7/18/2018

Contrapeso a AMLO: todos sus enemigos (empresarios, PAN, PRI, la derecha) ¿y la izquierda?

Pedro Echeverría V.

1. Puta, dicen los empresarios, si López Obrador nos barrió vergonzosamente en las elecciones, llevándose la presidencia, la mayoría de diputados y senadores federales, los gobernadores y los congresos locales estatales, ¿qué nos queda como ciudadanos mexicanos que producen y piensan? Pero fíjense bien, a los empresarios y a la derecha  no le preocupa tanto que casi todo el aparato de gobierno haya sido ganado por AMLO, sino que sus enormes negocios de miles de millones de pesos ahora se interrumpan. ¿Puede olvidarse o ignorarse que el PNR, PRM, PRI, desde 1929 -por lo menos durante 45 años- controlaron el 95 por ciento de gobiernos, legisladores, el aparato judicial y con ello todos los grandes empresarios estaban felices porque se enriquecían en libertad?

2. Lo que sucedió es que los empresarios se hicieron multimillonarios a la sombra de los gobiernos del PRI sin entrarle directamente a la política porque aún no se sentían maduros y preparados; pero a partir de 1982 –como respuesta a la nacionalización de la banca de López Portillo- con su grito empresarial de “México en la libertad”, esos poderosos magnates –encabezados por Manuel Clouthier desde las organizaciones empresariales- le entraron a la política vía PRI y PAN.  1982 no sólo fue el año de la entrada del Neoliberalismo y FMI usando al gobierno de De la Madrid, sin además fue el momento en que el PRI dejó de controlar el 80 por ciento de lo electoral. Así que quien quiera encontrar un fuerte cambio en México tiene que partir de 1982.

3. Nunca se preocupó nadie porque el PRI tuviera “contrapesos”. En 1963 el presidente López Mateos, quizá por influencia de la Revolución Cubana, de la Alianza por el Progreso, del Movimiento de Liberación encabezado por Cárdenas o de las guerrillas en América Latina, creó los famosos “diputados de partido” cuando la llamada oposición no tenía nada. Después de las elecciones presidenciales que ganó Díaz Ordaz se repartieron gratuitamente 20 diputados al PAN encabezados por Christieb Ibarrola, 10 al PPS encabezados por Lombardo Toledano  y 5 diputados al PARM dirigido por el militar Juan Albarrán. Ninguno de los tres partidos era de oposición, pero con estos gestos de sometimientos lograban buenos subsidios para pagar locales, propaganda, transporte y salarios.

4. Nadie reclamó nunca algún “contrapeso” al PRI porque todas “las fuerzas vivas” estaban muy contentas acumulando capital y riquezas. Hoy López Obrador ha comenzado a sufrir muchos golpes de respuesta. 15 días de felicitaciones desde todos los sectores, pero a partir del 16, como si estuviera bien sincronizado, han comenzado los disgustos y desacuerdos poniendo en primer lugar los salarios de los que cobran de 3 a 5 veces arriba de 100 mil pesos. ¿De qué van a vivir los multimillonarios que llevan años mamando de las ubres del presupuesto y haciendo grandes negocios a la sombra de sus cargos? Tengo la esperanza en que AMLO no dé pasos atrás en sus 50 puntos con pretexto alguno como el aeropuerto, el avión, los salarios y su representante en cada entidad.

5. Si la derecha está muy organizada y avanza para frenar las propuestas populares, pienso que AMLO debe contar con muchos asesores de calidad que construyan propuestas y respuestas serias y muy responsables para todo.  Estaba pensando en el intelectual Buscaglia y otros de su categoría en medios de información que poseen argumentos muy claros y convincentes que de ninguna manera pueden simplemente ser rechazados. Hay que sumar a esa gente a las discusiones y a la construcción de proyectos de solución. Entre los 50 puntos hay algunos que no requieren mucho, pero hay otros que son definitivos y determinantes para dar continuidad al proyecto. La política no es simplemente blanco o negro, aceptar o rechazar; se requiere pensar con profundidad y detenimiento. (18/VII/18)

http://pedroecheverriav.wordpress.com

alterar26@gmail.com

Post-Helsinki: ex militares y ex directores de la CIA y NSA incitan a golpe de Estadovs. Trump

Bajo la lupa


Post-Helsinki: ex militares y ex directores de la CIA y NSA incitan a golpe de Estadovs. Trump


Alfredo Jalife-Rahme


▲ El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y su homólogo ruso, Vladimir Putin, en una conferencia de prensa, después de su reunión en Helsinki.

Foto Ap


Pregunta tonta: ¿Por qué teme tanto el complejo militar industrial de EU la paz con Rusia?

Desde hace dos años, Justin Raimondo comentó que “Trump enfureció al Partido de la Guerra ( War Party)” al desafiar 70 años de política exterior de EU(http://bit.ly/2LhoaFL).

Seraphim Hanisch, del portal británico The Duran, comenta que el mayor éxito de la cumbre de Trump y Putin es el ultraje que creó (http://bit.ly/2LcJzjJ).

Pat Buchanan –influyente portavoz de tres ex presidentes del Partido Republicano: Nixon, Ford y Reagan– sentencia que Trump canceló la Segunda Guerra Fríacontra Rusia en su encuentro de Helsinki con Putin (http://bit.ly/2Ldvy5h).

El escritor ruso radicado en Boston, Dmitry Orlov, especialista en colapsos, juzga que la cumbre da fin a la Tercera Guerra Mundial (http://bit.ly/2Ldw0Av).

Joe Lauria, de Consortium News, afirma que los multimedia de EU enloquecieron con la conferencia de prensa de Trump y Putin (http://bit.ly/2LjNbQE).

James Clapper, director del National Intelligence con Obama, aseveró que Trump capituló esencialmente y parece intimidado por Vladimir Putin (http://bit.ly/2uEZltl).

Obama, en una conferencia en Sudáfrica, sin citar a Trump y en alusión a su malestar por la cumbre de Helsinki, comentó que la reacción contra la globalización y la liberalización fueron factores en los ataques del 11/9, las redes terroristas trasnacionales, el resurgimiento del populismo, el virus del autoritarismo, la agresión china y el ascenso del presidente Vladimir Putin en Rusia (http://bit.ly/2LgheZI).

Dos ex Directores de la CIA –hoy santificada por los multimedia antiTrump–, general Michael Hayden y John Brennan, se le fueron a la yugular al antipatriotapresidente No. 45: el primero riéndose(http://bit.ly/2LhlFDy) de él, y el segundo, quien lo calificó de traidor, urgió renunciar a los miembros de su administración (http://bit.ly/2LgLT9f).

Literalmente se apagaron las luces en la Casa Blancadespués de que Trump claudicó y juró su plena fe (sic) y apoyo a los servicios de espionaje de EU cuando la apabullante mayoría de los omnipotentes multimedia de EU habían condenado su supuesta traición por su apoyo un día antes a Putin, quien rechazó haber intervenido en la elección (http://bit.ly/2LhgZxj).

Breitbart, portal cercano a Trump, comentó su extraña autocorrección lingüística en respuesta a la controversia cuando incluso llegó a ser exigido por su aliado Newt Gingrich, influyente peso pesado del Partido Republicano, a clarificar sus comentarios y a apoyar a los servicios de espionaje de EU en forma inmediata (http://bit.ly/2LgKXlf).

En una declaración escrita, Trump aceptó la conclusión de la comunidad de espionaje de que sí existió interferencia de Rusia en la elección de 2016 y agregó que pueden haber otras personas también. Otras más.

En su legendario tuit matutino antes de su autocorrección, Trump comentó que la cumbre con el zar Vlady Putin había sido mucho mejor que la cumbre con sus supuestos aliados de la OTAN.

Ya antes de la cumbre con Putin, Trump había declarado a CBS que Europa era enemiga (sic) de EU debido a su accionar comercial que causa(ba) daño a los intereses de Washington” (https://cbsn.ws/2Ll2DvW).

Bill Van Auken, de WSWS, expone que el Partido Demócrata, los multimedia y figuras relevantes del aparato militar y del espionaje de EU se han unido para catalogar a Trump de traidor que funciona como un agente del Kremlin (http://bit.ly/2LdxdYz) y comenta en forma ominosa que toda la campaña histérica deja la puerta abierta a un golpe militar insinuado a NPR por Michael Hayden, anterior general de la Fuerza Aérea que dirigió a la CIA y a la NSA.

¿Cómo quedarán los supuestos acuerdos de Helsinki, que no fueron menores, –específicamente, lo concerniente a la estabilidad estratégica de las dos máximas superpotencias nucleares del planeta (http://bit.ly/2Jw46KQ)–, así como otros temas apremiantes, en ciberseguridad y en puntuales tópicos regionales de Norcorea y Siria, y la lucha contra el terrorismo?

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Despenalizar droga y saber la verdad para lograr la paz

 


Sánchez Cordero presenta su plan

En el nuevo gobierno no vamos a simular que en México no pasa nada


▲ La ex ministra Olga Sánchez Cordero presentó su plan de pacificación en El Colegio de México, acompañada por Lorenzo Meyer, Sergio Aguayo, Javier Sicilia, Mariclaire Acosta y Santiago Corcuera.

Con el propósito de alcanzar la paz en México, el virtual presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, lanzará un proyecto de ley que incluya no sólo el tema de la amnistía a quienes no hayan cometido delitos graves, sino también la despenalización de las drogas y la creación de comisiones de la verdad, reiteró Olga Sánchez Cordero, quien ocuparía la titularidad de la Secretaría de Gobernación.

En el foro ¿Olvido, verdad o justicia?, realizado en El Colegio de México, la ministra en retiro indicó que como parte de la estrategia de López Obrador también debe crearse un plan nacional de reparación de daño para las víctimas y prever la posibilidad de reducir las penas de cárcel para quienes aporten información que lleve a encontrar a personas desaparecidas.

Al recordar el diálogo que sostuvo recientemente con López Obrador sobre el tema de la despenalización de las drogas, Sánchez Cordero indicó que la respuesta del ganador de las elecciones presidenciales fue carta abierta: lo que sea necesario para pacificar el país.

Al delinear nuevamente cuáles serán los ejes de la nueva política gubernamental en esta materia, Sánchez Cordero enfatizó que ya es momento de hablar de memoria y reparación. Nosotros no vamos a simular que en México no pasa nada y que hay una política de derechos humanos. El Estado ha sido incapaz de evitar las desapariciones, de buscar a las víctimas y saber su paradero.

La próxima secretaria de Gobernación enfatizó que debe ponerse en marcha un proyecto de justicia transicional, y subrayó que hay varias posibilidades de crear comisiones de la verdad, entre ellas las que abordan casos específicos, las que analizan fenómenos delictivos en regiones completas y las que se conforman como una gran comisión nacional de la verdad, encargada de analizar todo lo que ocurre en el país.

