3/23/2017

Giménez Cacho, Irene Azuela y otros contra Ley de Seguridad Interior (Video)


 

Redacción AN hace 2 minutos
Los actores Daniel Giménez Cacho e Irene Azuela, académicos y activistas lanzaron la iniciativa "Detengamos la Militarización, Formemos Policías" para detener la Ley de Seguridad Interior; este video muestra testimonios de familiares de algunas víctimas. (Video: Youtube)

Maniobran PRI y PAN para frenar investigación por sobornos de Odebrecht





 (apro).- En un intento por frenar los alcances de la investigación sobre el empresario brasileño Marcelo Odebrecht y sus posibles sobornos a autoridades del sexenio pasado y del actual, PRI y PAN empujan una nueva redacción del dictamen de la Comisión de Transparencia que permitía cancelar los contratos existentes con gobierno mexicano.

Desde la semana pasada, el PRI operó políticamente haciendo el vacío a la comisión y evitando con ello que se sesionara por falta de quórum. El miércoles 15, la Comisión de Transparencia sometería a votación el dictamen a favor de que “se cancelen” todos los contratos que tengan las filiales de las empresas de la que es dueño Odebrecht, además de pedir a los congresos de Veracruz, Hidalgo y Guanajuato que hagan lo propio.
La Comisión de Transparencia sí logró el quórum, pero desde el inicio el PRI pidió modificar el orden del día para que el dictamen no fuera sometido a discusión y posible aprobación. Su argumento fue que la junta de la comisión no se había reunido de manera previa.
A su vez, el PAN pidió más días para elaborar “una nueva redacción” sobre el dictamen, según detalló el perredista Rafael Hernández Soriano, integrante de la comisión.
También explicó que el PAN sugirió elaborar una nueva redacción para que cada uno de los contratos de Odebrecht con México “se estudien y no se cancelen”.
Finalmente el PRI apoyó al PAN y la diputada que sugirió desde el 2 de febrero pasado que se investigaran los contratos, la legisladora de Morena Rocío Nahle, aceptó que se estudie una nueva redacción.
De ahí que se decidió que la comisión se mantenga en “sesión permanente”. De acuerdo con Nahle, se acordó esperar hasta el martes próximo para que PAN y PRI presenten la nueva redacción. Aclaró que esto no significa que la investigación ya se canceló.
Al arranque del actual periodo ordinario, la diputada Nahle presentó un punto de acuerdo donde se exhortaba a la Secretaría de la Función Pública (SFP) para que diera a conocer los contratos que Odebrecht mantiene con el país, además de pedir a la Auditoría Superior de la Federación (ASF) revisiones a todos los contratos y que se cancelaran los mismos.
La Mesa Directiva envió el punto de acuerdo a la Comisión de Transparencia para que emitiera un dictamen, el cual fue a favor de las demandas de la legisladora, sin embargo, desde el 15 de marzo, primero el PRI, y hoy el PAN, han operado políticamente para frenar los alcances de las indagaciones sobre este caso.
Según declaró Marcelo Odebrecht en diciembre pasado, entregó 10.5 millones de dólares a funcionarios mexicanos entre 2010 y 2014, con el fin de que se le entregaran varios contratos.
En el documento de la diputada Nahle se hace un análisis pormenorizado de uno de ellos entregado justo en esas fechas y que es transexenal: se trata el contrato para la construcción de la llamada planta “Etileno XXI”.
“Etileno XXI es una asociación entre Braskem, en la que Odebrecht tiene el 39% de las acciones, y la mexicana IDESA. Se espera que tenga capacidad para producir más de un millón de toneladas anuales de etileno y polietilenos”.
La licitación para construir la planta se entregó en 2010 durante el gobierno del panista Felipe Calderón, pero se echó a andar apenas el mes de febrero de 2016 con la presencia del secretario de Energía, Pedro Joaquín Coldwell, y del director de Petróleos Mexicanos, José Antonio González Anaya.
La planta tuvo un costo aproximado de 4 mil millones de dólares.
Un contrato más lo tiene Odebrecht con el gobierno de Veracruz y fue autorizado el 20 de abril de 2015, en la gestión del hoy prófugo Javier Duarte. Se trata de la concesión otorgada a la empresa brasileña para privatizar el servicio a través del Sistema de Agua y Saneamiento Metropolitano de Veracruz.
En este caso Odebrecht participa en colaboración con una de las más grandes empresas del mundo que controlan el suministro de agua, la española Aguas de Barcelona. La privatización del servicio alcanza los municipios de Veracruz, Boca del Río y Medellín.
También tiene y desarrolló contratos para brindar servicios en la refinería de Minatitlán por 289.5 millones de dólares; en la refinería de Tula, Hidalgo, por mil 55 millones de dólares; la refinería de Salamanca por 85.2 millones de dólares; el gasoducto Los Ramones segunda etapa por mil 200 millones de dólares, y el gasoducto transfronterizo Quetzal, México-Guatemala por 800 millones de dólares.
Odebrecht empezó a operar en México desde 1991, pero no fue hasta 2005 que arrancó con la firma de contratos millonarios.
Durante la sesión de la Comisión de Transparencia, una legisladora del PAN acotó que en 2006 la empresa llegó a Michoacán, donde “construyó la presa Francisco J. Mújica, obra que involucró más de mil millones de pesos”, aunque presupuestó mucho más bajo.
En respuesta, la diputada Rocío Nahle, de Morena, comentó que así opera Odebrecht: “Cotiza a la baja y cada año pide ampliaciones, elevando al final considerablemente los presupuestos”.

Fuerzas Armadas sí han violado derechos humanos: ombudsman nacional -

(apro).- El presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), Luis Raúl González Pérez, aseguró que él mismo ha documentado abusos cometidos por personal castrense y llamó a cumplir las recomendaciones emitidas al respecto.

