Gilberto López y Rivas
Como
en numerosos casos en el país, Zacualpan, una pequeña comunidad
indígena nahua del municipio de Comala, en el estado de Colima, se
encuentra inmersa en una lucha de resistencia contra la imposición de
un proyecto minero de oro a cielo abierto de la Compañía Gabfer SA de
CV, representada por el empresario Rigoberto Verduzco Rodríguez, quien,
siguiendo la estrategia de la llamada
ingeniería de conflictos–desarrollada por las mineras canadienses–, ha provocado la confrontación de la mayoría de la comunidad contra un pequeño grupo de extracción priísta, cooptado por la corporación, que encabeza el depuesto presidente del comisariado de bienes comunales, Carlos Guzmán Teodoro. La destitución de este individuo se basó en hechos comprobados de corrupción, desvío de fondos federales destinados a la comunidad, ocupación violenta del balneario comunitario Ojo de Agua, así como por reiterados tentativas de comprar voluntades y ejercer violencia contra la población para que se acepte la apertura de la explotación minera.
Como parte del problema, y como también ocurre en numerosas regiones
del territorio nacional, son las autoridades de los tres niveles de
gobierno las que se coaligan para apoyar, fuera de la Constitución y
las leyes, a las corporaciones de la megaminería tóxica. El Consejo
Indígena por la Defensa del Territorio de Zacualpan, la organización
Bios Iguana AC, la Mining Watch Canadá y la Red Mexicana de Afectados
por la Minería (Rema) denunciaron ya hace meses que
este proceso se ha realizado en total contubernio con la delegada de la Procuraduría Agraria en el estado, María Elena Díaz Rivera, con el apoyo pleno de distintos funcionarios del gobierno federal, estatal y municipal; así como de diversos legisladores locales, quienes en conjunto se han vuelto fieles promoventes de la actividad minera, a la vez que son omisos al cumplimiento de las leyes nacionales, dando total preferencia al interés privado por encima del interés de los pueblos, a pesar de que su tierra, sus bienes naturales y su territorio han sido entregados en concesión sin establecer un proceso adecuado basado en el consentimiento previo, libre e informado( Caso Zacualpan, Colima, documento en red).
Cabe señalar que Colima es el estado de la República que
proporcionalmente tiene la mayor superficie de su territorio (44 por
ciento) concesionada a las corporaciones mineras por la Secretaría de
Economía a escala federal, por lo que los pueblos han podido comprobar,
por experiencia propia, lo que significan la amenaza y la concreción de
una mina a cielo abierto en su territorio: devastación ambiental
irreversible, sustracción del agua hasta el agotamiento de las fuentes
existentes, envenenamiento de la tierra y los mantos acuíferos con
mercurio (plata), cianuro (oro) y otros tóxicos, así como destrucción
del territorio por las explosiones constantes (para un gramo de oro, se
requiere llevar a molienda hasta ocho toneladas de piedra), fractura
del tejido social por la división de las comunidades y familias entre
quienes se oponen a la presencia minera (usualmente la mayoría de la
población) y quienes trabajan en favor de la corporación (pequeños
grupos que en muchas ocasiones devienen sicarios al servicio de las
compañías).
La
comunidad de Zacualpan y los organismos que la apoyan se han movilizado
política y jurídicamente ante diversas instituciones del Estado,
logrando importantes triunfos en ambos ámbitos. En lo referente a lo
político, a finales del año pasado, y pese a las agresiones policiales,
amenazas de muerte, intentos de soborno, presencia intimidatoria del
Ejército y diversas formas de violencia física contra opositores a la
mina, así como abiertas complicidades y trampas metalegales de varias
autoridades agrarias y del estado, se logró, con los votos de la
mayoría de la comunidad, integrar el nuevo comisariado comunal, que
defenderá el territorio y sus recursos naturales. Asimismo, se han
interpuesto demandas legales que han dado como resultado que el
Tribunal Unitario Agrario dicte una sentencia reconociendo la asamblea
en la que destituye a Carlos Guzmán, se rechaza el proyecto minero y se
declara el territorio libre de minería, además de reconocer que el
comisariado es la instancia que debe administrar el balneario Ojo de
Agua, que siendo propiedad de la comunidad indígena, estuvo
administrado durante años por caciques de filiación priísta, que nunca
rindieron cuentas. No obstante, el grupo de Guzmán ocupó violentamente
este balneario, en desacato a la sentencia del tribunal unitario, con
la complicidad manifiesta del comisariado municipal, Enrique Carpio, y
la omisión de las policías municipal, estatal y federal. Es también
evidente la connivencia del presidente municipal de Comala, Braulio
Arreguín; de Roberto Chapula, titular de la Comisión Estatal de
Derechos Humanos, y del Ministerio Público asentado en este municipio,
con el grupo de Carlos Guzmán y, por ende, con los intereses
corporativos de la minera.
A esta correlación de fuerzas dentro de los aparatos de Estado,
contraria a los intereses de la comunidad indígena de Zacualpan, se
suma, en septiembre del año pasado, la actuación de la Comisión
Permanente del Congreso de Colima, que en un punto de acuerdo, logrado
en votación unánime, exhorta al gobernador Mario Anguiano Moreno para
que intensifique las acciones de seguridad pública supuestamente para
lograr la paz, pero en realidad operando como fuerza de ocupación, y
que la
dependencia vigile que gente extraña a la comunidad indígena de Zacualpan no altere el orden y la paz pública, en obvia referencia a Bios Iguana AC y las organizaciones solidarias agrupadas en Rema.
Ante lo candente de la situación y el riesgo real de una escalada de
violencia de consecuencias irreparables, personalidades, diversos
representantes de instituciones y agrupamientos civiles y de derechos
humanos, nacionales e internacionales, han conformado una misión de
observación que estará en Colima del primero al 4 de marzo con el
propósito de reunirse con la comunidad de Zacualpan, el gobernador de
ese estado, la Procuraduría Agraria, la Semarnat y representantes del
Congreso estatal, entre otros actores, para conocer de primera mano la
situación y promover mecanismos y espacios de diálogo.