Todas ellas, aseveró, deben funcionar de manera paralela a las indagatorias de los organismos de procuración de justicia, no al margen de ellas, poniendo siempre en el centro las exigencias de las víctimas.

Al término de su intervención, varias madres y familiares de desaparecidos reclamaron una comisión de la verdad para los miles de casos de víctimas de este delito en el país y no sólo para los 43 normalistas de Ayotzinapa, en medio de consignas y gritos como ¡Vivos se los llevaron, vivos los queremos! y ¡Más simulación ya no, por favor!

Durante el foro hubo críticas a algunas propuestas de López Obrador. El poeta Javier Sicilia manifestó su respeto a Sánchez Cordero y a su voluntad de reconocer que existe un problema grave de derechos humanos en el país, pero consideró que la invitación al papa Francisco a los diálogos por la pacificación es un “show verdaderamente lamentable”.

Asimismo, llamó a la próxima administración a darse cuenta de que no hay agenda más importante en el país que la de las víctimas de violaciones de derechos humanos, y externó su rechazo a hablar en estos momentos de amnistía, pues para él este recurso debe ser la última fase del proceso de pacificación, no la primera.

Por su parte, el académico Santiago Corcuera, ex presidente del Comité contra las Desapariciones Forzadas de la Organización de las Naciones Unidas, también saludó la disposición al diálogo de la futura secretaria de Gobernación, pero discrepó de la posición de López Obrador de querer nombrar una terna para quien ocupe la fiscalía general de la nación o de crear una fuerza de seguridad integrada por elementos de la Marina, el Ejército y la Policía Federal.

Al término del foro, madres de víctimas manifestaron a Sánchez Cordero su confianza y disposición de trabajar junto con el gobierno, pero también señalaron que vigilarán de cerca este proceso.

Foto Luis Humberto González

Fernando Camacho Servín
Periódico La Jornada
Miércoles 18 de julio de 2018, p. 3

La reducción salarial, acorde con la Constitución

La transición


Los servidores públicos que no estén de acuerdo pueden acudir a tribunales, afirma Diego Valadés


La política de austeridad de Andrés Manuel López Obrador para reducir los sueldos de funcionarios públicos está en concordancia con lo que dice la Constitución, afirma el académico Diego Valadés.

El constitucionalista explicó que los funcionarios que no estén de acuerdo con esa medida podrían acudir a tribunales, los cuales resolverán que no hay derechos adquiridos que puedan invocarse frente a lo que dice la Constitución en el artículo 127.

El artículo 127 señala que ningún servidor público podrá recibir una remuneración mayor que el Presidente de la República. Y López Obrador anunció que percibirá 108 mil pesos mensuales, 40 por ciento del salario del actual jefe del Ejecutivo federal, Enrique Peña Nieto. Esta reducción significará un tope salarial para el resto de los funcionarios, con eventuales excepciones.

En el caso del Poder Judicial, el referente es el del Presidente, pero también, y con la misma jerarquía constitucional, se dispone que no se les puede disminuir el salario, añadió Valadés. El artículo 94 constitucional indica que la remuneración que perciban por sus servicios los ministros de la Suprema Corte, magistrados de circuito, jueces de distrito y consejeros de la Judicatura Federal, así como los magistrados electorales, no podrá ser disminuida durante su encargo.

Para Valadés esto abrirá una cuestión que habrán de resolver los tribunales, porque se podría modificar el tabulador de salarios para ministros y jueces de nuevo ingreso tras el inicio de la aplicación de la política de austeridad; sin embargo, podría causar un problema, porque la Constitución también dice que a trabajo igual, salario igual.

De manera que si, por ejemplo, entra un juez de distrito en enero con otro tabulador y gana menos que el resto de los jueces en funciones, a quienes no se les puede disminuir el salario, podría alegar una cuestión de inconstitucionalidad.

Ricardo Peralta, catedrático de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México, destacó que si la Constitución mandata que ningún servidor público puede ganar más que el Presidente, no importa a cuál poder del Estado mexicano pertenezca.

Luego de que el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Luis María Aguilar Morales, salió a defender las percepciones del Poder Judicial de la Federación, el especialista dijo que reducir las percepciones no le quita independencia a este poder.

Peralta recordó que hay casos de jueces que, ganando lo que ganan, han sido sorprendidos en la comisión de delitos. Al respecto, agregó: Si la medida es que necesitamos pagarle bien a un servidor para que no se corrompa, eso no es justificación; o se es honesto e incorruptible o no se puede trabajar en el servicio público.

Comentó que ante la situación en la que se encuentra el país se debe actuar con austeridad, debido a que casi 60 millones de connacionales están en situación de pobreza y 9 millones en pobreza extrema.

Si se modifica el salario de los servidores públicos para que sólo puedan ganar un salario menor al del Presidente, es un tema de justicia, congruencia y necesidad. No puede ser un tema de chequera abierta, enfatizó.

Arturo Sánchez y Dennis A. García

Periódico La Jornada
Miércoles 18 de julio de 2018, p. 4

Eliminar la burocracia dorada, vital para plan de austeridad de AMLO

La transición


Se consolidó con Calderón


PRI y Morena buscaron suprimirla, pero el Senado congeló la reforma aprobada por los diputados


Una burocracia dorada, que construyó Vicente Fox y consolidó Felipe Calderón con la Ley del Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal, se mantiene en el gobierno desde hace 18 años y también operó en el actual sexenio en favor del Partido Acción Nacional (PAN), como se quejaron siempre los priístas.

Se trata de miles de directores generales y coordinadores generales, directores generales adjuntos y directores de área, de filiación panista, con sueldos de 153 mil 914 a 189 mil 748 pesos al mes, más prestaciones.

Primero el PRI, en 2006, y después Morena, en 2016, buscaron eliminar esas direcciones de la ley para que su designación corra a cargo de los titulares de cada secretaría, pero ambas propuestas, que sí se votaron en la Cámara de Diputados, fueron frenadas por el Senado.

Es esa reforma la que se requiere para hacer efectivo el plan de austeridad de Andrés Manuel López Obrador, pero también para que esas direcciones respondan a las políticas de la nueva administración, no a su identidad panista, indicó el diputado Emiliano Álvarez, autor de una de las dos iniciativas.

Recordó que esa burocracia floreció en los dos sexenios panistas, y también consumió buena parte de los excedentes petroleros obtenidos durante esos gobiernos. Son miles, no se tiene el número exacto, dijo.

La alta burocracia del gobierno federal está compuesta por los secretarios, con salarios de 201 mil 288 pesos mensuales, más prestaciones de 57 mil 352 pesos, también al mes, de acuerdo con el analítico de plazas de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Siguen los subsecretarios, que ganan cada mes entre 149 mil 123 y 199 mil 982 pesos, con prestaciones de 43 mil 642 a 54 mil 659 pesos; los oficiales mayores, con los mismos salarios y prestaciones; y los jefes de unidad, con ingresos de entre 122 mil 897 y 196 mil 702 pesos, y prestaciones de 36 mil 36 a 55 mil 497 pesos, también cada 30 días.

Siguen las tres categorías de directores, cuyas prestaciones oscilan entre 31 mil 284 y 52 mil 950 pesos mensuales para los de carácter general; de 24 mil 714 a 43 mil 539 para los adjuntos, y de 15 mil 445 a 35 mil 633 para los de área.

El número de subsecretarías, jefaturas de unidad, direcciones, subdirecciones y jefaturas de departamento es discrecional. En la administración pública no hay límite, sino que los nombramientos, así como los ingresos mínimos y máximos, se otorgan a partir de los manuales de organización de cada dependencia.

La discrecionalidad es aún mayor en las dos cámaras del Congreso de la Unión. No existe límite para los puestos de dirección ni para los asesores. La opacidad es tal que, han comentado los propios legisladores, pueden incluso pagar a un solo asesor una plaza de 70 mil pesos mensuales o dividir esta cantidad entre siete personas a las que les pagan 10 mil pesos cada mes.

En los poderes Legislativo y Judicial hay funcionarios que ganan más que el Presidente.

Cada uno de los 500 diputados gana 140 mil pesos al mes y cada uno de los 128 senadores 164 mil. Además, bonos, aguinaldos y otras prestaciones.

Asimismo, el secretario general del Senado gana 3 millones 372 mil 273 pesos al año; el de la Cámara de Diputados, 3 millones 805 mil 339; y el auditor superior de la Federación, 4 millones 268 mil 60.

Los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, los magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y los consejeros de la Judicatura, 6 millones 93 mil 234 pesos al año. También en los órganos autónomos los salarios son superiores: cada consejero electoral gana 4 millones 354 mil 208 pesos al año; el secretario general del Instituto Nacional Electoral, 4 millones 86 mil 265.

El presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, 4 millones 243 mil 164; los comisionados de Competencia Económica, 3 millones 4041 mil 535; los consejeros del Instituto Nacional de Evaluación Educativa, 3 millones 517 mil 740; los del Instituto Federal de Telecomunicaciones, 3 millones 340 mil 687; los del Instituto de Transparencia y Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, 3 millones 456 mil 571, y el titular del Instituto de Geografía y Estadística, 3 millones 403 mil 222 pesos.

Enrique Méndez

Periódico La Jornada
Miércoles 18 de julio de 2018, p. 4

Transición integral



Carlos Martínez García


Para construir un piso político y cultural nuevo la transición del país debe ser integral. El ánimo social mayoritario evidencia que la ciudanía se hartó del sistema expoliador del Estado y el uso patrimonialista de las instancias gubernamentales y las posiciones de representación popular.


El tamaño de la debacle del sistema de partidos vigente hasta el pasado primero de julio dejó en harapos a PRI, PAN y PRD. Ese día los votantes le pasaron la extensa lista de agravios al tripartidismo que se repartía los gobiernos federal y de los estados. ¿Cómo se van a recomponer del mazazo electoral recibido? ¿Tendrán energías y creatividad para refundarse, o lo que le aguarda a cada partido mencionado es el declive constante que concluya en extinción?

En la reconfiguración del sistema político mexicano tiene que pesar el claro mandato de quienes sufragaron en favor de Andrés Manuel López Obrador. Hoy, a diferencia de las elecciones de 2000, cuando Vicente Fox prometió combatir a las tepocatas, víboras prietas y alimañas, y muy pronto se trasmutó en todas ellas, hay conocimiento social de que no solamente había que vencer a la maquinaria del PRI-gobierno, sino que la victoria debe dar lugar a una transición que vaya edificando el nuevo régimen plenamente democrático.

La forma corporativa priísta de gobernar se apersonó en los partidos que en distintos momentos intentaron hacerle frente. Primero el Partido Acción Nacional, que a partir de 1988, con el aval a Carlos Salinas de Gortari, se fue amoldando al establishment, y después el Partido de la Revolución Democrática, que se dejó disolver por el ácido corruptor del poder, acumularon los niveles de rechazo que ni en sus peores cálculos proyectaron tener en las votaciones presidenciales.

