Por: Por Rosalinda Hernández Alarcón, Sandra Valoyes Villa y Miriam Bobadilla*
Miles
de niñas y adolescentes anualmente son víctimas de diferentes tipos de
violencias que han sido normalizadas en Latinoamérica, donde la cultura
patriarcal impera. Con motivo del Día Internacional de las Niñas, a
celebrarse este 11 de octubre, la Red de Periodistas con Visión de
Género de Las Américas llama la atención sobre la problemática del
embarazo temprano y algunas medidas de prevención.
América Latina es la segunda región del mundo con mayor cantidad de
embarazos en niñas y adolescentes, luego del África sub-sahariana.
Varias feministas de Argentina, Colombia y Guatemala indican que este
flagelo es resultado de múltiples factores políticos, económicos,
sociales y culturales que vulneran -desde las edades más tempranas- los
derechos de las mujeres a vivir una vida digna y libre.
Aspectos como la pobreza, la precaria educación, la falta de acceso a
la salud, las escasas oportunidades para construir un proyecto de vida
autónomo, entre otros, se configuran como formas de violencia ejercidas
históricamente contra las mujeres, que afectan de manera específica a
las niñas y adolescentes; no por casualidad son justamente las más
vulnerables, las pobres, las menos educadas, las rurales, las indígenas y
las afrodescendientes.
Al consultar con expertas en el tema, afirman que en la ocurrencia
del embarazo temprano incide la transmisión social de una ideología
sobre la maternidad: “como máxima expresión de la realización femenina o
como un regalo de Dios”, en la que influyen y perpetúan las iglesias
conservadoras.
En este sentido, una de las recomendaciones incluidas en el Informe
Hemisférico de 2016 sobre Violencia Sexual y Embarazo Infantil en los
Estados parte de la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y
Erradicar la Violencia contra la Mujer, (Belém do Pará) es fortalecer
el carácter laico de los Estados en la normativa y en las medidas a
adoptar en los temas relacionados con la violencia sexual contra las
niñas y el embarazo infantil en la región.
La ginecóloga y docente Gloria Penagos, quien participó durante 8
años en programas locales y regionales exitosos de prevención del
embarazo en adolescentes en el departamento de Antioquia, Colombia,
sostiene que “existe una cultura que no se modifica y en su base está la
trasmisión de que uno de los trabajos grandes que hay en la vida es ser
madre”.
La cultura machista que alcanza su máxima expresión en la violencia y
el abuso sexual contra las mujeres, según la doctora Penagos, “es el
nodo central de la problemática del embarazo en niñas y adolescentes,
pues se oculta, no se reconoce”.
VIOLENCIA SEXUAL Y RELACIONES INEQUITATIVAS
Los embarazos en niñas menores de 14 años son consecuencia de
relaciones asimétricas, obligadas o producto del abuso, afirman las
voces feministas consultadas, aunque la Organización Panamericana de la
Salud, en su Boletín Informativo de julio de 2015, sólo reconoce que
entre 11 y 20 por ciento de los embarazos en niñas y adolescentes son
resultado de la violencia sexual.
Para la doctora argentina Mabel Bianco, presidenta de la Fundación
para el Estudio e Investigación de la Mujer, “preocupa el aumento del
embarazo precoz en las menores de 15 años”, tomando en cuenta que en esa
edad todas las relaciones sexuales se consideran no consentidas y, por
lo tanto, son resultado de un abuso sexual.
Al coincidir con Bianco, la doctora y directora del Observatorio en
Salud Sexual y Reproductiva guatemalteca Mirna Montenegro, enfatiza que
ocurre el delito de violación sexual en todos los casos en que una niña
se convierte en madre.
Agrega que “la mayoría de estos crímenes se comete dentro de la
familia y los agresores son padres, abuelos, hermanos, padrastros,
hermanastros, tíos o primos”; cuestión que -resalta- tiene que tomarse
en cuenta en las propuestas de prevención.
El Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses de
Colombia reportó, que en 2016, de los exámenes que se practicaron a
niñas entre 10 y 13 años de edad por presunto delito sexual, 76 por
ciento ocurrieron en el interior de las viviendas y en 88 por ciento de
los casos, el presunto agresor fue una persona cercana a la víctima: se
trató de un familiar (43.3 por ciento) o un conocido (26 por ciento),
fueron los más frecuentes.
En contextos históricos marcados por conflictos internos con
participación de varios grupos armados (guerrillas, paramilitares e
instituciones de seguridad pública), las niñas y adolescentes han sido
objeto de agresión sexual como táctica de guerra.
De acuerdo con la oficina del Fondo de Población de las Naciones
Unidas (UNFPA), en municipios afectados por el conflicto armado en
Colombia, la incidencia del embarazo en adolescentes es dos veces mayor
que el promedio nacional el cual se ubica en 20.9 por ciento.
En opinión de la integrante del grupo guatemalteco Mujeres
Transformando el Mundo Paula Barrios, existe una indiferencia social
sobre cómo apoyar a las niñas y adolescentes a quienes se les impone un
embarazo como consecuencia de una violación sexual, “sólo se les obliga a
permanecer en el ámbito doméstico, perdiendo así su proyecto de vida”.
REGISTROS DEFICIENTES
Contar con un panorama completo de las cifras que registran las
instituciones gubernamentales se dificulta debido a que éstas solo
incluyen los nacimientos de hijas e hijos de madres niñas y
adolescentes, y no reportan aquellos embarazos que terminan por aborto
espontáneo o por interrupción voluntaria.
