3/31/2015

EPN: “dinosaurio acorralado,” coincide Dresser con Aristegui en CNN


“Pasamos de mover a México, a mover a México al precipicio”, aseveró la politóloga.


600x274xDenise-Dresser-1
Enrique Peña Nieto enfrenta una coyuntura crítica. Es un gobierno priista que prometió renovación, nuevos tiempos, mover a México, reformas estructurales de gran envergadura, y que a dos años y medio, casi tres del sexenio, ha sido de oportunidades pérdidas, de errores muy graves, malos manejos económicos, malos manejos políticos, sostuvo la politóloga Denise Dresser, quien,  citando a Aristegui, agregó;  Peña Nieto es un “dinosaurio acorralado.”

En entrevista para Aristegui CNN, la doctora habló sobre la encuesta que publicó el periódico Reforma, la cual muestra un “gran sentir popular de descontento, ciudadanos que ven sobre todo en el ámbito económico, un sexenio que va siendo cada vez más fallido”.
Apuntó que el gobierno actual es insensible ante una serie de crisis que fueron surgiendo; (como) el asesinato de 43 estudiantes en Ayotzinapa…; los eventos en Tlatlaya, en los cuales el Ejército asesinó a civiles; las revelaciones de corrupción de muy alto nivel”.
Sobre la casa blanca, señaló que involucra la corrupción, un posible conflicto de interés. Esta conjunción de factores, lleva a que los líderes del país opinen que Enrique Peña Nieto tiene una calificación de tres sobre 10 en temas de corrupción. Para los líderes la corrupción se ha vuelto el tema central que está manchando la imagen del gobierno”, recordó Dresser.
En conjunto, se “está acorralando a Peña Nieto, no ha sabido responder de buena manera. Su respuesta ha sido ignorar o silenciar a la crítica, silenciar  a los mensajeros, o nombrar a un secretario de la Función Pública para investigar el conflicto de interés, que llega al puesto con conflicto de interés porque es amigo y empleado del presidente, o lo ha llevado a culpar a los factores externos”.
Consideró que los líderes y ciudadanos “ven a un gobierno cada vez más corrupto y cada vez más incompetente”.
Explicó, también, que “no sólo es el contexto mundial que incide en México, es un mal manejo administrativo”
“Parece que tenemos a un secretario de Hacienda bipolar, que ha llevado a un estancamiento económico”, aseveró.
“En los casos de corrupción prefieren echarlos abajo del tapete, o como en tu caso (salida de MVS), sacar del aire a personas que han revelado la información de la corrupción, en lugar de lidiar con el problema profundo”.
El gobierno “se mantiene como un archipiélago de impunidad”, indicó.
Enfatizó que en la encuesta publicada por el diario Reforma,  “el número de personas que piensa que hay mayor libertad de expresión baja a 45 por ciento… y el número de personas que piensa que hay menor libertad de expresión, aumenta”.
“Pasamos de mover a México, a mover a México al precipicio”, agregó la politóloga.
“Mes tras mes vemos como va perdiendo confianza un presidente que prometió mover al país, pero lo está moviendo a la regresión, sobre todo en temas de derechos humanos, de tortura”, agregó.
Dresser dijo que actualmente “vemos cómo el nuevo PRI, recurre a las viejas prácticas”; “vemos que la corrupción está anidada en todos los ámbitos de la vida pública de México con un sistema nacional anticorrupción que sigue subordinado al poder político”.
Para la doctora, la sociedad debe “exigir, lo que se viene exigiendo en los últimos meses: rendición de cuentas, transparencia, racionalización del gasto, investigación a fondo de los eventos de Tlatlaya, Ayotzinapa…”.
You need to have the Adobe Flash Player to view this content.


120 días después, 8 de las 10 acciones en seguridad de EPN siguen en promesa


Y las otras dos promesas se cumplieron, pero a medias.


animalpolitico.com


En noviembre de 2014 el presidente Enrique Peña Nieto dio a conocer un decálogo de acciones “prioritarias” en seguridad tras la crisis desatada por la desaparición de los estudiantes de Ayotzinapa; 120 días después, ocho de los puntos anunciados no se han materializado, y los otros dos apenas se cumplieron parcialmente.
Entre los pendientes hay algunos atorados en el Senado o con los diputados, pero también están iniciativas o programas que el mismo gobierno no ha presentado. Por ejemplo, la línea de emergencia 911 causó gran impacto y polémica al principio pero meses después es poco lo que se ha dicho.
De acuerdo con Peña Nieto, concretar este plan es vital para que México cambie, pues como el mismo mandatario reconoció, lo hecho hasta hace cuatro meses era insuficiente para revertir las condiciones de violencia y deterioro en varios sitios del país.

“A pesar de las acciones emprendidas en la actual y anteriores administraciones, algunas de estas condiciones de debilidad institucional siguen presentes (…) los hechos de Iguala nos han dejado claro a todos, a sociedad y Gobierno, que aún hay mucho por hacer” dijo el 27 de noviembre.
Menos de 48 horas después de ese discurso legisladores del PRI calificaron como una “prioridad” la aprobación de estas medidas, pero hasta ahora, el balance deja muchos más pendientes que objetivos consumados.



Primera acción: Ley contra la infiltración del crimen en municipios
Estatus: No concretada
El 1 de diciembre de 2014 la Presidencia envió al Senado una propuesta de reformas a la Constitución, que entre otras cosas, darían facultades a la federación para intervenir en los municipios donde se tuvieran “indicios” de una infiltración del crimen organizado. Incluso podría pedirse la destitución misma del alcalde.
La iniciativa sufrió cuestionamientos de la oposición casi inmediatos, sobretodo en vel sentido de que se rompía con el pacto federal y podría ser objeto de abusos.
La reforma está prácticamente congelada en las comisiones de justicia, puntos legislativos y constitucionales de la Cámara Alta, aunque se dijo que en abril será revisada y modificada.


Segunda acción: Redefinir sistemas de competencia
Estatus: No concretada
El presidente planteó establecer nuevas “Leyes de Concurrencia y Competencia” con el objetivo de agilizar la investigación de delitos con independencia del fuero al que pertenecen. Por ejemplo, se propuso que fiscalías locales pudieran indagar casos de delincuencia organizada.
La iniciativa no recibió los cuestionamientos que tuvieron algunas de las otras propuestas de parte de la oposición, pero forma parte del paquete de reformas que está parado en el Senado de la República y por ende, no se ha concretado.


