Buena idea el Tren Maya para turismo, trabajo productivo e intercambio de mercancías

Pedro Echeverría V.

1. Hoy miré completo el mapa de toda la región en que se construirá el llamado “Tren Maya” que saldrá de la ciudad arqueológica de Palenque, Chiapas para luego recorrer, muchas importantes ciudades de Quintana Roo, Yucatán y Campeche. Conozco muy bien toda la ruta; la he recorrido varias veces desde los 17 años siendo estudiante de preparatoria. A los pocos meses de haberse inaugurado el “Ferrocarril del Sureste”, que salía de Mérida Yucatán a las ocho de la mañana y llegaba a la estación Allende de Coatzacoalcos Veracruz a las 13 horas del día siguiente, con pasajes que conseguía en la secretaría particular del gobierno. Luego me subía a un autobús de la Flecha Roja para ir directamente al DF o a Veracruz para abordar otro tren: el mexicano, cuyo viaje era de 12 horas.

2. Mérida, desde la época colonial, es la gran ciudad del sureste. No debe olvidarse que los estados de Campeche y Quintana Roo, proclamaron su independencia en 1858 y 1902, respectivamente, de Yucatán. ¿No se recuerda acaso que Yucatán llegó a poseer una gran red de ferrocarriles distribuidos en todo el estado desde que en 1875 se clavó el primer riel en la península y que cinco años después se estableció en la plaza de La Mejorada la primera estación ferroviaria? En 1999 publiqué –en el marco de la Facultad de Arquitectura de la UADY- un libro acerca de “Los ferrocarrileros de Yucatán” que titulé “Nos llevó el tren”. En 1950 partían de Mérida diariamente cinco líneas con sus ramales que terminaban en Progreso, Tizimín, Valladolid, Sotuta, Peto, Hunucmá y Campeche.

3. Los ferrocarriles en México fueron privatizados, rematados, malvendidos a empresas yanquis por los presidentes Carlos Salinas, particularmente por Ernesto Zedillo. Más aún, éste al terminar su sexenio en el año 2000, se trasladó a los EEUU como alto directivo de la empresa compradora del FFCC mexicano. ¿Puede olvidarse que casi todos los presidentes, como Felipe Calderón, hacen lo mismo: trabajar en la empresa extranjera con la que negociaron? Así que en México tenemos una larga experiencia en privatizaciones y saqueos de empresarios y gobernantes. Los FFCC fueron privatizados por “incosteables”; fue el mismo discurso que se usó para privatizar 1500 empresas paraestatales, en particular a todos los bancos hoy en manos extranjeras.

4. Así que de Valladolid a Campeche, pasando por Mérida, hemos tenido ferrocarril desde principios del siglo XX y desde Mérida hasta Coatzacoalcos Veracruz desde 1957. Debe trazarse la línea del FFCC desde Escárcega Campeche para arribar a Calakmul, Bacalar, Carrillo, Tulum, Playa del Carmen, Puerto Morelos y Cancún, para cubrir esta ruta que he recorrido con el objetivo de intercambio, algunas veces en autobús y automóvil. Sin embargo, parece haber mucho entusiasmo porque durante varios años la construcción y adopción del Ferrocarril Maya dará ocupación a decenas de miles de habitantes de las distintas poblaciones. Sin embargo no faltarán las disputas que se levantarán por los terrenos y las plazas donde pasará la vía.

5. Hay que hacer patente que el sistema ferroviario en el mundo, aunque tiene diferentes usos para responder a las necesidades de cada país: sean de turismo, carga, pasajeros, traslado de maquinarias y de muchas toneladas de productos, sigue dominando en países de alto desarrollo como podrá verse: EEUU, con casi 294 mil kilómetros, ocupa el primer lugar por el número de kilómetros que recorren al año; China (124 mil), Rusia, casi 88 mil, Canadá 78 mil, India más de 68 mil, seguidos por Alemania, Australia y Argentina, son los países con más uso del sistema de ferrocarriles al año. México sólo contó con el sistema hasta los años 90 del siglo pasado; pero con la presencia entre dos o tres años del Ferrocarril Maya será otra cosa. (16/XI/18)

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La marcha fifí, un modesto elemento desestabilizador

Norman F. Pearl

Este fue un ejercicio democrático del pueblo, sí, de una pequeña porción del pueblo, que tiene claro la necesidad de apoyar y protegerse a sí mismos como grupo dominante

El pasado domingo 11 de noviembre, en la Ciudad de México, tuvo lugar una entusiasta marcha reivindicatoria en recuerdo de lo que pudo ser el NAIM.  Ciertamente no fue un evento masivo ni apoteósico (eso es muy difícil de lograr) pero sus pequeños contingentes  lograron transmitir algunas consignas claras siempre en un ambiente de fiesta y  de alegría, cuyo marco era digno de un pequeño carnaval de nuestros pueblos. Hubo globos, banderas, pancartas, tortas, refrescos, gritos y emociones. Los participantes, quienes suponían ésta sería la marcha mejor cubierta de la historia, por el evidente interés de algunos en su éxito,  aprovecharon al máximo sus  oportunidades de mostrarse, eso sí, con la dignidad y buen gusto que lucen y portan sus hermosos accesorios.

Este fue un ejercicio democrático del pueblo, sí, de una pequeña porción del pueblo, que tiene claro la necesidad de apoyar y protegerse a sí mismos como grupo dominante, que vislumbra el riesgo de perder privilegios a manos de la misma democracia que día a día crece a pesar de sus esfuerzos y temores. Este grupo, cuya demanda básica, al margen del interés y decisión  popular, era continuar con el aeropuerto en el lago de Texcoco pasando por alto los acuerdos que el siguiente gobierno tuviera con prácticamente todos los constructores, y en donde prevaleció el sentido común y el amor por nuestro país. Este grupúsculo, que aceptó la manipulación, y entendió había que hacer algún escándalo que minara credibilidades y ofreciera “beneficios” a  sus bandos  que han sido vulnerados por el enorme desprestigio.

Las caras visibles que los partidos eligieron como convocantes son los siguientes:

Isabel Miranda de Wallace (Alto al Secuestro) figura advenediza que logró cierta notoriedad por un secuestro y desaparición de alguien que sugieren nunca existió. La señora Wallace, desde entonces, ha estado ligada a los presidentes en turno. Ella fue candidata a jefa de gobierno en la ciudad de México por el PAN en  2012. Se le considera —por su ambigüedad— prianista.

Raúl Vásquez Osorio (Coordinadora Ciudadana APN) panista desde hace más de diez años, miembro de “el Yunque”, radical grupo de ultraderecha del propio partido. De la cuenta de esta organización panista sale el comunicado de prensa convocante por Facebook.

Laura Elena Herrejón (Movimiento Pro vecino) Fue candidata a diputada por el PRI,  ciudad de México en 2015, en ese año era la secretaria de Vinculación con la sociedad civil del CEN del PRI. Antes (2006) fue candidata al Senado por Nueva Alianza. Como podemos observar, nada es producto de la casualidad, la también llamada “marcha del berrinche” fue organizada de forma deliberada por el PRI y el PAN con el único propósito de lastimar la gestión del próximo gobierno.

El priísmo eligió a la Sra. Herrejón para que hiciera la convocatoria al suceso a través de su cuenta de Twitter.

Algunas frases desarrolladas por la  organización durante la caminata:

—Con tus consultas a México, tú insultas.

—Es un grave error, creerle a Obrador.

—El peje actuó muy mal, con su consulta ilegal.

—No te hagas guey, no te salgas de la ley.

—Este pueblo que te mira “no tolera la mentira”.

—Sí a la experiencia, no a la ocurrencia.

Burlas por usuarios de redes sociales hacia la marcha fifí:

—NAIM aguanta, la oligarquía se levanta.

—Fifí marchando también se está bronceando.

—Texcoco aguanta, Polanco se levanta.

—Andrés entiende, el lago sí se vende.

—Texcoco escucha, las Lomas en la lucha.

—En avión y no en camión, aunque deba hasta el calzón.

Quisimos ayudar en la convocatoria con este tweet: “La famosa marcha ‘fifí’, movimiento a favor del statu quo y la sana corrupción, dará inicio éste día a las 11:00 horas. El color elegido es el negro, como símbolo luctuoso por las pérdidas (económicas) que estamos sufriendo. Deben llevar atuendos lindos porque estarán todos los medios”.

La creación de las organizaciones “ciudadanas” por parte de los partidos políticos  les confiere un sitio de subordinación y uso que les margina de una participación verdadera. Los mexicanos estamos hartos de estas prácticas grotescas y encubiertas.

La polarización que viene...

Ayotzinaco, feminazi, morenaco, populista, chairo, son los signos de una polarización que emerge como reacción a la movilización popular desde mucho antes que Obrador fuera electo. Esas palabras reflejan el miedo y rechazo de quienes tienen poder y privilegios.

