7/18/2019

El Presidente ordena buscar en dónde quedó la cama de dólares que se decomisó a Zhenli Ye Gon

El ciudadano chino dijo en su momento que los 205 millones de dólares decomisados eran para la campaña de Felipe Calderón en 2006. Fotos: Cuartoscuro

Andrés Manuel López Obrador confió en que existan los antecedentes del caso en el Servicio de Administración y Enajenación de Bienes (SAE), de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), porque cuando pidió indagar la condonación de los impuestos y cómo se hacía, “sólo se pudo de Calderón para acá. Lo demás, desapareció”.

El ciudadano chino acusó a Javier Lozano Alarcón, ex Senador del Partido Acción Nacional (PAN), de extorsión. Comentó, en su momento, que le había dicho: “coopela o cuellos”. Según Ye Gon, esa cama de dinero que se exhibió en público era para la campaña de entonces Presidente de México, Felipe Calderón Hinojosa, acusado por López Obrador de haberse robado la elección presidencial de 2006.


Ciudad de México, 18 de julio (SinEmbargo).– 
El Presidente Andrés Manuel López Obrador ordenó investigar en dónde quedaron los 205 millones que el Gobierno de Felipe Calderón incautó a Zhenli Ye Gon. 


“A todos nos tocó ver cómo sacaban las imágenes. Se acuerdan cuando detuvieron al ciudadano chino-mexicano, cómo nos tuvieron, como una semana, con eso, o quince días. ¿Se acuerdan? Imágenes, imágenes y las estibas de dólares. No sé, 200, 300 millones de dólares en una casa, en Las Lomas. Sería buenísimo reconstruir todo lo que declaró. Bueno, hasta saber dónde está ahora el inculpado. Nadie sabe, pero lo que menos se sabe es dónde quedó el dinero“, dijo durante su conferencia de prensa matutina.

AMLO durante su conferencia matutina de este jueves en Palacio Nacional. Foto: Gobierno de México
Por ello, informó que ordenó emprender una investigación, con el objetivo de llegar hasta donde se pueda para conocer dónde quedó ese dinero “porque, ¿imagínense que el Presidente de México no sepa dónde quedó el dinero? Entonces, mandé a investigar dónde quedó el dinero.
Javier Lozano, ex vocero de la campaña presidencial de José Antonio Meade. Foto: Galo Cañas, 
Cuartoscuro
“Yo creo que ahí deben existir los antecedentes [en el SAE], porque ahora que mandé a investigar lo de la condonación de los impuestos, cómo se condonaban los impuestos, sólo se pudo de Calderón para acá. Lo demás, desapareció”, precisó desde Palacio nacional.
El ciudadano chino acusó a Javier Lozano Alarcón, ex Senador del Partido Acción Nacional (PAN), de extorsión. Comentó, en su momento, que le había dicho: “coopela o cuellos”.
Según Ye Gon, esa cama de dinero que se exhibió en público era para la campaña de entonces Presidente de México, Felipe Calderón Hinojosa, acusado por López Obrador de haberse robado la elección presidencial de 2006.

Lozano era en aquel momento Secretario del Trabajo cuando fue acusado. Dijo que demandaría a Zhenli Ye Gon. Tiempo después fue captado recibiendo recursos de un empresario acusado de enriquecerse con la venta de combustible robado. Lozano desistió del proceso.

Zhenli Ye Gon, acusado de lavado de dinero y narcotráfico por la entonces Procuraduría General de la República (PFGR). Foto: Cuartoscuro
Ye Gon estaba en los Estados Unidos cuando, en marzo de 2007, autoridades entraron a su casa y confiscaron la cama de billetes.
El ciudadano chino dijo en entrevista desde Estados Unidos que “acordó mantener el dinero en su casa” porque él y su familia había sido amenazados por miembros del Partido Acción Nacional (PAN).

Ye Gon fue acusado en Estados Unidos de conspiración para ayudar a fanricar 500 gramos o más de metanfetaminas y fue detenido por la Drug Enforcement Administration (DEA) el 23 de julio de 2007.

Ye Gon se dice inocente. El Gobierno de Calderón solicitó la extradición de Ye Gon y fue avalada por un Juez en febrero de 2011. El 18 de octubre de 2016 se entregó a las autoridades mexicanas.
“Coopelas o cuello” se volvió una broma común en México y la frase se sigue utilizando hasta hoy. Lozano tuvo, en su momento, un fuerte apoyo de los medios mexicanos que pusieron en duda la veracidad de lo contado por el ciudadano chino.
El Tri grabó la canción “Coopela o Cueio”.

El imperialismo vs Pemex



Desde el inicio de este sexenio y aunque tal sea el mandato constitucional que los hacendistas de ayer burlaron, por 36 años, la Secretaría de Energía enarbola las banderas del interés público nacional. Son planteos que causan escozor a calificadoras, al big oil y al establishment republicano, a pesar de que el nacionalismo económico tiene en EU profundas raíces y no es patrimonio exclusivo del nacional trumpismo, pero hay sus diferencias. Quien revise la historia económica y político-ideológica del vecino pronto descubrirá, entre otras sorpresas que ese fenómeno ha estado presente desde tiempos de Washington y Hamilton hasta estos días de agresivo unilateralismo arancelario. De la mano de Kolko, LaFeber o Chomsky, el público lector pronto se topará con abundantes ejemplos de proteccionismo y agresiva unilateralidad arancelaria y bélica de EU, de cara a la competencia británica y luego europea, japonesa, rusa o china.
Esa élite no confía en la mano invisible del mercado. La centralidad de la guerra que cubre más de 95 por ciento de su existencia como nación está en la base del monumental despliegue del Estado y de la preferencia de esa élite por el puño del Pentágono o por la criminalidad de servicios de espionaje como la USAID. Tampoco los fétidos vientos de abierto supremacismo blanco y de nazifascismo que expulsa la Casa Blanca, son importados. Proceden de la entraña de su racismo y expansionismo territorial sobre las naciones indígenas de la América del Norte y de México. Ese expansionismo territorial, su legislación racial y leyes de ciudadanía admirados por el liderato nazi fueron inspiración para las leyes raciales nazis de Nuremberg (1935) y modelo para la brutal praxis del espacio vital hitleriano. Ver James Q. Whitman en Hitler´s American Model, Princeton University Press, 2017.
EU rechaza eso de·agregar valor al crudo o peor, lo de recuperar el manejo de funciones esenciales a Pemex lo que en efecto se refiere a echar atrás el vaciado de operaciones y de la gestión del petróleo perpetrado paso a paso por los hacendistas para la privatización vía los contratos de servicios bajo la directriz imperial de conducir a Pemex a un punto de venta, enarbolada bajo la vigencia de un régimen acreedor a ultranza, resultado no de imperativos de la globalidad, sino de la torpe negociación de la crisis deudora de entonces (1982). Y para eso el reclutamiento de hacendistas locales vía empréstitos de ajuste estructural cuyas comisiones han sido tan jugosas que llevaron a Joseph Stiglitz, ex primer economista del Banco Mundial, a revelar al periodista Greg Palast, que “lejos del ajuste estructural debían denominarse empréstitos de sobornización. Stiglitz dijo a Palast que la esencia del mecanismo privatizador “se puede llamar con más precisión la sobornización. En lugar de oponerse a la venta de industrias estatales, Stiglitz me dijo que los líderes nacionales –usando como excusa las exigencias del FMI– liquidan alegremente sus empresas de electricidad y de agua”. Podías ver cómo se les abrían los ojos ante la posibilidad de una comisión de 10 por ciento, pagada en cuentas Suizas, por el simple hecho de haber bajado unos cuantos miles de millones del precio de venta de los bienes nacionales”. Ver Greg Palast, El globalizador que desertó, en voltairenet.org
De aquí que las medidas para recuperar la fortaleza del sector petroeléctrico resulten pecados no tanto contra los dogmas sagrados de algunos hacendistas locales, sino contra los grandes intereses monopólicos del big oil lo que transforma a los hacendistas locales en meros country managers de empréstitos y contratos leoninos de servicios. Son actos sacrílegos por ser parte del esfuerzo histórico por revertir la desindustrialización y privatización del gas, el petróleo de Pemex y la electricidad de la nación. Para el big oil la política de revertir la desarticulación administrativa de Pemex es merecedora de la condena de las calificadoras, máxime si se trata de promover el renacimiento en México de encadenamientos productivos en el área de la petroquímica, brutalmente agredida junto a miles de pequeñas y medianas firmas. Si se agrega la aspiración de generar empleo vía la transformación del petróleo, entonces se entenderá por qué para ellos esas son actividades de bajo desempeño y por qué desde el inicio del gobierno de Morena, Trump y las calificadoras S&P, Fitch y Moody’s actuaron al unísono. Son las firmas que guardaron silencio en medio del ensordecedor saqueo del sector.
La matriz de Citibanamex sintetizó con prístina religiosidad su aval a las calificadoras: Creemos que Pemex no se volverá más eficiente ni rentable, ya que asignará capital a actividades de bajo rendimiento, no mejorarán significativamente los procesos operativos y de gestión y preferirá: realizar la mayoría de las actividades por si solo en lugar de asociarse con el sector privado. El Universal,16/Feb/2019)
Facebook: JohnSaxeF