La declaración del ombudsman nacional se da en respuesta a la afirmación que hizo la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), en el sentido de que la institución ha sido blanco de “injurias y ofensas”, al ser señalada como responsable de violaciones a derechos humanos.
Al término de la presentación del libro La Migración: Voces, Rostros y Sueños, González Pérez destacó que la CNDH “ha emitido varias recomendaciones” a las Fuerzas Armadas, en cada una de las cuales –sostuvo– “acreditó violaciones a derechos humanos”.
Las recomendaciones han sido aceptadas por las Fuerzas Armadas “y eso lo celebramos y reconocemos, pero tenemos que avanzar más rápido en el cumplimiento de las mismas”, agregó.
Luego de señalar que no sólo la Sedena o la Secretaría de Marina tienen recomendaciones pendientes de cumplir, sino también dependencias como el IMSS, el ISSSTE y la Comisión Nacional de Seguridad, González puso como caso emblemático de incumplimiento la 26/2001, referente a la “guerra sucia”.
En dicho documento, dijo, la CNDH acreditó violaciones a derechos humanos de más de 200 víctimas de un cúmulo de 500, y entre las autoridades señaladas no sólo está el Ejército, sino también autoridades civiles.
Tras resaltar que la CNDH no acredita delitos, sino violaciones a derechos humanos, y en cada recomendación solicita la integración de investigaciones penales o administrativas, manifestó que ese organismo seguirá documentando abusos, “sobre todo de violaciones que impliquen riesgo a la integridad de las personas”, y advirtió que las hará públicas.
Por la mañana, también en un evento sobre migración en el Senado de la República, el ombudsman nacional puntualizó que “las Fuerzas Armadas sí han violado derechos humanos”, lo que ha quedado plasmado en las recomendaciones, “entre ellas casos de tortura”.
Sobre la declaración del director de Derechos Humanos de la Sedena, José Carlos Beltrán, de que las recomendaciones de la CNDH han disminuido, González Pérez admitió que así ha sido, pero ahora, recalcó, “hay que insistir que las cumpla”.
De acuerdo con información de la CNDH procesada por el Centro de Derechos Humanos Agustín Pro Juárez (Centro Prodh), en los últimos 10 años de guerra contra el narcotráfico, el organismo ha recibido 10 mil 751 quejas contra las Fuerzas Armadas y ha emitido 116 recomendaciones a la Sedena y 31 a la Marina.
Tan solo el año pasado el organismo registró 436 quejas contra la Sedena y 258 contra la Marina, apuntó.
Dichas cifras contrastan con lo reportado por la CNDH entre 2000 y 2006, periodo en el que se presentaron mil 135 quejas y se emitieron 11 recomendaciones.

Contra el TLCAN



Cuando la Unión Soviética colapsó en 1991, los voceros e intelectuales de Washington se apresuraron a anunciar el fin de las ideologías. En efecto, ante el colapso de la amenaza comunista, ¿acaso no entrábamos al reino de la razón y el fin de las pasiones desbordadas? La propia izquierda, a nivel mundial, asumió la derrota dando la razón a los vencedores. Comenzaron a circular libros y libros de autores “críticos” anunciando la entrada a la era post-moderna, donde conceptos como ‘capitalismo’ y ‘comunismo’ o ‘burguesía’ y ‘clase obrera’ habrían perdido toda vigencia y significado.
Lo sorprendente es que las teorías del fin de las ideologías, tanto de derecha como de izquierda, se ponían de moda al mismo tiempo que un proyecto mesiánico consolidaba su poder: me refiero, por supuesto, al neoliberalismo, la ideología que sostiene que el mejor estado que puede tener un país es el que –como bien explica David Harvey– garantiza fuertes derechos de propiedad privada, libre mercado y libre comercio. ¿Cómo llamar a este fenómeno en el que pasa desapercibida una ideología dominante? Gramsci le llamaba hegemonía, y es justamente la hegemonía del neoliberalismo lo que debemos combatir.
  1. El TLCAN: herramienta neoliberal
La revolución neoliberal triunfó en Estados Unidos e Inglaterra a finales de los setenta y principios de los ochenta del siglo pasado, y a partir de entonces estos estados buscaron implantar su dogma en el resto del mundo –esto es, con un internacionalismo militante sólo comparable al movimiento comunista del siglo XX. El neoliberalismo entró a México en 1982, cuando el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial otorgaron –por primera vez en su historia– un rescate financiero a cambio de “reformas estructurales.” Pero fue con el sexenio de Carlos Salinas que el neoliberalismo dejaría de ser una imposición y se convertiría en doctrina de estado. Salinas dirigió una amplia privatización de empresas estatales, privatizó los ejidos y, por supuesto, impulsó el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN).
El TLC entró en vigor en 1994. Este tratado representó una apuesta ambiciosa de la burguesía mexicana: sería el mecanismo que permitiría a México anexarse como último vagón al tren de desarrollo de Estados Unidos. En esta lógica, México pronto ingresaría al Primer Mundo. La apuesta era ambiciosa pero también era testimonio de la holgazanería de la clase empresarial mexicana: a fin de ahorrarse el diseño de una estrategia interna de desarrollo capitalista, simplemente dejó la suerte de la economía nacional anclada al destino de la economía de Estados Unidos. La burguesía mexicana, entonces, se lanzó como parasitaria y socia menor de la gringa.
Veintitrés años después, el TLCAN ha sido un fracaso rotundo en términos de los beneficios prometidos a las mayorías. Sin embargo, el tratado ha sido un éxito para los grandes empresarios de ambos lados de la frontera.
  1. ¿Quién ganó y quién perdió con el TLCAN?
La clase obrera tanto de México como de Estados Unidos son los grandes perdedores del TLCAN. De acuerdo con el académico mexicano López Bolaños (de quien tomamos los demás datos que en el resto del texto aparecen sin referencia), el traslado de empresas gringas a México provocó la pérdida de unos 700 mil puestos de trabajo en EU, lo cual significó que los sindicatos industriales del país vecino perdieran capacidad negociadora frente a sus patrones a la hora de defender sus salarios y prestaciones. Básicamente, las empresas podían decir: “acepta mis condiciones o nos vamos a México.”
Otro efecto negativo sobre los salarios en Estados Unidos fue provocado por la masiva entrada de migrantes mexicanos dispuestos trabajar cambio de pocos dólares. Esta oleada migratoria tuvo como una de sus principales causas el colapso del sector agrícola mexicano causado por el TLCAN, el cual orilló a millones de campesinos a la migración. México, en este sentido, perdió soberanía alimentaria a partir del tratado, al permitir la entrada al país de productos agrícolas de Estados Unidos altamente subsidiados por su gobierno. El TLC fue, en los hechos, una sentencia de pena de muerte sobre el grueso del campo mexicano.
A la clase trabajadora mexicana, como ya se puede intuir, le fue todavía peor. Quedó orillada a la migración, como decíamos, o a subsistir en la precariedad. De este modo, como han mostrado economistas de la UNAM, si en 1987 un trabajador que ganaba el salario mínimo debía trabajar 4 horas y 53 minutos para poder comprar la canasta alimenticia recomendable, para 2016 se necesitaban 23 horas y 38 minutos de trabajo para poder comprar la misma canasta. Si antes de 2013 los salarios en China eran más bajos que los de México, ahora es al revés. Por si fuera poco, el sector informal agrupa a cerca del 70% de la población ocupada desde 1994.
La industria mexicana, por otro lado, sufrió una reorientación hacia Estados Unidos (como las maquilas) que desvinculó las fuerzas productivas mexicanas de otras ramas de la industria en el país. La manufactura mexicana representa sólo un eslabón de las línea de producción de EEUU, por lo que el resto de la economía mexicana no se ha beneficiado del auge exportador.
Los grandes ganadores del tratado han sido, por supuesto, las burguesías de ambos lados de la frontera. Los empresarios de EEUU aumentaron sus ganancias al reducir sus costos de mano de obra. En México, la masa salarial (la suma de todos los salarios de los trabajadores del país en un año) se contrajo desde que entró el TLC en vigor. Pasó de representar el 38,4% del PIB a tan sólo 28% en esos veinte años. En contraste las ganancias de las empresas crecieron del 51,7% al 59,1% del PIB en el mismo periodo. En suma, las pérdidas obreras se tradujeron en ganancias burguesas.
En síntesis, concluye López Bolaños, “el TLCAN generó el abandono de una estrategia industrial que abasteció el mercado nacional, destruyó importantes sectores productivos, provocó dependencia alimentaria y concentró en pocas manos los beneficios de la especialización secundaria exportadora.”
  1. Donald Trump hizo llorar a la burguesía mexicana
Como es sabido, Donald Trump ganó la presidencia con el voto de la clase trabajadora de EEUU que se empobreció o perdió su empleo cuando sus antiguas empresas se mudaron a México o a China. Así como durante el siglo pasado en Europa crecieron las voces que echaban la culpa a los judíos por la crisis económica, ahora en Estados Unidos el chivo expiatorio es otra minoría oprimida: los mexicanos.
De este modo, el magnate Trump ha logrado eximir a su clase social, los grandes empresarios, y ha convertido a los mexicanos en el enemigo público. Si los mexicanos viven en Estados Unidos, son unos ojetes por robarle empleos a los gringos. Si son mexicanos que no salieron de su país, también son unos ojetes por apoderarse de las fuentes de empleo que se fueron de Estados Unidos. En su visión del mundo, Trump promete justicia: que México pague lo que han perdido los trabajadores de EEUU; una forma de hacerlo, es que los mexicanos paguen el muro.
La burguesía mexicana está horrorizada, pero no por el sufrimiento de sus trabajadores. Le preocupa que llegue a su fin ese acurdo comercial que les ha permitido enriquecerse desde la hamaca, durmiendo desde hace 23 años en el último vagón del automóvil gringo. El falso nacionalismo que hoy despliegan políticos y empresarios mexicanos consiste en defender al TLCAN, como si hubiera beneficiado a todos y no sólo a esa minoría encabezada por Slim, Larrea y Salinas Pliego.
Trump se ha encargado de abrir un abismo entre los trabajadores de EEUU y de México, justo cuando es más necesaria la solidaridad entre ellos. Por su parte, la élite mexicana pretende que nadie mire la verdad: que la burguesía mexicana es una clase social parasitaria carente de proyecto de desarrollo. Los revolucionarios de ambos lados de la frontera debemos ofrecer una alternativa: que los trabajadores al norte y al sur del Río Bravo ganen; y que las respectivas burguesías, paguen. El TLC debe terminar, pero no para dividir a los de abajo, como busca Trump, sino para enfrentar a los de arriba.
Urge que tanto en México como en Estados Unidos se replantee el modelo económico, que se someta al neoliberalismo a una crítica despiadada. Esto no ocurrirá mientras el TLCAN permanezca como algo intocable. Urge reinventar las bases económicas de la región, haciendo justicia a las clases trabajadoras, las cuales llevan mucho a tiempo contra las cuerdas.
*Este artículo fue publicado el 22/mar/2017 en Carabina 30-30.