La polarización en MX es solo un síntoma más de contradicciones estructurales.Una reacción ante la crisis e inestabilidad del sistema-mundo que se procesa como xenofobia,racismo, misoginia y clasismo para defender un modo de vida y privilegio que se niega a ser cuestionado.

Ante la crisis, el desempleo, la migración masiva y la violencia, elites de ultraderecha encuentran a los culpables del colapso: feministas, gays, migrantes, pobres, gente de izquierda. La movilización y organización popular y social los asusta pero también los agrupa

La acción de rebeldía provoca la reacción conservadora. Se defiende la paz de la dominación porque es la estabilidad de quien tiene privilegios.Pero el peligro es que para defender el estatus se niega a quien se rebela:son solo masas, acarreados,extremistas,ideologías sin sentido

La negación de la otredad que cuestiona, es la semilla de la opresión llevada a sus extremos. Se moviliza el odio para derrotar a la gran amenaza de esos seres que incomprensiblemente desestabilizan el mundo. Esa oleada reaccionaria invade Europa, EUA, Brasil, y ahora MX.

La polarización no se resolverá llamando a la cordura y civilidad democrática ya que esa división emana de relaciones de desigualdad, poderes asimétricos y de lucha, combate y resistencia reales. Esa lucha está muy lejos de resolverse y de ella depende hoy el futuro del mundo.

César Enrique Pineda

Dr Ciencias políticas y sociales

Maestro en Estudios latinoamericanos

@cesarpinedar

El miedo conservador a la polarización.

Hernán Gómez Bruera

Cada vez se discute más sobre la desigualdad en todo el mundo. A diferencia de lo que ocurría hace tan solo unas décadas, hoy el tema es abordado por académicos, organismos internacionales y políticos de distinto signo. Sin embargo, no es lo mismo hablar desde una fría y cómoda distancia, que politizar el tema.

Politizar las desigualdades significa debatirlas sin subterfugios, ponerles nombre y apellido; generar una movilización social y política para contrarrestarlas. Implica llevar la discusión más allá de la esfera de ciertos círculos cerrados para convertirla en un tema de todos.

Politizar las desigualdades obliga a cuestionar las razones de que algunos grupos tengan más ventajas que otros. Que los de arriba puedan razonar sobre las implicaciones concretas de vivir en una sociedad donde, en vez de premiarse el talento, la productividad o el esfuerzo, se enaltecen los vínculos familiares, los compadrazgos, el origen social o el color de piel. Implica también que los de abajo se hagan más conscientes de que su condición no es un hecho natural o inevitable.

El discurso en contra de eso que llaman “polarización” en el fondo encierra un rechazo y una fobia a politizar las desigualdades. En el llamado a “no dividir” que hoy formulan varias plumas conservadoras disfrazadas de moderadas yace un profundo temor a revelar políticamente todo aquello que nos divide material y socialmente; una intención por mantener todo eso fuera de la discusión pública; un evidente miedo a que los grupos sociales desfavorecidos se asuman como un sujeto colectivo, que se empoderen.

La comentocracia mayoritaria que maquila estos discursos insiste en que hay un líder, un movimiento y un grupo de intelectuales afines que buscan “dividir a los mexicanos”. Se engañan porque esa división, y esa polarización frente a la cual se dicen tan preocupados, ha estado por años entre nosotros. Está directamente asociada a nuestra desigualdad, ese “tatuaje histórico que nos marca”, como bien escribió Tomás Eloy Martínez.

Aunque al conservadurismo le indigne de que se divida a los mexicanos entre pueblo y señoritingos, hacerlo tiene una utilidad discursiva: sirve para generar identificaciones políticas, para delimitar los campos de una disputa de un conflicto inevitable si se trata de cambiar una realidad tan desigual.

Cada vez son más las voces que reclaman —e incluso se victimizan— porque les llaman “fifís”. No deja de extrañar que el empleo de esa terminología los lleve a conformar una cruzada de unidad nacional anti polarización, cuando por años les hemos escuchado en público y privado hablar en contra de los “nacos”, los “ñeros”, la “chacha” o el “godín”.

En el colmo del absurdo, algunos se dicen sujetos de discriminación. Tal vez desconocen que hace muchos años quedó zanjado el debate sobre la “discriminación al revés”. Que si el integrante de un grupo en desventaja niega un derecho a alguien que pertenece a un grupo históricamente aventajado no está ejerciendo discriminación. Será otra cosa, quizás un sentimiento de frustración y resentimiento.

Los alegatos de discriminación inversa han estado históricamente basados en un deseo de mantener el status quo. No es extraño que incluso encuestas recientes elaboradas en EU muestran que, entre la población blanca, los votantes de Donald Trump son quienes más tienden a señalar que son más sujetos de discriminación que cualquier otro grupo social. Son blancos que se creen víctimas de una desigualdad de trato inexistente.

Cabría preguntarse si esto no emparenta a los trumpistas con esos mexicanos que hoy hacen un auténtico melodrama porque les llaman fifís. Cuánto despropósito si recordamos que el término, según la RAE, no significa otra cosa que una “persona presumida que se ocupa de seguir las modas”.

Investigador del Instituto Mora.

@HernanGomezB

Seguridad: cambio de paradigma

Pedro Miguel

Militarización!, claman los críticos del plan que fue presentado el miércoles por el próximo gobierno para pacificar el país, reducir la violencia y reconstruir la seguridad pública; unos hablan con la preocupación legítima que deriva de la terrible experiencia de 12 años de violencia oficial como respuesta casi exclusiva a la criminalidad; otros lo hacen desde la hipócrita comodidad con la que hace unos años aplaudían y justificaban el desastre sangriento provocado por Calderón y continuado por Peña Nieto.

Poco se ha dicho, en cambio, sobre la mayor parte del plan, que no tiene nada que ver con policías, militares o guardias nacionales, sino con el combate a la corrupción; la reactivación de la pasmada procuración de justicia; la generación de empleo; la atención a las necesidades de educación y salud de la población; el respeto a los derechos humanos; la regeneración ética; la regulación de las drogas hoy ilícitas; la recuperación y dignificación de las cárceles y el impulso a un proceso de pacificación que pasa por cumplir con los principios de verdad, justicia, reparación y garantía de no repetición, la adopción de medidas de justicia transicional para procurar la desmovilización, el desarme y la reinserción de los delincuentes y la conformación del Consejo de Construcción de la Paz.

Es entendible: a fin de cuentas, el asunto más llamativo es el de los instrumentos coercitivos del Estado y el sobredimensionamiento de ese capítulo en el debate del día después retrata a una sociedad gravemente golpeada por la lógica de guerra del calderonato y del peñato y a la que le cuesta voltear los ojos hacia el significado profundo del documento, que es, ni más ni menos, un cambio de paradigma en la seguridad pública y el combate al crimen.

Parece ser que después de tantas muertes, desapariciones forzadas y atropellos, fosas comunes, feminicidios, ejecuciones extrajudiciales, secuestros, extorsiones y asaltos, la atención se queda fija en los combates y tiroteos y deja de lado las razones de fondo de la crisis que padecemos: la descomposición institucional y personal, la impunidad generalizada, la falta de espacios educativos, la miseria, la marginación, la desigualdad, el desempleo y la destrucción del tejido social. Y la apuesta (sí: ambiciosa) del Plan de Paz y Seguridad 2018-2024 es precisamente solucionar esos fenómenos. Así como la corrupción se barre desde arriba, la paz ha de construirse desde abajo y ello implica, además de la pacificación propiamente dicha, la edificación del bienestar y la restitución de la justicia.

Más aún: al contrario de la certeza típicamente derechista de la maldad innata, que lleva a reforzar la vigilancia y la sanción, y que desemboca en el llamado populismo penal –versión institucional y mediática del linchamiento–, el plan referido tiene como fundamento principal las convicciones de que las personas son producto de sus circunstancias, que es preferible la libertad a la prohibición, que la reinserción social es posible en la mayoría de los casos y que los victimarios suelen ser, a su vez, víctimas de una problemática social que puede y debe ser corregida.

Seguro tomará algún tiempo aquilatar ese cambio radical de paradigma propuesto en el documento presentado el martes por el presidente electo y su equipo. En lo inmediato, la discusión se centra en la conformación de una Guardia Nacional como principal instrumento policial a disposición del Ejecutivo federal, con disciplina y jerarquía militares y cuyos elementos serán capacitados y entrenados en instalaciones de las fuerzas armadas. No es, ciertamente, una figura original: hay corporaciones no combatientes con características muy semejantes en España (Guardia Civil), Francia (Gendarmerie Nationale) o Italia (Arma dei Carabinieri) con funciones de policía, pero acorde al mando operativo parcial o total, bajo el mando de los respectivos ministerios de Defensa. En cambio, el cuerpo propuesto para México no tiene nada que ver con la National Guard estadunidense, la cual es propiamente un conjunto de fuerzas de combate de reserva de carácter estatal comandadas de manera conjunta por el presidente y el gobernador de cada estado.