Grupo México: irresponsabilidad social

La Jornada
Editorial


El titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), Víctor Manuel Toledo Manzur, informó que en 21 años de operaciones la minera Grupo México ha ocasionado 22 accidentes ambientales. En conferencia de prensa para informar sobre el derrame de 3 mil litros de ácido sulfúrico que se produjo en una instalación de la compañía en el puerto de Guaymas, el funcionario se refirió también al vertido de 40 millones de litros de esa sustancia en los ríos Sonora y Bacanuchi en 2014, el mayor desastre ambiental de la industria minera en el país. Toledo y la procuradora federal de Protección al Ambiente, Blanca Alicia Mendoza, resaltaron el incumplimiento del convenio firmado entonces por la empresa y la Profepa, por el que la primera se comprometía a remediar los daños sociales y ambientales causados por su filial Buenavista del Cobre.
Por su parte, el senador y líder de los trabajadores mineros Napoleón Gómez Urrutia llamó a que se haga justicia y se finquen responsabilidades por el incidente en el que 65 mineros perdieron la vida tras el colapso en uno de los túneles de la explotación carbonífera de Pasta de Conchos, otra instalación operada por Grupo México.
Al inaugurar una muestra fotográfica sobre la tragedia ocurrida hace 13 años, el legislador señaló la negligencia de la trasnacional que evadió las inversiones necesarias para que la mina operase en condiciones seguras.
Si bien el propio secretario de Medio Ambiente indicó que se debe estudiar caso por caso porque no todos los incidentes han tenido la misma magnitud (por ejemplo, aparentemente lo ocurrido en Guaymas no dejará secuelas mayores), la repetición de estos eventos apunta a todas luces a la existencia de un patrón de conducta que obliga a revisar el historial de la empresa.
En este sentido, no puede pasarse por alto que la lista de Semarnat sólo incluye los accidentes con impacto ambiental, pero no aquellos de índole laboral.
Más allá del análisis puntual de cada incidente, los emblemáticos casos de Pasta de Conchos y Buenavista del Cobre dejan claro que las autoridades de sexenios anteriores fueron omisas en vigilar el cumplimiento del marco legal y que la compañía lo aprovechó para persistir en una actitud irresponsable, caracterizada por la búsqueda del lucro a expensas del entorno, de las vidas de sus trabajadores y de la salud de quienes habitan en las cercanías.
En suma, es evidente que a estas alturas no basta con hacer cumplir la legalidad flagrantemente violada en el pasado, sino que además debe modificarse el marco legal para obligar a las empresas a operar con un mínimo sentido de responsabilidad social, algo de lo que hoy por hoy muchas de ellas presumen sin darle más sustancia que la de un mero eslogan.

La derecha y AMLO



Hace unos días leí unas declaraciones en medios digitales que pasaron prácticamente inadvertidas para los medios de comunicación tradicionales. Se trató de una conferencia ofrecida en el templo de la Sagrada Familia, donde el rector de la Universidad Iberoamericana Ciudad de México, David Fernández Dávalos, cuestionó la actitud clasista asumida por la derecha en contra del actual gobierno.
“Hay un ataque de carácter clasista y permanente que se da en los terrenos ideológico, político y económico, para que el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador no tenga éxito…”, acusó.
Los señalamientos fueron expresados durante la conferencia denominada El compromiso de los cristianos en la coyuntura de México hoy, que sin duda tuvo una carga de religiosidad, pero en la cual el rector Fernández Dávalos supo imprimir a sus palabras elocuencia y el sello humanista característico de los jesuitas.
De acuerdo con un comunicado oficial emitido por la propia universidad, durante la conferencia el rector mencionó que esas élites no desaprueban del todo la política económica federal porque coinciden con ella en lo esencial, pues se están aplicando rigurosamente las fórmulas económicas tradicionales.
Aunque precisó: Esas élites sí reprueban las decisiones que tienen que ver con los proyectos de la Presidencia y que afectan los intereses de los grandes capitales. Protestan por el fin de la condonación fiscal; por la lucha contra la corrupción, que fue la que hizo despegar a los grandes capitales de hoy; protestan por la cancelación del Nuevo Aeropuerto de la Ciudad de México, porque había un negocio multimillonario alrededor; por el tema de la refinería de Dos Bocas, porque sustituye las importaciones que también son manejadas por estos grupos; protestan por el control de las compras gubernamentales, porque también de ahí han sido desplazados.
Fernández Dávalos se refirió igualmente a los contrapesos que tiene el Presidente de México y que se centran más que nada en intereses políticos de los grandes capitales del país, de la prensa o de los canales de televisión, debido a que –subrayó– las élites surgidas del porfiriato, desde 1910, están siendo desplazadas del control político de México, mas no del control económico.
Pero el rector de la Ibero fue a más y criticó la campaña emprendida por esos sectores para desacreditar, incluso, la calidad moral e intelectual de los 30 millones de mexicanos que hace un año votaron por López Obrador, a quienes definen como “seres no racionales, sino manipulables, comprables, que sólo votan con las vísceras sin medir las consecuencias.
“La reacción que han tenido estos grupos opositores –agregó el rector– es sostener que el triunfo de Andrés Manuel proviene de la decisión de no humanos, de los sin cerebro, de los incultos. Es la reacción del miedo porque temen ser afectados, después de haber ellos afectado, y de maneras tan perniciosas, a los otros.”
El rector cree que, en su confusión, los opositores de derecha se han de preguntar: ¿por qué los que están para servirme, ahora me quieren gobernar?; ¿por qué ahora tengo que escuchar a los que debieran permanecer callados?.
Para el maestro Fernández es indudable –se apunta en el boletín de prensa– que hay una crítica racista y clasista en la reacción en contra del gobierno de Andrés Manuel, y que quienes lo atacan piensan que todo estaría bien si cada cual se conformara con la casta que le ha sido asignada y con el lugar que tiene que ocupar en la sociedad.
No deja de sorprender y es de reconocerse que sea el rector de una de las universidades privadas más prestigiadas, y a la vez más elitistas del país –desde el punto de vista económico–, quien se pronuncie de una manera tan abierta contra ciertos grupos cuyos integrantes, en no pocos casos, han egresado de las aulas de institución que hoy encabeza.
Es en este contexto que las universidades públicas, pero también las privadas –como la Ibero–, deben desempeñar un papel preponderante en estos momentos de cambio. Sea cual sea su vocación, las universidades están obligadas a asumir su responsabilidad como instrumentos que generan y alientan la conciencia crítica, pero al mismo tiempo deben darse a la tarea de conducir el cambio del país por caminos certeros.
Las universidades todas, aún las más elitistas o las de derecha, tienen hoy la oportunidad histórica de ser las herramientas que encabecen y orienten los esfuerzos de una sociedad mexicana podrida, clasista, a la que le urge transformarse.