El horizonte está abierto para construirlo de una forma nueva. Los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial están impelidos a satisfacer las expectativas ciudadanas de cambio. Andrés Manuel López Obrador ha bosquejado transformaciones en lo que Daniel Cosío Villegas llamó el estilo personal de gobernar. Dado que el sistema político mexicano es presidencialista, tiene repercusiones en las otras instancias del aparato del Estado la forma en que se conduce en su ejercicio del poder el titular del Ejecutivo. En esto es claro que la austeridad de AMLO –su desprendimiento de lujos y toda la costosísima faramalla que ha rodeado a los presidentes en México– tendrá repercusiones en el conjunto de la clase política nacional.

Al rasgo personal apuntado de Andrés Manuel, de forma imprescindible debe acompañarle un entramado normativo que ponga claros diques a la discrecionalidad con la cual los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial han manejado los recursos del presupuesto público. Donde la voluntad personal es insuficiente para resistir los embates corruptores, tiene que ser contenida por instrumentos legales que penalicen el uso abusivo del erario y/o el uso faccioso de los bienes del Estado.

Una zona muy oscura de la que se beneficiaron legisladores locales y federales tiene que ver con el pre­supuesto suntuoso que para desempeñar, supuestamente, sus funciones de representación popular manejaron sin rendición de cuentas y escandaloso dispendio. Los ingresos y prestaciones de los diputados federales y senado­res mexicanos no los tienen similares suyos en toda América Latina, por no decir de todo el mundo. Por lo que anunció López Obrador en cuanto al plan de austeridad, estos derroches y francachelas con cargo al erario se terminaron.

Nuestro sistema de partidos políticos es, en términos presupuestales, rocambolesco. Cada organismo recibe anualmente por parte del Instituto Nacional Electoral recursos exorbitantes, que bien pueden ser reducidos para estar a tono con la racionalidad del gasto público que busca impulsar la nueva administración. Para el próximo año, con base en los resultados electorales de cada partido la proyección presupuestal es la siguiente: Morena, poco más de mil 500 millones de pesos; Partido Acción Nacional, 850 millones; Partido Revolucionario Institucional, 800 millones; Partido de la Revolución Democrática, casi 400 millones de pesos. ¿Habrá razones válidas para continuar con el flujo presupuestal que sostiene a las altas burocracias partidistas y sus ­extravagancias?

En la sociedad civil el reto también es transformar hábitos que no son propios de personalidades democráticas, sino resultado del mal funcionamiento de las instancias del Estado encargadas de regular las relaciones públicas cotidianas entre la ciudadanía. A diario es comprobable la conducta incivil de una considerable parte de la sociedad civil. La fuerza mostrada por quienes sufragamos para ponerle fin a un estado de cosas abusivo y castigante, tendrá que completarse con ejercitar la ciudadanía a cabalidad, donde el binomio derechos/responsabilidades tiene que ser indisoluble.

Tiempos de reflexión, decisión y cambio



Francisco López Bárcenas


El contundente triunfo de Andrés Manuel López Obrador como próximo presidente de la República y los candidatos de Morena al Congreso de la Unión modifican los tiempos, modos y aspiraciones de los mexicanos, incluidos los pueblos indígenas y sus derechos. Lo primero que queda claro es que existen varios movimientos indígenas cuya composición y formas de empujar sus demandas los distinguen aunque, en general, éstas coincidan. Los que más figuran en este escenario son los que participaron en el proceso electoral, donde se puede mirar a antiguos indigenistas y neoindigenistas junto con antiguos aliados del zapatismo, empujando una reforma a la Contitución federal para incluir en ella los acuerdos de San Andrés, políticas públicas y presupuestos transversales y una secretaría de Estado que las lleve a la práctica.


Para los tiempos que corren y las transformaciones que se han anunciado esto no es suficiente. Por eso estaría bien escuchar a los otros movimientos indígenas, que también tienen qué decir. Me refiero a los pueblos y comunidades indígenas que luchan por el ejercicio de la autonomía y la defensa de sus derechos, marcadamente los políticos y territoriales; ellas tienen más claro lo que los indígenas que conforman el grupo indígena del presidente electo enuncian de manera general, porque en reuniones que han organizado por todo el país en los años recientes han discutido propuestas de cambio y en ellas pueden estar las alternativas mas claras sobre el rumbo a seguir.

Pongo un ejemplo de ello. De acuerdo con sus declaraciones públicas, el equipo indígena del virtual presidente electo propone la creación de una secretaría para que atienda este sector de la población, pero entre quienes a diario defienden sus derechos se piensa otra cosa. Mirando las secretarías de asuntos indígenas que se crearon en algunas entidades federativas, donde varios de los que la impulsan a escala federal participaron, conocen que una institución de ese tipo no funciona si no cuenta con las facultades y el presupuesto necesario; conocen que si llegara a funcionar las otras podrían dejar de atender a los indígenas; y si cuenta con las facultades, el presupuesto y los funcionarios sensibles a los reclamos indígenas, puede actuar en contra del ejercicio de la autonomía de los pueblos. A ellos les parece mejor un organismo autónomo descentralizado que los apoye en el ejercicio de sus derechos, con capacidad para corregir las desviaciones del poder publico.

Otro caso es el de los derechos a reconocer. Uno de ellos, central, los territorios y los recursos naturales en ellos existentes. No basta con reconocerlos, hay que crear los instrumentos para hacerlos valer y la instancia gubernamental obligada a velar por que se cumplan. ¿Se va a modificar la Sedatu para darle facultades de reconocer los derechos territoriales? Lo mismo se puede decir de los recursos genéticos y los derechos de identidad cultural. ¿Se van a transformar la Sagarpa y la Secretaría de Cultura? Si no se van a modificar estas instituciones, ¿quién lo hará y bajo qué mecanismos? ¿Qué se va a hacer con las instancias culturales que ya existen pero sus funciones no están a la altura de las necesidades y demandas de los pueblos indígenas, como el Inali, las universidades interculturales y la dirección de educación indígena? Como dije, no basta crear una secretaría, es necesaria una reingeniería en todo el Estado.

Otro asunto que no puede ignorarse es el de la paz en Chiapas, que tiene que ver con el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) y sus aliados, a quienes considero el tercer movimiento. Si el futuro presidente está convencido de cumplir lo pactado el 16 de febrero de 1996 entre el gobierno federal y el EZLN, no puede ignorar que esos acuerdos tienen como finalidad lograr una paz justa y digna en ese estado. Los acuerdos de San Andrés no se cumplen sólo con la inclusión de su contenido en la Carta Magna, su cumplimiento implica tender puentes con los rebeldes para alcanzar la paz. Que éstos muestren desdén por el gobierno electo no nulifica esa obligación, que lo es de todo buen gobierno.

Cambio es cambio. No vamos a seguir con lo mismo. La gente votó por un cambio y el gobierno no puede estar ensimismado, ha dicho López Obrador. Ojalá y su equipo de trabajo sobre pueblos indígenas piense lo mismo y, sobre todo, encuentre otras ventanas para mirar la realidad y maneras distintas de hacer política, incorporando personas jóvenes de los diversos movimientos, gente con experiencia positiva de gobierno; atendiendo las propuestas y experiencia de la gente, para que los cambios que se impulsan sean reales y no meras poses gatopardistas donde todo cambia para que siga igual. Si esto llegara a suceder, la oportunidad de cambio para que la vida mejore, esa que los resultados electorales del primero de julio pasado ofrecen, se habrá desperdiciado. Y eso sería un error histórico lamentable.

Paz y seguridad, por concretar

La Jornada


La ministra en retiro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación Olga Sánchez Cordero, propuesta para ocupar la Secretaría de Gobernación por el virtual presiente electo, Andrés Manuel López Obrador, dijo ayer que el próximo gobierno pondrá en práctica una política que ponga en el centro las exigencias de víctimas y familiares de víctimas de la violencia que padece el país y que aborde la memoria y la reparación, y planteará un proyecto de ley en el que se incluirá la amnistía para sectores de la población que no hayan cometido delitos graves y que actualmente son considerados parte de la delincuencia –como es el caso de los campesinos que cultivan especies ilícitas–, así como la reducción de penas a quienes aporten información que permita dar con el paradero de personas desaparecidas. Dijo, asimismo, que el equipo del triunfador de los comicios del pasado primero de julio estudia las posibles modalidades para la creación de comisiones de la verdad, tanto las que se encarguen de esclarecer fenómenos regionales como las que se conformen como una gran comisión, que deberá arrojar luz sobre lo ocurrido en todo el país. Por otra parte, recordó que con tal de pacificar el país debe considerarse la posibilidad de despenalizar las drogas actualmente prohibidas.


Significativamente, tales declaraciones fueron vertidas un día después de que el presidente Enrique Peña Nieto admitiera que la delincuencia ha aumentado durante más de una década y ha trastocado el tejido social y que los resultados de la estrategia aún vigente de lucha contra la criminalidad están lejos de ser satisfactorios.

La coyuntura registra, pues, la imperiosa necesidad de aplicar un viraje en la política de seguridad y de combate a la delincuencia. Abundan los diagnósticos que explican la ineficacia de los lineamientos seguidos hasta ahora en esa materia y en las palabras de Sánchez Cordero se percibe la urgencia de adoptar nuevos paradigmas de seguridad pública, restablecimiento del estado de derecho, cumplimiento de los derechos humanos, procuración e impartición de justicia y combate al narcotráfico y otros fenómenos delictivos.

Sin embargo, la que puede denominarse propuesta lopezobradorista en los terrenos referidos presenta lagunas y omisiones que deben ser desarrollados por el equipo que se hará cargo del gobierno federal a partir del próximo primero de diciembre: por ejemplo, no está clara aún la manera en la que los afectados por la violencia y sus familiares serán incorporados a las políticas públicas, el papel de las fuerzas armadas a corto y mediano plazos y el futuro de la cuestionada Ley de Seguridad Interior.

Es necesario, en suma, que quienes se desempeñarán como autoridades puntualicen, en los cuatro meses y medio que faltan para la sucesión formal, asuntos que resultan cruciales para la recuperación de la paz, la seguridad y la justicia efectiva, y que construyan una estrategia capaz de suscitar el consenso de la sociedad.

Necesarios testimonios de amistades de Lesvy para demostrar violencia: magistrada

PGJ acepta recomendaciones de la CDHDF



Mientras la defensa de la expareja de Lesvy Berlín Rivera Osorio pretende por todos los medios demostrar que ésta no fue víctima de violencia, las representantes legales de la víctima de feminicidio lograron que la Quinta Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia capitalino (TSJDF) admitiera un testimonio fundamental para demostrar que Lesvy era violentada por su entonces novio, Jorge Luis González Hernández.

