9/27/2020

Para Sama

Carlos Bonfil

Para Waad Al-Kateab, periodista y cineasta siria, elaborar la crónica de cinco años de resistencia (2011-2016) vividos en la ciudad de Alepo bajo el asedio combinado de las fuerzas del dictador Bashar Al-Assad y los ataques aéreos rusos aliados del régimen, ha sido ante todo un imperativo moral. Indignada por la relativa indiferencia con que sociedades y gobiernos occidentales han asistido a los horrores del conflicto sirio, y al drama de la migración forzada de miles de personas que buscaron asilo en países europeos, la videoperiodista quiso aludir en Para Sama (For Sama, 2019), su primer documental, a las experiencias cotidianas de los ciudadanos sirios en medio de este desastre. Para ello decidió narrar su propia historia como periodista atenta a los sucesos políticos de su país, desde el ocaso de una pacífica primavera árabe hasta el crispamiento final de una resistencia civil que culminó en una dura represión gubernamental y el exterminio de miles de opositores.

Para Sama semeja una variante documental de la película belga de ficción Ensiriados (Insiriated, Philippe Van Leew, 2017), relato escalofriante que transcurre en el interior de un departamento donde una familia inerme busca protegerse de los bombardeos y abusos de los saqueadores en Damasco. Ese mismo clima de desesperación y angustia se reproduce ahora en los pasillos y quirófanos improvisados de un hospital a cargo del doctor Hamza, marido de la cineasta, lugar hasta el que llegan mujeres embarazadas y niños heridos, algunos quienes fallecen por una carencia elemental de insumos médicos.

El mismo año en que la periodista Waad Al-Kateab roda esta cinta, en colaboración con el realizador británico Edward Watts, otra pareja –un director y una guionista– abordaba un tema parecido en el documental La cueva (The Cave, Feras Fayyad y Alisar Hasan, 2019), crónica del doble combate de enfermeras en un hospital sirio para rescatar las vidas y protegerse de un prejuicio misógino que limita su labor.

Lo notable en Para Sama es la aproximación a un tema tan socorrido en estos últimos años desde la perspectiva inusual de una mirada femenina. La directora se detiene en la observación minuciosa de una vida infantil sorprendentemente aclimatada a los rigores de un virtual estado de sitio, a la proliferación incontenible de las víctimas mortales y también al estruendo de bombardeos que jamás detienen del todo el curso habitual de las actividades domésticas.

Es la rutina cotidiana de una futura madre que observa el horror y lo refiere, desde un monólogo interior, a la niña que lleva en el vientre y para la cual elabora este diario íntimo de privaciones y calamidades que es también el pequeño manifiesto de una resistencia civil infatigable. Un diario para la futura Sama. Y para el resto del mundo.

Uno de los objetivos de Para Sama es desmontar el aparato de desinformación que maneja el gobierno sirio para justificar sus abusos y sus alianzas con gobiernos extranjeros, en particular el ruso, y garantizar así su impunidad. En una escena clave, las cámaras de seguridad de un inmueble ofrecen la evidencia de un crimen de guerra, mismo que las autoridades buscan presentar como una simple operación militar de contención.

La cineasta recurre a todos los dispositivos visuales a su alcance para denunciar las atrocidades observadas, desde su pequeña cámara de periodista para la británica Channel 4 hasta el uso de drones para mostrar la devastación que padece la ciudad de Alepo. Hay una exploración febril de ese territorio sitiado y de los cambiantes estados de ánimo de sus habitantes. También de los dilemas morales de la directora. ¿Abandonar Siria como tantos otros de sus compatriotas que emprenden la huida hacia un destino incierto, acogiéndose a un asilo azaroso, o permanecer en el país y proseguir un combate tan heroico como ingrato, olvidado casi por el resto del mundo?

La respuesta está en la futura vida de la pequeña Sama nacida en 2016, destinataria final del empeño artístico y comprometido de su madre cineasta. La película obtuvo en Cannes 2019 el premio al mejor documental, compartido con La cordillera de los sueños, del chileno Patricio Guzmán.

Para Sama se exhibe en la sala 4 de la Cineteca Nacional a las14.45 horas.

Twitter: @CarlosBonfil1

Pecado fiscal, pecado capital

Rolando Cordera Campos

El éxito recaudatorio del SAT y su directiva principal, la señora Raquel Buenrostro, merece celebrarse y llevar a una sesuda reflexión de nuestros estudiosos fiscalistas sobre la estructura y cultura del fisco mexicano. También debería invitar a los diputados a abordar el tema presupuestal con una perspectiva mayor en enfoque y alcance.

El ejercicio de autoridad de que da cuenta el SAT debería ser práctica común de los funcionarios encargados de manejar y hacer crecer los dineros del Estado, pero la costumbre ha sido la contraria y es por eso que estos logros del SAT deben aplaudirse.

Lo que ha privado en el Estado mexicano es una permisividad tributaria cuyo fruto más conspicuo es el gigante con pies de lodo en que se convirtió el orgulloso Estado emanado de la Revolución. Una revolución que, a pesar de todo, merece mayúsculas pero que extravió algunos de sus objetivos originarios, consagrados en la Constitución y redefinidos en 2011 con la centralidad de los derechos humanos.

El vocablo que en el discurso oficial resumía estos deberes era la justicia social, que comprometía al partido gobernante. Recuérdese que su divisa es precisamente democracia y justicia social.

Con el estallido del 68 y la respuesta criminal, perpetrada por el presidente de la República y su Estado Mayor, todo quedó desnudo, aunque desde las cumbres del poder político se insistiera en una redefinición, en realidad una posposición sine die del cumplimiento del mandato democrático.

Elogro filantrópicodel que hablara el poeta no fue tal, aunque se lograra una combinación virtuosa entre expansión económica capitalista y un reparto administrado de sus frutos, congruente con la acumulación de capital, pero propiciador de un gra-dual desarrollo social. La clave era el crecimiento sostenido de la economía y del empleo, con activa participa-ción estatal.

Fueron los años dorados deldesarrollo estabilizadorque permitieron a no pocos presumir de unmilagro mexicanodistinto del resto de la familia latinoamericana, presa entonces de oleadas furiosas de inflación sin crecimiento y de feroces dictaduras.

Los pies de lodo del Estado se hicieron presentes a todo lo largo de las varias fases por las que pasó el crecimiento mexicano. Víctor Urquidi dio consistentes batallas por corregir esta debilidad, para algunos omisión histórica, que se convirtió en congénita a los ojos de los hombres del capital, y lo propio hicieron estudiosos como Ifigenia Martínez, David Ibarra y Carlos Tello en libros, documentos e iniciativas dentro y fuera del Estado. Con todo, el impetuoso crecimiento de aquellos años auspició la posposición de una reforma que ya era crucial. La capacidad de endeudamiento del país y, luego, el redescubrimiento del México petrolero, sostuvieron dicha posposición sin, aparentemente, afectar los equilibrios dinámicos del régimen económico. Pero el mundo cambió, el petróleo sucumbió y la austeridad se volvió el nuevo recurso mistificador para, desde el propio Estado, insistir en esa posposición autodestructiva.

Los logros del SAT han puesto de manifiesto no sólo las desigualdades en el interior de la pirámide tributaria, también resaltan la capacidad potencial del fisco mexicano si no cae en otro regodeo, ahora con sus destrezas recaudatorias, y por fin admite que los ingresos públicos no pueden sostener el cumplimiento de los compromisos históricos del Estado ni auspiciar su recomposición hacia la construcción de un Estado de Bienestar y una economía mixta volcada al crecimiento y a la igualdad.

Antes del tifón pandémico, José Casar escribió un libro cuyo valor crece a medida que las crisis develan nuestras fragilidades y contrahechuras que soportan la urgencia y pertinencia de una reforma fiscal a fondo. Sólo así México dejará de ocupar el fondo en materia tributaria y desigualdad.

En medio y en el fondo de la caída, puede sonar excéntrico proponer una reforma para incrementar los tributos e introducir criterios de equidad recaudatoria y equidad social. No obstante, no sería ésta una empresa solitaria y sin referente histórico de autoridad. Como bien afirma Casar en su Reforma Fiscal para el Crecimiento y la Igualdad (PUED, 2019):

“Para quienes pudieran argumentar que elevar la carga fiscal antes de, o durante, una recesión, sería contraproducente, cabe recordar que, como señala Jaime Ros (2015) citando a Piketty (2014), en plena depresión, bajo el presidente Roosevelt, “la tasa marginal máxima del impuesto federal al ingreso subió a más de 80 por ciento sobre los ingresos extremadamente altos, mientras la tasa máxima bajo Hoover había sido de sólo 25 por ciento. Ello no impidió la recuperación de la economía (…)”. Más aún, el aumento de los ingresos públicos le permitió a Roosevelt lanzar el agresivo programa de infraestructura que, entre otras cosas permitió disparar, por el lado de la oferta, el big push, el gran impulso que sacó al sur de Estados Unidos del atraso en el periodo de postguerra”

El pecado fiscal es, ha sido, pecado capital. Reconozcámoslo ya.