Tercera acción: Creación de Policías estatales únicas
Estatus: No concretada
Peña Nieto propuso eliminar definitivamente las más de mil 800 policías municipales que existen en el país y que la operación y mando se traslade a 32 corporaciones estatales únicas, con el objetivo, según se dijo, de dificultar que permee la corrupción. A las fuerzas de los ayuntamientos se les dejará únicamente labores de vialidad.
Esta propuesta no solo enfrenta la resistencia de los legisladores sino también la oposición de otros sectores. Por ejemplo, la Asociación Nacional de Alcaldes sostuvo que era peligroso restarle fuerza a los municipios que son la primera línea de contacto con los ciudadanos; investigadores como Javier Oliva de la UNAM o María Eugenia Suárez de INSyDE señalaron que se va en contra de la tendencia internacional a formar cuerpos policiales de proximidad.
La eliminación de las policías municipales forma parte del paquete de reformas que está en el Senado sin avance hasta ahora.


Cuarta acción: Expedición del número único 911
Estatus: No concretada
El presidente argumentó que crear la línea 911 era necesario para establecer un número homologado de emergencia en el país, que además agilice la respuesta de las autoridades y permita recopilar datos. La selección de esa marcación obedece a que es conocida por la mayoría debido a su uso en los Estados Unidos.
La propuesta tuvo impacto casi de inmediato a nivel mediático y fue de lo más comentado y también satirizado en redes sociales. El Instituto Federal de Telecomunicaciones fue designado para analizar la viabilidad del proyecto, pero en lo que va de este año no se han dado a conocer avances.


Quinta acción: Clave Única de Identidad
Estatus: No concretada
Que en México exista un documento único que identifique a todos los ciudadanos es una petición que viene desde sexenios pasados. En 2014 activistas como María Elena Morera insistieron al presidente que este tema tenía que sacarse adelante y Peña Nieto lo incluyó en el decálogo de acciones anunciadas.
El 5 de enero la Comisión Nacional de Gobernadores (Conago) firmó un convenio junto con la administración federal para iniciar los trabajos que requiere la adopción de esta clave. Desde ahí no se han conocido de nuevos avances en el tema y no se ha confirmado una fecha específica para que esto se materialice.


Sexta acción: Operativos en Tierra Caliente, Tamaulipas y Jalisco
Estatus: Concretada parcialmente
El presidente anunció a finales de noviembre que el gabinete de seguridad reforzaría los operativos especiales en la región de tierra caliente en Michoacán y Guerrero así como en diversos municipios de Jalisco y Tamaulipas, estados donde las condiciones de inseguridad y violencia se han profundizado.

En la primera semana de diciembre se informó de la nueva fase del despliegue en tierra caliente, pero en lo que respecta a los otros estados no hubo anuncios. La alcaldesa de Matamoros, Tamaulipas, Leticia Salazar, señaló en febrero pasado que les urgía un mayor apoyo federal debido a la violencia en la zona fronteriza.
Estos cuatro estados fueron también elegidos como los primeros en donde se eliminará de forma definitiva a las policías municipales, pero esto no ha ocurrido.



Séptima acción: Agenda de reformas en justicia cotidiana
Estatus. No concretada
Peña Nieto consideró necesario apuntalar una serie de reformas en lo que denominó “justicia cotidiana” con la finalidad de fortalecer los derechos de los ciudadanos en temas de derecho civil y mercantil y no solo penal. Para ello pidió al Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE) la elaboración de recomendaciones en la materia en un plazo de 90 días.
En febrero concluyeron los foros que realizó el CIDE sobre estos temas y también el plazo mencionado, pero hasta ahora se desconoce cuál es la propuesta definitiva pues no se ha anunciado. En consecuencia el gobierno tampoco ha presentado las iniciativas de reformas que se requerirán al Congreso.


Octava acción: Leyes y reformas en derechos humanos
Estatus. Concretada parcialmente
El presidente anunció varias iniciativas para apuntalar la protección de los derechos humanos y en especial de las víctimas. La mayoría de ellas eran pendientes que se venían acarreando desde meses atrás, y otras un reclamo de organizaciones de la sociedad civil u organismos internacionales.
Entre lo anunciado ya se cumplió con el reglamento de la Ley General de Víctimas, el diseño de un fondo para la protección y reparación del daño, y la integración de un consejo consultivo para reformas en derechos humanos.
Pero siguen pendientes temas coyunturales como leyes generales en desaparición forzada y tortura de las que ya hay varias iniciativas no aprobadas, y tampoco existe el sistema nacional de búsqueda o el de información genética. En la Cámara de Diputados hay el compromiso de que antes de que concluya el actual periodo de sesiones se dictaminen estos pendientes.


Novena acción: Puesta en marcha del Sistema Nacional Anticorrupción
Estatus: no concretada
Peña dio en noviembre su respaldo “total” a la puesta en marcha del Sistema Nacional Anticorrupción propuesto por la oposición, que incluye el fortalecimiento de la Auditoría Superior de la Federación, el nacimiento de un tribunal imparcial para sanciones administrativas y de una fiscalía especializada.
Los diputados aprobaron a finales de febrero el dictamen para sacar adelante esta iniciativa sin embargo, el tema se estancó en el Senado donde ya adelantaron que habrá cambios en la minuta. Tampoco se ha designado a un fiscal en la materia, como se pretendía hacer desde diciembre pasado.


Décima acción. Nuevo portal de transparencia
Estatus: no concretada
El presidente anunció que la Secretaría de la Función Pública (SFP) lanzaría un nuevo portal de información sobre los proveedores y contratistas de toda la Administración Pública Federal. El objetivo es que los ciudadanos pudieran conocer en un solo sitio el número y monto de los contratos de cada dependencia o de cada empresa.
El 3 de febrero Virgilio Andrade fue designado al frente de la SFP y prometió investigar a fondo casos como el de la llamada “Casa Blanca” del presidente; pero del portal anunciado el año pasado no se dieron noticias. 

Concentración mediática en las Américas, antiguos y nuevos retos


En la práctica la concentración mediática funciona como una mordaza invisible.

lasillarota.com

Desde hace por lo menos una década se ha venido intensificando en América Latina la discusión de la afectación que tiene para la libertad de expresión la alta concentración mediática, que limita el pluralismo y la diversidad de perspectivas, informaciones y opiniones y restringe el debate democrático de los asuntos públicos que atañen a la sociedad.

Por eso fue que un grupo de organizaciones[1] de la región latinoamericana acudieron a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en Washington, el pasado 16 de marzo, para solicitar que la Relatoría de Libertad de Expresión haga un estudio sobre los efectos de la concentración a la libertad de expresión y emita los estándares  para que los Estados miembros de la OEA los asuman en sus legislaciones y políticas públicas. En un hecho inédito a esa misma audiencia se compartió con la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP, que integra a los dueños de diarios en el continente).

