2/22/2017

Mejoran condiciones de mujeres en la ciencia, pero prevalecen obstáculos


Foro Mujeres Científicas en la BUAP

Las políticas de inserción laboral en el ámbito científico aún son incompatibles con los tiempos biológicos de la mujer. La exigencia para entrar a una universidad o institución como investigadora implica que antes de los 37 años tenga logros académicos importantes como doctorados, posdoctorados y eso requiere de una inversión importante de tiempo que va postergando la maternidad.


 
Así lo consideró en entrevista para la Agencia Informativa Conacyt, la doctora Patricia Ávila García, del Instituto de Investigaciones en Ecosistemas y Sustentabilidad de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), campus Morelia, tras participar en el Primer foro Mujeres Científicas en la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP), organizado por el Comité Institucional para la Promoción de la Igualdad Sustantiva en la BUAP, a propuesta del Instituto de Física, ingeniero Luis Rivera Terrazas.
 
“Hay avances pero no son suficientes, creo que las mujeres en la ciencia viven esa adversidad, o deciden no tener hijos o los hijos los descuidan para poder cumplir con la exigencia de los papers, del posdoctorado, de la producción, etcétera, pero en general, en la composición del ámbito científico cada vez hay más participación femenina y eso también se tiene que destacar”, refirió.
 
La doctora Ávila García ha obtenido reconocimientos importantes por sus aportaciones en el tema de la relación agua-sociedad, desde una perspectiva transdisciplinaria, destacando el Premio de Investigación en Ciencias Sociales 2003, otorgado por la Academia Mexicana de Ciencias (AMC); Premio Internacional en Ciencias Sociales (Global Development Network-Banco Mundial); Premio anual del Instituto Nacional de Antropología e Historia 2001 y el Premio Fray Bernardino de Sahagún en Antropología, entre otros reconocimientos.
 
Entre los avances que hay dentro de la participación de las mujeres en la ciencia, la doctora Ávila García refirió que el Sistema Nacional de Investigadores (SNI) ha mejorado sus políticas en ese sentido y ahora ya ofrece un año de prórroga para las mujeres que están dentro del sistema y deciden embarazarse, a fin de que no produzcan o por lo menos no al ritmo habitual. Ese tipo de implementaciones, destacó, favorecen la participación y denotan sensibilidad en las diferencias biológicas.
 