Camino Rojo: ecocidio en tiempos de la 4T

La Jornada: Camino Rojo: ecocidio en tiempos de la 4T


La herencia envenenada que en materia de megaminería recibió el presidente López Obrador (AMLO) por parte del neoliberalismo a la mexicana, así como las contradicciones de su gobierno en la preservación de los sistemas ambientales del país, comienzan a dar sus primeros frutos podridos. El caso más reciente lo encontramos en la minera canadiense Orla Mining y su proyecto de tajo a cielo abierto Camino Rojo, el cual fue aprobado el pasado mes de agosto, en plena pandemia, por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales. La misma trasnacional dio la noticia a sus inversionistas desde Vancouver, garantizándoles que cuenta ya con las autorizaciones necesarias para iniciar la construcción de la mina e informó, además, que la pandemia en curso no representa obstáculo al proyecto porque el gobierno de México declaró a la minería como actividad estratégica, lo que le permitirá producir sus primeras onzas de oro en 2021.

Ubicado a tan sólo tres kilómetros de la comunidad de San Tiburcio en el municipio zacatecano de Mazapil y a 50 kilómetros al sur de Peñasquito (una de las minas a cielo abierto más grandes y destructivas del planeta), el proyecto Camino Rojo desarrollará, con el aval de la Cuarta Transformación, un enclave neoporfirista (AMLO dixit) sobre una superficie de mil 828 hectáreas, de las cuales 812 serán destinadas a obras e instalaciones. Entre éstas se incluyen un tajo a cielo abierto de 33 hectáreas y 250 metros de profundidad, patios y alberca de lixiviación, depósito de cianuro, polvorín para explosivos, estación de gasolinas propia, tepetateras, apilamientos de material de baja ley, almacén para residuos peligrosos, nuevos caminos y pista privada de aterrizaje. Todo esto sobre tierras de un Sistema Ambiental Regional que alberga diversas especies de reptiles, anfibios, mamíferos y aves, muchas de ellas catalogadasen riesgo, así como decenas de especies vegetales de las cuales ocho se encuentran bajo categoría de protección, el peyote incluido.

Orla Mining ha calculado en 12 años la duración de su proyecto, nueve de ellos de vida útil de la mina, periodo durante el cual se utilizarán casi 23 mil toneladas de explosivos para destruir el territorio y formar el tajo, además de 26 mil toneladas de cianuro para lixiviar. El proyecto consumirá un total aproximado de 110 millones de litros de diesel y 3.5 millones de litros de gasolina para mover maquinaria, vehículos y generadores de electricidad. Con ello, la empresa aspira a procesar más de 44 millones de toneladas de mineral, con un consumo anual de un millón de metros cúbicos de agua que serán obtenidos del sobreexplotado acuífero profundo y de la destrucción del manto freático de la región.

De todo ello, Orla Mining calcula obtener como botín 660 mil onzas de oro y 3.5 millones de onzas de plata. A cambio ofrecerá 460 empleos directos en su etapa operativa, la mayoría para trabajadores foráneos ante la falta de personal capacitado en las comunidades rurales aledañas al proyecto: San Tiburcio (mil habitantes), El Berrendo (200) y Los Quijano (52). Los ejidatarios de estas poblaciones han arrendado sus tierras a la trasnacional, que las devolverá destruidas, contaminadas y desertificadas en menos de 15 años. Un saqueo redondo. El gerente de Camino Rojo ha llegado al absurdo de declarar que el objetivo de la empresa esdejar el lugar como estaba, incluso mejor, apreciación contraria a los datos técnicos de la Manifestación de Impacto Ambiental, donde se especifica que las consecuencias del proyecto cambiarán por completo y para mal el territorio, forma elegante de decir que se trata de su sentencia de muerte. Con este ecocidio en curso aumentarán los daños irreversibles que la megaminería de tajo a cielo abierto ha provocado sobre los frágiles sistemas ambientales del norte del estado de Zacatecas y del altiplano potosino.

Hace pocos días, AMLO reiteró que en su gobierno no se han dado ni se darán concesiones mineras y que no cancelará las existentes, e hizo de nuevo un llamado a las mineras extranjeras para aplicar en México las normas que siguen en sus países de origen para cuidar el medio ambiente. El presidente está muy mal informado, pues su gobierno ha otorgado varias concesiones mineras de las que existen pruebas irrefutables, pero también muestra ignorancia al considerar que las mineras actúan correctamente en sus países: por ejemplo, los ecocidios y arbitrariedades que las mineras canadienses han cometido en territorios indígenas de Canadá están plenamente documentados y denunciados. Además, la irresponsable postura presidencial en materia minera ha estimulado a los corporativos y a sus cómplices para avanzar en sus negocios ecocidas. La situación que se vive en Ixtacamaxtitlán o en los Chimalapas, entre muchos otros lugares del país, dan cuenta de ello.

A la par del apoyo incondicional a AMLO en su proyecto anticorrupción y en su revolución ético-política, surge también mi indignación ante fracasos ambientales tan desoladores como el representado por Orla Minig y el ecocidio de Camino Rojo, derrota nacional pero de consecuencias globales para un planeta que se dirige hacia un cambio irreversible, desconocido y nada estimulante para las especies que lo habitamos.

Investigador de El Colegio de San Luis

No han logrado romper los pactos de silencio: GIEI

Seis años sin los 43

Se requieren garantías de impartición de justicia

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▲ Protesta frente a Palacio Nacional con la exigencia de agilizar las indagatorias sobre el paradero de los 43 normalistas.

El Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) consideró que a seis años de la desaparición de 43 normalistas deAyotzinapa el desafío “sigue siendo romper los pactos de silencio y encontrar el paradero de los estudiantes.

En esta línea ha habido avances, pero entendemos el dolor y la frustración de los padres que esperan esa información desde hace tanto tiempo, aseguró vía remota Francisco Cox Vial, integrante del GIEI, durante el informe del caso Ayotzinapa en Palacio Nacional.

Señaló que los pasos dados hasta ahora por el gobierno son muy importantes, pero no tenemos aún una respuesta a la pregunta central de dónde están los muchachos, y no se pueden forzar narrativa o versiones de los hechos hasta que estén corroboradas por evidencia, como tampoco la verdad se puede forzar ni se pueden cometer los errores del pasado.

Destacó que es “muy significativo que quien ideó la verdad histórica, Tomás Zerón, ya tiene una orden de captura internacional, y quien la ejecutó, Blanca Alicia Bernal Castilla, ya está ligada a proceso”, al afirmar que la investigación no está separada de aquellas sobre quienes obstaculizaron la investigación.

El experto resaltó que el hecho de que se haya demostrado que la red criminal incluía autoridades federales y que ha habido un cambio sustancial en la forma que se trabaja en el caso, después de que la extinta Procuraduría General de la República y el Ejecutivo anterior, construyeron un relato a partir de declaraciones obtenidas bajo tortura y la tergiversación de la verdad, lo que ha tenido un costo enorme para la impartición de justicia.

Hay pruebas que se destruyeron indefectiblemente, añadió; otras se contaminaron y no se pueden utilizar y hay líneas de investigación que se ocultaron o tergiversaron. Igualmente, decenas de consignaciones se hicieron con pruebas ilícitas o insuficientes, esperando que a mediano plazo iban a provocar impunidad.

Debemos estar conscientes, explicó, que se trata de un caso muy complejo, dada la cantidad de víctimas y presuntos responsables; no es un caso que se pueda cerrar en meses, sino que puede llevar más tiempo, y subrayó la lucha digna delos padres de los 43, a pesar del dolor de la desaparición, los obstáculos en distintas fases de ese camino, el impacto de la llamada verdad histórica y de estos seis años de incertidumbre.

Indicó que se requiere el compromiso del gobierno de sostener el esfuerzo de la Fiscalía General de la República en la investigación y obtener claridad de los jueces en la determinación de las responsabilidades.


Foto n Yazmín Ortega
Periódico La Jornada
Domingo 27 de septiembre de 2020, p. 3

La Sedena pone a disposición del MP a todo el 27 batallón

Seis años sin los 43

Es la primera vez que el ejército se abre a una investigación de este tipo, reconocen

La comisión presidencial del caso Ayotzinapa destacó la colaboración de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) al poner a disposición de esta instancia y del Ministerio Público a todos los elementos del 27 Batallón de Infantería de Iguala para contribuir a la investigación iniciando, en su caso, los procesos penales correspondientes.

Precisó que la Sedena ha entregado toda la información solicitada de los batallones 27 y 35 respecto al personal castrense, antecedentes militares, bitácoras, informes, comunicaciones, radiogramas, estructura del batallón y bases de operación, fotografías y videos y órdenes de operación, según las solicitudes del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes.

Es la primera vez que la Sedena se abre a una investigación de este tipo y los documentos recabados serán remitidos a la Fiscalía General de la República. La comisión subrayó que el 24 de julio pasado, padres de los estudiantes desaparecidos, integrantes de esta instancia creada por decreto presidencial en diciembre de 2018, inspeccionaron las instalaciones del 27 batallón.