Fue, sin duda, un diálogo respetuoso, pero que dejó claras las diferencias en el diagnóstico y propuestas de solución entre las instancias que estuvimos ahí, pues mientras los miembros de la SIP sólo abordaron los problemas de los oligopolios y monopolios y de la concentración estatal de países como Venezuela, Ecuador y Nicaragua, las organizaciones remarcaron que el problema también se extiende a la concentración indebida de los medios y que si bien hay algunos países con concentración de medios estatales, en la mayor parte de Latinoamérica se da a través las empresas privadas.

Efectos de la concentración

En la práctica la concentración mediática funciona como una mordaza invisible, que hasta recién ahora se logra visibilizar desde una perspectiva de derechos humanos, ya que no sólo impide la competencia económica, sino que sus consecuencias van mucho más allá, impide el derecho a la información de una sociedad al no permitir que otras voces puedan ser escuchadas, con lo cual se limitan las fuentes de información para el debate, generando el mismo efecto que la censura: el silencio de amplios y diversos sectores de la sociedad que desaparecen de la agenda pública.

Al mismo tiempo, la concentración de medios debilita los derechos laborales de los periodistas, pues al no contar con diversidad de espacios para desarrollar su trabajo se ven forzados a aceptar las condiciones que las empresas les imponen sin mayor opción. Eso ha provocado que, en algunos casos, incluso tengan que realizar su quehacer sin la protección debida ante situaciones de alto riesgo, como sucede en algunos países como México, Honduras y Guatemala, entre otros.

Además al estar en unas cuantas manos la mayor parte de los medios los contenidos que reciben las audiencias quedan en manos de pocos grupos que, a su vez, suelen integrar entre sus actividades distintos intereses económicos y políticos, lo que en muchas ocasiones se traduce en fenómenos de autocencura y censura para los periodistas independientes y críticos que afectan dichos intereses, el caso más palmario lo tenemos con Carmen Aristegui, no es el único, pero es el más visible y palpable.

Peor aún resulta cuando los grandes conglomerados de medios adquieren un poder de influencia que los convierte en poderes fácticos capaces de infiltrar y doblegar a las instituciones del Estado, tal como sucede en algunos casos más dramáticos en la región latinoamericana como en Brasil con el llamado coronelismo electrónico, que remite al amplio grupo de legisladores que son concesionarios de radio y televisión, o la telebancada en México que son altos directivos del duopolio televisivo comercial metidos a legisladores, que por su número forman ya una bancada superior a otros partidos políticos más pequeños; en ambos casos legislan para los intereses de las empresas y no necesariamente para sus sociedades.

La diversidad de perspectivas e informaciones refuerza el carácter esencial de la libertad de expresión como requisito para la vigencia de un régimen democrático, así como su papel como derecho habilitador e interdependiente con el ejercicio de otros derechos civiles, políticos, sociales, culturales y económicos. La libertad de expresión es condición para la transparencia, la existencia efectiva de alternativas, la responsabilidad, una participación informada del ciudadano en los sistemas políticos y por eso se convierte en una piedra angular para la democracia.

Desde hace algunos años en diversos países de la región latinoamericana se están debatiendo los problemas derivados de la concentración indebida de los medios de comunicación, en algunos pocos se han realizado legislaciones para limitar la concentración de medios y desconcentrar lo ya altamente concentrado de algunos mercados. Sin embargo, estos procesos se han dado de manera desigual, a veces con distorsiones que no hacen efectivas las medidas anticoncentración y, en algunos casos específicos, han ido en una dinámica de péndulo: de la concentración privada comercial van hacia una concentración estatal, que no pública, lo que igualmente tiene afectaciones al pluralismo.

El punto es que no existen los estándares orientadores para que los Estados puedan establecer regulaciones y políticas públicas, que no solamente impongan límites a la concentración, sino que además desconcentren los sectores ya existentes sin afectar la libertad de expresión, como también establezcan las medidas efectivas para garantizar el pluralismo y la diversidad mediática que aseguren el más amplio debate democrático.

La buena noticia es que el pleno de la CIDH ha aprobado que la Relatoría de Libertad de Expresión haga el estudio solicitado por las organizaciones, que tendrá como consecuencia la elaboración de los estándares en la materia.

Se puede consultar aquí, el informe entregado por las organizaciones, así como el desarrollo de la audiencia.

  
[1] Encabezadas por el Observatorio Latinoamericano de Regulación, Medios y Convergencia (OBSERVACOM), también respldaron esta audiencia  Artículo 19-Brasil; la Asociación Mexicana de Derecho a la Información (AMEDI); elCentro de Archivos y Acceso a la Información Pública (CAINFO); el Colegio de Periodistas de Chile; el Instituto Centroamericano de Estudios para la Democracia Social (DEMOS); la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP); e Intervozes – Coletivo Brasil de Comunicação Social.
  

Habrá 144 spots cada minuto en las campañas


CAMPAÑAS. Del 5 de abril al 3 de junio se transmitirán 12.5 millones de anuncios en radio y televisión


A partir del próximo domingo comenzará el bombardeo de spots de los 10 partidos políticos con la trasmisión de 12.5 millones de anuncios tan sólo para el periodo de campañas. Los partidos más beneficiados por la exposición mediática serán el PRI, PAN, PRD, PVEM y Partido del Trabajo.

De acuerdo con un estudio de la consultoría Integralia, durante el proceso electoral 2015, que incluye los periodos de intercampaña, precampaña y campaña, serán transmitidos 24 millones 205 mil 320 spots cuyo valor comercial sobrepasa los 15 mil millones de pesos.

Los anuncios donde los partidos políticos se promocionan rumbo a las elecciones del 7 de junio corresponden a los tiempos de radio y televisión del Estado administrados por el Instituto Nacional Electoral (INE) y es obligación de los concesionarios transmitir su contenido.

La consultora dirigida por Luis Carlos Ugalde, ex consejero presidente del extinto IFE, realizó un análisis del valor comercial que tienen los 24 millones de spots, los cuales en su mayoría serán trasmitidos en cadenas de radio y televisión abierta.

Según el estudio, durante el periodo de intercampaña se transmitieron 5.5 millones de spots; en precampañas 6.1 millones y para las campañas que inician el 5 de abril, serán 12.5 millones de anuncios publicitarios con una duración de 30 segundos cada uno.

De la cifra total, 5.4 millones corresponderán al Partido Revolucionario Institucional (PRI); 4.6 a Acción Nacional (PAN); 3.6 al Partido de la Revolución Democrática (PRD); 1.9 al Verde Ecologista (PVEM); 1.7 al Partido del Trabajo; 1.6 a Nueva Alianza y Movimiento Ciudadano.

