10/24/2014

El caso Iguala: La noche en que la serenidad devino en pesadilla


Walter Ego

(RIA NÓVOSTI, especial para ARGENPRESS.info)

[...] Y, de Iguala, la enseña querida

a su espada sangrienta enlazada,

de laurel inmortal coronada,

formará de su fosa una cruz.

Estrofa IX de la versión original del Himno Nacional mexicano

El lugar “donde serena la noche”. Tal es el significado de “Yohualcehuatl”, el toponímico náhuatl de la ciudad de Iguala, en el estado de Guerrero, que desde hace unas cuantas de semanas es el centro de atención de todo México y buena parte del mundo por razones muy distintas a las que inscribieron su nombre para siempre en la historia patria el 24 de febrero de 1821, fecha que fija el reconocimiento oficial de la independencia de México con la firma del “Plan de Iguala” y la elaboración de la que muchos consideran la primera bandera oficial de la Nación.

Si entonces el Ejército Trigarante sirvió de resguardo a los tres principios sobre los que se erigiría el gobierno naciente (Religión, Independencia y Unión), hoy corresponde al Estado hacer valer esos mismos fundamentos y restaurar la fe de una ciudadanía que duda comprensiblemente de su capacidad para gobernar y lograr la unión de las fuerzas que se enfrentan al crimen organizado, cimientos de una independencia a la fecha socavada pues el enemigo no es solo quien agrede al país desde fuera de sus fronteras sino también el que desde dentro, con acciones que perturban la paz ciudadana, violenta la institucionalidad y soberanía de la Nación.

Más que doler, y mucho, los hechos ocurridos el pasado 26 de septiembre en Iguala, aterran por sus circunstancias. Al sufrimiento por la desaparición de 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa y el asesinato de otras seis personas –dos normalistas, un futbolista adolescente y tres civiles–, se suma un horror mayor: la expectativa de impunidad con que obró la policía municipal, como si tuviera la turbadora certidumbre de que su actuar no sería penado.

Los hechos de Iguala van más allá del “debilitamiento institucional” en el estado señalado a destiempo por el presidente Enrique Peña Nieto. Desde diciembre del pasado año, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) había dado a conocer un informe sobre la presencia de grupos de autodefensas en diversas regiones de Guerrero, situación que explicita la insolvencia del gobierno estatal para proteger a la ciudadanía de los desafueros del crimen organizado. Lo sucedido en Iguala, y ello es lo que espanta, revela un extremo de degradación social en el que no se puede hablar de colusión entre autoridades y delincuencia organizada porque ambas comparten un mismo y perverso rostro.

Hacia ello apunta la detención el 9 de octubre en Cuernavaca, Morelos, de Salomón Pineda Villa, alias “El Molón”, presunto responsable del secuestro de los normalistas de Ayotzinapa en su condición de líder en Iguala del grupo criminal “Guerreros Unidos”, unido por lazos de sangre (parentales y puede que hasta criminales) a María de los Ángeles Pineda Villa, esposa del alcalde de Iguala, José Luis Abarca Velázquez, mismos vínculos que comparte con Mario, alias “el MP” y Alberto, alias “el Borrado”, quienes según investigaciones de la Procuraduría General de la República (PGR) integraron, hasta que terminaron muertos, el cártel de los Beltrán Leyva.

Al respeto, Jesús Murillo Karam, procurador general de la República, aseguró que las investigaciones por lo sucedido en Iguala no solo incluyen al alcalde José Luis Abarca Velázquez, sino también a su esposa María de los Ángeles Pineda Villa, ambos en condición prófugos (al igual que el director de Seguridad Pública municipal, Felipe Flores Velázquez) y a toda la gente cercana a ellos.

“Estoy investigando absolutamente todo lo que sea necesario [...], y llegaremos hasta donde tengamos que llegar.”, dijo.

En igual sentido se pronunció Manlio Fabio Beltrones, coordinador de los diputados del PRI, para quien, además, “valdría la pena que todos pensemos en múltiples soluciones al respecto; pero éstas de ninguna manera pueden ser apartándonos de la línea fundamental del derecho, de la legalidad”.

La vehemencia oratoria de ambos funcionarios no alcanza a ocultar, sin embargo, una verdad desoladora: la impotencia del Estado frente al crimen organizado. Puede que México se mueva, como asegura Enrique Peña Nieto; lo que parece inamovible es esa torpe estrategia contra las organizaciones criminales centrada más en la mediática eliminación o captura de sus cabecillas que en remediar las taras sociales de las que se nutren y colapsar el entramado financiero que las sostienen.

En tanto ello no ocurra, la serenidad que propicia la noche apenas si será una reminiscencia etimológica del nombre aborigen de la ciudad de Iguala, y símbolos muertos aquella lejana terna de garantías que el gobierno naciente juró resguardar; en tanto ello no ocurra, los colores de la bandera nacida en Iguala, esos que la tradición popular asimila a la independencia (el verde), la religión (el blanco) y la unión (el rojo), o en lectura más cercana (y en igual orden) a la esperanza, la unidad y la sangre de los héroes, se verán vilmente degradados por la insolvencia de los gobiernos recientes al verde de los cultivos de drogas, al blanco de su pulverización química y al rojo de la sangre de las víctimas interminables de su tráfico y de su consumo

Sectas en México: delincuencia en nombre de Dios


Las sectas en México. Fe y fanatismo.
MÉXICO, D.F. (proceso.com.mx).- Secuestro de menores, extorsión, trabajos forzados, persecución, hostigamiento, vidas quebradas… Las sectas destructivas cometen delitos atroces en México, auspiciados por la ausencia del Estado.

Proceso, en su edición especial número 47 “Las sectas en México fe y fanatismo”, presenta de manera detallada casos representativos de conductas criminales perpetuadas en nombre de Dios.
En un ensayo introductorio al número, el especialista en asuntos religiosos Bernardo Barranco advierte que el término secta es peligroso, debido a que las religiones mayoritarias lo utilizan para desacreditar a otros credos. A pesar de ello, justifica el empleo del término como una especie de definición operativa.
“Pese a su carácter laico, el Estado no puede sustraerse a este debate. El gobierno no debe ignorar estas expresiones por la sencilla razón de que establece un diálogo con las instituciones religiosas y vigila el cumplimiento de la normatividad contenida en la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público”, enfatiza Barranco.
El especial de Proceso desmenuza las entrañas de la Cienciología, donde se solapó a un líder que abusó sexualmente de una menor de edad, se persiguió a un adepto que intentó salir de sus filas y se negaron servicios de salud a una feligrés enferma de gravedad.
Documenta el enriquecimiento de Samuel Joaquín Flores, líder de la Luz del Mundo, quien construyó un rancho al sur de Texas valuado en un millón 700 mil dólares. También se expone cómo este líder religioso fue denunciado por abuso sexual en agravio de integrantes de la agrupación y cómo uno de sus denunciantes fue secuestrado y apuñalado hasta quedar al borde de la muerte.
Otro de los reportajes contenidos en este número especial abarca el caso de los Defensores de Cristo, grupo afincado en Nuevo Laredo, cuyo líder, Ignacio González de Arriba, ofrecía compartir con sus seguidores 343 poderes, entre los que se encontraban curar todas las enfermedades mediante la imposición de manos, devolver la vista a los ciegos, leer la mente, comunicarse con ángeles, obtener fuerza superior a la de Sansón, viajar al cielo o al infierno y generar un corazón nuevo.
Uno de los líderes de Defensores de Cristo, el “Maestro Tito”, defraudó a Rita García, una mujer que desde los once años de edad fue diagnosticada con artritis reumatoide que la postró en una silla de ruedas. Esta víctima, secretaria de profesión, le entregó 120 mil pesos a cambio de la promesa de ser sanada. La curación nunca llegó, el líder religioso sí cobro el dinero.
Entre los reportajes incluidos destaca el de la Iglesia Nueva Generación Internacional, fundada en Tabasco, cuyos miembros, como parte de un ritual, rociaron aceite, sal y jugo de uva a 23 piezas arqueológicas con más de tres mil años de antigüedad en el parque museo La Venta.
Uno de los textos más valiosos por su aportación a la memoria histórica es el escrito por la reportera Verónica Espinosa, quien recuerda cómo el 29 de diciembre de 1991 veinte adultos murieron encerrados en el Templo Monte de los Olivos, en el Charquillo, San Luis Potosí:

“El alcalde escuchó decir que a uno de los muchachos que abandonaron el templo en medio de la oración de esa noche, que en cada reunión ‘la gente se tiraba al piso, se revolcaba y los pastores decían que era Dios nuestro señor’.
“También oyó cuando otros habitantes de El Charquillo decían a los reporteros que lamentaban no haber estado en el templo, pues también les habría tocado ‘una muerte divina’”.