La comisión menciona que a partir de millones de evidencias recabadas de 2014 a la fecha, algunas de las cuales debieron ser recuperadas de fuentes oficiales restringidas, se podrá establecer la operación de delincuentes con las fuerzas de seguridad en contra de los estudiantes y la certeza que durante la agresión en ningún momento estuvieron juntos los 43. El presidente de la comisión Alejandro Encinas, subsecretario de Derechos Humanos de Gobernación, dijo ayer que la verdad histórica ha colapsado y advirtió que no se protegerá a nadie contra la ley.

Aclaró que en esta administración no se generarán falsas expectativas ni construirán una nueva verdad histórica; al contrario, seguirán trabajando para llegar a la verdad por más dolorosa que sea.

Aquí no estamos cansados ni nos vamos a cansar, expresó Encinas en alusión al ex procurador Murillo quien el 7 de noviembre de 2014, en una conferencia de prensa expresó: ya no más preguntas, ya me cansé.

Ante familiares de los normalistas, el presidente López Obrador y funcionarios responsables de coordinar la investigación estableció que hasta le fecha, la única verdad es que no hay verdad, pero la van a encontrar. Además de la colaboración de la Sedena, la Secretaría de Seguridad inició procesos administrativos en contra de 14 elementos, cinco de los cuales son investigados.

Sin pruebas de vida

En cuanto a la búsqueda sobre la hipótesis de que siguieran con vida, se ha indagado en sitios diversos, hasta asilos, sin que hasta el momento se cuente con algún indicio de jóvenes de Ayotzinapa sobrevivientes. Refirió que se han llevado al cabo una treintena de acciones de búsqueda en campo, en 217 puntos de interés en seis municipios de Guerrero.

Han hallado decenas de fosas clandestinas y de cuerpos, pero ninguno en coincidencia con los jóvenes, salvo el resto óseo enviado para su análisis a Austria y que resultó positivo para la identidad genética del normalista Christian Alfonso Rodríguez Telumbre. Para la comisión, éste es un precedente para cuestionar la verdad histórica.

Al mismo tiempo, el comité científico de la comisión sistematiza toda la información disponible. Analiza, se indica en el reporte, 80 millones de registros de comunicaciones telefónicas de 2014 a 2018 , y hoy se cuenta con evidencias que permitirán a la Fiscalía determinar la operación del grupo delictivo y sus células, la participación de las fuerzas de seguridad y de quienes perpetraron las agresiones a los estudiantes.

Nos corresponde ahora, ofreció, romper los candados de interés ligados al crimen organizado y al poder público, romper el pacto de silencio e impunidad y deslinar responsabilidades para que la justicia alcance a todos los involucrados.


Periódico La Jornada
Domingo 27 de septiembre de 2020, p. 2


Gertz: el gobierno anterior efectuó un encubrimiento generalizado del caso

Seis años sin los 43

Ocultaron matanza simultánea en Iguala


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▲ Guardias vigilan frente a Palacio Nacional después de la manifestación.

A seis años de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, las recientes indagatorias de la Fiscalía General de la República (FGR) han establecido que en la administración pasada el gobierno de la República se convirtió en el operador de un encubrimiento generalizado, que todas sus instancias desde la cúspide del poder hasta los operadores más elementales encubrieron, mintieron, torturaron, realizaron falsas diligencias y trataron de ocultar con impunidad y con escándalos mediáticos lo sucedido con los estudiantes, señaló el fiscal general Alejandro Gertz Manero, al dar a conocer el informe institucional de este asunto.

En ese contexto, el Ministerio Público Federal ha centrado las investigaciones de la participación del Ejército en tres integrantes de la Defensa Nacional, por actos de omisión y presuntamente en algunos de estos casos porque habrían recibido sobornos de Guerreros Unidos para no afectar sus operaciones, revelaron funcionarios federales.

Ante padres de las víctimas, integrantes de organizaciones sociales y autoridades del gobierno federal, en un acto encabezado por el presidente Andrés Manuel López Obrador, Gertz Manero expresó en una transmisión por videoconferencia que también se ha determinado que el ex titular de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) Tomás Zerón de Lucio se convirtió en el operador de un encubrimiento generalizado y que éste recibió como pago mil millones de pesos que se robó de la extinta Procuraduría General de la República.

La evidencia recabada también revela que la diligencia en la que se encontraron fragmentos óseos en el río Cocula en octubre de 2014 –inspección fundamental en la teoría del caso que sostiene que los normalistas fueron incinerados en el basurero de Cocula, sus restos triturados, metidos en bolsas y luego arrojados a la corriente de ese afluente– fue un montaje en el que la agente del Ministerio Público encargada de dar fe de ella, firmó el reporte estando en la Ciudad de México y ahora está bajo proceso.

De Zerón de Lucio, a quien se refirió sin mencionarlo por su nombre, el fiscal dijo que se convirtió en el vocero oficial del gobierno federal y en el principal orquestador de toda esta mentira y de esas falsedades, llevando a cabo diligencias absolutamente reprobables, sin ningún control legal.

En torno a la privación de la libertad y posterior desaparición de los normalistas, las recientes investigaciones sostienen que la presencia de los estudiantes fue un coincidente letal en un momento de choque entre los grupos delincuenciales, sus encubridores y sus socios, enquistados en las policías locales, en la Policía Federal, en los distintos organismos y fuerzas del Estado mexicano que tenían presencia en ese lugar.

Con base en las investigaciones realizadas, hubo una matanza que ocurrió de forma simultánea a la desaparición de los jóvenes. Hay acusaciones de que cerca de 80 personas fueron masacradas y ocultadas en Iguala por diferentes grupos delictivos y sus cómplices oficiales en esa lucha feroz entre criminales y encubridores burocráticos, a lo que no se le dio seguimiento alguno por las autoridades competentes.

Gertz Manero puntualizó que autoridades judiciales locales ocultaron videos que testimonian los hechos ocurridos en el Palacio de Justicia estatal en Iguala, por lo que, dijo, es necesario que integrantes del Poder Judicial de Guerrero rindan cuentas al respecto, se los estamos exigiendo y haremos que lo cumplan.

Por lo que toca al ex titular de la PGR –sin mencionar por su nombre a Jesús Murillo Karam–, indicó: Éste se convirtió en encubridor y vocero del Ejecutivo para tratar de orquestar este engaño mediático masivo y para eludir las responsabilidades que eran ineludibles. Mientras patrocinaba procesos que tenían como único destino y propósito su fracaso.

Las órdenes de aprehensión

El fiscal especial del Caso Ayotzinapa Omar Gómez Trejo informó que en esta administración se han obtenido 70 órdenes de aprehensión, concedidas y otorgadas por los análisis de pruebas que los propios jueces han hecho; 34 órdenes para policías municipales, de las cuales ya se cumplimentaron 24, faltan 10; además, otras 25 órdenes en contra de autores materiales e intelectuales de la desaparición y estas órdenes comprenden a policías de diversas municipalidades, policías federales, miembros del Ejército, así como funcionarios y ex funcionarios de la extinta PGR y miembros de la delincuencia organizada.

En tanto, el subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación Alejandro Encinas externó: Se han liberado 70 órdenes de aprehensión de las 83 solicitadas, por delincuencia organizada, desaparición forzada y tortura, entre otras, y se ha detenido a 34 personas, entre quienes se encuentran integrantes del grupo delictivo, policías federales ministeriales, agentes del Ministerio Público Federal, ex policías federales y policías municipales, con lo que suman 80 personas detenidas al momento.

Foto Ap
Periódico La Jornada
Domingo 27 de septiembre de 2020, p. 4


Balance de articulistas de seis periódicos en “La mañanera”, alrededor del gobierno de AMLO


Pedro Echeverría V.

1. Es condenable, terriblemente vergonzoso, que las empresas periodísticas y el 95 por ciento de sus articulistas, así como las empresas televisivas, estén sólo tras el dinero y el poder. Algunos quizá sólo reciban salarios para vivir, pero para los más, los salarios sólo les sirven para tomarse unos tragos entre los amigos porque la parte gruesa del ingreso, el soborno puro “contante y sonante”, lo reciben de los grandes empresarios, de las arcas del gobierno o directamente de los partidos y los políticos.

2. Fue muy importante la presentación de periódicos y articulistas que hoy en La Mañanera fueron analizados a partir de sus posiciones respecto al gobierno de AMLO. Creo haber escuchado los nombres del El Financiero, El Universal, Excélsior, Milenio, El Heraldo. He escrito en dos de ellos (Excélsior y El Financiero (Regional) éste supervisado por Jenaro Villamil. Sin embargo éstos y los demás medios de información –al ser propiedad de empresas privadas- tienen que obedecer las órdenes de sus dueños, generalmente abrazados por la corrupción.

3. Por esto, y cien mil cosas más, México está catalogado como uno de los países más corruptos de la tierra. No hay espacio político, económico, social, cultural, donde hurgues que no salga pus. Desnudar o sólo abrir los casos es para mí –aunque sea muy limitado- la gran victoria del lópezobradorismo. Algunas veces esta acción denunciadora en México la comparo con la labor del héroe sin igual que es Julian Assange (permanentemente perseguido) al enseñar al mundo el saqueo y los asesinatos del gobierno imperial de los EEUU.

