5/30/2015

Exigen detener ya criminalización de salvadoreñas por abortar


Activistas piden respaldo internacional ante cerrazón de gobierno




Pese a las campañas y llamados internacionales que piden al gobierno salvadoreño garantizar la vida y salud de la población femenina con la legalización de las causales de aborto, en el país centroamericano las mujeres que interrumpen su embarazo –incluso de forma involuntaria– siguen siendo criminalizadas, e incluso condenadas a 30 años de prisión.
 
Ante esa realidad, que se agrava con la falta de acceso a servicios de salud sexual y reproductiva, la alta tasa de embarazos en adolescentes y la poca denuncia de los delitos de violación sexual, el movimiento feminista en El Salvador ha asumido un compromiso con las mujeres en medio de un contexto adverso contra quienes defienden los Derechos Humanos (DH).
 
Angélica María Rivas Monge, coordinadora de la Comisión Jurídica de la Agrupación Ciudadana por la Despenalización del Aborto Terapéutico, Ético y Eugenésico en El Salvador, conversó con Cimacnoticias sobre el difícil proceso que han emprendido las activistas para defender los DH de las mujeres, en una nación que desde 1998 penaliza el aborto bajo cualquier circunstancia.  
 
La Agrupación Ciudadana es la organización civil que representa legalmente a 17 mujeres en situación de pobreza que tuvieron partos extra hospitalarios o problemas obstétricos, y no contaron con la asistencia médica adecuada, por lo que fueron denunciadas por aborto y condenadas a penas de entre 30 y 40 años de cárcel, al ser procesadas por el delito de homicidio agravado.  
 
Rivas Monge contó que antes de que fuera modificado el Código Penal en 1997 (reforma que entró en vigor al año siguiente) se permitía que las mujeres interrumpieran su embarazo en caso de violación sexual, peligro para la vida de la mujer, o en caso de que el producto presentara malformaciones incompatibles con la vida.
 
Sin embargo, no existía un procedimiento claro para acceder a esas causales. “Por ejemplo en el caso de violación, se exigía que el agresor ya estuviera en prisión, (pero) para cuando eso pasaba, el embarazo ya estaba muy avanzado”, dijo la activista.
 
Por ello, durante el proceso de reforma al Código Penal nacional, el movimiento feminista buscaba que se crearan los protocolos adecuados para acceder a las causales.
 
“Fuimos amenazadas con ser denunciadas del delito de ‘instigación  y ayuda al aborto’, que se penaliza hasta con cinco años de prisión, y finalmente perdimos la batalla ante la jerarquía católica y conservadora que buscaba la prohibición total del aborto”, recordó Angélica María Rivas.  
 
Con la entrada en vigor del nuevo Código Penal –a decir de la defensora–, se agudizó el contexto de criminalización contra las mujeres que interrumpen su embarazo.
 
En 2009 la prensa estadounidense retomó el caso de Karina, quien había sido procesada en un inicio por aborto y fue condenada por homicidio agravado. La Agrupación Ciudadana decidió buscar a esta salvadoreña y representarla legalmente hasta que recobrara su libertad.
 
Rivas Monge contó que la Agrupación Ciudadana tuvo un acercamiento con el Centro Las Libres –organización guanajuatense con sede en el estado de Guanajuato–, que ya había logrado el excarcelamiento de mexicanas que también habían sido criminalizadas por abortar. “Pudimos reunirnos con ellas y empaparnos de su experiencia”, destacó.
 
A raíz de una investigación realizada por la organización salvadoreña se detectó que de 2000 a 2011, un total de 129 mujeres habían sido procesadas por aborto, y más de 20 estaban privadas de su libertad.
 
Tras revisar los casos, se decidió presentar en abril de 2014 una solicitud de indulto para 17 mujeres a la Asamblea Legislativa de El Salvador, basada en la Ley Especial de Ocursos de Gracia.
 
De acuerdo con la especialista, no se debe confundir con “perdón”, ya que a nivel jurídico dicho recurso se concede por razones de justicia y equidad.
 
En ese sentido, la organización argumentó la solicitud con base en la inocencia de las mujeres, “pues ellas fueron víctimas de un sistema de criminalización y debían ser indultadas por razones de justicia, equidad y Derechos Humanos”.  
 
A más de un año de iniciada la campaña “Libertad para las 17”, (acogida por organizaciones internacionales), 15 de ellas siguen en prisión luego de que una cumpliera su condena de 12 años de cárcel y fuera puesta en libertad, y en enero de este año se otorgara el indulto a Guadalupe.
 
Aunque no han sido notificadas oficialmente, se sabe que la Asamblea Legislativa negó el indulto a las otras 15 mujeres, pero aún se desconocen las razones de la negativa.
 
En tanto, la criminalización no ha cesado y de 2011 a la fecha la organización ha identificado 10 casos más de mujeres procesadas inicialmente por aborto, pero condenadas por delitos más graves, el caso más reciente se dio hace un mes.
 
De ese total, la Agrupación representa legalmente a seis mujeres, además de las 15 que aún están en reclusión.
 
“Nuestra campaña por la libertad de estas mujeres continúa, estamos buscando otras estrategias para demostrar su inocencia y obtener su libertad; tenemos un compromiso con ellas y con sus familias que seguiremos honrando”, refrendó Rivas Monge.  
 
La también abogada sostuvo que a raíz de la campaña se ha presionado al Estado salvadoreño para sostener un diálogo al respecto (incluso Naciones Unidas ha ofrecido ayuda para orientar al gobierno en el proceso), pero no ha accedido a ello.  
 
“No estamos hablando únicamente de aborto, sino de otras garantías a la salud sexual y reproductiva de las mujeres”, dijo. Puso como ejemplo que aproximadamente el 33 por ciento de los partos a nivel nacional corresponden a adolescentes, y aunque no hay cifras exactas, un alto número de esos embarazos fueron producto de violación.  
 
A lo que se suma que el Ministerio de Salud salvadoreño no genera bases de datos y estadísticas sobre interrupciones del embarazo o muertes maternas por abortos inseguros. “Es como si en El Salvador el aborto no existiera, pero sabemos que no es así y que muchas mujeres continúan arriesgando su vida para interrumpir su embarazo”, alertó la feminista.
 
Angélica Rivas llamó a las organizaciones civiles de América a voltear la vista a El Salvador, y evidenciar la necesidad de que el gobierno dialogue con todos los sectores de la población a fin de que se respeten los derechos de todas las mujeres.



Por: Anaiz Zamora Márquez
Cimacnoticias | México, DF.-
  

Comunicado Zainab Hawa Bangura ONU Día Nacional para la Dignidad de las Mujeres Víctimas de Violencia Sexual en el Conflicto Armado Interno en Colombia


Comunicado de la Representante Especial del Secretario General para la Violencia Sexual en Conflictos, Zainab Hawa Bangura, para Conmemorar el Día Nacional para la Dignidad de las Mujeres Víctimas de Violencia Sexual en el Conflicto Armado Interno en Colombia

Escrito por Zainab Hawa Bangura (ONU)

Del 24 al 26 de Mayo de 2015, visité La Habana, Cuba para tratar el tema de la violencia sexual asociada al conflicto, con las delegaciones del Gobierno de Colombia y las FARC-EP en las conversaciones de paz, así como con los garantes de Cuba y de Noruega. Mi visita coincidió con la conmemoración inaugural del 25 de Mayo, que Colombia ha declarado el Día Nacional para la Dignidad de las Mujeres Víctimas de Violencia Sexual en el Conflicto Armado Interno. Con esta ocasión, he instado a las partes a escuchar las voces de las mujeres y a colocar su protección y empoderamiento en el centro de los diálogos.
Mi visita a La Habana sucede en un momento difícil para el proceso de paz. Imploro a las partes a hacer todo lo posible para asegurar que las ganancias que ya se han logrado por los diálogos de paz, no se pierdan, y que cada uno se comprometa a desescalar el conflicto y a crear un calendario que ayude a las partes a finalizar el resto de acuerdos sin demora. Reitero el compromiso del Secretario General y del sistema de las Naciones Unidas en la búsqueda de la paz.
Durante el periodo del cese al fuego unilateral de las Farc se han reducido las confrontaciones armadas, ha habido menos población civil desplazada, y menos vidas perdidas. Estos son dividendos tangibles y significativos de los diálogos de paz. Es mi esperanza que un cese bilateral al fuego pueda ser instaurado para consolidar estas ganancias hacia una paz duradera y asentar las bases para alcanzar unos acuerdos definitivos este año.
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Por invitación de las Farc, sostuve consultas con su delegación ante la mesa de diálogos de paz. Los y las integrantes de la delegación me hablaron del rol de las mujeres en las Farc y delinearon las políticas de tolerancia cero y los procedimientos que tienen establecidos para prevenir y castigar la violencia sexual al interior de sus filas, o si un miembro de las Farc comete estos crímenes contra civiles. La delegación expresó su compromiso para atender este tema como una prioridad en las conversaciones de paz, y su disposición de cooperar con mi mandato.