El periodista Isaín Mandujano exhibe el caso de Misiones de Shaddai, una secta destructiva de Chiapas que explotaba a sus feligreses con trabajo forzado, les impedía comunicación con el exterior y a los menores asistir a la escuela. Había golpes a los adeptos que incumplían con las tareas encomendadas.
El periodista Arturo Rodríguez se encargó de investigar dos casos emblemáticos por sus vínculos con grupos políticos: Casa sobre la Roca y Casitas del Sur.
“Un sexenio le bastó a Casa sobre la Roca para extender su feligresía a una escala antes impensable. De ser un círculo de estudios que en 2002 se reunía en una casa, se convirtió en una organización con presencia en 45 países. Beneficiaria de cuotas de poder, asumió el diseño, ejecución y administración de programas asistenciales, la formación de mandos policíacos e incursionó el ámbito legislativo, donde generó al menos una ley”, cita uno de sus reportajes.
El número especial incluye un análisis de Jenaro Villamil sobre la teleevangelización, la manera en que poderosas agrupaciones católicas y cristianas difunden infomerciales para hacerse de más adeptos gracias al permisivo limbo legal del país.
Proceso también aborda los casos de Pare de Sufrir, Nueva Acrópolis, Jesucristo Hombre y los casos de conflictos religiosos en San Rafael Tlanalapa y Nueva Jerusalén. Colaboran en esta edición los reporteros Francisco Castellanos, Rodrigo Vera, Mathieu Tourliere, Gabriela Hernández y Juan Carlos Cruz.
Lejos de ser personas con poco criterio o improductivas -como se llega a pensar- quienes caen en las garras de las sectas destructivas tienen buenas intenciones y están ávidas de mejorar su vida. Una vez dentro, poco a poco son seducidos hasta la hipnosis. Es sólo después de muchos años –y en pocos casos- que se percatan de que han perdido toda su libertad.
Los grupos religiosos destructivos se insertan en las élites del poder, para así incidir en las políticas públicas, como advierte en una entrevista el psicólogo español Miguel Perlado, una de las voces más expertas en la materia.
“Las sectas en México, fe y fanatismo” es una valiosa aportación periodística que pone luz en escabrosos delitos cometidos bajo la sombra del fanatismo.
Twitter: @juanpabloproal

La caída de gobernadores, una tradición priista


Ángel Aguirre, gobernador de Guerrero. Foto: Germán Canseco

MÉXICO, D.F. (apro).- La caída de gobernadores en medio de escándalos o por venganzas políticas del presidente en turno tiene su origen en el régimen priista. Esa tradición fue suspendida durante los 12 años de gobiernos panistas, en que los mandatarios estatales consolidaron su inamovilidad.

Con la solicitud de licencia del guerrerense Ángel Aguirre Rivero, realizada esta tarde, ocurre el segundo caso en los casi dos años de gobierno de Enrique Peña Nieto. Apenas el pasado 19 de junio el michoacano Fausto Vallejo Figueroa dimitió de manera definitiva.

En ambos casos, las salidas se han generado en medio de escándalos de inseguridad y, señaladamente, por el involucramiento de la clase política gobernante en dichas entidades con grupos de la delincuencia organizada.

No obstante, Peña Nieto ha evitado pronunciarse, y el pasado viernes 17 esquivó un cuestionamiento al respecto, al señalar que la renuncia de Aguirre era “una decisión de allá”, expresión que se interpretó como una alusión a los ciudadanos de Guerrero.

La salida de Ángel Aguirre ocurre a casi un mes del asesinato de seis personas y la desaparición de 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural “Raúl Isidro Burgos”, conocida como Normal de Ayotzinapa, víctimas de un ataque de policías y criminales en Iguala, Guerrero, cuyo destino hasta ahora se desconoce.

Paradójicamente, Aguirre ya había sido gobernador en los años noventa, cuando llegó al poder en sustitución de Rubén Figueroa Alcocer, luego de que el 28 de junio de 1995, policías estatales dispararon contra un grupo de campesinos, dando muerte a 17 en el vado de Aguas Blancas, municipio de Coyuca de Benítez.

Los señalamientos de numerosas organizaciones sociales contra el entonces gobernador Figueroa –como ocurrió esta vez con Aguirre, por los hechos de Iguala– motivaron su renuncia en marzo de 1996. En su lugar fue designado Ángel Aguirre Rivero, para concluir su período.

La vieja práctica

Desde la presidencia de Plutarco Elías Calles hasta la de Ernesto Zedillo, prácticamente todos los presidentes han recurrido a la desaparición de poderes, las presiones para forzar dimisiones o la negociación política ante una crisis para conseguir renuncias.

El tinglado del presidencialismo hegemónico, durante el gobierno de Lázaro Cárdenas, consolidó el poder metaconstitucional para deponer gobernadores.

Cárdenas se deshizo del callismo con una “limpia”, incluyendo a los gobernadores de Colima, Guanajuato, Guerrero, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Chiapas y Morelos.

Desde entonces, los casos fueron más o menos frecuentes vía renuncia conciliatoria, desaparición de poderes o cualquier otro mecanismo.

Miguel Alemán depuso al inicio de su administración al gobernador tamaulipeco Hugo Pedro González. La fórmula para evitar formalmente el involucramiento presidencial fue plantear la desaparición de poderes a petición ciudadana y de políticos locales vinculados al régimen, ante el Senado de la República presidido entonces por el incondicional alemanista Carlos I. Serrano.

Adolfo Ruiz Cortines removió a los gobernadores Tomás Marentes Miranda, de Yucatán, en 1953; de Guerrero, Alejandro Gómez Maganda, en 1954; Manuel Barttlet Bautista (padre del actual senador homónimo), de Tabasco, en 1955.

López Mateos depuso al guerrerense Raúl Caballero Aburto. Díaz Ordaz hizo dimitir al duranguense Enrique Dupré Ceniceros, y Luis Echeverría quitó a Eduardo Elizondo Lozano en Nuevo León, en 1971 “por motivos de salud”. También a los gobernadores de Guerrero, Israel Noguera Otero; de Sonora, Carlos Armando Biebrich, y de Hidalgo, Otoniel Miranda Andrade, en 1975.

José López Portillo recurrió a la fórmula para deshacerse del echeverrista gobernador de Coahuila, Óscar Flores Tapia, en 1981.

Ordenar la renuncia de quienes respondían a los intereses de un grupo político precedente o por cualquier otro motivo, se dio también durante el gobierno de Carlos Salinas de Gortari, en cuyo período se produjeron las renuncias de los gobernadores que asumieron por la vía electoral en San Luis Potosí, Fausto Zapata, y en Chiapas, Elmar Setzer.

También en Chiapas, Ernesto Zedillo depuso, en apenas cuatro años, a Elmar Setzer, Eduardo Robledo y Julio César Ruiz; en Guerrero, a Rubén Figueroa; en Morelos, a Jorge Carrillo Olea, y en Nuevo León, a Sócrates Rizzo, principalmente por ajustes de cuentas con el ingrediente de escándalos por sus excesos, especialmente en los tres últimos mencionados.