4. Muchas cosas del mundo denunciadas por el inolvidable Assange las sabíamos, pero nos faltaban la confirmación y muchos datos para demostrar como actuó el imperialismo asesino de Norteamérica. Igual ha sucedido con López Obrador –que conociendo al monstruo desde sus entrañas- ha abierto el cuerpo de la gigantesca corrupción en México –que ya balbuceábamos en parte- pero que, al conocer todas sus triquiñuelas, alianzas y componendas -aunque sus olores son casi inaguantables- no podemos menos que halagar.

5. Las empresas y sus colaboradores no son ignorantes, tontos o idiotas; pertenecen al sistema de explotación capitalista en cuyo cerebro sólo está el poder y el dinero. ¿No sería acaso el colmo, desquiciante, de locura, que dentro del mismo equipo de López Obrador –ejemplo de honestidad y honradez- comenzara a surgir, a desarrollarse la corrupción, porque los del PRI, PAN. PRD, que lo han penetrado, comenzaran a dominar al gobierno dado que mantiene una posición temblante, sensiblera, convenenciera o pusilánime. (25/IX/20)



“Hasta saber qué sucedió con los 43”; 6 años de la desaparición forzada

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Obstaculización de la investigación, avances lentos y posible desaparición de pruebas son los principales retos a los que se han enfrentado los familiares de los 43 estudiantes de Ayotzinapa desaparecidos forzadamente en Iguala, Guerrero. Aunque todavía no se conoce qué sucedió aquella noche, madres y padres no olvidan, rechazan la creación de una nueva verdad histórica; exigen conocer el paradero de sus hijos, exigen justicia

¿Dónde están nuestros hijos?”: por más de seis años ésta ha sido la pregunta que han realizado madres y padres de los 43 estudiantes normalistas rurales que fueron víctimas de desaparición forzada el 26 de septiembre de 2014, en Iguala, Guerrero. “¿Quiénes se los llevaron?”, resuena también en la mente de hijos, hermanos, primos y demás familiares. “¿Qué sucedió con los 43 estudiantes de la Escuela Normal de Ayotzinapa?”, cuestiona el pueblo de México. No obstante, a 72 meses de este hecho, aún no hay respuestas.

“¿Dónde están nuestros hijos?, exigimos saberlo. No vamos a perdonar tantas injusticias. Sabemos que fueron uniformados quienes se los llevaron. Nunca vamos a olvidar aquel 26 de septiembre de 2014. Seguiremos presionando hasta dar con el paradero de nuestros hijos porque no hay ni un perdón, ni un olvido”, asegura María de Jesús Tlatempa Bello, madre de José Eduardo Bartolo Tlatempa, uno de los normalistas desaparecidos.

A seis años de este crimen atroz, una de las principales demandas de las familias y las organizaciones de la sociedad civil que acompañan el caso es la reestructuración de las instituciones encargadas de realizar las investigaciones, ya que aún hay servidores públicos de mandos medios y menores que participaron en la creación de la “verdad histórica” y que obstaculizan el acceso de las víctimas a la justicia.

“Los funcionarios del anterior sexenio son los que no dejan avanzar las cosas. Para nosotros es desesperante. Ya quisiéramos saber qué fue lo que pasó. A seis años nos sentimos defraudados con la antigua administración, pero ahora que el actual gobierno demuestra voluntad, [la investigación] va lenta”, reconoce Estanislao Mendoza, padre de Miguel Ángel Mendoza Zacarías.

Ésta es la misma queja que presenta Hilda Hernández Rivera, madre de César Manuel González Hernández, quien asegura en entrevista que hay personas del régimen pasado que interfieren en abrir “una mejor puerta que nos pueda llevar a saber del paradero de nuestros hijos”.

Humberto Guerrero, coordinador de derechos humanos de Fundar, coincide y explica a Contralínea que las investigaciones del caso no avanzan tan rápido como quisieran porque no se han removido todos los obstáculos dentro de la FGR. Para él, eso es fundamental para romper el pacto de impunidad que había existido en el caso.

“Las investigaciones del caso no avanzan tan rápido como quisieran porque no se han removido todos los obstáculos dentro de la FGR”

“Aunque se están girando las órdenes de detención, desgraciadamente el Poder Judicial las ha negado. Hay avances pero también hay retrocesos. No se permite avanzar debido a que todavía hay funcionarios que están obstaculizando la investigación”, indica Hilda Leguideño, madre del normalista Jorge Tizapa Legideño.

Esta situación sólo podría cambiar si se expulsara a las personas de la administración pasada que siguen interviniendo en las investigaciones, pues de esa manera “habría más posibilidad de abrir la investigación y saber más información sobre el paradero de los muchachos”, apunta el padre de Adán Abraham de La Cruz, Bernabé Abraham.

Lentitud en la investigación, ¿falta de compromiso real?

Al dolor que dejó en las familias, la noche de aquel 26 de septiembre se suma ahora la lentitud con la que avanza la investigación. A pesar de que el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, manifestó voluntad política para resolver el crimen, ésta no basta si no hay un compromiso real por parte de las instituciones de justicia, consideran defensores de derechos humanos.

En septiembre, un juez federal negó las 46 órdenes de aprehensión que fueron solicitadas contra servidores públicos de Guerrero relacionados con el caso, y lo único que sigue adelante es la orden de captura, con fines de extradición, del exdirector de la Agencia de Investigación Criminal, Tomás Zerón de Lucio.

Esta resolución es considerada por Vidulfo Rosales –defensor de los derechos humanos del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan– como un “formalismo” que sigue privilegiando el Poder Judicial, lo que provoca que los expedientes “reboten” y no se avance en las órdenes de aprehensión.

“El problema es que no se han reestructurado algunas instituciones encargadas de la investigación. Por ejemplo, la Fiscalía General de la República tiene las mismas inercias, como la Secretaría de la Defensa Nacional. El Poder Judicial también tiene problemas y son aspectos del Estado mexicano que no han cambiado, son estructuras que permanecen como siempre y eso no ayuda”, explica Rosales a Contralínea.

El también abogado de los familiares de los 43 precisa que hay una responsabilidad institucional respecto a la reestructuración del caso, pues aunque el presidente López Obrador tenga toda la voluntad de llegar a la verdad, “no es posible que en la Fiscalía las cosas no caminen. En el terreno práctico es donde tienes que aterrizar esa voluntad política, de lo contrario las cosas no avanzan”.

Estanislao Mendoza considera que para que esto cambie es necesario que el gobierno “agarre a Tomás Zerón y a [Jesús] Murillo Karam, para que nos digan quiénes fueron sus cómplices, pero no han hecho eso. Ya se habían liberado 46 órdenes, pero otro juez lo desmintió y se vino abajo todo. Ahorita el presidente dijo que va a buscar la manera de cómo volver a reactivar esas detenciones. En esas cosas si estamos decepcionados porque no hemos visto nada durante estos seis años y seguimos igual”.

Aunado a ello, el 21 de septiembre los padres y madres, junto con estudiantes de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos, protestaron ante el Poder Judicial de Iguala por no hacer públicos los videos grabados por seis cámaras ubicadas en las instalaciones del Palacio de Justicia, que muestran los hechos ocurridos ahí la noche del 26 de septiembre de 2014.

En la manifestación, Melitón Ortega, uno de los voceros del movimiento y tío del normalista desaparecido Mauricio Ortega, acusó a las autoridades del municipio de haber destruido dicha evidencia y rechazó la versión del presidente del Poder Judicial en Guerrero, Alberto López Celis, acerca de que los padres tienen copias de los videos.

“Si esos videos se ocultaron o se destruyeron o alguien ordenó su destrucción, y el Poder Judicial de Guerrero se prestó a desaparecer esa evidencia, es sumamente grave. Eso debe ser motivo de una investigación. Por ello es que hay mucha molestia de parte de los padres y estudiantes puesto que en el lugar desaparecieron 15 o 20 estudiantes y lo que pudieron haber visto esas cámaras, resulta de importancia capital para saber el paradero de  ellos”, resalta el abogado Vidulfo Rosales.

“Si esos videos se ocultaron o se destruyeron o alguien ordenó su destrucción y el Poder Judicial de Guerrero se prestó a desaparecer esa evidencia, es sumamente grave. Eso debe ser motivo de una investigación”

Y comenta que en caso de que esos videos no sean revelados se pensaría que fueron destruidos de manera deliberada para evitar que se supiera qué sucedió con los 43 estudiantes.

“No queremos una nueva verdad histórica”

A casi dos años del gobierno de López Obrador, familiares y organizaciones le piden evitar la fabricación de una nueva “verdad histórica”.

Al respecto, Humberto Guerrero dice a Contralínea que una de las demandas principales de los padres y madres de los normalistas desaparecidos es que el gobierno “evite la tentación de apresurar una versión oficial de los hechos; es decir, la construcción de una nueva verdad histórica en un afán de querer darle un cierre pronto como para que tenga créditos políticos”.