Tuve la oportunidad de reunirme con el Gobierno, y de sostener un encuentro con la Sub-Comisión de Genero, compuesta por ambas delegaciones ante la mesa de conversaciones, cuyo propósito es asegurar que todos los aspectos de los acuerdos promueven la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres. Este es un mecanismo sin precedentes, y su éxito es crucial para alcanzar una paz duradera y sostenible en Colombia. También puede servir como una inspiración para la resolución de conflictos alrededor del mundo.
Todas las personas alrededor de la mesa están de acuerdo con que es crucial abordar la violencia sexual y otras graves violaciones de los derechos humanos de las mujeres. También están de acuerdo en que la violencia contra las mujeres está enraizada en las desigualdades estructurales de género y en la discriminación. Insto a las partes a construir sobre esta base en común, y a mirar el proceso de paz como una oportunidad histórica para transformar el estatus de las mujeres en la sociedad colombiana a través de cambios estructurales.
Me ha animado saber que las partes han acordado realizar acciones conjuntas en el área de descontaminación del territorio de la presencia de minas y otros artefactos explosivos. La violencia sexual, la violencia basada en género y la discriminación son como ‘minas en la sociedad’, y hago un llamamiento a las partes a trabajar conjuntamente para poner en marcha medidas específicas que atiendan esta amenaza, la cual también tiene graves consecuencias de largo plazo.
Cuando visité Colombia en Marzo, tuve la oportunidad de reunirme con el Gobierno, así como con otros actores, para conocer las importantes medidas legislativas y políticas públicas que se han adoptado, incluyendo el programa de reparaciones para víctimas de violencia sexual y la innovadora legislación, como la Ley 1719 para garantizar el acceso a la justicia para las víctimas de violencia sexual en el conflicto, las cuales he reconocido como inspiración para otras partes del mundo. En mis reuniones con sobrevivientes y organizaciones de mujeres en Bogotá y en Chocó, escuché su mensaje claro y contundente: ‘queremos la paz’, ‘queremos que los crímenes de violencia sexual sean reconocidos por todos’, y ‘debe haber garantías de todas las partes de que esto no volverá a suceder’.
Las Naciones Unidas refirmamos nuestro compromiso de apoyar este esfuerzo histórico para poner fin a 50 años de un conflicto que ha generado un gran sufrimiento a todo el pueblo de Colombia, especialmente a sus mujeres, niños y niñas.

En México 28 mil muertes maternas, 3 mil 473 de niñas; “gobierno provoca la muerte de menores embarazadas”



   


(28 de mayo, 2015. Revolución TRESPUNTOCERO).- En 2012 una niña de 8 años quedó embarazada. El 27 de enero de 2013 fue atendida en un hospital de Jalisco. La madre de la niña acudió a la agencia especializada en agravio de menores de la fiscalía estatal para denunciar el caso, que podría ser catalogado como violación, abuso sexual y corrupción de menores.
De acuerdo con la madre de la niña -una trabajadora de intendencia, con 10 hijos más- supo que su hija estaba embarazada a los 7 meses de gestación, pero en lugar de recurrir a instancias jurídicas, visitó al padre -un adolescente de 16 años-, para pedirle que asumiera su responsabilidad. Según su versión, el chico aceptó que la menor viviera con él, pero ella finalmente se negó. Poco después él se fue del estado y no se conoció su paradero.
De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS), cada año aproximadamente 16 millones de niñas entre 10 y 14 años dan a luz, lo que supone el 11 % de los nacidos en el mundo. En las recientes cifras de esta problemática, dadas a conocer en el Informe “Maternidad en la niñez”, México ocupa el primer lugar a nivel mundial, de embarazos en menores, con una tasa de natalidad de 64.2 por cada 1000 nacimientos.
Según datos del Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA), en el país las hospitalizaciones por causas maternas, las cuales han aumentado, evidencian las elevadas cifras de embarazos infantiles, demostrando que en la última década, en el país hubo 28 mil muertes maternas, entre ellas 3 mil 473 fueron de niñas.
Haciendo énfasis en que el embarazo infantil es el resultado de la falta de interés e inversión por parte de la Secretaria de Salud, en las menores, a quienes se les deja en el abandono sin que exista interés alguno en generar estrategias intersectoriales para garantizarles el derecho a la educación sexual, tan importante como la general.
La periodista y feminista Sara Lovera, afirma que el aumento del embarazo infantil en el país se detectó hace 39 años e inició acciones en 1976, cuando se reformó la Ley de Población, sin que hasta ahora haya verdaderos cambios. Exponiendo que “el gobierno supo apenas en 2001 que nacía medio millón de niñas o niños de madres niñas. Sin embargo, a lo largo de más de 35 años y una veintena de programas, es un problema que no se ha podido contener”.
De acuerdo con el informe de la Estrategia Nacional para la Prevención del Embarazo en Adolescentes (ENPEA), entre 1976 y 2013 se pusieron en marcha 21 programas federales para prevenir el embarazo en niñas sin resultados efectivos. Revela además, que  las cifras se dispararon entre 2000 y 2012, durante los gobiernos de Vicente Fox y Felipe Calderón.
Lo anterior, a decir por Lovera, fue producto de una inclinación por una idea “familista”; ambos gobiernos consideraron que las y los menores no debían decidir sobre su cuerpo, eliminando cualquier información sobre educación sexual y reduciendo drásticamente los presupuestos en ese rubro.
Recientemente el Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres) señaló que los embarazos derivan en su mayoría de un contexto social marcado por la desigualdad, dando a conocer que en México anualmente se registran alrededor de 450 mil nacimientos en madres menores de edad.
Dentro de las recomendaciones del UNFPA, se encuentra la necesidad de que las menores sean reconocidas como sujetos de derecho y no como objeto de políticas, promoviendo su participación en los distintos niveles de diseño y evaluación de los programas y servicios para afrontar el embarazo infantil.
Sin dejar de mencionar la tolerancia cero a la violencia sexual en niñas y adolescentes, incluyendo la erradicación del matrimonio infantil, que aunque no es generalizado en todo el país, sí existen regiones donde se aplica.
El doctor en Ciencias, Salvador Buendía afirma: “las cifras evidencian la necesidad urgente de implantar políticas públicas con sentido humano, eficaces que trabajen en garantizar y proteger el pleno acceso de la población, especialmente a las menores, a sus derechos sexuales y reproductivos. Recientemente Peña Nieto ha dado a conocer su estrategia de prevención del embarazo en menores, que tiene como puntos clave la educación, salud, perspectiva de género y derechos humanos, pero nunca menciona el tema de la pobreza y pobreza extrema, los factores de hacinamiento y los peligros del incesto en familias disfuncionales. Su propuesta parece haber salido de una enciclopedia, sin análisis a fondo de mecanismos de salud que se adapten al tipo de país y principalmente se relacionen con los factores que provocan el embarazo en niñas, en su mayoría de clase baja”.
A su vez, explicó que la estrategia presentada por el gobierno federal para la prevención de dicha problemática, contempla el aborto legal y los anticonceptivos de emergencia como medidas para evitar que los menores tengan hijos a su corta edad y pongan en riesgo su salud, futuro y bienestar, lo cual constituye una absoluta irresponsabilidad de parte de un gobierno que “de vez en cuando voltea a ver qué política pública puede desviar la atención de otras problemáticas y al mismo tiempo que le ayuden a suavizar su tosca y desgastada imagen presidencial”.
Explicando que, “el aborto y los anticonceptivos de emergencia en niñas que son acosadas frecuentemente, o adolescentes presionadas, para mantener relaciones sexuales, es una equivocación grave. Ya que estamos hablando de personas en un proceso de crecimiento físico y psicológico, se necesita una educación sexual que prevenga, pero también jurídica, que enseñé qué derechos tiene la niña en caso de estar siendo hostigada, que sienta seguridad y reconozca lo que no es correcto ni benéfico para su persona, no métodos que por su corta edad y proceso de desarrollo las perjudiquen de forma permanente, proyectos como ese son una confirmación más de la ineptitud del gobierno y sus secretarios de estado, en este caso los de la Secretaría de Salud”.
La psicóloga Estefanía Salva asegura: “en México, la falta de políticas públicas dirigidas a las personas y no a la captura de simpatía y votos; la inexistente preocupación gubernamental por la salud sexual y reproductiva hacia las mujeres, especialmente las menores, se encuentra con frecuencia relacionado con embarazos infantiles. Esta nula educación sexual, basada en derechos, condiciona de forma brutal la vida y el futuro de estas chicas y por lo tanto el futuro de la sociedad mexicana, porque los embarazos en niñas da como resultado un estancamiento educativo, así como mayor exclusión y pobreza, situaciones que nunca han sido atendidas por los responsables políticos. Porque la implementación de proyectos educativos sexuales deben servir para padres y madres, hijos, y maestros”.
Y argumenta: “además de los problema de salud física que conlleva un embarazo a temprana edad, la mayoría de las menores padecen burlas y provocaciones de los niños o adolescentes, dando como resultado depresión, que podría derivar en una enfermedad psicológica más acentuada. El embarazo en niñas siempre mantendrá un grado de estigmatización, lo que convierte a la paciente en objeto de comentarios despectivos y de burlas groseras, todo esto también es provocado por la falta de patrones culturales que insten al respeto y aprendizaje sobre el tratamiento de estos casos, que constituyen una de las problemáticas más graves del país, y también de las más minimizadas“.
Salva explica que otro problema que ha provocado la desatención por parte del gobierno y la Secretaria de Salud, es el incremento de la discriminación y el aislamiento social, situaciones que ya son comunes entre las niñas que se embarazan, quienes mantienen una extrema distancia de los sitios públicos y de sus amistades, porque un elevado número de personas (de diversas edades), no quieren ser vistos con alguien que rompe con las expectativas sociales, siendo aún más difícil enfrentar a la sociedad en general.
Buendía puntualiza: “el gobierno federal y estatales forman el contubernio, que en muchas ocasiones provocan la muerte de menores embarazadas, ya que en estados como Morelos, Querétaro, San Luis Potosí, Sonora, Aguascalientes, Guanajuato y Yucatán, Chiapas, se resisten a la incorporación de programas de salud sexual y jurídica preventiva”.