¡Sorpresa…!



Entre los individuos como entre las naciones,
el respeto al derecho ajeno es la paz
Benito Pablo Juárez García

La fosa clandestina más grande del mundo, casi sin temor a equivocarnos, se llama Veracruz; la fosa olvidada dijeron los amigos de Rompeviento Tv en un video del 2014, es decir, hace tres años, en pleno duartismo, cuando los levantones, extorsiones, persecuciones, amenazas y asesinatos eran el pan nuestro de cada día.
Por ejemplo: 20 periodistas asesinados en el sexenio pasado y más de medio centenar que fueron desplazados por motivo de seguridad para ellos y sus familias; el apoyo con elementos de seguridad pública y elementos de la marina y el ejército para quienes NO lo necesitaban, como el dueño del diario El Buen Tono de Córdoba, que tenía una caravana de seguridad más grande que la del secretario de seguridad pública que ya era, de por sí, exagerada.
Cuando se fue el titular de la administración, los veracruzanos pensamos que la pesadilla terminaba, mucho más, con la llegada de Miguel Ángel Yunes Linares a la gubernatura; ya no más frases como la de: “Pinches Medios”, “Ustedes son los culpables”, “Medios alarmistas que por amarillismo dicen que hay mucha violencia en Veracruz” y otras lindezas por el estilo que, colocaron a los representantes de los medios de comunicación, en una posición muy difícil para ejercer el oficio.
Por fortuna (Pensamos) todo terminó cuando llegó Yunes Linares… Hasta que comenzaron a aparecer más restos, más fosas, más muertos y cayó el primer periodista de la presente administración: nuestro amigo Ricardo Monlui Cabrera.
Cuando comenzamos a escribir en Diario el Mundo de Othón Arróniz Báez, en la ciudad de Córdoba, el caído ya era Ricardo Monlui Cabrera, lo conocía muy bien Yunes Linares pues, en el sexenio de Patricio Chirinos Calero, Monlui Cabrera estaba muy al pendiente de la actividad del gobernador y el entonces secretario de gobierno.
Lo que nos ha decepcionado, indignado, enojado y frustrado profundamente ha sido la declaración de Yunes, CASI idéntica a la de su antecesor, el prófugo que, según declaración de Miguel Ángel Yunes, debería estar en prisión desde el 24 de diciembre del año pasado.
Si no supiéramos que Yunes trae también un séquito de corifeos (Igual que su antecesor) pero en menor cantidad y al parecer, mayor calidad (pero sólo, al parecer) en contenidos, pues no hemos leído elogios al trabajo por venir, aunque no sepamos cuándo llegará.
Para colmo de males, a Miguel Ángel Yunes (sin el Linares desde la declaración por la muerte de Monlui) le hacen saber por medio de un boletín de prensa del Comité Ejecutivo Nacional del Partido Acción Nacional que la posible designación del ex contralor y cómplice de Javier Duarte, Ricardo García Guzmán (aunque también debería ser sin el Guzmán), como candidato a la alcaldía de Pánuco, NO va…
Y dentro de ese esquema, se caerían las designaciones para los municipios de Veracruz y Xalapa, dejando sin efecto las aspiraciones (¿sueño de pescadores que arrulla el mar…?) de Yunes de crear un dominio propio como lo hiciera, por doce años, Fidel Herrera.
¿Dónde habrá dejado Miguel Ángel Yunes esas ganas de querer hacer las cosas? ¿En qué intrincados laberintos de poder ha caído para salir a dar excusas, en lugar de resultados, a la gente que votamos por él? ¿Dónde ha dejado las agallas que lo han caracterizado para mandar a traer a la Gendarmería? Pero sobre todo ¿Qué se estará comiendo para que, al municipio que vaya, le regalen no menos de 5 muertitos, antes o después de cada visita?
Por eso, hoy, precisamente HOY, aquella frase del Benemérito de las Américas debe sonar más fuerte que nunca para hacernos recordar que nosotros, como individuos, cosechamos lo que hemos sembrado en la vida y SIEMPRE, por muy Goliath que seamos, habrá un David que acabará con la tan terrible soberbia que nos hace creernos invencibles, casi más grandes que Dios.
¡Y eso que Dios no tiene nada que ver en esto…!
Carlos Morales Tapia. Periodista Independiente en el Estado de Veracruz.