La práctica se suspendió durante los gobiernos panistas de Vicente Fox y Felipe Calderón, quienes gobernaron con mandatarios mayoritariamente de extracción priista y sin mucho margen de maniobra ni base social.
Los casos mencionados corresponden a mandatarios depuestos en medio de escándalos y no incluye a los que se incorporó a cargos federales o de elección popular o dirigencias partidista.

En Chalchihuapan pasan la noche en vela; temen más violencia gubernamental


Una de las protestas en contra de Moreno Valle en Puebla. Foto: Víctor Hugo Rojas
PUEBLA, Pue. (proceso.com.mx).- Los habitantes de San Bernardino Chalchihuapan pasaron la noche en vela, concentrados en la plaza principal, ante la posibilidad de que elementos de la policía estatal incursionaran en el pueblo, como lo hicieron la madrugada del 18 de octubre, para hacer efectivas más órdenes de aprehensión.

Armados con palos, machetes y piedras, los pobladores decidieron mantenerse en guardia toda la noche para que esta vez la policía no los agarre dormidos como ocurrió hace una semana. “Si quieren otro Atenco, lo van a tener, pero ya estuvo bueno, esta vez no nos vamos a dejar, ya no tenemos miedo”, dijeron.

Alrededor de las 11 de la noche, vecinos de esta comunidad detectaron la presencia de un comando de 9 camionetas tipo Jeep en las cercanías del pueblo, por lo que se accionaron unas alarmas que colocaron en distintos techos de casas y tocaron las campanas de la iglesia para alertar a la población.

Desde la mañana del jueves surgió el rumor de que había más órdenes de aprehensión contra otros pobladores de la localidad que supuestamente participaron en el enfrentamiento con policías del 9 de julio, donde resultó muerto el niño José Luis Tehuatlie Tamayo.

Cabe señalar que el gobierno de Moreno Valle ha argumentado que las detenciones de pobladores forman parte del cumplimiento de la recomendación que emitió la Comisión Nacional de Derechos Humanos que pidió una investigación sobre lo ocurrido durante el operativo policíaco de desalojo.

El pasado sábado un comando de unos 60 policías que se transportaban en 13 vehículos particulares, sin placas, entró a la localidad para allanar casas y detener con violencia y sin orden de aprehensión a cinco habitantes de la comunidad.

En el operativo los policías intimidaron a las familias, golpearon y encañonaron a mujeres, ancianas y niños.
Con este antecedente, los habitantes de Chalchihuapan dijeron sentirse atemorizados de que de nueva cuenta el gobierno envíe otra ofensiva, luego de que denunciaron públicamente los atropellos que ha cometido en su contra el gobernador Moreno Valle.

Luego, reunidos en la plaza acordaron que ya no tendrán más miedo y que responderán “a como puedan” las agresiones que les envíe Moreno Valle.

De acuerdo a uno de los pobladores, las nueve camionetas blancas fueron detectadas en un camino vecinal que comunica a esta localidad con algunas rancherías, por lo que presumen que de nueva cuenta la intención es tomarlos de sorpresa. Por ello, acordaron mantener guardias de 24 horas

Tlatlaya, y el mundo parelo

Gerardo Esquivel

El país está pasando por su peor crisis de derechos humanos de los últimos años. Con pocas semanas de diferencia, dos diferentes instancias encargadas de proteger a la ciudadanía, el ejército y policías municipales, perpetraron vejaciones y actos violatorios de los derechos humanos en contra de ella. En el primer caso, el Ejército mexicano está acusado de haber realizado ejecuciones extrajudiciales de por lo menos 15 personas en la comunidad de Tlatlaya, Estado de México. En el segundo, las policías municipales de Iguala y Cocula están acusadas de haber participado en el asesinato de 6 personas y en la desaparición de 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa en Guerrero. 
El primero de estos casos ya ha sido motivo de una investigación y de un primer informe de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Este informe, dado a conocer el 21 de octubre, concluye que “los elementos del 102 Batallón de Infantería de la Secretaría de la Defensa Nacional violaron el derecho a la vida”. Más aun, según el informe, “esta violación se agrava debido a que las privaciones arbitrarias de la vida se efectuaron de una forma deliberada según lo relatan las víctimas, esto es, sin existir justificación de por medio y de forma intencional. Además, debe valorarse la vulnerabilidad en la que se encontraban las víctimas, quienes se habían rendido, y quienes pudieron presenciar cómo se le daba muerte a algunos de sus compañeros, antes de ellos mismos perder la vida.” 
Para terminar: “Esta Comisión Nacional no puede dejar de señalar la especial gravedad que reviste el presente caso, toda vez que tres de las víctimas de los hechos violentos son adolescentes (…). En este sentido, la conducta de la autoridad responsable no solamente viola el derecho a la vida, sino numerosos instrumentos internacionales (…) que hacen recaer en el Estado el deber de adoptar medidas especiales de protección y asistencia en favor de los niños y adolescentes bajo su jurisdicción.” 
El 22 de octubre, es decir, al día siguiente de la presentación del reporte de la CNDH, en un acto relativamente inusual, el Presidente sostuvo un acto público con los altos mandos del Ejército. La justificación de dicha reunión era, por decir lo menos, poco convencional. Se trataba ni más ni menos que de la apertura de una sucursal del banco Banjercito en Apatizngán, Michoacán. Allí, el Presidente realizó un encendido elogio de nuestras fuerzas armadas: 
“Al señor director general de Banjercito, a quien agradezco su mensaje, que hace un momento nos ha obsequiado y que, sin duda, deja acreditado cómo nuestro Ejército mexicano, nuestras Fuerzas Armadas son leales y entregadas a las mejores causas de nuestro país.
Son sostén importante de las instituciones democráticas de nuestro país. Y han venido trabajando, precisamente, para apoyar las labores del Estado mexicano en favor de los mexicanos en distintos ámbitos. 
Y, por eso, hoy, como Presidente de la República y Comandante Supremo de las Fuerzas Armadas, me da este espacio ocasión para dejar aquí testimonio fiel de gratitud, de reconocimiento y de orgullo que tenemos los mexicanos de contar con Fuerzas Armadas leales y entregadas al servicio de México. 
Muchas felicidades.” 
Así, de un plumazo, el Presidente refrendó su confianza en las Fuerzas Armadas, reconoció su lealtad y su contribución a las mejores causas del país e incluso su papel como sostén de las instituciones democráticas (lo que quiera que esto signifique). 

Por supuesto, en su discurso el Presidente no hizo la más mínima mención al tema de los derechos humanos ni al caso de Tlatlaya. Que a nadie le sorprenda este discurso. En materia de seguridad, de violencia y de respeto a los derechos humanos, el Presidente desde hace tiempo parece vivir en un mundo paralelo en el que no pasa nada, donde todo está bajo control, donde el ejército es una fuerza leal y entregada a las mejores causas del país. Es una lástima que no todos vivamos allí.
Economista. @esquivelgerardo

gesquive@colmex.mx 

La conciencia popular contra la geometría del poder


Un mes entre el genocidio y el encumbramiento de las tramas del poder, lo que deja son más certezas, que en vista de las circunstancias víctima es todo el pueblo mexicano en la represión y asesinato a sus estudiantes pobres, víctima en la negación del Estado sobre sus profundas responsabilidades, víctima porque su proceder va contra el interés colectivo. Burgueses y burócratas políticos han decidido ocultar la verdad forzando el retorno a la “normalidad institucional” con la que es viable hacer y deshacer sus arbitrariedades de toda la vida. El desdén por la verdad frente a las acciones de policías comunitarias, de organizaciones sociales en la búsqueda de los desaparecidos, y del sacerdote Alejandro Solalinde; es el extremo de la arrogancia de estas elites que tampoco se inmutan ni son capaces de responder a las acusaciones de los estudiantes sobre su evidente crimen. Tal parece que tienen por objeto desmoralizar al pueblo frente a su historia, se enorgullecen en golpear a uno de los últimos reductos de la revolución de 1910-17 en materia educativa.