A su vez, cada uno de los tres partidos de reciente creación, Movimiento Regeneración Nacional (Morena), Partido Humanista y Partido Encuentro Social, tendrán derecho a un millón 78 mil 632 spots. Y los candidatos independientes a diputados federales que logren el registro se repartirán 342 mil 504 promocionales.
Los costos 
Integralia estima que el valor comercial de los spots es de 15 mil 814 millones de pesos. En caso de que los partidos políticos tuvieran que pagar esa cifra a las concesionarias, prácticamente la mitad sería para las dos principales cadenas de televisión abierta.

De acuerdo con el estudio, tres mil 413 millones de pesos serían pagados a Televisa; dos mil 250 millones de pesos a Tv Aztea; 530 millones a otros canales y mil 164 millones a canales locales y de televisión restringida.

En el caso de la radio, si las fuerzas políticas pagarán por sus spots, 960 millones costaría trasmitirlos en las estaciones de Amplitud Modulada (AM) y siete mil 494 millones por la Frecuencia Modulada (FM).

El valor comercial de los spots es superior a los presupuestos anuales de las secretarías de Turismo (6 mil 844 millones), Trabajo (cinco mil 134 millones) y Energía (tres mil millones).

También, el valor de los spots que se transmitirán durante el proceso electoral 2015 es mayor al presupuesto utilizado este año, por ejemplo, para Prospera que operará con 971 millones de pesos o el Seguro Popular que tendrá tres mil 689 millones 449 mil pesos en 2015.

Los partidos políticos tienen prohibido contratar publicidad de cualquier tipo y los spots que les corresponden son  administrados por el Instituto Nacional Electoral que se encarga de repartir los tiempos y vigilar que su contenido no vulnere la equidad de la contienda.


Spots WEB

La luz de la verdad – bravos a las periodistas

Carmen Boullosa

Con el “affaire Aristegui” que sacude México, recordamos la importancia de la defensa de la libertad de expresión y la necesidad de absoluta honestidad en las periodistas. Muchas de las batallas por las conquistas de los derechos han sido encabezadas, y a veces ganadas, por mujeres. Como la que apodaban “Princesa de la prensa”, autora de la frase: “Los errores se corrigen iluminándolos con la luz de la verdad”, Ida B. Wells, que nació semanas antes de la emancipación de los esclavos, en la turbulenta posguerra civil americana, la “reconstrucción” del sur de EUA.
Los padres de Ida salieron de la esclavitud armados de oficios redituables, ella era una cocinera de primer orden, él era carpintero (como el mítico José), por lo que pudieron dar a Ida la mejor educación. Involucrados activamente en la defensa de los derechos civiles, mueren en una epidemia de fiebre amarilla cuando Ida tiene 16 años. Como Ida es la mayor de siete hermanos, queda al frente de la familia, responsable de llevar a el pan al hogar. Consigue trabajo como maestra rural, se desplaza a casa a lomo de mula los fines de semana. 
Décadas antes que la célebre Rosa Parks se negó a ceder su lugar en un transporte público. Viajaba en el vagón reservado para mujeres; le piden su asiento para un hombre blanco y cambiarse al vagón “de negros”; se niega; el conductor le pone las manos encima para sacarla, e Ida responde mordiéndole la mano. Cuando entre varios empleados la expulsan del transporte a fuerzas —y los pasajeros de su vagón, todos blancos, festejan con aplausos la moción—, Ida Wells demanda a la compañía de trenes, y gana la primer ronda legal, pero pierde la siguiente frente a una instancia mayor —los jueces consideran que, si bien era verdad su argumento (“es un vagón para damas y yo soy una dama”), su comportamiento distaba de reflejar su condición— no creyeron femenino morder en autodefensa, tampoco la fiera batalla que había emprendido para reivindicar sus derechos. Fue por este incidente que comenzó a escribir en la prensa.
Ida Wells era una guerrera, lo fue contra el racismo, la segregación y la exclusión, y por el voto para las mujeres. En una ocasión supo asestar un golpe doble, cuando en una manifestación sufragista le ordenaron incorporarse al último contingente con los de “su” raza y, en contra de las indicaciones recibidas, se incorporó, sobre la marcha, al principio, negándose a disociarse de las otras líderes por motivos de raza.
Fue la apóstol (¿o apóstola?) de la campaña contra los linchamientos en Estados Unidos, escribió panfletos y reportajes contra la “Ley Linchamiento”, como se llamaba desde 1780 al castigo sumario infringido por “ciudadanos no autorizados, que actúan a título privado”.
Desde niña sabía de los linchamientos. Cada vez que su papá asistía a alguna asamblea política, su mamá temía por su vuelta —los activistas y los que se atrevieran a testificar en cualquier proceso legal que atentara contra la supremacía blanca eran víctimas usuales de linchamiento, so pretexto de crímenes inventados—. Pero la chispa por la que Ida Wells se lanzó a luchar contra la “Ley Linchamiento” se encendió cuando en Memphis, donde estaba la casa de su familia, después de un juego de canicas entre niños blancos y negros del que salieron victoriosos los segundos, la turba sacó de la cárcel a tres exitosos comerciantes —acusados arbitrariamente de crímenes construidos (el único real es que se habían “robado” los clientes de la tienda vecina)— para lincharlos a plena luz del día. El acto había sido planeado y aprobado por las autoridades. Ida era amiga de uno de estos tres. Sabía que era un hombre impecable.
Las periodistas, como Ida Wells, han dado y darán la batalla para construir un mundo mejor. ¿Qué sería de nosotros sin las que pelearon en los medios —como por ejemplo, Emma Goldman o Margaret Sanger por el derecho al control natal, atreviéndose a ir en contra de otra “ley” y lo pagaron con la cárcel?—.
Si así estamos como estamos, sin el valor y las batallas fieras de ellas no habría para nosotros aire respirable.

En medio de proceso electoral Ss anuncia “Ciudad Salud de la Mujer”