SU EXPERIENCIA   En su intervención durante este primer Foro de Mujeres, la doctora Ávila García, miembro nivel II del Sistema Nacional de Investigadores, recordó los inconvenientes a los que se enfrentó cuando decidió estudiar la carrera de ingeniería y cómo, a pesar de la crítica y el desmérito de algunos de sus propios compañeros, demostró capacidad y constancia para enfocar sus propósitos y conseguir no solo terminar la licenciatura, sino orientar sus intereses hacia un campo de la investigación definido.   “Ser mujer en ingeniería era sumamente difícil porque en la época en la que yo estudié, en los años 80, había muy pocas mujeres y recuerdo mucho que las chicas que llegaban a pasar por el área de ingeniería provocaban gritos, parecía la isla de los hombres solos y aunque eso puede parecer divertido, cuando estabas dentro sí había cierto tipo de rechazo. Recuerdo que algunos compañeros me decían que yo no tenía posibilidad ni de terminar la carrera, pero demostré lo contrario y ahora me muevo perfectamente en campos en los que el hombre es mayoría”.   Actualmente, la doctora Ávila García trabaja sus líneas de investigación con un enfoque antropológico y sociológico, orientado a conocer las sociedades rurales y urbanas, con especial atención en los grupos vulnerables como indígenas, campesinos y grupos urbanos en situación de pobreza, así como su relación con el territorio y el manejo de recursos naturales.   CURIOSIDAD EN LA CIENCIA   Posterior a la intervención de la doctora Ávila García se llevó a cabo un panel con la participación de ocho jóvenes destacadas por su inclinación por las ciencias y el conocimiento y una menor del círculo infantil de la BUAP. En este encuentro, las jóvenes relataron sus experiencias, la visión que tienen de su futuro y los problemas a los que se enfrentan las mujeres en ámbitos dominados por la población masculina.   Amalia Silva Villaseñor, estudiante de preescolar en el Círculo Infantil de la BUAP, abrió el foro y dijo que su edad no es un impedimento para que sienta curiosidad por las cosas que la rodean.   “Yo tengo seis años y me interesa la ciencia porque de grande quiero dedicarme a eso. Lo que me gusta de los científicos es que construyen aparatos para personas que a veces no pueden caminar o crean cosas para salvar animales, también hay otros que hacen robots (...) Hay personas que dicen que no podemos ser científicos pero yo digo que no, porque todos somos inteligentes. Yo creo que la ciencia nos ayuda a ser más felices”.   Otra de las participantes fue Diana León Silverio, de 21 años, estudiante de octavo semestre de la licenciatura en física y ganadora del Premio León M. Lederman 2017; actualmente participa en un proyecto para el diseño de un detector llamado REDTOP de Fermilab.   León Silverio se mostró confiada en que a través de la ciencia se puedan vencer las barreras que impiden una participación plena e igualitaria de las mujeres en todos los ámbitos.   “Les puedo decir que las mujeres que nos encontramos dentro de la ciencia es porque realmente nos hemos ganado ese lugar y hemos luchado por destacar ante los demás y, sobre todo, hemos demostrado que como científicas tenemos valor. Yo les diría que estudiar ciencia es maravilloso y que siempre hay gente que te apoya en el proceso”.   En el mismo sentido, se pronunciaron otras de las participantes, quienes reconocieron que mientras las mujeres sigan siendo minoría en el ámbito científico siempre habrá retos que vencer.   *Este artículo fue retomado del portal http://conacytprensa.mx  
Imagen retomada del portal conacytprensa.com
Por: Dalia Patiño González*
Cimacnoticias | Puebla, Pue.- 


No somos casualidad en los gobiernos, sino oportunidad para las comunidades


Encuentro de Mujeres con cargos en la Cañada

Mujeres mazatecas, mixtecas y nahuas realizaron el 19 de febrero el Primer Encuentro de Mujeres Indígenas en cargos municipales en la Región Cañada del estado de Oaxaca.

El objetivo del Encuentro fue sumar esfuerzos para capacitarse, informarse y realizar de manera conjunta gestiones ante problemáticas y necesidades que se viven en la región.

El Encuentro congregó a alrededor de 50 mujeres pertenecientes a 11 municipios, y tuvo como sede el municipio de Eloxochitlán de Flores Magón.

Algunos de los municipios participantes fueron: Huautla de Jiménez, Huehuetlán, Santa María Chilchotla, Santa Ana Ateixtlahuaca, Santa Cruz Acatepec, Eloxochitlán de Flores Magón, entre otros.

“Nos da mucho gusto estar aquí, que exista la preocupación de trabajar de manera conjunta, de acompañarnos en el ejercicio de un cargo en el que muchas somos primerizas”, fueron las palabras de algunas de las participantes en el encuentro.

Por su parte, Elisa Zepeda Lagunas, presidenta municipal de Eloxochitlán, aseguró: “No somos casualidad en nuestro gobierno, somos oportunidad de trabajar a favor de nuestras comunidades”.

“El cargo es para asumirlo, no podemos permitir que nos arrebaten el ejercicio cabal de ese derecho, por lo que es importante que nos sepamos acompañadas”, afirmó Liliana Carrera García, síndica municipal de San José Tenango.

Magdalena Lagunas afirmó: “las mujeres que están en cargos ahora son como una lucecita que hay que cuidar para que no se apague, ellas van a iluminar la participación política de otras mujeres, y las niñas sabrán que ellas también pueden ejercer los cargos”.

El primer encuentro fue facilitado por Anabel López Sánchez, directora del Colectivo por la Ciudadanía de las Mujeres, el cual estará acompañando el proceso de articulación.

El segundo encuentro se realizará en el mes de marzo, en el marco del Día Internacional de la Mujer y en el que se planea invitar a mujeres de otros municipios.