El aparato político trabaja con una agenda al margen de la realidad, profesa una situación virtual con sus propias crónicas marcianas porfiando hasta el absurdo su tesis de la delincuencia narco. Se le suspenden sus agendas. Vaga en un manejo discrecional de la vida nacional a su antojo para beneficiarse de las circunstancias anteponiendo los intereses de un esquema de dominación instaurado entre unas élites omnipotentes. Pero en Chihuahua las estudiantes de la Normal de Saucillo y organizaciones populares les devuelven a la realidad, “¿por qué reprimirnos de esta manera? Sepan que la inconformidad no es nada más de los estudiantes, esta inconformidad es de la sociedad y va más allá de nuestro país, sepan bien que no nos van a callar”.

Mes de luchas por la conciencia nacional, por el rescate de jóvenes de las garras asesinas del narco-Estado, por vislumbrar la gran responsabilidad histórica del cambio social, de ir paso por paso hacia una conciencia activa, movilizadora en torno al problema de la violencia represiva, la corrupción, la evasión fiscal, el saqueo público y privado, la democracia, el Estado y el capitalismo. En todo el país resuena unánime “¡vivos los queremos!”, el clamor va rasgando hondo problemas sobre problemas acumulados por la opresión y la explotación.

Los políticos acomodan sus estratagemas, ganar tiempo, retardar o ralentizar el proceso, crear coartadas para evitar ser implicados, ser o hacerse el tonto, lanzar amenazas a la población, promocionar cruzadas anticorrupción, prometer justicia, fanfarronear con la aplicación de la ley, u otras triquiñuelas a que están acostumbrados; pues todos coinciden en exorcizar un movimiento popular en puerta, de proporciones sísmicas que altere la correlación de fuerzas.

Mientras tanto Aguirre que alardeó que nadie lo tumbaría, sale por la puerta chica en una renuncia obligada por las circunstancias del ascenso de la movilización popular: Lo mismo que la pareja imperial de Iguala súbitamente fue apresada en un intento del régimen por dar carpetazo a los problemas sociales. Estos actos son subproductos también de chanchullos de las elites políticas entre su naturaleza rapaz, sus supuestos de creerse indispensable para el país y el tormento por la insurgencia popular. Bastaron demostraciones contundentes y un primer ultimátum del pueblo para que estas elites se vieran acicateadas y tomaran estas acciones acomodándose al menor de los daños, donde descuella la actitud reptante del PRD, a todos les urge cerrar y enterrar el asunto en otro tipo de fosa burocrática.

Sin romper los compromisos las elites juegan a recomponer sus relaciones de poder, pese a su ignorancia de la situación “debaten” sobre los poderes en Guerrero, pues como nada son capaces de arreglar tienen la ilusión de que esto coloque en una trampa al pueblo, enfriar el problema y pensar en los tiempos electorales que se avecinan; así se minimizaría el tema de la descomposición del régimen, pese a las corresponsabilidades en la fracasada “modernización” del régimen.

La susodicha desaparición de poderes abierta o flexibilizada generará tal caos administrativo, político y policiaco, que complicará su propia paz neoliberal, con lo que reforzará misteriosamente al crimen organizado en su escalada de los poderes públicos. Al PAN le interesa desgastar a su competencia urdiendo este aventurerismo demagógico; en tanto el PRI titubea frente a tal medida teniendo cola que le pisen, sabiendo que degradaría su dominio global del país en que también puede suscitarse que la población retome una fuerza como fue la APPO 2006; el PRD no apuesta a esto por obvias razones, bastante cuestionado y repudiado, lo que le pone en una situación de nuevas concesiones para reducir los daños que lo comprometen en la masacre, atizando su ruina política como proyecto reformista. Sus divergencias son por el control, estas instancias y los poderes públicos ensayan velozmente los mecanismos de la militarización en Guerrero en la cobertura de lucha contra el narcotráfico, pero con una línea directa de sofocar la resistencia popular a modo de apagar el fuego de donde se irradia la movilización nacional frente a los graves problemas del país.

Con o sin desaparición de poderes, con modalidades de impunidad como la “renuncia”, la burguesía reclama ya medidas extremas: hundir a Guerrero en el caos, más violencia por todo el país contra la población, represión a quienes luchen, violación de derechos humanos y desapariciones forzadas. Ejército, policía, gendarmería y el narco con manos libres para delinquir y reprimir hasta hacerse rutina. Estamos ante un proceso sui géneris de derivas fascistas, de agresión y criminalización de los derechos sociales, pero también de posibilidades democrático-revolucionarias que se extienden a todas partes.

Por doquier el mismo estado de cosas en Michoacán, Estado de México, Veracruz, Tamaulipas, Nuevo León, Jalisco, Zacatecas, Coahuila…, son los mismos elementos políticos del caos, la pobreza, el despojo, la prepotencia del poder, una dictadura perfecta en su punto crítico. En tanto unas versiones se obstinan en ver al Estado como atrasado por sus formas represivas detrás de los sucesos, el hecho es que resulta adecuada al capital tal estructura de violencia y tal agonía para la burguesía y el hegemón yanqui tanto más descollante en su totalitarismo porque de esta inestabilidad en particular tienen las consecuencias apetecidas.

Los poderosos y los oportunismos de todos colores cuentan los pollos antes de nacer, se las ingenian para montarse ya sea en la línea del Estado o en la “conducción” del proceso de lucha exaltando sus fuerzas o instrumentos, opacando al resto a menos que se les subordine. Lo seguro es que los proyectos burgueses han fracasado incontrastablemente, el marco hegemónico de los actuales grupos de poder económico y sus partidos políticos enfrentan una crisis seria – se asienta una crisis del Estado más grave que la desgarradora crisis de seguridad a la cual comprende– que replantea la lucha de clases y sus escenarios.

El proceso social y de conciencia marcha con sus respectivos planes de lucha entre huelgas, mítines, tomas y marchas, es su deber dotarse de direccionalidad en su propósito por los cuarenta y tres. Establece herramientas de lucha y organización independientes del estado en las distintas escalas nacional, regional y local. Implanta el principio de emancipación frente a un capitalismo y Estado depredadores de la vida y el trabajo, distanciados del pueblo. Ayotzinapa nos replantea los reclamos sociales, políticos y económicos ante la burguesía y sus aparatos, junto al problema de la democracia popular. Nos alumbra el lugar de la conciencia de clase ante la dominación burguesa e imperialista. La conciencia política se sujeta a los intereses de las clases populares en la necesidad del cambio en las relaciones y naturaleza del poder político-económico, en el tema de la propiedad de los recursos y la riqueza del país ante unas clases y mafias capitalistas envilecidas.

Para alcanzar una fase de desarrollo de la lucha popular sin precedentes las circunstancias nos convocan a instancias consultivas y direccionales en todas las escalas del movimiento en general para que se gesten nuevas organicidades, nuevas unidades y nuevas formas en pro del poder popular y proletario. Hay que quitar los esquemas automáticos lineales donde de un punto se llega a otro y todo supone un ascenso fácil ajustado a teoricismos fuera de la realidad, el proceso es mucho más rico y complejo en su marcha, pero más sostenible en sus bases.

Para el pueblo y sus movimientos se trata de una condición inédita, la oportunidad concreta de elevar las luchas por la transición del país a un nivel de organización que pueda enfrentar al régimen esbozando una línea anticapitalista contundente, en ello debe centrar su atención la. En el mediano plazo se necesitan instancias que aunque diversas, operen en posiciones semejantes afrontando la política burguesa, que además vayan recreando una plataforma común de conducción general del proceso democrático-revolucionario. En cada estado en lucha cabe impulsar los factores unitarios, no ayuda el que se atribuyan o dictaminen “la dirección” sino muchas vertientes que impulsarán en sus condiciones las tareas de acción bajo formas comunales y asamblearias de encabezar la escalada de la lucha.