El integrante de la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia en el Caso Ayotzinapa subraya que el primer mandatario se comprometió a continuar con las investigaciones hasta que el caso esté esclarecido de manera científica, técnica y sin que exista violación a los derechos humanos de las víctimas.

Además, reitera la importancia de perseguir y sancionar a quien resulte culpable de haber participado en la comisión de este delito, independientemente de qué cargo haya tenido en el pasado.

Y es que uno de los principales avances que se han tenido en la investigación es la identificación de los restos encontrados en una zona llamada la Barranca de la Carnicería, en Guerrero. Ésta se ubica a más de 800 metros del basurero de Cocula.

“Del 21 al 29 de noviembre de 2019 se realizaron acciones de búsqueda en una zona llamada Barranco de la Carnicería. En dicha diligencia se recuperaron 15 indicios. El 28 de febrero se llevaron a la Universidad de Innsbruck, en Austria, donde se examinaron las pruebas, y el 19 de junio la Universidad informó que una de ellas correspondía a la extremidad inferior de Christian Alfonso Rodríguez Telumbre”. Ello se dio a conocer en México el 7 de julio, por Omar Gomez Trejo, titular de la Unidad de Investigación para el Caso Ayotzinapa de la FGR.

Gomez Trejo enfatizó en conferencia (https://www.youtube.com/watch?v=6QtZKM6NVFU) que el caso continuará abierto hasta el pleno esclarecimiento de los hechos.

Otro indicio de esperanza para las víctimas fue una fotografía que circuló en redes sociales en la que se observa a un joven en situación de calle en una plaza de Mexicali, Baja California, con las características del estudiante desaparecido Jorge Antonio Tizapa Leguideño.

Ante ello, familiares pidieron la ayuda de la Comisión Nacional de Búsqueda para emprender un operativo para que se confirme o descarte si la identidad del joven corresponde al normalista.

El gobierno de modo muy irresponsable hizo pública la foto de una madre que vio en Facebook un retrato de una persona que pudiera parecer su hijo y pidió se agotara esa búsqueda, pero penosamente el gobierno de la entidad donde se realizó, lo difundió”, resaltó Santiago Aguirre, director del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh), durante la conferencia virtual “Retrospectiva del Caso a 6 años de los hechos”.

En este sentido, Vidulfo Rosales detalla a Contralínea que se está haciendo la búsqueda en Mexicali para ubicar a esta persona y saber si es el estudiante de Ayotzinapa. Asimismo, indica que ha habido disposición por parte de las autoridades para emprender esta búsqueda.

A través de estos hallazgos se respalda, una vez más, que la verdad histórica fue una farsa y que las nuevas acciones de búsqueda rompían con la narrativa de dicha mentira, la cual ha impedido obtener la verdad y la justicia del caso.

Crimen de Estado y creación de la Comisión para la Verdad

El reconocimiento de que la desaparición de los 43 estudiantes fue un crimen de Estado y la integración de una Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia interinstitucional son los principales logros que se han obtenido en el actual gobierno federal, gracias a las exigencias de la sociedad para esclarecer el caso.

“Con la nueva administración sí hay un cambio sustancial porque esta administración, no sólo en palabras del Poder Ejecutivo, sino también del Legislativo, del Judicial y de la Fiscalía General de Justicia hay un reconocimiento de que aquí hay un crimen de Estado”, afirma Miguel Álvarez, director de Servicios y Asesoría para la Paz (Serapaz).

En este sentido, el presidente López Obrador señaló que “en el caso de los jóvenes de Ayotzinapa y muchos otros crímenes no se puede hablar de crímenes de Estado porque ahora el presidente de la República no va a permitir ninguna injusticia, no va a permitir ningún acto autoritario”, durante una visita que hizo a los pueblos indígenas en Tlapa de Comonfort, Guerrero.

Ello, a pesar de que el año pasado, durante el homenaje de Valentín Campa, el subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración, Alejandro Encinas, reconoció que el hecho acontecido la noche del 26 de septiembre había sido un crimen de Estado.

“Alejandro Encinas reconoció que el hecho acontecido la noche del 26 de septiembre había sido un crimen de Estado”

Además, Miguel Álvarez señala que la Comisión para la Verdad y la Justicia en el Caso Ayotzinapa es una “comisión inédita, impensable en la administración anterior”. Ello, porque es una instancia formal integrada por madres y madres de los normalistas y hay vínculos con el presidente de la República Mexicana, con el ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con el Fiscal General de la República, con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y con la Secretaría de Relaciones Exteriores.

También participan integrantes del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas; así como Serapaz, el Centro de Análisis e Investigación Fundar, Centro Prodh y el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan.

“Esto implica el grado de formalidad que hay en el compromiso interinstitucional para avanzar”, menciona el representante de Serapaz. Asimismo, considera que con la administración actual existe la voluntad política que no había en el sexenio anterior porque, incluso, se “construyó la situación jurídica que convenía”.

Como se recordará, el 27 de enero de 2015, Jesús Murillo Karam –entonces procurador general de la República– declaró que los 43 estudiantes de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos (de Ayotzinapa) fueron secuestrados y asesinados a manos de integrantes del grupo criminal Guerreros Unidos al haber sido confundidos por miembros del grupo contrario, Los Rojos. Sus restos, afirmó, fueron incinerados en el basurero de Cocula y arrojados al río San Juan, en Guerrero. Los responsables del crimen también hirieron a 25 personas y ejecutaron extrajudicialmente a otras seis. Todo esto, en colusión con elementos de la policía municipal de Iguala y Cocula. 

Sin embargo, su supuesta “verdad histórica” fue desmentida por el actual fiscal General de la República (FGR), Alejandro Gertz Manero, el 30 de junio de este año, cuando dio a conocer que la Fiscalía había solicitado 46 órdenes de aprehensión en contra servidores públicos de Guerrero por desaparición forzada y delincuencia organizada. A tráves de un video publicado por la FGR (https://www.youtube.com/watch?v=2-uXQiJFmog), Gertz Manero manifestó: “la información de todo el trabajo realizado que ha permitido identificar [este hecho] como desaparición forzada y conductas de delincuencia organizada impulsan a que esta nueva etapa se pueda manejar con absoluta transparencia y toda legalidad. Se acabó la verdad histórica”.

Esto provocó que se rehiciera la investigación, a pesar de que hay pruebas que se destruyeron y hubo liberaciones de personas clave para la investigación. El director de Serapaz considera que Ayotzinapa es un caso “emblemático” porque hizo avanzar la legislación, instituciones y mecanismos para los más de 70 mil casos de personas desaparecidas que hay en el país.

Por ello Miguel Álvarez destaca la importancia de “reconocer que Ayotzinapa no es un caso aislado, sino vinculado a los miles de otros casos en el país. Está siendo el eje del arado que va abriendo surco también para las otras miles y miles de desapariciones que cruzan el país”.

Al respecto, el defensor Vidulfo Rosales argumenta que “la voluntad del presidente no es suficiente, necesitamos un compromiso real de todas las instituciones porque es un caso sumamente grave. El entramado de impunidad construido es muy grande para desmontarlo y desenmarañar se necesita el esfuerzo de muchas instituciones”.

“La voluntad del presidente no es suficiente, necesitamos un compromiso real de todas las instituciones porque es un caso sumamente grave”

Importancia de Ayotzinapa para otros casos de desaparición

—¿Qué significado tendría la resolución de la desaparición de los 43 estudiantes?

—Resolverlo marcará un parteaguas en materia de justicia y derechos humanos de nuestro país. Lo cual sentaría las bases para revertir los índices de impunidad y para transitar a un sistema más democratico, donde la justicia es más efectiva, en donde las graves violaciones a derechos humanos se castigan y habría condiciones para establecer medidas de no repetición de estos hechos, –responde Vidulfo Rosales a Contralínea.

Por su parte, Humberto Guerrero considera que la resolución de este caso puede impactar en la forma de entender cómo se puede abordar el cúmulo de miles de desapariciones que hay en el país y de otras situaciones relacionadas con violaciones de derechos humanos.

El representante de Fundar opina que el trabajo de cooperación que se realizó para identificar los restos óseos de Christian Alfonso Rodríguez Telumbre es un ejemplo de cómo tendría que ser el proceso de investigación forense en otros casos.

Además, menciona que la identificación forense es un tema presente en la agenda gubernamental que no ha avanzado y con la identificación del normalista se creó un “mecanismo extraordinario de identificación que plantea crear un esquema para identificar los restos de personas fallecidas no identificadas, que posiblemente tienen un reporte de desaparición”. Para lo cual es importante que haya coordinación entre instituciones nacionales, organizaciones independientes y cooperación de instancias internacionales.

“No se puede acabar con violaciones a derechos humanos en México por determinación política. Ninguna autoridad, presidente o senador podrá declarar que en su gobierno no habrá violaciones. Lo que tiene que hacer es entender, estudiar y analizar cómo y por qué acontecen las violaciones de derechos humanos por qué la justicia no funciona”, explicó James Cavallaro, expresidente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, durante el conversatorio virtual “Retrospectiva del Caso a seis años de los hechos” .