El testimonio es de una amistad de Lesvy quien presenció un episodio de violencia en el que Jorge Luis González amenazó a Lesvy con suicidarse si lo dejaba y que en un primer momento fue desechado como evidencia para la etapa del juicio oral por el juez Alfonso Dávila Gómez, encargado del caso.

Las decisión del juez orilló a la defensa de Lesvy (integrada por representantes del Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria y el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio) a ampararse, por lo que el pasado 11 de julio, la Quinta Sala Penal resolvió el recurso y aceptó incluir este testimonio, informó a Cimacnoticias, la abogada de la familia de Lesvy, Sayuri Herrera Román. 

Fue la magistrada Celia Marín Sasaki la encargada del proyecto, quien concluyó que para esclarecer si Lesvy fue víctima o no de violencia en pareja, son necesarios testimonios de diversos amigos de la pareja, pues cada uno pude abonar su impresión de los cuatro meses que duró el noviazgo de los jóvenes.

Asimismo, la Quinta Sala resolvió el mismo día otro amparo que impulsó la defensa del presunto feminicida. Buscaban que los magistrados aceptaran como testigos a varias directoras de instituciones capitalinas encargadas de atención a víctimas de violencia de género, con el fin de que expresaran en el juicio que no hay registro de alguna denuncia por violencia, interpuesta por Lesvy.

Pero la Quinta Sala desechó el amparo argumentado que los testimonios no tienen relevancia para el caso, reportó la abogada del Centro Fray Francisco de Vitoria.  

Ahora que la Quinta Sala del TSJDF resolvió las apelaciones que hicieron tanto víctimas y el victimario, prosigue la etapa de juicio oral donde se desahogarán las pruebas y evidencias respecto al caso. El Juez escuchará a peritos, policías de investigación, amistades y familiares de Lesvy, para poder emitir una sentencia.

PGJDF DARÁ DISCULPA PÚBLICA POR EL CASO

Por otra parte, la asesora jurídica Sayuri Herrera anunció que la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México (PGJDF), la Secretaría de Seguridad Pública y el Tribunal Superior de Justicia locales, aceptaron todos los puntos de la recomendación 1/2018 que emitió en su contra la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, por la falta de debida diligencia en la investigación del posible feminicidio y la revictimización que cometieron hacia la familia de Lesvy.

La recomendación establece a la PGJDF que debe realizar una disculpa pública a la familia por las negligencias que cometió en el caso y la revictimización. De acuerdo con Herrera Román, ésta podría darse antes de que termine el año.

Las otras recomendaciones aceptadas incluyen la indemnización y rehabilitación de las víctimas; investigación de las autoridades que actuaron de manera negligente en la averiguación del feminicidio; la revisión de la guía técnica para la elaboración de necropsias en casos de feminicidio, crear un mecanismo de supervisión, evaluación y monitoreo en la aplicación del Protocolo de actuación policial para la preservación de lugar de los hechos y cadena de custodia; y llevar a cabo una jornada cultural que promueva el respeto al derecho de las mujeres a una vida libre de violencia en honor a Lesvy.

CIMACFoto: César Martínez López

Por: Hazel Zamora Mendieta

Cimacnoticias | Ciudad de México.-

Realizan mapa de violencia de género en Campeche

 Hay vacío de información, aseguran OSC
   


El Observatorio de Violencia Social y Género (OVSyG) en Campeche inició desde enero de este año, un monitoreo en medios digitales e impresos con el fin de realizar un mapa que visibilice los niveles y tipos de violencia a los que se enfrentan las campechanas.

Las integrantes del OVSyG, organización que da asesoría jurídica a mujeres, decidieron registrar los casos reportados en medios sobre crímenes contra mujeres, ya que, desde 2015, se dieron cuenta que la Fiscalía General del estado los sigue clasificando como homicidio.

Ejemplo de ello, es la orden dada por el titular de la Fiscalía, Juan Manuel Herrara Campos para que los casos de feminicidio fueran catalogados como “homicidio” y las desapariciones como “extravíos”, lo que ha derivado en que estos delitos queden impunes y que la violencia de género vaya en aumento, declaró la integrante del OVSyG, Stella Reyes Melo.

Lamentó que la Fiscalía siga sin comprender el tipo penal de feminicidio e incurra en trabas en la investigación de éste, y agregó que de los 38 asesinatos de mujeres que han registrado, entre 2015 y 2017, sólo 21 fueron tipificados como feminicidio y 6 como tentativa.

De los 21 casos, sólo 3 han sido sentenciados, 6 siguen proceso y en el resto no se conoce su situación jurídica debido a que la Fiscalía carece de transparencia en sus datos, aclaró la coordinadora del área de comunicación.

Resaltó que en lo que va del año han documentado tres casos de feminicidio y uno de desaparición por semana mientras que la Fiscalía no tiene registrado ninguno, aunque de acuerdo con su registro, la forma en la que las mujeres son asesinadas y encontradas dan cuenta de que se trata claramente de este tipo de casos.

Lo anterior, señaló, demuestra cómo las instituciones de justica buscan reducir sus índices de violencia al clasificar los casos de otra forma, sin embargo, comentó eso no “significa que las mujeres violentadas dejen de existir”.

De acuerdo con el monitoreo del OVSyG, de 2015 a 2017, han registrado 154 casos de violencia sexual, de los cuales sólo 29 han sido investigados, 31 desapariciones y 27 casos de violencia familiar, la mayoría de éstos se suscitaron en los municipios de Escárcega, Carmen y Campeche.

A fin de responder a este vacío de información, las integrantes del OVSyG buscan habilitar el mapa el año próximo en una plataforma digital para que a nivel nacional, se pueda conocer e informar sobre la situación de violencia, presionar a las instituciones de justicia en su trabajo, e invitar a las mujeres a cuidarse entre ellas.

CIMACFoto: César Martínez López
Por: Aline Espinosa Gutierrez
Cimacnoticias | Ciudad de México.-

Cambio de paradigma en el Instituto Sonorense de las mujeres

OPINIÓN



Antes de tomar su periodo vacacional de verano, la gobernadora de Sonora Claudia Pavlovich anunció que habría cambios en su gabinete de gobierno.

La titular del Ejecutivo en la entidad se encuentra justo en la mitad de su periodo, al cumplir tres años, restándole otros tantos para dejar la gubernatura.

Sin embargo, a diferencia del escenario político del inicio de su sexenio, la segunda mitad será con un poder legislativo con mayoría de un partido distinto al suyo.

Si bien cuando tomó posesión lo hizo con un congreso mayormente ocupado por personas de su partido, el PRI, ahora lo hará con una abrumadora mayoría de Morena.

Eso la coloca en una especie de isla partidista, pues también los municipios serán gobernados en su mayoría por representantes de Morena.

Recientemente circuló una lista de autoría anónima de posibles sustitutos de quienes ocupan algunas dependencias de gobierno y que podrían ser removidos.

La lista referida no es preocupante, pues desde el principio se comprobó que era una especie de burla o broma hacia personas que participaron como candidatas y candidatos en la reciente contienda, y que obtuvieron menor votación que los ganadores.

Lo que realmente preocupa es que la ciudadanía desconozca la aportación ciudadana de hace poco más de un año, para modificar la forma en el nombramiento de la instancia de la mujer.

En mayo de 2017 gracias  a la participación activa de organizaciones y mujeres, se logró la aprobación de  una Ley del Instituto Sonorense de las Mujeres (ISM) que marcó un antes y después en la elección de la titular de esa dependencia.

Además se pudo introducir una nueva forma de elegir a las integrantes de los consejos social y consultivo, así como darles voz y voto en la junta de gobierno colocando igual número de integrantes que los representantes gubernamentales, con capacidad de decisión.

Esto que se dice tan fácil, quedó plasmado en la Ley 181 del ISM, artículo 18, y en su reglamento, en el artículo 49.

Esa forma novedosa obliga al Estado a realizar una convocatoria abierta, transparente, especificando los requisitos que deben cumplir las aspirantes, las cuales por supuesto deberán contar con un perfil acorde a la defensa y promoción de los Derechos Humanos de las mujeres.

Su trayectoria en el tema también será importante, pero sobre todo evitará que una vez más la instancia de las mujeres, sea tratada como una dependencia más a la cual puede ir cualquier persona a dirigirla.

Además de cambiar el nombre de Directora General a Coordinadora Ejecutiva, la Ley del ISM no sugiere, sino que obliga a que la próxima titular sea electa con la nueva metodología.

Es por ello que resulta preocupante que tanto en la lista de broma, como en otras que se han publicado posteriormente en algunos medios, se incluya al ISM como instancia candidata a cambiar a su coordinadora por dedazo, pues eso ya no puede suceder.

En caso de que el ISM esté dentro de los cambios, tanto la gobernadora, como las y los integrantes de la Junta de gobierno del Instituto, deberían estar conscientes de que ya no sería válido, y sería ilegal hacer un nombramiento directo.

De igual forma la ciudadanía preocupada debería vigilar, conociendo y haciendo suyas las leyes, pues costó mucho trabajo conseguir que la original iniciativa de la gobernadora Pavlovich de Ley del ISM que sustituyó a su decreto de creación, incluyera un cambio de paradigma.

Para los poderes tradicionales se dificulta pensar en un mecanismo abierto a la luz de todos los ojos, que consiga nombrar a la mejor profesionista, con preparación acorde, pero sobre todo, con convicción de que las mujeres tenemos derecho a ejercer nuestros derechos.

El ISM debe pasar por una transformación que se irá logrando en la medida en que se aplique la Ley y su reglamento.

Ciudadanizarlo; nombrar a la coordinadora y profesionales especialistas por convocatoria abierta; someter a evaluación los programas; impulsar la prevención de la violencia hacia las mujeres con enfoque de género; y transparentar los recursos, son necesarios de inmediato.

Afortunadamente ya existe la ruta para elegir a la próxima coordinadora general. Y si bien no se mencionan las profesionales especialistas cuyo trabajo repercute directamente en la vida de las mujeres, por convicción debería extenderse el criterio.

Más aún, las y los próximos presidentes municipales deberían tomar el ejemplo, y como acción afirmativa seleccionar a sus titulares de las instancias municipales de las mujeres, por convocatoria abierta y transparente, emulando la Ley del ISM.

Deberían pues, dejar atrás el oscuro periodo en el que dichas instancias se veían como extensiones del DIF nombrando a las familiares, amigas o hijas de la o el presidente municipal, o solo como cuota de su partido.

De igual forma, el gobierno del Estado podría hacer lo mismo con otras instituciones de atención a las mujeres, desde las cuales se instrumenta la política pública de salvaguarda de la vida, la dignidad, integridad, y el derecho a una vida libre de violencia.

Es el caso del Centro de Justicia para las Mujeres (Cejum), que concentra la cara amplia del Estado para recibir, apoyar y representar a las mujeres que necesitan ayuda para salir de su situación de violencia, sin que sus vidas peligren.