Una institución armada semejante, pero de carácter coyuntural, está prevista en nuestra Carta Magna, aunque no ha sido convocada desde el siglo antepasado. Por eso resultaba necesario readecuar el texto constitucional a la necesidad actual de disponer de una corporación de seguridad pública de carácter nacional.

¿Y por qué una policía militarizada? Porque al día de hoy el país no tiene cuerpos policiales confiables, capaces y profesionales para hacer frente a la crisis, porque no existe en la nación una institución capaz de formarla, como no sean las fuerzas armadas, Ejército y Marina, y porque, en efecto, es necesario devolver esas dos armas a sus funciones constitucionales a la brevedad posible.

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La “canasta alimenticia” subió 25, el salario del trabajador cinco y la ganancia capitalista 300 por ciento

Pedro Echeverría V.

1. Organismos como el INEGI, el Coneval, creados por el Estado o la “iniciativa privada” en México, para medir y evaluar a la población –aunque como muchos otros no sean organismo de mucha confianza por aquello del capitalismo- nos dan una idea acerca de cómo vamos. Leí en La Jornada Maya de hoy jueves dos artículos informativos acerca de la pobreza y la “canasta básica” que hablan de que un 36 por ciento no tienen acceso a ésta”; pero en lugar de lanzarme indignado a bloquear calles, oficinas de gobierno o grandes centros comerciales, me conformé con maldecir el sistema de explotación, es decir, no hice nada.

2. Nunca pudo penetrar nuestro mensaje de protesta y lucha en la conciencia de los obreros. En los años sesenta, cuando en muchos países (Venezuela, Guatemala, Perú, Bolivia, Colombia) habían decenas, incluso cientos de guerrilleros luchaban contra el capitalismo siguiendo el ejemplo de la revolución cubana, en México demostrábamos que las luchas economicistas, por simples aumentos salariales, de nada servían porque al otro día aumentaban todos los artículos en el mercado. Por tanto, si no se hacía una revolución como la cubana, cualquier aumento de salarios sería rebasado por los precios: aumentaba el salario 5 y los precios 25.

3. La realidad es que nunca hacemos nada para defendernos; solamente les mentamos la madre al gobierno, decimos que protegen como siempre a los empresarios, que los medios de información están vendidos a quien les paga y que nosotros somos más o menos cobardes. Esperamos que López Obrador cumpla con lo prometido y que no en unos meses veamos que es más de lo mismo. En su Plan de Seguridad reaparece el ejército, la naval, la policía federal. Y aunque no ha tomado posesión, hace pensar en el histórico papel de las fuerzas represivas. Seguimos esperanzados en que todo saldrá bien y debemos esperar.

4. El pueblo nunca ha sabido qué es eso de la “canasta básica alimentaria” porque ese sólo es un término de los economistas; la población solamente sabe que sus miserables ingresos les alcanza cada día para menos y que tiene que trabajar más “en lo que sea o, de plano, robar si puede. Si no tuviera una pinche jubilación de maestro, también me dedicaría a atracar a las ricos millonarios para que pueda comer mi familia. ¿Y qué es la canasta básica? Parece que se inventó hace unos 80 años replicando la “canasta que se lleva al mercado a diario para comprar las verduras, carnes y demás que mínimamente se necesita”.

5. Se agregó la palabra “básica” porque es lo mínimo que se necesita para vivir poniéndole precio al conjunto de mercancías. Los millonarios jamás hablan de canasta sino de bodegas llenas de variados alimentos, de frutas de todo tipo y de vinos extranjeros. Cuando se inventó la “canasta básica” para los trabajadores se integró con algunos artículos baratos que se podrían comprar con mucho esfuerzos; pero al pasar los años –ante la carrera de los precios y los salarios- se vio que sólo se podría comprar con el salario el 70 por ciento de la canasta original; luego fue sólo el 50 y más adelante el 20 por ciento. Entonces, ¿cuál canasta básica?

6. Si López Obrador quiere acabar con la inseguridad tiene que aumentar el salario mínimo al doble, así como los salarios contractuales. Mucha gente tramposa y derechista cree que la inseguridad en México y en el mundo es la existencia de la “gente mala”. Yo tengo la convicción que el 95 por ciento de los problemas tienen su origen en la extrema desigualdad económica. ¿Puede olvidarse que vivimos en sociedades capitalistas donde el dinero convierte todo? Por ello el objetivo debe ser enterrar la desigualdad entre los seres humanos creando decenas de millones de empleos con los miles de millones de dólares de dinero de los ricos en bancos y paraísos fiscales. (15/XI/18)

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Plan Nacional de Paz y Seguridad

Utopía

Eduardo Ibarra Aguirre

Con el nombre que encabeza estas líneas fue presentada la estrategia para 2018-24 del gobierno de la cuarta transformación que formalmente tomará posesión el sábado 1, aunque de varias maneras gobierna desde el 1 de septiembre con su mayoría en el Congreso y las iniciativas de Andrés Manuel López Obrador que cimbran al país, amén del extraordinario desgaste de Enrique Peña Nieto.

Los ocho ejes con los que buscan implementar acciones, estrategias y nuevas corporaciones, para atender de fondo las causas de la violencia y combatir la inseguridad son:

1) Erradicar la corrupción y reactivar la procuración de justicia; 2) Garantizar empleo, educación, salud y bienestar; 3) Pleno respeto y promoción de los derechos humanos; 4) Regeneración ética de la sociedad; 5) Reformular el combate a las drogas; 6) Emprender la construcción de la paz; 7) Recuperación y dignificación; 8) Plan de Seguridad Pública.

Como es notorio el plan rebasa y con mucho la estrecha visión militarista y punitiva que predominó cuando menos desde la Operación Cóndor de Luis Echeverría (1970-76), misma que en la última docena de años se redimensionó al acumular 240 mil muertos y 40 mil desaparecidos en 10 años, con la característica de que el gobierno de Peña superó al de Felipe Calderón. Hoy se cometen 80 homicidios cada día.

En lo que no existe cambio es en el protagonismo del Ejército y la Marina en tareas de seguridad pública, ni siquiera en los próximos tres años como en diversos momentos fue enunciado, con los riesgos y costos que ello tiene cuando los elementos de las instituciones castrenses son adiestrados para luchar contra enemigos.

Por supuesto que los puntos 1, 3 y 5 mencionados, más la participación de las policías Militar, Naval y Federal –en descomposición, informaron, pese a 20 años de enormes inversiones sin rendición de cuentas y de otros esfuerzos–, como integrantes de la Guardia Nacional al mando de un civil, dan otra perspectiva a la participación operativa del Ejército y la Marina, en tanto que AMLO reitera que atenderá las causas socioeconómicas del gravísimo problema de inseguridad.

Ahora queda clarísimo que la figura constitucional de la Guardia Nacional (1857) poco tiene que ver con el proyecto en curso y por ello implicará reformas a la ley de leyes para el surgimiento del nuevo cuerpo civil-militar.

Claro que adquirirá nuevos y mayores niveles el debate sobre lo que se enuncia y denuncia como “militarización de México”, fenómeno que adquirió rangos importantes con Ernesto Zedillo por la vía de designar a militares en retiro al frente de los cuerpos policiacos, pero que daban cuentas a la Secretaría de la Defensa Nacional.

No deja de ser paradójico (o parajódico) que cuando la Suprema Corte de Justicia de la Nación está en vías de pronunciarse sobre la inconstitucionalidad o no de la Ley de Seguridad Nacional, aprobada pero todavía no en vigor, se presente una estrategia que redimensiona el papel de las fuerzas armadas en tareas de seguridad pública.

En todo caso el debate que ojalá (Alá quiera) sea rico y vigoroso, empezó el mismo día 14 en que fue presentado el Plan Nacional, pero los argumentos es preciso que trasciendan los deseos loables de que la seguridad pública no sea militarizada, más aún con las realidades y limitaciones de un país donde los gobernantes fueron incapaces de construir la Policía Federal eficaz y honesta. También los escasos recursos del erario que empiezan a perderse en las exitosas batallas políticas del aeropuerto en Texcoco y las comisiones bancarias, pero harto costosas por las reacciones de los “mercados”, (los dueños de México) para las mayorías.

Hasta el martes.