Mujeres migrantes, víctimas del plan antitrata

Chiapas y la ONU lanzaron en 2009 el programa “Corazón Azul contra la Trata de Personas”, con la promesa de erradicar ese delito. Pero entrevistas con detenidas y especialistas y revisión de expedientes, dejan dudas de su efectividad: las acusadas son mujeres migrantes indocumentadas, detenidas en forma irregular y sin posibilidad de defenderse.




En el patio del penal femenil de Tapachula, Chiapas, hay un grupo de mujeres sentadas bajo un techo de lámina, el único escudo contra el inclemente sol. Las convoca un ministro de culto que reza, pero sus raíces centroamericanas y los motivos de su encierro, también las reúnen.
Ellas, originarias de Guatemala, Honduras y El Salvador, están acusadas del delito de trata de personas. Algunas fueron condenadas a 23 años de prisión, otras llevan más de un año detenidas y no han recibido sentencia.
Sólo en esta prisión, ubicada en la frontera sur de México, permanecen 20 mujeres detenidas acusadas de explotar sexualmente a sus compañeras.
Otras tres que permanecieron encerradas durante cuatro años obtuvieron su libertad mediante un método extremo: por varios días permanecieron en huelga de hambre para presionar por la revisión de su caso.
El 26 de mayo Karen Vallecillo, Deyra Elizabeth y Santa María Rosales abandonaron la prisión. Su caso, señalan organizaciones civiles, “demuestra la violación sistemática al debido proceso”, y evidencia el fracaso del sistema penitenciario mexicano “que por un lado priva de la libertad a personas inocentes y, por el otro, deja impunes a los verdaderos operantes de las redes de trata”.
Algo que se refuerza con los testimonios de nueve mujeres presas, entre ellas las recién liberadas, otra más que antes abandonó la cárcel, la revisión de sus expedientes y la experiencia de defensores de derechos humanos.
En el fondo lo que prevalece son patrones que dejan dudas sobre la efectividad del programa “Corazón Azul contra la Trata de Personas” que en el año 2009 lanzó el gobierno de la entidad en colaboración con la ONU.
Primero, una de cada dos personas detenidas y acusadas de trata son mujeres y, al menos, una tercera parte, son mujeres migrantes sin documentos y sin acceso a defensa consular; segundo, en casi todos los casos se trata de acusaciones que el ministerio público fincó a partir de testigos o víctimas, también migrantes, que no ratificaron su dicho o lo modificaron, incluso señalaron haber sido presionadas para testificar en contra de la detenida.
Diego Lorente, director del Centro de Derechos Humanos Fray Matías, considera que la Procuraduría General de Justicia de Chiapas no ha presentado resultados que confirmen el combate al crimen organizado y a la corrupción dentro de las instituciones que permite el crimen de explotación sexual.
Por el contrario, acusa, se criminaliza a las mujeres migrantes.
“Su interés es sólo dar cifras. Se les hace más fácil criminalizar a las mujeres, a las más vulnerables. Ponen a las migrantes como delincuentes, como un peligro social. Y cuando el trabajo de ellas es el servicio sexual sin coacción, al criminalizarlas lo que hacen es empujarlas a que su trabajo lo hagan de manera clandestina”.                                                                                                   

Deyra: Obligaron a sus compañeras a acusarla

Las hondureñas Deyra Elizabeth Santos y Karen Julisa Vallecillo Castro fueron las primeras mujeres migrantes detenidas en Chiapas y acusadas de traficar sexualmente con personas.
Deyra, presa desde 2011, fue condenada a 23 años y Karen, en la cárcel desde el 2010, a 29 años. La historia de Deyra se hizo pública cuando la Procuraduría de Chiapas la exhibió ante los medios de comunicación como un “logro” en el combate a ese delito.
Así, según organizaciones defensoras de migrantes, la dependencia inició con una estrategia para aprehender y acusar al mayor número posible de mujeres migrantes que trabajan en bares o cantinas a donde llegan los sectores populares de la sociedad.
En el expediente 154/2011 la primera declaración de Nancy Carolina Núñez Palma y su hermana Osiris, quienes trabajaban con Deyra en el bar “Paso del Norte” de Frontera Comalapa, fue para acusarla por explotarlas. En la segunda, Nancy y Osiris se desistieron y acusaron haber sido obligadas para inculparla.
En entrevista telefónica, Osiris explica cómo fueron obligadas a acusar a su compañera de trabajo:
“Nosotras teníamos sólo 12 días trabajando en el mismo bar que Deyra, pero cuando nos detienen, nos golpean y nos amenazaron con deportarnos y quitarnos a mi sobrina. Nosotras no vamos a dejar sola a Deyra porque sabemos que es una injusticia que esté en prisión”.
En el caso de Karen Julisa, el expediente 1114/2010 de Motozintla, señala que fue detenida en el bar “el Titanic” de Frontera Comalapa, junto a Katia Elizabeth Hernández y Griselda Judith Vásquez Rodríguez, todas originarias de Honduras.
En una primera declaración Katia y Griselda aparecen como víctimas de trata y Karen su victimaria. En las siguientes declaraciones las dos presuntas víctimas se desistieron y deslindaron de toda responsabilidad a Karen, sostuvieron que trabajaban por libre elección y dentro del bar su labor se limitaba a servir mesas y acompañar a los clientes a beber.
A pesar de que Katia declaró a favor de Karen, la sentenciaron a 29 años de prisión.
“A nosotras nos acusan sólo por ser extranjeras, porque a los verdaderos tratantes, a los dueños de los bares, no les hacen nada y cuando alguno llega a caer, paga porque lo liberen. Con el tiempo también hemos visto que esto que empezó con el que fue gobernador antes (Juan Sabines Guerrero), se hizo más fuerte y ahora les pagan hasta 30 mil pesos a los policías que detienen a una de nosotras y logran que otras la acusen de trata”, acusa Karen.
Deyra sostiene que algunos policías y ministerios públicos les han dicho a las detenidas que reciben “una compensación de un fondo” por detener a migrantes en bares y cantinas. “Lo siento chaparrita vas a ver que con el tiempo vas a salir de prisión”, son las palabras que ellas mencionan.
Deyra y Karen apelaron tres veces su sentencia, sin éxito. El 18 de mayo, junto con Santa María Rosales iniciaron una huelga de hambre que consiguió lo que cientos de hojas de expedientes burocráticos no pudieron: que los jueces se dieran cuenta de su inocencia.

Migrantes indocumentadas, las más vulnerables

La Oficina de las Naciones Unidas Contra la Droga y el Delito (UNODC) y la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) ubican a Chiapas como un “polo de atracción” para la trata de personas con fines de explotación sexual, por las condiciones de vulnerabilidad en las que se encuentran las mujeres sin documentos, lejos de casa, sin conocer sus derechos o sin posibilidad de exigirlos, pues la misma exigencia las pone en la mira de las autoridades. Además por la xenofobia y discriminación social que naturaliza el hecho y se vuelve cómplice de autoridades.
Por la clandestinidad del delito, se desconoce el número de víctimas de trata, pero se calcula que por cada víctima identificada hay 20 ocultas. En todo caso la mayoría de las víctimas son extranjeras que provienen del triángulo norte centroamericano: Guatemala, Honduras y El Salvador y el delito se diluye en el trabajo sexual voluntario.
En el “Diagnóstico Nacional sobre la Situación de Trata de Personas en México 2014” la UNODC también reconoce que además de la falta de capacitación especializada de las personas que aplican las leyes contra la trata –Ministerios Públicos, jueces y policías investigadores- no se han desarrollado todavía las herramientas para la persecución y sanción del delito, y la protección y atención a las víctimas, sus familiares y los testigos.

Santa: su familia, sus “víctimas”

Santa María Rosales, alta, muy delgada, cabello largo, ondulado, 35 años, hondureña. Cuando tenía 23 años cruzó la frontera de México, desde hace 6 radica en Huixtla
De acuerdo con su relato, el 19 de junio de 2013 policías armados y encapuchados tocaron a su puerta. Una denuncia “anónima” los llevó a su casa. Ella estaba con su hermano menor Luis y su prima Berty Larissa, quienes acababan de cruzar a México para llegar a Estados Unidos.
No hubo orden de aprensión, acusa Santa. Los policías entraron, golpearon y se llevaron a todos. A su hermano y a su prima los deportaron casi de inmediato.
En el expediente 134/2013 del Juzgado de Huixtla dice que Santa María se dedicaba a la trata de personas, y que fue detenida con dos de sus víctimas. También, que dos mujeres declararon en su contra.
Santa afirma que logró investigar y supo que se trataba de dos chicas a quienes tuvieron encerradas en un “albergue para víctimas”, quienes habrían huido de ahí porque las violaron. Por eso nunca comparecieron en las audiencias, reconoce la Procuraduría de Chiapas.
Santa fue sentenciada a 6 años de prisión por el delito de trata de personas. Su prima Berty fue deportada a Honduras, de donde regresó en una ocasión para declarar a favor de Santa y explicar el motivo por el que se encontraba en su casa. Su hermano Luis también declaró a favor de ella antes de continuar su viaje a Estados Unidos.
Hoy la hondureña, más delgada que hace unas semanas por la huelga de hambre, está libre.

El respaldo de la ONU

Deyra, Karen y Santa no lo saben pero en 2009 el entonces gobernador Juan Sabines Guerrero hizo un acuerdo con la ONU para apoyar los objetivos del Programa “Corazón Azul contra la Trata de Personas”.
Promulgó la Ley para combatir, prevenir y sancionar la trata de personas en el estado de Chiapas. Cuatro años después el gobierno chiapaneco la reformó para crear el llamado “Fondo para la protección y asistencia a las víctimas de los delitos de trata de personas del estado de Chiapas”, al que organismos internacionales, de la sociedad civil y del propio gobierno, depositan recursos cuyo manejo es libre, discrecional y no está sujeto a ninguna fiscalización.
En el 2013, el acuerdo fue ampliado por el procurador Raciel López y el representante de la ONUDC, Antonio Luigi Mazittelli. Según el diplomático el actual mandatario, el polémico Manuel Velasco, ha permitido obtener “buenos resultados”.