Retiran dictamen para reformar LGAMVLV que incluía NOM 046

 SS debe informar sobre aplicación de norma


La Junta Directiva de la Comisión de Igualdad de Género de la Cámara de Diputados retiró el dictamen para reformar los artículos 46, 40 y 50 de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia donde se pretendía incorporar la NOM 046 que garantiza la interrupción legal del embarazo (ILE) en casos de violación sexual.
 
En la sesión de este martes, la Mesa Directiva de la Cámara baja informó que se retiró el dictamen a fin de someter el tema a un estudio y análisis más profundo toda vez que en la sesión del 9 de marzo se subió a pleno, pero de última hora no se discutió y después, el 14 del mismo mes, por segunda ocasión fue retirado porque no hubo consenso sobre la redacción.  
 
La diputada de Movimiento Ciudadano, Candelaria Ochoa Avalos, reclamó ante el pleno que el dictamen se discutió sin el consenso de la Mesa Directiva de la Comisión de Igualdad y que ella no fue consultada. Además, previamente señaló en entrevista que este tema causaba ruido porque se estaba difundiendo la legalidad del aborto en casos de violación sexual. 
 
Al respecto la diputada del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Cecilia Soto González, propuso a la Comisión de Igualdad de Género y a la Comisión de Salud, que se invite al Secretario de Salud a comparecer y compartir diagnósticos sobre la implementación de la Norma Oficial Mexicana: NOM-046-SSA2-2005 Violencia familiar, sexual y contra las mujeres. Criterios para la Prevención y Atención (NOM 46).
 
“Es claro que se trata de un tema delicado, es claro que se trata de un tema profundo y es un tema que no se arregla con medidas punitivas, por ejemplo, en el caso de que no se cumpla, como ha venido sucediendo, la NOM 046”.
 
Además aprovechó para recordar que desde 1931 el Código Penal Federal permite el aborto en casos de violación sexual. 
 
La también perredista Cristina Ismene Gaytán calificó como una pena que haya tácticas dilatorias para no hacer valer los derechos de las mujeres y destacó que este tema fue avalado por mayoría en la Comisión de Igualdad cuando las diputadas votaron a favor de incorporar la NOM 046 a la Ley General de Acceso aunque ahora se retire del pleno para regresarlo a la Comisión. 
 
“Esto es triste porque se nos convocó a diversas reuniones para construir este acuerdo; llegamos a una serie de acuerdos y sin más se dejan de lado, no se respetan, y además se presentan, como ya se ha dicho, sin autorización siquiera de la Comisión de Igualdad, el retiro de este dictamen”.
 
La diputada del sol azteca reclamó que a las mujeres se les regale flores y felicitaciones, en alusión a la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, y que a la par no se respete su derecho a decidir sobre las reformas legislativas, porque aseguró que eliminar de la discusión un dictamen fue un “acuerdo cupular”. 
 
Ante los reclamos de las diputadas, el diputado del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Jorge Carlos Ramírez Marín, mostró su desconcierto y señaló que su fracción parlamentaria apoyaba la propuesta de la legisladora Cecilia Soto de pedir información sobre la implementación de la norma que garantiza el aborto legal.
 
“Nos parece que debe haber explicaciones, estudios, comparecencias, reuniones, reuniones de trabajo; por supuesto destacamos la importancia al tema; nos solidarizamos con su petición”, dijo
 
Además aseguró quera imperdonable que no se haya tomado en cuenta a la diputada Candelaria Ochoa, quien fue una de las más activas participantes en este tema, “que reciba una disculpa, que quede constancia de ella en el libro de actas, y por supuesto esperemos que pueda participar, y mucho, en lo que sigue de este tema”, dijo el priista. 
 
Previo a estos posicionamientos en el pleno, la diputada Ochoa aseguró en entrevista que el dictamen se modificó para quitar la referencia a la NOM 046, lo que en su opinión era un documento que no tenía sentido llevar al pleno porque a la derecha lo que le preocupaba era difundir la legalidad de la interrupción del embarazo producto de una violación. 

CIMACFoto: César Martínez López
Por: Anayeli García Martínez
Cimacnoticias | Ciudad de México.- 
   

Por cálculo electoral, PAN y PRI abandonan debate sobre NOM 046

Para no verse afectados en Edomex


Los Partidos Acción Nacional (PAN) y Revolucionario Institucional (PRI) desistieron el debate sobre la inclusión de la norma que establece los criterios para la interrupción legal del embarazo en casos de violación (NOM 046), en la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, porque preocupó el impacto de esta decisión en el proceso electoral del Estado de México, afirmó la diputada del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Hortensia Aragón Castillo.

Este 21 de marzo, la Comisión de Igualdad de Género informó a la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados que retiraba el dictamen para incluir en la Ley General de Acceso una referencia a la Norma Oficial Mexicana: NOM-046-SSA2-2005 Violencia familiar, sexual y contra las mujeres. Criterios para la Prevención y Atención (NOM 46), que permite el aborto en casos de violación sexual.

La diputada por el PRD dijo en entrevista que esta decisión pudo ser de tinte electoral. “Creo que hay una preocupación estrictamente de carácter electoral, por la percepción social, equivocada, del PRI por el proceso electoral en el Estado de México”.

De acuerdo con Aragón –quien ha destacado por su interés legislativo en los derechos de las mujeres-, las diputadas del PAN y el PRI fueron las que firmaron el dictamen e hicieron mayoría para retirarlo del pleno, porque no querían salir dividas. Pero además hubo una injerencia de las diputadas del Partido Encuentro Social (PES) quienes, aunque tenían derecho de expresar sus opiniones, mintieron sobre el tema y “calentaron los ánimos”, diciendo que se votaría el aborto.

DEBATE MANIPULADOR, FALSO

“¿Cuál fue el debate? Fue un debate falso, manipulador, oportunista, que hizo la derecha, encabezada por las diputadas del PES en los medios de comunicación, en el que presionaron a las diputadas y diputados de todas las fracciones con correos de todas las iglesias y grupos de derecha. Se contaminó indebidamente el tema que no estaba a discusión: el derecho a abortar de quienes son víctimas de violación”, dijo. 

Por si fuera poco, agregó, el debate se enrareció porque hay diputados a quienes no les gusta leer y a quienes les asusta el clero, ya que sólo se miran en las encuestas. “Con ese cálculo electoral resolvieron que lo mejor era retirar la iniciativa. Nosotros lo dijimos, es una decisión de la mayoría del PRI y del PAN en esta Cámara”.

NOM 046, VIGENTE

La legisladora señaló que la NOM 046 es vigente y no se modificó pero destacó que a propuesta de las diputadas del PRI, Laura Nereida Plascencia Pacheco y Erika Araceli Rodríguez Hernández, la Comisión de Igualdad pretendía presionar a la Secretaría de Salud para que aplicara la Norma porque el número de embarazos por violación es alto y al parecer las acciones son omisas.