Es pues necesario, que todas las instancias de las mujeres, y centros de atención que buscan garantizar el ejercicio de sus Derechos Humanos, empiecen a profesionalizarse, iniciando por su titular. Los cambios dan oportunidades de mejora, las mujeres nos lo merecemos.

**Periodista integrante de la Red Nacional de Periodistas y directora del blog Mujer Sonora http://mujersonora.blogspot.mx/

Twitter: @mujersonora

CIMACFoto: César Martínez López

Por: Silvia Núñez Esquer*

Cimacnoticias | Hermosillo, Son.-

7/17/2018

Si los hijitos de papi se han acostumbrado a tener todo es por culpa del sistema que se los da

Pedro Echeverría V.


1. A los millonarios,  a los explotadores mexicanos y sus familias, les importa un carajo que los salarios mínimos de los trabajadores suban de 90 pesos al día a 500 pesos, se eleven de 2,700 al mes a 15 mil. Lo que no pueden aceptar es que sus enormes ganancias de un millón de pesos diarios se reduzcan porque sus “gastos son muchos”. Igual piensan los jueces de la Suprema Corte y los funcionarios electorales del INE cuyos ingresos mensuales se ubican entre los 651 y 500 al mes. ¿Cómo carajos van a vivir los hijitos, las familias de estos funcionarios acostumbrados a tener choferes, sirvientes, ir de vacaciones, escuelas privadas y casas de campo o veraneo?

2. Si el indígena tabasqueño, hoy desgraciadamente presidente electo López Obrador puede vivir con 108 mil pesos al mes, es porque está acostumbrado a vivir en la miseria. Por más comunista que sea no puede imponer sus creencias e ideologías en el país porque todavía hay gente fina, distinguida, que sabe comer, vestir, pasear y no puede vivir con miserias. ¿Cómo pagar –con 100 mil pesos al mes- el salario y mantener a mi decenas de criados que se encargan de la casa, los jardines, la cocina, los choferes, los niños, los muchachos, los vigilantes, los guaruras y los salones de belleza? Si hay mucha miseria y desempleo a notros no nos importa ni tenemos nada que ver.

3. El gobierno de López Obrador quiere meterse con las jubilaciones tramposamente para revisarlas.  Si quiere aumentar al doble todas las jubilaciones lo aplaudimos porque la mayoría son de tres mil al mes; pero que no se meta con nosotros que con base en esfuerzos son de 60 mil, 100 mil, 150 mil y hasta 300 mil. Nosotros decimos: que no nos aumenten pero que no nos quiten para no ganar más del salario del presidente. Por allá ha aparecido una propuesta muy injusta: “que no haya jubilación menos a 10 mil pesos al mes ni mayor a 40 mil.”. No saben lo que hemos tenido qué hacer –aunque sea trampas capitalistas-  para alcanzar buenas o varias jubilaciones.

4. En última instancia los que en México tienen derecho a recibir jubilaciones son una minoría de privilegiados, menos de la mitad de los trabajadores, lo cual es absolutamente injusto. La mayoría de los jubilados se ubica en mensualidades de menos de 10 mil pesos al mes hasta llegar a los 15 mil. Después de esa cantidad se es medianamente privilegiado, pero sobrepasar los 50 pesos al mes es un insulto ante la situación. Por ello decretar la desaparición de las insultantes jubilaciones a expresidentes, es absolutamente justo porque representan un gasto mensual de medio millón de pesos al mes en cada uno, si contamos a militares y guaruras.

5. Espero que López Obrador se mantenga firme en la reducción a la mitad de los salarios y el aumento de éstos a los trabajadores. Esta medida de los salarios y las jubilaciones nada tienen que ver con el socialismo como muchos han dicho. Son medidas que pretenden hacer menos injusto y menos corrupto al capitalismo. Una medida socialista sería que las fábricas y centros de producción sean expropiadas y pasaran a ser trabajadas y administradas directamente por los mismos obreros. Por el contrario, el aumento de salarios y la búsqueda de la igual económica y social sólo son medidas de justicia que incluso mejoran el capitalismo al hacerlo menos injusto.

6. Si la Constitución y las leyes impiden los cambios necesarios, debe lucharse por cambiar esas leyes que los impiden o bloquean. El pueblo pone y el pueblo quita y el 53 por ciento, con 30 puntos de diferencia sobre los partidos, el pueblo votó por el proyecto y los planteamientos de López Obrador. Como diría Blas Urrea a Madero: “has abierto el cuerpo del país y has encontrado la podredumbre; el pueblo te maldecirá si no lo limpias la gangrena y ante tu miedo y cobardía decides cerrar ese cuerpo  agusanado y a punto de pudrirse”. Ni un paso atrás: lograrás mayor apoyo y fuerza si demuestras que estás con el pueblo y decidido a seguir siempre adelante. (17/VII/18)

http://pedroecheverriav.wordpress.com

alterar26@gmail.com

Atisbo de autocrítica presidencial

Utopía

Eduardo Ibarra Aguirre

Al cuarto para las 12, a menos de 4.5 meses de colocarle la banda presidencial a Andrés Manuel López Obrador, el titular del Ejecutivo federal dio un atisbo de autocrítica en uno de los temas más sentidos y por supuesto que padecidos por la ciudadanía y sin el cual es inexplicable la apabullante derrota que él y su partido sufrieron en las urnas, como es la inseguridad pública, aparte está la generalizada corrupción pública y privada en los primeros círculos del poder.

La idea en la que asoma una tímida y tardía autocrítica de Enrique Peña Nieto es: La delincuencia y el crimen organizado aumentaron durante más de una década por múltiples causas, lo que ha trastocado el tejido social y a pesar de los esfuerzos realizados para combatirlos, los resultados están lejos de ser satisfactorios.

Demasiado lejos, pues el número de homicidios dolosos ya superó la marca del año más violento del sexenio de Felipe Calderón, promotor impar de la guerra contra el narcotráfico y con el aparato mediático divulgando sus hazañas que ahora critican. Y para deleite de los caricaturitas disfrazado de general de cinco estrellas con chamarra militar que le quedó grande no sólo por la talla sino también por la incapacidad para cumplir las obligaciones como comandante supremo de las fuerzas armadas.

Autocrítica presidencial que no se ocupó de explicar por qué la misma estrategia guerrerista, como la de Calderón Hinojosa –pero sin tanta propaganda, más coordinación institucional, mayor trabajo de inteligencia y acotamiento relativo a los agentes estadunidenses–, dio buenos resultados los primeros tres años y a partir de septiembre de 2015 empezó nuevamente el repunte criminal.

Algunos especialistas como Eduardo Guerrero Gutiérrez, explicaron el repunte con un “se confiaron las autoridades”, pues por lo visto tres años después siguen confiadas y la ciudadanía en las fronteras de la angustia y la desesperación, porque al fenómeno nacional es preciso añadir la incompetencia de varios gobernadores, como el ahora senador Miguel Ángel Mancera, amo y señor de la corrupción capitalina, al decir de algunos de sus críticos de las izquierdas que en 2012 apoyaron su candidatura.

El mismísimo Miguel Ángel Osorio Chong, ahora estigmatizado como “traidor” por la debacle sin precedente que padece el Revolucionario Institucional, festejaba sin medida los evidentes avances en seguridad pública obtenidos por el gobierno de Peña Nieto en los primeros años, y los presentaba como éxitos sin comparación "en la historia de la humanidad”. Algún sensato funcionario le marcó el despropósito y no lo repitió por tercera ocasión.

Lo cierto es que con la estrategia de la mayor coordinación, inteligencia y acotamiento de los agentes gringos o la ventanilla única para ellos, se produjeron alentadores resultados que ahora brillan por su ausencia.

Nada se dice sobre los recortes al gasto social de los últimos dos años que colocaron el presupuesto para la prevención del delito en niveles que provocarían risa si no implicaran más adictos, presos, delincuentes y asesinados.

De la fuerza vigorosa del ejemplo de los gobernantes y empresarios muy poco se contempla o valora ni hoy ni en sexenios anteriores. Pero si los gobernantes se enriquecen brutalmente en un sexenio y surgen nuevos archimillonarios de las empresas beneficiadas con los contratos públicos, ¿por qué el resto de los mexicanos tendrían que desenvolverse con actitudes y conductas éticas sustancialmente distintas? Es pregunta, conste.

Acuse de recibo

“Observo que apenas se ha mencionado la manifestación y plantón desde el jueves 12 de julio de las comunidades afectadas, entre ellas las de Atenco, por la proyectada construcción del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. ‘Queremos tierra, no aviones’, dicen ellos. Creo que sería de congruencia elemental que AMLO expresara que atenderá sus justas demandas y ello debería publicitarse tanto como la visita de los pesos pesados de Washington; y si (Alejandro) Solalinde las atiende y les da seguimiento puntual a través de una CNDH que funcione, que se les dé satisfacción. El padre Solalinde, connotado defensor de los derechos humanos, es mucho más que un sacerdote ordinario; yo estaba en el entendido que él lo aceptaría y procuraría cumplir el propósito de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos como es debido. Si no fue así, ojalá se tomaran las medidas necesarias para que ocupe el puesto él u otra persona honesta y calificada. Añado que la construcción del NAICM sería una catástrofe tanto humana como ecológica”. La opinión es de Laura Cervantes sobre AMLO: Innecesarios descuidos (16-VII-18)… “Hemos dicho que mantendremos relaciones con todos los pueblos y gobiernos del mundo”: AMLO, temprana definición que ocultó el oligopolio mediático… En Forum: Trump contra el mundo: el presidente de la discordia (José Sobrevilla); A Rusia en los libros y en los recuerdos (Teresa Gil); ligas:

http://forumenlinea.com/nuevo/    https://www.facebook.com/forumenlinea    @IbarraAguirreEd    forum@forumenlinea.com

EU: represalia absurda

La Jornada


El representante comercial del gobierno de Donald Trump, Robert Lighthizer, anunció ayer que presentó demandas ante la Organización Mundial del Comercio (OMC) en contra de México, China, Canadá, Turquía y naciones de la Unión Europea, que impusieron aranceles a ciertas exportaciones estadunidenses en respuesta a la decisión de Washington de gravar, sin justificación fundamentada en la legalidad internacional, las importaciones de acero y aluminio procedentes de esos países.


En un inocultable torcimiento de la lógica, el funcionario afirmó que los aranceles de 25 por ciento al acero y de 10 por ciento al aluminio de las naciones referidas están justificadas por los acuerdos suscritos tanto por Estados Unidos como por sus socios comerciales.

Cabe recordar, sin embargo, que el pasado 31 de mayo, cuando la presidencia de Trump anunció la mencionada medida proteccionista, no tuvo más argumento para justificarla que el de una supuesta afectación de la seguridad nacional estadunidense a raíz de las importaciones de esos metales que, supuestamente, ponían en riesgo la producción local de la superpotencia.