El perfecto plan de política exterior de López Obrador


Las acciones de política exterior que impulsa el gobierno federal están delineada, quizá, desde los primeros momentos en que Andrés Manuel López Obrador se convirtió en presidente de la República.

Tras recibir la banda presidencial en el Palacio de San Lázaro, aquel el pasado 1 de diciembre, de manos de diputado federal Porfirio Muñoz Ledo, el presidente López Obrador se enfiló hacia su nuevo despacho donde convivió con representantes y diplomáticos de todo el mundo en una comida que ofreció la Presidencia de la República.

Durante la reunión, López Obrador suscribió un acuerdo internacional ante la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) para atender el desplazo de miles de migrantes que intentan llegar hasta los Estados Unidos.

El nuevo mandatario del país dedicó unos minutos aquel día para atender a los presidentes de El Salvador; Jimmy Morales Cabrera; de Guatemala; Juan Orlando Hernández Alvarado, de Honduras; así como con la secretaria ejecutiva de la CEPAL, Alicia Bárcena, con quienes firmó su primer documento como Presidente constitucional de México.

Desde ese momento, funcionarios de estas naciones involucradas se enfocaron a identificar líneas de acción para encontrar puntos de desarrollo y evitar el desplazo de sus ciudadanos hacia el norte del continente americano.

Antes de concluir aquel 2018, la CEPAL —organismo que forma parte de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) — se encargó de diseñar un plan desarrollo que hoy se lleva a cabo el gobierno azteca, para promover las oportunidades de esta región de América latina.

El mismo político tabasqueño logró llamar la atención de su homólogo Donald Trump, y 17 días después, vía telefónica, charló y logró que se sumara el gobierno de los Estados Unidos con una inversión para apoyar los proyectos productivos y la creación empleos en los países de Centroamérica y México.

Por si fuera poco, el mandatario mexicano llamó la atención de la misma ONU y logró acuerdos atender a los familiares de los 43 alumnos desaparecidos de la escuela normal rural “Raúl Isidro Burgos” de Ayotzinapa desaparecidos desde 2014 y establecer una comisión especial, cuya dirección recayó en Alejandro Encinas, subsecretario en materia de Derechos Humanos de la Segob.

El sello de la presente administración quedó plasmado, también, en asuntos de seguridad nacional, el mismo organismo internacional supervisa los hilos del gobierno federal para lograr la paz y la seguridad durante estos seis años, a través de la Guardia Nacional.

Las negociaciones con el presidente Trump llegaron a su clímax cuando a mediados de marzo los gobierno de México y los Estados Unidos dieron a conocer una inversión conjunta de 35 mil 600 millones dólares destinados para el crecimiento económico y regional de la frontera sur de nuestro país, y los países de Honduras, Guatemala y El Salvador.

El acuerdo implica una inversión del gobierno mexicano por 25 mil millones de pesos (en cinco años); 10 mil 600 millones de dólares del estadounidense (4 mil 800 millones de dólares en la región sur de nuestro país y 5 mil 800 millones de dólares más para Guatemala, Honduras y El Salvador), que ya está en marcha.

Punto Cero | En Morena también hacen trabajo internacional

En este mismo sentido, la secretaria general de Morena —con funciones de presidente nacional— Yeidckol Polevnsky, ha tomado la misma línea política, ya que, ha suscrito diversos acuerdos en un ejercicio que se desarrolló en la capital de Puebla, de lo que se identificó como Grupo Progresista Latinoamericano.

Esta asociación nace con líderes políticos de toda América Latina dentro del “Foro ProgresivaMente: Un Nuevo Impulso Progresista” que acordó generar una nueva ola de gobiernos neoliberales en el continente para impulsar a los gobiernos de izquierda.

La frase “la mejor política exterior, es la política interior” queda muy bien para este caso. Quien piense que el gobierno federal improvisa en materia de política exterior, quizá está equivocado. Lo que queda claro es que, aunque el tabasqueño ha carecido de viajes internacionales, la política exterior del país avanza a pasos acelerados.

-José Víctor Rodríguez Nájera es periodista mexicano
@JoseVictor_Rdz

¿Y la oposición política?

Los yerros en la toma de decisiones de los tres últimos presidentes y los múltiples escándalos de corrupción, nepotismo, trafico de influencias, negocios mal habidos, impunidad, encubrimiento, entre otras irregularidades cometidas por los miembros de cada partido dejaron a la mayoría de ellos sin la legitimidad y representatividad necesaria para erigirse como una oposición con peso legislativo y social.
Tras la debacle de las pasadas elecciones, tanto la federal de julio del año pasado como las de gobernador, diputaciones locales y presidentes municipales de este año, la oposición esta huérfana de liderazgos.
Muestra de esta ausencia y vacío de líderes opositores es la presencia de los expresidentes Vicente Fox y Felipe Calderón quienes han querido aprovecharse de esta situación para tomar la bandera y tratar de llenar un espacio que les queda grande por los saldos negativos que dejaron en sus respectivas administraciones.
La mayor presencia de estos dos panistas la tienen hasta ahora en las redes sociales desde donde emiten sus mensajes cuyo único objetivo es criticar a López Obrador poniendo en duda la Cuarta Transformación.
No obstante, sus palabras no bajan a las calles, a las comunidades y pueblos y cuando asisten a las manifestaciones organizadas por algunos grupos son corridos a gritos. Fox y sobre todo Calderón se han quedado en el mundo de lo virtual, en las redes sociales donde se pueden pasar todo el día emitiendo y reproduciendo mensajes en contra de las decisiones del actual gobierno.
Es así que a pesar de una serie de yerros del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador en las áreas de educación, energética, seguridad, salud y bienestar social, los partidos de oposición siguen sin tener la fuerza y la presencia para hacerse escuchar por una ciudadanía que tampoco les cree.
Por ello, antes que erigirse como partidos de oposición, habrán de trabajar con su propia militancia para quitarse de encima el descredito que vienen arrastrando desde hace años, desde que se centraron más en sus intereses particulares que en los colectivos, lo que los ha llevado a la crisis en la que hoy están hundidos.
Este año el PRI, PAN, PRD y Morena tienen que cambiar de presidentes, cada uno de ellos tienen en su interior distintos grupos que pelean por tomar las riendas de su partido con vistas a posicionarse y fortalecerse en las elecciones intermedias del 2021 cuando se renovará la Cámara de Diputados.
Pero mientras en los primeros la pelea está centrada en controlar al partido y mantenerlo a flote, en Morena hasta ahora lo que se trata es de apoderarse de toda la estructura nacional y usarla de trampolín para la contienda presidencial del 2024.
Por cierto… Ante el descrédito de todos los partidos políticos en México han sido las organizaciones de la sociedad civil las que han tomado la batuta de las protestas sociales y son las que han salido a las calles a expresar su inconformidad. Todo pinta para que así siga siendo en los próximos años pues no se ven ánimos de un cambio profundo en todos y cada uno de esos institutos políticos que viven gracias a los recursos públicos.