“Es una iniciativa del PRI que no tenía mucho sentido. A mí me lo preguntas y francamente te digo, ¿para qué metes algo que ya esta ley y una norma que no está en discusión?”.

Ahora, señaló,  se debe llamar al secretario de Salud, José Narro Robles, a comparecer y presentar información sobre el tema, que diga en qué entidades se dan casos de embarazo por violación y qué está haciendo la dependencia de acuerdo con la NOM 046, para que las diputadas conozcan si el delito de violación sexual es sancionado y si las víctimas pueden acceder al aborto.

Aseguró que las diputadas del PRD y de Movimiento Ciudadano van juntas en esta petición para que Narro Robles comparezca ante la Comisión de Igualdad de Género y la Comisión de Salud.



CIMACFoto: César Martínez López
Por: Anayeli García Martínez
Cimacnoticias | Ciudad de México.- 
 

Solicitada la AVG, un grupo de trabajo responderá en menos de 30 días

 Diputados reformó LGAMVLV


 La Cámara de Diputados aprobó la reforma a la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para precisar el procedimiento y los plazos para decretar la Alerta de Violencia de Género (AVG), con el fin de evitar que pasen de tres a cinco años para que se resuelva su implementación o no apliquen medidas de emergencia para proteger a las mexicanas. 

En la sesión de este martes –después de retirar un dictamen para promover el derecho al aborto producto de una violación sexual– las y los diputados aprobaron reformar el Artículo 25 de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para precisar que un grupo de expertos deberá analizar la solicitud de alerta y que el grupo de trabajo dé una resolución en un plazo de 30 días.

A estos 30 días, se le suman 5 días previos para conformar el grupo de trabajo; 10 días para rechazar o aceptar la solicitud de AVG y, adicionalmente, un plazo de seis meses para implementar las acciones de prevención y atención.

Con esta reforma, la Cámara baja se adelantó al trabajo que realiza el Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres) y la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim), dependiente de la Secretaría de Gobernación (Segob), para reformar los plazos que se establecieron en 2013 en el Reglamento de la Ley General.

En este tema hubo posiciones encontradas, toda vez que al iniciar la discusión de este dictamen, la Comisión de Igualdad no presentó ante el pleno el contenido de la reforma, como se acostumbra, sino que fue la diputada del Partido Encuentro Social (PES), Cynthia Gissel García Soberanes, quien habló en primer lugar para presentar la posición de su partido.

Además, la coordinadora de Movimiento Regeneración Nacional (Morena) en San Lázaro, Rocío Nahle García, pidió la palabra para precisar que su partido promovió la reforma, pero que aún estaban en consenso con otros grupos parlamentarios para hacer una modificación y poner plazos en la ley, así quedó la duda de cuál era el contenido del dictamen en votación.

Tras estas aclaraciones la diputada del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Hortensia Aragón Castillo, expresó su consternación por este proceso parlamentario, “¿por qué los temas tan simples que tienen que ver con los dictámenes de género se atoran de esta manera y sobre todo este que ya había avanzado en una serie de acuerdos?”, preguntó la legisladora.

Después de un receso para debatir otro dictamen, mientras se acordaba la redacción de la reforma a la Ley General de Acceso que se suponía fue aprobada en la Comisión de Igualdad, la diputada de Movimiento Ciudadano, Candelaria Ochoa Ávalos, dijo que con esta reforma se reducía el tiempo a 75 días para declarar una alerta de género (sumados todos los procesos que implica).

La diputada también preciso que hay 11 solicitudes de Alerta de Violencia Género y que casi todos los estados, los 32, deberían tener la alerta de género, “porque no se necesita matar a una, a cinco o a 500, la vida de una mujer es igual de importante para todos los diputados y las diputadas de Movimiento Ciudadano”, dijo.

EN ABSTENCIÓN

La perredista Karen Hurtado Arana dijo que su partido estaría en abstención porque lo correcto sería incorporar en la Ley General enunciados generales que serían desarrollados en el Reglamento por ello consideró que el dictamen no aportaba un avance significativo a favor de las víctimas de la violencia de género.

Además aseguró que la Segob, ha tardado tres años en promedio para emitir las alertas de género en seis estados del país, aunque no hay ninguna garantía de que esto ocurra en todos los casos. En el Estado de México tardó cinco años; para Veracruz la espera fue sólo de un año, y en tanto en Colima y Sonora, desde donde se solicitó antes de que en Veracruz, el procedimiento sigue en trámite, según dijo la legisladora.

Hasta ahora, la AVG se ha decretado para 11 municipios del Estado de México, 8 municipios de Morelos, 14 de Michoacán, 7 de Chiapas, 5 de Nuevo León y 11 de Veracruz.

Sin embargo la también perredista, Hortensia Aragón Castillo dijo que su partido votaría a favor e hizo un exhorto a la Comisión de Igualdad de Género, para que le dé seguimiento a las modificaciones que se deberán realizar al Reglamento en un plazo de 45 días a partir de que se publique la reforma a la Ley General de Acceso.

AVG ACTÚA, NO ACUSA

El diputado de Morena, Renato Josafat Molina Arias, destacó que la reforma al Reglamento de la Ley General que se hizo en 2013 para establecer un nuevo proceso para hacerla efectiva y rápida aún era muy largo e ineficiente, pues no respondía a la urgencia, ya que el Gobierno federal –dijo–  se ha caracterizado por su insensibilidad y falta de compromiso con estos temas.

Recordó que “el Gobierno federal y los de muchas entidades federativas tienen una idea muy equivocada de lo que es la Alerta de Género. Este mecanismo no es para acusar a nadie, la Alerta de Género es una medida de protección colectiva que obliga a actuar a los tres ámbitos de gobierno para que de manera coordinada se enfrente, erradique y prevenga, de forma pronta y expedita sin dilaciones”.

Al final la reforma fue aprobada con 383 votos a favor y fue enviada al Senado para ser ratificada.



Imagen de Sandra Segura.
Por: Anayeli García Martínez
Cimacnoticias | Ciudad de México.-

Elvia González del Pliego se suma a GASC, asesor de ONU Mujeres

  En apoyo a la Agenda 2030


La coordinadora del Programa de Asuntos de Género (PAG) en la Universidad Iberoamericana (UIA), Elvia González del Pliego Dorantes, será suplente individual del Grupo Asesor de la Sociedad Civil (GASC) para la Oficina de ONU Mujeres México, donde trabajará en el ámbito de la prevención y eliminación de la violencia contra mujeres y niñas.

El GASC es un órgano que conjuga la experiencia y los conocimientos de la sociedad civil y académicas con el objetivo de crear estrategias que, junto con ONU Mujeres en México, permitan la creación de alianzas con el Gobierno mexicano para que este cumpla con la agenda “Transformando nuestro mundo: la Agenda 2030 para el desarrollo sostenible”, fomentada por Naciones Unidas y que busca la igualdad de género y el empoderamiento de mujeres y niñas.