Cabe mencionar que después del proceso electoral 2016, en la región mazateca fueron electas 2 presidentas municipales y dos síndicas, mientras que otras mujeres ocupan diversas regidurías.

En la mayoría de los municipios, es la primera vez que hay mujeres desempeñando cargos  y su camino para acceder a estos espacios no ha sido fácil, sino que -igual que en otras regiones del estado- su caminar es obstaculizado al llegar en condiciones de desigualdad que violentan el ejercicio de sus derechos políticos. De ahí la necesidad de articularse.

Imagen retomada del portal página3.mx
Por: la Redacción*
Cimacnoticias/página3.mx | Eloxochitlán de Flores Magón, Oax .- 

Confirman identidad de Rosa María, asesinada por ex militar en SLP

Buscarán juicio por feminicidio



A partir del análisis de siete huesos localizados en 2014 en Cañaveral de Puntilla, San Luis Potosí, se logró confirmar la identidad de Rosa María Sánchez González, una niña de 15 años de edad asesinada en 2010 por el ex militar Filiberto Hernández Martínez, actualmente preso, pero sin sentencia por este homicidio, ni por otros cuatro que cometió.

La identificación permitirá que el ex militar sea juzgado por matar a Rosa María, ya que solo está siendo procesado por los asesinatos de Itzel Romaní Castillo, Dulce Ximena Reyes y Eliehoenai Chávez Rivera, y se encuentra recluido desde 2014 en un penal de máxima seguridad en Gómez Palacio, Durango, señaló en entrevista con Cimacnoticias la abogada Karla Micheel Salas Ramírez, del Grupo de Acción por los Derechos Humanos y Justicia Social (Gadh).

Rosa María Sánchez fue reportada como desaparecida el 29 de octubre de 2010 en Tamuín, San Luis Potosí, y sus restos encontrados hasta julio de 2014 en Cañaveral de Puntilla, luego de que Filiberto Hernández fue detenido por portar un arma de uso exclusivo del ejército y confesó haber asesinado a cuatro menores de edad y una mujer de 32 años, a quienes dijo haber enterrado.

FEMINICIDIO

El feminicidio de Rosa María Sánchez se está investigando como un “homicidio agravado”, por lo que la abogada explicó que interpusieron un amparo ante el juzgado de Ciudad Valles, San Luís Potosí, que maneja los casos, para que se incorpore la perspectiva de género en el proceso de investigación.

Este recurso permite que “el juez pueda abrir una etapa especial donde se permita presentar todas esas pruebas con perspectiva de género” ya que “se tienen que corregir las deficiencias que contiene la investigación hecha por el Ministerio Público”, reportó la abogada.

Forenses independientes del estado de Michoacán, propuestos por Gadh, se encargarán de continuar con la búsqueda, en las próximas semanas, de los restos de Rosa María.

Por lo pronto, dice la abogada, los resultados entregados por la Procuraduría General de Justicia (PGJ) de San Luis Potosí, “permiten a la familia cerrar un ciclo”.

SIN SENTENCIA

El agresor aún no cuenta con sentencia por ninguno de los casos, debido a que falta el dictamen pericial en materia de tortura bajo el “Protocolo de Estambul”, ya que denunció ser víctima de tortura por parte de los policías, durante su detención.

Ante la situación, la abogada Salas agregó que presentaron una serie de propuestas ante la PGJ para acelerar el proceso, y en esta  se “comprometieron a colaborar con la representación de las víctimas”.

“Queremos lograr una sentencia condenatoria en contra del sujeto, no ejemplar en el número de años, si no en términos de la calidad de la sentencia, donde efectivamente se haga justicia a las víctimas”, concluyó Karla Micheel Salas.

En tanto, el caso de Adriana Martínez Campuzano, violada y asesinada por el feminicida en 2011, continúa en investigación, ya que sus familiares ganaron en enero de 2017 un amparo para investigar de nuevo el caso, después de que el juzgado lo exoneró del asesinato, “por falta de pruebas”.


