12/18/2014

“Enfoque obsoleto” del imperio hacia Cuba



Utopía
  
Eduardo Ibarra Aguirre

Cuando muy poco o casi nada tiene que perder en Estados Unidos y mucho que ganar en la aldea global, Barack Obama anunció desde la Casa Blanca que instruyó al secretario de Estado “a que comience inmediatamente las discusiones con Cuba para restablecer las relaciones diplomáticas que han estado interrumpidas desde enero de 1961.”

El anuncio, sin hipérbole, es de naturaleza histórica, pues cambia las estrategias mas no los objetivos de Washington hacia La Habana, donde Raúl Castro hizo lo propio en forma simultánea, de lo que Barack Hussein denominó “un enfoque obsoleto que por décadas fracasó en promover nuestros intereses”. Éstos que son los que cuida y protege el gobierno de la Unión Americana, con independencia del nombre y del hombre que hasta hoy despacha en la Oficina Oval y del partido al que pertenezca. Siempre bajo el bello envoltorio de la libertad, la democracia y los derechos humanos, valores universales que terminan donde predominen los intereses estadunidenses.

Fracasada la estrategia que se aplicó a partir de 1961, con muy diversos medios incluida la invasión militar (Bahía de Cochinos), y acentos que llegaron a las acciones terroristas, hasta el punto de que dice el presidente estadunidense “ninguna otra nación se ha unido a nosotros para imponer estas sanciones”, anuncia que el bloqueo a la mayor de las Antillas será revisado dentro de las atribuciones presidenciales que tiene, pues la parte estructural compete al Congreso.

En consecuencia, como apuntó el presidente cubano sin abusar de la retórica “ideologizada” como su par estadunidense, “Esto no quiere decir que lo principal se haya resuelto. El bloqueo económico, comercial y financiero que provoca enormes daños humanos y económicos a nuestro país debe cesar.” Y subrayó que el “Presidente de los Estados Unidos puede modificar su aplicación en uso de sus facultades ejecutivas.”

En tal dirección, Raúl Castro reconoció “tenemos profundas diferencias, fundamentalmente en materia de soberanía nacional, democracia, derechos humanos y política exterior”, y reafirmó “nuestra voluntad de dialogar sobre todos esos temas.” En tanto que el estadunidense dejó claro que persistirá en sus fines imperiales por medios nuevos, aunque se curó en salud con la siguiente frase “tercerista”:

“Permítanos dejar atrás el legado de la colonización y el del comunismo, la tiranía de los cárteles de droga, de dictadores y farsas electorales (…) para promover los sueños de nuestros ciudadanos.” Sueños que acaso ni Michelle Obama le cree, pues las realidades las asume EU cuando no le queda de otra, como ahora que su hegemonía global está bajo generalizado cuestionamiento.

El esposo de la señora Michelle ilustró la naturaleza obsoleta de la política de sus antecesores, desde los tiempos de Richard M. Nixon: “Piensen que por más de 35 años hemos tenido relaciones con China, un país mucho más grande y también gobernado por el Partido Comunista. Hace casi dos décadas, restablecimos relaciones con Vietnam, donde luchamos una guerra en la que perecieron más estadounidenses que en ninguna confrontación de la Guerra Fría.”

Estados Unidos no acaba de superar los reflejos políticos y militares de aquellos tiempos, y en el caso del gigante asiático que en 17 aspectos ya rebasó al vecino del norte como la primera potencia económica del orbe (Michael Snyder dixit), Obama oculta u ignora que Nixon y Kissinger estimularon al máximo el distanciamiento de Beijing respecto de Moscú. Y esta formidable carta les permitió ser los vencedores en 1989, pero nunca imaginaron la desembocadura que tendría el proceso chino, al que hoy no saben cómo frenar.
Acuse de recibo
Hacía tiempo que no leía tantos textos del semanario Proceso como lo hice con el número 1988 y corroboré que Vicente Leñero fue un maestro también para los que vivimos de y para el periodismo… Aprovecho la temporada para recomendarle la lectura de HHhH de Laurent Binet, joven escritor nacido en París y que radicó en Praga e hizo el servicio militar en Eslovaquia… También para agradecer los muchos y buenos deseos con motivo de Navidad y 2015. Contra la costumbre de enlistar cada mensaje, sólo registro el enviado por la Orquesta Filarmónica de la Ciudad de México, pues nos comparte: “Les informamos que la próxima Temporada de Conciertos 2015, iniciará el sábado 17 de enero y concluirá el domingo 29 de marzo”… Los del Movimiento Comunista Mexicano, algunos provenientes del PCM, solicitan: “Aguinaldo para el MCM”, porque “es una agrupación política de izquierda, independiente, que no depende de prerrogativa alguna, financia sus actividades con la cuota voluntaria de sus propios miembros, el aporte de simpatizantes y amigos (…)”. Lo que usted decida aportar, hágalo a “la cuenta 00105558457, de Scotiabank a nombre de Juan Carlos Alemán Márquez y Rosa Isaura Muñoz Razo. Favor de reportar tu depósito a los correos jc_alemarqz@yahoo.com.mx yrossykayfresita@gmail.com”.
forum@forumenlinea.com      Twitter: @IbarraAguirreEd      www.forumenlinea.com     www.facebook.com/forumenlinea

¿Cuánto cuesta tu diputado?


Mientras los presupuestos de los estados van a la baja, los congresos locales piden más dinero para gastar. Conoce cuánto cuesta el diputado de tu entidad


"De los congresos en los que el PRI tiene mayoría absoluta, en cinco también podría tener mayoría calificada si se considera la conformación de un bloque con el PVEM y Nueva Alianza” 

Integralia

Los legisladores que sean electos en el proceso electoral del 2015 podrán reelegirse hasta por cuatro periodos consecutivos

14,145 millones de pesos costó a los ciudadanos mantener los congresos estatales en 2014

1,137 diputados locales existen actualmente en el país

337.8 pesos costó a cada ciudadano de Quintana Roo mantener a sus diputados

160 por ciento más que la media nacional representa ese costo en Quintana Roo

212 días tienen en promedio de trabajo los congresos locales en México

60.4 pesos costó a cada mexicano mantener a la Cámara de Diputados este año

33.1 pesos costó a los mexicanos mantener al Senado este año

Mantener a los congresos locales de las 31 entidades federativas y el Distrito Federal nos costó a los mexicanos más de 14 mil 145 millones de pesos, tan solo en el 2014.
En promedio, cada uno de los 112 millones 336 mil 538 mexicanos (con cifras del Inegi al 2010) invertimos este año 125.9 pesos para financiar la operación de los congresos locales.

Esta cantidad se suma al gasto de 93.5 pesos que los mexicanos realizamos por el funcionamiento del Congreso de la Unión federal, representado por la Cámara de Diputados y el Senado.

Mantener a la Cámara de Diputados costó a los mexicanos 60.4 pesos; al Senado, 33.1 pesos, en el 2014.
Es decir, cada ciudadano invirtió este año un total de 219.4 pesos para el funcionamiento del Poder Legislativo.

En contraste, sostener las labores de la Presidencia de la República, por ejemplo, costó a los mexicanos 19.5 pesos.

En México, existen un total de mil 137 diputados locales en los congresos locales y en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal.

De acuerdo con el presupuesto de cada uno de los congresos locales, tomando en cuenta el número de ciudadanos que viven en esa entidad, la asamblea más cara es la de Quintana Roo, con un gasto promedio por habitante de 337.8 pesos. Un 160 por ciento más que la media nacional.

Le sigue Sonora, donde su congreso local costó 300.4 pesos a cada habitante.
En tercer lugar se encuentra Baja California Sur, donde el Congreso estatal costó a sus ciudadanos 275 pesos por persona.
En contraste, los tres congresos locales menos onerosos para sus ciudadanos fueron los de Veracruz, con una inversión de 75.5 pesos por ciudadano; Hidalgo, con 59.4 pesos; y Puebla, con 52.8 pesos por cada habitante.

La Asamblea Legislativa del Distrito Federal ocupa el lugar nueve, con una inversión por habitante de 172.6 pesos.

El Congreso de Nuevo León ocupa el escalón 21, con un gasto de 104.9 pesos por cada uno de sus pobladores.
El costo de los congresos locales no es indicativo del trabajo legislativo que realizan, pues la frecuencia de los trabajos es variable en cada caso.

Según la revista Este País, dirigida por Federico Reyes Heroles, presidente de Transparencia Mexicana, la mayoría de los congresos locales realiza dos periodos ordinarios de sesiones al año.
En promedio, los congresos locales en México tienen 212 días de trabajo en periodos ordinarios.
El mayor número de sesiones al mes las realiza el Congreso de Nuevo León. Su Ley Orgánica le obliga a sesionar al menos tres veces por semana.

En contraste, los congresos de Baja California, Michoacán, Morelos y Querétaro solo están obligados por Ley a tener dos sesiones al mes.

Fallan en transparencia

A pesar de que este gasto incluye todas las actividades que se desarrollan en cada uno de los congresos locales, una parte de esos recursos se destinan a las prerrogativas de cada una de las bancadas con representación en las asambleas.
Al igual que como ocurre en el Congreso de la Unión, las bancadas no tienen obligación de transparentar sus gastos ni exhibir comprobantes de en qué invierten su dinero.
Esto convierte al Poder Legislativo, a nivel nacional y estatal, en uno de los órganos más opacos del país.
De acuerdo con la consultoría Integralia, los congresos locales tienen “un grave problema” de transparencia y acceso a la información, no solo por el gasto otorgado a las bancadas, sino la comprobación de los presupuestos en sí mismos.

En su estudio “Reporte Legislativo número cinco”, Integralia sostiene que los informes de la cuenta pública estatal y los diarios oficiales que contienen los presupuestos anuales de egresos de las entidades son los mecanismos más confiables para acceder a alguna información sobre el ejercicio de los recursos.
Integralia señala que ni siquiera la información del ejercicio de gasto proporcionada por los congresos locales es un mecanismo confiable de rendición de cuentas.
“En general, los órganos legislativos locales no entienden el acceso a la información de manera proactiva. Muchos congresos cumplen con los requisitos legales mínimos: hacer disponible la información que la ley clasifique como de ‘carácter público obligatorio’ sin tener criterios de calidad y de fácil consulta”, critica la consultoría en su análisis.

La opacidad en el manejo de los recursos no es privativo del Poder Legislativo de los congresos estatales. A nivel federal tampoco existe obligación alguna de transparencia.
Tratando de solucionar esta falta, Carlos Castaños, diputado federal del PAN, presentó hace un año una iniciativa para que el Poder Legislativo Federal tenga la obligación de hacer públicos todos los comprobantes de gasto de sus recursos, excepto aquellos que tengan carácter de confidencial.
Dichos comprobantes, según la iniciativa de reforma a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, deberían estar disponibles en línea para consulta de los ciudadanos.
Esta iniciativa, sin embargo, duerme el sueño de los justos en la Comisión de Transparencia y Anticorrupción, cuyo análisis continúa pendiente desde el 11 de diciembre del 2013.

El PRI, mayoría en 21 de 32 congresos

No todos los congresos de los estados son uniformes en el número de partidos políticos nacionales o locales, que tienen representación en ellos.
En Yucatán, por ejemplo, solo cuatro partidos tienen representación en el congreso local.
Las asambleas con más partidos políticos son las de Baja California, Oaxaca, Puebla y Tlaxcala, con nueve bancadas.
Según datos de Integralia, el PRI tiene el mayor número de legisladores en 21 de los 32 congresos locales, sin alcanzar la mayoría para obtener una votación definitoria.En tricolor tiene mayoría absoluta –la mitad más uno de los votos- en 12 de los 32 congresos locales. Esto ocurre en Campeche, Chihuahua, Coahuila, Durango, Hidalgo, el Estado de México, Nayarit, Quintana Roo, Sinaloa, Tamaulipas, Veracruz y Yucatán.
“De los congresos en los que el PRI tiene mayoría absoluta, en cinco también podría tener mayoría calificada si se considera la conformación de un bloque con el PVEM y Nueva Alianza.
“De igual forma, en Chiapas, al contar con los legisladores locales de dichos partidos, el PRI adquiere la mayoría calificada”, expone la consultoría en su estudio.
Estas cinco entidades donde hay mayoría calificada con sus aliados –las dos terceras partes de los votos- son Chiapas, Durango, Hidalgo, Quintana Roo y Veracruz.
Esta mayoría del PRI en los congresos locales ha sido determinante para que las reformas constitucionales promovidas por el Ejecutivo hayan pasado de forma casi inmediata en las entidades.
De cambiar la correlación de fuerzas a favor del PAN –que tiene mayoría simple en los congresos de Baja California Sur, Guanajuato, Nuevo León, Puebla y Sonora- o del PRD –con mayoría simple en Guerrero y absoluta en Tabasco y la Asamblea Legislativa del Distrito Federal-, la aprobación de reformas constitucionales podría tener un tránsito más lento en los estados.
A estos tres partidos mayoritarios se sumará la bancada del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), el partido de Andrés Manuel López Obrador, que entrará a la escena electoral en el proceso del 2015.

Reelección, el nuevo panorama

Sin modificar el marco legal para obligarles a rendir cuentas y obligarlos a ser transparentes, los legisladores locales que sean electos a partir de este 2015 podrán ser reelectos, según lo aprobado este año en la reforma político electoral.
Este principio no aplicará al Congreso federal, donde los diputados y senadores que puedan reelegirse serán aquellos que lleguen al Senado o la Cámara de Diputados en la elección del 2018.
En el proceso electoral del próximo 7 de junio del 2015, se elegirá a los nuevos miembros de los congresos locales de 17 entidades.
Los estados de Baja California Sur, Jalisco, Sonora, Guanajuato, Nuevo León, Querétaro, San Luis Potosí, Campeche, Chiapas, Tabasco, Yucatán, Guerrero, Morelos, Colima, Michoacán, el Estado de México y el Distrito Federal elegirán a 661 diputados locales.
Según el artículo 116 de la Constitución, los legisladores que sean electos en el proceso electoral del 2015 podrán reelegirse hasta por cuatro periodos consecutivos; es decir, podrían durar en el cargo hasta el 2027.
Su postulación podría ocurrir por el mismo partido que lo llevó hasta el congreso local o por cualquiera que haya conformado una coalición con la que ganó. El derecho se pierde si el legislador renuncia a su militancia partidista y se convierta en diputado independiente.
Los partidos políticos comenzaron ya a fijar las reglas para las postulaciones rumbo a la elección del 2015
.


En tricolor tiene mayoría absoluta –la mitad más uno de los votos- en 12 de los 32 congresos locales. Esto ocurre en Campeche, Chihuahua, Coahuila, Durango, Hidalgo, el Estado de México, Nayarit, Quintana Roo, Sinaloa, Tamaulipas, Veracruz y Yucatán.

“De los congresos en los que el PRI tiene mayoría absoluta, en cinco también podría tener mayoría calificada si se considera la conformación de un bloque con el PVEM y Nueva Alianza.

“De igual forma, en Chiapas, al contar con los legisladores locales de dichos partidos, el PRI adquiere la mayoría calificada”, expone la consultoría en su estudio.

Estas cinco entidades donde hay mayoría calificada con sus aliados –las dos terceras partes de los votos- son Chiapas, Durango, Hidalgo, Quintana Roo y Veracruz.

Esta mayoría del PRI en los congresos locales ha sido determinante para que las reformas constitucionales promovidas por el Ejecutivo hayan pasado de forma casi inmediata en las entidades.

De cambiar la correlación de fuerzas a favor del PAN –que tiene mayoría simple en los congresos de Baja California Sur, Guanajuato, Nuevo León, Puebla y Sonora- o del PRD –con mayoría simple en Guerrero y absoluta en Tabasco y la Asamblea Legislativa del Distrito Federal-, la aprobación de reformas constitucionales podría tener un tránsito más lento en los estados.

A estos tres partidos mayoritarios se sumará la bancada del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), el partido de Andrés Manuel López Obrador, que entrará a la escena electoral en el proceso del 2015.

Reelección, el nuevo panorama

Sin modificar el marco legal para obligarles a rendir cuentas y obligarlos a ser transparentes, los legisladores locales que sean electos a partir de este 2015 podrán ser reelectos, según lo aprobado este año en la reforma político electoral.

Este principio no aplicará al Congreso federal, donde los diputados y senadores que puedan reelegirse serán aquellos que lleguen al Senado o la Cámara de Diputados en la elección del 2018.

En el proceso electoral del próximo 7 de junio del 2015, se elegirá a los nuevos miembros de los congresos locales de 17 entidades.

Los estados de Baja California Sur, Jalisco, Sonora, Guanajuato, Nuevo León, Querétaro, San Luis Potosí, Campeche, Chiapas, Tabasco, Yucatán, Guerrero, Morelos, Colima, Michoacán, el Estado de México y el Distrito Federal elegirán a 661 diputados locales.

Según el artículo 116 de la Constitución, los legisladores que sean electos en el proceso electoral del 2015 podrán reelegirse hasta por cuatro periodos consecutivos; es decir, podrían durar en el cargo hasta el 2027.

Su postulación podría ocurrir por el mismo partido que lo llevó hasta el congreso local o por cualquiera que haya conformado una coalición con la que ganó. El derecho se pierde si el legislador renuncia a su militancia partidista y se convierta en diputado independiente.

Los partidos políticos comenzaron ya a fijar las reglas para las postulaciones rumbo a la elección del 2015.

El camino de la insumisión se ha abierto, y con él el germen del poder popular



La represión en Iguala contra los compañeros de Ayotzinapa ha detonado un movimiento hacia la insumisión, cómo ya lo había experimentado la lucha de los politécnicos, los maestros que se oponen a la reforma educativa y diversas luchas en diferentes regiones del país. Este camino abierto y utilizado tanto por un movimiento estudiantil que comienza a movilizarse y organizarse en todo el país, como por los maestros y sectores obreros y campesinos que ven en él un mecanismo que permitirá la estructuración no sólo de fuertes movilizaciones, sino lo más importante, de formas embrionarias de construcción de espacios de poder popular. 

La burguesía monopólica y su gobierno.

La burguesía monopólica financiera que ha encabezado el proceso de reformas estructurales, está perdiendo hegemonía en este período, pero sin perder aún la dirección del proceso de reconversión capitalista para maximizar la ganancia. Las pugnas son muy fuertes al interior de la clase gobernante y el comportamiento de algunos sectores de ella, dejan ver con claridad esta pugna, las molestias por la reforma fiscal y la resolución de algunas licitaciones marcan, entre otras cosas esta disputa. Estas pugnas han impedido a los monopolios y su gobierno enfrenar unificadamente al movimiento popular que crece.

Existen sectores de la propia burguesía monopólica que tratan de que la tasa de ganancia no sólo se mantenga, sino que permita a sus empresas e intereses obtener la mayor parte de ella. Quizá el ejemplo más emblemático, por lo contradictorio del mensaje es la actitud del consorcio de medios más importante de México y Latinoamérica: Televisa. Es un hecho de que los dueños y accionistas de la empresa colaboraron con una amplia alianza de la burguesía, encabezada desde luego por la monopólica, para colocar en el gobierno a Peña Nieto, porque éste claramente beneficiaría los intereses del grupo dominante que lo puso en la silla presidencial. Sin embargo, se presentan fisuras evidentes de esta alianza estratégica.

El grupo monopólico que dirige el proceso de producción es tan poderoso que logró someter al sistema político en su conjunto a sus intereses, armando lo que se llamó el “Pacto por México”, en el que la llamada “izquierda institucional” jugó un papel central, con el PRD a la cabeza. Así, cuando los comunistas decimos que los partidos de la socialdemocracia mexicana han traicionado nuevamente a los trabajadores, no lo decimos sólo por consigna, existe suficiente evidencia de que esta nueva traición al movimiento obrero permitió al capital hegemónico, es decir a la burguesía monopólica financiera, imponer la ruta de mayor explotación, del incremento de la tasa de ganancia, desvalorizando el trabajo.

Sin embargo, para lograr su objetivo plenamente, la oligarquía financiera necesita al Estado y que el gobierno se colocara en línea absoluta, plegado a sus intereses. Lo anterior no ha ocurrido. El desmantelamiento del Estado en beneficio del mercado, ha colocado a los gobiernos de la burguesía sólo en el papel de promotor, animador, administrador y garante de que sólo con el uso de la fuerza se garantizará el cumplimiento de los objetivos que se han planteado los monopolios.

Cuando han querido aterrizar sus líneas fundamentales, se han encontrado con la resistencia de otras capas de la burguesía opositoras a la línea marcada, pero sobre todo a la existencia de los poderes fácticos, quienes han sustituido al Estado y ejercen el control político, económico y administrativo de las zonas que controlan. Y ahí la negociación se ha atorado, les ha costado caro o de plano han logrado imponer a medias las medidas con el uso de la represión, el terror y el uso al límite de la delincuencia organizada como método. Sin Estado, sin dirección cada quién hace lo que quiere. En las regiones el poder del Estado ha sido sustituido por el poder del gobernador que es a veces socio, a veces empresario, a veces ligado a la delincuencia y en infinidad de ocasiones, todo a la vez, así como de los caciques, los grupos empresariales, en ocasiones cada quien por su lado, lo que ha generado violencia y casi siempre ligados, coordinados y organizados, pero al margen de las instituciones estatales, que en infinidad de lugares casi no existen.

Las pugnas entre los poderes fácticos han derivado en enfrentamientos, ajuste de cuentas, masacres, pero siempre en el ámbito de quienes se disputan la hegemonía. La relación de los empresarios, ganaderos, caciques, líderes sindicales, miembros de la clase política y agentes del gobierno (policías, militares, marinos, etc.), con los grupos de la delincuencia organizada no es sólo estrecha, es vinculante. La utilización de la delincuencia en las regiones del país le ha permitido a la burguesía y sus asociados imponer sus ritmos de explotación a base de sangre y fuego, como sucede en Guerrero, Michoacán, Chiapas, etc.

Este escenario ha generado una profunda crisis política, porque la representación de la figura presidencial está en entredicho y se ha debilitado al grado de que la coalición que lo colocó en el gobierno ya está pensando en removerlo, porque la credibilidad de los partidos del régimen no existe, porque la democracia burguesa ha mostrado su verdadero rostro, el de la represión y el terror. Porque los procesos electorales demostraron que sólo sirven para perpetuar el dominio de los poderes que oprimen al pueblo y sobreexplotan a la clase obrera.
Los monopolios en su afán de tener un Estado que sólo sirva a sus intereses han debilitado al extremo la gestión de los gobiernos que lo dirigen. Como nunca, porque siempre han existido las pugnas interburguesas y los conflictos de los grupos de poder, un gobierno esta tan debilitado y en profunda crisis. Estos dos factores se ligan a la crisis económica estructural. Pero entendamos con claridad los conceptos. Es una crisis que golpea con dureza a las clases explotadas, a los trabajadores, a la mayoría, pero para la oligarquía, los monopolios y la burguesía financiera, la crisis es sólo una de reducción de la tasa de ganancia a niveles aún tolerables. Los que dominan, los que controlan al país no sufren esta crisis económica, es más, están dispuestos a profundizarla si así conviene a sus intereses. Sin embargo, la crisis política sí puede alterar o cuando menos retrasar un poco el rumbo que pretenden seguir. Y es en esta esfera en donde el movimiento popular, las organizaciones obreras revolucionarias, pero sobre todo un partido comunista bien estructurado puede actuar.

El movimiento popular.

El movimiento estudiantil se colocó a la cabeza del movimiento que estalló desde el rechazo a las reformas en el Instituto Politécnico Nacional. Al ser una represión contra estudiantes normalistas, era lógico que el movimiento estudiantil mantuviera la iniciativa durante los primeros 30 días de las movilizaciones. La suma de sectores de trabajadores, de empleados, de pequeños comerciantes, de sectores de la clase media, fue cambiando poco a poco la vanguardia. Y con esto paso a ser de un movimiento estudiantil a uno más popular, con expresiones de una estructuración que rebasaba a las demandas de justicia y se colocaba en los preámbulos de la creación de nuevas formas organizativas, incluso de cierto poder popular, alterno, en este caso al gobierno de Guerrero.

Ahora nuevamente ha tomado la iniciativa un sector que ha encabezado prácticamente sólo la lucha contra la reforma educativa, los maestros guerrerenses. El movimiento estudiantil poco a poco ha perdido movilidad y presencia en este período, aunque conserva la vanguardia, disminuida pero presente. Sin embargo, no ha podido estructurar una coordinación revolucionaria, y se presenta a las marchas sin consignas propias, sin retomar las banderas de los explotados y la lucha anticapitalista o con reivindicaciones recogidas de otros sectores, se ha concretado a demandar justicia, la salida de Peña y la presentación con vida de los desaparecidos, pero exhibiendo una pobreza de reivindicaciones producto de que la coordinación está en manos de los sectores mediatizadores de clase media, de la socialdemocracia y del oportunismo.

Los pocos sectores de trabajadores que han participado esporádicamente en las movilizaciones, han sido los empleados de la UNAM, con el cacicazgo sindical oportunista y traidor y los trabajadores del sindicato de telefonistas, que lo hicieron siguiendo al parecer una consigna que tenía que ver más con las disputas del poder interburgés que con una reivindicación de clase. Si bien se han incorporado trabajadores del INBA y del INAH, pero por el momento son poco numerosos, esporádicos y también sin consignas anticapitalistas, de poder popular, revolucionarias.

El punto central de este período está ubicado en el estado de Guerrero, especialmente en Chilpancingo y Acapulco. En Iguala con la presencia de la fuerza pública en desmedida, el movimiento se ha detenido o está en espera de otra coyuntura. En otras regiones del estado, los cacicazgos y los poderes fácticos mantienen aún el control, pero ya existen zonas en donde se manifiestan gérmenes de un nuevo poder en gestación, muy embrionarios pero latentes. Aunque por ahora su composición es digamos sólo “popular”, sin contenido de clase aún, la incorporación de sectores de la clase obrera y del movimiento campesino le darán sin duda esa impronta decisiva de clase.

A pesar de que en estos momentos no se aprecian elementos que permitan al movimiento tomar las calles en apoyo a los maestros y normalistas de Guerrero, básicamente por el período de vacaciones en las escuelas y en muchos centros de trabajo, lo real es que existe una tensa calma. Los propios medios de la burguesía señalan que entre lo que llaman “opinión pública”, existe un ambiente de solidaridad y de simpatía con las demandas de los familiares, sobre el que ya por cierto, los intelectuales orgánicos de la burguesía y los medios de comunicación de los monopolios trabajan en modificar.

En este lapso, diversas organizaciones revolucionarias han tomado posición en relación con los acontecimientos descritos. Cada una con sus propias visiones, ideas, ideología, propuestas y consignas. Pero, por el momento ninguna ha logrado imprimir un rumbo, un sello, un camino alternativo al que está tomando la lucha en estos momentos, como tampoco ha logrado imprimir un sello de clase a las movilizaciones.
Sin duda, por los posicionamientos de muchos de los padres de familia y un sector importante de los dirigentes de la normal rural, por el tipo de movilizaciones, las acciones realizadas y las consignas planteadas al parecer los grupos que tiene la dirección del núcleo que trata de coordinar las acciones se está radicalizando y sobre esta dinámica es la que los poderes fácticos, el gobierno y los medios mediatizadores de la burguesía trata de centrar la atención.

Las filtraciones en la prensa, radio y televisión que trataron de ligar, primero, a los normalistas con la delincuencia organizada y el narcotráfico y ahora con la guerrilla, persiguen el mismo objetivo, quitar legitimación a la lucha de los familiares y presentar a la dirección política del movimiento como un grupo “violento”, dispuesto a destruir las instituciones y romper “la armonía y la paz social”. Detrás de esta retórica está la estrategia de reprimir al movimiento y sus diferentes gérmenes de insumisión popular antes de que se fortalezca. Para el gobierno y los monopolios, el “asunto” Ayotzinapa ya pasó. Ahora la aplicación de una política de control de daños pasa por la represión selectiva y masiva si es necesario, como la han dejado muy claro, tan el secretario de la defensa como el de la marina.

Los acontecimientos del verano mexicano han dejado constancia de dos hechos ligados y contradictorios, pero que arrojan una lección definitiva para los comunistas mexicanos. Por un lado la irrupción de un potente movimiento popular que ha roto las cadenas de la sumisión y ha salido a las calles a reclamar justicia, alto a la corrupción gubernamental y ha mostrado sus rechazo al sistema de partidos y al sistema político en general, todo aún en los marcos de la democracia burguesa. Y por otro lado, la potencia del movimiento popular ha dejado constancia de que las organizaciones que se reclaman marxistas, socialistas, comunistas o revolucionarias carecen de estructura, organización y en muchos sentidos de un programa que permitan influir, proponer, conducir los procesos de lucha popular, hacia movilizaciones políticas, que caminen en la construcción de una estructuración clasista de los movimientos y que permita la incorporación de la clase obrera y el movimiento campesino.

Las consignas, las banderas, las solicitudes recogen sí el coraje, la frustración, la tristeza, la insumisión de miles, pero son sólo sentimientos, no hay en ellas ningún posicionamiento clasista. Todos estos sentimientos pueden ser superados, olvidados, abandonados, las lecciones de la insumisión pueden ser abortadas por las acciones del gobierno y los monopolios, sin dejar rastro de lucha anticapitalista. Y esta verdad, dura verdad, nos obliga a redoblar esfuerzos en la construcción de un partido revolucionario que ayude a posicionar el camino de la insumisión al que se incorporen con fuerza la clase obrera y sus aliados.

La insumisión asoma los gérmenes de un nuevo poder, la consigna de “fuera Peña Nieto”, debe ser acompañada por elementos de propuesta hacia la participación en el proceso de elección de un nuevo gobernante de los sectores en lucha así como la incorporación del movimiento obrero, lo que dará un contenido de clase a las próximas movilizaciones y luchas en el marco del período que se ha abierto. 

“Señor Matanza”, ¡Fue el Estado!



A Manu Chao

Un criminal nunca jamás se investiga a sí mismo para condenarse. Cuando se es juez y parte los dados están cargados. El cúmulo de evidencias en torno a los asesinados y desaparecidos del 26 de septiembre en Iguala parece indicar que los involucrados directa e indirectamente son los tres niveles de gobierno. El tinglado de mentiras de la PGR y Jesús Murillo Karam se hace más visible. El cansino procurador espera que las pruebas fehacientes de quienes perpetraron tal crimen se las hagan llegar a sus manos “¡Ya me cansé!” de tantas acusaciones que ustedes inventan, podría decir una vez más Karam a los periodistas y científicos quienes afirman que los argumentos del procurador son ficticios y no responden a preguntas pertinentes para dilucidar esta matanza. Pero es la propia PGR la que debe indagar a fondo el asunto y la que debería tener las pruebas concretas, pero no ha sido así, trata de encubrir con maquinaciones la verdad del asunto.

Hasta el momento la “profunda investigación” de la PGR solamente tiene la versión de que el entonces alcalde de Iguala, José Luis Abarca Velázquez, dio la orden a sus policías municipales para disparar contra los estudiantes normalistas, y de que el análisis del ADN de los restos calcinados si corresponde a uno de los estudiantes normalistas de Ayotzinapa asesinados.

En su edición 1989 de esta semana, Proceso destacó un reportaje de Anabel Hernández: “la noche del 26 de septiembre policías de Iguala y Cocula, obedeciendo órdenes del alcalde igualteco, atacaron a los normalistas de Ayotzinapa, mataron a tres y a otros 43 se los entregaron a Guerreros Unidos, grupo que presuntamente los asesinó e incineró. Esa es la versión oficial. Pero una investigación periodística, basada en documentos oficiales, videos y testimonios, cuenta otra historia: El ataque fue orquestado y ejecutado por la Policía Federal, con la complicidad o franca colaboración del Ejército”. A esto podemos sumar que los peritos científicos forenses argentinos afirman tajante que a ellos no les consta que los restos calcinados del estudiante asesinado hayan sido recogidos del basurero de Cocula, como afirma Karam. Más aún, “Los restos óseos exhibidos por la PGR el 7 de noviembre del 2017, corresponden a seres humanos cremados en otro lugar distinto al basurero de Cocula. Los testimonios de los acusados y la hipótesis de la PGR en relación a la posible cremación de más de cuarenta restos humanos en el basurero de Cocula entre el 26 y 27 de septiembre del 2014 no tienen ningún sustento en hechos y/o fenómenos físicos o químicos naturales, de acuerdo con el análisis científico” realizado por el Dr. Jorge Antonio Montemayor Aldrete, investigador del Instituto de Física de la UNAM, y M. en C. Pablo Ugalde Vélez, investigador de la UAM Atzcapotzalco [http://www.cencos.org/comunicacion/cientificos-desmienten-a-pgr]. 

Muy cansado, suponemos, Murillo Karam declaró: “Ojalá Proceso me traiga sus pruebas sobre Ayotzinapa”. Confió en que Proceso le presente las pruebas que confirman la participación de fuerzas federales en el ataque y desaparición de 43 normalistas de Ayotzinapa, Guerrero. Dijo que no sabe de dónde salieron las evidencias recogidas en una investigación del semanario y por las que se desmiente la versión del gobierno sobre lo ocurrido el 26 de septiembre en Iguala. “Si alguien conoce este asunto, se lo digo con toda honestidad, soy yo. He estado metido en él durante ya muchos días, semanas, a fondo.” ¡Por eso estoy muy cansado!, pudo haber añadido nuevamente. Nula credibilidad tiene la PGR en este caso. La misma que puede tener la honestidad de la pareja presidencial en el asunto de la “Casa Blanca”, o la de Luis Videgaray, secretario de Hacienda, con su casita de Malinalco. La cleptocracia haciendo de las suyas con toda la impunidad y el cinismo conferido por el poder del Estado, asociado a la defensa mediática que le hacen “periodistas” y articulistas “críticos” cochuperos.

Seguimos dentro de una corrupción absoluta de un régimen apoyado por un modelo neoliberal que requiere necesariamente del autoritarismo, la represión, la impunidad y crímenes de un narcogobierno. Desde la matanza de Tlatelolco la sombra del Ejército se proyecta ominosamente hasta Tlatlaya e Iguala “¿Qué hubiera pasado si el Ejército hubiese intervenido en Iguala? Hubiera apoyado a la autoridad. Qué bueno que no salió”, afirmó el procurador ¿Lapsus linguae? Parece que si salió, pero no para apoyar a los normalistas ¿Por qué Murillo Karam no abre una línea de investigación sobre el ejército y la Policía Federal? ¿Por qué el gobierno federal continua con su misma política represiva y provocadora en Guerrero y en Michoacán? En esta entidad hoy más que nunca está demostrado el rotundo fracaso de una política encabezada por el “virrey” Alfredo Castillo, comisionado de seguridad de Peña Nieto. El crimen se dispara y las muertes están a la orden del día.

La reciente gresca en Chilpancingo es parte de la estrategia represiva del gobierno federal, aseguran los padres de los estudiantes asesinados y desaparecidos de Ayotzinapa. Como parte de esa dinámica las autoridades y sus portavoces espurios ya habían tratado de vincular a los jóvenes con el grupo delincuencial Los Rojos. “Es muy importante comprender quién pone en práctica la violencia: si son los que provocan la miseria o los que luchan contra ella.”, decía Julio Cortázar.

Terrorismo de Estado: fase superior del TLCAN-NAFTA



El Tratado de Libre Comercio de América del Norte (o NAFTA en inglés) es un proyecto de integración regional cuyas principales características son el bandidaje a gran escala, el coloniaje y la agresión sistemática a las poblaciones. A diferencia de otras tentativas integracionistas, acaso como la Unión Europea, el TLCAN no ofrece ni una sola concesión a las poblaciones civiles, sólo despojo, opresión y represión. En Europa, aún cuando la Unión resultó considerablemente lesiva para los países más rezagados (España, Grecia, señaladamente), los ciudadanos y trabajadores medianamente calificados tienen la oportunidad de salir de sus países de origen y emigrar a otros dentro de la Unión en busca de horizontes laborales, con una situación jurídica regular. No se trata de aplaudir las cosas que allá se hacen bien o mal; y tampoco ignoramos que esa integración europea responde más o menos a los mismos procesos, fuerzas e intereses que privan en el TLCAN, en claro beneficio de las élites regionales e internacionales. La referencia sólo pretende poner de relieve la dimensión de la tiranía que identifica al bloque que corresponde a nuestra región. Acá los mexicanos (y por extensión los centroamericanos) son víctimas de los más siniestros atropellos en su intento por cruzar “al otro lado”. Y los pocos que lo consiguen, a menudo son objeto de discriminación, violación de derechos laborales y humanos: migran de una realidad vejatoria a otra, con el agravante de la irregularidad legal e indocumentación indefinida, y con frecuencia a vivir en condiciones de hacinamiento infrahumanas. Esas son las “bondades” de “nuestra” integración regional, que por cierto no es “nuestra” sino de ellos, de los barones que arriba administran la calamidad en provecho de intereses facciosos e inconfesables. 
La simultaneidad de la agitación política en México y Estados Unidos no es accidental: el TLCAN es una política de estrangulación social transfronteriza, sin concesiones o consideraciones. Es una política de todo para ellos, nada para nosotros. Fórmula rudimentaria pero implacablemente fehaciente.
Y dado que el pillaje, el ultraje de soberanías, y la violencia contra familias e individuos, naturalmente produce resistencia e indignación, se hace necesario, desde la perspectiva de los poderes constituidos, escalar las tácticas de represión, elevarlas a rango de producto único y vital de Estado. La primacía de las políticas de seguridad nacional y la gestión militarizada de los asuntos sociales en ambos países es parte de una estrategia cuyo objetivo es intimidar, controlar y aplastar cualquier viso de oposición al proyecto de los capitales congregados en el TLCAN.
Los casos más visibles –mediáticamente– de este escalamiento de violencia y represión, correspondientes a la zona de “seguridad” que comanda Estados Unidos, son, por un lado, los estudiantes normalistas ejecutados y/o desaparecidos en Iguala, Guerrero (no se deben ignorar las decenas de miles de cadáveres sembrados en fosas comunes a lo ancho de toda la geografía nacional), y por otro, los cerca de 20 asesinatos de civiles afroamericanos cometidos en los últimos dos años por agentes policiales en EE.UU. Pero como bien apuntan múltiples analistas, eso es tan sólo la punta del iceberg.
Desde que arreciaron las movilizaciones en los dos países, el número de ejecuciones extraoficiales, secuestros, desapariciones forzadas, feminicidios, han aumentado exponencialmente. La diferencia versa en que ahora las poblaciones están alertas y consignan todas esas ocasiones de crimen, claramente imputables al Estado. Se cobró conciencia de que esas modalidades de delito nunca fueron hechos aislados, sino el signo de una epidemia de brutalidad estatal cuya letalidad va a la alza.
En México, por ejemplo, las organizaciones civiles reportaron en menos de una semana tres feminicidios que encienden la alarma (por añadidura a 19 plagios en Guerrero, y 70 desapariciones forzadas en Puebla, en el transcurso de un mes). Y no sólo por la saña de los atentados sino también, y acaso más señaladamente, por el perfil de las víctimas: jóvenes estudiantes que se presume participaron en la jornada de protestas que recién transcurrió.
Esta ola de criminalidad sin freno tiene un correlato: la inacción inescrupulosa de las instituciones judiciales. En materia de justicia y seguridad, la única presunta solución que alcanzan a enunciar, y no sin dificultades, es el trillado recurso militar. Si se hiciera un seguimiento de todos los casos de tratamiento militar a los problemas sociales en la región, no alcanzaría una obra enciclopédica para englobarlos todos. El TLCAN se basa en esta fórmula: gestión militarizada de los asuntos sociales, y control criminal de las poblaciones.
No se ve por ningún lado una voluntad para desviarse de estas coordenadas. Pese a los recortes previstos en materia de “ayuda exterior”, el Departamento de Estado de EE.UU. aprobó el otorgamiento de 115 millones de dólares a México con la condición de que 80 millones de ese monto estuvieran dirigidos a “tareas de seguridad y antinarcóticos” (léase militarización), y sólo “35 a refuerzo de las instituciones democráticas” (Semana 12-III-2014). El plan sigue en marcha a pesar de los señalamientos que fincan responsabilidades a las fuerzas castrenses en los ominosos casos de Tlatlaya y Ayotzinapa, y aún con los reportes de la Comisión Nacional de Derechos Humanos que denuncian un incremento del 1000% (¡sic!) en materia de violaciones de derechos humanos por parte de los militares a raíz de su involucramiento en tareas de seguridad pública.
Otro desafortunado aspecto que mancomuna a los dos países suscritos al TLCAN es el de las prácticas de tortura y detención clandestina. Cabe recordar que en fechas recientes comenzaron a circular un par de informes, uno de Amnistía Internacional otro del Senado en Estados Unidos, que revelan que las fuerzas de seguridad en México y EE.UU. incurren sistemáticamente en estos actos criminales y violatorios de los derechos humanos fundamentales.
Además, en México y Estados Unidos las instituciones de justicia y seguridad están en bancarrota. Que un gran jurado decidiera absolver a Darren Wilson –oficial de policía blanco– por el homicidio del joven negro Michael Brown, tras un juicio plagado de irregularidades e inusual, pone al descubierto que la desprotección jurídica es un ave migratoria, y lesiona la integridad de las poblaciones de los dos lados del río.
Pero estos problemas intramuros no frenan a Estados Unidos en la persecución de su agenda extramuros, máxime cuando se trata de su doliente socio: México. El TLCAN debe seguir su desastroso curso. Después de las reformas aprobadas al sur del Río Bravo, la preocupación de EE.UU. por la solvencia de los negocios involucrados en ese ciclo reformista se hace más patente. Las acciones de protesta por Ayotzinapa tienen en estado de vilo a los inversionistas en el país vecino. Estas jornadas de movilización desnudaron a su virrey, Enrique Peña Nieto, y destaparon su debilidad. Y si alguna vez la consigna desde Estados Unidos fue “salvar al soldado Peña” (revista Time), ahora, frente al desmoronamiento-harakiri de esa administración, la gavilla de estrategas reunidos en Washington comienza a fabular un plan de emergencia, en la eventualidad de un virtual jaque al peñanietismo. Y dado que el único renglón de la supremacía de Estados Unidos que sigue ilesa es la fuerza militar, el conflicto que enfrenta el pináculo de la jerarquía estadunidense en tierras subsidiarias se suscribirá lógicamente al recurso militar. Las recientes declaraciones del titular de la Secretaría de la Marina, almirante Vidal Francisco Soberón Sanz, en el sentido de una presunta manipulación de los padres de familia de los normalistas desaparecidos, anuncian el uso de los mandos militares en México para restablecer la paz sepulcral que añoran los inversores norteamericanos al sur de su frontera, en beneficio exclusivo de sus agendas empresariales. A esta misión evangelizadora se sumará también el capo de la diplomacia estadunidense, John Kerry, quien hace unos días sostuvo: "apoyaremos al presidente Peña Nieto en sus esfuerzos para promover las reformas fundamentales de seguridad y justicia que México merece" (La Jornada 10-XII-2014). Todo indica que será Kerry quien se ocupe de coordinar las acciones diplomático-militares en tierras guadalupanas.
Pero en México únicamente se autoengañan las autoridades. La población conoce el fondo oscuro de esos bienaventurados “apoyos”. Raúl Zibechi escribe: “Más que campañas desinteresadas se trata de diseños de intervención/ocupación adosados con miles de millones de dólares… para, con aval oligárquico, infligir brutales operativos de terrorismo de Estado, con miras al desalojo poblacional en regiones y territorios de interés por sus mercados, cultivos y/o riquezas naturales” (La Jornada 11-XII-2014).
La Alianza para la Seguridad y la Prosperidad de América del Norte (ASPAN), que firmaron los dos países en 2005 y que es el agregado militar del TLCAN, representa una intensificación de esos diseños de intervención-ocupación con fines de desposesión.
Por todo lo sostenido anteriormente, se puede concluir que la gestión militarizada de los asuntos públicos y el control criminal de las poblaciones, ejes torales del TLCAN, se traducen en terrorismo de Estado. Y que la solución militar a los problemas sociales es terrorismo.
Aunque ya se ha dicho en diversos foros, cabe insistir que no estamos frente a hechos aislados de violencia barbárica. Se trata de un terrorismo de Estado, conscientemente concertado y ejecutado. Y este terrorismo de Estado es consustancial a la fase superior del TLCAN-NAFTA.

Una mujer protesta en un acto de Peña y le exige pedir perdón


Érika Barrón fue sacada del salón donde acudió al presidente, luego de mostrarle un mensaje sobre la crisis de seguridad que vive el país

(CNNMéxico) — Una mujer protestó este miércoles en un acto del presidente Enrique Peña Nieto, a quien exigió pedir perdón por la crisis de seguridad que vive México.

"Pida perdón", dijo Érika Barrón al mandatario, a quien mostró un mensaje escrito en un trozo de papel, antes de ser sacada del salón.

Barrón relató a la radiodifusora MVS que Peña Nieto desvió la mirada mientras saludaba a los asistentes a la Asamblea General Ordinaria y 30 Aniversario del Consejo Nacional Agropecuario.

"Lo mejor que puede hacer cualquier funcionario, ante esta crisis, es pedir perdón", dijo.

Barrón —quien se definió como "una profesionista comprometida con el país, sin filiación partidista"— reprochó que elementos del Estado Mayor Presidencial (EMP) la escoltaron a la salida de la Expo Bancomer de Santa Fe y pidieron a testigos grabar la escena.

"Lo único que le estoy diciendo es 'pida perdón', si yo hubiera hecho una manifestación en contra de la persona del señor Peña, si yo hubiera tenido algún objeto punzocortante, evidentemente se hubiera justificado esa forma de arrastrarme. Pero no es así", abundó.

Ya en su discurso, el presidente Peña Nieto no hizo referencia al incidente. Sin embargo, reconoció que este año su gobierno ha vivido "claroscuros" por los éxitos de la reformas, junto al "dolor" de casos como la desaparición de 43 normalistas de Ayotzinapa, Guerrero, presuntamente a manos de policías municipales.
"Hemos vivido momentos difíciles, de dolor, porque lo que ocurrió en Iguala sin duda cimbró el ánimo en todos los mexicanos", dijo.

El miércoles pasado, el historiador Enrique Krauze escribió en la edición internacional de The New York Times un artículo en el que recomendó al presidente pedir perdón al país por la crisis desatada tras los hechos en Guerrero.

"Que el presidente encare a la nación, reconozca sus errores y ofrezca una disculpa al pueblo mexicano. Nada confiere mayor nobleza a una persona en el poder que reconocer su propia humanidad. Ninguna estrategia de reformas, ni siquiera la más racional, puede reemplazar la legitimidad de un liderazgo ético, especialmente en tiempos de crisis", escribió.

Apagón en Aduanas

Política ZoomRicardo Raphael
La explicación es insatisfactoria: ¿Por qué suspender el funcionamiento de la infraestructura que sirve para controlar los movimientos en las aduanas hasta que no se celebre otra licitación?


El Estado contemporáneo comienza donde comienzan sus aduanas; no existe más allá de ellas y tampoco sin ellas. Son la frontera precisa para delimitar a la nación y la fuente más antigua para financiar a su gobierno. 
Por eso es un escándalo que por una extraña decisión burocrática las aduanas mexicanas se encuentren desde hace meses a media luz. 
Los sistemas de control instalados desde el año 2007 para registrar los movimientos en esas instalaciones fueron desconectados a lo largo de este año. También se desmanteló el servicio de revisión que antes, a través de tecnología de punta, se hacía para detectar flujo y cargamento irregular dentro del transporte que atraviesa las fronteras, los puertos y los aeropuertos. 
Coinciden por cierto ambas decisiones con la renuncia de Alejandro Chacón Domínguez, que hasta el pasado 29 de noviembre fungió como titular de la Administración General de Aduanas. 
Cabe recordar que por ley, el nombramiento para ocupar este puesto lo hace el Presidente de la República, con la ratificación del Senado. 
Chacón dimitió y las razones de su suerte permanecen hasta hoy desconocidas. 
Quien fuera su segundo de abordo, Sergio Vera, está hoy al frente de las aduanas mexicanas. La plaza vacía no podrá resolverse hasta el próximo periodo de sesiones cuando el Senado pueda recibir otra propuesta presidencial. 
Se especula que Chacón podría reincorporarse como funcionario de Pemex o de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) y sin embargo extraña que su salida de Hacienda coincida con el apagón. 
Tanto más inquietante es el silencio comunicativo. Es difícil encontrar una nota que hable al respecto. 
A partir del año 2007 el gobierno federal echó a andar diversos sistemas aduanales apoyados en tecnología avanzada para inspeccionar la carga que ingresa a territorio nacional y también para supervisar el traslado de pasajeros. 
Durante el primer año del gobierno de Felipe Calderón era fundamental elevar los niveles de seguridad mientras dio arranque la política dura contra el crimen organizado y el tráfico de drogas. 
Mediante distintos dispositivos fue posible grabar en video miles de horas sobre todo lo que ocurrió en las aduanas mexicanas en un periodo que duró poco más de siete años. Ese material ha sido fundamental para detectar actos ilícitos, inhibir corrupción y prevenir distintos riesgos, incluidos aquellos relacionados con la seguridad nacional. 
Sin embargo, a principios del verano de este año, la oficina federal responsable tomó la decisión unilateral de no renovar el contrato a las empresas que estaban ofreciendo servicios similares en las muchas oficinas aduaneras del país: control y revisión de carga y vehículos, intercambio de información con Estados Unidos, datos para la Plataforma México, alerta de robos, mal uso de autos irregulares y alerta arancelaria. 
Se argumentó por parte de la autoridad que en adelante habría nuevas directivas y lineamientos para normar tales sistemas en las aduanas y que mientras estos no estuvieran listos la mejor decisión sería cancelar la renovación de los contratos que antes avalaron la prestación de los servicios mencionados. 
La explicación es insatisfactoria: ¿Por qué suspender el funcionamiento de la infraestructura que sirve para controlar los movimientos en las aduanas hasta que no se celebre otra licitación? ¿Porqué cegar las cámaras de video en las aduanas mientras se elaboran los nuevos lineamientos y directivas? ¿Por qué Alejandro Chacón Domínguez, funcionario ratificado por el Senado como titular de Aduanas, dejó su cargo justo cuando ha sido orquestado este inquietante apagón? 
El conjunto del sistema paralizado cuesta al Estado mexicano varios miles de millones de pesos anuales. La cifra es grande porque los contratos para la prestación de este tipo de actividades abarcan siempre varios años. Es una cantidad considerable y por tanto un negocio muy jugoso para los interesados en obtenerlo. 
ZOOM: No sorprendería que el apagón aduanero concluyera en una licitación irregular diseñada para favorecer a los amigos que ya antes ganaron mucho dinero ofreciendo servicios parecidos en el Estado de México. 

@ricardomraphael

Cambia geopolítica en América

Serpientes y Escaleras
Salvador García Soto
 Con la decisión de Estados Unidos y Cuba de reanudar relaciones diplomáticas, después de más de medio siglo de frialdad, aislamiento y tensión entre el gigante del norte y la isla comunista del Caribe, la política y la geopolítica en el continente americano, en Latinoamérica, y en el mundo dará un vuelco histórico.
Se terminarán así 54 años de un juego político de rispideces y tensiones que pasó desde la época de la Guerra Fría, el episodio de Bahía de Cochinos y la crisis de los misiles, hasta el marielazo, los secuestros de aviones, la toma de prisioneros y el embargo económico a la isla. Durante todo ese tiempo, la relación entre la Casa Blanca y La Habana fue un tema recurrente en la política latinoamericana y marcó también una parte de la historia mundial por el papel de aliado que jugó el régimen de Fidel Castro con la desaparecida Unión Soviética y el extinto bloque socialista. 
Durante estas cinco décadas México jugó en distintas etapas un papel clave de enlace y mediador en las tensiones entre Washington y La Habana. Incluso, en alguna época ese papel posicionó a la diplomacia mexicana como una de las más importantes en América Latina, aunque eso cambió con el rediseño de la política exterior hacia Cuba iniciada en el gobierno de Vicente Fox por el entonces canciller Jorge Castañeda que prefirió acercarse mucho más a la Casa Blanca que al régimen cubano, con el que México se distanció a partir de los gobiernos panistas. 
Ayer, tras la liberación del contratista Alan Gross y de un agente de inteligencia estadounidense, a cambio de tres agentes cubanos, la administración de Barack Obama y el gobierno de Raúl Castro anunciaron su decisión de normalizar las relaciones diplomáticas suspendidas desde 1961, después del fallido intento de invasión norteamericana, al tiempo que, ambos gobiernos, hablaron de restaurar los intercambios comerciales, el libre tránsito de ciudadanos entre sus países y las operaciones financieras. 
Lo único que falta es que el Congreso de Estados Unidos autorice la eliminación total del embargo económico impuesto por su país a Cuba desde los años 60 y que se recrudeció en la administración de Ronald Reagan, llegando a asilar completamente a la economía cubana y provocando un grave deterioro en la planta productiva y la modernización del país caribeño. 
Ayer en México y en el mundo había expresiones de aceptación y júbilo ante el anuncio de un reencuentro entre Washington y La Habana, lo mismo desde Los Pinos que desde las fuerzas políticas. La decisión de la administración Obama supone no sólo el fin del último resabio de la Guerra Fría que quedaba en el mundo, sino el restablecimiento de una relación histórica que beneficiará a los dos países, pero que sin duda tendrá beneficios directos para los cubanos, tanto en la posibilidad de inversiones y prosperidad y modernización de su país, como en el reencuentro de miles de familias de cubano-americanos que habían sido separadas y divididas por el exilio y la expulsión. 
Será interesante ver cómo se plantean los términos de una nueva relación entre Estados Unidos y Cuba, sobre todo a partir de la condición soberana de la isla y de su papel histórico como el único enclave en el mundo que resistió, contra viento y marea, a la presión del mayor imperio moderno. 
NOTAS INDISCRETAS… Hay cosas que nunca cambian y los usos y estilos del viejo PRI son una de ellas. En Tabasco, al calor de la lucha por las candidaturas priístas a la Cámara de Diputados, varios priístas con méritos, hombres y mujeres, se han visto aplastados por la prepotencia y el caciquismo del ex gobernador Manuel Andrade, quien con el apoyo de César Camacho y Encarnación Alfaro, pretende imponer su candidatura y ejercer derecho de veto sobre otros aspirantes, incluidas mujeres que han hecho trabajo de base. No falta en Tabasco quien recuerde que la historia de Andrade está llena de traiciones políticas. Siendo diputado local en 98 era operador de Arturo Núñez, el hoy gobernador tabasqueño, que en esa época aún militaba en el PRI. Cuando la candidatura a gobernador en aquel año no favoreció ni a Humberto Mayans ni a Núñez, Roberto Madrazo decidió imponer a Manuel Andrade, quien con toda su inexperiencia no dudo ni un segundo en traicionar a su amigo Núñez. Andrade aprovechó la estructura que había armado para Arturo para hacer su propia campaña y ganó por un margen tan pequeño, que el Trife decidió anular la elección por la intervención de Madrazo como gobernador. Al repetirse la elección Andrade volvió a ganar, pero una vez en la gubernatura traicionaría a su tutor Madrazo cuando éste quiso ser senador. Desde el gobierno, Manuel pactó con Andrés Manuel López Obrador para frenar a Madrazo y evitar que ganara el estado. Hoy que quiere ser diputado, Andrade no ha dudado en buscar a su antiguo amigo, pero cuentan que Madrazo al verlo venir prefirió tomar otro atajo —como aquel del maratón de Berlín— y de plano le negó todo apoyo a su antiguo pupilo. Ni hablar, hay cosas que no cambian… Los dados se aproximan al cierre del año. Escalera doble para todos los lectores. 
sgarciasoto@hotmail.com