Hallan unos mil videos sexuales a Naasón Joaquín García, entre ellos tríos con niños

En la audiencia también hubo varias descripciones sobre las agresiones sexuales que sufrieron cuatro supuestas víctimas de Naasón, tres de las cuales son menores de edad y que hoy son testigos en el proceso penal que se le lleva al llamado “apóstol de Jesucristo” en esa corte californiana.
Steven Stover, agente de la Patrulla de Carreteras de California (CHP) y parte del equipo especial del Departamento Estatal de Justicia, aseguró que, entre otras pruebas, existe ese video en el que Naasón agrede sexualmente a un menor de edad. Y dio los siguientes detalles sobre el video:
“El joven, que aparenta tener 15 o 16 años, tiene una máscara que cubre la mayor parte de su cara. Está acostado en la cama. Y hay una segunda persona en ese video, es una mujer que le practica sexo oral a ese adolescente”.
Y señaló que luego sale a cuadro el “apóstol de Jesucristo”, acercándose poco a poco a la cama, al tiempo que se va masturbando. Después, ya tendido en la cama donde está la pareja, Naasón “le practica sexo oral a la mujer y le realiza un acto de penetración sexual”.
El agente Stover aseguró que la mujer del video es Azalea Rangel Meléndez, una de las imputadas y actualmente prófuga. Mientras que el adolescente, señaló, también ya fue identificado.
El agente policiaco también indicó que se encontraron videos de cuatro niñas que fueron obligadas a tener relaciones sexuales entre sí, para satisfacer la lujuria del “apóstol de Jesucristo”.
Todas estas evidencias, dijo, se encontraron en un teléfono iPhone de Naasón, el cual contenía alrededor de 100 mil fotografías y unos mil videos. El dispositivo aún no ha sido revisado en su totalidad.
Aparte, dijo, se están analizando tabletas electrónicas y computadoras portátiles del líder de la Luz del Mundo.
También se refirió a mensajes de texto entre Naasón y una de las víctimas. Son mensajes de “naturaleza extremadamente sexual”, dijo Stover.
Y agregó:
“El contenido era planear grandes fiestas sexuales. Y la comunicación del señor García era que esperaba estar con niñas. Eran escenarios planeados con fantasías sexuales que la víctima Jane Doe (nombre ficticio) iba a facilitar al señor García”.
Todos estos testimonios formaron parte de la evidencia presentada por la Fiscalía de California en la audiencia en la que se le negó la libertad bajo una fianza de 50 millones de dólares.
Por su lado, el abogado de Naasón, Kenneth Rosenfeld, señaló que la parte acusadora hizo una “caracterización completamente falsa” al afirmar que es una “bendición” para las niñas de la Iglesia ser violadas por el pastor.
Esposado y vestido con un uniforme de reo color naranja, Naasón escuchaba cabizbajo la audiencia, manteniéndose siempre atento a la traducción que le llegaba a través de un auricular.
A unos pasos de él estaban decenas de feligreses de la Luz del Mundo, así como familiares de las otras dos coacusadas: Alondra Ocampo y Susana Medina Oaxaca.
Todos los acusados se declararon inocentes, argumentando que son víctimas de enemigos anónimos que los están calumniando. Por ello, confían en que saldrán libres.

El frente interno



Sólo por ignorancia o mala fe, algunos pueden llamarse a sorpresa y aun, a escándalo, por los movimientos y acciones registrados en el primer medio año del gobierno que encabeza López Obrador.
En poco más de un siglo, los mexicanos hemos tenido cuatro cambios de gobierno que han significado transformaciones y giros significativos: los de Madero, Carranza, Cárdenas y el del propio López Obrador.
No bien asumió Madero el poder –un poder con rasgos innovadores y de orientación democrática–, la disputa de las facciones revolucionarias se manifestó, así como las intrigas entre los miembros de su gabinete. Conciliador, pero ingenuo, aceptó que la mayoría de sus integrantes proviniera del antiguo régimen. Lo mismo ocurrió con los generales de mayor rango e influencia en el Ejército.
Acostumbrada cierta prensa a servir los intereses creados durante el porfiriato, a Madero lo hizo objeto, sistemáticamente, de ataques, muchos de ellos calumniosos, sangrientos y cargados de odio. Nada que en estos días nos sea extraño. De El Imparcial, El País, El Mañana, Multicolor y un largo etcétera, hoy tenemos las versiones del siglo XXI en una clara labor de zapa al nuevo gobierno. Ya El Mañana proponía a Victoriano Huerta como el protagonista que traería, nuevamente, la paz y el progreso a la nación.
A Venustiano Carranza no le fue mejor incluso siendo el primer presidente en el contexto de la Constitución de 1917. Apenas cuatro meses después de asumir el mando se registró una extensa huelga en Puebla y Tlaxcala. A ella siguen movimientos militares de las activas y diversas fuerzas revolucionarias, y no sólo: también de las sobrevivencias porfirianas encabezadas por Félix Díaz en Veracruz (algo que hoy también vemos en personajes de gobiernos de la derecha aparentemente partidarios de la legalidad democrática).
Carranza verá a lo largo de su periodo rebeliones militares, tumbos de la economía, críticas y movilizaciones de la Iglesia católica, de los empresarios opuestos a los derechos laborales y de los campesinos legislados en la nueva constitución. Pero lo peor: las ambiciones de poder de sus propios generales, uno de cuyos complots lo hace sucumbir en Tlaxcalantongo.
Lázaro Cárdenas tendrá que lidiar con enemigos similares; señaladamente la derecha fortalecida, que terminará por crear su partido, el más longevo, y que no dudará en aliarse a los intereses de las compañías petroleras antes y después de la expropiación de la industria en 1938. Mantienen su influencia o tienen cierta vigencia episodios y actores vinculados a los Tratados de Bucareli contrarios a nuestra soberanía petrolera, la guerra cristera, el maximato, la iniciativa callista de la educación socialista, la oposición militante de los patrones –los de Monterrey con gran ímpetu– a las organizaciones emergentes de obreros y campesinos, y otros escollos a los que no son ajenos los intentos de asonadas, como la de Saturnino Zedillo.
Una de las primeras acciones de Cárdenas, a efecto de contar con un equipo sintonizado con su gobierno, será pedir la renuncia de su gabinete en pleno. La prensa que responde a las tradiciones y tendencias de los gobiernos anteriores no dejará de ulular y acusar de traidor a Cárdenas por esa y cualquiera otra acción importante o alguna minucia. ¿No nos suena a últimas noticias? Luego sus patrocinadores serán los principales beneficiarios –hasta el boom petrolero, 40 años después–, del acto por el que en su momento lo condenaron acremente (de manera enfática, Manuel Gómez Morín, abogado de decenas de empresas, asesor de las petroleras británicas y líder del PAN).
En esos tres gobiernos inaugurales de una nueva época se localiza, una y otra vez, a los principales causantes de las dificultades, ambiciones desmedidas de poder, desestabilización y complots para reinstalar a los gobiernos anteriores plagados de actos impopulares, atropellos legales, despojo, asesinatos, pobreza, pérdida de soberanía y de valores reales. Ellos han sido, en primer lugar, los gobiernos de Estados Unidos y sus aliados nacionales, un sector de los empresarios, y actores como la Iglesia católica, el sindicalismo corrupto, el Ejército y la prensa identificada con ellos. Pero quienes les han dado efectividad a sus aviesos (y tontos) propósitos son aquellos a quienes se les puede considerar el frente interno de cada uno de los gobiernos a los que han podido doblegar. Hasta ahora, el único que ha salido airoso de tales embates ha sido el de Lázaro Cárdenas.
El gobierno de López Obrador intenta establecer formas y prácticas de gobierno que renueven lo podrido y carente de vigor social y calidad de vida que nos dejaron los anteriores gobiernos. No sin errores, es cierto. Pero quienes lo atacan, con razón o sin ella, pretenden que en seis meses componga –claro, sin su colaboración– lo que esos gobiernos desvencijaron en seis sexenios. Sus intentos no fructificarán a menos que, como en los gobiernos de Madero y Carranza, puedan contar con un frente interno favorable a sus propósitos.