CIMACFoto: César Martínez López
Por: Hazel Zamora Mendieta
Cimacnoticias | Ciudad de México.- 


2/21/2017

Soldados y marinos a los cuarteles

 

Utopía

 

 

Eduardo Ibarra Aguirre

 

En tanto que comandante supremo de las fuerzas armadas, es comprensible que Enrique Peña Nieto cumpla el ritual de defenderlas en forma cerrada y hasta con frases que destilan intolerancia, como lo hizo en el acto por el 104 aniversario del Día del Ejército, en la capital poblana: "No son admisibles y este gobierno reprueba las descalificaciones sin sustento en contra de nuestras fuerzas armadas".

Para mayor abundamiento: "Tengan la certeza de que nuestras fuerzas armadas cuentan con el invariable, irrestricto y absoluto respaldo del Presidente de la República y de su gobierno".

No parece pertinente que con el muy bajo nivel de aceptación ciudadana de la gestión de EPN, ostente un apoyo a la sociedad vestida de verde que de poco le sirve en términos de imagen. El periódico El Economista estima en 17 por ciento de aprobación y 77 por ciento de desaprobación, el más bajo para el trimestre 17 desde que se realizan estas mediciones con Carlos Salinas, el súper enriquecido en Los Pinos con su liberalismo social, un asalto de los bienes de la nación para entregarlos a precio de remate a socios y amigos.

De pasada valga registrar que la inflación debuta, en el imaginario ciudadano, como el principal problema del país con 22.8 por ciento, seguido de la inseguridad con 22.7 por ciento y "la crisis" con el 22.5 por ciento, informa el diario.

Harto comprensible es el apoyo presidencial porque sin la lealtad de los altos mandos el grupo gobernante en turno no sería viable, y mucho menos el de su antecesor, Felipe Calderón que se colocó la banda tricolor en ceremonia a deshoras y rodeado de militares, en previsión de que fuera imposible hacerlo en el Congreso, tomado por el Estado Mayor Presidencial.

Pero también tiene sus razones Peña Nieto cuando reivindica que Ejercito y Marina han "respaldado con absoluta institucionalidad a las autoridades civiles en su responsabilidad de brindar seguridad a la población". Responsabilidad constitucional que los gobernantes declinaron cumplir y endilgaron ilegalmente a las fuerzas armadas. 10 años después de políticas y discursos para formar cuerpos policiacos estatales eficientes y honrados, y un gran gasto del que los gobernadores no rindieron cuentas, los militares aún están a cargo de la seguridad.

Declinada por los legisladores la vía rápida para aprobar la Ley de Seguridad Interior, formulada por César Camacho y el secretario de la Defensa, Salvador Cienfuegos, es deseable que no se trate de una de las "consultas" para mostrar apertura de oropel.

En todo caso, como bien apuntó una experta de dulce voz en el noticiero Enfoque que conduce Leonardo Curzio, la iniciativa de ley debería tener como perspectiva el retorno de soldados y marinos a los cuarteles y su paulatina sustitución por agentes policiales. Y no la legalización de la permanencia en las calles en tareas policiacas de las fuerzas armadas, como pretende el gobierno de Peña, los partidos que le son afines más por conveniencia que por convicción, y los altos mandos castrenses.

Lo anterior simplemente porque no es su función constitucional y el costo en vidas humanas y violación de las garantías individuales es enorme, como lo muestran dos décadas de militarización de la seguridad y la procuración de justicia. 

 Esto no impide valorar la pérdida de la vida en cuatro años de 139 militares. Y no "porque también son mexicanos" como dice el divisionario. Sencillamente son mexicanos y murieron cumpliendo tareas públicas.