Y es que, independientemente de que haya voluntad política de solucionar el caso, a lo que se enfrenta la actual administración de México es a todo un sistema y “no se cambia un sistema porque se cambie el gobierno, sino que  hay una parte de transformación que debe tener pasos sostenidos”, comenta uno de los miembro del GIEI, Carlos Beristain, a Contralínea, en el mismo foro.

Agrega que hay cosas que no se hicieron en el gobierno de Enrique Peña Nieto y que provocan que la verdad se aleje, pero “las peleas hay que darlas. La verdad tiene que salir y cuando se ponen en marcha mecanismos independientes se obtienen mejores resultados, aunque sean más duros de aceptar. La historia [del caso Ayotzinapa] es otra, no es la verdad histórica. Una media verdad que nunca hace una verdad completa”.

El representante de Serapaz añade que la conformación del colectivo de madres y padres de los estudiantes desaparecidos es un “proceso de amor colectivo convertido en exigencia de justicia y ellos han aprendido a coordinarse, conducirse, hablar, expresarse y distribuirse”.

“Toda la vida de los padres se ha modificado. Los conflictos a los que la vida se enfrentan son mayores. Nunca los he oído decir que dejarán todo, sino al contrario, siempre escucho la convicción de continuar hasta encontrar a sus hijos. No se rinden. Siguen de pie y, con ánimo, exigiendo justicia. Las madres y los padres son admirables, al igual que su fuerza de seguir adelante, de pie y exigiendo a las autoridades que haya justicia”, detalla Vidulfo Rosales.

Narra que los familiares aún tienen mucho dolor por la incertidumbre constante que viven, lo cual ha demeritado exponencialmente en su salud. ¿Cómo podría estar un padre que no encuentra a su hijo? Cuestiona. Eso es una angustia indescriptible que solamente un padre que tiene a su hijo desaparecido puede soportar. Es una pesadilla que nunca termina, de la que nunca se despierta. Sólo hasta saber qué sucedió con los 43.

En manos de la Suprema Corte, justicia para millones o gracia para cinco expresidentes



Durante la próxima votación sobre la constitucionalidad de la consulta ciudadana para juzgar a los expresidentes de México, los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación tienen la oportunidad histórica de generar un espacio de justicia para millones de mexicanos –en especial para aquellos que han sufrido violaciones graves a sus derechos humanos o de sus seres queridos a manos de agentes del Estado o con aquiescencia de éstos–; o, por el contrario, beneficiar a los cinco presuntos criminales (Carlos Salinas, Ernesto Zedillo, Vicente Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña) que saquearon al país y ordenaron o permitieron atrocidades como Acteal, El Charco, San Salvador Atenco, Ayotzinapa, San Fernando…


Por ello esperemos que el sentido del voto de 10 ministros –el onceavo, Luis María Aguilar, ya reveló su inclinación por defender a los probables delincuentes de cuello blanco y criminales de lesa humanidad– se base no sólo en la interpretación de la Constitución –siempre manipulable desde el punto de vista de los intereses que realmente representan esos ministros y no necesariamente objetiva y apegada a derecho–, sino, sobre todo, de la imperiosa necesidad de la sociedad de acceder a la justicia.

En el caso de Luis María Aguilar, pues queda claro qué intereses representa desde su máximo encargo judicial luego de que presentara un proyecto contrario al sentir de las mayorías, argumentando que “defiende” los derechos humanos de todos los mexicanos. Pero su proyecto es, a todas luces, una interpretación a modo para salvaguardar, primero, a quien lo convirtió en uno de los ministros mejor pagados del mundo (Calderón Hinojosa) y, después, a la camarilla a la que pertenece (encabezada por Salinas de Gortari y que incluye a Peña Nieto).

No es fácil que la Corte deje atrás su vergonzoso pasado, que incluye decenas de resoluciones contrarias al interés general, pero es un momento crucial en la historia del país y los ministros están obligados a reconocerlo y actuar en consecuencia.

Al analizar la constitucionalidad de la consulta, los ministros deberán tener en cuenta los profundos e irreparables daños que ha sufrido la nación a manos de esos cinco expresidentes, en especial en los temas de violaciones graves a los derechos humanos y el saqueo rapaz del presupuesto público.
Los crímenes más atroces de Ernesto Zedillo

Entre los crímenes más atroces que deberán ponderar los ministros de la Corte antes de decidir su voto están los acontecidos en el gobierno de Zedillo:

La masacre de Aguas Blancas. De acuerdo con la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, “la mañana del 28 de junio de 1995 algunos miembros de la recién formada Organización Campesina de la Sierra del Sur (OCSS) se dirigieron a Coyuca de Benítez [Guerrero] con el propósito de pedir el cumplimiento de las promesas de ayuda para los cultivadores de café. Los campesinos iban en dos camiones de carga: el primero fue detenido en El Vado por un grupo de policías y agentes judiciales del estado. Los hicieron descender y, con golpes, los obligaron a acostarse en el suelo a esperar. Cuando llegó el segundo vehículo el procedimiento se repitió, pero justo antes de concluirlo, los policías y agentes judiciales dispararon contra los indefensos campesinos durante casi 20 minutos. Estaban a tres kilómetros del poblado de Aguas Blancas. En esta emboscada, 17 campesinos fueron asesinados; 14 heridos. Dos elementos policiacos también resultaron lesionados, con heridas corto-contundentes producidas por arma blanca” [https://bit.ly/2S1njLb].

Para el 25 de febrero de 1996, indica la información de la CNDH, se difundió en un programa de televisión un video sin editar de esa operación en Aguas Blancas, “probándose plenamente la naturaleza dolosa de la operación, con todos los agravantes de premeditación, alevosía, ventaja y traición”.

El 28 de junio de 1995, la CNDH emitió la recomendación 104/95, que acreditó que se violaron los derechos humanos de 17 personas pertenecientes a la OCSS, quienes resultaron muertas (cuando menos una en maniobras de ejecución sumaria) de manera intencional por la Policía Judicial Estatal y la Policía Motorizada. Por lo que recomendó disponer lo necesario a fin de llevar a cabo una adecuada reestructuración de los cuerpos policiacos y de seguridad pública del estado, con objeto de ajustarlos estrictamente a lo dispuesto en la Constitución para el cumplimiento eficaz de su labor de perseguir delitos y dar seguridad a los gobernados y sus bienes.

“A la fecha, sólo están detenidos por este crimen algunos policías y mandos medios. La justicia no ha alcanzado a quienes dieron las órdenes desde el gobierno, porque el entonces gobernador de Guerrero, Rubén Figueroa, es compadre de quien fuera presidente de la República, Ernesto Zedillo: se presume que lo encubrió.”
Masacre de Acteal

La organización indígena Las Abejas expone que la escalada del conflicto entre el gobierno federal de Ernesto Zedillo y el Ejército Zapatista de Liberación Nacional provocó la masacre de Acteal: “el 22 de diciembre de 1997, un grupo de tsotsiles equipados con armas de grueso calibre dispararan en contra de 45 personas Abejas (18 mujeres adultas, cinco de ellas con embarazos hasta de 7 meses de gestación; siete hombres adultos; 16 mujeres menores de edad, entre los 8 meses y los 17 años de edad; cuatro niños entre los 2 y los 15 años de edad) e hirieron a 26, en su mayoría menores de edad, varios de ellos resultaron con lesiones permanentes”.

La organización agrega que “las personas atacadas se encontraban refugiadas en la comunidad de Acteal debido al continuo hostigamiento de grupos armados que quemaban sus casas y cultivos, y robaban sus pertenencias. Estaban completamente desarmados, realizando una jornada de ayuno y oración en la capilla de la comunidad de Acteal para pedir por la paz en la región. El ataque fue perpetrado por alrededor de 90 personas, según refieren testigos oculares y el hecho de que un puesto de operaciones mixtas (fuerza militar, judicial y de seguridad pública) se encontrara asentado a 200 metros ha servido para justificar las opiniones que apuntan hacia una responsabilidad directa del Estado mexicano.

“El hecho violento tuvo sus consecuencias políticas inmediatas con la renuncia del secretario de Gobernación, Emilio Chuayffet, y del gobernador de Chiapas, Julio César Ruiz Ferro, así como por la aprehensión de Jacinto Arias Cruz, presidente municipal de Chenalhó por ser sospechoso de haber proporcionado el armamento necesario para realizar la acción. Sin embargo el hecho de que no ha sido investigado ningún funcionario de alto rango, como el expresidente de la República, Ernesto Zedillo, o dirigentes militares, hace sentir a las comunidades abejas que la acción se mantiene impune” [https://bit.ly/3kSmqRt ].