Consultas indígenas: de derecho a instrumento de legitimidad



Como nunca en la historia de nuestro país, se están realizando consultas a los pueblos y comunidades indígenas por el gobierno federal. Se realizaron para consultarles su opinión sobre la construcción del corredor transístmico, que de construirse conectaría al Golfo de México con el Océano Pacífico, lo mismo que para la integración del Plan Nacional de Desarrollo y está en curso una consulta para que opinen sobre la necesidad de reformar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y, ahora sí, reconocer plenamente sus derechos. Junto con estas consultas, que podríamos llamar de carácter general, existen otras, como la consulta para la elaboración de una Ley de Aguas que sustituya a la actual y así se dé cumplimiento a una reforma constitucional de 2012, es decir, de hace siete años, y también se está sometido a consulta la construcción del parque eólico Gunna Sicaru, en el municipio de Unión Hidalgo.
Como nunca este derecho se ha trivializado. Las autoridades responsables de ellas, sea la Secretaría de Hacienda, la de Gobernación o la de Energía, siempre con el acompañamiento del Instituto Nacional de Pueblos Indígenas, no se han tomado ni se toman la molestia de guardar las formas; no se convoca sólo a los pueblos y comunidades indígenas para que ejerzan un derecho propio de ellos, sino a todos los ciudadanos que puedan tener interés o conozcan de asunto consultable; tampoco se ajustan a los lineamientos internacionales de observancia obligatoria, por más que se les cite como fundamento jurídico de las consultas. No son, pues, en estricto sentido, una consulta a los pueblos y comunidades con derechos, sino una forma de recoger opiniones sobre el tema de la población en general, lo cual no puede ser vinculante y nadie podrá alegar que no se recogen sus propuestas.
Además, se consulta lo que ya se sabe. No se trata de tomar determinaciones con relación a lo que opinen los pueblos y comunidades indígenas, sino de legitimar lo que de antemano se ha decidido. Por eso muchos se abstienen de participar. Pero hay otros que aun así han decidido hacerlo porque, dicen, no se puede dejar el espacio para que las autoridades y sus seguidores hagan lo que quieran, sienten que, aunque amañadas, en las consultas debe quedar el sentir de los pueblos. Así, asisten y dicen su palabra y hacen el esfuerzo porque quede en los documentos. Eso los más avezados, porque muchos de los que asisten no saben el motivo de las reuniones, ellos van porque les dijeron que ahí se iban a recoger las demandas de apoyo. Quién sabe si sean conscientes, pero con esa actitud, quienes realmente se organizan para decir su palabra pueden deslegitimar a quienes buscan la aprobación de sus programas.
Pero asistir y decir lo que se piensa no es suficiente, hay que saber lo que dice. Por ejemplo, para que los derechos que eventualmente se llegaran a reconocer en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos no parezcan un parche mal puesto, se deberían reconocer derechos sustantivos y junto a ellos establecer las instituciones obligadas a cumplirlos, para que no suceda como hasta ahora, que muchos de los derechos reconocidos no pueden ejercerse porque no existe institución responsable de ejecutarlos. En la convocatoria a la consulta existen 16 puntos consultables pero no es necesario disgregar tanto, son tres o cuatro temas los que más interesan: autonomía plena, territorios indígenas y recursos naturales, derechos políticos amplios para que dejen de tener como límite el municipio y propiedad intelectual, entre los centrales, los que no se pueden dejar de lado, y hay que decirlo, los que el gobierno siempre se ha negado a cumplir.
Los pueblos y comunidades indígenas, igual que sus representantes, deben estar conscientes que con los vicios de origen de la convocatoria es probable que sus propuestas no queden bien plasmadas, pero si quedaran todavía falta saber cómo se van a procesar los resultados para la elaboración de la propuesta de reforma y, más importante todavía, quién la va a operar para que se apruebe. En lo que va del nuevo gobierno se han presentado alrededor de una docena de iniciativas para reconocer derechos indígenas y ninguna ha sido aprobada; unas ya fueron desechadas, mientras otras se resolvieron negativamente y unas más no han sido dictaminadas, lo que demuestra que los derechos indígenas no son una prioridad para el Poder Legislativo. Por eso, para no resultar frustrados, quienes se abstienen y quienes participan no deben olvidar que lo importante sigue estando en la organización para seguir en la lucha por los derechos.