Los temas prioritarios de la académica durante su función serán la erradicación de la violencia ejercida contra mujeres indígenas y afromexicanas, así como la tortura sexual por cuestiones de género y la trata de mujeres y niñas con fines de explotación sexual, informó hoy en un comunicado la UIA.

La maestra en Igualdad y Género por la Universidad Jaume I, España comenzará su periodo de participación en el GASC en abril y durante un periodo de dos años.

La representante de la UIA Ciudad de México ante la Red Nacional de Instituciones de Educación Superior (RENIES-Igualdad) dijo que su participación como en el Grupo Asesor enriquecerá al PAG porque conjugará los conocimientos obtenidos con lo que imparte el programa universitario.

Las organizaciones civiles titulares que ahora integran el GASC son: Equidad de Género, Ciudadanía, Trabajo y Familia A.C., Gente Diversa de Baja California A.C., The Hunger Project México y el Grupo de Estudios sobre la Mujer Rosario Castellanos, A. C.

Las titulares individuales son la académica de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Autónoma de Nuevo León, María Luisa Martínez Sánchez; la consultora independiente, Milagros Herrero Buchanan; así como la investigadora y coordinadora del Programa de Investigación Feminista del Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades de la Universidad Nacional Autónoma de México, Aimée Vega Montiel.

Mientras que las suplentes organizacionales son el Consejo Ciudadano 100 por Jalisco A.C.; la organización 10,000 Mujeres por México y la Red de Mujeres y Hombres por una Opinión Pública con Perspectiva de Género A.C. Y las suplentes individuales del GASC son la profesora e investigadora de la Universidad de Guadalajara, María Guadalupe Ramos Ponce; la representante legal y coordinadora General Mujeres, Democracia y Ciudadanía A.C., Elsa María Arroyo Hernández,  junto con Elvia González del Pliego Dorantes.

Imagen retomada del portal http://www.ibero.mx. Foto: Pedro Rendón.
Por: la Redacción
Cimacnoticias | Ciudad de México.- 

Las noticias de CIMAC


Anayeli García Martínez Cimacnoticias | Ciudad de México.- La Junta Directiva de la Comisión de Igualdad de Género de la Cámara de Diputados retiró el dictamen para reformar los artículos 46, 40 y 50 de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia donde se pretendía incorporar la NOM 046 que garantiza la interrupción legal del embarazo (ILE) en casos de violación sexual.


En la sesión de este martes, la Mesa Directiva de la Cámara baja informó que se retiró el dictamen a fin de someter el tema a un estudio y análisis más profundo toda vez que en la sesión del 9 de marzo se subió a pleno, pero de última hora no se discutió y después, el 14 del mismo mes, por segunda ocasión fue retirado porque no hubo consenso sobre la redacción.  

La diputada de Movimiento Ciudadano, Candelaria Ochoa Avalos, reclamó ante el pleno que el dictamen se discutió sin el consenso de la Mesa Directiva de la Comisión de Igualdad y que ella no fue consultada. Además, previamente señaló en entrevista que este tema causaba ruido porque se estaba difundiendo la legalidad del aborto en casos de violación sexual. 

 Anayeli García Martínez Cimacnoticias | Ciudad de México.-  Los Partidos Acción Nacional (PAN) y Revolucionario Institucional (PRI) desistieron el debate sobre la inclusión de la norma que establece los criterios para la interrupción legal del embarazo en casos de violación (NOM 046), en la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, porque preocupó el impacto de esta decisión en el proceso electoral del Estado de México, afirmó la diputada del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Hortensia Aragón Castillo.


Este 21 de marzo, la Comisión de Igualdad de Género informó a la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados que retiraba el dictamen para incluir en la Ley General de Acceso una referencia a la Norma Oficial Mexicana: NOM-046-SSA2-2005 Violencia familiar, sexual y contra las mujeres. Criterios para la Prevención y Atención (NOM 46), que permite el aborto en casos de violación sexual.

La diputada por el PRD dijo en entrevista que esta decisión pudo ser de tinte electoral. “Creo que hay una preocupación estrictamente de carácter electoral, por la percepción social, equivocada, del PRI por el proceso electoral en el Estado de México”.
 

Argentina Casanova* Cimacnoticias | Campeche, Cam.- Cuando se habla de la prevención del embarazo adolescente se habla también de la prevención de la violencia familiar contra las mujeres, la violencia económica por el empobrecimiento y la criminalización que lleva a muchas mujeres a ser imputadas por delitos de “hambre” o  acusadas de ser malasmadres, expulsadas de los hogares familiares y abandonadas a su suerte potenciales víctimas de trata.


En muchas áreas geográficas de México, si es que sobreviven al abuso sexual y el hambre, y a la sobrecarga de trabajo, las niñas al llegar a la edad de los 12 años son “sexualizadas”, no solo por el entorno comunitario que empieza a ejercer acoso y hostigamiento, en algunos casos hasta violación por parte de hombres cercanos a su vivienda o escuela, o en algunos casos por familiares que las “toman” considerándolas propiedad del patriarca de la familia.

En municipios rurales de México la realidad de las niñas es tan terrible que narrarla supone un esfuerzo anímico. Escucharla, saberla y contarla se vuelve necesario para que nos quitemos la venda de los ojos y aceptemos que los horrores se ensañan en su contra. Si el mundo es injusto para las mujeres, imaginen cómo lo es para ellas.

Silvia Núñez Esquer* Cimacnoticias | Hermosillo, Son.-  Un eufórico “¡Hasta nunca!” fue la expresión de despedida de un sonriente niño que salía con su hermanito y hermanita de la casa hogar Unacari ubicada en Hermosillo, Sonora.


El niño de 6 años, peinado igual que su hermanito con un fleco hacia arriba, detenido con gel, abandonaba el albergue para niñas y niños maltratados o que por alguna razón han sido retirados de sus padres, para estar bajo el resguardo del gobierno del Estado.

Era el día más feliz de su existencia a juzgar por su amplia sonrisa y la euforia que tenían sus palabras cuando levantó su manita y saludó al personal mientras cruzaba la puerta hacia la salida que también significaba la salida a su libertad.
 


César Martínez López Cimacnoticias | Ciudad de México.- Nezahualcóyotl es uno de los 11 municipios del Estado de México en donde hay Alerta de Violencia de Género desde el 31 de julio de 2015.En un lote baldío de la colonia Las Virgencitas, en Neza, el sábado 18 de marzo, vecinas del lugar encontraron el cuerpo sin vida de una niña de aproximadamente 5 años de edad.

El martes 21 de marzo, organizaciones y colectivos de mujeres del Estado de México levantaron un altar en el lugar donde fue dejado el cuerpo de la niña. Desde las 11 de la mañana, activistas y un grupo de vecinas, cruzaron la avenida Bordo de Xochiaca para hacer un altar y exigir seguridad y un trabajo eficaz a la policía.

Mujeres de la colonia se sumaron espontáneamente para hacer el altar. Algunas que iban a “hacer su mandado”, solo fueron a dejar su compra, “solo llevo mi carne porque si no se me echa a perder”, y regresaron para ayudar.