Acuse de recibo

Dos opiniones de “Gumercinda Juárez. Por si hubiera dudas (Ricardo) Monreal apoya a Erika Alonso la impugnada gobernadora y su amigo (Arturo) Núñez padre de Néstor”… “Salinas anunció un golpe de Estado en la conferencia sobre Maquiavelo. Y dos días después Monreal presenta la iniciativa y ocurre el supuesto derrumbe de la Bolsa (Mexicana de Valores) que dos días después subió y quedó igual pero cumplió su propósito, que se descubriera a Monreal y (Martí) Batres como títeres al servicio de Salinas y (Manlio Fabio) Beltrones para que nunca aprueben cambios a la reforma energética”. Ambas son sobre Costosísimo anuncio de Monreal, 12-XI-18… Enlace a una historia que comenzó el 9 de noviembre de 1993 por la libertad de expresión frente a los generales Antonio Riviello Bazán y Mario Guillermo Fromow G.: http://www.forumenlinea.com/index.php/ejercito-medios... Para leer en el (casi) quinceañero Forum en Línea: El feminismo sin la dimensión anticapitalista y antirracista es contradictorio: Ángela Davis (Gloria López); La lucha contra la corrupción requiere una revolución (Marta Harnecker); La pobreza en el orbe, un efecto de la injusticia (Sergio Ferrari); Embargo anti-Cuba golpea donde más duele (Patricia Grogg). Erradicarán objetos plásticos de un solo uso:

http://www.forumenlinea.com/ https://www.facebook.com/forumenlinea forum@forumenlinea.com @IbarraAguirreEd

En cercanía con el Ejército, López Obrador supera a Calderón y a Peña

                                                                                 

López Obrador, el general Sandoval González y Durazo

 en la presentación del plan de seguridad. Foto: Benjamín Flores

Por Jorge Carrasco Araizaga  (apro).- A pesar de su retórica antimilitarista de campaña, el presidente electo Andrés Manuel López Obrador resultó más hábil que sus antecesores inmediatos para hacerse del apoyo de las Fuerzas Armadas.

Ni las pretensiones de Felipe Calderón de comandar directamente su guerra contra el narcotráfico ni las aspiraciones de Enrique Peña de crear un nuevo cuerpo policíaco militar se comparan con los alcances del papel que López Obrador le va a dar a las Fuerzas Armadas, en especial al Ejército.

El próximo presidente está en mucho mejor posición que sus antecesores. No solo por la mayoría de que dispone en el Congreso, sino porque optó por cederle al Ejército el mando de las operaciones en seguridad pública que tanto se les renegó en los dos gobiernos anteriores.

A pesar del intenso cabildeo de civiles y militares, Calderón de plano no pudo sacar una ley que justificara la presencia de los militares en las calles. Peña lo logró al final de su gestión con la aprobación de la Ley de Seguridad Interior (LSI), y lo pagó con un alto costo político.

Calderón incluso intentó ponerse al frente del combate al narco con la creación del Cuerpo de Fuerzas de Apoyo Federal, una fuerza de élite del Ejército que quería tener bajo su mando directo.

Ante el incesante incremento de violaciones a los derechos humanos del Ejército en esa etapa de la confrontación con el narcotráfico, ese cuerpo no duró ni año y medio. Calderón corría el riesgo de ser acusado directamente de esas violaciones. Después, intentó una ley que no pasó en el Congreso.

Peña buscó crear una Gendarmería Nacional. Delegó en la Secretaría de Gobernación y ésta se confrontó con los militares por el control del nuevo cuerpo. Al final, los militares se retiraron y sentenciaron al proyecto presidencial en lo que acabó: una división más de la Policía Federal que no representó ningún cambio.

Cuando en el mismo Ejército ya se daba por hecho que López Obrador tenía la mesa puesta para la participación de los militares en tareas de seguridad púbica con la Ley de Seguridad Interior (LSI), la Suprema Corte de Justicia de la Nación se encaminaba a empedrarle el camino al presidente electo, con quien tiene grandes desacuerdos.

El martes 13 sorprendió con su disposición a echar abajo la LSI, lo que auguraba un desgaste político para López Obrador en su justificación de la presencia de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad, como ya lo había anunciado.

Ante ese escenario, el presidente electo respondió con otro movimiento, con lo que tendrá lo que Calderón buscó: el control directo del combate a la delincuencia organizada. Será a través de la Guardia Nacional, que estará formada por la Policía Militar, la Policía Naval, parte de la Policía Federal y jóvenes reclutas entrenados por el Ejército, es decir, nuevos militares.

Al incorporarla al Ejército, salvó la confrontación por la que naufragó la propuesta de Peña Nieto de la Gendarmería Nacional. De plano se ahorró la discusión entre civiles y militares cediendo el control a estos últimos. Los mandos operativos serán todos castrenses y el mando general será del presidente de la República.

Con los militares de su lado, la Guardia Nacional se da por un hecho. Ya se lo dijo públicamente Mario Delgado, coordinador de Morena en el Congreso: Aquí están “sus diputados”.

Aunque López Obrador aseguró que su apuesta por las Fuerzas Armadas fue “una opción entre inconvenientes”, la creación de la Guardia Nacional en las actuales circunstancias demuestra que en política lo que se dijo y sirvió ayer, no sirve para el ahora.

@jorgecarrascoa

Un voto por la salud

Asa Cristina Laurell

En las recientes elecciones de Estados Unidos los candidatos de las diversas minorías y los jóvenes, casi todos de izquierda, tuvieron mucho éxito y permitieron a los demócratas ganar la mayoría en la Cámara de Representantes. Resulta interesante que el tema de salud fue uno de los terrenos de batalla más importantes durante la contienda. En las encuestas previas a la elección, éste ocupaba el primer lugar con 71 por ciento entre los asuntos más relevantes para los votantes y muy por encima de otros como inmigración, economía y empleo. Esta tendencia se mantuvo cuando se preguntó por el más importante, donde salud lo era para 30 por ciento, en comparación con 21 para la economía y empleo.

La consigna de los candidatos demócratas de izquierda fue "Medicare para Todos", que corresponde a un sistema con un pagador único –el gobierno–, que es lo más cercano a un seguro público, universal, gratuito y solidario en aquel país. Esta propuesta tiene una larga trayectoria pero fue retomada por Bernie Sanders después de su campaña para ganar la postulación del partido demócrata para la presidencia. Un grupo de 120 legisladores demócratas han suscrito la propuesta de ley sobre este sistema.

La salud se volvió tan importante que el Partido Republicano, encabezado por Trump, empezó a incluirla en su campaña. Se enfocó a desmentir que éste proponía que en el seguro para adultos mayores Medicare se excluyeran las enfermedades prexistentes, medida que afectaría a 130 millones de personas. Sin embargo, el desmentido fue una mentira. La ironía es que los más afectados por la insistencia de Trump de derogar el Obamacare, que logró un incremento importante en el acceso a los servicios de la población más pobre, son precisamente su base electoral más firme: hombres blancos con baja educación, con empleo inestable o desempleados y de las zonas más rurales de Estados Unidos. Son estos mismos cuya mortalidad ha incrementado drásticamente y que necesitarían un sistema con servicios médicos para todos sin costo alguno.

Los estadunidenses, desde hace tiempo, han estado en favor de cambios drásticos en su sistema de salud, pero no se había reflejado tanto en las campañas hasta la polarización entre izquierda y derecha causada por la candidatura de Trump.

Para la izquierda la salud y la educación siempre han sido temas prioritarios y sus gobiernos han apostado a mejorarlas. ¿Por qué no se ha convertido en un tema en las elecciones y por qué la población en México no la defiende? Resulta interesante constatar que, en cambio, es objeto de innumerables luchas tanto de los ciudadanos como de los trabajadores del sector. Los medios masivos de comunicación están llenos de denuncias de mala atención, de servicios sin medicamentos y con equipo sin funcionar. Igualmente comunes son las pruebas de corrupción. Cada año la Auditoría Superior de la Federación demuestra la gran corrupción presente en el uso de los recursos federales para sanidad en sus auditorías.

¿Por qué entonces no es una problemática política de alto perfil? La explicación más frecuente es que la salud, a diferencia de la educación, irrumpe en nuestras vidas de vez en cuando y sólo es algo cotidiano para quienes sufren un padecimiento crónico. No es por ello una preocupación persistente. A ello habría que añadir que a diferencia de las acciones preventivas como las campañas de vacunación no hay un contacto regular entre la población y los servicios sanitarios. Asimismo, se añade que prevalece una idea medicalizada respecto de su quehacer: curar enfermedades mediante la prescripción de medicamentos o intervenciones quirúrgicas. Por su parte, estos mismos servicios tampoco han tenido éxito en convencer a los mexicanos de las bondades de la promoción de la salud y la prevención.

Aunque el tema en ocasiones ha estado presente en el discurso de los gobiernos, poco se ha hecho para que se convierta en una prioridad real de las autoridades y menos del Estado. Las repetidas movilizaciones de ciudadanos y trabajadores por las malas condiciones de los servicios está revelando una nueva exigencia popular. La (re)construcción de un sistema público de salud tomará tiempo y esfuerzo, pero debería de ser una prioridad de un gobierno de izquierda.

asa@asacristinalaurell.com.mx

La Asociación Lázaro Cárdenas y la memoria histórica

Gilberto López y Rivas

La Asociación Lázaro Cárdenas de Asturias organizó las II Jornadas de América Latina y Caribe, que se desarrollaron entre el 6 y el 9 de noviembre en las ciudades de Oviedo y Gijón, en las que se trataron diversos temas del contexto marcado por la ofensiva neoliberal: género, mujeres, pueblos originarios, contrainsurgencias, guerras de cuarta generación y procesos políticos actuales.