   Proyecto obtendrá recursos del Seguro Popular
Sin precisar datos sobre el número de personas que se busca beneficiar, los lugares a los que se pretende llegar y la metodología utilizada para crear las acciones, la Secretaría de Salud (Ss) anunció una nueva estrategia nacional para acercar a las mexicanas servicios médicos de calidad.
Hoy, en conferencia de prensa, Antonio Chemor Ruiz, director general de financiamiento de la Comisión Nacional de Protección Social en Salud (Seguro Popular)  presentó el Proyecto “Ciudad Salud de la Mujer” que dijo, ya cuenta con un presupuesto de más de 300 millones de pesos, aunque no se han definido las entidades en que operará y el número de mujeres que beneficiará.
De acuerdo con la información presentada, el proyecto fue diseñado por la secretaria de salud, Mercedes Juan López y Gabriel J. O’Shea Cuevas, comisionado nacional de protección social en salud, y tiene como finalidad coadyuvar a disminuir la mortalidad materno infantil e incrementar la detección oportuna de Enfermedades No Transmisibles (ENT), especialmente enfermedades cardiovasculares, cerebrovasculares, hipertensión, diabetes y cáncer.
Mediante “Ciudad Salud” –según lo expuesto por el funcionario– se pretenden construir cuatro complejos médicos integrales en cuatro estados del país “considerando el perfil epidemiológico de cada entidad”, sin embargo la única entidad que se tiene contemplada hasta el momento es Durango, aunque tampoco precisó el lugar preciso donde se ubicará el complejo médico, ni cuándo iniciará la construcción.
Chemor Ruíz enlistó el equipo de alta tecnología con el que contarán las cuatro unidades pero no supo precisar las otras localidades en las que arrancará el proyecto ni tampoco dijo qué criterios fueron tomados en cuenta para seleccionar a Durango como la primera entidad beneficiada.
“Estamos tomando todas las precauciones necesarias para no fallar en el modelo, estamos haciendo ese análisis de cuáles serán esas entidades, no queremos equivocarnos y queremos ser precisos en las epidemiologías de cada estado”, dijo el funcionario ante los cuestionamientos constantes de la prensa.
Agregó que uno de los criterios a considerar –aunque no el único – para seleccionar a las entidades es la incidencia de Muerte Materna (MM), toda vez que el proyecto se suma a las acciones que la Ss emprende para erradicar este problema de salud pública, en el que reconoció, no se han alcanzado los compromisos asumidos internacionalmente.
Cabe recordar que México se comprometió en el año 2000 mediante los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM) a reducir para 2015 la razón de muerte materna (RMM) a 22 decesos por cada 100 mil nacidos vivos, lo cual no ha ocurrido.
Según datos de la Subsecretaría de Prevención y Promoción de la Salud –dependiente de la Dirección General de Epidemiologia (DGE) de la Ss–, durante 2014 ocurrieron 835 defunciones maternas, con lo que la RMM se ubicó en 39.0 decesos por 100 mil nacimientos estimados. Para la primera semana de marzo de 2015 el número de muertes era de 138.
Estado de México (Edomex), Veracruz, Chipas, Distrito Federal y Jalisco, son las entidades que la DGE identifica con mayor número de defunciones.
Aunque Durango mostró un incremento al comparar la RMM que registró en 2014 con el promedio de los siete años previos, no se ubica en las entidades históricamente rezagadas en el combate a la MM.
El funcionario enfatizó a la prensa que la puesta en marcha del proyecto no debe relacionarse con el proceso electoral en el que se renovarán la Cámara de Diputados, nueve gubernaturas y ayuntamientos en 17 estados y agregó “la salud de las mujeres y la erradicación de la MM es una ‘situación que urge’ y no podría esperar a que se terminen los temas electorales, hay que hacerlo y hacerlo pronto”.
Aunque se desconoce en donde serán construidas, se sabe que cada una de las “Ciudades Salud” costará  84.53 millones de pesos, es decir, se tiene previsto gastar 338.12 millones de pesos para la construcción de las cuatro unidades, que según el funcionario comenzarían a operar en el segundo semestre del año.
Afirmó que el dinero provendrá del Fondo de Previsión Presupuestal (FPP) del Fideicomiso del Sistema de Protección Social en Salud, programa mediante el cual se transfieren recursos federales a las entidades para operar el Seguro Popular.
Es de mencionar que el Fideicomiso del Seguro Popular se divide en el Fondo de Protección Contra Gastos Catastróficos y el FPP en donde se encuentra la Subcuenta de Infraestructura Física,  mediante la que se destinan recursos para cubrir las necesidad de infraestructura para la atención primera y especialidades básicas de servicios de salud.
Chemor Ruiz agregó que la entidad en la que se construya Ciudad Salud deberá asegurar la plantilla y operación de la unidad y destinar aproximadamente 58 millones de pesos anuales para dar continuidad al proyecto.
Es de mencionar que organizaciones civiles dedicadas a pugnar por la transparencia y la rendición de cuentas, como Fundar, Centro de Análisis e Investigación, han denunciado que no se cuenta con información clara, precisa y transparente de cuál es el destino de los recursos asignados al Seguro Popular.
Por: Anaiz Zamora Márquez

Cimacnoticias | México, DF.-

Pretextos del gobierno federal para ratificar Convenio 189

   Activistas critican desinterés gubernamental




Defensoras de los derechos de las trabajadoras del hogar denunciaron que al no ratificar el Convenio189 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) -sobre empleo decente para este grupo- Enrique Peña Nieto, Ejecutivo Federal, desprotege de manera voluntaria, a más de 2 millones de personas que realizan esta actividad y que padecen diversos abusos laborales.
Marcelina Bautista Bautista, directora del Centro de Apoyo y Capacitación para las Empleadas del Hogar (CACEH) y Marcela Azuela Gómez, impulsora del proyecto “Hogar Justo Hogar” (una agrupación de personas que ofrece empleo digno a las trabajadoras del hogar), anunciaron la mañana de hoy que enviaron una carta al gobierno federal para exigir la ratificación del Convenio 189.
Previo al Día Internacional de la Trabajadora del Hogar, que se conmemora hoy, las activistas dirigieron la misiva al titular del Ejecutivo, al secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong; al secretario de Relaciones Exteriores, José Antonio Meade Kuribreña; y al abogado de la Presidencia de la República, Humberto Castillejos Cervantes.
En el documento enfatizan la importancia de que el Estado mexicano ratifique el Convenio 189 de la OIT –firmado por México en 2011-  para que sea una obligación federal regular las horas de trabajo, días de descanso, espacios de trabajo seguros, trato digno y contratos de trabajo para todas las personas trabajadoras del hogar, principalmente mujeres, que no cuentan con ninguna prestación ni protección laboral.  
La carta enviada al Ejecutivo dice que el Convenio 189 de la OIT entró en vigor en 2013, y aunque la Segob prometió enviar el documento para su estudio y ratificación al Senado de la República, no cumplió.
“Esto quiere decir que de manera voluntaria, el Ejecutivo Federal ha dejado en estado de indefensión legal a más de dos millones de mexicanos, mujeres en su mayoría, que se dedican al trabajo remunerado del hogar”, agregaron las defensoras de los derechos laborales.
Además, la actual administración “no puede darse el lujo” de seguir cometiendo errores en materia de Derechos Humanos (DH), advirtieron por escrito las expertas.
Las activistas calificaron como “pretexto” que el gobierno federal se niegue a ratificar el Convenio por los supuestos costos que generaría asegurar prestaciones sociales para las millones de personas mexicanas que se dedican al trabajo del hogar.
Sin embargo, señalaron, lo que el gobierno federal ignora es que podría obtener beneficios al incorporar a las trabajadoras a la Seguridad Social toda vez que se generarían más ingresos para la Secretaría de Hacienda y Crédito Público por el pago del Impuesto Sobre la Renta (ISR) que deberán pagar los nuevos contribuyentes.
Marcelina Bautista Bautista, principal impulsora de este Convenio, criticó que otros países hayan avanzado más que México para la ratificación de este Convenio, aún cuando es urgente porque las trabajadoras del hogar en este país “están muy lejos de tener un empleo decente”.
De acuerdo con la activista –indígena oaxaqueña que durante 20 años fue trabajadora del hogar- ellas se enfrentan día a día con actitudes discriminatorias por parte de sus empleadoras, quienes en muchos casos se niegan a pagarles un sueldo justo y las acusan de presuntos robos para evitar pagarles una liquidación.
De acuerdo con Bautista, que reunió datos actualizados del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), las trabajadoras del hogar representan el 10 por ciento de las mujeres ocupadas en México, las cuales reciben de uno a dos salarios mínimos, no cuentan con contratos de trabajo ni seguridad social y, en el futuro, no gozarán de una jubilación.
La directora de CACEH criticó que los programas sociales que impulsó el gobierno del Distrito Federal (DF) para que las trabajadoras del hogar cuenten con seguro popular y apoyos para la vivienda son de corte asistencialista que duran sólo sexenalmente y que son de difícil acceso para las trabajadoras, toda vez que al menos en su organización ninguna de ellas logró beneficiarse con estos programas.
Por su parte, Marcela Azuela informó que aunque muchas personas quieren asegurar a sus trabajadoras no existen condiciones legales para hacerlo, por lo que es urgente reformar el artículo 13 de la Ley Federal del Trabajo –sobre horarios de descanso y alimentación de estas trabajadoras- y que la Ley del Seguro Social convierta en una obligación asegurar a las empleadas del hogar.
CIMACFoto: César Martínez López
Por: Angélica Jocelyn Soto Espinosa