Redacción Cimacnoticias | San Salvador, Sal .-La Dirección General de Migraciones de Suecia concedió asilo a María Teresa Rivera, una de “Las 17 y más” mujeres condenadas injustamente por emergencias obstétricas, tras sufrir persecución en El Salvador y de pasar cuatro años y medio en prisión, por una condena de 40 años que le impuso el sistema judicial en 2012.


María Teresa, de 35 años de edad, fue acusada primero de aborto y luego de homicidio agravado, debido a la errónea interpretación que hizo el sistema judicial del parto precipitado extra hospitalario que sufrió, informó en un comunicado la Agrupación Ciudadana por la Despenalización del Aborto Terapéutico Ético y Eugenésico, una de las organizaciones que la apoyó durante su proceso judicial y para conseguir el asilo. 

Cuando María Teresa tenía cinco años de edad, señala la Agrupación, su madre emigró a Estados Unidos y nunca más supo de ella, su padre la abandonó y hasta los nueve años vivió con su abuela materna. Después tuvo que irse a una Aldea Infantil y, ya adulta, trabajó en diferentes maquilas para sustentar a su hijo.    

 Anayeli García Martínez Cimacnoticias | Ciudad de México.- La Cámara de Diputados aprobó la reforma a la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para precisar el procedimiento y los plazos para decretar la Alerta de Violencia de Género (AVG), con el fin de evitar que pasen de tres a cinco años para que se resuelva su implementación o no apliquen medidas de emergencia para proteger a las mexicanas. 


En la sesión de este martes –después de retirar un dictamen para promover el derecho al aborto producto de una violación sexual– las y los diputados aprobaron reformar el Artículo 25 de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para precisar que un grupo de expertos deberá analizar la solicitud de alerta y que el grupo de trabajo dé una resolución en un plazo de 30 días.

A estos 30 días, se le suman 5 días previos para conformar el grupo de trabajo; 10 días para rechazar o aceptar la solicitud de AVG y, adicionalmente, un plazo de seis meses para implementar las acciones de prevención y atención.  


RedacciónCimacnoticias | Ciudad de México.-  La coordinadora del Programa de Asuntos de Género (PAG) en la Universidad Iberoamericana (UIA), Elvia González del Pliego Dorantes, será suplente individual del Grupo Asesor de la Sociedad Civil (GASC) para la Oficina de ONU Mujeres México, donde trabajará en el ámbito de la prevención y eliminación de la violencia contra mujeres y niñas.


El GASC es un órgano que conjuga la experiencia y los conocimientos de la sociedad civil y académicas con el objetivo de crear estrategias que, junto con ONU Mujeres en México, permitan la creación de alianzas con el Gobierno mexicano para que este cumpla con la agenda “Transformando nuestro mundo: la Agenda 2030 para el desarrollo sostenible”, fomentada por Naciones Unidas y que busca la igualdad de género y el empoderamiento de mujeres y niñas.

Los temas prioritarios de la académica durante su función serán la erradicación de la violencia ejercida contra mujeres indígenas y afromexicanas, así como la tortura sexual por cuestiones de género y la trata de mujeres y niñas con fines de explotación sexual, informó hoy en un comunicado la UIA.


 Redacción Cimacnoticias | Ciudad de México.- El aumento de los fundamentalismos y extremismos en el mundo atentan contra los derechos culturales de las mujeres, porque restringen su libertad de expresión artística y promueven la reproducción de estereotipos de género, advirtió la Relatora Especial en la esfera de los Derechos Culturales del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de Naciones Unidas, Karima Bennoune.
 
Por eso, en el segundo informe que presentó ante el Consejo de Derechos Humanos del organismo, el 16 de febrero de 2017, la Relatora instó a los gobiernos internacionales a implementar políticas públicas que protejan los derechos culturales de las personas y combatan el fundamentalismo y el extremismo desde un enfoque de género.
 
De acuerdo a la Relatora Especial, los fundamentalismos y extremismos, definidos como ideologías que se representan de diferentes maneras, son cada vez más utilizados por Estados y civiles para reproducir argumentos basados en interpretaciones de las tradiciones y estereotipos de género que se oponen a la igualdad de derechos.

Redacción Cimacnoticias | Ciudad de México.- Las mujeres y niñez migrante pueden estar condenadas a la muerte o a la desaparición si se les niega u obstaculiza su derecho humano al asilo, debido a los altos índices de violencia que viven en su región y ante la nueva política migratoria del gobierno estadounidense de Donald Trump y por las políticas migratorias mexicanas.


Así lo advirtieron organizaciones civiles de México y Estados Unidos, ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), durante el periodo 161 de Audiencia Públicas, que se lleva a cabo en Washington del 15 al 22 de marzo, entre ellas el Instituto para las Mujeres en la Migración AC (Imumi), la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA), y la Comisión de Mujeres Refugiadas (WRC).

En la audiencia, las sillas reservadas para representantes de estados Unidos quedaron vacías, luego de que ese gobierno decidió no enviar a ningún funcionario para tratar el tema migratorio.   

 Redacción* Cimacnoticias | Madrid, Esp .-  La Comisión de Coordinación para la Igualdad de Género de la Región de Murcia ha aprobado un protocolo para la prevención y actuación en casos de violencia de género que afecten a empleadas de la Administración regional, que recoge la protección de la intimidad, prestaciones económicas, reducción de jornadas laborales, movilidad y apoyo jurídico y psicológico.


La secretaría general de la Consejería de Hacienda y Administración Pública, María Pedro Reverte, presidía la reunión de la Comisión en la que se aprobaron medidas “que garantizan derechos de carácter laboral y ayudas económicas a las empleadas de la Administración regional, incluido el personal docente y del Servicio Murciano de Salud”, destacó.

Este acuerdo fue consensuado con las organizaciones sindicales y será remitido para su ratificación al Consejo de Gobierno y posterior, para su publicación en el Boletín Oficial de la Región de Murcia (BORM).