Las Abejas denuncian que el Ejecutivo federal ordenó que en Chiapas se desplegara una estrategia contrainsurgente o “guerra de baja intensidad”, que incluyó el entrenamiento de grupos armados al interior de las comunidades para hacer el “trabajo sucio”: ataques simulados como conflictos intra o inter comunitarios. Con base en información documentada por el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas , la organización señala que “a partir de 1995 el Estado mexicano impulsa la creación de grupos paramilitares que continuamente acosan a los miembros de los distintos grupos políticos simpatizantes con el zapatismo. En un principio la estrategia fue implementada en el Norte del estado, principalmente en los municipios de Palenque, Catazajá, Tila, Sabanilla, Yajalón y Chilón, sirviendo como una especie de ‘laboratorio de operaciones’ […]. Es a partir de 1996, debido entre otras cosas a la creación del municipio autónomo de Polhó y al engrosamiento de las filas zapatistas en la zona, que la guerra de baja intensidad llega a Los Altos”.
La masacre de El Charco

“En la comunidad de El Charco, municipio de Ayutla de los Libres, Guerrero, durante la madrugada del 7 de junio de 1998, elementos del Ejército Mexicano rodearon la escuela primaria ‘Caritino Maldonado’, en la cual se encontraban dormidos varios indígenas, quienes participaban en una asamblea para tratar asuntos relacionados con proyectos productivos para sus comunidades. Según los sobrevivientes, el Ejército federal rodeó el lugar e irrumpió disparando y lanzando dos granadas de fragmentación, lo que provocó 11 muertos y cinco heridos que quedaron detenidos junto con otras 22 personas, quienes fueron trasladadas (contrariamente a lo que establece el derecho) a las instalaciones de la Novena Región Militar, en Cumbres de Llano Largo, lugar donde fueron retenidas y sometidas a tortura por dos días. Entre las personas se encontraban cinco menores de edad, quienes el 9 de junio fueron trasladados al Albergue Tutelar para Menores Infractores en Chilpancingo, exceptuando un menor que se encontraba herido y permaneció en el hospital naval durante un mes”, refiere un informe de la Liga Mexicana por la Defensa de los Derechos Humanos [https://bit.ly/3cyNFO1].

La Limeddh refiere que “al lugar de los hechos se impidió la entrada de periodistas y de organizaciones no gubernamentales defensoras de derechos humanos hasta después de 2 días; tiempo en el cual las autoridades se encargaron de borrar todas las evidencias de los hechos”.

Agrega que el 11 de junio de ese mismo año fueron liberados 16 de los detenidos, ya que el delegado de la Procuraduría General de la República en Guerrero, Javier Lomelí, “no encontró elementos para procesarlos”. E indica que, posteriormente, ese funcionario “fue separado de su cargo, al parecer, debido a que ordenó la liberación de las 20 personas, incluyendo a cuatro menores que se encontraban en el Tutelar. Fue sustituido por Samuel Hernández Alba, quien al revisar el expediente enviado por mandos militares solicitó nuevamente 17 órdenes de reaprehensión, mismas que giró la jueza del Segundo Distrito de lo Penal, Xóchitl Guido Guzmán”.
Los otros crímenes

Otras grandes deudas del priísta Zedillo con los mexicanos tienen que ver con hecho presuntamente corruptos, como convertir en deuda pública las deudas privadas (como el rescate de los bancos con el Fobaproa, o de las carreteras con el FARAC) y continuar con el saqueo de los bienes públicos, como la privatización de los Ferrocarriles Nacionales. En próximas entregas repasaremos los crímenes de Fox, Calderón y Peña.

Dos familias vinculadas a César Duarte y al PAN sobreexplotan agua en Chihuahua

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Dos familias acaparan la explotación del agua en Chihuahua y han estado detrás de las movilizaciones violentas en la presa La Boquilla, reveló una investigación ordenada por el presidente Andrés Manuel López Obrador. Se trata de la familia Urionabarrenechea –productora de nogales–, vinculada con el exgobernador César Duarte; y de la familia Porras Muñiz –productora de cebollas–, ligada al diputado local panista Jesús Valenciano García.

El 9 de septiembre un grupo de personas tomó la presa La Boquilla. Su motivo: impedir que el gobierno federal obtuviera agua para entregarla a Estados Unidos, como lo establece el Tratado de Aguas que se pactó en 1944 entre ambos países. Actualmente el conflicto se mantiene, pues Chihuahua no ha aportado 319.8 millones de metros cúbicos de agua provenientes del Río Conchos. Esto pone en riesgo el tratado y la relación con el país vecino, han señalado las autoridades federales.

Durante la conferencia presidencial de esta mañana, Ricardo Mejía Berdeja, subsecretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), reveló quiénes conforman el grupo de productores chihuahuenses que han utilizado para su beneficio la explotación del agua y que, además, han financiado las movilizaciones en la presa de La Boquilla.

Una de ellas es la familia Urionabarrenechea. Ésta se dedica a la producción de nogales y, en total, acapara 8 millones 866 mil 277 metros cúbicos de agua, es decir, el 3 por ciento de la cantidad total que Chihuahua debe a Estados Unidos.

“La familia Urionabarrenechea acapara 8 millones 866 mil 277 metros cúbicos de agua, es decir, el tres por ciento de la cantidad total que Chihuahua debe a Estados Unidos”

Éstos son los 12 integrantes que tienen concesiones de pozos para uso agrícola, según la información pública presentada por la Comisión Nacional del Agua (Conagua) durante la misma conferencia:

Estela Isabel Sánchez Akel de Urionabarrenechea cuenta con el permiso de explotación de 48 pozos en los municipios de Jiménez y Coronado y puede explotar 1 millón 64 mil metros cúbicos de agua; José María Urionabarrenechea Jayo tiene la concesión de un pozo en el municipio de Jiménez, con 300 mil metros cúbicos de agua, y Maite Urionabarrenechea Nájera tiene un pozo, también en Jiménez, con capacidad de 176 mil metros cúbicos

Por su parte, Javier Urionabarrenechea Astorquia cuenta con un pozo en el municipio de Allende, cuya capacidad es de 140 mil metros cúbicos de agua; al igual que su hermano, José Javier Urionabarrenechea Astorquia, quien tiene permiso de explotación de un pozo en Jiménez.

María Luisa Urionabarrenechea Reyes también tiene la explotación de un pozo en Allende, con 160 mil metros cúbicos de agua; y Juan Bautista Uriona Urionabarrenechea Reyes cuenta con otro pozo en el municipio de Jiménez, cuya disponibilidad es de 200 mil metros cúbicos de agua. Felix Unai Calzacorta Urionabarrenechea es consesionario de un pozo en Jiménez, con capacidad de 160 mil metros cúbicos

Mientras que Mayra Concepción Urionabarrenechea Sánchez puede utilizar 240 mil metros cúbicos de un pozo en Jiménez. Sin embargo, sus hermanos son quienes mayor cantidad de agua explotan: Andony Urionabarrenechea Sánchez utiliza 2 millones 880 mil metros cúbicos, con 12 pozos, en Jiménez y Camargo; y Tomás Urionabarrenechea Sánchez, 3 millones 406 mil 277 metros cúbicos, por los 15 pozos que consesiona también en Jiménez y Camargo.

Los nogaleros y sus nexos con Duarte

La investigación federal revela que la familia Urionabarrenechea se encuentra ligada al exgobernador priísta César Duarte (2019-2016), pues Andony Urionabarrenechea Sánchez está afiliado al Partido Revolucionario Institucional (PRI) desde el 29 de agosto de 2011 y está casado con Alejandra Javalera, hija del exfuncionario Raúl Javalera Leal, quien también fue presidente de la Junta Central de Aguas y Saneamiento en la administración de Duarte.

En el esquema presentado por el subsecretario de Seguridad y Protección Ciudadana se señala que Javalera Leal fue también presidente de la Asociación Nogalera en 2012. A éste se le relaciona con Sergio Medina Ibarra, exdirector de adquisiciones de la secretaría estatal de Hacienda, ya que fue director de la Comisión Estatal de Vivienda, Suelo e Infraestructura, durante su administración.

Sergio Medina Ibarra aparece por su relación en el gobierno de Duarte. Actualmente se encuentra acusado del delito de peculado y está detenido por presuntos desvíos multimillonarios.

Por su parte, a Tomás Urionabarrenechea Sánchez se le relaciona por haber encabezado con César Duarte una procesadora de nuez. Además es administrador único de Global Pecan, SA de CV, una empresa familiar de producción de nuez, y fue presidente de la Asociación de Nogaleros de Jiménez en 2014.

Este grupo es importante porque estuvo detrás del financiamiento de la movilización de La Boquilla, por eso advertimos que el supuesto pleito entre Duarte y  Corral es testimonial”, afirmó  Ricardo Mejía Berdeja en la conferencia presidencial.

Los cebolleros, familiares de diputado panista

La familia Porras Muñiz se dedica a la producción de cebollas y algunos se dedican a la tala de árboles. Su vínculo político lo mantienen con el diputado local panista Jesús Valenciano García, “quien ha estado directamente involucrado en la toma de La Boquilla”, aseguró Mejía Berdeja al presentar un esquema de las relaciones familiares y políticas de esos empresarios.

“Jesús Valenciano García ha estado directamente involucrado en la toma de La Boquilla”

Jesús Valenciano García es diputado local de Delicias, Chihuahua. Fue secretario particular del entonces presidente municipal de Delicias, Mario Mata Carrasco; director de Desarrollo Social de Delicias de 2012 a 2013; y regidor de Delicias de 2013 a 2016.