Tal pretexto, además de falaz, no tiene asidero alguno en el marco de las regulaciones comerciales internacionales. Por el contrario, resulta claramente incompatible con ellas y con los principios del libre mercado, en la medida en que representan acciones de proteccionismo puro y duro. Si se va más lejos en el análisis, los aranceles al aluminio y al acero parecen una de esas maniobras trumpianasorientadas a procurar una alteración de las relaciones tradicionales –las comerciales, pero también las geoestratégicas y diplomáticas– entre Washington y otros gobiernos en favor de Estados Unidos.

En esta lógica, la presentación de querellas por parte del país causante de la agresión comercial en contra de quienes la sufrieron plantea una nueva provocación y un nuevo intento por introducir un factor de caos en los intercambios mundiales con el fin de inducir una reorganización que resulte beneficiosa para la economía estadunidense, como reducir sus déficit o incrementar sus superávit comerciales con sus socios históricos.

La irracionalidad de las demandas ante la OMC es tan manifiesta que tienen escasas probabilidades de salir airosas. Pero incluso si lo consiguieran, afectarían negativamente, sin duda, a las naciones referidas, y más temprano que tarde incrementarían el aislamiento de Estados Unidos ante sus propios socios y aliados –una perspectiva que resultaría alarmante para cualquier gobierno que no estuviera encabezado por Donald Trump– y minaría de manera adicional el poderío de Washington en el comercio y las finanzas internacionales

México: cómo rescatar un país devastado



Víctor M. Toledo /I


Diez horas estuve escuchando los diagnósticos, líneas estratégicas y proyectos de 12 secretarías de Estado durante la primera reunión del gabinete del nuevo gobierno (2018-2024). Todos rebosaron entusiasmo, entrega, conocimiento y pasión por sacar al país de la devastación sufrida luego de 30 años de neoliberalismo. Y dentro de esa mística sobresalió la dirección oportuna y certera del que será el nuevo presidente del país, pendiente de marcar lineamientos con prudencia y buena voluntad, y echando mano de su profundo conocimiento de México. Este será un gobierno de izquierdasin parangón en la historia reciente del mundo, porque, a diferencia de muchos otros (buena parte de ellos fallidos), no surge de los protocolos y tratados de una tradición teórica que hoy es inservible, sino de la propia realidad actual e histórica del país. No se trata ya de meter a la realidad a la teoría, en un acto forzoso y absurdo, como lo siguen haciendo los intelectuales de siempre (marxistas, leninistas, maoístas, guevaristas y, especialmente, neozapatistas), sino de irla construyendo a partir de la práctica. Detecto una sensibilidad para medir la dimensión de las transformaciones posibles que nacen de la lectura correcta de la realidad nacional. Esa es una de las grandes lecciones.


Se trata, entonces, de regenerar literalmente a la nación tras una guerra no declarada, y de caminar por lo que sería una cuarta gran transformación. No obstante este panorama, surge la pregunta de si existen principios rectores que guíen u orienten las acciones del nuevo aparato estatal. Con base en lo ahí observado y en lo que es posible captar del ideario de AMLO, arriesgo a postular siete posibles faros: a) lo antineoliberal; b) la comunalidad y la coo­peración; c) el rescate de la memoria; d) la democracia directa y participativa; e) la defensa de la naturaleza; f) la regeneración del tejido biocultural, y g) una ciencia y tecnología para la emancipación.

Lo antineoliberal. Se trata de implementar una política que recupere el papel del Estado como garante del bien común y no como venía sucediendo: el capital manteniendo cautivas y a su servicio las acciones del gobierno en todas sus escalas y dimensiones. Ello significa superar todo lo que alimenta la fantasía del capitalismo en su versión ultramonopólica: la religión de los mercados, el libre comercio, las ventajas comparativas, la competitividad, la tecnociencia y una idolatría por los países industrializados. No se puede rescatar a la nación si antes no se rescata la función del Estado. En los tiempos recientes fuimos testigos de cómo casi sin excepción todas las oficinas del gobierno se pusieron al servicio de los negocios y de los mercaderes. El po­der económico se transfiguró en el po­der político y viceversa. Los gobiernos neoliberales apoyaron sin recato a las grandes mineras, automotrices, acereras, embotelladoras, bancos, petroleras, cadenas comerciales, compañías biotecnológicas, etcétera. Surge aquí la imagen grotesca de Enrique Peña Nieto frente a los medios masivos de comunicación con una botella de Coca-Cola en la mano haciéndole propaganda, mientras millones de mexicanos padecen obesidad y diabetes por consumirla. Un gobierno antineoliberal no es un gobierno anticapitalista, pero sí uno que acota, orienta y determina los caminos del capital. El antineoliberalismo también debe rechazarse a escala individual. No más las figuras individualistas, ególatras y consumistas. No más valores mercantiles, superficiales y mezquinos. Se va a requerir de un código de ética que sea adoptado por los funcionarios de este nuevo gobierno.

Comunalidad y cooperación. Toda la ideología neoliberal se derrumba frente su antítesis: el bien común, la ayuda mutua, el tequio, la mano vuelta, la guelaguetza, que siguen siendo los motores invisibles de la reciedumbre mexicana. Este rasgo que debe rescatarse y consolidarse, surge del México profundo en la forma de comunalidades y se recrea en el mundo moderno en las diversas expresiones del cooperativismo (12 mil 500 cooperativas con registro). Es el legado de los pueblos originarios o indígenas que para sorpresa del mundo en México crecen más rápido que la población mestiza y hoy alcanzan los 25 millones (Inegi, 2015). Salvaguardar a los ejidos y a las comunidades y potenciarlos en todas su vertientes como guardianes de un legado biocultural, histórico, espiritual y hasta civilizatorio debe ser tarea obligada.

El país rebosa además de experiencias cooperativas exitosas que deben ser faros a reproducir y multiplicar por todo el país: pesqueras (como la Cecop de Baja California), cafetaleras (Tosepan Titataniske y decenas más), turísticas (más de 100 cooperativas indígenas), refresqueras (Pascual), cajas de ahorro, comercializadoras (ANEC), de consumidores, etcétera. Ante los sectores dominados por las grandes empresas y corporaciones el país debe ir gradualmente impulsando las fórmulas cooperativas ahí donde sea posible.

Claudio X. González, AMLO y la corrupción



Luis Hernández Navarro


El 26 de enero de 2016, el dirigente empresarial Claudio X. González anunció un drástico cambio de rumbo en su apuesta para proyectarse como activista ciudadano. En una conferencia que impartió ese día en el sindicato de comerciantes les confesó: Casi es una primicia lo que les estoy comentando. No es para hacer ruido. Vamos a combatir la corrupción.


Estaba envalentonado. Su envite, dijo al consejo directivo de la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio (Concanaco), consistía en formar una especie de Mexicanos Primero pero para el estado de derecho: Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI).

La asociación civil México Primero fue parida en 2005, con el patronazgo de grandes empresarios y el manto protector de administraciones panistas (su actual presidente, Alejandro Martínez, fue secretario técnico del gabinete de Desarrollo Humano en la Sedesol, cuando su titular era Josefina Vázquez Mota). A partir de 2010, se transformó en un poderoso grupo de presión para fijar la agenda de la educación pública (https://bit.ly/2KLNe8y). Su presidente, Claudio X. González, durante años directivo de la Fundación Cultural Televisa, se convirtió en figura pública nacional relevante. Su influencia traspasó las fronteras educativas. A partir de 2012 camufló su filiación patronal en las galas de la sociedad civil, y comenzó a hablar como si fuera su representante.

En medio de un profundo hartazgo social contra la corrupción, alimentado por los escándalos de la Casa Blanca presidencial y la deshonestidad de los gobernadores priístas, la aparición de MCCI en 2016 fue el trampolín para aupar a Claudio X. González en la disputa por el liderazgo de la lucha contra esta lacra, hasta ese momento monopolizado, en el terreno político, por Andrés Manuel López Obrador. No estuvo solo en esta batalla. Articuló bajo su jefatura a un archipiélago de asociaciones de corte empresarial bautizadas como societé civil.

Tiene rivalidad con el futuro presidente. Ni Claudio Jr. ni su padre tienen buena impresión de él. En diciembre de 2017, el directivo de Kimberly-Clark, dijo: “Lo que veo del Peje (porque no es Andrés Manuel López Obrador; para mí es El Peje) es que es un hombre profundamente atado al pasado; vive en lo peor del siglo XX, no es capaz de ver el siglo XXI y todos sus retos”.

En la reunión de enero de 2016 con la Canaco, el entonces presidente de Mexicanos Primero anunció el inminente cambio de rumbo en su relación con la administración pública. No hay que temerle a llevarse mal con el gobierno, recomendó. “Con el tipo de gobierno que tenemos –añadió– nos deberíamos llevar de la fregada. No hay que temer a la confrontación. Nos vamos a acabar distanciando y peleando con ellos. Ahorita nos llevamos bien. Van a ver que en dos o tres meses nos vamos a llevar mal”. Así sucedió.

“Vamos –les dijo– a combatir la corrupción y la impunidad por tres ventanas fundamentales. Comunicación y movilización social, para difundir información, mantener el tema en la luz pública, atraer legitimidad, recursos, apoyo, firmas. Segundo, investigación de primer orden, aplicada, para compartirse y difundirse, para que se conozca mejor el fenómeno, los estragos tremendos que le genera a la sociedad la problemática. Y tercero, con litigio estratégico. Vamos a litigar casos emblemáticos de corrupción en el país.”

La iniciativa tiene grandes similitudes con las campañas contra la corrupción que la derecha empresarial ha impulsado en países de América Latina, como Brasil y Guatemala. No son simples acciones para moralizar la administración pública. Se trata de grandes maniobras para asaltar el poder e incubar liderazgos (judiciales, políticos, sociales, cívicos y mediáticos) alternativos.

La ofensiva de MCCI fue eficaz. Integrado por un equipo de periodistas profesionales y competentes, difundió reportajes que documentaban la corrupción gubernamental, a través de Reforma, Animal Político The New York Times. Salvo en el caso Odebrecht, muy pocos de esos trabajos periodísticos escarbaron en la descomposición de la iniciativa privada.

Las investigaciones de MCCI hicieron crecer la bola de nieve de la indignación social contra las corruptelas, especialmente entre los jóvenes. Sin embargo, lejos de mermar la autoridad de López Obrador, la fortalecieron. El alud anticorrupción que auspició la derecha empresarial sepultó a sus animadores.

Ante el descalabro del PAN y la balcanización y desfondamiento del PRI, la sociedad civil tutelada y auspiciada por los señores del dinero que fue planchada por los comicios de julio, junto a algunos medios de comunicación, aspira a convertirse en el relevo de la nueva oposición de derecha al nuevo gobierno. El pulso alrededor del nombramiento del fiscal no fue más que el primer aviso de un pleito anunciado.