Quienes participamos en dichas jornadas, a su vez, tuvimos la oportunidad y el privilegio, a partir de la convivencia intensa y fraterna con integrantes de la Asociación, no sólo de conocer los orígenes de su fundación y la brújula política que orienta su trabajo: solidaridad, internacionalismo y memoria, sino, también, transmitieron en vívidos y estremecedores relatos y visitas a sitios memorables, las luchas históricas del pueblo asturiano y, particularmente, de su clase trabajadora minera: durante la olvidada revolución obrera de octubre de 1934 (ver: Paco Ignacio Taibo II, Asturias, octubre 1934, Ed. Crítica); los años de la guerra civil que se produce por el golpe de Estado de los generales traidores a la República, los bombardeos a la población civil desde los barcos sublevados y la aviación hitleriana, la letal Legión Cóndor, con sus 600 cazas y bombarderos de la más alta tecnología bélica; la terrible práctica represiva de la dictadura franquista, su política de exterminio, con miles de asesinados en caminos y carreteras, arrojados en cunetas, tiros de minas, fosas comunes y acantilados marítimos; los juicios sumarios de tribunales militares que sentenciaban diariamente fusilamientos en masa; los nunca reconocidos 200 campos de concentración y los batallones de mano de obra esclava de presos políticos que, incluso, trabajaron en el Valle de los Caídos; las miles de desapariciones forzadas y la persecución policial, laboral y social sobre personas del entorno republicano, en ocasiones, delatadas por vecinos, compañeros de trabajo e, incluso, familiares.

México, por haber sido nación de acogida del exilio republicano, durante la presidencia del general Lázaro Cárdenas, conoció tempranamente testimonios del crimen que los fascistas cometieron contra la República española y el papel que jugó el Comité de no Intervención que los gobiernos de Inglaterra, Francia y Estados Unidos crearon para encubrir su participación en esta felonía. En España, los fascistas pusieron a prueba sus nuevas armas, sus métodos masivos de exterminio y toda la experiencia del país se constituyó así en la advertencia de lo que sería el orden fascista en Europa. También, España se convirtió en la clarinada que alertaba a los fascistas sobre el indoblegable espíritu de lucha de sus pueblos y la fraterna solidaridad de los internacionalistas provenientes de más de 50 países, incluyendo a cubanos, que constituyeron el grupo más numeroso procedente de América Latina. Precisamente, recién se recordó el retiro de las Brigadas Internacionales en octubre de 1938, motivado por un fracasado esfuerzo por cambiar la posición del Comité de no Intervención. Con esta complicidad de por medio, las agresiones fascistas de la preguerra quedaron impunes y, con ello, se permitió que los sueños de expansión mundial de las potencias del Eje se tornaran cruel realidad. Los gobiernos inglés y francés pasaron por encima de acuerdos de mutua defensa con Polonia y Checoslovaquia, permitiendo la ocupación nazi de esos países.

Especialmente impactante fue la visita, en la ruta de la memoria histórica, que los miembros de la Asociación buscan afanosamente preservar, a las fosas comunes del cementerio de Ceares, en las que se contabilizan 1934 hombres y mujeres de todas las edades y condiciones, señalados como rojos por la justicia militar.

A unos pasos de las fosas, se erije un monumento dedicado A LAS VÍCTIMAS DE LA REPRESIÓN FRANQUISTA, LUCHADORES POR LA LIBERTAD Y DEFENSORES DE LA DIGNIDAD HUMANA. EN SU MEMORIA. GIJÓN, 14 DE ABRIL DE 2010, en lo que representa un libro con sus páginas abiertas, y en cuyas hojas aparecen los nombres y apellidos de las víctimas.

A unos 50 metros de las fosas, por un camino, se llega al paredón de fusilamiento en el que se hallan diversas placas conmemorativas. Cruzada por los colores de la República, se esculpió en una piedra: En este PAREDÓN fueron fusilados miles de republicanos víctimas de la DICTADURA fascista durante los años 1937-1941. Sus cuerpos reposan en CUATRO FOSAS COMUNES. HONOR Y RECONOCIMIENTO.

El muro de la muerte, el monumento y las fosas se encuentran tapisadas de flores y evocaciones de familiares, gremios y organizaciones políticas, evidencia contundente de que la memoria sigue viva como un acicate para que el fascismo no vuelva jamás.

Dejó huella profunda rendir homenaje a quienes en esa tierra digna de Asturias DECIDIERON MORIR DE PIE POR NO VIVIR DE RODILLAS.

A Churruca y sus camaradas, combatientes infatigables de la memoria.

Derecho a la información debe prevalecer sobre el secreto de Estado

Érika Ramírez @erika_contra

La Constitución y los tratados internacionales firmados por México garantizan el acceso a la información y el derecho a ser informado, incluso por encima de los intereses del Estado de “reservar” información de interés público, arguyen constitucionalistas

El derecho a informar y el de ser informado deben privar sobre la secrecía del Estado y ante la reserva de información. “La verdad nos llevará a la justicia”, comentan abogados especialistas en derecho constitucional. Y es que el Artículo 6 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los pactos internacionales garantizan el acceso a la información y la libertad de expresión de todos los ciudadanos.

Cuando alguna esfera del interés público no funciona como debiera, como establecen las leyes, o peor aún, cuando se cometen delitos, la sociedad tiene derecho a conocer la verdad. Lo anterior, a decir del abogado Juan de Dios Hernández Monge. El catedrático de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) agrega que tal información debe hacerse pública aunque haya sido clasificada como “reservada” por el Estado.

La Carta Magna mexicana indica: “La manifestación de las ideas no será objeto de ninguna inquisición judicial o administrativa, sino en el caso de que ataque a la moral, la vida privada o los derechos de terceros, provoque algún delito, o perturbe el orden público; el derecho de réplica será ejercido en los términos dispuestos por la ley. El derecho a la información será garantizado por el Estado. Toda persona tiene derecho al libre acceso a información plural y oportuna, así como a buscar, recibir y difundir información e ideas de toda índole por cualquier medio de expresión”.

En el párrafo A del Artículo se especifica que “Toda la información en posesión de cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, órganos autónomos, partidos políticos, fideicomisos y fondos públicos, así como de cualquier persona física, moral o sindicato que reciba y ejerza recursos públicos o realice actos de autoridad en el ámbito federal, estatal y municipal, es pública y sólo podrá ser reservada temporalmente por razones de interés público y seguridad nacional, en los términos que fijen las leyes. En la interpretación de este derecho deberá prevalecer el principio de máxima publicidad. Los sujetos obligados deberán documentar todo acto que derive del ejercicio de sus facultades, competencias o funciones, la ley determinará los supuestos específicos bajo los cuales procederá la declaración de inexistencia de la información”.

En tanto, la Declaración Universal de Derechos Humanos dicta en su artículo 19 que “Todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión; este derecho incluye el de no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y recibir informaciones y opiniones, y el de difundirlas, sin limitación de fronteras, por cualquier medio de expresión”.

En tanto que en su artículo 29 indica que “En el ejercicio de sus derechos y en el disfrute de sus libertades, toda persona estará solamente sujeta a las limitaciones establecidas por la ley con el único fin de asegurar el reconocimiento y el respeto de los derechos y libertades de los demás, y de satisfacer las justas exigencias de la moral, del orden público y del bienestar general en una sociedad democrática”.

Juan de Dios Hernández Monge, catedrático de historia en UNAM comenta que en el derecho a saber de las personas, frente a la reserva de información, debe privar el derecho a conocer la verdad porque ésta es parte del proceso de la obtención de la justicia y de justicia social.

 “Si se oculta información con el pretexto de la secrecía o confidencialidad, se protege a perpetradores de delitos; es una especie de complot, de arreglo para garantizar la impunidad”, arguye.

Hernández Monge, jurista integrante del Colectivo de Abogados Zapatistas y de la Liga de Abogados 1 de Diciembre, ejemplifica con la información  relacionada con los hechos de violencia en contra del movimiento estudiantil de 1968, en la Plaza de las Tres Culturas de Tlatelolco, y que ha sido reservada por el Estado Mexicano. No obstante, el Departamento de Estado estadunidense desclasificó una serie de documentos de la CIA [Agencia Central de Inteligencia, por sus siglas en inglés], que han permitido conocer capítulos de la masacre.