Los trapos sucios también se lavan fuera de casa

Sin embargo, no le corresponde al Legislativo ni al Ejecutivo vigilar a los jueces, sino a los Consejos de la Judicatura. De hecho, a nivel federal, para aprehender o enjuiciar a un juez o magistrado es necesario que antes el Consejo de la Judicatura Federal lo haya suspendido[1].
Ahora bien, si uno analiza la manera en que los Consejos de la Judicatura han resuelto algunos casos sonados, quizás se puede entender, aunque no justificar, por qué poderes externos tienen la tentación de poner orden en el Poder Judicial.
Por ejemplo, el 1 de abril de 2019 se filtró a los medios el contenido de una carta que el Senador Ricardo Monreal[2] hizo llegar el pasado 26 de febrero al presidente de la Suprema Corte y del Consejo de la Judicatura Federal, en la que señalaba a 10 jueces y magistrados que presuntamente habrían dictado sentencias en beneficio de integrantes del crimen organizado, a cambio de grandes cantidades de dinero.
En ese momento el Consejo de la Judicatura Federal no informó de una investigación en curso ni de sanciones en contra de los juzgadores señalados en la misiva. Sin embargo, el periódico Reforma indicó que el 13 de marzo el Consejo reubicó a uno de ellos, el magistrado Isidro Avelar Gutiérrez, del Séptimo Tribunal Unitario de Circuito del Centro Auxiliar de la Tercera Región (en Jalisco) al Primer Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Vigesimoprimer Circuito (en Guerrero). Es importante recordar que, dentro de las sanciones aplicables a las faltas contempladas en la Ley Orgánica del Poder Judicial Federal, no está previsto el cambio de jurisdicción territorial[3]. Esto tiene lógica, pues cambiar de adscripción a un funcionario que presuntamente incurre en actos indebidos no resuelve el problema, sino que contribuye en potencia a la propagación de estas prácticas.
Tuvimos que esperar al 17 de mayo para que el Consejo de la Judicatura Federal emitiera un comunicado en el que informaba de la suspensión por seis meses sin goce de sueldo del mismo magistrado, con el fin de investigarlo “por advertir que se han realizado una serie de operaciones dentro del Sistema Financiero Nacional que alertan que pueda estar obteniendo parte de su patrimonio por medio de operaciones con recursos de procedencia ilícita”. Lo llamativo del caso es que, de acuerdo con el comunicado, esta decisión se tomó en una sesión extraordinaria realizada el mismo día en que, casualmente, la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro de Estados Unidos informó que detectó que el magistrado federal recibió sobornos por parte de dos organizaciones involucradas en el tráfico de estupefacientes (el Cártel Jalisco Nueva Generación y “Los Cuinis”) a cambio de decisiones judiciales favorables[4].
Una forma reactiva de investigar
A nivel estatal, en Coahuila, los medios mencionaron el pasado 31 de mayo que un secretario de Acuerdos en el Juzgado Segundo Mercantil en Torreón, José Luis Alvarado, fue acusado de solicitar a una persona 80 mil pesos para favorecerla en una sentencia y que la medida que tomó el Consejo de la Judicatura estatal consistió en suspenderlo de sus funciones, antes de reubicarlo como secretario de Acuerdos en el Juzgado Familiar de San Pedro de las Colonias. Sin embargo, como es el caso a nivel federal, la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Coahuila no prevé la reubicación como una sanción aplicable a faltas administrativas[5]. Por otra parte, no se pudo averiguar si el funcionario es objeto de una investigación o si fue sancionado, pues ni en la Plataforma Nacional de Transparencia[6] ni en la página del mismo Poder Judicial estatal[7] se encontró la lista de funcionarios judiciales sancionados para 2018 y 2019, pese a que forma parte de la información que tienen la obligación de publicar todas las instituciones públicas estatales, de acuerdocon el artículo 70 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública.
Otro caso es el del Poder Judicial de Durango, donde los medios reportaron que el juez Alejandro Acosta Nájera promovió un juicio político contra el Presidente del Tribunal Superior de Justicia, a quien acusó de suspenderlo y luego destituirlo por no haber aceptado resolver un asunto de la manera en que el titular del Tribunal y del Consejo de la Judicatura se lo pidió. Sin embargo, no pudimos evaluar el fundamento de estas sanciones porque las resoluciones del Consejo que les dieron lugar no están disponibles. De hecho, cuando uno revisa la lista de funcionarios judiciales sancionados en el primer semestre de 2019 que aparece en la Plataforma Nacional de Transparencia, encuentra el caso de otro servidor público, mas no del juez Acosta Nájera. La falta de acceso a esta información impide tener certeza sobre el procedimiento disciplinario.
He aquí unos ejemplos de casos que han trascendido en los medios. Lo que demuestran es que, pese a que el papel de los Consejos de la Judicatura es vigilar y sancionar las posibles acciones indebidas de los funcionarios judiciales, parece que en ocasiones éstos investigan de manera reactiva –cuando el caso de algún funcionario aparece en los medios–, y usan los cambios de adscripción como sanción o omiten publicar información sobre estos procesos. Todo ello contribuye a generar desconfianza en el trabajo de los Consejos de la Judicatura.
 Para restaurar la confianza
Es posible y deseable reforzar la credibilidad de los Consejos de la Judicatura. Para lograrlo, éstos deben actuar de manera firme y decisiva a la hora de investigar posibles actos de corrupción por parte de sus funcionarios. La percepción de actuación postergada juega en su contra.
Por ello, cuando el caso de un funcionario se hizo público, lo mejor es que informen de inmediato sobre ello. Por descontado, los Consejos de la Judicatura deben respetar la presunción de inocencia y el debido proceso a la hora de realizar una investigación o emprender un procedimiento disciplinario en contra de funcionarios judiciales. Sin embargo, una vez que los medios ponen en circulación versiones que ponen en duda la honestidad de alguno de ellos, la falta de comunicación por parte de los Consejos perjudica la imagen de toda la institución, y tampoco favorece la del funcionario señalado, pues solamente una investigación en forma puede despejar dudas en torno a su actuación y, en su caso, exonerarlo.
De la misma manera, los Consejos de la Judicatura también deben fortalecer la transparencia sobre los procedimientos disciplinarios y cumplir con su obligación de publicar su lista de funcionarios sancionados, además de dar a conocer las resoluciones en las que se basan estas sanciones.
Por otra parte, los Consejos deben facilitar las denuncias por parte de los usuarios del sistema de justicia o de los mismos integrantes del Poder Judicial. En este sentido, 17 Consejos de la Judicatura estatales y el federal han habilitado plataformas en línea para recibir denuncias o quejas. En los 15 Poderes Judiciales restantes, es necesario entregar un escrito o presentarse en persona para registrar una denuncia, un procedimiento que la desincentiva. Al respecto, aunque no les corresponde a los Consejos de la Judicatura hacerlo, también sería recomendable que se modificara la Ley Orgánica del Poder Judicial en algunos estados para permitir que las denuncias sean anónimas y evitar que el cargo de la prueba recaiga en el denunciante, en lugar del investigador.
Por añadidura, en algunos estados sería deseable que la Ley Orgánica del Poder Judicial detallara más los procedimientos disciplinarios, al precisar sus diferentes etapas y los plazos de cada una[8], con el fin de ofrecer certidumbre sobre estos procesos tanto a los funcionarios acusados como a la ciudadanía. En particular, sería importante que la decisión de admitir o desechar una queja o denuncia deje de ser facultad exclusiva del presidente del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo, como todavía es el caso en Aguascalientes, Campeche, Coahuila y Querétaro, por ejemplo. Esta concentración de facultades puede vulnerar la independencia interna del Poder Judicial, como puede ser el caso de algunos estados donde los presidentes de los tribunales han sido acusados de usar los procedimientos administrativos para castigar a jueces o magistrados “incómodos”, mas no necesariamente deshonestos.
Finalmente, los Consejos de la Judicatura no deberían emprender investigaciones solamente de manera reactiva, es decir, con base en quejas que reciben o denuncias públicas, sino ser proactivos en la vigilancia de sus funcionarios. Para ello, deberían analizar la evolución de sus declaraciones patrimoniales para evaluar si son coherentes con la remuneración que perciben. Un paso más consistiría en observar su estilo de vida, con base en el seguimiento a sus redes sociales, por ejemplo.
Es deseable que el Ejecutivo y el Legislativo dejen de tomar atribuciones que les corresponden a los Consejos de la Judicatura. Pero, para ello, lo primero que deben hacer los propios Consejos es dejar de proteger a los jueces que incurren en prácticas indebidas y ser ejemplares y transparentes al castigar a los que manchan la reputación de la institución. Los trapos sucios no siempre deben lavarse en casa.
* Laurence Pantin (@lpantin) es coordinadora del Programa de Transparencia en la Justicia de México Evalúa y Diana Mejía (@dianamejiaromo) es investigadora del mismo. Las autoras agradecen las revisiones de Pablo García y la colaboración de Ariadna García.

[1] El art. 81, fracc. X de la Ley Orgánica del Poder Judicial Federal señala, dentro de las atribuciones del Consejo de la Judicatura federal, la de “suspender en sus cargos a los magistrados de circuito y jueces de distrito a solicitud de la autoridad judicial que conozca del procedimiento penal que se siga en su contra. En estos casos, la resolución que se dicte deberá comunicarse a la autoridad que la hubiere solicitado. La suspensión de los magistrados de circuito y jueces de distrito por parte del Consejo de la Judicatura Federal, constituye un requisito previo indispensable para su aprehensión y enjuiciamiento. Si llegare a ordenarse o a efectuarse alguna detención en desacato a lo previsto en este precepto, se procederá en términos de la fracción XIX del artículo 225 del Código Penal. El Consejo de la Judicatura Federal determinará si el juez o magistrado debe continuar percibiendo una remuneración y, en su caso, el monto de ella durante el tiempo en que se encuentre suspendido”.
[2] Ahora bien, uno podría preguntarse de dónde obtuvo esta información el senador Monreal. Se podría asumir que de la entonces PGR, pues el también coordinador de Morena en el Senado propuso el pasado 11 de diciembre un punto de acuerdo por el que el Senado solicitaba a esta institución un informe sobre las investigaciones que realizaba respecto a presuntos actos de corrupción cometidos por jueces y magistrados. Sin embargo, éste no pasó a votación. El senador de Morena volvió a presentar un punto de acuerdo similar el 5 de junio, el cual sí fue aprobado el 26 del mismo mes.
[3] De acuerdo con el artículo 135 de la Ley Orgánica del Poder Judicial Federal, las únicas sanciones aplicables son el apercibimiento privado o público, la amonestación privada o pública, la sanción económica, la suspensión, la destitución del puesto y la inhabilitación temporal para desempeñar empleos, cargos o comisiones en el servicio público.
[4] En efecto, en 2017, ese magistrado exoneró del delito de delincuencia organizada al hijo de Nemesio Oseguera Cervantes, presunto líder del Cártel Jalisco Nueva Generación.
[5] De acuerdo con el artículo 189 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de Coahuila, sólo existen seis posibles sanciones aplicables a las faltas administrativas: apercibimiento, amonestación, multa, suspensión, destitución del cargo e inhabilitación temporal para desempeñar el empleo, cargo o comisión en el servicio público.
[6] En la Plataforma Nacional de Transparencia, mientras estas listas existen para 2016 y 2017, la que correspondiente a 2018 oculta el nombre de cuatro de los cinco funcionarios sancionados y la del primer trimestre de 2019 menciona que ningún funcionario fue sancionado.
[7] En la página web del poder judicial estatal, no aparecen los nombres de los funcionarios sancionados, sino las resoluciones de procedimientos disciplinarios del Consejo de la Judicatura con la fecha, los nombres y adscripciones de los funcionarios sancionados tachados.
[8] Por ejemplo, las Leyes Orgánicas del Poder Judicial en Campeche, Chihuahua, el Estado de México y Jalisco establecen plazos precisos para cada una de las fases del procedimiento de presentación e investigación de quejas administrativas, mientras que la de Guerrero sólo establece plazos generales para desahogar todo el proceso. La de Nayarit, por su parte, sólo establece el periodo de recepción de la queja, pero no precisa plazos para la resolución de la misma y tampoco para cada etapa del proceso.

