ha reunido sumas enormes de dinero gracias a la promesa de revocar el fallo Roe Vs Wade si ganara suficientes elecciones como para poner una mayoría conservadora en el Supremo", afirmó Hawley. "Los activistas antiaborto le han dado tanto al Partido Republicano que razonablemente pueden insistir con que ahora se prohiba el aborto".
A principios de esta década ya hubo una pequeña ola de proyectos de ley semejantes. En 2013 y 2014, Alabama, Arkansas, Dakota del Norte y Wyoming presentaron en sus legislaturas proyectos que o bien murieron en los comités o fueron revocados por tribunales federales, y el Supremo se negó a dar lugar a las apelaciones.
Nash dijo que esta nueva ola de leyes forma parte de una estrategia de los activistas antiaborto de "vincular algún tipo de actividad fetal con la prohibición del aborto" y que el latido fetal tiene además una carga emocional.
La redacción de los proyectos de leyes a cargo de Faith2Action forma parte de un amplio frente de esfuerzos de la derecha cristiana. Iniciativas como el Proyecto Blitz han intentado sacar adelante una larga lista de leyes "amigables con la religión" en materia de adopciones, clases de educación religiosa y la objeción de conciencia a la hora de realizar abortos o proveer servicios a la comunidad LGBT.
La ACLU (Unión Americana por las Libertades Civiles) y otros grupos civiles a favor de los derechos de las personas han prometido que apelarán la ley de Georgia.
Frederick Clarkson, que estudia el derecho cristiano desde hace muchos años, sugiere que estas leyes pueden considerarse "un ardid publicitario, con una intencionalidad política". Pero añadió que, dada la conformación del Supremo, "es absolutamente posible que se revoque el fallo Roe Vs Wade".