Twitter: @lhan55

Descentralización de la ciencia



Javier Flores


Ya tomé la decisión de que aquí, en La Paz, va a estar el Conacyt. En la descentralización, el Consejo Nacional para la Ciencia y la Tecnología va a tener como sede La Paz, Baja California Sur, anunció Andrés Manuel López Obrador en un acto realizado en esa entidad el martes 19 de junio. Aunque no están muy claros los criterios por los cuales el ganador de las recientes elecciones presidenciales eligió esa ciudad para albergar al principal organismo de fomento de ciencia y tecnología del país, su decisión fue ratificada luego por la doctora Elena Álvarez-Buylla, futura directora de este consejo, en un adelanto de su programa de trabajo, por lo que debemos asumir que el traslado anunciado se llevará a cabo.


La desconcentración de la investigación científica es uno de los temas a los que más atención se ha prestado en las décadas recientes en nuestro país; puede decirse que la ciencia representa uno de los mayores casos de éxito en materia de descentralización en México. Hasta hace algunos años la mayoría de las instituciones de investigación y el personal dedicado a la ciencia se concentraba en el otrora Distrito Federal. Incluso las mayores capacidades científicas se encontraban en muy pocas instituciones como la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), de la que se afirmaba –casi a manera de cliché– que realizaba más de la mitad de la investigación científica del país… Esto ya no es así.

Si bien es cierto que la capital de la República todavía tiene mucho peso en algunas áreas, el surgimiento de los Centros Públicos de Investigación dependientes del Conacyt −que hoy suman más de 25− distribuidos en prácticamente todo el territorio nacional, así como las unidades foráneas de algunas instituciones como la propia UNAM o el Instituto Politécnico Nacional entre otras, han cambiado completamente el perfil de la ciencia en el territorio nacional. Por ejemplo, de los 25 mil integrantes del Sistema Nacional de Investigadores registrados en 2016, apenas 8 mil laboraban en Ciudad de México y el resto estaban distribuidos en las 31 entidades federativas restantes.

De este modo, en el caso de la ciencia, al hablar de la descentralización debe diferenciarse entre la desconcentración de la investigación científica y tecnológica y la que se refiere a la administración de estas actividades. Se trata de dos procesos muy diferentes; el primero (de inicio relativamente reciente) a partir de la labor de pioneros, como el bioquímico Félix Córdoba, quien a finales de los años 70 del siglo XX crearon laboratorios y formaron especialistas en instituciones de Baja California Sur (curiosamente en La Paz) y Oaxaca. La otra labor, que no es menos importante, es la descentralización administrativa que incluye el traslado del Conacyt, actualmente ubicado en avenida Insurgentes de Ciudad de México, a un lugar por determinarse en La Paz, en el noroeste del país.

Pero incluso en lo relativo a la gestión o al fomento de la ciencia, hay ya una base muy importante en toda la República Mexicana, pues se cuenta con 32 organismos estatales de ciencia y tecnología, en la modalidad de consejos o secretarías, creados en todas y cada una de las entidades federativas del país, instancias que, aunque con muy escasos recursos, realizan funciones trascendentales para el avance científico a escala local. De hecho, Baja California Sur cuenta con el Consejo Sudcaliforniano de Ciencia y Tecnología, cuya sede se encuentra precisamente en La Paz, y el Congreso de ese estado aprobó desde 2005 una ley en esta materia.

Baja California Sur es una entidad que cuenta con abundantes recursos naturales con gran potencial en áreas como agroindustria, energías renovables, biología marina, tecnologías de información y comunicación, y tiene instituciones científicas sólidas, entre ellas el Centro de Investigaciones Biológicas del Noroeste, la Universidad Autónoma de Baja California Sur, así como unidades del Centro de Investigación Científica y de Educación Superior de Ensenada y del Instituto Politécnico Nacional, entre otras.

Desde luego, el traslado a La Paz de las direcciones general y adjuntas y las unidades que actualmente forman parte del Conacyt no será sencillo, pero seguramente aportará elementos para impulsar la investigación en la entidad receptora, que junto con la gran capacidad científica en Baja California Norte, pueden convertir a la región noroeste en una de las mayores potencias científicas del país.

El voto en el campo




Ana De Ita


Sí, Andrés Manuel López Obrador (AMLO) también arrasó en el campo. De los casi 17.7 millones de votos que aporta la sociedad rural a la elección presidencial, más de 8.7 millones fueron para el candidato de la coalición Juntos Haremos Historia. No es poca cosa que casi la mitad del electorado rural, 49.4 por ciento, haya decidido votar por transformar sus condiciones de vida y al país.

Tradicionalmente el voto rural era para el partido en el poder, obtenido mediante el uso de los programas oficiales para beneficiar clientelarmente a sus electores. Los sacos de cemento, las láminas, los fertilizantes, las despensas, o el dinero, que años atrás alcanzaron para comprar los puestos de elección popular, en esta ocasión también se usaron. En distintos parajes, los caciques se han refuncionalizado y forman parte del crimen organizado que controla vastos territorios. El asesinato de distintos candidatos electorales, muchos de ellos de regiones rurales, es muestra de lo que se juega en el campo y del rechazo de distintas fuerzas a perder el poder que han obtenido.

Así, optar por Morena no era fácil. Las amenazas, las posibles represalias, en comunidades donde todos saben quién es quién, debió pesar a la hora de decidir el sentido del voto.

Muchos no querían salir de sus lugares, esperando el día de la votación para no tener contratiempos. Otros tuvieron que desplazarse por caminos accidentados para llegar a su casilla. Una gran mayoría la jugó a la sorda, sin comentar, ni hacer pública su decisión. Otros se volcaron a hacer campaña, buscando organizarse para cuidar la elección y aportaron sus propios recursos: camionetas, gasolina, copias, volantes, tiempo. Con los antecedentes de los fraudes no existía ninguna garantía.

Por eso el contento en el campo hoy es muy grande. Todavía no ha cambiado nada, pero la sensación de haber liberado al país del secuestro en que lo mantenía la oligarquía abre un horizonte de esperanza. Hay una gran energía social desplegada. La gente sabe que la victoria es suya y está ansiosa por trabajar, organizar, participar.

Pero también algunas propuestas encienden focos de alerta sobre la orientación que el nuevo gobierno busca dar al país. El futuro jefe del gabinete, Alfonso Romo, ha declarado que México debe ser un paraíso para la inversión privada. El gobierno del presidente Enrique Peña Nieto ha procurado lo mismo. Para ello realizó las reformas energéticas y extractivas, que colocaron el interés de las corporaciones por encima del ambiente, de la naturaleza, de las decisiones de los dueños y propietarios de la tierra, de la autonomía que demandan los pueblos indígenas. Los campesinos y los pueblos indígenas de México son dueños de más de la mitad del territorio nacional y han sufrido los proyectos mineros, petroleros, de hidroeléctricas, plantas eólicas y otros megaproyectos como un despojo autoritario. Su establecimiento ha sido una imposición contra la voluntad colectiva y han llegado acompañados de la violencia política y del crimen organizado, que ha trastornado y hecho imposible la vida en muchas regiones. Los saldos documentados de la minería en la destrucción de los pueblos y comunidades indígenas y campesinas no puede continuar. Los nuevos proyectos de hidroeléctricas y minihídricas que amenazan a los sitios mejor conservados del país como la Chinantla, la Lacandona, la Sierra Norte de Puebla, las cuencas del río Papagayo, en Guerrero, y San Pedro, en Nayarit, y muchas otras, no cuentan con el consentimiento de los pueblos indígenas que son propietarios y poseedores de esos territorios. Tampoco lo tienen las empresas eólicas instaladas en territorios zapotecos y que buscan establecerse en regiones mayas y de otros pueblos indígenas.

Ampliar las zonas económicas especiales en Guerrero, Oaxaca y Chiapas, como también lo propone el futuro jefe de la Oficina de la Presidencia, tampoco cuenta con el consenso de los pueblos indígenas y campesinos que poseen y habitan la mayoría de los territorios en esos estados. Ellos tienen sus propios planes para el buen vivir y votaron para que éstos sean reconocidos y apoyados.

Además, estos proyectos parecen contrarios al objetivo prioritario de pacificación del país y al control de la economía criminal que en muchos casos ha sido utilizada y alentada para imponerlos.

Las organizaciones campesinas y de productores demandan participar en la definición de la política agrícola.

En lugar de un paraíso para la inversión, la población del campo espera que el país sea un paraíso de la democracia, la inclusión y la autodeterminación, y mantiene la confianza en el: No les voy a fallarcomprometido por AMLO en el Zócalo.

7/16/2018

Denuncian campaña de desprestigio contra abogada en Veracruz

 OSC condenan ataques, fue una de las impulsoras del amparo por aborto
  



Defensoras de derechos de las mujeres, académicas y organizaciones de la sociedad civil veracruzanas, condenaron la campaña de desprestigio emprendida por grupos conservadores contra la abogada Esmeralda Lecxiur Ferreira quien ha participado en el proceso de la despenalización del aborto en Veracruz.

En medio del polémico debate que vive Veracruz por la resistencia del congreso estatal a cumplir con la sentencia del Juzgado Decimoctavo de Distrito de despenalizar el aborto del Código Penal, una de las abogadas que participó en el amparo que dio como resultado esta orden, Esmeralda Lecxiur, ha sido exhibida por medio de una fotografía en la cual se incita a la violencia en su contra.

En un comunicado, las defensoras repudiaron enérgicamente la campaña de desprestigio contra la abogada, que, dijeron, pone en riesgo su vida e integridad por el mensaje de segregación e incitación al odio que propaga, además que descalifica el propósito de la lucha que han emprendido las organizaciones a favor de los derechos sexuales y reproductivos de las veracruzanas, denunciaron.

Esmeralda Lecxiur es abogada de la Fundación Mexicana para la Planeación Familiar (Mexfam) organización que acompañó el proceso legal del amparo interpuesto contra de los legisladores del congreso de Veracruz por su omisión para despenalizar el aborto en septiembre de 2017.

Como integrante de Mexfam participó en la presentación de un amicus curiae (argumentos jurídicos) con el objetivo de que el Juez Decimoctavo del poder Judicial Federal tuviera elementos para emitir una sentencia favorable a los derechos reproductivos de las veracruzanas, la cual lograron obtener el pasado 3 de julio de 2018. 

Entre las organizaciones denunciantes están la Red de Mujeres Feministas de Veracruz, el Frente Veracruzano por la Vida y los Derechos de las Mujeres, el Instituto Municipal de las Mujeres de Xalapa, en otras asociaciones civiles, quienes hicieron un llamado a que cesen este tipo de publicaciones y comentarios que atentan a la integridad de Esmeralda Lecxiur.

Recordaron la importante labor de la abogada que dedica gran parte de su tiempo a la defensa de casos de violencia de género, particularmente feminicidio y violencia sexual; y lamentaron que los grupos conservadores propaguen en el anonimato mensajes que merman los derechos de las mujeres.