 El protagonismo recae en el pueblo mexicano, es la condición indispensable del proceso. A la Asamblea Nacional Popular entre estas cuestiones cabe plantearse el crear derechos populares efectivos y la construcción de un organismo que aglutine y conduzca las distintas luchas populares, forjar una perspectiva y varias instancias organizativas, o en su caso instancias populares que gestionen los derechos populares que se logren conquistar, instancias que deben tener independencia de los órganos del estado, en la toma de decisiones, apelando argumentos de democracia popular efectiva ante el fracaso de la democracia electorera representativa

Política y delito


Nunca en tan poco tiempo hay tanta indignación y rabia popular por el crimen de Estado perpetrado en Iguala, convertido en un escándalo mundial evidenciando el autoritarismo y la profunda corrupción gubernamental y su complicidad con los cárteles de la droga. Peor aún: la impunidad total de los funcionarios gubernamentales y de los barones narcotraficantes. Hoy día, nuestro país no puede explicarse cabalmente sin analizar la historia de la mafia mexicana, coludida, en primer lugar, con el Estado, con poderosos grupos empresariales locales y extranjeros y con mafias latinoamericanas y de otros continentes, especialmente el europeo. Este cártel se ha desenvuelto en un sistema mundial narco–financiero de una economía casino: La economía global se riega cada vez más por los narcotraficantes mexicanos. Hay una creciente complicidad y dependencia de un sistema financiero internacional donde el dinero parece no oler a sangre y el lavado de dinero es un excelente negocio, el banco HSBC es buen ejemplo; pero como bien dice Jean Ziegler: Suiza lava más blanco.

Entonces, para entender la extrema violencia de México es necesario considerar un (sub)desarrollo social de barbarie, una de cuyas causas principales es una economía delictiva, criminal, un “capitalismo armado”. En otras palabras, este subdesarrollo adquiere características propias de un lumpendesarrollo social precisamente porque la dinámica del capital en este país en las últimas décadas se da bajo formas muy violentas, propiciadas por las políticas neoliberales, conocidas por su intrínseca perversidad por los graves y cuantiosos daños sociales y ambientales que ocasionan. 

Tanto el escritor y periodista italiano Roberto Saviano como André Gunder Frank, economista y sociólogo alemán [1929–2005), contribuyen a una explicación de naturaleza histórica, económica, política y sociológica de nuestra cruenta realidad. Una de las tesis más importantes sostenida por Gunder Frank es la del desarrollo del subdesarrollo, hace bastante tiempo constatada fehacientemente en nuestro país; especialmente cuando tenemos una oligarquía bananera, típica de la región centroamericana hacia arriba, geográficamente hablando, cuyos representantes políticos prometen el oro y el moro de un ficticio primermundo, como ha sido el caso del Salinato y los sucesivos regímenes presidenciales a la fecha. Con la restauración del PRI los demonios andan sueltos, agravando la violencia social.

Quien empieza a leer CeroCeroCero. Cómo la cocaína gobierna el mundo, del citado Saviano, entra en un mundo sórdido, estremecedor e hiperviolento. Es un submundo aflorando terroríficamente y hace ver lo terrible y saña de lo que son capaces los barones mafiosos. La dictadura de los cárteles necesita la dictadura perfecta, es decir, un régimen político muy autoritario, que sin llegar a ostentarse como una dictadura policiaca–militar, se camufla en una democracia representativa con la farsa de sus procesos electorales y sus políticos “representantes populares”, quienes en realidad representan el poder de una oligarquía, incluido el poder económico y político de una lumpenburguesía narcotraficante. 

Por supuesto, además del propio Saviano tenemos los magníficos libros de periodistas y escritores mexicanos como Anabel Fernández [Los señores del narco y México en Llamas: el legado de Calderón], José Reveles [El cártel incómodo y El Chapo, entrega y traición], quienes, entre otros, también contribuyen a conocer mejor nuestra realidad patética ¿Quién podría imaginarse hace décadas que esta literatura periodística sería best seller actual? Dicho sea de paso, en el excelente ensayo del teórico y marxista revolucionario Ernest Mandel [1923–1995], Crimen delicioso. Historia social del relato policiaco, se demuestra la íntima liga que existe entre la sociedad burguesa y la literatura policiaca, cuya narrativa retrata fielmente la sociedad capitalista desde sus mismos “bajos fondos” lumpenes delictivos hasta las altas esferas del poder económico y político burgués; la naturaleza violenta del capital es absolutamente criminal desde sus raíces históricas dando origen desde el siglo XIX a la mafia moderna. “Detrás de una gran fortuna siempre hay un gran crimen”; escribió Honoré de Balzac, sentencia muy vigente. A su vez, el viejo Marx, absolutamente actual, decía que “el capital nace chorreando sangre y lodo por todos los poros, desde los pies a la cabeza.” El poder y el dinero sanguinolentos.

Al Capone tenía bajo control el gobierno de Chicago, y la policía le dejaba hacer y le dejaba pasar, según nos cuenta el gran Hans Magnus Enzensberger en Política y delito; de la misma manera los “Guerreros Unidos” tenían o tienen bajo control al gobierno perredista del estado de Guerrero, de Ángel Aguirre. El exalcalde perredista prófugo de Iguala, Guerrero, José Luis Abarca, un verdadero matón mafioso, se queda muy corto comparado con los genocidas priistas como Díaz Ordaz o Echeverría Álvarez. Pero, volviendo a Saviano, leemos: “Por primera vez, los capos italianos, los últimos calvinistas de Occidente, estarían adiestrando a las nuevas generaciones de mexicanos y latinoamericanos, la burguesía criminal nacida del narcotráfico, la quinta más feroz y codiciosa del mundo. Una mezcla dispuesta a controlar los mercados, a dictar la ley en las finanzas, a dominar las inversiones. 

Extractores de dinero, constructores de riquezas… Si se ignora el poder criminal de los cárteles, todos los comentarios y las interpretaciones de la crisis parecen basarse en un equívoco. Ese poder hay que mirarlo, clavarle la mirada en el rostro, en los ojos, para entenderlo. Ha construido el mundo moderno, ha engendrado un nuevo cosmos. El Big Bang ha partido de aquí.”

Casi un mes de la desaparición de los 43 estudiantes, y Peña Nieto y Aguirre Rivero siguen tan campantes ¡Presentación con vida de los normalistas de Ayotzinapa!

Tácticas para el despojo en México

Juan Danell Sánchez

Alainet

La estrategia del caos, estructurada por el Estado mexicano para distraer la atención de la llamada opinión pública, léase sociedad, en lo referente a la entrega, al capital extranjero, de las riquezas naturales (petróleo, gas, electricidad y minería) que en conjunto representan más de 50% del producto interno bruto (PIB), hasta hoy día ha sido eficaz, aunque persiste la posibilidad de que se le salga de control. Pero, esto, es una variable que asumió el Gobierno con base en las experiencias vividas en la larga historia de represión y despojo registrada en el país.

En estos días en los que los mexicanos debiéramos estar más que ocupados y preocupados por las negociaciones y víspera de la licitación (febrero de 2015) de tal vez las últimas riquezas naturales que le quedan al territorio nacional, el Estado abrió tantos frentes para secuestrar la atención de la sociedad, como lo consideró necesario, y con ello evitar la oposición razonada a dicha situación. Esto último es lo que menos quieren los gobernantes.

Sería infantil suponer que cuando empujaron la aprobación de la Reforma Energética y sus leyes secundarias, a principios de 2014, los estrategas del Gobierno no vieron venir el desplome de los precios internacionales del petróleo (alrededor del 20%); ya que el valor del hidrocarburo es la verdadera divisa para atraer el interés de las grandes empresas trasnacionales para invertir en el sector energético de México.

Esta situación de la baja de los precios del crudo, aunque prevista, implica ajustes en las negociaciones del Gobierno mexicano con los inversionistas extranjeros, que vienen por todo y aún cuando en el sector energético el margen de utilidad es enorme –los costos de producción de un barril de petróleo en México, por ejemplo, es de siete dólares y se vende, en estos días, entre 77 y 80 dólares- la actual cotización del combustible fósil implica una reducción de la ganancia de entre 20 y 30 dólares por barril, comparando los precios registrados en los días de la aprobación de la Reforma Energética, con los actuales.