Como consecuencia de eso, “sabemos que hubo un enfrentamiento entre el Estado Mayor Presidencial y el Ejército, que el Batallón Olimpia eran los francotiradores que estaban en las azoteas… esta información se mantuvo bajo secrecía, precisamente bajo la idea de proteger la seguridad del Estado, pero vemos que realmente es un intento de proteger a los perpetradores…”.

Definitivamente, como en estos casos y los relacionados con hechos que afecten a la población, “tiene que prevalecer el derecho a conocer la verdad por encima del derecho del Estado a mantener la secrecía de la información”.

Ante el choque entre la reserva de información y el derecho a la información dice que se debe ponderar siempre el derecho a la justicia, que implica el derecho a la verdad: “Si no hay información fidedigna, si se tergiversa, se oculta o, inclusive, se destruye, se está atentando en contra del derecho fundamental a conocer la verdad. Esta idea de estar sesgando, declarando cierto tipo de información como clasificada, es simplemente la intención de mantener tendido el manto de la opacidad de ocultar la verdad al conjunto de la sociedad”.

Conocer los hechos históricos es el camino que nos conduce a conocer la verdad, misma que nos va a permitir el acceso a la justicia, “no es suficiente con que hoy diga el Artículo Sexto constitucional que todos los ciudadanos tienen derecho a la información y que la obligación del Estado es responder por escrito a esta petición, porque simplemente no satisface los intereses y la necesidad de la sociedad mexicana. Tiene que ser mucho más amplio este derecho de la ciudadanía y la responsabilidad del Estado”.

En el ensayo “La libertad de expresión en la Constitución mexicana”, del doctor en Derecho Miguel Carbonell, se señala que la libertad de expresión es una de las condiciones de existencia y de posibilidad de un régimen democrático; “en otras palabras, es condición necesaria (aunque no suficiente) para que se pueda considerar que en determinado país hay democracia.

“La posibilidad de que todas las personas participen en discusiones públicas es uno de los bienes más preciados para una sociedad. Constituye el presupuesto para construcción de una racionalidad discursiva, que permita la generación de consensos y la toma de decisiones entre los componentes de diversos grupos sociales, pero que también encause la expresión de los disensos, que en democracia son tan naturales (y necesarios) como los acuerdos”, expone el estudio relacionado con el análisis de los derechos fundamentales en la Constitución mexicana.

Los límites

Issa Luna Pla, coordinadora del Área en Derecho de la Información del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, dice que la Constitución mexicana establece que el derecho de acceso a la información pública de todos los mexicanos tiene como límites la seguridad nacional, la seguridad pública, los intereses internacionales del Estado y los Económicos.

Este límite en la Constitución se ha desarrollado en la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en un capítulo especial que se le llama información reservada.

El artículo 3 expone: “Toda la información generada, obtenida, adquirida, transformada o en posesión de los sujetos obligados en el ámbito federal, a que se refiere la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y esta Ley, es pública, accesible a cualquier persona y sólo podrá ser clasificada excepcionalmente como reservada de forma temporal por razones de interés público y seguridad nacional o bien, como confidencial. Los particulares tendrán acceso a la misma en los términos que estas leyes señalan.

 “El derecho humano de acceso a la información comprende solicitar, investigar, difundir, buscar y recibir información.”

Para la coordinadora del Área en Derecho de la Información del IIJ de la UNAM, los derechos no son absolutos, y lo que establece nuestra constitución es que sus límites deben estar perfectamente bien definidos para que no exista una manera de abusar de estos límites fuera de la ley.

Ante la reserva de información expone que la Ley establece dos características: información reservada y la información confidencial; la primera, se refiere a seguridad nacional, seguridad pública, intereses del Estado, internacional y económicos.

La información confidencial se refiere a la información de datos personales de terceras personas, que el Estado contiene en sus archivos. También el secreto fiscal, el bancario, el secreto comercial y fiduciario, “informaciones confidenciales que se consideran así por otras leyes que establecen estos secretos, como el Código Fiscal de la Federación o el Código de Comercio”, expone.

Dice que en caso de revelar alguna de estas informaciones, si es por parte de un funcionario público, existe un procedimiento se sanción, sujeto a la Ley General de Responsabilidades de los Servidores Públicos, en el cual se contienen responsabilidades administrativas para las faltas que se puedan cometer por revelar información confidencial los servidores públicos.

En caso de ser un civil o periodista, medio de comunicación, expone la académica, los medios de comunicación y los periodistas tienen en el derecho mexicano una cláusula de protección llamada secreto profesional del periodista.

 “La libertad de expresión ha considerado en México este secreto profesional para protegerlos. El revelar información tiene que ser sopesado por el periodista y por el medio de comunicación, con su código de ética para revisar si efectivamente es información que, aunque es confidencial, puede o no dañar los intereses del Estado de alguna manera. De esa forma, los periodistas tienen su propio límite para emitir información que les llegan a ellos por vía de filtraciones (que es una vía no jurídica)”.

Explica que cuando los periodistas revelan información que obtienen de manera confidencial, tienen que tomar una decisión sobre cómo la van a revelar y de qué manera se puede hacer, de tal manera que si enfrentan denuncias o demandas en contra de esa información, el periodista tendrá que defenderse.

“No hay una iniciación de oficio, porque en realidad no hay una autoridad que tenga las facultades, a menos que la autoridad inicie un proceso para determinar internamente quién filtró información dentro de los funcionarios públicos”, comenta.

Érika Ramírez

El show de NY y la soberanía

La Jornada

El juicio que se desarrolla en Nueva York en contra de Joaquín El Chapo Guzmán Loera, señalado como principal jefe del cártel de Sinaloa, ha cobrado fuerza de espectáculo mediático con sus supuestas revelaciones que involucran a la cúpula del poder con el narcotráfico, sobre todo con la facción del acusado, y testigos protegidos que hablan de sobornos a presidentes de la República, procuradores, jueces, mandos militares y policiales, y otros funcionarios. Particularmente llamativos han sido los testimonios de Jesús El Rey Zambada acerca de los presuntos vínculos entre la criminalidad organizada y las más altas esferas de la institucionalidad política y del funcionamiento y el poderío de la organización delictiva a la que confesó haber pertenecido.

Es sabido que las afirmaciones de testigos protegidos y de reos que colaboran con las fiscalías a cambio de reducción de penas se caracterizan por un déficit de fiabilidad, por cuanto, con tal de lograr reducciones de penas, liberaciones anticipadas o exoneraciones, los declarantes son capaces de decir cualquier cosa. Por desgracia, no existe la menor posibilidad de que juzgadores mexicanos determinen la veracidad o la falsedad de los dichos referidos porque, aunque abordan asuntos de suma gravedad y trascendencia para la vida institucional de México, están siendo ventilados en un tribunal estadunidense y no es posible determinar cuánto hay en ellos de cierto y cuánto de falso ni conocer los términos negociados entre los declarantes y la parte acusadora.

Al margen de la credibilidad que puedan tener las declaraciones de Zambada y de otros, lo más alarmante de este episodio judicial es que se desarrolla en el extranjero y al margen de las instancias nacionales de procuración e impartición de justicia. Tal circunstancia resulta demoledora para el ejercicio de la soberanía y coloca al gobierno mexicano y a la nación en general en una condición de suma vulnerabilidad.

Debe reconocerse, por otra parte, que si varios capos del narcotráfico han terminado en cárceles y en tribunales del país vecino, ello se debe a la incapacidad de las instancias nacionales para someterlos a proceso y para garantizar su estancia en prisión, como lo ilustran las fugas que protagonizó el propio Guzmán Loera. Esa incapacidad llevó a una falla incluso mayor: la renuncia de las máximas instituciones políticas a ejercer las funciones que les confiere la Constitución y su decisión de desentenderse del problema mediante extradiciones que han llegado a ser una práctica casi rutinaria.

Los hechos comentados llevan a una conclusión inevitable: los posibles delitos cometidos en México deben ser juzgados en el país mismo y, para ello, se requiere reconstruir los sistemas de procuración e impartición de justicia y penitenciario, a tal grado devastados por la corrupción y la inoperancia que no son merecedores, hoy por hoy, ni de la confianza de las propias autoridades. Ciertamente, ello representará un desafío acuciante para el gobierno que iniciará dentro de dos semanas.

Astillero : Julio Hernández López

AMLO tendrá fiscal carnal

A Peña se lo impidieron

Tumban Ley de Seguridad Interior 

Empresarios asesoran a López Obrador

No habrá un fiscal general con sana distancia respecto al poder presidencial (la sana distancia fue un término que usó el entonces presidente Ernesto Zedillo para expresar su declinación a seguir ejerciendo funciones de impositivo jefe político del Partido Revolucionario Institucional; dicha sana distancia permitió el fin del predominio priísta en la Cámara de Diputados, la llegada del Partido de la Revolución Democrática y Cuauhtémoc Cárdenas a la jefatura del gobierno capitalino y la alternancia de siglas en Los Pinos, con Vicente Fox como experimento fallido).