Cimacnoticias | México, DF.- 

Reportaje - Gobierno debe explicar dónde está el Convenio 189 de la OIT



Sin el apoyo del Estado mexicano que continúa sin ratificar el Convenio 189 de la OIT, trabajadoras del hogar avanzan a pasos lentos para el respeto de sus derechos laborales

De cara al Día Internacional de las Trabajadoras del Hogar que se conmemora el 30 de marzo, personas que emplean a trabajadoras del hogar, enviarán una carta al Ejecutivo Federal, Enrique Peña Nieto, para que le pida a la Cancillería mande ya al senado el Convenio 189 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) para su ratificación.
Dicho Convenio establece que las trabajadoras del hogar deben tener por ley los mismos derechos laborales que todos los demás trabajadores, por lo que de ratificarse se deberá reformar la Ley Federal del Trabajo (LFT) para que ellas puedan exigir un salario mínimo, jornadas máximas de ocho horas, pago de tiempos extras, vacaciones con goce de sueldo y aguinaldo, entre otras garantías.
  
Algunas de las y los empleadores, según relató una de ellas a Cimacnoticias, buscaron entre enero y marzo de este año a legisladores y funcionarios para promover la ratificación del Convenio 189, pero el proceso continúa estancado desde hace dos años en la Cancillería quien debe enviarlo al senado para su ratificación.
A principios de este año inició el proyecto “Hogar Justo Hogar” que busca integrar a un grupo de empleadores para ofrecer empleos dignos a las trabajadoras del hogar y formar espacios de discusión sobre los derechos de estas trabajadoras e impulsar reformas a la Ley Federal del Trabajo (LFT), la Ley del Seguro Social y otras legislaciones.
La ratificación del Convenio 189 garantizará un trabajo digno y en mejores condiciones para las 2.3 millones de personas en México, 95 por ciento de ellas mujeres, que se emplean en las labores del hogar.
En entrevista con Cimacnoticias, la antropóloga y especialista en género de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) Mary Goldsmith quien sigue de cerca la ratificación del Convenio, señaló que en 2014 un grupo de trabajadoras del hogar, académicas y activistas, envió una misiva a la Secretaría de Gobernación (Segob) para que explicara las acciones que lleva a cabo para acelerar la ratificación del convenio internacional.
La respuesta que obtuvieron, dijo, fue por parte de la entonces subsecretaria de Derechos Humanos de Segob, Lia Limón García, quien por escrito, aseveró "por instrucciones del secretario (de Gobernación) hemos dado un continuo seguimiento e impulso a las acciones necesarias para que el Estado mexicano lleve a cabo la ratificación de dicho instrumento a través de las instancias correspondientes".
Sin embargo Goldsmith criticó la ambigüedad del documento puesto que no establece ninguna fecha ni acción concreta por parte del gobierno para la ratificación.
La académica pidió que este 30 de marzo, las autoridades se dejen de discursos vacíos  y que mejor expliquen dónde está el Convenio y cuándo se enviará al Senado.
En tanto, la directora del Centro de Apoyo y Capacitación para Empleadas del Hogar (CACEH) Marcelina Bautista Bautista, dijo que la ratificación es urgente porque se trata de derechos laborales para millones de mexicanas.
Es nuestro derecho a la libre asociación, a jornadas de trabajo razonables, descanso semanal de al menos 24 horas consecutivas, información clara sobre las condiciones de empleo, cobertura básica de seguridad social y el respeto a todos los derechos laborales, agregó.
"Nosotras no queremos que nos regalen televisiones (como hizo el domingo pasado el alcalde priista de Chihuahua, Javier Garfio Pacheco, a propósito de la efeméride), queremos que hagan las reformas necesarias para que se ratifique el Convenio 189 de la OIT", afirmó Bautista.
La también coordinadora regional para América Latina de la Red Internacional de Trabajadoras del Hogar, lleva más de 15 años impulsando acciones para que distintos sectores de la sociedad, en especial las personas que las emplean, sean conscientes de la discriminación que ellas enfrentan  en sus espacios de trabajo y les garanticen todos los derechos reconocidos en la Ley.
Con este fin, CACEH inició en 2012 la campaña permanente “Por un trabajo digno ponte los guantes por los derechos de las trabajadoras” y en 2013 presentó la campaña regional “Ellas cumplen con sus tareas ahora te toca a ti”.
También ha impulsado otras campañas internacionales de colocación laboral y promoción y defensa de los DH a través de diferentes actividades en medios de comunicación y espacios de incidencia para asegurar a las trabajadoras del hogar relaciones laborales estables, armónicas y legales.
Como resultado, Bautista aseguró que cada día más empleadoras y empleadores llaman a CACEH para informarse sobre los derechos laborales que deben garantizar e incluso acuden a la organización para firmar contratos de trabajo legales y asesorarse sobre cómo distribuir justamente los horarios de descanso.
No obstante, cuando quieren brindar algún tipo de protección médica a las trabajadoras se enfrentan a obstáculos y trabas en la Ley del Seguro Social, lo que las obliga a desistir de su propósito o buscar alternativas menos óptimas.
Marcelina Bautista observó que aún no existen cifras que contabilicen el número de empleadoras que (sin la obligación de una ley) están dando garantías laborales a su personal para asegurarles un trabajo digno.
Marcela Azuela Gómez, ex directora de Educación y Comunicación del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred) e impulsora de “Hogar Justo Hogar”, relató que luego de haber iniciado el proyecto muchas personas pidieron sumarse o solicitaron información sobre cómo realizar un contrato de trabajo.
“La mayoría de las empleadoras nos contacta para pedir asesoría sobre casos particulares, por ejemplo de relaciones laborales de más de 30 años que –a raíz de las campañas por la no discriminación- empezarán a modificarse”, explicó Azuela quien coincidió con Bautista en que otorgar el seguro médico es la principal traba que enfrentan las y los empleadores, por lo que prefieren pagar una póliza de seguro particular o financian los medicamentos de sus trabajadoras.
Pese a estos avances, 25 de cada 100 personas justifica dar de comer alimentos sobrantes a las empleadas del hogar, se les exige laborar en promedio hasta 31.5 horas a la semana y la mayoría de las trabajadoras que exigen sus derechos laborales siguen siendo despedidas, de acuerdo con Conapred.
Foto retomada del sitio diagonalperiodico.net
Por: Angélica Jocelyn Soto Espinosa