Al rescate del náhuatl de nuestros pueblos olvidados de la Montaña



Los días 10 y 11 de abril del año en curso se llevó a cabo el Encuentro cultural y académico para fortalecer la lengua materna náhuatl, en la comunidad de San Miguel Totolapa, en el municipio de Huamuxtitlán, Guerrero.
Todas las escuelas que participaron en este acto son bilingües (castellano y náhuatl), pues aún se enseña y se practica nuestra lengua, el náhuatl; que, sin embargo, con el paso del tiempo, se ha ido perdiendo en algunas de las comunidades por la discriminación y por el abandono de los gobiernos que, hasta el día de hoy, no han podido dar una educación de calidad a los pueblos indígenas.
Ante esta situación, y con el compromiso de rescatar nuestra lengua, con ayuda de las madres y padres, de los profesores, autoridades educativas y de las y los alumnos de educación básica, se decidió realizar dicho encuentro, para rescatar la lengua náhuatl y poner en viva voz las poesías y cantos inéditos de los pueblos olvidados de la Montaña.
En este acto participó la pequeña comunidad de donde provengo, San Martín Jolalpan, con alrededor de 500 habitantes, y situada en la región de la Montaña Alta de Guerrero.
Las otras comunidades que acudieron a participar todavía preservan nuestra lengua náhuatl; sin embargo, han sido olvidadas, pues las escuelas carecen de materiales educativos adecuados en la lengua, su infraestructura está en deterioro, los recursos tecnológicos ni siquiera se conocen en algunas partes y el rezago educativo es impresionante, por las condiciones de pobreza y falta de empleo.
Los padres y las madres hacen su mayor esfuerzo por mandar a sus hijos a la escuela, pero éstos deben ayudarles en el trabajo en el campo y los quehaceres del hogar, por lo que muchos no acaban la secundaria y uno que otro sólo alcanza a terminar la preparatoria.
Fueron 12 las comunidades que asistieron al evento, 10 de ellas pertenecientes al municipio de Cualác: San Martín Jolalpan, Tepozcotzingo, Tlalapa, Ahuexitlán, Coatlacco, Nuevo Paraíso, Tlalixtláhuac, Cuahulote, Aguaxotla y Los Pinos. También se contó con la participación de la comunidad anfitriona, San Miguel Totolapa, y de la comunidad de Coyahualco, ambas del municipio de Huamuxtitlán.
A dicho acto asistieron alrededor de 300 estudiantes de primaria y 50 profesores de las escuelas primarias de la zona escolar 09. Se llevaron a cabo diversas actividades, una de las más importantes fue la prueba escrita en sus tres niveles de educación básica. También se recitaron poemas y cantos inéditos en náhuatl, creados por los propios alumnos, padres de familia y profesores; y para cerrar se ejecutaron los mandos de la escolta y se cantó el Himno a Guerrero, en nuestra lengua. Asimismo, se presenciaron actividades de habilidades matemáticas, como ajedrez y torre de hanoi.
Para la realización de estos actos se contó con el apoyo de los padres de familia, quienes proporcionaron alimentación para todas y todos los participantes. La comunidad proporcionó las cobijas y los petates para que las madres y padres que acompañaban a sus hijos pudieran descansar en los salones de clases de la escuela anfitriona.
La Universidad Iberoamericana proporcionó útiles escolares para apoyar a todas y todos los participantes, como un estímulo por poner en práctica y rescatar el náhuatl, una de las lenguas más emblemáticas y con más hablantes en el país.
Las autoridades brillaron por su ausencia, como es costumbre, pues como no hay elecciones no quisieron apoyar a esta causa; sin embargo, con el apoyo de la comunidad se lograron solventar los gastos del acto. El encuentro logró que se hermanaran las escuelas y promovió la inclusión, que tanto pregonan de palabra las autoridades educativas de los tres niveles de gobierno.
En Guerrero existen muy pocas oportunidades. Si eres luchador social, es probable que te encarcelen, asesinen, desaparezcan o te compre el gobierno. Si eres estudiante, las posibilidades son que te desaparezcan, te unas al crimen organizado, migres a Estados Unidos o entres a estudiar a la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa. Por ello estoy convencido que la educación es importante, sobre todo para los pueblos indígenas, y porque tenemos derecho a no ser discriminados, a que no se roben nuestra lengua, nuestras costumbres y tradiciones.
Lamentablemente, en este país ser indígena representa estar en constante lucha por defender nuestros derechos, como a la salud, la alimentación, la vivienda, el territorio, la seguridad, por nuestros alimentos, y, sobre todo, a nuestra dignidad. Y digo lamentablemente, porque considero que no tendría por qué ser así; porque todas y todos debemos ser tomadas y tomados en cuenta, respetando la dignidad de los pueblos y sus diversas culturas.
* Egresado de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa y estudiante de la Licenciatura en Sicología en la Universidad Iberoamericana Ciudad de México