Así como este miércoles el coordinador de Morena en San Lázaro dijo a Andrés Manuel López Obrador que sus diputados (valga precisar, aunque parezca reiterativo: el adjetivo adjudicaba la posesión al político tabasqueño) habían trabajado hasta la madrugada para entregarle los cambios legales suficientes en materia administrativa para avanzar en la Cuarta Transformación del país, ayer el Senado aprobó la Ley Orgánica de la Fiscalía General de la Nación que, en los hechos, deposita en las manos del propio López Obrador la designación de quien cumplirá tareas similares a las de la actual Procuraduría General de la República, pero con aspiraciones (sólo teóricas) de autonomía real respecto a otros poderes o factores de poder real.

Con esa decisión senatorial se abaten los márgenes de eventual independencia del futuro fiscal general, quien, como ha sucedido en las administraciones presidenciales anteriores, tendrá un compromiso político y laboral con aquel que lo colocó en tan alto puesto. Ese enlazamiento de voluntades partidistas o grupales con la asignación de cargos presuntamente independientes está en la raíz de buena parte de los problemas de funcionamiento institucional de órganos autónomos (casos conocidos: los consejeros de diversos institutos, como el Nacional Electoral, o comisiones, como la Nacional de Derechos Humanos, e incluso tribunales y la misma Suprema Corte).

En el caso de la fiscalía general hay un recorrido político de oposición a lo que se ha denominado un fiscal carnal. Enrique Peña Nieto pretendió imponer a uno de sus cercanos, Raúl Cervantes Andrade, como sucesor en automático de sí mismo, pues ya era titular de la Procuraduría General de la República (como premio de consolación porque EPN había buscado originalmente hacerlo ministro de la Corte) y, conforme a un artículo legal transitorio, pasaría a ser el nuevo fiscal, por nueve años, sin mayor discusión.

La evidente pretensión peñista de conseguirse un guardaespaldas judicial transexenal movió a diversos grupos y personalidades a rechazar la idea de ese fiscal carnal. Vencida que fue esa tentación peñista, se impulsó la propuesta de establecer modificaciones legales que impidieran la aparición de posteriores tentaciones similares. Pero, ayer, el Senado aprobó en lo general una ley que concentra en Palacio Nacional el poder real de decisión.

En áreas importantes del morenismo se argumenta que la trascendencia del proyecto político encabezado por López Obrador no permite correr el riesgo de un Fiscal de Troya que frene las propuestas de la llamada Cuarta Transformación y que, eventualmente, pueda servir para enderezar acciones judiciales facciosas contra el obradorismo.

En la Suprema Corte de Justicia de la Nación se completó ayer el proceso ya prefigurado: con nueve votos en favor se declaró la inconstitucionalidad de la Ley de Seguridad Interior, que no cumplió el año de aprobada y que, a pesar de haber estado vigente desde diciembre del año pasado, no fue aplicada en ninguna ocasión debido a un compromiso de Peña Nieto de no utilizar tales recursos mientras la Corte no decidiera si sus términos eran constitucionales o no.

En tanto, el inminente gobierno obradorista anunció ayer que contará con un consejo de asesores empresariales de primer nivel, con varios de los apellidos más significativos del mundo mexicano de los negocios, aunque sin la presencia de Carlos Slim.

Twitter: @julioastillero

Facebook: Julio Astillero

Fax: 5605-2099 • juliohdz@jornada.com.mx

México SA : Carlos Fernández-Vega

Banqueros: lágrimas de cocodrilo

Información falsa que confunde

Con lágrimas de cocodrilo, los banqueros que operan en el país rechazan, con plena convicción, los calificativos de usura, agio y abuso que les endosan los usuarios de las instituciones financieras, y se quejan amargamente de que durante estos días hemos sido testigos de una intensa actividad mediática de muchos actores, que parten de datos equivocados y aseveraciones falsas que solo confundirán a la opinión pública y concretamente a los clientes de los bancos.

Y con la cara más dura que el concreto aseveran que las autoridades financieras del sector público han logrado que las comisiones y el resto de los precios de los productos y servicios bancarios hayan ido a la baja, producto del único mecanismo sano para poder lograrlo: el fomento a la competencia, y no a través de la fijación de estos.

Pobres incomprendidos, pero ¿por qué será que nadie les cree a los banqueros? Bueno, de entrada, porque eso del fomento a la competencia no pasa de ser un pésimo chiste, o una muestra de humor negro, porque todo el mundo sabe que cinco bancos, de casi media centena existente en el país, concentran prácticamente todo el mercado nacional.

La Auditoría Superior de la Federación (ASF) lo documenta así: con información del Banco de México, queda claro que los cinco bancos más grandes en cada segmento de crédito tuvieron una participación de entre 75.3 y 98.6 por ciento del mercado. Los resultados evidencian la existencia de condiciones estructurales e institucionales que afectan a los usuarios de servicios financieros.

Por si fuera poco, advierte la ASF, se registra una elevada concentración del sistema bancario: Banamex, Banorte, BBVA Bancomer, HSBC, Inbursa, Santander y Scotiabank, es decir, siete bancos, obtienen 83 por ciento de las utilidades netas, tienen 78.6 por ciento del total de los activos y 81.8 por ciento del total de la cartera de crédito.

Solo como ejemplo, lejos de fomentar la competencia en México los dos mayores bancos del sistema se dedicaron a engullir a otras instituciones del ramo para incrementar su presencia en el mercado nacional. Así, el español Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (BBVA) no sólo se quedó con Bancomer, sino que en sus haberes incluyó a Probursa (originalmente Multibanco Mercantil de México, el primero en ser reprivatizado en el salinato), Promex, Unión (el de Cabal Peniche), Oriente y Cremi (propiedad de Alberto Baillères antes de la estatización de 1982), mientras el estadunidense Citigroup se quedó con Banamex y Banca Confía, y al igual que los engullidos por el BBVA todos los pasivos terminaron en la panza del Fobaproa.

Cerca de la mitad de las voluminosas cuan crecientes utilidades netas del sistema bancario que opera en México se queda en las alforjas del BBVA Bancomer y Citibanamex. Por ejemplo, en el año 2000, cuando el cambio se instaló en Los Pinos (esa tomadura de pelo que se llama Vicente Fox) el primero reportó utilidades netas por mil 469 millones de pesos, y para 2018 se estima que esas ganancias se aproximen a 46 mil millones, es decir, un incremento superior a 3 mil por ciento, en una economía que difícilmente crece más de 2 por ciento y con una inflación acumulada en ese periodo (la información es del Inegi) de 106 por ciento.

Así, las utilidades netas que en el año 2000 al BBVA Bancomer le llevaba un año reunir, ahora apenas le toma poco menos de 12 días. Ello sin considerar la generosidad del gobierno en materia fiscal, los pagarés Fobaproa y el jugoso negocio que los bancos hacen con los bonos (léase los jugosos intereses que generan) de su rescate.

La ASF aporta más elementos: En 2017, los ingresos netos (de la banca que opera en el país) por intereses y comisiones sumaron 526 mil 246.3 millones de pesos (2.4 por ciento del PIB), 65 mil millones más que en 2016. Entre 2012 y 2017, estos ingresos sumaron 2.4 billones de pesos.

Las rebanadas del pastel

Entonces, ¿qué no es usura, agio ni abuso?

Twitter: @cafevega

cfvmexico_sa@hotmail.com

PAN: NUEVA OPOSICIÓN

Pablo Gomez

El Partido Acción Nacional intenta convertirse en la única rabiosa oposición al gobierno de López Obrador. No admite planteamiento alguno procedente del gobierno en ciernes. Los dos decretos expedidos hasta ahora desde la Cámara de Diputados se han topado con el intento de bloqueo de parte de Acción Nacional, con el insostenible argumento de que se impide la discusión cuando la mayoría parlamentaria refuta en los debates las objeciones panistas.

En ambos casos (ley de remuneraciones y reformas a la ley orgánica de la administración pública), el PAN ha fracasado porque su número y sus precarias alianzas no le alcanzan ni siquiera para dilatar el proceso legislativo, pero eso mismo forma parte de la nueva estrategia opositora de los líderes panistas.

Convertir al PAN en una oposición dura, intransigente, golpeadora, reventadora, bloqueadora no será difícil cuando es la izquierda la que gobierna, a diferencia de cuando su primo, el PRI de la época neoliberal, ejercía el poder con la abierta colaboración del viejo partido de la derecha tradicional.

El punto relevante, por tanto, está ubicado en que el éxito de la nueva estrategia panista de oposición golpeadora depende por completo de los desaciertos, errores y fracasos de la nueva fuerza gobernante que está arribando. Así es que, en materia programática, Acción Nacional tendrá que echarse a dormir y esperar los tropiezos ajenos.