Para los dueños del capital esa diferencia de precios representan grandes pérdidas, y la única posibilidad de revertir el proceso es que los países exportadores de petróleo reduzcan su producción, así como que se eleve la demanda de crudo en el invierno, misma que no tendrá mayor problema para cubrirse con los excedentes registrados en el mercado, por lo que es poco probable que se recuperen de manera significativa los precios. En lo primero los integrantes de la OPEP ya declararon que no lo harán, en lo segundo, es una coyuntura determinada por los ciclos de la naturaleza que termina en marzo, justo un mes después de que en México se lleve a cabo la programada licitación de los energéticos.

Mientras tanto, el Gobierno mexicano se vio obligado a recomponer el presupuesto para 2015 con ajustes a la baja (en la Ley de Ingresos) en las proyecciones de los precios del petróleo (un dólar por barril) y el recorte del gasto en diferentes sectores, entre ellos la cultura y la producción agropecuaria.

Los especialistas calculan que cada dólar que cae el precio del petróleo, a México, que tiene una producción de 2.5 millones de barriles diarios, le cuesta 30 millones de dólares.

En cuanto a la producción de alimentos, el Programa Especial Concurrente (PEC) para 2015 resiente una reducción de seis mil 500 millones de pesos. Asimismo, la secretaría de Estado (Sedatu) encargada de garantizar la seguridad en la tenencia de la tierra, factor fundamental para darle estabilidad al campo e impulsar la producción de alimentos, plantea que 81% de los proyectos que recibe no pueden ejecutarse por falta de presupuesto. Y con esto se aleja cada vez más la autosuficiencia y seguridad alimentaria: problema histórico que ha sumergido en la miseria a 75% de los habitantes del medio rural en México.


4,000 núcleos agrarios afectados

Además, este ajuste del presupuesto para 2015, conlleva otra problemática de la que muy poco se ha hablado. Dicho por el propio procurador agrario, Cruz López Aguilar, “la intervención de la procuraduría en materia energética en el nuevo marco reglamentario (motivado por la Reforma Energética) enfrenta el reto de transitar del diagnóstico e información sobre propiedad social susceptible de ser afectada por la explotación y uso de suelo, con lo que se han identificado cerca de 4 mil núcleos agrarios (alrededor de 20% del total) que pueden demandar servicios de asesoría y representación legal.

“Así, también, coadyuvar en la negociación justa de contraprestaciones relativas a los pagos en materia de propiedad social, presidir asambleas generales de ejidos y comunidades, conciliación y arbitraje en conflictos agrarios y capacitación, para lo cual se requiere mayor presupuesto para 2015, cuya propuesta prevé 992.8 millones de pesos, pero se requieren mil 417 millones de pesos para atender esas nuevas funciones”.

Y esto trae a colación un dato que revela la realidad de los campesinos afectados por las concesiones, en este caso mineras, a los que las compañías les pagan una renta de 124 pesos por hectárea al año; así lo establece la Ley.

Lo que sucede en la minería es un claro ejemplo del futuro que le espera al país, y en particular al campo. Con cifras a 2010 (Camimex), este sector invirtió 3,316 millones de dólares y obtuvo un valor de la producción por 13,900 millones de dólares, es decir, sus ganancias significaron tres veces la inversión.


Opacidad

Pero estos temas se ven opacados en los medios por la coyuntura noticiosa del extremo de la inseguridad y la barbarie, personificados en los casos de la ejecución de 22 personas en Tlatlaya, Estado de México, y 43 estudiantes desaparecidos y seis asesinados, de la Normal Rural de Ayotzinapa, Guerrero, hace 25 días; información a la que el propio Gobierno le imprime relevancia, poco creíble por cierto, en su discurso, pero no solución, y que mantiene ocupadas a la prensa y la opinión pública en ella como el punto fundamental para acreditar la democracia y la justicia del régimen mexicano.

El caso de los normalistas toma dimensiones de protesta nacional, en la que los jóvenes estudiantes son los protagonistas, como sucediera en 1968, pero ya se dejan ver ciertas inconformidades de algunos sectores de la sociedad por las manifestaciones que interrumpen el tráfico de la capital del país, en la exigencia de la presentación con vida de los normalistas desaparecidos, así como el esclarecimiento y castigo a los responsables de dicha agresión.

Ese es un componente básico de la estrategia del estado, prolongar la solución del problema, que generalmente nunca llega, para desgastar los mecanismos de protesta y exigencia de justicia de los afectados, como son las manifestaciones masivas, de tal manera que por su forma de expresión y la falta de conciencia del grueso de la sociedad, ante este tipo de situaciones, se aíslen y pierdan la solidaridad y apoyo de la población, con lo que, también, acotan su fuerza.

En 1968 la estrategia culminó con la masacre de estudiantes en Tlatelolco el 2 de octubre, con lo que el Estado disolvió la protesta y el Gobierno logró su objetivo de tener “unas Olimpiadas en santa paz”.

En los días corrientes la estrategia está por llegar a su etapa más álgida con las manifestaciones en apoyo a Ayotzinapa, que este miércoles (22) da una muestra de fuerza extraordinaria con una megamarcha que culmina en el Zócalo de la Ciudad de México, sin que ello garantice la respuesta favorable por parte del Gobierno a dicho caso. Y, mientras, el despojo, y entrega al capital extranjero, de las riquezas naturales en materia energética y las consecuencias de esto para el país, en cuanto a costo social y económico, es un hecho irreversible.


Juan Danell Sánchez es reportero mexicano, especializado en temas del campo, indígenas y derechos humanos. Ciudad de México.

México ante el reto del caso Ayotzinapa


Andrew Standley, Embajador de la Unión Europea en México, y el periodista Tomás Tenorio analizan en ‘Aristegui’ los retos y repercusiones del caso.





La Unión Europea busca apoyar al pueblo mexicano en este momento difícil: embajador en CNN


CNN 1

Por su parte el periodista Tomás Tenorio celebró la salida de Ángel Aguirre del gobierno de Guerrero, pero señaló que "tiene una responsabilidad más allá de los términos políticos".

(Foto: Karina Maciel)
La cláusula democrática se pone en juego en casos de abusos flagrantes, contra derechos humanos, por parte de las autoridades nacionales, donde es el mismo gobierno el principal autor de los abusos, pero no creemos que ese sea el caso en México, dijo el embajador de la Unión Europea en México, Andrew Standley, al hablar sobre el caso de los 43 normalistas desaparecidos en Iguala, Guerrero.

En entrevista para Aristegui CNN, retomó el pronunciamiento del Parlamento Europeo, que condenó el jueves la agresión y desaparición de estudiantes;  reconoció que no es todos los días el Parlamento adopta una declaración de esta naturaleza; el tema ahora es cómo podemos apoyar, cómo podemos expresar esa solidaridad con el pueblo mexicano en este momento difícil.

El pronunciamiento establece un buen equilibrio en esta preocupación; por un lado las cifras en términos de víctimas, no solamente en Iguala, sino en otros casos, son cifras preocupantes, pero al mismo tiempos se equilibra con la intención de seguir cooperando, de seguir buscando mecanismos para apoyar a las autoridades mexicanas y para expresar esta solidaridad, señaló.

Al respecto, el periodista Tomás Tenorio comentó que el hecho de que el Parlamento Europeo se haya expresado de esa manera es un síntoma de una ruptura del Estado de derecho, que se estaba manifestando en la permanencia forzada del gobernador Ángel Aguirre, en un cargo que “ya no merecía”.

La licencia -que no es renuncia- del gobernador, la calificó como un paso indispensable, para que el atorón que tiene el Estado de derecho en el país pueda transitar hacia una solución aceptable.

La salida de Aguirre, sostuvo, tiene que traducirse en una adopción de medidas para que no permanezca la impunidad en términos políticos. Si bien es una sanción política el retiro del cargo, no puede quedar solo en eso, porque el gobernador tiene una responsabilidad más allá de los términos políticos, afirmó Tenorio.