“Su tío, Enrique Abelardo Porras Muñiz, obtuvo un permiso de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales para la tala [de árboles] de una zona denominada terreno rústico; pertenece al comité estatal del Sistema Producto Cebolla de Chihuahua, AC, y es parte del padrón de productores de cebolla en Delicias”, explicó el funcionario federal.

En el gráfico también aparece su tía, Lucía Porras Muñiz, como activista en redes sociales y su otro familiar –Eduardo Porras Muñiz– como propietario de cultivos importantes de cebolla.

Además, “su padrino político panista y líder del movimiento es Mario Mata Carrasco, quien fue presidente municipal de Delicias de 2010 a 2013 y expresidente de la Junta Municipal de Saneamiento de Agua de Chihuahua”, comentó el representante de la SSPC.

Los mismos actores están involucrados en negocios y usufructos del agua en la región, ya que al evento de noviembre de 2019, cuando se echó a andar la planta tratadora de aguas residuales de Delicias con recursos estatales por 60 millones de pesos, asistió el gobernador Javier Corral y los exgobernadores José Reyes Baeza y Fernando Baeza Meléndez –a quienes se les ha señalado como los dueños del agua en Chihuahua . Así se apreció en una fotografía expuesta por Ricardo Mejía Berdeja.

“Lo que destaca [en la foto] es que también estuvo Carlos Cuevas Abundis, una persona que hoy está detenida por el asesinato de dos de sus escoltas y que se ha dedicado a la delincuencia organizada, al huachicol. Actualmente está recluido en el Cereso [Centro de Reinserción Social] número uno, pues es investigado por sus nexos como lavador de dinero del Cártel del Pacífico y su líder Juan Carlos Pérez Rodríguez, alias el Placas”, detalló el funcionario.

En noviembre de 2019, a Cuevas Abundis se le entregó un contrato para la construcción de una planta de tratamiento de aguas residuales, equivalente a 59 millones de pesos, una obra estatal del Plan de Desarrollo de la Entidad. “Él tenía una relación de amistad con el diputado Valenciano”, se precisa en el esquema.

En éste también aparece Andrés Vallés, presidente del módulo 004 de riego y José Francisco Ramírez, alcalde de Rosales, ya que este último “permitía que Carlos Cuevas, sin permisos, explotara los recursos del Río San Pedro (arena y piedra) para su constructora MCALLEN”.

Red de acaparadores del agua

En Chihuahua hay una red de políticos “acaparadores de agua y presuntamente delincuentes vinculados a lo que no es un movimiento espontáneo”, señaló el subsecretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Ricardo Mejía Berdeja.

Indicó que de todas las concesiones de pozos para uso agrícola del Río Conchos, son ocho las familias que acaparan 36 millones de metros cúbicos, es decir, el 12.5 por ciento del adeudo total; y una persona acapara 11 millones de metros cúbicos, equivalente al 4 por ciento del adeudo. Sin embargo, no precisó los nombres.

Del Río Conchos son ocho las familias que acaparan 36 millones de metros cúbicos, es decir, el 12.5 por ciento del adeudo total; y una persona acapara 11 millones de metros cúbicos, equivalente al 4 por ciento del adeudo”

En la región del Río Conchos se ha generado mucha desinformación, debido a los intereses políticos y económicos de los grupos de poder que sobreexplotan el agua y que han incitado a las movilizaciones en las presas, puesto que “en la entidad nunca ha habido falta de ella, siempre ha habido flujo. Pero manejando todos estos negocios se pone en riesgo el tratado internacional”, finalizó.

¿EU posTrump?Calderón quiere el poder porque debe facturas. Destruyó a México y no lo acepta: Anabel Hernández

En Los cómplices del presidente, libro en el que de manera amplia y documentada Hernández da cuenta de la corrupción y la impunidad que imperó durante la administración de Calderón, se describe su relación con dos de sus hombres clave: Juan Camilo Mouriño, su secretario de Gobernación fallecido en un accidente, y Genero García Luna, su secretario de Seguridad, quien está preso en Estados Unidos por presuntamente colaborar con el narcotráfico.

Por Juan Manuel Ramírez G.

México, 26 sep (EFE).- La insistencia de permanecer en el escenario político de México del expresidente Felipe Calderón (2006-2012) se debe a que no puede dejar el poder, ya sea por los beneficios que obtuvo o por los pendientes que tiene por pagar, considera la periodista mexicana Anabel Hernández.

“Calderón sigue vigente porque es incapaz de dejar el poder, tal vez porque tantos beneficios que le causó, o tantas facturas pendientes tiene todavía que pagar que necesita regresar al poder para terminar de cumplir sus compromisos”, dijo a Efe la periodista, quien acaba de actualizar su libro “Los cómplices del presidente”, sobre Calderón.

Para Hernández (México, 1971) debido a su protagonismo, Calderón “no se resigna a pasar a la historia como lo que es, un presidente que dejó a México en llamas, destruido; es uno de los peores presidentes, de la época moderna, dado el daño estructural que le hizo al país y del cual aún sufrimos las consecuencias”.

Para la periodista, Calderón “se niega a salir de la escena pública” y utiliza tanto a las tendencias reaccionarias en México como algunos sectores de derecha “que automáticamente repudian a la izquierda que representa el presidente Andrés Manuel López Obrador”.

La periodista Anabel Hernández durante una entrevista con Efe. Foto: Sáshenka Gutiérrez, EFE.

Las diferencias entre López Obrador y Calderón vienen desde que el segundo se impuso por poco en los comicios presidenciales de 2006, cuyos resultados fueron impugnados por el primero.

Años después, cuando López Obrador alcanzó finalmente la presidencia en 2018, Calderón intentó crear, junto con su esposa Margarita Zavalaun, un partido opositor llamado México Libre, cuyo registro fue denegado en septiembre por el instituto electoral.

“México, por ahora, es el que esta libre de su partido porque si este hombre pudiera crear un partido después de todo lo que ha hecho al país eso significa que los mexicanos no hemos aprendido nada”, apuntó.

Hernández describe de esa forma a Calderón porque lo ha investigado y analizado a profundidad y producto de su trabajo periodístico publicó dos libros: “Los cómplices del presidente” (Debolsillo, 2008), que este año actualizó y que ha cobrado vigencia con todo lo que rodea a Calderón, y “México en llamas” (Grijalbo, 2013).

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LOS CÓMPLICES DEL PRESIDENTE

Precisamente en Los cómplices del presidente, libro en el que de manera amplia y documentada Hernández da cuenta de la corrupción y la impunidad que imperó durante la administración de Calderón, se describe su relación con dos de sus hombres clave: Juan Camilo Mouriño, su secretario de Gobernación fallecido en un accidente, y Genero García Luna, su secretario de Seguridad, quien está preso en Estados Unidos por presuntamente colaborar con el narcotráfico.

Recordó que el libro, escrito en 2008, le ayudó “a realmente comenzar a entender que era lo que realmente estaba ocurriendo en México y quién realmente era Felipe Calderón, entonces presidente, y quienes eran estos hombres que tenían toda su confianza”.

De Mouriño, quien murió en noviembre de 2008 en un accidente de avioneta en Ciudad de México, dijo que “era una persona absolutamente frívola, sin ninguna madurez política” y no había tenido esfuerzo alguno para, primero ser jefe de la Presidencia y posteriormente secretario de Gobernación.

“Su único mérito era ser amigo personal de Calderón y fue el artífice de Genaro García Luna y su llegada a la Secretaría de Seguridad Pública”, contó.

El expresidente durante un acto en Veracruz. Foto: Félix Márquez, Cuartoscuro.

INVESTIGACIÓN SÓLIDA

Recordó que la investigación sobre García Luna y Luis Cárdenas Palomino, su mano derecha y sobre quien el pasado jueves un juez ordenó su captura por su presunta responsabilidad en torturas, fue “muy seria y tenía mucha conciencia de lo que estaba haciendo, pero también de que no podía equivocarme”.

Consideró que su investigación “fue prácticamente de Fiscalía” ya que todo lo investigó y corroboró tantas veces con fuentes diversas, documentos, testimonios, víctimas y hasta de los propios delincuentes para llegar a la verdad.

“Esta verdad periodística, muy fundamentada y muy sólida, ahora es una verdad judicial no solo en México por esta orden de aprehensión en contra de Cárdenas Palomino sino también en Estados Unidos con la detención de García Luna.

Recordó que en EU estos personajes “son apenas algunos de los muchos otros que serán implicados y acusados penalmente en Nueva York por sus vínculos con el narcotráfico como exservidores públicos en la administración de Felipe Calderón”.

La periodista, quien en 2001 ganó el Premio Nacional de Periodismo de México, contó que en el libro “viene muchas claves y muchos nombres de personajes que formaron parte de este grupo que protegió a García Luna que tienen que ser investigados ya que muchos policías siguen vigentes como Omar García Harfuch”, actual jefe de la policía en Ciudad de México.

“Porque mientras algunos de estos policías de este grupo esté en un cargo público seguirán saboteando cualquier intención de pacificar al país y de hacerlo más justo”, finalizó.