México SA de Carlos Fernández-Vega


Pandilla financiera insatisfecha
Deuda de Pemex aumentó 574%

¡Lástima! A la pandilla financiera no le gusta el Plan de Negocios de Petróleos Mexicanos 2019-2023. Y tiene razón, porque, entre otras cosas, la ex paraestatal no contratará más deuda (se le cierra un jugoso filón a la banca privada que opera en el país y a sus matrices), excluye las asociaciones con capital privado (un negocio menos a costillas del petróleo nacional) e involucra mayor inversión del Estado (la particular brilla por su ausencia), y entonces así, pues qué chiste.
Lo llamativo de esto es que la banca privada, las calificadoras, los analistas y expertos en la materia subrayan que dicho plan pone en riesgo la recuperación de la producción petrolera y compromete las finanzas públicas, olvidando –por llamarle así– que los gobiernos neoliberales desplomaron la producción y comprometieron las finanzas públicas, al saquear fiscalmente a la ahora empresa productiva del Estado y endeudarla a más no poder.
¿Dónde estaban los expertos, analistas, calificadoras y banca privada cuando todo ello sucedió, especialmente cuando tales prácticas hicieron de Pemex la petrolera más endeudada del mundo?, pues alabando la insistencia privatizadora de seis gobiernos neoliberales y celebrando la cereza: la reforma energética con la que coronaron el proyecto desnacionalizador iniciado con Miguel de la Madrid.
Ahora califican al mencionado Plan de Negocios como mucho ruido y pocas nueces, sin considerar la titánica tarea que implica sacar a Pemex del hoyo financiero y productivo en el que lo hundieron seis gobiernos neoliberales.
Por ejemplo, los ahora inconformes no se quejaron del despilfarro que de los voluminosos excedentes petroleros hicieron los dos gobiernos panistas (Fox y Calderón), quienes, a pesar de contar con multimillonarios ingresos adicionales por exportación de crudo, endeudaron vertiginosamente a la ex paraestatal y, con ello, comprometieron las finanzas públicas a grado sumo, algo de lo que analistas, expertos , calificadoras y banca privada sólo hasta ahora se quejan y no precisamente por aumentar el débito, sino porque el gobierno del presidente López Obrador planea abatirlo.
Con Fox y Calderón en Los Pinos el saldo de la deuda de Pemex se incrementó la friolera de 227 por ciento, al pasar de 315 mil millones de pesos en 2001 (primer año de gobierno del mariguanero) a un billón 30 mil millones en 2012 (cierre del sexenio del esposo de Margarita), con todo y que los excedentes petroleros en ambas administraciones rozaron el billón de pesos. ¿Alguno de los expertos se quejó? Ninguno.
Ya con Peña Nieto y Videgaray en la residencia oficial, el saldo de la deuda de Pemex se duplicó, al pasar de un billón 30 mil millones de pesos al inicio de la administración a 2 billones 123 mil millones. Ello, aderezado con múltiples recortes al presupuesto de la empresa productiva del Estado, saqueo de sus finanzas, corrupción a galope y desplome de la producción. ¿Alguno de los analistas se pronunció en contra de esta práctica? Ninguno.
Con Fox, Calderón y Peña Nieto la deuda de Pemex aumentó 574 por ciento (a razón promedio anual de 32 por ciento, un ritmo 16 veces superior al crecimiento de la economía en el periodo), mientras caía la producción petrolera y se fortalecía el saqueo fiscal.
Cifras de Pemex revelan que, con esa tercia en Los Pinos, de las arcas nacionales salió un billón 20 mil millones de pesos para cubrir el costo financiero (prácticamente todo a intereses) de la deuda de la ahora empresa productiva del Estado. De ese total, 520 mil 400 millones correspondieron al sexenio peñanietista, es decir, el que prometió un Pemex más fuerte, moderno y competitivo, gracias a la reforma energética.
Las rebanadas del pastel
¿Qué pasó entonces?, analistas, expertos, calificadoras y banca privada aplaudieron a rabiar, pero hoy dicen que el Plan de Negocios de Pemex pone en riesgo la recuperación de la producción petrolera y compromete las finanzas públicas. ¡Olé!

Astillero de Julio Hernández López




¿Morena contra Bonilla?
Unanimidad en la Permanente
Tatiana Clouthier, a la cabeza
Otra derrota para Yeidckol
Tatiana Clouthier se ha jugado su futuro político al encabezar ayer el pronunciamiento pluripartidista contra las maniobras marrulleras que en Baja California pretenden extender el ejercicio gubernamental de Jaime Bonilla Valdez por tres años: si contó con la autorización, o incluso el aliento, del presidente Andrés Manuel López Obrador, aumentarán sus posibilidades de ser la candidata de Morena al gobierno de Nuevo León (para sustituir al deplorable Jaime Rodríguez, fallidamente autodenominado El Bronco); si se fue por la libre, sin consultar al habitante de Palacio Nacional, acelerará el proceso de rechazo que en el primer círculo del obradorismo ya se manifestó cuando desde ahí se le pretendió enfilar a una grisácea subsecretaría de Gobernación en lugar del sitio legislativo a partir del cual se ha ido afinando como una especie de disidencia interna del morenismo al que no está afiliada formalmente, pero el cual ha significado, hasta ahora, su mejor plataforma de posicionamiento público.
Clouthier apareció en las fotografías congresales junto a una morenista constantemente disidente, Lorena Villavicencio, a quien algunos de sus compañeros de partido ven con recelo. Además, la perredista Verónica Juárez, quien coordina la decreciente bancada del sol azteca en San Lázaro, la integrante de Movimiento Ciudadano Martha Tagle y el panista Damián Zepeda.
Representación de cuatro partidos contra el agandalle de Bonilla y algunos de sus correligionarios. Y, finalmente, la aprobación por parte de los ocho partidos con bancada legislativa de la propuesta presentada ante la Comisión Permanente del Congreso de la Unión para expresar un rechazo oficial a la pretensión bonillista de asignarse tres años más de mando. Además, se demandó al gobernador panista, Kiko Vega, que no promulgue ese proyecto de modificación legal.
El dato llamativo, desde luego, fue la participación de la diputada Clouthier, quien con toda oportunidad se manifestó en contra de la llamada ley Bonilla. El orador designado por el partido en el poder, para apoyar la propuesta arriba reseñada, fue cuidadoso en sus palabras y apoyó la moción sin cargar la tinta contra el gobernador electo por dos años. Aun cuando podrían faltar pasos procesales para cumplir con este exhorto de la Permanente, en términos políticos tal pronunciamiento pluripartidista unánime debería significar el fin de la aventura continuista del mencionado Bonilla y sus extraños aliados.
Sin embargo, los reflectores lanzados sobre el futuro gobernador constitucional de Baja California deberían sostenerse cuando menos durante los dos años de ejercicio de Bonilla, a quien con demasiada frecuencia se le ha señalado como un político comprometido con proyectos empresariales lesivos para el interés popular de aquella entidad. Lo vivido hasta ahora ha confirmado que no le animan a Bonilla los mismos propósitos que teóricamente debería practicar el morenismo llegado al poder.
El episodio bajacaliforniano va significando una derrota más para Yeidckol Polevnsky, la dirigente formal del partido Morena a la que ya buscan siguiente acomodo (una de las posibilidades consiste en que le abran un espacio en las representaciones diplomáticas mexicanas, de entre las cuales la más interesante sería la embajada en España). Aun cuando en términos declarativos la ex dirigente de un organismo empresarial sostiene que luchará hasta el final como candidata a un periodo propio de liderazgo en Morena (hasta ahora, ha sido una secretaria general en funciones de presidencia), lo cierto es que se enfila con más viabilidad (es decir, con beneplácito de Palacio Nacional), Bertha Luján Yáñez, miembro del primer círculo andresino, aunque con la pretensión participativa del ebrardista Mario Delgado y del monrealista Alejandro Rojas Díaz-Durán.
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La FGR puede obligar a declarar a Zerón sobre equipo de espionaje



En cualquier momento la Fiscalía General de la República (FGR), podrá obligar a declarar al ex titular de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), Tomás Zerón de Lucio, incluso si se requiere mediante el uso de la fuerza pública, como parte de la investigación que tiene abierta por el espionaje a periodistas y defensores de derechos humanos con el malware Pegasus, ya que una juez federal en materia penal le negó una suspensión definitiva contra cualquier acto privativo de la libertad.
Zerón de Lucio tenía que acudir el pasado 20 de marzo ante la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Cometidos contra la Libertad de Expresión (Feadle), pero no asistió.
Luego de recibir un citatorio, el ex titular de la AIC buscó ampararse contra cualquier acto de captura, pero la juez Luz María Ortega Tlapa lo desechó, pues el llamado ante el Ministerio Público de la Federación no lo requería de manera forzosa, es decir, era por voluntad propia, sólo como testigo y no como imputado.
El MPF solicitó que testificara como parte de la carpeta de investigación respectiva, a fin de que declare la verdad de cuanto conozca y le sea preguntado; asimismo, no deberá ocultar hechos, circunstancias o cualquier otra información que sea relevante respecto de la información relacionada a la contratación y funcionamiento del sistema denominado Pegasus.
La Feadle inició las indagatorias por la compra y el uso que la extinta Procuraduría General de la República le habría dado a Pegasus para la intervención de equipos celulares y el espionaje.
La compra por 32 millones de dólares se habría hecho en octubre de 2014.
(Con información de Eduardo Murillo)
Periódico La Jornada