Acuse de recibo

Para el lector de Utopía, en SDP Noticias, Heriberto Lugo, "El doctor (Luis) Videgaray al tomar posesión de su improvisado cargo confirmó lo evidente, que como canciller es un improvisado, que llega a 'aprender'. Si su único afán va a ser tender puentes con (Donald) Trump, olvidando la centena o más de países con quienes mantenemos relaciones diplomáticas y comerciales, definitivamente llega mal y tarde". Lo anterior sobre: Indispuestos a "ceder ni un milímetro" (20-II)… Hoy, hace 15 años, me hice cargo de la coordinación general del Grupo María Cristina por circunstancias que ni busqué ni alenté. Agradezco a mis pares la comprensión y apoyo de uno de los colectivos más plurales y multidisciplinarios, aunque con el predominio de periodistas y comunicadores. Insistiré, por tercera ocasión, en el relevo… El 22 de febrero de 1902 nació Miguel Olivé Porté en Montblanc, Tarragona, España; un catalán autodidacta que trabajaba su propia tierra, autor de libros como Evolución de la agricultura y la reforma agraria (México, 1965) y El proceso social, agrario y cooperativo de Cataluña (México, 1969); ambos con el seudónimo de Ramón Soláns Lavall y en ediciones de autor. Falleció el 24 de junio de 1976 y como el alemán hace mella en mi trabajo, no registré el cincuentenario de un comunista honrado como pocos, después de trasladar inmensas riquezas en oro de la República Española y no tomar ni un gramo. Murió en el Distrito Federal.

http://www.forumenlinea.com/site/    https://www.facebook.com/forumenlinea    @IbarraAguirreEd    forum@forumenlinea.com



Pago a muertos y dinero que no llegó al campo: así desvió millones de pesos la Sagarpa



La Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA) presuntamente malversó más de mil 600 millones de pesos a través de múltiples prácticas irregulares, como la entrega de apoyos a beneficiarios fallecidos; pagos a universidades para desviar cientos de millones y la entrega de recursos para el campo que no fueron invertidos para ese fin.
Así lo documentó la Auditoría Superior de la Federación (ASF) que, por quinto año consecutivo, detectó graves irregularidades en el gasto de recursos por parte de la SAGARPA, por lo que realizó cinco auditorías forenses a esta dependencia del Gobierno Federal, por la presunta comisión de delitos.
Animal Político te presenta un resumen de las observaciones más relevantes de estas cinco auditorías forenses, cuyo monto total de presunto daño al erario es de mil 628 millones de pesos.

Dan apoyos a 253 fallecidos y a personas “duplicadas”

A través del programa de fomento a la producción de maíz y frijol, la Auditoría Superior de la Federación documentó un presunto daño al erario por parte de SAGARPA por un monto de 209 millones 918 mil pesos.
Entre las principales irregularidades detectadas, destaca que SAGARPA hizo “pagos improcedentes” por 82 millones 652 mil pesos a: 3 mil 021 beneficiarios “duplicados” –es decir, la dependencia dio dos veces el mismo apoyo a un beneficiario-; 271 beneficiarios que habían fallecido antes del periodo de apertura de ventanillas para pedir la ayuda económica; y a tres proveedores que no aportaron facturas que pudieran amparar un importe total de 28 millones 813 mil pesos en subsidios.
Asimismo, SAGARPA entregó a sus delegaciones en Chiapas, Guerrero y Oaxaca, un total de 88 millones 531 mil pesos para apoyar a 25 mil 905 productores agrícolas, a pesar de que estos subsidios “no fueron requeridos por las delegaciones”, además de que la dependencia no entregó a la ASF la documentación que acredite el pago de las ayudas.
Lee aquí o descarga la auditoría al programa de Maíz y Frijol

PROCAFÉ dio 200 millones a personas que no sabían si eran productores de café

A través del programa dedicado al fomento del cultivo del café en México –PROCAFÉ-, la SAGARPA entregó 204 millones 149 mil pesos en apoyos económicos a miles de personas que, o bien la dependencia no sabía si eran productores de café, o bien no sustentaron con documentos en qué gastaron esa ayuda del Gobierno Federal.
De esos 204 millones de presunto daño al erario, la ASF documentó que SAGARPA dio 107 millones 015 mil pesos a un total de 48 mil 147 personas que “no se encontraban inscritos en el padrón nacional cafetalero”, por lo que la dependencia dio dinero a personas de las que “no tiene certeza” de que, en realidad, sean productores de café.
Al igual que en el programa de Maíz y Frijol, SAGARPA también hizo pagos “duplicados” a beneficiarios por los mismos conceptos de apoyo por 6 millones 040 mil pesos.
Mientras que 79 millones 740 mil pesos fueron entregados a productores sin que la dependencia federal presentara a la ASF los documentos que acrediten que, en efecto, entregó los bienes.
Asimismo, SAGARPA dio 11 millones 352 mil a una asociación civil que no cumplió con la certificación de 359 técnicos en el cultivo de café.
Lee aquí o descarga la auditoría de la ASF al programa PROCAFÉ