Cimacnoticias | México, DF.- 

Avanza BCS hacia paridad, la incluye para ayuntamientos

   Partidos deberán postular a 3 mujeres y dos hombres o viceversa




La Sala Regional Guadalajara del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) determinó que los partidos políticos locales están obligados a garantizar la paridad de género en las candidaturas a ayuntamientos (presidencias municipales, regidurías y sindicaturas).
Al corregir el acuerdo del Instituto Estatal Electoral de Baja California Sur (IEEBCS) sobre el registro de candidaturas, el pasado 26 de marzo la Sala Regional determinó que los partidos deben garantizar la paridad de manera vertical y horizontal, o transversal, es decir, garantizar la integración equilibrada de mujeres y hombres para los cargos de presidencia municipal, regiduría y sindicatura.
Al respecto la investigadora en estudios de género y poder político, Blanca Olivia Peña Molina, destacó que con esta resolución cada partido político deberá postular a tres mujeres y dos hombres (o viceversa) como candidatos a presidencias municipales.   
Este caso inició desde el pasado 16 de marzo cuando el Consejo General de este Instituto aprobó el acuerdo (CG-0018-MARZ0-2015) por el cual expidió el reglamento para el registro de candidatos a cargos de elección popular, en el cual no consideró establecer la obligación de postular a 50 por ciento de mujeres en cargos para ayuntamientos.
Este reglamento causó polémica porque si bien en su momento la consejera presidenta del Instituto, Rebeca Barrera, se pronunció a favor de la participación de las mujeres y puso el tema sobre la mesa para que se votara la paridad, no hubo consenso para integrar este principio en el acuerdo.
Al respecto, Peña Molina, también integrante de la Sociedad Mexicana de Estudios Electorales (SOMEE), aseguró que la actuación de los consejeros que se opusieron a la paridad fue “vergonzosa” y agregó que el principal obstáculo para los derechos políticos de las mujeres son los partidos políticos.  
No obstante, en este caso, una vez aprobado el acuerdo, el Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) se convirtió en el defensor de las candidaturas femeninas.
Morena consideró que con el acuerdo de la autoridad se violaron las leyes electorales, toda vez que en este no se plasmó la obligación expresa de postular a las militantes como candidatas a las presidencias municipales, así que el 19 de marzo presentó ante el IEEBCS un juicio de revisión constitucional electoral, a favor de las mujeres.  
El 25 de marzo, la Sala Regional Guadalajara del TEPJF, con  Jurisdicción en Baja California Sur, dictó la sentencia SG-JRC-43/2015 con la cual se revocó el acuerdo a fin de promover la participación femenina en las próximas elecciones y cumplir con los principios constitucionales, de las leyes locales y federales en la materia.
Con esta resolución la Sala Regional hizo una interpretación del artículo 96 de la ley estatal electoral –que establece la paridad en las planillas para ayuntamientos–, revocó el acuerdo del IEEBCS sobre registro de candidaturas y ordenó que se hiciera uno nuevo que incluyera el alcance horizontal o transversal del principio de paridad de género en postulación para ayuntamientos.
Lo anterior significa que los partidos políticos están obligados a registrar a 50 por ciento de mujeres para contender por presidencias municipales, sin embargo la entidad se divide en cinco municipios: La Paz, Comondú, Mulegé, Los Cabos y Loreto; por tanto la autoridad concluyó que se debe exigir el registro de tres candidaturas femeninas y dos masculinas, o viceversa.
Sobre el perfil de las abanderadas, la también integrante de la Red Mujeres en Plural destacó que mientras las mujeres que militan en los partidos no exijan a sus líderes y a las instancias femeniles partidistas, que haya criterios claros para la selección de precandidaturas, las instancias y la sociedad civil podrán hacer muy poco al respecto.
El próximo 7 de junio habrá elecciones en la entidad para elegir gobernador, 21 diputados (16 de mayoría relativa y cinco de representación proporcional), cinco presidencias municipales e integrantes de ayuntamientos.
Los partidos políticos, coaliciones, candidaturas comunes y candidatos independientes, tienen como plazo para registrar sus solicitudes de registro de candidaturas el 1 de abril, por lo que esta resolución generó molestias entre los partidos quienes ya tenían a sus candidatos, según reportaron medios locales.
Por otra parte Peña Molina aseguró que en estos comicios el foco de atención está sobre las candidaturas en cargos edilicios, porque ahí es donde se están presentando las impugnaciones por parte de los partidos políticos y de las mujeres, y eso, señaló, es resultado de la omisión en la reforma político- electoral la cual no reguló la paridad en ayuntamientos.
CIMACFoto: César Martínez López
Por: Anayeli García Martínez