A los subregistros que existen en Argentina, Colombia y Guatemala, se
suma la falta o incongruencia de algunas categorías de los datos
publicados por los organismos del Estado, lo que dificulta el análisis
de estadísticas para determinar, por ejemplo, las afectaciones
específicas de niñas y adolescentes indígenas y afrodescendientes.
INTERRUPCIÓN DEL EMBARAZO: ¿PERMITIDA O PROHIBIDA?
En lo referente a la interrupción voluntaria del embarazo, en
Argentina y Colombia está despenalizado el aborto cuando existe una
violación sexual, pero ello no significa que todas las niñas y
adolescentes que así lo decidan tengan acceso a recurrir a esta medida
en condiciones seguras.
Para el caso de Argentina, el Artículo 86 del Código Penal de la
Nación determina que el aborto se encuentra despenalizado cuando el
embarazo representa un peligro para la vida y la salud de la madre y si
el embarazo proviene de una violación.
En Colombia, a partir de 2006 se despenalizó el aborto en tres
causales: cuando el embarazo es producto de una violación sexual; cuando
la vida del feto es inviable fuera del útero; y cuando peligra la salud
o vida de la madre. La legislación en Guatemala lo permite únicamente
cuando la vida de la madre corre peligro.
Con el propósito de que niñas y adolescentes guatemaltecas tengan
acceso al aborto seguro, la agrupación Mujeres Transformando el Mundo,
elabora un mecanismo legal que permita la interrupción del embarazo en
casos de violencia sexual, como una medida de reparación digna hacia las
víctimas para que continúen con su proyecto de vida, explicó la abogada
Paula Barrios.
Los grupos feministas latinoamericanos que reivindican la
despenalización del aborto aseguran que el embarazo forzado viola los
derechos de las mujeres reconocidos en tratados internacionales, además
perpetúa la violencia sexual y la violencia estructural, sobre todo
cuando a niñas y adolescentes se les niega, dificulta, demora y
obstaculiza la interrupción del embarazo.
Desde 2011, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH)
asegura que la discriminación de género que sufren las niñas víctimas de
violencia sexual y embarazos no deseados es con frecuencia minimizada,
pues dada su edad son consideradas como un mero objeto de tutela.
A las niñas se les coloca en situación de desventaja cuando presentan
denuncias de violencia sexual, ya que se relaciona el mundo infantil
con la imaginación exacerbada, de modo que sus testimonios y
declaraciones son utilizados para disminuir la sanción al agresor,
señala la CIDH.
ALTERNATIVAS PARA DESESTRUCTURAR LA SUBORDINACIÓN
Para abordar la problemática de los embarazos tempranos, las
feministas entrevistadas mencionan varias iniciativas, entre ellas,
destacan: deconstruir la ideología patriarcal que reproduce la
subordinación de las mujeres.
En opinión de la guatemalteca e integrante de la Organización de
Mujeres Tierra Viva, Alma Odeth Chacón, hay que abordar esta
problemática desde el ámbito de la violencia sexual porque se sigue
sosteniendo que los cuerpos de las mujeres pueden ser usados sexualmente
y esto está dañando las vidas de niñas y adolescentes.
La representante de la Alianza Política Sector de Mujeres de
Guatemala, Marta Godínez, propone “establecer diálogos entre mujeres,
niñas y adolescentes sobre las posibilidades de construir un mundo
diferente, qué piensan sobre su sexualidad y sus afectos, qué quieren
ser en la vida y cómo quieren ser tratadas”.
Precisa que cualquier medida de prevención tiene que tomar en cuenta
sus opiniones, asimismo, reconocer que en Latinoamérica se han impuesto
ideas y actitudes de subordinación a las mujeres, “nos han mandatado a
ser objetos, a ser propiedad de otros y otras, si no comprendemos esa
lógica va a ser muy difícil desestructurar esos pensamientos”, resalta
Godínez.
La Directora de Promoción y Protección de Derechos Humanos de
Amnistía Internacional Argentina, Paola García Rey, recomienda,
“garantizar la educación sexual integral desde una edad temprana y en
los distintos niveles etarios”.
De igual manera sugiere: “proveer servicios de salud amigables que
permitan a las niñas y jóvenes acceder a métodos anticonceptivos
conforme a su edad y sin autorización de sus padres, hay que mejorar la
consejería anticonceptiva y diversificar la información sobre métodos
anticonceptivos, entre otros aspectos”.
Además hay que hacer extensiva la educación sexual a padres y madres,
“dado que es en los hogares donde más se comenten los abusos sexuales y
adicionalmente generar propuestas de masculinidades conscientes para
que los hombres piensen en la responsabilidad que tienen sobre el
embarazo y su paternidad”, afirmó la Directora Técnica del Centro de
Desarrollo Social de Barranquilla, Colombia, Nazly Mulford.
Otras alternativas se refieren a que profesionales de la salud y la
educación promuevan los derechos sexuales y los derechos reproductivos,
que no se limiten a compartir información sobre infecciones de
transmisión sexual y métodos anticonceptivos, opinó la doctora Penagos,
quien asegura que es crucial superar barreras culturales que impiden que
las mujeres tomen decisiones sobre el ejercicio de su sexualidad, lo
cual implica brindar herramientas para decidir cuándo sí y cuándo no,
con quién y con qué medidas de protección.
Muchas alternativas quedan por ejecutar, pero quizás este reporte
interpele a familiares, profesionales, activistas, personal de
instituciones públicas y funcionarios de gobiernos locales y nacionales
para que se comprometan en acciones que contribuyan a erradicar esta
problemática que provoca dramáticas secuelas en la vida de miles de
niñas y adolescentes en América Latina.
* Integrantes de la Red de Periodistas con Visión de Género de Las Américas
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