3/22/2017

El grupo gobernante contra AMLO

Utopía


Eduardo Ibarra Aguirre

Que el secretario de Gobernación y el de Relaciones Exteriores, el vocero de Enrique Peña Nieto y el presidente del Revolucionario Institucional, designado por el Presidente, salgan a la plaza pública a condenar a Andrés Manuel López Obrador, el candidato presidencial puntero en las preferencias ciudadanas, no es un hecho anecdótico y mucho menos casual, como sucedió el jueves 16.
Tampoco lo es que días antes, el 13, sin mediar prueba documental ninguna, los conductores de los principales noticieros en televisión y radio dieran por hecho que llamó "provocador" a un padre de familia de los desaparecidos y que le ordenó "Cállate", en Nueva York. El incidente o error, si así se prefiere, fue magnificado y convertido en nota principal durante media semana, y de la noche a la mañana los conductores aparecieron como defensores de los normalistas agrupados en la Federación de Estudiantes Campesinos Socialistas de México. La inducción de la mediocracia fue más que inocultable, evidente.
La insistencia de Miguel Ángel Osorio por desempeñar el papel de "golpeador", podría evidenciar su desesperación para ganar la voluntad y apoyo presidenciales frente a Aurelio Nuño, Luis Videgaray y otros suspirantes por la candidatura tricolor; o bien de plano el hidalguense estima que ya no tiene futuro en ese terreno y está dispuesto a pelearse con AMLO a sabiendas de que no será candidato a presidente, o quizá sí, pero de Pachuca.
También es comprensible que los grupos gobernantes de Miguel de la Madrid hasta nuestros días estén muy agradecidos con el Ejército y la Marina porque sin tales instituciones no podrían medio acotar la inseguridad pública, así sea violentando el espíritu y la letra de la centenaria Constitución, y menos marcarle límites al crimen organizado hoy muy fragmentado y más violento.
Si las fuerzas armadas están fuera de los cuarteles cumpliendo funciones policiales es por la incapacidad de los gobernantes para formar cuerpos policiacos competentes, profesionales, a pesar de la inversión multimillonaria utilizada y muy poco transparente.
Osorio demanda que AMLO presente pruebas sobre la participación de militares en la desaparición de los 43 estudiantes, cuando el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes solicitó infinidad de veces conversar con los integrantes del 27 Batallón de Infantería que la noche del 26-27 de septiembre de 2014 realizaron guardia y sencillamente le fue negado. ¿Qué oculta el gobierno de Peña Nieto?
Fueron los integrantes del GIEI los que postularon la intervención de soldados en los trágicos hechos de Iguala, no AMLO. Y esto lo saben muy bien Osorio y los demás declarantes oficiales. Por eso resulta hilarante que el secretario de Gobernación no practique la recomendación que hizo, presentar al Ministerio Público que controla el Ejecutivo, "pruebas de sus dichos sobre la presunta responsabilidad de las fuerzas armadas en el caso Iguala". Chong debería presentar las propias para demostrar "su relación y apoyo (de AMLO) a José Luis Abarca, exalcalde de Iguala, Guerrero", a quien aludió como "responsable del ataque de policías locales contra los 43 normalistas desaparecidos en septiembre de 2014". ¡Revive la "verdad histórica" del ahora exitoso gasolinero Jesús Murillo!
Analizar críticamente a las fuerzas armadas es un ejercicio democrático indispensable, que este editor y Forum practican desde octubre de 1993, a pesar de que la Secretaria de la Defensa Nacional a cargo de Antonio Riviello Bazán y Enrique Cervantes Aguirre fueron persecutores tenaces durante más de ocho años.
Acuse de recibo
Pareciera que el Ejército no es tan digno de las expectativas de los mexicanos ya que hay generales que son comprados por los cárteles", afirma en SDP Noticias Jorge Hernández Aguilar (La institución de instituciones de EPN, 17-III)… Leo Zuckermann perdió el autocontrol la noche del lunes (La Hora de Opinar, Canal 4) al punto de reconocer lo que su auditorio sabe, que es un "tecnócrata" y como liberal que pregona ser resultó intolerante con sus pares y amigos, Jorge Tello Díaz y Héctor Aguilar Camín, quienes lo reventaron al escudriñar en las causas del éxito del obradorismo como alternativa de gobierno en 2018, más allá de los lugares comunes en boga. Como el "descubrimiento" del converso Jorge G. Castañeda de que "la gente es pendeja" y por ello no valora los riesgos programáticos contenidos en el libro 2018, La salida. ¡Ah! Pero oportuno como es el doctor, ya no lo denomina El Peje, sino por sus nombres o apellidosPerspectivas palestinas es el nombre de la "plática/intercambio/convivio" con Jehad Yousef, representante en América Latina del Frente Democrático por la Liberación de Palestina. Miércoles 22 a las 19:30 horas, en Monterrey 50 esquina con Oaxaca (edificio del PRD)… La cara obscura de la relación México-EUA es el tema que aborda José Calderoni Arroyo: https://www.youtube.com/watch?v=87t036M_pF4&feature=shareSa

Que mi patrón decida si estoy enfermo


Tanto el IMSS como el ISSSTE tiene la política de no reconocer los riesgos de trabajo.

lasillarota.com

Parece broma, pero no lo es, la Cámara de Diputados con tremendo impudor aprobó el pasado 21 de febrero con 303 votos a favor, 10 abstenciones y 86 votos en contra de los partidos Morena y PRD, otorgar a los patrones la facultad para aprobar la actualización de las tablas de enfermedades y de valuación de las incapacidades permanentes resultantes de los riesgos de trabajo.

El dictamen que reforma los artículos 513 y 515 y adiciona el artículo 515 bis de la Ley Federal del Trabajo faculta al presidente de la República, a través de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, dar a conocer por medio del Diario Oficial las tablas de valuación de incapacidades permanentes siempre y cuando exista aprobación de la Comisión Consultiva Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo.

El Presidente de la República o el secretario de Trabajo, se les convierte con éste dictamen en una especie de sirvientes de las Cámaras Patronales para que ellos decidan la forma y cómo de la actualización de las tablas de enfermedades y valuaciones a las incapacidades permanentes.

En ningún otro país del mundo los patrones tienen tantas canonjías. Aquí se les pregunta cómo quieren que se les sancione y si están de acuerdo sobre el tipo de enfermedades o riesgos que pueden considerarse de trabajo, a pesar de ser ellos los responsables de los ambientes y condiciones de trabajo.

Permitir a los patrones que cometen constantes infracciones de salud en el trabajo y además puedan decidir sobre los riesgos de trabajo, es como consentir que un delincuente pueda resolver si la falta cometida por él se considere un delito o no y hasta permitirle si está de acuerdo con la penalidad, en años, meses o días de prisión a que se le deba condenar.

Será como dar un cheque en blanco a los patrones para que ellos lo llenen a su gusto. Seguro que la cantidad que tratarán de imponer será la más baja o ninguna si es posible.

La Cámara de Diputados, con este bodrio de dictamen, renuncia a su derecho a legislar sobre leyes de trabajo como lo exige el artículo 123 Constitucional en su segundo párrafo cediéndolo a un “Consejo Consultivo”, que no tiene nada de consultivo sino impositivo, conformado por líderes de los sindicatos (en su mayoría) serviles y de representantes de organismos patronales.

Es permitir que un solo poder, el ejecutivo, concentre dos poderes a la vez, el que representa él y el legislativo, y los más grave cediendo ese derecho constitucional a la patronal que tiene conflicto de intereses.

Esta concesión a los patrones se da cuando los trabajadores se enfrentan a las mayores penurias para que les sean reconocidos sus riesgos y enfermedades profesionales. Tanto el IMSS como el ISSSTE tiene la política de no reconocer los riesgos de trabajo o de imponer el porcentaje más bajo, obligando a los trabajadores a cargar con juicios muy tardados en las Juntas de Conciliación y Arbitraje para que les reconozcan sus derechos.

El dictamen para beneficio patronal está en el Senado de la República y es la oportunidad que esta instancia lo regrese a la Cámara de Diputados para que enmendé su error.  No se pueden permitir tantos retrocesos a la Seguridad Social.