Estos ataques comenzaron una vez que la abogada y las organizaciones Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio, Justicia, Derechos Humanos y Género, entre otras colectivas, dieron a conocer la semana pasada la sentencia del Juez de Distrito, quien determinó que el congreso de Veracruz debía despenalizar el aborto hasta las 12 semanas de gestación del Código Penal antes de que termine el mes como parte de las obligaciones que tienen por la Alerta de Violencia de Género (AVG) por Agravio Comparado.

Sin embargo, el congreso de Veracruz interpuso un recurso de revisión a la sentencia porque consideraron que no incurrieron en una omisión y la orden viola la soberanía del poder legislativo.

CIMACFoto: César Martínez López

Por: la Redacción

Cimacnoticias | Ciudad de México.-

Discursos del poder


Felipe Cuevas Méndez

Se dice que el discurso es un recurso multidimensional de quien detenta o pretende detentar el poder, es como se confabulan los impulsos de éste, configurando los procesos por los que ha de desenvolverse. El discurso del poder se sustenta en textos, oratoria, el habla, gestos, imágenes, prédicas, videos, diálogos, acciones, u otras expresiones que motivan la relación de dominación bajo estructuras o formas de mando. Por tanto, hasta la política de descalificaciones o miedos, así como todo acto de poder en sí mismo y las relaciones de poder, en cuanto deben ser trasmitidas o comunicadas, necesariamente implican discursos de poder a cualquier nivel.

Estamos ante procesos donde el poder discurre por sus propios horizontes en medio de todo cuanto implica la vida social, de tal suerte que en su lógica, su discurso es una cuestión de recurso de procedimiento e instrumental que se adecúa a las circunstancias. Se debe observar que aunque deseamos extraer significados, las cosas no se reducen a aprendizaje puro, cada hecho de poder encierra más tramas y dramas, pero algo traen de enseñanza; siendo importante el ver cómo se está conjugando los discursos del poder para actuar contra nuestros pueblos.

Así entonces, los discursos del poder ahora se desarrollan bajo una lucha soterrada por posiciones, para desgastar, bloquear o recuperar el terreno perdido tras la victoria popular del 1J, el cual sigue provocando derrumbes. Especialmente la burguesía mediática cuenta con sus precedentes de continuidad, a ella se atribuye el hecho de que se haya instaurado durante décadas un marco social de receptores pasivos de sus postulados culturales y patrones mentales facturados en el manejo de las ciencias comunicacionales y la sicología social.1

Basta abrir su prensa, si no, pues ahí tenemos a Televisa y sus periodistas decadentes trasmitiendo imágenes en que presentan a distintos actores políticos y económicos opuestos en aparente unidad, afirmando con ello la nota editorial de que todo vuelve a lo mismo, así también les acosan bajo los viejos argumentos de culpabilizar de los males a la sociedad, de la educación a los maestros, del trabajo a las y los obreros, de la violencia a la juventud popular, de la violencia de género a las mujeres, de la corrupción a la cultura nacional, etc., esto es para crear unas realidades desde el imaginario del poder.

Los oligarcas hacen lo que les corresponden, gesticulan, exaltan el poder de su razón económica, práctica e ilustrada, de su deseo de igualdad, de su aspiración a la libertad y la democracia, aunque amenazan con turbulencias si no se les deja seguir en su santa paz, estigmatizando de maliciosa e incoherente a cualquier alternativa diferente. Reclutan y promueven a sus vasallos políticos para que monopolicen todas las estructuras del Estado y las decisiones del gobierno por venir antes de que éste pueda sugerir otras opciones. De esta manera caldean la atmósfera social haciendo imposible vislumbrar otra política que no sea la suya propia.

Una de estas características consiste en que, si bien la burguesía dirige el discurso con especial interés al pueblo en general para mantenerle sometido a su ideología, su alienación y adicción al sistema de dominación; quiere recuperar la confianza de las clases medias en conflicto con ella, a base de chantajes y el miedo a lo que vaya a pasar, porque les necesita para desparramar y re-articular el discurso de poder funcional al viejo “pacto social” con que había quebrado las resistencias más significativas en anteriores procesos.

Así andan los planteamientos de análisis políticos tradicionales de la derecha, en busca de afirmar consensos, tendencias, y un determinado ejercicio del poder. Donde la intención es que las mayorías seamos disuadidas respecto del proceso en marcha para abandonar cualquier otra perspectiva.

La intención se hará cada vez más clara, detrás de los discursos del poder hegemónico (el cual dista mucho de haber desaparecido), se encuentra la vieja y podrida política neoliberal en todos sus rubros para asegurarse la reconversión plena del país en una factoría más, desculturizada y sojuzgada como se venía haciendo; sustentándose bajo una legitimidad política, científica, económica, cultural e ideológica construida desde el mismo poder.

La burguesía y sus políticos aspiran a toda la riqueza del país, a una educación elitista, a una doctrina dependiente del imperialismo, a un desarrollo económico para sus monopolios, al control de los pueblos de México y la explotación redoblada de sus clases laboriosas, al manejo charro de sus sindicatos, a la inamovilidad social. Para lograrlo se estructuran los discursos del poder bajo conceptos falsamente purificados de cualquier referencia crítica, preñados de las buenas intenciones del gran capital.

Particularmente desentendiéndose de que aún existe su régimen peñista, se abocan contra las perspectivas del gobierno que encabezará AMLO incrementando la presión. La burguesía no acepta siquiera un gramo de corrimientos a un eventual gobierno más fuerte y de amplios consensos (para ella eso ya no va), su ideal son gobiernos débiles para con ella y fuertes para reprimir al pueblo. Hemos visto el rechazo constante a una amplia política social, a que el gobierno próximo se cuide las espaldas depositando el ejército en sus cuarteles, que pase a ejercer control de las policías, que restrinja los excesos de los poderes constituidos, que redefina presupuestos y recursos, más allá del discurso moral, por las implicaciones aristocráticas que revisten al gobierno mexicano.

Naturalmente de algunos actores de primer orden entre los convocados a ejercer secretarías de Estado vamos conociendo de sus antecedentes capitalistas y políticos, asimismo de sus afinidades tecnocráticas, lo que no es sorpresa, “es lo que hay” (convenido en negociaciones y forcejeos); es con lo que el proceso social de luchas por venir tendrá que lidiar sopesando los momentos, contextos, circunstancias y relaciones a que estaremos sujetos en la lucha de clases.

Vayamos ahora a cómo se arma una estrategia de mentiras para imponer sus verdades, de manipulaciones, de confrontación política y sicológica. Cada clase, actores, sectores y sujetos sociales están en una fase de reacomodos del discurso político, pero con mayor intencionalidad las oligarquías están desatadas en su juego de poder para reconstruir su discurso de cara a las nuevas condiciones en que pretenden caer con todo rigor a una perspectiva de derechización máxima, revirtiendo o capitalizando el consenso social que les ha sido arrebatado si logran maniatar a las fuerzas en pugna. Las auténticas tensiones políticas se cobijan en estas convenientes plataformas discursivas, se asientan y agudizan porque lo que hay en disputa afecta a las clases opulentas e interesa a los pueblos de México que observan con sospecha estas maniobras.

Así, la disputa inmediata en las altas esferas del poder todavía consiste en la línea a seguir en la integración del poder nacional, si éste con todo lo que representa se vuelve a concentrar en manos de la oligarquía, su política, sus empresas y el imperialismo en su particular estructuración, o si queda sujeto su diseño a una política desarrollista con desmantelamiento de privilegios, controles en el manejo de las políticas públicas, los recursos y las perspectivas sociales que esperan solución. Ante lo cual el discurso hegemónico, asevera que nada de esto último es posible ni se debe hacer.

La política desarrollista es a su vez una construcción del discurso de poder, dimensionada para determinados contextos y capas sociales interesadas en estas acciones que les lleven a fortalecerse con sus perspectivas, conllevando logros para los y las de abajo; sobre todo a la acción política necesaria para empujar procesos sociales. Es, a gusto y disgusto, una política estratégica implicada en controles, alianzas, enemigos, disputas, frentes, fuegos y horizontes que inevitablemente configuran un contexto en el cual la lucha de clases se replantea.

Ahí se desarrolla además una tendencia que no puede ser desdeñada, que involucra a la base de Morena, dirigencias y al mismo AMLO, entre dejar a la burguesía de manos libres y levantar los movimientos del pueblo, porque tarde que temprano las cuestiones inconciliables van retomando el escenario. Tanto por los jalones internos entre grupos y tendencias de derecha e izquierda, como por la cuestión de que los discursos del poder hegemónico no podrán archivarse, ni los intereses de poder que expresan algunos de aquellos grupos derechistas vagamente encubiertos. Las intenciones y promesas de Morena están siendo asediadas en el escenario social por cuanto entran en conflicto con los intereses del orden establecido2; llevando a rechazos, reclamos, cuestionamientos, presiones de diversa índole, la lucha de las bases y la reorganización popular para respaldar una política que asegure la satisfacción de demandas.

Sin embargo en esta batalla, pero con mayor fuerza en la batalla general en que está implicado todo el pueblo mexicano, va presentándose con pleno derecho de existencia, un replanteo de los problemas del poder, junto a la necesidad de desmontar el discurso dominante. A la acción popular en nuevos procesos de organización, debate y participación, va exponiéndose la urgencia de crear conciencia respecto del proceso actual y sus luchas, de sus acciones democráticas, de desenmascarar la política burguesa con todo el discurso con que hasta ahora nos sujetan, para impulsar desde miles de frentes, en todos los terrenos, un discurso contra-hegemónico de corte popular y revolucionario que luche frente a la racionalización y visión burguesa neoliberal que llevó a las mayorías a la penuria y la alienación.

El discurso de los pueblos, por su bienestar, por sus intereses, por su igualdad en todos los ámbitos, por recuperar el país, por ser protagonistas de su vida e historia; constituye un elemento de lucha para un poder libertario progresivo en la extensión y profundización de sus líneas, será el marco en que nuestra conciencia se abra camino en resistencia frente a los oligarcas y sus partidarios. De acción colectiva, en una recomunalización de la vida social, visibilizando las verdades del pueblo, construyendo y aprovisionándose de los medios necesarios para la solución de las reivindicaciones acumuladas.

1 Aunque cabe la acotación, nos rebasa en tiempo, historias y espacio, analizar el cómo al poder compete un destacado papel en el arrinconamiento sistemático y a veces el rechazo general a importantes procesos de lucha provocando el aislamiento y extravío de estos, cuestión que por otra parte no elude otras responsabilidades de los movimientos y sus actores sociales frente a los efectos del discurso del poder.

2 En salarios, derechos sociales, vivienda, control de los recursos naturales, demandas medioambientales, intereses corporativos, manejo de recursos públicos y privados, democracia participativa…