Simuló esquemas de pago con universidades y empresas para malversar 275 millones

En la auditoría a la Planeación de Proyectos, la ASF le reclamó a la SAGARPA 275 millones 830 mil que, como presunto daño al erario, la dependencia malversó simulando un esquema para transferir dinero en favor de proveedores a través de instituciones académicas, asociaciones civiles y empresas privadas.
Como parte de esos 275 millones de daño al erario, la Auditoría documentó que la SAGARPA suscribió cinco convenios de colaboración, evadiendo el proceso de licitación pública, con la Universidad Autónoma de Zacatecas por 219 millones 430 mil pesos.
A pesar de que la universidad declaró que contaba con profesionales y recursos técnicos para cumplir con los objetos de los convenios –realización de estudios, diagnósticos, sistemas de información, asistencia técnica y capacitación-, la ASF señaló que la universidad subcontrató a otras empresas a las que benefició con parte de esos casi 220 millones que le entregó la dependencia federal.
Sin embargo, ni las empresas ni la universidad acreditó con documentación que, en efecto, cumplieron con los servicios contratados por SAGARPA a pesar de recibir el dinero. Incluso, la ASF acreditó que tanto SAGARPA como la Universidad Autónoma de Zacatecas presentaron, para justificar que sí se realizaron los servicios de los convenios, 32 entregables que fueron extraídos de internet.
Lee aquí o descarga la auditoría a la Planeación de Proyectos.

Apoyos a beneficiarios que no pidieron la ayuda

En el programa para fomentar la investigación y el desarrollo tecnológico en el campo, la Auditoría documentó un presunto daño al erario por 225 millones 755 mil pesos.
Como parte de esos 225 millones de daño, la ASF detectó que SAGARPA otorgó apoyos económicos a seis beneficiaros por 52 millones 695 mil pesos, sin que estos contaran con la capacidad para realizar los proyectos que se les encomendó, por lo que estos se quedaron sin concluir.
Asimismo, la dependencia federal entregó 6 millones 420 mil pesos a 10 “supuestos beneficiarios” que no pidieron apoyo económico a SAGARPA; y dio 20 millones 013 mil pesos a otros seis beneficiarios de Michoacán y Durango que trataron de comprobar que recibieron el dinero público a través de facturas que, de acuerdo con el SAT, estaban canceladas o sin registro.
Al igual que en el programa para el fomento de la producción de maíz y frijol, SAGARPA también pagó apoyos por 223 mil 800 pesos a 14 beneficiarios que la ASF documentó que habían fallecido antes de la apertura de ventanillas para pedir la ayuda a la dependencia.
Lee aquí o descarga la auditoría al programa de desarrollo tecnológico

Irregularidades por más de 700 mdp destinados a mejorar la competividad del campo

En cuanto al Programa de Productividad y Competividad Agroalimentaria, Animal Político publicó el pasado 16 de febrero que la SAGARPA cometió irregularidades por hasta 712 millones de pesos.
De acuerdo con la ASF, la dependencia “presentó documentación presuntamente alterada” para acreditar el gasto de 306 millones de pesos en apoyos y subsidios a beneficiarios del programa de productividad agroalimentaria.
Además, la Auditoría denunció que la SAGARPA no concluyó obras, ni llevó a cabo proyectos para mejorar la productividad y competitividad agroalimentaria por un monto de 405 millones.
Lee aquí o descarga la auditoría al programa de competitividad.

Josefina, tocada por la corrupción de Peña Nieto


Álvaro Delgado
–Vencoechea, asesor de priistas, su consultor
–El coordinador: poblano de El Yunque
–Muda ante corrupción, violencia, feminicidios…
CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Derrumbada hasta el tercer lugar en las elecciones de 2012, la panista Josefina Vázquez Mota se esfumó de México y se refugió en Europa, un tiempo largo en Dublín. