11/25/2014

“La desaparición forzada en México es política de Estado”

Entrevista con Federico Mastrogiovanni, periodista italiano, autor del libro sobre la desaparición forzada “Ni vivos, ni muertos”

“La desaparición forzada en México es política de Estado”
Giorgio Trucchi
Rel-UITA
Las protestas en México para exigir la reaparición con vida de los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa, desaparecidos en Iguala, no paran. Miles de personas, enardecidas, salen a las calles, llenan plazas, corean consignas y señalan al Estado como responsable directo de lo que ha ocurrido. Acompañan la lucha tenaz de los padres de los jóvenes, cuyos rastros se perdieron el 26 de septiembre pasado.
Federico Mastrogiovanni, periodista italiano radicado en México, es autor del libro sobre la desaparición forzada “Ni vivos, ni muertos”. Con Luis Ramírez Guzmán ha realizado un largometraje documental sobre el mismo dramático tema.
Ambos son el resultado de casi 3 años de una lúcida y profunda investigación que lo ha llevado a recorrer México de norte a sur, pasando por una docena de Estados.
Durante una larga entrevista con La Rel, Mastrogiovanni explica que la captura y desaparición forzada de los 43 normalistas no es más que la punta de un gigantesco iceberg, cuya dimensión real nadie conoce.
19 mil personas desaparecidas solo en 2013. 51 por día y más de dos desapariciones por hora
Las organizaciones de derechos humanos aseguran que las víctimas de este oprobioso crimen serían no menos de 30 mil en los últimos 8 años. Sin embargo, la cantidad real podría ser hasta 10 veces mayor. Solamente en 2013 serían casi 19 mil las personas desaparecidas, es decir 51 desapariciones por día, más de dos desapariciones por hora.
“Parecen eventos individuales, hasta casuales, con muy pocos elementos comunes, pero no es así, y la responsabilidad del Estado por actos u omisiones está más que evidente”, dijo el periodista.
-Las calles y plazas mexicanas siguen abarrotadas de personas que exigen al Estado la reaparición de los 43 estudiantes. ¿Podemos decir que en México la desaparición forzada es una política de Estado?
-De eso no hay ninguna duda. A partir de 2006, cuando el entonces presidente Felipe Calderón inicia una supuesta guerra contra el narcotráfico, el aumento de las desapariciones se dispara como nunca antes había ocurrido.
De manera particular hay un repunte de las desapariciones forzadas, es decir cuando hay un involucramiento directo de funcionarios u órganos del Estado, ya sea por acción u omisión.
Lo que ha pasado en Iguala es un caso evidente de desaparición forzada
-¿Cuáles son los elementos que llevan a esta conclusión?
-Durante una entrevista que realicé en los días pasados, el general retirado José Francisco Gallardo, preso político encarcelado por casi 10 años, declaró que la desaparición de los 43 normalistas es el resultado de una estrategia militar.
En México, la Policía está militarizada y las Fuerzas Armadas, independientemente de que se declare o no un “estado de excepción”, se involucran constantemente en tareas de seguridad ciudadana.
En este sentido, cualquier violación cometida por estos aparatos represivos es responsabilidad directa del Secretario de Gobernación, del Secretario de Defensa y del Presidente de la República.
Asimismo, el ataque contra los estudiantes ocurrió justo en frente del 27° Batallón de Infantería, y los militares fueron parte de la represión. Tampoco podemos creer que el Centro de Investigación y Seguridad Nacional (CISEN) no tuviera conocimiento de lo que estaba ocurriendo.
Finalmente, para nadie es un secreto que María de los Ángeles Pineda, esposa del alcalde de Iguala José Luis Abarca -ambos capturados por haber fomentado y dirigido la represión-, es la hermana de tres miembros del grupo criminal Guerreros Unidos. Sin embargo, nadie impidió que su marido se presentase como candidato a alcalde.
Por lo tanto, no hay duda alguna de que el Estado está directamente vinculado con la tragedia de Ayotzinapa.
Desaparición forzosa en México. Nadie se salva
-¿De qué cuántas personas estamos hablando cuando nos referimos a la desaparición forzada?
-Las organizaciones de derechos humanos hablan de no menos de 30 mil personas desaparecidas entre 2006 y 2014.
En realidad, solo una persona de cada diez denuncia una desaparición. De esta manera, esta tragedia podría involucrar a más de 300 mil personas.
-Son cifras espantosas…
-Muchas veces nos referimos a la “guerra sucia” que se desató en México contra los movimientos de protesta, los dirigentes populares, los movimientos guerrilleros durante las décadas de los 70, 80 y parte de los 90.
Se calcula que hubo unos 1.500 desaparecidos en casi tres décadas. Ahora estamos hablando de 30 mil personas desaparecidas en tal solo 8 años. Y todo esto sin incluir a los migrantes centroamericanos.
-¿Qué datos se manejan en el caso de los migrantes?
-El problema es justamente eso: no hay datos ciertos. El padre Alejandro Solalinde, fundador del albergue “Migrantes en el Camino”, habla de decenas de miles de migrantes desaparecidos en los últimos años.
Aunque las estadísticas son aproximativas, no me sorprendería si estas cifras se acercaran mucho a la realidad.
Durante mi viaje por México asistí a la persecución y captura de migrantes por parte de la Policía. Se llevaban a grupos de 50 y hasta 100 personas y era muy difícil saber lo que pasaba después.
A todo esto hay que agregar la presencia de bandas criminales que secuestran a las personas migrantes, para pedir un fuertes rescate a sus familiares o para reclutarlos. En ambos casos son asesinados y enterrados en fosas comunes.
El fenómeno creciente de la desaparición y el fenómeno creciente de la piratería
-¿Por qué tantas desapariciones y quién gana en esta situación?
-En mi libro planteo una hipótesis de la cual estoy convencido, es decir que existe una relación directa entre las desapariciones, el terror que se genera en la población y la explotación de los recursos naturales.
El Estado de Guerrero, por ejemplo, es entre los mayores productores de amapola (papaver) y marihuana. Además, tiene enormes yacimiento de oro y plata. De acuerdo con un artículo publicado recientemente por El Economista, la empresa canadiense Torex invertirá 725 millones de dólares en la construcción de una mina de oro.
La misma empresa afirmó que ésta figurará entre las minas de oro más grandes y de más bajo costo en el mundo, y proyecta producir un promedio anual -de 2017 a 2024- de 358.000 onzas de oro. Estamos hablando de una ganancia que ronda los 3 mil millones de dólares.
Hay otras zonas, como por ejemplo la Cuenca de Burgos, entre los Estados de Tamaulipas, Nuevo León y Coahuila, donde se han descubierto grandes yacimientos de hidrocarburos. Aquí se encuentra la cuarta reserva mundial de gas shale. A partir de 2006, en estas zonas han comenzado a desaparecer personas y actualmente es donde hay más desaparecidos.
Lo que se está haciendo, con el apoyo de policías y militares, es generar terror y “limpiar” zonas y territorios que deben ser controlados y concesionados a favor de empresas nacionales y transnacionales.
El objetivo es que puedan desarrollar, sin mayor oposición, sus megaproyectos, que muchas veces son el resultado de acuerdos comerciales nefastos como el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN – NAFTA).
De igual manera, el terror generalizado sirve para ocultar la represión selectiva hacia líderes comunitarios, activistas, miembros de la oposición social y popular. Para nadie es un secreto que la Escuela Normal de Ayotzinapa es muy crítica contra el gobierno, y sus estudiantes tienen una formación política de izquierda.
El miedo que paraliza. Un Estado cómplice y paralizado
-¿Por qué la gente no denuncia las desapariciones?
-Son varios los factores. Por un lado hay miedo y por el otro, los familiares chocan contra un sistema institucional que genera omisión e impunidad. Cuando una persona quiere interponer una denuncia ante el ministerio público, lo menos que le puede ocurrir es que el fiscal le diga que se retire y que regrese a su casa.
Muchas veces hasta sufre amedrentamiento o amenazas. Por esto hablamos de desaparición forzada.
-¿Cuáles son los impactos en familiares de las personas desaparecidas?
-Si multiplicamos la cantidad de desaparecidos por el número de familiares y amigos que sufren los impactos de una pérdida, es evidente que hablamos de una cantidad muy considerable de personas que viven la desaparición como algo inconcluso, irresuelto, que no permite elaborar el duelo, donde el círculo nunca se cierra.
Hablando con los hijos de Rosendo Radilla, un destacado líder social del municipio de Atoyac que desapareció hace 40 años, me di cuenta que para ellos ha sido imposible elaborar el duelo.
A pesar que hoy Rosendo tendría 100 años y que, con mucha probabilidad, ya falleció, sus hijos continúan esperando y no tienen un lugar donde llorarlo.
Para los familiares de las personas desaparecidas es devastador, y puede generar un sentimiento profundo de inseguridad y desesperanza o motivar a emprender una búsqueda infinita del ser querido.
Cuando esta situación involucra a muchas personas, podemos ver a comunidades enteras que viven en el terror, que no confían en nada, ni en nadie, y que viven un duelo incumplido como comunidad.
Gobierno, mafia y narcotráfico. En el mismo lodo, desde la misma acera
-¿Por qué es hasta ahora, con la situación de Ayotzinapa, que la gente está reaccionando?
-El gobierno mexicano siempre ha sabido vender muy bien su imagen pseudo-democrática. Durante la “guerra sucia”, por ejemplo, con una mano desaparecía a sus opositores y, con la otra, acogía a los perseguidos por las dictaduras latinoamericanas.
Además, trata de vender la idea de que es el resultado de una guerra desigual contra los grandes cárteles de la droga. Pero la realidad es otra, porque gobierno, mafia y narcotráfico son la misma cosa.
No es el Estado que no tiene la capacidad de combatir al crimen organizado, sino que es parte y protagonista de este sistema mafioso, donde la droga es una cortina de humo para desviar la atención del verdadero objetivo que, como ya dijimos, son los recursos naturales.
En este sentido, creo que la reacción de la población tiene mucho que ver con los estudiantes de la Escuela Normal que desaparecieron y como la gente relaciona esta tragedia con la masacre estudiantil de Tlatelolco en 1968, un duelo colectivo no elaborado por la sociedad mexicana.
No es un caso que la manifestación de los estudiantes era para recolectar fondos, que servían para viajar el 2 de octubre a la capital y conmemorar el aniversario de la masacre.
Se trata de 43 jóvenes de las zonas rurales y de escasos recursos, con edades comprendidas entre 17 y 21 años, que estudian en una escuela que es percibida a nivel colectivo como su única opción de formación. La gente se ha identificado con ellos y con sus padres y se ha indignado.
-¿Qué pasará ahora?
-Las instituciones y los grandes medios corporativos harán de todo para apagar y destruir al movimiento espontáneo que se ha generado. Tengo la esperanza que pueda ser el inicio de algo muy importante, aunque no va a ser fácil.
-En este sentido, “Ni vivos, ni muertos” está contribuyendo a levantar el velo del silencio…
-Por el momento es el único documento de investigación que pone preguntas, que busca un significado a lo que está ocurriendo y que trata de explicar el porqué de esta tragedia.
Grupos de ciudadanos, organizaciones , movimientos me invitan para conocer mi opinión, y esto ayuda a romper el silencio y la cortina de humo que envuelve la desaparición forzada.
Fuente: Rel-UITA

Lo que se ha hecho y lo que falta por hacerse

Por Ayotzinapa, por México


El 10 de noviembre en una escena teatral televisada por los principales monopolios de los medios de comunicación en México, se intentó cerrar el expediente de investigación sobre la desaparición forzada de los 43 estudiantes de la Normal de Ayotzinapa; en esa escena, el actor principal, Jesus Murillo Karám, se presentó como portavoz de 3 de los que él mismo denominó miembros del cártel de narcotráfico “Guerreros Unidos”, dando por hecho que las declaraciones de estos tres detenidos es la verdad absoluta sobre los hechos en la detención-desaparición de los estudiantes, en base a esas declaraciones, el señor que también representa a la Procuraduría General de la República (PGR), afirma que los 43 están muertos, fueron quemados y que los restos encontrados son de ellos pero por su grado de calcinación no se puede probar por el momento la identidad de los restos ¿A quien pretendía verle la cara, el señor Murillo Karam? ¿Cuales eran en el fondo las verdaderas razones de tan magna mentira?


Las cosas no quedaron ahí, cuando la prensa le preguntó sobre el papel del ejército, él respondió: “Qué bueno que no salió el ejército, porque si lo hubiera hecho, iba a ser para apoyar al poder constituido”. Vaya cinismo del Estado Mexicano, no tiene nada que ocultar a estas alturas del juego, por eso Murillo Karam, declara abiertamente que el ejército está para proteger al narcoestado, y golpear, asesinar y desaparecer a la población. La escena teatral fue cerrada por un “Ya me cansé”, en respuesta a las preguntas que seguían sin parar por parte de los medios de comunicación; ese #YaMeCansé de la PGR, desde luego trae una serie de verdades tras de sí: la intención clara del estado de dar por cerrado el caso Ayotzinapa; su desinterés por profundizar las investigaciones, encontrar a los desaparecidos, castigar a los culpables materiales e intelectuales; por el contrario, se ha evidenciado el papel encubridor de las supuestas investigaciones que el estado mexicano está realizando en el caso.

La respuesta fue clara y contundente, desde el otro extremo de esta lucha de clases: los padres de familia fueron firmes: “No aceptamos la versión de Murillo Karam. ¡Exigimos la Presentación con Vida de nuestros Hijos!”, los millones de hombres y mujeres que nos incorporamos a esta lucha por la presentación con vida de los 43, nos sumamos a la posición de los padres de familia. Esa misma tarde, el 10 de noviembre se realizaron diversas movilizaciones que hicieron patente un repudio y rechazo generalizado, al intento de la PGR de darle carpetazo a las investigaciones.

Al paso de los días, ha quedado perfectamente claro el objetivo del Estado Mexicano de presentar una escena tan burda como las declaraciones de Jesus Murillo en esa tarde: ante la creciente movilización de masas en el país, habría que generar un escenario de carpetazo, inducir la resignación de los padres de familia y estudiantes de Ayotzinapa; al mismo tiempo, generar un acto de provocación para inducir movilizaciones y acciones desesperadas que son recurrentes entre pequeños contingentes de la lucha de masas; buscar que las movilizaciones sin ton ni son se desaten inmediatamente por todo el país, que generen un desgaste de los contingentes inmediatamente, y que no se ponga atención a un plan organizado, unitario y nacional, en suma, se buscaba descarrilar al movimiento, para que no logre objetivos, más claros y concretos sobre la presentación con vida y otras demandas que ya vienen tomando fuerza al interior del movimiento.

Evitar que la tendencia de ascenso del movimiento de masas llegara a la fecha histórica del 20 de noviembre, pero sobre todo que tomara realmente fuerza la convocatoria al Paro Nacional del 1° de Diciembre, que puede convertirse en un sólido ensayo de la Primera Huelga General en el país. He ahí, el cúmulo de intenciones del Estado Mexicano, al presentar la idea de que nuestros compañeros desaparecidos estuvieran muertos.

Una vez que ha quedado claro esto, también es importante que a 2 meses de la desaparición forzada de los 43, tengamos claro que el conjunto del movimiento obrero, campesino, indígena, popular y estudiantil, nos hemos incorporado a la lucha como no lo habíamos hecho desde hace muchos años; muchos nuevos sectores se han sumado, los paros estudiantiles cuando se organizan de manera unitaria en todo el país han cimbrado fuertemente las universidades; hemos logrado coincidir las más diversas tendencias democráticas, progresistas y revolucionarias del país, por ejemplo, el EZLN ha salido junto a nosotros, lo mismo que la Unión Nacional de Trabajadores (UNT) y muchos comités del propio Movimiento de Regeneración Nacional (MORENA), que han roto con la posición blandengue de muchos de sus dirigentes. Los Paros Nacionales del 8, 22 y 28-30 de octubre, 5 y 20 de noviembre fueron ejemplares, marcaron camino de lo que en términos de las formas de lucha debemos cualificar; las verdaderas acciones contundentes y que han golpeado realmente al régimen de Peña Nieto, las que obligaron la caída del Gobierno de Aguirre han sido las acciones unitarias, nacionales-internacionales y coordinadas. Sobre la organización de nuestro gran movimiento, también hemos avanzado: la vinculación de todos los procesos unitarios que existían antes de Ayotzinapa a todas las acciones de la lucha actual; el Congreso Social Hacia un Nuevo Constituyente, el Encuentro Nacional Magisterial y Popular, el Precongreso/Congreso Nacional Estudiantil, la Convención Nacional Campesino e Indígena, las reuniones de Enlace Nacional, se han integrado a las acciones masivas y en una medida la mayoría de estos proceso se han vinculado con la Asamblea Nacional Popular, espacio convocado por los estudiantes, padres de familia de Ayotzinapa, así como la CETEG (maestros de guerrero) y el Movimiento Popular Guerrerense. Lo anterior ha permitido que se tengan vasos comunicantes con todos los frentes, coordinadoras, movimientos de todo el país entre quienes se encuentran en el centro de la lucha de clases y casi todo el movimiento de masas.

Pero queda mucho por hacer. Las movilizaciones no han sido suficientes para obligar a todo el sistema capitalista actual a que disponga todo para la localización de los desparecidos y deje de hacer una simulación frente a esa exigencia; enfatizamos esto, porque estos días de lucha nos han permitido aclararnos que si bien el gobierno (federal, estatal y municipal) es el representante político de la burguesía y la oligarquía financiera, hay un entramado de instituciones económicas, científicas, tecnológicas y mediáticas que están a disposición del sistema capitalista, que no permiten, obstruyen, ocultan, protegen y torpedean, con el claro objetivo de evitar que el esclarecimiento real de los hechos que sucedieron los días 26 y 27 de septiembre, evidencie la verdadera naturaleza de este sistema. Ese es el fondo del problema, por eso juegan con el dolor de los padres de los desparecidos. Así que los millones que somos el pueblo ahora movilizado hemos logrado conectar correctamente la lucha por la presentación con vida de nuestros desaparecidos, el castigo a los responsables directos, con la destitución del gobernado, y ahora en todas nuestras movilizaciones se ha empezado a generalizar la consigna: ¡Fuera Peña! La caída del gobierno de Peña puede abrir una etapa de lucha, para empujar la tendencia de un Gobierno de Obreros y Campesinos Pobres, mediante la instalación inmediata de un Gobierno Provisional Revolucionario que convoque a una Asamblea Nacional Constituyente, Democrática y Popular para que se promulgue una Nueva Constitución. Es la única posibilidad segura que hoy para poner a nuestra disposición todos los recursos tecnológicos, científicos, económicos a favor de nuestras demandas, y de paso echar abajo toda la política neoliberal, que se ha vuelto un obstáculo para el desarrollo de nuestro país; el gobierno neoliberal de hecho, ha vuelto las armas contra el pueblo mexicano, por ello, no tenemos otra alternativa que tirarlos del poder.

Lograrlo no será fácil; una sola organización, un sólo plan de lucha, un sólo objetivo político, unas mismas consignas, son las condiciones necesarias para avanzar en esta lucha; la dispersión organizativa de nuestro movimiento y las acciones dispersas aunque sean tan radicales o ultrarrevolucionarias, ya llegaron a un límite; con este nivel de organización y con este nivel de lucha ya no llegaremos a más. Para elevar nuestra forma de organización es fundamental que todos los esfuerzos concreten los acuerdos que ya tienen respecto a la unidad, que se convoque la constitución de la Asamblea Nacional del Proletariado y los Pueblos de México; pero hay que hacerlo de inmediato, una parte importante del movimiento piensa que en el mes de diciembre de este año o a más tardar en enero se debe concretar esta tarea; esta gran asamblea deberá constituirse en la verdadera soberanía popular, concentrar dentro de sí todas las fuerzas sindicales-obreras, campesinas-indígenas, populares-estudiantiles, y aglutinar dentro de sí, todos los procesos que se han desarrollado en los últimos tiempos a nivel nacional, estatal, regional, municipal, sectorial o temático; todos deben acudir ese llamado a construir una sólo frente de lucha.

Diremos hasta el cansancio que las formas de lucha y las formas de organización van de la mano, para elevar las formas de organización se requiere también elevar las formas de lucha, hemos dicho que hasta ahora las acciones más contundentes que hemos tenido son los Paros Nacionales, resulta entonces que ahora ya no son suficientes, el camino obligado que nos queda es la preparación de la Huelga Política General, que organice de mejor manera todas las acciones que hemos logrado realizar, que incorpore a nuevas fuerzas, sobre todo que jalone a la acción a la clase obrera mexicana, quienes todavía están titubeantes sobre su papel en medio de la lucha de clases del país. Hay planes específicos para realizar la primera Huelga Política General a principios del próximo año, de cualquier forma, la tendencia que se dibuja es que 2015 sin duda ha de ser ¡Año de la Huelga Política General!

La presentación con vida de los desaparecidos debe seguir siendo nuestra demanda principal, nuestra consigna prioritaria de esta esta etapa de lucha; al lado de ésta, la caída de Enrique Peña Nieto, y al lado de estas dos consignas, la derogación de todas las reformas neoliberales; en su lugar: Un Gobierno Provisional, una Asamblea Constituyente, una Nueva Constitución. Nuestra suerte está echada, dependerá de todos hacer lo que nos falta por hacer por Ayotzi, por México.

*Florentino López Martínez es Presidente Nacional del Frente Popular Revolucionario y miembro del Comité de Coordinación de la Liga Internacional de la Lucha de los Pueblos (ILPS)

El caso de los estudiantes golpea a la izquierda

El fundador del PRD mexicano, Cuauhtemoc Cárdenas Solorzano, pidio la renuncia de la cúpula

Página 12

La estocada para el partido fue el mal manejo de la crisis que significó la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, víctimas del alcalde perredista José Luis Abarca, hoy preso. El gobernador de Guerrero –también del PRD– debió renunciar.

Postrado y agotado, sin autoridad moral ni credibilidad, hundido en la corrupción, diluido como opción política y a punto de la disolución, el Partido de la Revolución Democrática (PRD) ha entrado en una etapa crítica de la que sólo tiene dos salidas: o la reconstrucción o su desaparición de la faz democrática de México.
El diagnóstico es de su fundador, Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano, quien dos veces en la última semana ha exigido la renuncia de la actual dirigencia nacional del PRD, que fue electa y tomó posesión el pasado 5 de octubre cuando el ex guerrillero Jesús Zambrano dejó el cargo para que asumiera el ex senador Carlos Navarrete.
La estocada para el PRD fue el pésimo manejo de la crisis que significó para el partido la desaparición de 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa y el asesinato de otros tres, el pasado 26 de septiembre, en Iguala, Guerrero, víctimas del alcalde perredista José Luis Abarca, hoy preso.
En una carta abierta, el propio Cárdenas se quejó de “años de desviaciones y claudicaciones”, en referencia a las últimas dirigencias partidistas. Con Zambrano, el pragmatismo cedió a los principios doctrinarios y se hicieron alianzas electorales con el derechista PAN sólo para ganar unos pocos gobiernos estatales, incluido Guerrero, con candidatos alejados de lo que se podría esperar de un partido de izquierda. Aún más, Zambrano llevó al PRD a alinearse en los acuerdos nacionales sobre reforma política, laboral, de telecomunicaciones y energética propuestos por el presidente Enrique Peña Nieto, en un acercamiento al PRI jamás visto en los recién cumplidos 25 años de historia del PRD.
La que hasta ahora todavía es la principal fuerza política de izquierda surgió de la ruptura del PRI en 1988, cuando el ala progresista de ese partido fue avasallada por el grupo neoliberal de Miguel de la Madrid y de Carlos Salinas de Gortari, presidentes de México entre 1982 y 1994. La salida de Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano, hijo del general revolucionario Lázaro Cárdenas del Río, que nacionalizó el petróleo medio siglo atrás, junto con un importante grupo de priístas, entre los que destaca Porfirio Muñoz Ledo, fue la confirmación del cisma que sólo doce años después habría de terminar con las siete décadas de gobiernos hegemónicos del PRI, pero no por la izquierda cardenista aglutinada en el PRD, partido que se fundaría en 1989, sino por el derechista Partido Acción Nacional, el PAN, y su candidato, el populista Vicente Fox.
Cárdenas fue candidato a la presidencia de la república en 1988, 1994 y 2000, derrotado las tres veces por el PRI. Fue el primer jefe de gobierno electo de la Ciudad de México entre 1997 y 1999, con lo que se inicia el ascenso electoral del PRD que casi lleva a la presidencia a Andrés Manuel López Obrador, en 2006. Después de eso, la izquierda perredista ha ido retrocediendo en las urnas. El propio López Obrador abandonó este año las filas del PRD para crear su propio partido político: Movimiento de Regeneración Nacional (Morena). Con él, miles de perredistas cambiaron de afiliación.
Actualmente el PRD es gobierno en el Distrito Federal, Morelos y Tabasco; lo era también en Guerrero hasta que el ex priísta Angel Aguirre Rivero renunció por la matanza y desaparición de estudiantes en Iguala. Además, comparte la gobernación en Oaxaca, Sinaloa y Puebla, mediante la coalición con el derechista PAN y varios partidos menores. Antes gobernó Zacatecas, Baja California Sur, Michoacán, Chiapas y Tlaxcala. Excepto el último, todos esos estados los perdió en las urnas entre 2010 y 2012.
Por sí solo, o en otras coaliciones y alianzas, el PRD también encabeza 286 de los 2456 municipios del país, lo que significa que gobierna directamente a poco más de 14,6 millones de mexicanos, es decir, el 13,52 por ciento de la población total del país, de acuerdo con las estadísticas en línea de ese partido. En total, son 2708 funcionarios municipales electos por los que debe responder. José Luis Abarca era uno de ellos, en Iguala.
Luego del ataque contra estudiantes normalistas de Ayotzinapa el pasado 26 de septiembre, en el que la policía municipal bajo las órdenes de Abarca asesinó a seis personas (tres de ellos estudiantes) y llevó a la desaparición forzada de otros 43, la mirada nacional se volcó sobre Guerrero. Por todos lados afloraron historias de narcopolítica, entre ellas informes de inteligencia que se filtraron a la prensa, en que señalaban al menos doce presidentes municipales como “objetivos de interés especial” de agencias de investigación del Estado. Se trataba de ocho alcaldes del PRD y cuatro del PRI.
A los alcaldes perredistas se los vinculaba con los carteles de La Familia michoacana, Guerreros Unidos, Los Rojos y Los Caballeros Templarios. Los priístas investigados tendrían nexos similares, además, con el cartel de los hermanos Beltrán Leyva.
La crisis interna del PRD se ha nutrido por los medios alineados al gobierno de Enrique Peña Nieto, que han dado un seguimiento inusual a la responsabilidad de los gobiernos perredistas en el caso Ayotzinapa.
El propio Cuauhtémoc Cárdenas ha pagado el precio de una opinión pública volcada contra el PRD, y el pasado 8 de octubre, en una de las primeras marchas por los desaparecidos de Ayotzinapa, fue objeto de una agresión, al recibir empujones y ser blanco de varios objetos que le lanzaron, algunos con líquidos que lo dejaron empapado y sucio. Con él iba el historiador y politólogo bonaerense Adolfo Gilly, nacionalizado mexicano desde 1982, que terminó descalabrado. Cárdenas lamentó que se sancionara al PRD y pidió centrar la responsabilidad en quienes han sido responsables de las decisiones partidistas “que tienen nombres y apellidos”.
El 4 de noviembre, el ex presidente del PRD Jesús Zambrano fue acosado en un acto en la UNAM, a las afueras de la Unidad de Posgrado, donde fue rodeado y seguido por varios jóvenes que le gritaron “traidor” y “asesino”, mientras coreaban consignas por la aparición con vida de los 43 normalistas desaparecidos. Zambrano dirigió al PRD entre marzo de 2011 y hasta el 5 de octubre pasado, y en su período fueron postulados los alcaldes perredistas detenidos en Guerrero, José Luis Abarca, en Iguala, y Feliciano Alvarez Mesino, en Cuetzala del Progreso, preso desde el 8 de abril. El PRD de Zambrano también apoyó y postuló al priísta Angel Aguirre Rivero para ganar el gobierno de Guerrero.
Durante su primer década de existencia, el PRD fue dirigido por el grupo cardenista aglutinado en la que fue la Corriente Democrática del PRI, que se opuso a la candidatura de Carlos Salinas de Gortari, a la postre presidente de México entre 1988 y 1994. El primero en presidir el nuevo partido de izquierda fue el propio Cuauhtémoc Cárdenas, y mantuvo su ascenso durante las presidencias de los ex priístas Porfirio Muñoz Ledo y Andrés Manuel López Obrador. Los últimos seis años han estado en manos de la vieja izquierda que se disolvió para fundar el PRD. Zambrano fue parte de la Liga Comunista 23 de Septiembre y fue preso político entre 1974 y 1975.
Apenas pasado el 5 de octubre, Zambrano entregó la dirigencia nacional del PRD a Carlos Navarrete, otro viejo militante del desaparecido Partido Socialista de los Trabajadores, el PST, donde también se formó Jesús Ortega, predecesor de Zambrano.
Ese es el grupo al que Cuauhtémoc Cárdenas atribuye la debacle del PRD y al que ha exigido un par de veces su renuncia, acusándolo de convertir al partido en una franquicia electoral. Con una convocatoria prácticamente para reinventar su partido, alejado del sistema de cuotas que le ha atomizado. Eso sí, Cárdenas avisó que, de aceptarse su propuesta, él no participará en ningún puesto directivo.
En las próximas semanas podría realizarse un debate público entre Cárdenas y Navarrete que defina el futuro de esta parte de la izquierda.

¿En qué sentido existe un Estado fallido en México?

Tomás Holguín

Los siguientes apuntes y análisis sobre el concepto-fenómeno social de Estado fallido se realizan desde el punto de vista epistemológico que nos parece más capaz -y superior- para comprender gran parte de nuestra realidad social actual: el marxismo. Como refiere Michael Löwy, la crítica más radical del capitalismo y el peldaño más alto desde donde vislumbrar el horizonte –social-. Por tal, utilizamos sus categorías de análisis: capital, plustrabajo, plusvalía, burguesía, proletariado, lucha de clases, alienación, etc.
Estado fallido se ha convertido recientemente en un concepto muy difundido y utilizado, tanto por la izquierda como por la derecha, desde luchadores sociales honestos hasta reaccionarios. ¿Qué pretenden decir sobre nuestra realidad quienes utilizan este concepto? Intentan decir que el Estado no funciona adecuadamente, que ha perdido sus funciones en determinados aspectos o territorios donde debería ser dueño absoluto de ellos. Intentan denotar que el Estado se encuentra en crisis: social, económica y política; y que esto es malo, casi terrible.
También suelen decir o insinuar que esa supuesta condición de Estado fallido en México se debe principalmente al control hegemónico que mantiene el narcotráfico en ciertos territorios y aspectos (económico, político, cultural) en nuestro país, y de la violencia que se ha desatado al combatirlo.
Pero aquí -y regresando a nuestro punto de vista epistemológico-, la definición no es correcta, pues en relación al narcotráfico, no sucede tal fenómeno. Si consideramos el carácter de clase de todo Estado, entendiendo a éste como una máquina hecha para mantener en la obediencia a la mayoría del pueblo (Engels) y siendo su principal labor la defensa de los privilegios de la minoría contra la inmensa mayoría (Lenin) por distintos medios -entre ellos la coerción directa-, apreciamos que el narcotráfico más que debilitar al Estado mexicano lo refuerza –principalmente en el aspecto económico y coercitivo-. ¿En qué coinciden Estado mexicano y narcotráfico? En la defensa de los intereses de una minoría: la burguesía nacional e internacional. Esta burguesía puede ser legal o ilegal, eso no importa, sigue siendo el mismo interés general de una minoría y clase social explotadora y opresora.
Proporcionemos algunos ejemplos de esta cuasi simbiosis.
Ejemplo 1. La “guerra contra el narco” se lanzó desde el gobierno federal para supuestamente eliminar el problema del narcotráfico. ¿Cuáles son los resultados hasta ahora? La economía del narcotráfico se encuentra igual o más pujante que antes, algunos capos cayeron y otros nuevos se apuntalaron, 150 000 muertos, 25 000 desaparecidos, feminicidios, juvenicidio, desaparición de poblados enteros, migración y un gran etcétera. Teniendo en cuenta que la inmensa mayoría de esas muertes y desaparecidos es gente inocente. Una guerra donde quien pierde no es ni el narcotráfico ni el gobierno en general, ambos parecen beneficiarse del clima de terror, represión y barbarie que ha suscitado su guerra fútil e irresponsable. Quien pierde es el pueblo trabajador mexicano, pues es quien pone los muertos y los desaparecidos.
Ejemplo 2. El pueblo trabajador y campesino toma las armas –a pesar del miedo- en el sur de México para combatir la violencia desatada por el narcotráfico, la omisión/comisión del gobierno y la “guerra contra el narco”, formando las policías comunitarias y las autodefensas. ¿Qué hace el gobierno? En vez de detener a los capos del narcotráfico, manda encarcelar a los dirigentes de las policías comunitarias y autodefensas, dictar ordenes de aprehensión a diestra y siniestra, así como el soborno y la cooptación. Por lo tanto, los narcoempresarios y narcopolíticos siguen vivitos y coleando, gozando de las ganancias que deja una rama económica, que aunque ilegal, no deja de ser pujante.
Ejemplo 3 (el caso más descarado y fragante de complicidad). Policías municipales por instrucciones de funcionarios públicos en complicidad con sicarios del narcotráfico, matan a 3 estudiantes de la normal de Ayotzinapa y desaparecen a 43 más. El gobierno federal dice que fue un grupo delictivo y un presidente municipal ligado al narcotráfico, pero todos sabemos que fue el Estado.
Conclusión: el Estado fallido no se da por la presencia y la hegemonía que el narcotráfico pueda tener sobre ciertos ámbitos del aparato de Estado en nuestro país, ni tampoco por la violencia que se ha desatado con la mentirosa “guerra contra el narco”. Por el contrario, Estado y narcotráfico se compenetran orgánica e instrumentalmente reflejando un interés general, el del Capital y su defensa. Disputas entre grupos de la burguesía existen y han existido, pero eso no obstaculiza que defiendan el mismo interés general de clase cuando se requiera, o contra su enemigo de clase: el proletariado.
¿Dónde y cómo surge un Estado fallido?
Allí donde el proletariado –junto con sus aliados- va formando un doble poder. Allí donde el régimen de la dualidad de poderes surge como consecuencia del choque abierto de las dos principales clases antagónicas de la sociedad capitalista: la burguesía y el proletariado (explotadores y explotados). La mecánica de la política de la revolución consiste en el paso del poder de una a otra clase.
La preparación histórica de la revolución conduce, en el período prerrevolucionario, a una situación en la cual la clase llamada a implantar el nuevo sistema social, si bien no es aún dueña del país, reúne de hecho en sus manos una parte considerable del poder del Estado, mientras que el aparato oficial de este último sigue aún en manos de sus antiguos detentadores. De aquí arranca la dualidad de poderes de toda revolución. (Trotsky).
Dos ejemplos de doble poder en la historia de la lucha de clases del capitalismo lo fueron la Comuna de París y los Soviets de Rusia. Ejemplos de embriones de doble poder en México lo son o lo han sido en distintos lugares y momentos, la APPO en el 2016 en Oaxaca, las policías comunitarias en Guerrero, las autodefensas en Michoacán, los municipios autónomos zapatistas en Chiapas y la comunidad de Cheran en Michoacán. Escenarios en los cuales se han expropiado distintas funciones del aparato de Estado en beneficio de una mayoría local en lucha y combativa; funciones como los medios de comunicación, la impartición de justicia y el uso de la violencia, por decir algunos. Estos fenómenos sociales y políticos en la historia contemporánea y aún viva de México serían la expresión de la preparación y surgimiento de un doble poder (como refiriera Trotsky en párrafos anteriores), y sólo a través de ellos es posible entonces afirmar en cierto sentido la existencia de un Estado fallido, o de un Estado que inicia su agonía.
¿Cómo ha reaccionado el Estado en manos de la burguesía ante estas expresiones de doble poder? Como esperábamos que respondiera: reprimiendo. La matanza de Acteal, la represión de la APPO, centenas de autodefensas y poco más de una decena de policías comunitarios encarcelados, y un gran etcétera. Dicha función represiva bien puede delegársela al crimen organizado, como lo hizo en el caso de Ayotzinapa.
Reflexionando sobre la agonía del Estado, Lenin refería que ésta comienza inmediatamente después de la expropiación de los expropiadores, pero también decía que para que esa expropiación se hiciera realmente efectiva el proletariado debería plantearse conscientemente el problema de la toma del poder del Estado, lo cual hecho (la toma del poder), significaría una imposición sobre la burguesía con el uso del Estado. Pero entonces ese órgano de la imposición ya sería la mayoría de la población y no la minoría como siempre lo había sido. En ese sentido, el Estado comienza a agonizar. Esta agonía se expresa en que en lugar de instituciones especiales pertenecientes a la minoría privilegiada (funcionarios privilegiados, mando del ejército permanente) la mayoría puede desempeñar las funciones de coerción. Lenin formuló el siguiente axioma: a medida que las funciones del poder son las del pueblo entero, este poder es menos necesario.
Una vez que el proletariado (la mayoría explotada) asuma el poder del Estado, éste tendrá como tarea derivada y absolutamente primordial, la de preparar su propia abolición. Y el grado de éxito de esa tarea derivada se verificará sólo con la realización de una idea básica: la construcción de una sociedad sin clases y sin contradicciones materiales.

¿Coyuntura o el inicio de un período de lucha popular y de clase?

Federico Piña Arce

Durante los últimos cuarenta años, el México postsesentayocho ha experimentado importantes expresiones de lucha popular, detonadas desde diferentes trincheras. El movimiento estudiantil, postrado y en repliegue durante muchos años demostró en diferentes momentos una vitalidad, una frescura y una rebeldía propias de la juventud que con conciencia de clase lucha por un futuro digno, brillante y sin explotación.
Pero también el movimiento obrero independiente, así como diferentes sectores sociales, han venido expresando coraje, rebeldía, protestando, marchando, manifestándose de diferentes maneras, exacerbando la lucha de clases. En cada momento de levantamiento popular, el Estado mexicano ha respondido o bien reprimiendo o bien realizando algunas concesiones, pero sin sentirse en peligro, ni tampoco acotado o debilitado.
Sin embargo, el momento político, económico social del país tiene características que en otras etapas de la coyuntura política, económica o social no existían. Después de la manifestación del 20 de noviembre, el movimiento que inició pidiendo la aparición con vida de los 43 compañeros de Ayotzinapa, ha rebasado esta demanda, que aún y cuando se mantiene como vértice de lucha, ha incorporado otras que reflejan el hartazgo popular.
¿Cuáles son los elementos nuevos y característicos de esta etapa de lucha popular? El primero es sin duda la profunda crisis política, económica y social que atraviesa el país. Política, por la ilegitimidad y ausencia de representación real de los partidos tradicionales del régimen, asimismo por las traiciones y el oportunismo de la socialdemocracia representada por los partidos que se dicen de izquierda que se han incorporado sin rubor en la defensa del sistema de dominación, y por la virtual desaparición del Estado y sus formas tradicionales de control, así como la incapacidad evidente del gobierno de Peña Nieto para hacer política y conducir el proceso en beneficio, claro, de los monopolios.
Económica, porque a pesar de las promesas de que con las reformas estructurales aprobadas el país entraría casi en el paraíso terrenal, la realidad es que la pobreza, la marginación, la pauperización avanza, afectando a sectores más amplios de la población. La supuesta fortaleza de este gobierno, el programa económico, no ha podido hacer crecer la economía a tasas superiores al 2 por ciento. Es decir, está a la vista la incapacidad manifiesta de conducir el proceso de crecimiento económico en beneficio de las mayorías de mexicanos. Un ingrediente adicional es que desde hace cuando menos dos décadas, los diferentes gobiernos al servicio de la burguesía monopólica financiera han sido incapaces de lograr crecimientos superiores a esta cifra, es decir, 2 por ciento. Ante la posibilidad de que la economía estadounidense, a la que México está ligada en extremo entre en un colapso, la debilidad de la economía mexicana para garantizar crecimiento está en vilo.
Social, porque las reformas sólo han incrementado los niveles de atraso, pobreza y marginación de millones de mexicanos. El proceso de pauperización amenaza con alcanzar a sectores de la población que ya ni siquiera con dobles o hasta triples trabajos les alcanza para satisfacer las mínimas necesidades. La precariedad laboral, manifiesta no sólo en los salarios, sino en general en las condiciones de contratación, coloca a las masas trabajadoras al borde de la miseria y la marginación. Ahora ya no son los pobres de siempre, los indígenas, los campesinos, los grupos de inmigrantes del campo y la ciudad, ahora son sectores de trabajadores y empleados que se colocan en los umbrales de la desesperación.
Si a esta situación le agregamos dos “pequeños ingredientes”, la debilidad del Estado mexicano y la consecuente ocupación de los espacios dejados por este, de auténticos poderes fácticos, entre ellos el poder de la delincuencia organizada, que han sustituido a las instituciones estatales, para convertirse en los verdaderos poderes y que tienen a su servicio instituciones débiles, pero fuerzas represivas dispuestas a servirles. Es decir, la maquinaria represora del Estado puesta al servicio de estos poderes que representan los intereses de los cacicazgos económicos y políticos regionales.
Los sectores explotados, oprimidos y reprimidos por estos poderes, pero que se han mantenido en lucha constante, han encontrado, nuevamente un canal masivo de expresión de sus demandas. El movimiento popular, de los trabajadores del campo y la ciudad, de los estudiantes, de los empleados, de colonos, incluso de pequeños comerciantes, se han apropiado del espacio abierto con la represión en Iguala.
Sectores que se han opuesto a la depredación de sus aguas, tierras y bosques, quienes luchan por la presentación de sus familiares desaparecidos, aquellos que reivindican salarios remunerados, prestaciones sociales y condiciones laborales dignas, también quienes demandan servicios, empleo, condiciones de vida dignas, es decir los sectores puesto al margen del crecimiento de los monopolios, han encontrado un espacio para salir a las calles a manifestar su descontento, a reclamar sus reivindicaciones. Sectores que antaño se mantenía en la sumisión, ahora encuentran un camino, un rumbo hacía la insumisión.
Asistimos entonces a una crisis profunda del sistema de dominación vigente. Una crisis que por el momento no pone en duda su continuidad, pero que de profundizarse nos puede colocar en los albores de un cambio profundo. Una crisis que ha generado espacios para la participación de un amplio abanico de sectores que han mantenido, con altibajos, sin organización, sin articulación entre sí, luchas importantes por reivindicaciones, incluso muchas de ellas con consignas anticapitalistas. Pero también sectores que se mantenían en la sumisión al control de sus líderes pro-capitalistas, con temor a manifestarse, a organizarse a luchar.
Existen lecturas y posiciones de grupos y compañeros que señalan que ante la negociación de los familiares de los compañeros normalistas desaparecidos con el gobierno y ante el llamado de éstos a transitar por el camino de las consignas democráticas, a no violentar las manifestaciones, es el momento de arriar banderas. Hay incluso quienes aseguran (EZLN), que el actual movimiento es una “moda pasajera” y por tanto no importante.
Existen, sin embargo elementos que indican que estamos pasando de una mera coyuntura a un período quizá prolongado de luchas y movilizaciones de sectores que ya han rebasado a las demandas y consignas enarboladas al principio del movimiento. Un elemento central de esto es el de que las últimas movilizaciones han rebasado al frente estrictamente estudiantil, para convertirse en una manifestación auténticamente popular, con consignas y reivindicaciones particulares largamente contenidas y por fin expuestas con rabia y rebeldía.
El detonante, la chispa que encendió la terrible masacre de los compañeros de la Normal Rural de Ayotzinapa, no se ha apagado, por el contrario ha abierto un camino para la lucha social. Este período no puede, no debe ser transitado sólo y principalmente con consignas democráticas y mediatizadoras. Los comunistas tenemos la obligación de trabajar por articular los movimientos, por estructurar y expandir los elementos de poder popular que se están expresando, aun anárquicamente, desordenadamente sin una visión anticapitalista, pero con una fortaleza innegable en diferentes puntos del país.
Dotemos de sentido de clase a las luchas, articulemos las movilizaciones de los sectores y grupos de la clase obrera y de los trabajadores en general que discuten como participar, como organizarse. Radicalicemos que las consignas, las demandas, sin caer en el juego de las provocaciones, dotemos de contenido obrero y popular las próximas movilizaciones, aislemos a quienes pretenden abortar las movilizaciones y el despertar popular. Construir el frente anticapitalista, antimonopólico popular y revolucionario es la tarea de los comunistas mexicanos en la etapa actual.

Nuevas cadenas de TV ¿una opción?


Es una verdadera lástima que se pierda esta oportunidad para empezar a dotar de pluralismo a nuestro sistema de medios.

lasillarota.com

La semana pasada el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) dio a conocer que sólo tres empresas entregaron sus ofertas económicas, de cobertura y la garantía de seriedad para la licitación de las dos nuevas cadenas nacionales de televisión abierta digital. Las razones por las que el resto de los jugadores se bajaron del proceso, no las sabemos con claridad, aunque hay muchas especulaciones al respecto.
Lo cierto es que varios son los elementos que hacen que actualmente el mercado de la televisión sea poco apetecible, entre ellos la incertidumbre, pues hasta el momento la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), aún no deja claro si realmente podrá llegar a tiempo para hacer el apagón analógico, en medio de retrasos y poca transparencia, los nuevos jugadores no tienen la certeza de que realmente podrán ser vistos por la mayor parte de la población.
Al mismo tiempo, quienes ganen la adjudicación de 123 canales o de 246, en caso de que sea una sola empresa la que logre adjudicarse las dos cadenas, tienen una barrera de entrada muy fuerte ante el control de la producción y distribución de contenidos audiovisuales que tiene actualmente el duopolio televisivo con una audiencia nacional de poco más del 94 por ciento, por lo que tendrán que hacer una inversión importante para la producción de contenidos.
Las empresas que confirma el IFT quedaron como semifinalistas son el Centro de Información Nacional de Estudios Tepeyac, S.A. de C.V., cuyo presidente es Mario Vázquez Raña, que tiene cerca de 70 periódicos (Organización Editorial Mexicana), que logró notoriedad en 2012, al publicar en primera plana que la visita de Enrique Peña Nieto a la Universidad Iberoamericana en la Ciudad de México había sido “todo un éxito”, cuando el desastre de esa visita fue el origen del movimiento #YoSoy132 que se opuso tajantemente a la campaña electoral del hoy presidente.
Su hermano, Olegario Vázquez Raña, es el segundo grupo en la competencia con el Grupo Empresarial Ángeles que agrupa hospitales, restaurantes de comida rápida y gestión de aeropuertos; además maneja al Grupo Imagen con estaciones de radio, el canal de televisión Cadena Tres de cobertura regional, el diario Excélsior y el Grupo Financiero Multiva. Las líneas editoriales de sus medios no se han caracterizado precisamente por su independencia del actual gobierno.
El tercer jugador es Francisco Aguirre, del Grupo Radio Centro que tiene La Organización Impulsora de Radio con más de 130 emisoras en el país con cobertura en más de 70 ciudades; 12 estaciones de radio en la Ciudad de México, una estación en Guadalajara, una estación en Monterrey y una estación en Los Ángeles, EE. UU. El señor Aguirre es uno de los concesionarios que durante años se opuesto a la existencia de medios comunitarios, por cierto.
¿Pluralismo y diversidad?
Desde hace décadas se demandó la licitación de nuevas frecuencias de televisión, para hacer contrapeso a la exacerbada concentración televisiva en nuestro país, para contar con contenidos e información plural y diversa, sin embargo, ahora que esto será posible por el mandato que estableció la constitución en 2013, todo parece indicar que difícilmente esto se dará, pues de acuerdo a las bases de licitación del IFT, la valoración de la propuesta de programación no será un criterio relevante, puesto que lo único que están calificando son las capacidades económicas y de cobertura, vaya ni siquiera establecieron algún porcentaje para incluir a la producción nacional independiente.
Me gustaría equivocarme, pero por el perfil de los jugadores me temo que quién o quienes ganen nos darán más de lo mismo, sobre todo si el IFT no valora las propuestas programáticas para determinar a los ganadores, obviando el artículo 6º de la constitución que supuestamente nos debería garantizar pluralismo y diversidad en los medios audiovisuales.
La licitación de estas cadenas viene viciada de origen desde la Ley Federal de Telecomunicaciones y radiodifusión, que en la práctica dejó intocados los privilegios de las actuales televisoras, al evitar los límites a la concentración en la propiedad de los medios, incluyendo la cruzada y el acceso a la multiprogramación, así como las laxas medidas de preponderancia en el sector de la radiodifusión, entre otros puntos.
Es una verdadera lástima que se pierda esta oportunidad para empezar a dotar de pluralismo a nuestro sistema de medios, que hoy más que en otras tantas ocasiones, es una necesidad imperante en medio de la grave crisis institucional y social que estamos viviendo por lo sucedido en Ayotzinapa, en donde una buena parte de los medios funcionan como cajas de resonancia del discurso oficial y la información de calidad la encontramos más en la prensa extranjera y en el periodismo free lance que se ha atrevido a ir más allá de las declaraciones de los actores políticos, que en medio del general descrédito no hacen sino ahondar más la desconfianza ante sus permanentes tropiezos y cómplices silencios.
Basta con revisar los principales titulares de la prensa y noticieros de los medios durante el pasado fin de semana, consignando la “recuperación” del zócalo de la ciudad por parte de la policía después de la multitudinaria y pacifica marcha ciudadana, cuando en realidad lo que estaba sucediendo era una brutal represión de los elementos policiacos en contra de civiles, niños, periodistas y defensores de derechos humanos, que terminó en detenciones arbitrarias de once jóvenes que son acusados de intento de homicidio, motín y asociación delictuosa.
En ninguno de esos medios cupo la pregunta del debido proceso, como tampoco de situaciones tan absurdas como que la esposa del ex alcalde Abarca ha estado durante semanas en arraigo, mientras a los jóvenes detenidos en dos días se les consigno y trasladó a cárceles de mediana y alta seguridad, sin que hayan podido acceder a sus abogados.
¿Serán las nuevas cadenas de televisión una verdadera opción para tener contenidos diversos e información diversa que salga del concierto cómodo de sólo ser eco de la voz oficial y propiciar un debate democrático con más amplios sectores de la sociedad? De acuerdo a lo descrito parece que no.
@callejag
aleida.calleja@gmail.com

Dos preguntas un conflicto

Serpientes y Escaleras
Salvador García Soto

En todo el episodio de la tristemente célebre “casa blanca” de Las Lomas hay dos preguntas que no han sido del todo respondidas y que aclararían si en el fondo de todo este escándalo, por encima del derecho a la privacidad de la primera dama, hubo o no un conflicto de interés por parte del presidente Enrique Peña Nieto. 
La primer pregunta sería para la esposa del Presidente: ¿por qué de todas las constructoras que existen en México, a la señora Angélica Rivera se le ocurrió comprarle a Constructora Teya, propiedad de Grupo Higa, la casa de Sierra Gorda 150 valuada en 86 millones de pesos? ¿No pensó que comprarle una casa de tal lujo al principal contratista que tuvo su esposo como gobernador del Estado de México —y cuyas empresas obtuvieron contratos de hasta 22 mil millones de pesos— podía prestarse a sospecha por la relación entre su marido y el constructor? 
La segunda pregunta tendría que contestarla el Presidente, pues fue su decisión: ¿por qué cancelar el contrato ya asignado a la empresa China Railway y a sus socios mexicanos —entre los que figuraba Grupo Higa— cuando su secretario de Comunicaciones, Gerardo Ruiz Esparza, había asegurado, ante las quejas de otras compañías que no pudieron registrar sus propuestas por falta de tiempo, que “todo se había hecho de manera legal y abierta”. 
Al cancelar una licitación que supuestamente estaba en regla se generó otra vez la sospecha de que se trató de corregir una situación anómala o irregular al tomar una decisión tan drástica que nos costó no sólo el reclamo oficial del gobierno de China, sino un oneroso pago por compensación que tendrá que hacer el gobierno mexicano a la constructora china y a sus socios. 
En aras de la transparencia y la rendición de cuentas esas dudas tendrían que ser claramente despejadas. Porque por encima de las motivaciones políticas que pudieron llevar a destapar el tema de la casa, propiedad de la señora Rivera, y por encima de su legítimo derecho a comprarse una propiedad con los ingresos millonarios que dice haber recibido de Televisa, lo que subyace en el fondo es la credibilidad del Presidente y el vínculo innegable que existe entre la constructora Teya —propietaria formal de la lujosa residencia que le fue vendida en facilidades a la esposa del presidente— y Enrique Peña Nieto, quien como gobernador no sólo otorgó millonarios contratos a esa constructora y a su matriz Higa, sino que además tuvo una cercanísima relación con el hijo fallecido del constructor Armando Hinojosa Cantú —Juan Armando Hinojosa García—, quien fue su compadre. 
El peso de esa relación, construida a lo largo de todo el sexenio como gobernador, hace que cualquier otro argumento sobre la privacidad de la esposa del presidente —o la legitimidad de sus ingresos y sus propiedades y patrimonio personales— pasen a segundo plano. Lo que importa aquí es dilucidar si una compañía constructora, que aún participa en las licitaciones del gobierno federal, favoreció a la esposa del presidente, incluso en una transacción totalmente legal, como pago al trato que recibió como contratista privilegiada del gobierno mexiquense. Ese sí es un tema que cae directamente en la transparencia y la rendición de cuentas de los gobernantes. 
Y si, como dijo la señora Rivera en su ya viral conferencia televisiva, “no hay nada que esconder”, entonces que se aclare a detalle cuál fue el papel que jugó esa relación entre el contratista y el político. Ese es el único punto que podría generar un conflicto de interés y si no lo hubo esas dos preguntas simples tendrían que tener también respuestas simples y entendibles para todos los mexicanos. Porque si el presidente envió a su secretario de Comunicaciones a explicarle a los directivos extranjeros de China Railway Construction las razones por las que canceló el contrato para la Construcción del Tren de Alta Velocidad de Querétaro, se entiende que las mismas razones podrían ser ofrecidas también a sus gobernados. 
NOTAS INDISCRETAS… Una reforma al sistema municipal y a la seguridad en los municipios es parte de lo que anunciará esta semana el presidente Enrique Peña Nieto, según adelantó ayer el secretario de Gobernación, Miguel Osorio Chong. El diagnostico de la “debilidad del Estado” se centra en la incapacidad del nivel municipal para garantizar la seguridad de sus habitantes y propone cambiar la esfera de facultades. A eso se sumará una Comisión de Estado en la que se involucra a los tres poderes para atender los casos de estados con violencia grave... Los dados repiten Escalera. La semana promete. 
sgarciasoto@hotmail.com

México: movilizado

Alberto Aziz Nassif

Ahora resulta que la explicación de la crisis actual para Peña Nieto es que hay grupos o intereses que quieren desestabilizar al país y a su gobierno. Estas declaraciones me recuerdan lo que decía Díaz Ordaz sobre el movimiento estudiantil de 1968, pero me resulta difícil entender cómo, con otro país y después de tanto tiempo, se hace el mismo discurso. El Presidente no logra entender qué pasó si él pensaba que el país iba tan bien, por qué de pronto está metido en este problema, y su respuesta es: porque hay malos mexicanos que provocan una onda desestabilizadora. Pero Peña no entiende y después de varias semanas de pasmo lanza la acusación del complot. Pero la sociedad gana terreno y la desaparición de 43 estudiantes de Guerrero genera al México más movilizado de las últimas décadas.
Puede ser que haya infiltrados y radicales, puede ser que haya grupos que lleven agua al molino de sus intereses, puede ser que la violencia sea calculada y premeditada, pero nada de esto explica, motiva o produce un movimiento de indignación y dolor como el que se vive en México ahora. Tenemos ya varios años de una violencia terrible, hay cientos de miles de muertos, desaparecidos y desplazados. Vimos al Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad, que demandó justicia y reparación, y qué resultados hay, más muertes y desaparecidos; luego llegó el movimiento #YoSoy132 que pidió una democratización de los medios y qué tenemos, las promesas de una reforma y una instrumentación que aparentemente cambia las reglas, pero todo sigue más o menos igual.
Con el proceso electoral de 2012 observamos los excesos del gasto, la compra de votos y el clientelismo y, al final, los que más gastaron y más cobertura mediática tuvieron, se quedaron con un triunfo cuestionado. Con el cambio de gobierno llegaron los pactos y casi dos años el país giró en torno a las reformas legislativas. Sin embargo, de forma silenciosa los grave problemas nacionales quedaron intocados, no se atendió el contubernio entre autoridad y crimen organizado, se minimizó la impunidad, se le bajó el volumen a la violencia; no se quiso ver que un país tan desigual genera más oportunidades para la violencia y la destrucción de los tejidos sociales. No se calculó que tarde o temprano habría una chispa, que en un momento se podría cambiar la percepción y que un exceso de los factores de poder —que realmente desestabilizan al país desde hace años, como la violencia criminal, la impunidad y la gran desigualdad—, producirían tanta indignación como para llenar las calles y las plazas, tomar las casetas de peaje, bloquear carreteras, convocar a un paro nacional y construir una amplia red de solidaridad. Por supuesto que no se calculó.
Nada desestabiliza más que un Estado incapaz de proteger la vida de los ciudadanos; nada deslegitima más que un gobierno que simula un país que sólo existe para unos cuántos; nada desprestigia más a la autoridad que ser exhibido en actos de corrupción o de represión. Eso es lo que pasó en estos días. 2014 es el año en donde ha habido más desapariciones, entre enero y octubre se contabilizaron 5,090 víctimas, según información del Registro Nacional de Personas Extraviadas o Desaparecidas (Animal Político, 19/XI/2014). La violencia en contra de las mujeres sigue a todo lo que da, cinco mujeres mueren al día víctimas de violencia, entre 2012 y 2013, fueron 3,892 y el 15% fue en el Estado de México (El País, 18/XI/2014). Se hicieron muchos discursos sobre el bajísimo salario en México y de nuevo se repite el mismo esquema para 2015, sólo se aumentará 3.4%, mientras que los ministros de la Suprema Corte, que son los mejor pagados del país, se suben 6.5% y los diputados se reparten 5 mil millones de pesos para que cada uno tenga 10 millones que serán usados de forma discrecional.
Si la respuesta es reprimir y violar el debido proceso, el Presidente, los partidos y los diputados seguirán en el sótano de la confianza. Estamos frente a una crisis mayor del Estado mexicano. No vemos (quizá no veremos) una respuesta inteligente del gobierno para recuperar la iniciativa política y la confianza de la ciudadanía.
Investigador del CIESAS. 

@AzizNassif

Se pudo haber prevenido?

Miguel Carbonell
La pregunta más inquietante sobre la tragedia de los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos es sobre la posibilidad de que se hubiera evitado. ¿Las autoridades podrían haber hecho algo para que no se produjeran esos lamentables sucesos en la ciudad de Iguala?
La respuesta es sí: se podrían haber hecho muchas cosas, que quizá hubieran evitado esa desgracia y nos evitarían otras iguales en el futuro.
Por ejemplo, el Estado mexicano hubiera podido cumplir cabalmente con la sentencia de la Corte Interamericana del caso Rosendo Radilla Pacheco, que resolvió un caso precisamente de desaparición forzosa en el Estado de Guerrero, sucedido en 1974. En esa sentencia el tribunal interamericano le pidió desde el año 2009 a México que adoptara una serie de protocolos de actuación para evitar que se repitieran hechos parecidos y que pusieran en práctica medidas para investigar debidamente los presuntas desapariciones forzadas. Hasta el día de hoy sigue sin ser cumplida en su totalidad.
En el mismo año 2009, en la sentencia del caso “Campo Algodonero”, también la Corte Interamericana nos pidió extender los esfuerzos para evitar la desaparición y muerte de mujeres en territorio nacional. Por ejemplo, en la sentencia se pedía elaborar una base de datos de ADN para confrontar los restos hallados en fosas comunes con los datos de personas que buscaban a familiares desaparecidos. Todavía no se ha hecho, pese a que hay miles de mujeres desaparecidas desde entonces. De hecho, el feminicidio en Ciudad Juárez sigue impune, ya que no hay ningún autor material o intelectual en la cárcel pese a que algunas estimaciones indican que entre 1993 y 2003 murieron o desaparecieron en ese municipio más de 4,500 mujeres. Tienen razón quienes dicen que la impunidad mata dos veces: a la primera víctima y a las futuras cuando la autoridad no sanciona a los responsables de la primera muerte.
De la misma forma, la tragedia de los 43 normalistas se pudo haber evitado si funcionaran medianamente bien los mecanismos de revisión del gasto público. Ahora se sabe que de la nómina del municipio de Iguala, José Luis Abarca transfería entre 2 y 3 millones de pesos al mes a la organización criminal Guerreros Unidos. ¿No debería haber alguna dependencia estatal o federal encargada de revisar que esos desvíos tan evidentes y grotescos no sucedieran? ¿Cómo es que un presidente municipal puede manejar el erario con tanta arbitrariedad sin que sea sancionado por ello y sin que nadie advierta nada? ¿No hay ningún mecanismo preventivo que evite que eso suceda o incluso que siga sucediendo? ¿Todas las auditorías en ese nivel de gobierno son posteriores al ejercicio del gasto e igualmente inútiles?
También se podría haber supervisado de manera más eficaz el desempeño de los policías en los municipios de Iguala y Cocula (y de muchos otros municipios guerrerenses, seguramente). ¿Cómo es posible que el crimen organizado tenga tan infiltrados a los cuerpos policiacos municipales y no salte ninguna señal de alarma? ¿A qué se dedican entonces los miles de agentes del Cisen, de inteligencia militar, de las áreas de prevención del delito de Segob y PGR?
No sabemos cómo va a terminar lo que parece ser a todas luces una de las grandes tragedias de nuestra historia reciente (una más), pero lo cierto es que deberíamos pensar desde hoy mismo en la forma en que vamos a trabajar hacia delante para que nunca más, bajo ningún pretexto, vuelva a suceder. Y eso es algo sobre lo que las autoridades estatales y federales no han dicho nada, absolutamente nada.
Investigador del IIJ de la UNAM

@MiguelCarbonell

Las tres opciones de Peña Nieto

Mario Campos

Si el gobierno de Enrique Peña Nieto hubiera terminado después de su primer año habría pasado a la historia como el presidente de las reformas. Si hoy llegara a su fin sería el presidente de Ayotzinapa, la “casa blanca” y la gran protesta social. Al Presidente le quedan cuatro años por delante y la pregunta es cómo quiere ser recordado cuando termine su periodo. De la respuesta dependerá lo que pase con su gobierno y el país. 
México está en crisis. Pero no es una crisis de los ciudadanos sino del poder. De la confianza en las instituciones y en las autoridades que las encabezan. Según la encuesta del diario Reforma publicada el pasado sábado, solo un 20% creyó en la explicación de Angélica Rivera sobre sus propiedades, y solamente un 19% cree que el Presidente ha sido claro en su declaración patrimonial. 
A esa desconfianza hay que sumar la crítica de columnistas y comentaristas que han cuestionado la actuación del Presidente. La protesta ha dejado de ser de unos cuantos para estar en las conversaciones cotidianas. Periódicos deportivos, como Récord, han dedicado portadas a las recientes marchas. Cuentas de Twitter dedicadas a temas de humor han escrito sobre las protestas. Artistas o deportistas han abordado el tema, desde el Chicharito hasta Calle 13. 
¿Qué va a hacer el Presidente ante este clima? Son tres las respuestas posibles. Unos quieren que se vaya. Yo he dicho que no comparto esa salida. No veo al país en un proceso electoral, sin candidatos fuertes, sin proyectos definidos.
La segunda es intentar contener el movimiento. Apostar porque las vacaciones de Navidad sean las que apaguen las protestas. Sin duda la atención de los manifestantes cambiará por un tiempo pero las causas del malestar ahí seguirán. 
El gobierno tiene que entender que las protestas ya no son sólo por lo que ocurrió en Guerrero. Es sobre las condiciones que lo permitieron. Ayotzinapa es el síntoma de una enfermedad mayor. Fue la chispa pero no es el motor, ésa es la indignación. Apostar por contener es una mala estrategia pues le quedan cuatro años por delante. ¿Va a gobernar con el círculo rojo en contra?, ¿con miles en las calles pidiendo su salida?, ¿con la prensa internacional encima? 
Por eso la tercera opción es la más viable —y a la vez la menos imaginada por muchos— es que en vez de tratar de frenar el cambio, el Presidente lo encabece. O al menos lo intente. 
¿Puede? Sí. Porque aunque hoy no lo parezca Peña Nieto es uno de los presidente más poderosos que ha tenido México en los últimos 20 años. Tiene al Congreso en la bolsa (con su partido y una oposición a modo), controla a los gobernadores, cuenta con dinero como pocos y ha demostrado capacidad para armar una agenda y aplicarla. 
La misma energía que usó para las reformas económicas tiene que aplicarla a las reformas políticas y del sistema de justicia. Se requiere un compromiso con la transparencia, el combate a la corrupción —empezando por su gobierno y los gobernadores—, la limpieza del sistema de justicia en todos los niveles. Que en el camino tendría que enfrentar muchos intereses, sin duda. Pero al menos tendría el apoyo de algunos de los que hoy están en su contra. 
¿Sería creíble que el presidente encabece el cambio? Para muchos no, nada que haga funcionará porque él es parte del problema y no puede ser la solución. 
Para otros, no en principio pues muchas veces hemos oído que ahora sí van serio, pero los hechos —y no los discursos— tendrían que convencer. Mostrar resultados ya, esta semana, este mes, día a día. Con reformas pero también con acusaciones, detenciones. Si no va así no va a funcionar. 
Hoy, honestamente, no veo otra salida para esta crisis si el gobierno no quiere vivir en este clima lo que resta de su periodo. La decisión tiene que ser pronto. Las presiones no se van a ir. ¿Cuál de las tres opciones elegirá? ¿La salida, la contención o el cambio? La respuesta la tiene el Presidente.
Politólogo y periodista. 

@MarioCampos
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