México bronco



Protesta social. Cartón:  Rocha
MÉXICO, D.F. (Proceso).- Inician simultáneamente un nuevo proceso electoral y un nuevo ciclo de protesta social. El segundo, sin duda, genera más esperanza que el primero. Todos sabemos que las próximas elecciones del 5 de julio de 2015, para 500 diputados federales, nueve gobernadores, 661 diputados locales y mil 15 ayuntamientos en 17 entidades federativas, no cambiarán absolutamente nada en el país. La compra masiva de votos y los ríos de dinero de procedencia desconocida que fluirán a los operadores de las campañas y a los medios de comunicación asegurarán que los mismos intereses de siempre continúen gobernando. En contraste, el creciente movimiento popular a raíz de la masacre de Iguala tiene el potencial de transformar radicalmente a la nación.
Omar García, uno de los valientes normalistas de Ayotzinapa sobrevivientes de la masacre, lo ha dicho con todas sus letras: “Esto que vivimos, con lo doloroso que es, es una oportunidad única de escalar la presión, de lograr una movilización generalizada que trascienda Ayotzinapa, que trascienda Guerrero, que pueda poner fin de una vez por todas a la situación intolerable de violencia e impunidad que está viviendo México desde hace años. Ojalá no la dejemos escapar”. Comparte también las palabras de los padres de familia de los ayotzis desaparecidos: “Nosotros, por nuestros hijos, estamos dispuestos a dar la vida. Y ustedes, ¿hasta dónde están dispuestos a llegar?” (Texto completo de la entrevista con Blanche Petrich disponible aquí: http://ow.ly/CQbGQ).
La gran visión política y enorme valentía de los estudiantes de Ayotzinapa y sus familiares es precisamente lo que requiere hoy el país. En un contexto social en donde predominan el egoísmo, el “agandalle” y la corrupción, se levanta una generosa voz de dignidad rebelde desde las montañas de Guerrero. Estos grandes líderes sociales están dispuestos a sacrificar todo, incluso la vida misma, con tal de conquistar la justicia y la paz para el país entero. Los “chilangos”, normalmente enajenados con nuestra apurada vida cotidiana, tenemos mucho que aprender de su ejemplo. Y todo México tendría que apoyar públicamente a estos jóvenes líderes, así como replicar su lucha en las comunidades, trabajos y escuelas.
Nunca faltan las voces de siempre que insisten en que los movimientos sociales no deberían “desvirtuarse” al incorporar asuntos supuestamente “ajenos” a sus causas iniciales. Por ejemplo, Leonardo Curzio ha acusado a un servidor de “usar” a los estudiantes del Politécnico para fines políticos (Véase: http://ow.ly/CQhyU) por haber sugerido, en estas mismas páginas, que la batalla por refundar el Instituto Politécnico Nacional es simultáneamente una lucha por democratizar el país (Véase: http://ow.ly/CQjF8). Y en su cobertura de la masacre de Iguala, los principales medios de comunicación electrónicos han hecho esfuerzos sobrehumanos para presentarla como un asunto estrictamente local donde no habría complicidad alguna ni del gobierno federal ni de Washington.
Estas perspectivas subestiman enormemente la conciencia crítica y la capacidad de movilización del pueblo mexicano. Tantos años codeándose con políticos corruptos y oligarcas apátridas han hecho a muchos periodistas pensar que todo México es igual de cínico y egoísta que las élites que dominan el país.
Pero los acontecimientos de la semana pasada han desmentido de manera contundente esta apuesta por la desmovilización social. En el nuevo mundo de redes sociales y comunicación digital es más fácil que nunca articular luchas y acciones. El paro solidario con Ayotzinapa de docenas de escuelas y facultades de la UNAM, UAM, ENAH, UACM y otras universidades es una excelente señal. Y la ampliación del movimiento en Guerrero para incluir a los maestros de la CETEG y a docenas de ayuntamientos a lo largo y ancho del estado implica una sana expansión de la indignación social. Asimismo, mientras la PGR sigue sin dar resultados sobre la desaparición de los 43 normalistas, los policías comunitarios avanzan con paso firme al encontrar cada día más fosas utilizadas por el narcogobierno para esconder sus fechorías sangrientas.
Los movimientos sociales exitosos son aquellos que saben dictar la agenda de discusión, negociación y presión. Los estudiantes del Politécnico, por ejemplo, han dado una gran lección en la materia al resistir los intentos de manipulación por parte del gobierno federal o de los medios de comunicación. Los estudiantes mandan y las autoridades obedecen. Así se construyen las luchas sociales victoriosas, desde abajo y con gran astucia política.
El antiguo debate entre la “vía electoral” y la “vía armada” ya quedó sin materia. Ambas vías fracasaron terriblemente en su intento por transformar el país. Las importantes luchas emprendidas en ambos frentes desde 1968 nos han dejado en una situación igual de ignominiosa que hace 46 años.
Surge entonces la imperiosa necesidad de articular una nueva vía de aguerrida militancia social que pueda derrocar al neoliberalismo despótico con la fuerza de la razón y la presencia multitudinaria de la ciudadanía en las calles. No es cuestión, desde luego, de apostarle a una “sociedad civil” deslavada, bien portada y controlada por el financiamiento de corporaciones extranjeras, sino al México bronco que siempre ha estado presente en los momentos más cruciales de la historia nacional.
Tampoco se trata de abandonar la democracia electoral o la autodefensa popular. El abstencionismo y el “voto en blanco” solamente ayudan al régimen a acumular más votos. Y en muchas comunidades del país, notablemente en Michoacán y Guerrero, las armas son estrictamente necesarias para defenderse de los narcotraficantes en un contexto de total ausencia del estado de derecho.
Pero ni el voto ni las armas pueden ser hoy el centro articulador hacia el futuro. Urge ensayar nuevas formas de lucha y de organización.
Twitter: @JohnMAckerman

Declaración en defensa del pueblo mexicano



Red en Defensa de la Humanidad


Yo solo busco y recuerdo a mis amigos

  ¿Acaso volverán a venir,

  acaso volverán a vivir sobre la tierra?

  Sólo perecemos una vez

  en este mundo.

  Sólo una vez, aquí, sobre la tierra.

  ¡Oh, Dador de vida,

  que no sufra el corazón de los que crecen a tu lado!

  (Nezáhualcoyotl. Tlamatinime Azteca.

El día 26 de Septiembre las garras del terrorismo se posaron sobre la vitalidad juvenil de las nuevas generaciones que luchan contra el estado general de deterioro que vive la sociedad mexicana. El asesinato de 6 estudiantes en el Estado de Guerrero y la desaparición de otros 43 jóvenes despiertan la indignación de todos aquellos que sufren por cualquier injusticia, donde quiera que sea cometida, y que nunca darán descanso en la construcción de ese otro mundo posible, más justo, y cada vez más necesario.

Ante estos acontecimientos, la Red en Defensa de la Humanidad ha venido observado con profundo dolor la impunidad existente, así como la complicidad por parte del Estado mexicano con el terrible flagelo del narcotráfico y el paramilitarismo. Estos hechos son expresión del estado de guerra permanente que viene sucediendo en el país más grande de Centroamérica, dejando al desnudo la estrecha relación entre el neoliberalismo, la penetración imperialista a partir del Plan Mérida, el terrorismo de Estado y el progresivo desmantelamiento de las instituciones que deberían resguardar a los pueblos.

Reconocemos y nos sumamos a todas aquellas personas que desde México han alzado su voz de manera valiente, dando testimonio y exigiendo se esclarezca y se haga justicia ante la atrocidad cometida.

Nos sumamos a la jornada internacional convocada por la Coordinación en Solidaridad con los Estudiantes de Ayotzinapa, y reclamamos una respuesta clara e inmediata a la desaparición de los 43 estudiantes y el castigo de los culpables.

Hacemos un llamado a la solidaridad revolucionaria internacional de los pueblos del mundo, a los gobiernos de América Latina y el Caribe, y a las organizaciones supranacionales del continente, para que atiendan el clamor de justicia de nuestros hermanos y hermanas mexicanas.