Guadalupe, sin traductor, ni abogado ni apoyo consular

Guadalupe Pérez tiene 50 años de edad, es una mujer indígena originaria de la Aldea San Pedro Tacana, San Marcos, Guatemala. En su expediente penal, el 18/2014 del Juzgado Mixto de Motozintla, se dice que fue detenida en enero de 2014 en Frontera Comalapa. Está acusada de explotar sexualmente a un grupo de mujeres.
Ella lo niega. Guadalupe relata que trabajaba afuera de un bar, una construcción de lámina y bajareque. Por 80 pesos diarios su trabajo consistía en invitar a los transeúntes a entrar y consumir cerveza.
El día de su detención, recuerda, llegó un convoy de policías federales y estatales. Llevaban los rostros cubiertos, portaban armas largas. Ella asegura que la detuvieron con otras mujeres, que las llevaron a unas oficinas, las maltrataron y las obligaron a firmar declaraciones cuyo contenido nunca supieron.
Guadalupe, señala, por ser analfabeta imprimió su firma. Con el tiempo supo que la acusaban de prostituir a sus compañeras de la cantina. Trata de personas con fines de explotación sexual, señala su expediente. No tuvo asistencia consular, tampoco traductor pues su español es muy elemental. Guadalupe dice desconocer a su abogado, y no entender lo que se dice en las pocas audiencias que ha tenido.

Persiguen a las más vulnerables

De acuerdo al informe “Campaña Corazón Azul Contra la Trata de Personas”, de la PGJ de Chiapas, en el periodo 2010-2014 se ha detenido a 286 personas acusadas de este delito, 123 de ellas son mujeres (el 43 por ciento), 37 de las detenidas son migrantes centroamericanas actualmente recluidas en los penales de San Cristóbal de las Casas, Cintalapa, Comitán y Tapachula.
Un análisis realizado por Luis Villagrán, del Centro de Dignificación Humana, encontró que el 90 por ciento de las mujeres fueron detenidas en operativos que se concentran en locales de bajo presupuesto, donde trabajan las mujeres más vulnerables, las que no tienen estancia legal en el país. La mayoría de las veces trabajan como encargadas de atender, meserear o lavar trastes.
Villagrán señala que se debe investigar desde la raíz, los dueños de los negocios. Para abrir un bar, cantina o centro de bebidas alcohólicas los ayuntamientos expiden los permisos. Villagrán acusa que las compañías cerveceras acaparan los permisos para, posteriormente, rentar a particulares. Este es el caso de la mayoría de bares y cantinas en la zona. También acusó la falta de revisión de bares de mayor plusvalía que actúan en impunidad.
“En Tapachula este sector de bares de alta categoría formó un Sindicato y actúan en la impunidad. La Procuraduría no se mete con ellos, con los giros negros o rojos”.

Lilian, acusada por su sobrina

Lilian Elizabeth Aguilar tiene 46 años de edad. Originaria de Guatemala, señala que vendía comida en la garita aduanal de Tecún Uman, frontera con Ciudad Hidalgo, Chiapas.
En agosto de 2010, recuerda, su sobrina Paola, de 17 años de edad, fue a comprar insumos para la comida y no regresó. Paola era como su hija, pues desde su nacimiento ella la cuidó.
“Fui a las autoridades y pedí que la buscaran, me dijeron que me iban a llamar si la encontraban. A los pocos días me dijeron que la habían encontrado y que estaba golpeada, que fuera a buscarla. Fui y entonces me dijeron que yo la había vendido. Ella solo lloraba”.
Lilian fue encarcelada y después Paola la visitó. Según relata Lilian, su sobrina le contó que se había ido con su novio y cuando la encontraron la obligaron a firmar un papel. Después supo que era para acusarla.
“Ella viene a verme (al penal) y me dice: ‘mamita, perdóname, yo ya les dije lo que pasó pero no quieren agarrar mi declaración’”.
Lilian fue condenada a 13 años y 6 meses de prisión por el delito de trata de personas. Osman Otoniel López, su esposo desde hace 24 años, la visita cada dos semanas. Él trabaja como jornalero agrícola para mantener a sus tres hijos y para llevarle algo de dinero a ella.

Consulados: “violan los derechos”

Las mujeres detenidas acusan el abandono de sus consulados. Los consulados, reprochan al gobierno mexicano el no permitirles la defensa.
Héctor Sipac, cónsul de Guatemala en Tapachula, refirió que la Fiscalía Especializada Contra la Trata de Personas actúa con negligencia y dolo contra sus compatriotas.
La Fiscalía, acusa el cónsul, no les notifica cuando hay guatemaltecas detenidas, violando así la Convención de Viena; además de que las han obligado a firmar documentos en blanco o declaraciones que no les permiten leer.
“Tenemos casos muy documentados donde guatemaltecas están detenidas acusadas de trata y donde tras varios años de cárcel ni siquiera han recibido una sentencia porque las presuntas víctimas ya no aparecen. En otros casos quienes son presentadas como víctimas terminan declarando a favor de las detenidas, pero sus testimonios no son tomados en cuenta”, refiere.
La cónsul de Nicaragua en Tapachula, Namibia Fuentes González, también denuncia irregularidades en el actuar de la Fiscalía, pues se les niega atención consular a sus connacionales acusadas del delito.
En abril, durante un operativo en el bar El Trópico, en Arriaga, se detuvo a una nicaragüense que no fue remitida a las autoridades. Para tratar de ubicarla, la cónsul acudió a la Fiscalía para la Atención a Migrantes de la PGJ de Chiapas, donde se le dijo que habría sido deportada sin que se le notificara al Consulado.
La diplomática nicaragüense dijo que no se está aplicando la Convención de Viena ni el Protocolo de Palermo para atender a las migrantes de su país que son detenidas en operativos contra la trata de personas.
Marco Tulio Buesco Guerra, cónsul de Honduras en Tapachula, sostiene que el mayor número de mujeres migrantes detenidas por el delito de trata pertenecen a su país.
“Hay pruebas de que en la mayoría de los casos han violado los derechos de nuestras connacionales. Es una situación que ha ido en crecimiento de manera alarmante, por ello ya realizamos un informe a la Secretaría de Justicia y Derechos Humanos de Honduras, y esperamos que en breve se haga llegar al gobierno mexicano una nota diplomática pidiendo se revisen los casos de las ya detenidas, y se respeten los protocolos internacionales”.

Operativos “armados”

La organización Brigada Callejera “Elisa Martínez” labora con trabajadoras sexuales y meseras de bares y cantinas, para hacerles conocer sus derechos.
La fundadora Elvira Madrid dice que a las mujeres migrantes detenidas les fabrican expedientes irregulares donde a unas las ponen como víctimas y a otras como victimarias. En octubre del 2014 atestiguó un operativo en el bar Dragón Chino, a donde habían acudido para darle una plática a las mujeres.
En 30 minutos, recuerda, policías encapuchados y armados, acompañados de un ministerio público, montaron el operativo. Hicieron pasar a una joven como menor de edad; a otra que tenía una bebé la hicieron firmar una declaración donde decía que era víctima de trata, la amenazaron con que si no firmaba la acusación iba a ir a la cárcel y le quitarían a su hija.
La experiencia que tiene Brigada Callejera con el trabajo en la frontera sur, le permite al equipo asegurar que las acciones que se han emprendido en Chiapas contra la trata, dejan sin tocar a los grupos de la delincuencia organizada. “Hay lugares donde tienen a las mujeres obligadas, donde hay armas, donde hay droga. A esos no los tocan, con ellos no se meten”, señala Elvira Madrid.
Nora Suyapa Rodríguez, representante de la Comunidad de Centroamericanos en Chiapas, explica que sus paisanas encuentran en el trabajo en bares y cantinas, o en el servicio sexual, una opción de vida para obtener recursos suficientes que les permiten subsistir y enviar remesas a sus países de origen, pues el trabajo en tiendas o casas –la otra opción que tienen- se paga en 60 u 80 pesos por jornadas de 12 horas.
Una alternativa de alto riesgo, dice Nora. “Cuando entran al país el primer trabajo que les ofrecen es el de los bares y las cantinas. La necesidad las va orillando a los bares, a las cantinas, a los table dance, a exponer su vida, a ser explotadas y maltratadas; y ahora, hasta a ser encarceladas”.
Este trabajo forma parte del proyecto En el Camino, realizado por la Red de Periodistas de a Pie con el apoyo de Open Society Foundations. Conoce más del proyecto aquí: enelcamino.periodistasdeapie.org.mx. 