Cimacnoticias | México, DF.- 

Partidos piden que se dé paridad en Guerrero hasta 2018

   Red de mujeres exige al Tribunal contienda paritaria
La Red para el Avance Político de las Mujeres Guerrerenses exigió al Tribunal Electoral del estado de Guerrero (TEE) que garantice la participación femenina en los próximos comicios y determine que los partidos políticos deben dar a las mujeres la mitad de sus candidaturas para ayuntamientos.
La coordinadora de la Red, Muriel Salinas, explicó en entrevista con Cimacnoticias que saben que esta impugnación provocó fuertes reacciones en los partidos políticos que ya tenían definidas sus candidaturas.
Sin embargo, pese a ello y a la situación de violencia que prevalece en la entidad que ya cobró la vida de la precandidata del PRD a la alcaldía del municipio de Ahuacuotzingo, Aidé Nava González, y a la amenaza de la Coordinadora Estatal de los Trabajadores de la Educación de Guerrero de boicotear las elecciones del próximo 7 de junio, las mujeres exigieron su derecho a participar en las elecciones.
El recurso se interpuso porque las militantes y activistas consideran que la participación femenina debe consolidarse, por lo que el pasado 16 de marzo tres mujeres de la Red, integrada por militantes de diversos partidos, académicas, periodistas y ciudadanas, interpusieron un juicio electoral ciudadano ante el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Guerrero (IEPC), para impugnar el acuerdo aprobado por las y los consejeros, al considerar que no estaba apegado al principio de paridad.
El 12 de marzo el IEPC aprobó el acuerdo (052/SE/12-03-2015) donde se indican los criterios para el cumplimiento de los principios de paridad de género y alternancia que los partidos, coaliciones, candidaturas comunes y candidaturas  independientes deberán cumplir en el registro de candidatos a diputados y miembros de ayuntamientos.
De acuerdo con Salinas, estaba previsto que hoy el TEE resolviera la impugnación, sin embargo explicó que por la mañana estuvieron en la sede del Tribunal y fueron informadas que el caso aún estaba en análisis y podría resolverse mañana o hasta la próxima semana.
Cabe decir que en el caso de Guerrero las agrupaciones políticas tienen del 15 al 21 de abril para registrar a sus abanderados a ayuntamientos, asimismo la activista alertó que hay partidos políticos que han propuesto que la paridad en alcaldías aplique hasta las elecciones de 2018 a fin de no hacer cambios en sus postulaciones.
Salinas destacó que en la actualidad la paridad en ayuntamientos sólo aplica en la lista de síndicos y regidores, por ello la Red exige al órgano electoral que se pronuncie a favor de la paridad horizontal, es decir, en la obligación de dar a las mujeres la mitad de las candidaturas para presidencias municipales. 
De prosperar la impugnación de las mujeres, cada instituto político deberá hacer las modificaciones necesarias para cumplir este principio de igualdad y registrar a 40 (o 41) mujeres para contender por una presidencia municipal, ya que el estado está dividido en 81 municipios.
Por: Anayeli García Martínez

Cimacnoticias | México, DF.- 

Iniciativa de Ley de Aguas para favorecer a la iniciativa privada

   No resuelve problema de escasez y acceso: Colmex


Académicos criticaron que la iniciativa de Ley General de Aguas (cuya aprobación se encuentra detenida en la Cámara de Diputados) haya sido creada para favorecer a la iniciativa privada y no para resolver los problemas de escasez, calidad y falta de acceso al recurso que enfrenta gran parte de la población indígena mexicana.

Como parte de la conmemoración del Día mundial del Agua (22 de marzo), El Colegio de México (Colmex) organizó el Foro “Discutamos la ley dentro de un marco de gobernanza” para escuchar las voces de expertos y académicos sobre la forma en que debe ser garantizado el Derecho Humano (DH) al agua -elevado a rango constitucional en 2012- dentro de la legislación mexicana.
Quienes acudieron a la convocatoria del Centro de Estudios Demográficos Urbanos y Ambientales (CEDUA) del Colmex coincidieron en que la iniciativa elaborada por la Comisión Nacional del Agua (Conagua) busca la privatización lejos del bienestar de la población.
El doctor Raúl Hernández Garciadiego, director de la iniciativa Agua para Siempre, expuso las prácticas prehispánicas llevadas a cabo por comunidades que no cuentan con fuentes de agua cercanas para bastecerse del recurso, y lamentó que estas metodologías no fueron incluidas dentro de la iniciativa.
Hernández, quien cuenta con 30 años de experiencia en la gestión de agua en comunidades indígenas, recordó que la mitad del territorio mexicano está constituido por zonas desérticas en donde escasea el agua, lo que orilla a las mujeres a recorrer largas distancias para conseguirla, genera desnutrición en las y los menores de edad (pues el agua es vital para la generación de alimentos) y provoca enfermedades.
Compartió su experiencia en la mixteca popoloca -región en donde se unen los estados de Puebla, Oaxaca y Guerrero-, “si esta región fuera un estado sería la región más pobre del país y la pobreza en la región es causada por la falta de agua”, dijo el también doctor en ciencias sociales.
Dentro del territorio son las mujeres quienes se encargan de acarrear el líquido para el uso familiar, “apenas pueden llevar 50 litros y estos son repartidos entre todos los integrantes de la familia”, es de recordar que estas familias tienen en promedio, cinco hijas o hijos.
Agregó que es común que las y los niños enfermen por la escasez de agua y la falta de higiene, cuando las mujeres llevan a sus descendientes a los servicios médicos “los doctores las regañan porque están sucios y les dicen que se enferman por culpa de ellas”.
Como parte de esta realidad, siete de cada diez campesinos pierde sus cosechas por la irregularidad de las lluvias, con lo que también se quedan sin trabajo y alimentos y se ven obligados a migrar.
En ese sentido, el especialista señaló que existen muchas tecnologías indígenas que captan agua de lluvia, la almacenan y protegen la fragilidad de los suelos, las cuales deberían rescatarse para evitar que se utilicen técnicas más agresivas como los trasvases (obras hidráulicas que buscan incrementar la disponibilidad de agua en una población desviando la cuenca de un río vecino) que únicamente generarán contaminación de las cuencas de agua.
“Nuestro gobierno no tiene ni interés, ni tiempo, ni tecnología para ayudar a esos pueblos” señaló el especialista quien también reprochó el hecho de que los pueblos indígenas quedaran fuera de los organismos que decidirán como se gestionará el agua y el hecho de que la iniciativa no sea integral, pues no incluye la protección de suelos y otros recursos naturales que juegan un papel importante en materia de agua.
Por su parte el doctor José Luis Lezama, director del seminario interdisciplinario sobre Estudios Ambientales y del Desarrollo Sustentable, consideró que la iniciativa de Conagua no está diseñada desde un enfoque ambiental.
A decir del especialista el punto de partida de esta ley debe ser el reconocimiento que el agua es el sustento de la vida en el planeta y un recurso natural no renovable.
“Antes de plantear que el agua es un recurso de la nación y antes de pensar cómo nos la vamos a repartir, debemos considerar cómo la vamos a obtener y la vamos a garantizar en un futuro, porque la naturaleza no es un recurso eterno” dijo Lezama, quien consideró que la iniciativa no busca el interés comunitario sino satisfacer el interés económico de algunos.
Por: Anaiz Zamora Márquez

Cimacnoticias | México, DF.-