Y denunciamos la escalada militarista que viene imponiendo Estados Unidos sobre nuestros países con el pretexto de “ayuda” contra el terrorismo; lo que no es más que una fachada para la intervención directa, la colonización de nuestros territorios y el desmembramiento de nuestras sociedades.

La peligrosa naturalización e invisibilización de la violencia

MUJERES Y SALUD MENTAL

Velada frente a la PGR por los 43 normalistas desaparecidos 


Preocupación, indignación, miedo, enojo, frustración, impotencia, incredulidad, sorpresa y muchas emociones más, son las que estas últimas semanas nos golpean y se recrudecen ante los hechos sociales que estamos enfrentando como país.

Emociones que habitan todos los días los corazones y el alma de las y los familiares de cada una de las mujeres asesinadas en todo el país, Ciudad Juárez, Ecatepec o Michoacán, por mencionar algunos municipios o estados.

Emociones que están presentes en cada madre y padre de aquella niña o aquel niño secuestrado, emociones que ante la reciente desaparición de los 43 jóvenes normalistas se exacerban en un colectivo que está dispuesto realmente a reconocer la gran violencia que vivimos día a día y que cada vez está más cerca.

Emociones de quienes conocían a las personas encontradas en esas fosas… No son los cuerpos de los jóvenes normalistas, pero y nos hemos preguntado acaso: ¿Quiénes son? ¿Son mujeres? ¿Son hombres? ¿Por qué los mataron?

Movimientos estudiantiles que nos enfrentan ante las desigualdades y ante las imposiciones de los sistemas patriarcales y hegemónicos, movimientos que  “activan” las emociones de mujeres y hombres.

Tenemos miedo por nosotras, por las otras y los otros, tenemos miedo de las y los otros, miedo de la violencia que cada día cobra más fuerza y vamos naturalizando al grado de ser miopes ante ella.

Sabemos, y es un saber que no quisiéramos tener, que la violencia se manifiesta de diferentes formas: violencia física, verbal, sexual, psicológica, humillación y acoso escolar (bullying), secuestros de niñas y niños, desaparición de normalistas, feminicidio, trata de personas, y asesinatos de periodistas, por nombrar algunas.

Este monstruo de la violencia crece con el aval de los gobiernos y de muchas personas que triste y terriblemente viven de ella y la fomentan para lograr sus más obscuros objetivos de poder.

Mientras tanto, nosotras como ciudadanas y ciudadanos nos asustamos y/o la negamos.

En el mejor de los casos como seres humanos nos decidimos (porque definitivamente es una decisión) a canalizar este torrente de emociones que nos generan estos actos de violencia, platicando con amistades o en el trabajo, uniéndonos a marchas o compartiendo en las redes sociales nuestra indignación.

O quizás como lo hago yo ahora, gracias a este importante espacio con el que cuento, escribiendo lo que siento, y con este compartir quizás toco el corazón de alguien más que se sensibilice ante esta realidad y enfermedad social, que es la naturalización de la violencia.

Naturalizar la violencia se ha convertido en un cáncer terrible que va ocupando cada vez más terreno en nuestra sociedad, lo que ha llevado a un gran número de personas a acostumbrarse a cualquier tipo de violencia sea del grado que sea.

Hay personas que han acostumbrado a su corazón a no sentir ya nada ante alguna grosería que alguien diga, groserías que se han vuelto parte cotidiana de nuestro vivir y por lo tanto, dejan de vivirlas como violencia, o al enojo de las personas si alguien en el carro se mete y lanza una mirada de desprecio y enojo, por poner algunos ejemplos.

La peor forma de acostumbrarnos a la violencia es la que aprendemos a través de la mayoría de los medios de comunicación que creen que “a mayor amarillismo mayor audiencia”, en cuanto al tema de la violencia se refiere.

Estos medios muestran como “natural” (aun cuando tapen las caras de las personas o avisen que las escenas que presentarán serán fuertes), imágenes de niñas y niños golpeándose, de camionetas abandonadas con más de 10 muertos, con tal de elevar sus niveles de “rating” y sin tomar en cuenta para nada la forma en que impactan emocionalmente estas escenas en el auditorio.

Esta grave naturalización de la violencia es un fenómeno que requiere de una atención por parte de las autoridades del sector salud, y es algo que hay que atender porque desafortunadamente va en aumento.

A esta escalada se suma, desde mi punto de vista, la deshumanización y miopía de muchas personas ante cada uno de los hechos violentos de los que nos enteramos en el día a día, ya sea por los medios, porque alguien nos contó que a alguien más le ha sucedido o porque ya la hemos experimentado en carne propia.

En todo esto existe una grata realidad y es que, afortunadamente, hay un gran número de personas tomando algún tipo de acción ante los diferentes casos de violencia, y eso es algo que nos permite en nuestra balanza emocional, literalmente, “seguir viviendo y disfrutar de lo que sí tenemos en nuestros vínculos de afecto” más cercanos: pareja, familia, amistades, compañeras y compañeros de trabajo, vecinas y vecinos.

Sin embargo, hoy con este compartir que se ha convertido en una forma de catarsis personal ante lo que mi corazón siente, pretendo contribuir a que nos demos cuenta de lo deshumanizada que está nuestra sociedad ante tanta violencia.

Me queda claro que puede ser que sea una respuesta refleja de algunas personas como mecanismo de defensa por no saber qué hacer con todas esas emociones.

Aunque la realidad nos lleva, si nos damos un momento para observarnos y observar a las y los demás, a darnos cuenta de que parece que nos da lo mismo saber que murieron 20, 30, 50, 100 o más de mil personas aquí en nuestro país o en cualquier parte del mundo.

Es increíble ver que hay personas que aun con estudios, no saben o no quieren saber lo que está sucediendo en nuestro país con los jóvenes normalistas desaparecidos, con los casos de feminicidio, con la trata de personas, etcétera, y prefieren (consciente o inconscientemente) vivir en una burbuja para no sentir y por tanto no actuar.

Aun con todas las movilizaciones que se han llevado a cabo en diferentes puntos de nuestro país y en otras naciones, ante la desaparición y/o asesinato de los jóvenes de Ayotzinapa, aun con las marchas a través de los años contra el feminicidio en cada estado, marchas contra la violencia hacia periodistas y contra la inseguridad, prevalece un clima de miedo y desprotección ante la paralización de las autoridades.

Es una protección a la que tenemos derecho y que deberíamos tener de quienes se “supone” protegen al país y a la ciudadanía, y no lo hacen porque están coludidos con aquellos que realmente ostentan el poder, que bien sabemos no son los gobiernos.

Esta atmósfera de violencia y desprotección provoca que la mayoría de las personas experimentemos preocupación, indignación, miedo, enojo, frustración, impotencia, incredulidad, sorpresa, tristeza y dolor, independientemente de qué tan conscientes o inconscientes somos de estas emociones.

Es importante mencionar que para mantener nuestra salud emocional y mental, estas emociones tienen que encontrar una “válvula de escape” que nos permita reconocer profundamente estos sentimientos y darles salida de una forma sana.

Empezando por reconocer la forma en que nos impactan estas noticias tan violentas que están ocurriendo en México, después tenemos que tratar de no naturalizar e invisibilizar la violencia, y por último, compartiéndolo con otras personas que al igual que a ti y que a mí, les duele lo que el poder de la violencia ha estado lastimando a nuestro México.

Es para mí una responsabilidad social colocar “sobre la mesa” las emociones que cada uno de los hechos violentos y de inseguridad provocan en la sociedad aunque hay personas que siguen miopes ante ellos.

¿Qué más tiene que pasar para que en la balanza pesen más la armonía, las relaciones sanas y de bienestar, la paz y sobre todo la posibilidad de reaprender a humanizarnos?

*Psicoterapeuta humanista existencial, especialista en Estudios de Género, y directora del Centro de Salud Mental y Género.


| CIMACFoto: César Martínez López
Por: Alejandra Buggs Lomelí*
Cimacnoticias | México, DF.-