Lo que las periodistas callan

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 Aurora Díaz Obregón

Madrid, 28 mayo. 15, AmecoPress/ Pikara. Varias periodistas de medios españoles narran episodios de acoso sexual y comportamientos machistas que han vivido por parte de compañeros de redacción y de fuentes masculinas. Al igual que las 40 periodistas francesas que publicaron un manifiesto desenmascarando comportamientos sexistas de políticos, reclaman a las empresas de comunicación protocolos que permitan denunciar estas situaciones sin miedo y con apoyo.
Ocurrió cuando Noemí López Trujillo –redactora en el suplemento Gonzoo de 20minutos– era becaria en la sección local del diario ABC. La periodista tenía que cubrir las pruebas de Selectividad en la Universidad Complutense de Madrid. Allí se encontró con un enjambre de periodistas curtidos. Ella parecía inexperta, así que un periodista de la cadena de radio Onda Cero le ofreció su ayuda; le dijo que podía utilizar como recurso las declaraciones que él había grabado. Entraron a una pequeña sala de ordenadores de la Facultad de Odontología e intercambiaron los contenidos que habían recopilado. Estaban solos. Ella le dio las gracias. Él le pidió el número de móvil. Le llamó guapa, maja. Le pidió un abrazo a modo de agradecimiento. Ella se lo dio.
— Empezó a babosearme el cuello con mucha fuerza, cogiéndome de la cabeza. Me sentí agredida y utilizada.
La primera reacción de Noemí López Trujillo fue echar a correr y llorar. Luego se lo contó a uno de sus jefes, quien le dijo al periodista de Onda Cero que no se volviera a acercar a ella. Pero la joven siguió temiendo encontrárselo en cualquier rueda de prensa.
Una compañera de redacción me preguntó qué me había pasado y yo le conté la historia. Y ella me respondió: “Yo fui una vez con él a cubrir un evento a una iglesia, estábamos allí y me besó en la boca”. Ella también era becaria cuando sucedió.
El periodista, casado y con hijos, sigue en el mismo puesto de trabajo.
López Trujillo no es la única periodista que ha enfrentado una situación de acoso dentro y fuera de las redacciones, por parte de compañeros de trabajo o jefes. Hay datos sobre la presencia de las mujeres en las redacciones periodísticas, pero no se suele investigar sobre cómo a las periodistas les afectan las situaciones de sexismo y de acoso machista.
Deportes, un asunto de hombres
“No sabes lo que es una pelota, ¡andá a lavar los platos!”, dijo El Loco Gatti –exfutbolista– a la periodista Carme Barceló, el 22 de marzo del 2015 en el programa de televisión ‘El Chiringuito de Neox’.
En las secciones de Deportes abundan las mujeres que se han sentido desacreditadas por sus compañeros de profesión. A Sofía Domínguez –nombre ficticio porque desea mantener su anonimato– le ocurrió hace tres años. Era nueva en la sección, la única mujer trabajando con siete hombres. Era joven; 23 años. Compartía escritorio con un periodista. Él trabajaba durante la semana. Ella los fines de semana. Casi nunca coincidían. La tercera semana, el compañero asistió a la redacción para ayudarla con un artículo. Él entró por la puerta con altitud altiva. Golpeó la mesa exaltado y puso sus cosas encima: “Que sea la última vez que te sientas en mi sitio”, le gritó.
Este periodista, junto con el resto de compañeros de redacción, adoptaron una actitud negativa hacia la periodista. No valoraban su trabajo. Comenzaron a comentar errores de sus artículos, mediante chismorreos y hasta por Twitter. Domínguez cree que todo esto se produjo por una razón: ser mujer. Pese a ser una entendida en deportes, le hacían creer que esos contenidos eran temas de hombres.
Le contó la situación a un superior: “Él me dijo: ‘¿Qué? ¡Pero es un chico muy majo!’. Y ahí se quedó la cosa. Eran coleguillas”. Dejó la sección y pasó a la de Actualidad, donde no ha tenido problemas.
La primera vez que fue capaz de contárselo a alguien cercano, fue después de año y medio. Una amiga le aconsejó acudir a Recursos Humanos, pero en ese momento ella se decía que la situación no era tan grave, que no era necesario meterse en líos, que tal vez fueran cosas suyas.
“En esta redacción no hay feas”
Estar cubriendo un evento y que te suban la falda, que te toquen las nalgas, que te quiten el micrófono por la calle, que el jefe te exija pintarte más, “que estás ahí por tu físico”. Aguantar comentarios después de un directo como “Vaya escotazo, no podíamos concentrarnos en lo que decías”. Anna Fantova –nombre ficticio– tiene claro que a las periodistas que, como ella, trabajan como reporteras de televisión, se les falta el respeto y se las exige un mejor aspecto físico que a sus compañeros varones. “En mi redacción no hay ninguna mujer fea ni gorda”, asegura.
Cuenta que una vez, tomando café en la redacción, un compañero reincorporado al trabajo después de dos meses de baja, se dirigió a ella y le preguntó: “¿Y tú qué? Sigues tan zorrita como siempre?”. Ella no supo qué decir: “En la redacción se sabía que yo lo había dejado con mi expareja. El jefe estaba delante y no dijo nada”.
Cuando entró a trabajar en otra redacción de televisión, plantó cara al acoso por parte de un compañero de trabajo. La primera vez, ella se acercó a la fotocopiadora y preguntó en voz alta cómo se metía el papel. El periodista se levantó, se acercó a ella y le espetó: “Otra que se ha acostado con alguien para trabajar aquí”. En ese momento tampoco supo reaccionar.
Al día siguiente, Anna acudió al jefe de redacción para proponerle un tema. El mismo compañero, que ya estaba hablando con el jefe, la miró de forma obscena, como haciéndole una radiografía, y le dijo: “Oye, con ese escote no se puede venir a trabajar”. Ella le contestó: “No mires, me pongo lo que me da la gana”.
En otra ocasión, ella estaba sentada en su sitio, y el periodista se aproximó a ella para masajearle los hombros:
— ¿Qué estás haciendo? —reaccionó, molesta.
 — Qué sosas sois en el norte —replicó él, que era del sur.
La reportera ha sentido a menudo que en su trabajo se valora menos a las mujeres jóvenes. Por ejemplo cuando, en una conexión como enviada especial a un país asiático, le dijo a su cámara que prefería otro plano. Él le contestó: “Tú a mí no vas a decirme lo que tengo que hacer, niñata, porque yo he estado en muchas guerras”. Ocurre también con los entrevistados: “Te llaman ‘niña’, no te toman en serio, no te respetan como periodista”, añade.
Lucía Martínez Odriozola, profesora de Periodismo en la Universidad del País Vasco (UPV) y expresidenta de la Asociación Vasca de Periodistas, describe las dos caras que suele mostrar el hombre periodista, ya sea jefe o compañero. Una cara amable, en la que prima la protección hacia la periodista: “Tú no puedes ir a la guerra, que no hay váteres para ti; tú no puedes cubrir tal manifestación, esto es lo mejor para ti”, enumera. Y la cara hosca, llena de desprecio: “Da igual que tengas el gran notición. Si eres una mujer, te hacen dudar de tus cualidades como periodista”.
Fuentes que se toman confianzas
“¿Tienes un gato? Anda, yo también. Quiero conocerte, a ti y a tu gato”. Una periodista de prensa escrita –también quiere mantener su anonimato– cuenta cómo un hombre con el que contactó por Twitter y después por Whatsapp para pedirle una entrevista insistió en que deberían verse. Ella vivía en otra ciudad y la entrevista no podía ser cara a cara. Él dijo que una buena periodista tiene que desplazarse a hacer la entrevista en persona, que el periodista tiene que ir allí, donde ocurren los hechos.
No es la única que relata cómo fuentes expertas masculinas se toman confianzas indebidas con las periodistas. La directora de Pikara Magazine, June Fernández, llamó a un profesor universitario de Criminología para que le recomendara fuentes para un reportaje sobre las mujeres en las tramas de corrupción. El experto le dijo que le mandaría contactos por email. La escribió, pero no sin antes teclear su nombre en Google y leer artículos de su blog, incluido uno titulado ‘Puteras’, en el que la periodista hablaba, entre otras cosas, sobre las mujeres que contratan masajes tántricos, en los que es habitual eyacular. Al final del email, el académico incluyó una posdata: “Supongo que te parecerá muy machista (…); si fuera necesario, yo daría el masaje ese para puteras sin complejos. Prometería esforzarme para conseguir el efecto que se describe”.
Fernández se sintió impotente, asqueada. Pero le contestó: “Esa posdata me parece fuera de lugar teniendo en cuenta que no nos conocemos y que estamos hablando de temas profesionales. Y me ha incomodado”. Él le replicó: “Te ruego que me disculpes y lo olvides por favor. Era solo una broma pero entiendo que no he estado muy acertado”. Fernández reconoce que no es sencillo denunciar estas situaciones, pero anima a hacerlo: “Por muy feminista que seas, sientes miedo, pero los machistas se lo pensarían dos veces si empezáramos a hacer públicos esos comentarios”.
El poder político
Hace unas semanas, 40 periodistas francesas, profesionales de los medios más prestigiosos del país, publicaron en el diario francés Liberatiòn el manifiesto ‘Nosotras periodistas políticas, y víctimas de sexismo‘. Relataron escenas como la del senador que se lamentó de que las periodistas lleven jersey de cuello alto en lugar de escote o el candidato electoral que, en plena rueda de prensa, contestó la pregunta a una periodista diciendo que llevaba un vestido muy bonito. Ellas aseguran que sería necesario que las periodistas denunciasen estas situaciones con nombres, apellidos, caras, números. Pero son conscientes de que esto podría exponerlas a despidos y más discriminaciones.
June Fernández también se ha topado con faltas de respeto por parte de políticos. El pasado diciembre, le tocó ir sentada frente al expresidente de una república centroamericana en un vuelo de regreso de un congreso en el que ambos estaban invitados. “Fueron unas horas tortuosas, hasta me hice la dormida para que dejase de hablar”, confiesa. El político intercalaba loas a su partido y disertaciones filosóficas “sobre los secretos de la vida” con preguntas inconexas sobre el trabajo y la vida personal de la periodista. La parte más indecente fue la de los ‘piropos’:
— Que si soy bella, que si está enamorado de mis ojos, que si yo hiciera carrera política, llegaría a presidenta: “Yo te apoyo. Imagínate: Bachelet, Cristina Fernández, Dilma Roussef y June”. Y que me invitaba a su país a hacer reportajes: “Pero yo ahí sería otro hombre, delante de mi esposa, ya sabes”, me advirtió.
Cuando ella se puso seria y le dijo que las jóvenes periodistas están hartas de que los hombres con poder las traten así, el político replicó, burlón: “Lo hago para hacerte rabiar porque sé que te molesta”.
Perspectiva de género: la asignatura pendiente
Para sacar estas situaciones de debajo de las alfombras de las redacción, para poder identificarlas y ponerlas encima de la mesa, es importante empezar por el principio, por las facultades de Periodismo. La redactora de eldiario.es y coordinadora del blog Micromachismos, Ana Requena Aguilar, afirma que a la carrera de Periodismo le falta una asignatura: perspectiva de género. “Debería ser obligatoria o al menos que forme parte del temario de una asignatura”, opina. Una periodista debería conocer las dificultades a las que se expondrá en el mundo laboral. Salarios más bajos. Comentarios sexistas. Que en vez de Pilar, te llamen Pili, porque sí. O rubia. O morena. La periodista Diana Rivero, investigadora también en la UPV, ha sido testigo de trabajadores de las redacciones que hacían rankings para ver qué becaria es más guapa. “Hay que acercar al alumnado a la realidad en la que vivimos”, dice. También se debería enseñar que hubo mujeres excluidas de la historia del periodismo: “¿Quién habla en las facultades de Carmen de Burgos o de Concepción Arenal?”, ilustra.
Lucía Martínez Odriozola señala que las redacciones deberían instaurar unos protocolos en los que se diga qué es acoso, qué grados hay. Y después establecer unas garantías que protejan a la periodista, no solo en las situaciones más graves y de peligro extremo. Rivero está de acuerdo: “Debería existir una ley específica que promueva la igualdad en la comunicación y aplicar lo que ya contemplan las leyes de igualdad; porque leyes hay, pero es como el que se salta un semáforo y no le multan. Debería existir un órgano que corrigiese estos problemas. O un observatorio interno de los medios de comunicación donde se publiquen datos reales”, opina.
Ascensos poco objetivos
La tesis doctoral de Rivero, La situación profesional de las periodistas en los principales medios de comunicación del País Vasco, aporta datos sobre la desigualdad de género en la profesión. El 93,4% de los cargos directivos y el 70,4% de los puestos intermedios de los medios de comunicación vascos están copados por hombres, a pesar de que el 67% de las personas licenciadas en Periodismo en la Universidad del País Vasco entre 1999 y 2004 fueron mujeres. De estas, solo el 36,5% ha trabajo en una redacción. Para su estudio reunió en grupos de discusión a personas de diferentes medios del País Vasco. Una de las principales conclusiones fue que la maternidad es el principal obstáculo de las periodistas para prosperar en los medios de comunicación: “Las mujeres tienen que dedicar más horas a sus hijos”.
Martínez Odriozola, por su parte, echa en falta combatir los sistemas informales de ascenso: “Salvo en algunos medios que sí practican la transparencia, normalmente no está claro cuáles son los méritos para decidir un aumento o una promoción”. Una de las claves es que las profesionales suelen estar “más aisladas” en las redacciones: “Ellos son los acompañantes, los colegas de paddle y compañeros de copas del jefe”.
Fotos: archivo AmecoPress, cedidas por PikaraMagazine, realizada por Emma Gascó 