El PAN fue en sus mejores tradiciones un partido de propuestas, aunque por largos periodos haya perdido toda originalidad. Pero bajo la nueva estrategia de oposición dura, el PAN sólo resiste, aspira a que nada cambie por efecto del simple ruido político y la gesticulación.

Durante el proceso legislativo de las reformas a la administración pública, Acción Nacional no propuso ningún cambio a la ley vigente. Se limitó a exigir que todo quedara igual, en apego a las reformas hechas por Enrique Peña Nieto, esas sí con el apoyo de las bancadas panistas en el Congreso.

En el marco de una falta de debate del PAN en San Lázaro, el martes 13 de noviembre, la bancada blanquiazul se lanzó en contra de Andrés Manuel con la acusación de que es un dictador. El planteamiento no es exclusivo de ese partido pero los elementos de prueba del panismo se limitaron a que el presidente electo desea centralizar la administración pública, es decir, aquello que está centralizado por definición constitucional. Eso lo saben de sobra las y los legisladores panistas pero fingen demencia y se resbalan sobre su propia jabonadura.

El insulto como provocación puede suscitar cierto desorden en las sesiones camerales, pero no hubo en tales escarceos panistas ni siquiera ideas sueltas y mucho menos propuestas.

El escándalo puede dar ciertos resultados mediáticos pero sólo en algunos momentos, debido a que, como forma propagandística se agota pronto cuando no hay planteamientos nuevos.

Integrantes de las bancadas de Morena, PT y PS suponen que el PAN se está entrenando para llevar a cabo una provocación el 1 de diciembre, cuando Andrés Manuel López Obrador arribe a San Lázaro a rendir protesta como presidente de la República. Es posible que así sea, pero no se limitaría a ese día. Se trata de una nueva estrategia, la de la oposición frontal, la cual no es terreno donde el panismo haya hecho antes una experiencia.

Los líderes del PAN, tan necesitados de elementos de cohesión interna y de recuperación de imagen y prestigio, creen que es sencillo ser una oposición de choque porque nunca han sufrido un proceso de desgaste con dicha postura. Al cabo de algunos meses, el PAN empezará a debatir internamente si es “rentable” y “transitable” seguir en una oposición sin propuestas y continuar con la diatriba y la provocación.

La nueva mayoría en el Congreso va a seguir con las reformas. Si el PAN continúa sin presentar proyectos de cambio en aquellas leyes que Morena busca modificar y continúa con la pura descalificación, esa mayoría saldrá fortalecida en tanto que existe una inmensa mayoría ciudadana –votantes de todos los partidos– que está consciente de que cambiar es el único camino para buscar mejorías en el país.

El PAN empieza a pisar un escabroso terreno que nunca fue suyo, que desconoce y no puede alisarlo. La apuesta no sólo es arriesgada porque la desesperación la anima sino también es, esa sí, un peligro que puede provocarle nuevos y mayores tropiezos a ese vetusto partido de la derecha mexicana.

Empresarios crean consejo para asesorar a AMLO

Los recibirá cada dos o tres meses

Acepto la ayuda porque será un gobierno para todos

Los tres principales dueños de medios de comunicación, Ricardo Salinas Pliego, Bernardo Gómez y Olegario Vázquez Aldir; quien dirige el banco mexicano más importante, Carlos Hank González; tres empresarios que realizan actividades industriales, Daniel Chávez, Miguel Rincón y Sergio Gutiérrez, y uno más de servicios, Miguel Alemán Magnani, conformaron un consejo asesor del próximo gobierno, que fue aceptado y bienvenido por el presidente electo, Andrés Manuel López Obrador.

De ellos salió que quieren apoyar y que quieren ser consejeros del próximo presidente de la República, y les tomé la palabra. Quieren ser miembros de un consejo asesor del mandatario, me quieren ayudar, me quieren dar sus puntos de vista, sus visiones y ayudarnos, manifestó López Obrador, en un video difundido en redes sociales.

Explicó que se reunió con ellos el miércoles y resaltó que le gustó mucho que del grupo surgiera la iniciativa.

Adelantó que los integrantes del consejo asesor empresarial estarán coordinados por Alfonso Romo, futuro jefe de la Oficina de la Presidencia de la República, y que se reunirá con ellos cada dos o tres meses.

También dijo que tanto él como los empresarios invitarán a otros integrantes de la iniciativa privada a que se sumen, para que el consejo se vaya fortaleciendo, se vaya convirtiendo en una institución de la sociedad civil que ayude al gobierno a lograr entre todos el progreso de México con justicia, que haya crecimiento y bienestar.

Ricardo Salinas Pliego es dueño del Grupo Salinas, que incluye a Tv Azteca, Grupo Elektra, Seguros Azteca, Afore Azteca, Advance America, Italika, Banco Azteca, Punto Casa de Bolsa y Totalplay.

En tanto, Bernardo Gómez es copresidente ejecutivo de Televisa; Olegario Vázquez Aldir, heredero del Grupo Empresarial Ángeles, que abarca al Grupo Real Turismo, al Grupo Ángeles Servicios de Salud, al Grupo Financiero Multiva y al Grupo Imagen Multimedia, que incluye al periódico Excélsior.

Carlos Hank González, en tanto, es presidente del Consejo de Administración del Grupo Banorte, el segundo banco más grande del país, y los negocios de su familia incluyen el Grupo Hermes, Gruma y también participa en la construcción de la terminal aérea de Texcoco.

A su vez, Daniel Chávez es presidente del Grupo Vidanta, que son hoteles de lujo en playa; Miguel Rincón Arredondo está en la industria forestal y su empresa se llama Grupo Industrial Durango; Miguel Alemán Magnani dirige Interjet; y Sergio Gutiérrez es propietario de la empresa siderúrgica de Nuevo León, Deacero.

En el video, López Obrador resaltó que “sí necesitamos el apoyo de los empresarios para que se invierta en México, se generen empleos. Les digo que no deben preocuparse porque yo sé muy bien qué debe llevarse a cabo para ayudar a la gente más humilde, a la más pobre.

Vamos a atenderlos porque este es un gobierno para todos, para ricos y para pobres. Pero estoy convenciendo, por eso me gusta mucho la palabra fraternidad, no sólo es la justicia o la igualdad, es la fraternidad, convencer a todos de que debemos atender primero a los más necesitados y por el bien de todos, primero los pobres.

Afirmó que a quien se quedó atrás, le demos la mano para que se empareje, para que caminemos todos juntos. Esa es la fraternidad y así vamos a ser muy felices, vamos a estar muy tranquilos con nuestra conciencia, vamos a estar muy contentos de vivir en una sociedad igualitaria, justa y fraterna.

Destacó que así como se requiere la participación del sector privado, hace falta también la inversión extranjera. La inversión pública, la privada nacional y la extranjera para crecer no al 2, sino al 4 por ciento.

Alma E. Muñoz

Periódico La Jornada

La estrategia planteada agrava la situación de las mujeres, dicen ONG

El clima de violencia que existe en el país afecta de manera particular a las mujeres, como lo demuestran estudios recientes sobre la incidencia de asesinatos con arma de fuego, desapariciones forzadas y torturas, una tendencia que se agrava por la estrategia de militarización de seguridad pública que se intensificó en 2006 y podría continuar el próximo sexenio.

Así lo afirmaron integrantes de organizaciones civiles que participaron en el conversatorio Estrategias fallidas: criminalización y tortura sexual a mujeres en México, donde se advirtió acerca de los riesgos que implica la propuesta del presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, de crear una Guardia Nacional formada y entrenada por militares.

Olga Guzmán, directora de incidencia de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, dijo que el optimismo generado con la anulación de la Ley de Seguridad Interior se vio opacado por la iniciativa de López Obrador, mediante la cual se daría continuidad al esquema de militarización de la seguridad pública, en vez de apostar a la profesionalización de las policías. Recordó que de un total de 201 recomendaciones de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) desde 2006 sobre casos de desaparición forzada, tortura y ejecución extrajudicial, en 70 por ciento de los casos se reconoce a integrantes de las fuerzas armadas como responsables.

En cuanto a tortura sexual, Guzmán dijo que la CNDH ha documentado 17 casos, de los cuales 13 fueron cometidos por soldados o marinos, y 36 mujeres sufrieron descargas eléctricas en senos y vagina, tocamientos, desnudez forzada y violación.

Isabel Erreguerena, coordinadora de políticas públicas de Equis-Justicia para las Mujeres, advirtió que este sector cada vez sufre más agresiones en el espacio público, ya no sólo en el privado, como lo demuestra el hecho de que hay un aumento de feminicidios con arma de fuego.

Otro aspecto en el que se puede notar la vulnerabilidad creciente de las mujeres es la criminalización y encarcelamiento. En los dos años recientes el ingreso de ellas a la cárcel por delitos de tráfico de drogas aumentó 103 por ciento, y el de los hombres, ascendió 50 por ciento en el mismo periodo.

Fernando Camacho Servín

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