5/29/2015

50 mil niños huérfanos por la guerra en México; se suicidan o se vuelven delincuentes: periodista palestino


 

México vive una hemorragia; en el norte tiene su propio Medio Oriente: periodista palestino
(28 de mayo, 2015).- Miguel tiene 7 años de edad, constantemente sueña con sangre. Afirma que es la sangre de su padre y sus dos hermanos que fueron ejecutados frente a él y su madre.
Ellos, su madre, padre y hermano, transitaban una de las carreteras de Chihuahua. Un comando armado los detuvo y bajó de su camioneta, hicieron que se formaran en una fila y así de pronto le dispararon al hermano y al padre de Miguel. El grupo de hombres armados aventó los cadáveres al monte. A él y a su mamá los dejaron en un entronque. Miguel sueña con sangre, no hay más sueños que ese.
“A sus 8 años, Jaime, originario de Torreón, Coahuila, le ha expresado a su abuela que espera “crecer para matar” a los asesinos de sus padres. Tan sólo en esa ciudad, suman poco más de 150 niños que han perdido a uno o a sus dos padres por la violencia de los últimos años”, afirma Ramiro Ornelas, psicólogo e integrante de la asociación civil Grupo Vida.
Asegurando que, “con frecuencia los familiares se ven en la necesidad de esconder qué fue lo que pasó con su ser querido, para no enfrentarse al escrutinio y condena social, a la que con frecuencia afecta en mayor medida a los menores de edad, principalmente en el ambiente escolar, donde predomina la discriminación, esto debido a que las instituciones gubernamentales se muestran incapaces de tomar medidas, al no estar preparadas para atender los efectos colaterales de la violencia”, afirma Ornelas.
La madre de Jorge apenas se percató que el niño tiene una alcancía, en la que deposita todas las monedas que llegan a sus manos, tampoco era un secreto que escondiera su hijo. Cuando ella le preguntó qué haría él con todo el dinero ahorrado, él respondió: “voy a comprar un cuerno de chivo para matar a los que mataron a mi papá”.
En  Chihuahua, uno de los estados más afectados, Jesús Ramón Lozano, candidato a diputado federal por el Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), afirma, “el narcotráfico tiene consecuencias gravísimas, sin dudarlo, una de las más sensibles es la orfandad de miles de niños de todo el estado y el país. Es urgente aplicar programas de larga duración, de atención psicológica y ayuda económica a las familias afectadas, a quienes el gobierno federal tiene en el abandono absoluto”.
Agregando que, “paralelamente el sistema de justica debe basarse en el cumplimiento de los protocolos internacionales establecidos con el fin de combatir al crimen organizado, documentos que México ya firmó y se comprometió a observar, motivo por el cual urge establecer un compromiso con los afectados”.
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Una familia que regresaba de vacaciones de Mazatlán, Sinaloa, casi llegando a la ciudad fue interceptada por un grupo armado. Ellos se llevaron al padre secuestrado, aunque horas más tarde apareció decapitado. En el lugar la madre quedó en el pavimento desangrándose, mientras sus hijos de 3 y 5 años lloraban desesperados.
Irene, de ocho años; Guadalupe, de 11; Ernesto, Carlos y Javier, de seis años, temen jugar a la pelota en las calles de su natal Chihuahua porque “vienen los malos que matan”. Ellos y ellas no saben si los malos que matan son soldados, narcotraficantes, policías o delincuentes comunes. Son, simplemente, adultos.
La diputada Lucila Garfias afirma que es urgente que se le dé prioridad a la atención de los niños huérfanos, víctimas de la lucha contra el crimen organizado, “ellos requieren apoyo adicional para evitar las secuelas psicológicas que producen los entornos violentos, porque hoy no existen programas especiales enfocados a los menores que han quedado en la orfandad, porque han sido invisibilizados, lo que es peor, no existe una contabilidad sobre los menores que se han quedado sin padres o tutores, pues de acuerdo con organizaciones civiles, sólo se tiene un estimado de 50 mil niños huérfanos en México”.
Sobre el tema, el Centro de Análisis de Políticas Públicas México Evalúa, en su más reciente estudio, revela que en el periodo comprendido entre 1990 y 2010, asciende a 803 mil 519 víctimas invisibles de primer grado. En cuanto al número de menores que quedaron en la orfandad por motivos de crimen organizado, no existe tal.
Julio, un niño de 9 años, comenzó ahorrar y pidió ayuda a sus familiares, quiere comprar una bomba y hacerla explotar en el canal de televisión, donde mostraron la cabeza degollada de su padre.
El periodista palestino, experto en conflictos bélicos, Abdel Bari, comenta a Revolución TRESPUNTOCERO: “México ha sufrido y sigue padeciendo una hemorragia, porque en su zona norte tiene su propio Medio Oriente, por absurdo que parezca, la sociedad mexicana no debe tenerle mayor miedo a los narcotraficantes, que a los políticos y sus mentiras, a su falta de humanidad. Poco más de 50 mil niños viven en orfandad, o se suicidan o se vuelven delincuentes, yo pregunto al gobierno, ¿dónde están los programas de apoyo psicológico, social, tanatológico, económico, educativo? No hay tales, porque padecen un gobierno ensimismado, una presidencia regida por los intereses personales y el control del poder. Un niño no podría significarle nada que no sea ‘una carga’, en los Pinos se invierte en que lo que deja dólares, ahí el humanismo, la democracia y el progreso por medio de políticas públicas eficaces, no son rentables”.
“El número de muertos y desaparecidos del gobierno de Calderón y de Peña Nieto no son exactos, mucho menos la cifra de los niños que ahora han quedado solos y huérfanos, de eso el gobierno no se ocupa, y a ciencia cierta tampoco los grupos independientes que estudian el crimen organizado. Ese factor demuestra que México es una zona de guerra. Nadie se ocupa, menos preocupa, y quienes lo hacen se basan en lo inmediato, olvidando lo permanente, es decir miles de niños desorientados y con la venganza a cuestas. Si en algo ‘triunfó’ la guerra contra el narco, fue en convertir la violencia en algo aplaudible, para el actual presidente todo a quien asesine el ejército es narco, exhiben y celebran que sus fuerzas mataron, sin llevar a juicio. Si alguien reclama le ponen una mordaza, si era un padre inocente, el niño crecerá con el resentimiento, él sí podría matar”, afirma.
Andrés,  tiene 7 años, él estaba sentado viendo la televisión cuando la policía entró de forma violenta a la casa y disparó a su padre, madre y abuela. El niño fue el único testigo presencial de los homicidios. Él no ha podido dormir desde entonces, a menos que un adulto esté con él. Algunas veces asegura que se vengará.
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Miles de familias víctimas de desaparición forzada perpetuada por grupos apoyados por el Estado: especialistas


    
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(29 de mayo, 2015. Revolución TRESPUNTOCERO).- El fenómeno de la desaparición forzada en nuestro país ha estado presente desde hace varias décadas, sin que a la fecha pueda ser erradicado. Al respecto, diversos analistas han señalado que la práctica de este crimen se configura como una política de Estado, que busca, entre otras cosas, perseguir a la disidencia y desarticular los movimientos a través del terror.
Para el Dr. Miguel Concha Malo, director del Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria, esta idea hoy en día no puede ser descartada, por lo que en la actualidad es posible pensar que el Estado sigue ocupando la desaparición forzada para “eliminar a grupos disidentes”, así como en la época de la denominada guerra sucia.
Al participar en un evento en el marco de la Semana Internacional del Detenido-Desaparecido, el defensor de los derechos humanos señaló que la etapa de la guerra sucia en el país es una de las más brutales que ha vivido México, a tal grado que hoy en día las huellas de estos sucesos permanecen.
“Esta práctica (la desaparición forzada), muy a nuestro pesar, y más que nada indignación, permanece en todos estos años en nuestro país. Uno de sus episodios más cruentos fue sin duda la guerra sucia desatada contra los movimientos disidentes en los años 70, cuyas huellas y señales siguen hasta hoy. En esas épocas tuvimos ejemplos emblemáticos de luchas incansables emprendidas por los familiares, que hasta ahora demandan la presentación con vida de los desaparecidos”, comentó.
Por otro lado, Concha Malo se refirió a la situación actual que vive México con respecto al fenómeno de la desaparición e indicó que a partir de la llegada de Calderón al poder y la salida del ejército a las calles, este problema empezó a crecer de manera importante, agravando las condiciones de vida en el país
“Vemos que en la última década, a partir de la ‘estrategia de seguridad’, denominada guerra contra el narco, pero sobre todo cuando al ejército se le pidió asumir tareas de seguridad pública que no le competen, esta práctica adquiere una dimensión sorprendente. Decenas de miles de personas, miles de familias e incluso poblaciones enteras han sido víctimas de desaparición forzada o de desaparición perpetrada por personas o grupos con o sin la autorización, apoyo o aquiescencia del Estado”, comentó.
En lo referente, recordó que México ha firmado diversos tratados internacionales en los que se compromete a proteger a la sociedad de esta clase de violaciones a los derechos humanos. Asimismo puntualizó que a pesar de estos compromisos adquiridos por el Estado mexicano, la realidad del país en materia de desaparición es preocupante, tanto que organismos como la ONU han denunciado el contexto grave que se vive.
“El pasado 11 de diciembre de 2013, cuando se publicó el informe del grupo de trabajo sobre el Examen Periódico Universal, quedó evidenciada la omisión que el Estado mexicano ha hecho hasta la fecha, para atender de manera puntual y congruente estos lamentables y deplorables hechos”, dijo.
En tal sentido, recordó que en aquella oportunidad se le recomendó a México emprender diversas acciones para erradicar la problemática, mismas que a la fecha no se han realizado. Comentó que entre otras cosas se pidió al gobierno de México crear protocolos para la búsqueda de personas desparecidas así como crear una base de datos que permitiría tener un panorama sobre la situación.
“En ese entonces se recomendó enfáticamente, por un lado, armonizar la legislación mexicana con el estatuto de Roma y los estándares internacionales en materia de derechos humanos, en particular la definición en lo que se refiere al delito de desaparición forzada. También que se debía investigar plenamente las denuncias en torno a este delito. Que debía crearse un protocolo de búsqueda de personas reportadas como desaparecidas, para atender debidamente los hechos. Que tenía que crearse una base de datos de personas desaparecidas con información desagregada”, apuntó.
Asimismo, mencionó que en meses pasados, el Comité de Desaparición Forzada de la ONU dio su informe sobre la situación de México, en donde señaló que el país vive un contexto generalizado de la problemática.
“El Comité observó que existe en México un contexto generalizado de desapariciones, en gran parte del territorio, muchas de las cuales podrían calificarse como desapariciones forzadas. Dijo además que el caso de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, ilustra los serios desafíos que enfrenta el Estado mexicano en materia de prevención, investigación, sanción, y yo agregaría que reparación y garantías de no repetición”, explicó.
Aunado a lo anterior, habló sobre los argumentos que respaldan la idea de que México vive un contexto generalizado de desapariciones.  Detalló que uno de los puntos se basa en la masividad del problema, pues aunque no existen números oficiales por la falta de un conteo, se sabe que hoy en día hay más de 22 mil desaparecidos en México.
En la misma tónica, comentó que el término generalizado aplica porque las desapariciones no están focalizadas en algún punto de la República, ya que según los datos, en casi dos tercios de los estados se presenta este fenómeno.
“Otro aspecto para calificarlas como generalizadas, se relaciona con la poca o nula repuesta del sistema de procuración y administración de justicia para atender todo estos casos. Lo que identificaron como Comité es la impunidad reinante”, manifestó.
Al respecto señaló que en el país sólo 6 casos de desaparición han recibido una respuesta efectiva, mientras los miles restantes siguen sin acceso a la justicia.
“Aunque es generalizada, no hay manera de soslayar que muchas de estas acciones de desaparición realizadas por agentes del Estado podrían estar relacionadas con personas o grupos que históricamente han estado en contra  de la violencia permanente que genera el Estado, confrontándolo y denunciado las graves violaciones a los derechos humanos”, dijo.
Miguel Concha enfatizó que el Estado tiene la obligación de respetar, proteger promover y garantizar el derecho de nunca ser desaparecido. Además señaló que tiene la obligación de prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos.
“Se hace urgente no olvidar y hacer exigible lo relacionado con las violaciones graves en el periodo de la Guerra sucia. Sabemos que no ha habido avances significativos en la investigación y sanción de los responsables de la desaparición durante este periodo y tampoco en la búsqueda de las personas posteriormente desparecidas. Las huellas de los 70 no han sido borradas en el país”, sentenció.
Por último, comentó que a la sociedad le sigue preocupando el lento progreso en materia de reparación de daño y manifestó la urgencia de que en la nueva legislación en materia de desaparición forzada se establezcan mecanismos de prevención.
“Las simulaciones estatales, perpetua, para propia conveniencia del Estado, que la desaparición forzada no sea erradicada. La garantía de derecho a la verdad se hace fundamental. La CIDH dijo: La falta de información completa, objetiva y veraz sobre lo sucedido en caso de desaparición forzada se convierte incluso en una estrategia de guerra”, finalizó.

Incomoda Universidad Obrera al Estado; Videgaray pretende desaparecerla negándoles subsidio


    




(29 de mayo, 2015. Revolución TRESPUNTOCERO).- Aunque la Secretaría de Educación Pública (SEP) ha reconocido que la Universidad Obrera de México (UOM) cumple con los requisitos para ser acreedora anualmente a un subsidio que le permita continuar con la promoción de la educación entre obreros y trabajadores mexicanos, labor que desde hace varias décadas impulsa, y que así lo informó el pasado 23 de abril a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), encabezada por Luis Videgaray Caso, uno de los hombres cercanos a Peña Nieto, esta última tiene cinco meses retrasando la asignación de los recursos con el argumento de que no existen ninguna ley que le obligue a liberarlos.
Cada año, desde la fundación de la UOM en 1936, la Secretaría de Educación Pública había realizado la transferencia de recursos. En 2014, el monto de lo asignado ascendió a 17 millones 100 mil pesos; sin embargo, es la primera vez que la solicitud de recursos pasa a la SHCP, anteriormente la gestión era directamente con la SEP.
“El año pasado el gobierno federal nos retrasó la entrega del subsidio. El subsecretario (de Educación Superior) Fernando Serrano Migallón, argumentó que la Universidad Obrera es una institución con la que ellos no tienen obligación, y en efecto, nosotros no fuimos creados por decreto presidencial, si así fuera tendrían que etiquetar presupuesto para esta institución desde el Congreso”, comenta Mariano Salas, profesor de la universidad.
El académico agrega que la UOM “entró, a criterio de la SEP, a ser beneficiaria del subsidio y así ha funcionado siempre. Cuando lo retrasaron el año pasado, realizamos diversas movilizaciones, difundimos el problema y logramos que a fines de mayo de 2014 nos liberaran cuatro meses del recurso; dos meses más nos dejaron sin dinero, volvimos a retomar las manifestaciones y de inmediato nos entregaron el resto del subsidio”.
Fernando Serrano Migallón, con quien sostenían diálogo los integrantes de la universidad, se desempeñaba como subsecretario de Educación Superior en la SEP, pero en diciembre de 2014 fue invitado a presidir la comisión organizadora del Instituto Alfonso Reyes, por lo que renunció a dicho cargo, y en su lugar fue asignado Efrén Rojas.
El subsecretario de Egresos de la SHCP, Fernando Galindo Favela y el director general de Programación y Presupuesto A, César Javier Campa Campos, han hecho saber a la UOM, a través de intermediarios, que no hay razón para entregar el subsidio.
El profesor Salas sostiene que los gastos para mantener abierta la Universidad Obrera han aumentado significativamente, sobre todo, los relacionados con el mantenimiento al edificio que ocupan en la calle San Ildefonso, en el centro histórico de la Ciudad de México, por ser un inmueble muy antiguo y de gran valor arquitectónico.
El año pasado, el área administrativa de la universidad solicitó un incremento de 10 millones de pesos al monto de los ingresos que le habían asignado, pero están convencidos de que de haberles asignado el mismo recurso que en 2014, podrían continuar el pago de nómina de los profesores, personal administrativo y de confianza de la institución.
Entre los cursos que se dan en el recinto sobresale la capacitación a grupos cooperativos, la impartición a trabajadores de cursos sobre derecho laboral, historia del movimiento obrero sindical en México, así como cursos para preparar el examen de ingreso a educación superior. Los estudiantes inscritos a dichas capacitaciones pagan una cuota de recuperación mínima, que representa un ingreso raquítico para la institución y que no cubre ni una décima parte de sus gastos.
Presión Política
El profesor Elías Aguilar Bernardino, asesor del área de investigación de la UOM, junto con los profesores Salas y José Luis Salazar, secretario general del sindicato, coinciden en una interpretación del problema por el que pasa la institución con la que colaboran: el problema es de índole político.
Salas argumenta que “el problema fundamental es de orden político; tenemos que salir a decirle a la gente que por lo que hace esta institución, en particular con la formación de trabajadores y líderes sindicales, la quieren ahorcar, es un presupuesto mínimo el que nos pasan; por ejemplo, estamos averiguando el subsidio que le dan a La Salle, a la Anáhuac, al ITAM, al Tec de Monterrey, es inmenso a pesar de que son instituciones privadas”.
“Nuestra labor fundamental es la formación de dirigentes sindicales y la política del Estado, desde hace más de 30 años es ir reduciendo la capacidad de los sindicatos; en los medios de comunicación está prácticamente prohibido hablar de los sindicatos…por la política neoliberal, nosotros somos una especie de institución incómoda para el gobierno, porque no es un problema de recursos”, añadió.
Salazar por su parte, mencionó que “la línea de la universidad es formar cuadros sindicales, capacitar a los trabajadores para que hagan valer sus derechos y obviamente esto no le conviene al gobierno. Estamos seguros de que por ahí va el problema, que instituciones como nosotros no convienen que existan”. Señaló que aunque no han recibido ninguna amenaza directa, no hay mayor presión que el negarles los recursos.
Aguilar Bernardino señaló que “hace al menos dos semanas todavía nos dijeron que había la posibilidad de que se resolviera. La SEP avaló los informes y las auditorías que se hicieron para que todo estuviera en orden y no hubiera pretexto para darnos respuesta…creo que es una maniobra la que está haciendo la Secretaría de Hacienda para no darnos el subsidio”, argumentó.
“Esta institución nació al calor de las luchas de los trabajadores de los años 30, en la época de Lázaro Cárdenas, aquí se encierra un valor histórico, social, que no debe despreciarse. Hacemos un llamado a las autoridades para que sean sensibles ante esta situación y asignen el recurso”, añadió el profesor.
De no lograr que la SHCP libere los recursos del subsidio, no se podrían ampliar los talleres que se dan en la universidad como los diplomados dirigidos a los trabajadores, tampoco se podrían iniciar los trabajos de remodelación de un inmueble ubicado en la colonia Guerrero, ni se podría mantener la plantilla de profesores y otro tipo de profesionistas que colaboran con la institución, y que asciende a más de cien trabajadores.
“Si no nos dan el recurso, lo más serio y grave sería el problema de los salarios de los profesores e investigadores, tampoco podría mantenerse la publicación de la revista Trabajadores, de La Ventana Obrera, periódico mural de la escuela, la Gaceta Cultural, que es a través de donde difundimos nuestras actividades culturales”, señaló el investigador.
Aunque han hablado de la posibilidad de que la Universidad Obrera se mantenga al convertirse en una cooperativa, no se ha tomado la decisión de hacer la modificación, porque confían en que haya respuesta favorable de la dependencia a cargo de Videgaray.
Trabajadores, como siempre, los más afectados
José Luis Salazar, secretario general del sindicato, informó que al menos 106 trabajadores de la UOM, incluyendo a los de base, de confianza y personal docente, no han cobrado sus sueldos desde enero pasado.
“El año pasado pedimos préstamos y así subsistimos enero y febrero, fueron tres meses los que estuvimos sin recibir recursos…este año ha sido más complicado, porque no pudimos contar con algún préstamo, empezamos a vender libros que edita la universidad y otros que nos fueron donados, con eso pudimos comprar productos para abrir una pequeña tienda cooperativa; lo que se obtiene de esa tienda se divide entre los trabajadores para poder ir saliendo en la semana pero es muy poco lo que nos repartimos, a algunos no les sirve ni para el pasaje”, comentó el dirigente en entrevista con Revolución TRESPUNTOCERO.
La falta de pago ha generado que varios trabajadores de la UOM estén a punto de ser desalojados de sus viviendas, al no poder cubrir las rentas y otros a los que les han negado la atención médica en el Seguro Social por falta de los pagos en sus cuotas.
Salazar recuerda que aún en marzo, funcionarios de la SEP les aseguraron que en cuestión de días les sería entregado el recurso del subsidio para 2015; primero les pidieron esperar al 22 de abril, luego al 27, pero un mes después, no les ha sido otorgado nada.
El sindicato de la Universidad Obrera no descarta la realización de manifestaciones o movilizaciones si la SHCP no da respuesta favorable a sus peticiones.

Los tornados del neoliberalismo


   

lustración: Pe Aguilar / @elesepe1

El tornado que azotó Ciudad Acuña el lunes muy temprano, nos recordó que nada podemos hacer frente a los embates de la naturaleza. En pocos segundos causó una destrucción inenarrable, que podría compararse a la que puede hacer un incesante bombardeo durante horas, como sucede en algunas poblaciones del Medio Oriente, las cuales han obligado a una migración histórica en la región. De acuerdo con investigadores del cambio climático en el mundo, los fenómenos meteorológicos van a ser cada vez más dramáticos, con estragos terribles para los seres humanos.

Sin embargo, se puede asegurar que las afectaciones al país en su totalidad por causa de las políticas públicas seguidas desde hace tres décadas, son peores que un tornado. La gran diferencia está en que éste deja secuelas flagelantes e imágenes de pesadilla, mientras que la tarea destructiva del grupo en el poder no deja huellas visibles a primera vista, pero como es fácil apreciarlo luego del tiempo transcurrido desde el golpe de Estado de los tecnócratas, son de igual o peor dramatismo que los daños provocados por un tornado.

Sin duda, los habitantes de Ciudad Acuña se sobrepondrán a las calamidades sufridas, no porque reciban ayuda de los gobiernos federal y estatal, sino porque están obligados a continuar su vida, no importa la magnitud de los daños, para sacar adelante a los niños y hacerles menos terrible su diario caminar en un medio ambiente que parece estar en contra de la vida. Lo que no pueden enfrentar, porque ni saben cómo ni tienen los elementos para ello, es la violencia del Estado, que es cada vez peor al paso de los años con el pretexto de la “guerra” contra el crimen organizado.

En este sexenio, al paso que lleva el “gobierno” de Enrique Peña Nieto podrá igualar o superar la marca histórica que dejó el desgobierno de Felipe Calderón, en cuanto se refiere a cifras de muertos y desaparecidos. No debe asombrarnos que así sea, porque se trata de una estrategia de despoblamiento y de terror social con una finalidad geopolítica muy concreta. La Casa Blanca en Washington quiere asegurarse de que México quede plenamente ligado a su proyecto de seguridad nacional conforme a sus intereses de dominación regional, y vaya que lo está consiguiendo, con la complacencia interesada de la alta burocracia “mexicana”.

El narcotráfico, el crimen organizado, el terrorismo, son mecanismos ideados y puestos en marcha por los “thing tanks” de las grandes universidades estadounidenses al servicio de la plutocracia globalizadora. Son la “justificación” que necesitan para intervenir en países que consideran su patio trasero, especialmente México por colindar con el resto de América Latina. Si la naturaleza también “colabora” en sus afanes de control político, pues bienvenidos sean los siniestros como el ocurrido en la población coahuilense, donde con el pretexto de ayudar a los damnificados llegarán militares y policías con la orden de sentar las bases de un control político más efectivo, particularmente necesario a dos semanas de las elecciones intermedias.

Sin embargo, más pronto de lo que se imagina el grupo en el poder, esa presencia será insuficiente, como así sucede ya en Michoacán, en Guerrero, en Tamaulipas y otras regiones del territorio nacional, agobiadas no por la recurrencia de fenómenos meteorológicos, sino por los flagelos de un Estado sin leyes al servicio de grandes intereses oligárquicos. No es fortuito que en tres décadas haya crecido exponencialmente el número de pobres en el país, al extremo de abarcar ya dos terceras partes del total de habitantes, tampoco lo es que la calidad de vida de los mexicanos haya caído a niveles que ya preocupan a los organismos internacionales que se encargaron de programar las políticas públicas antidemocráticas vigentes.

Con todo, a quien más debería preocupar esta situación es a la burocracia dorada, pero los hechos demuestran que la tiene sin cuidado el desmoronamiento del país y de sus instituciones, construidas con visión y patriotismo por un Estado surgido de una trascendental revolución social, la primera de su magnitud en el mundo en el siglo pasado. Hoy nada queda de ese gran movimiento revolucionario, sino paradójicamente el retorno de las causas que lo originaron, como lo vemos a lo largo y ancho del territorio nacional. Si los tornados son hechos apocalípticos, el neoliberalismo los sobrepasa con su destrucción ominosa.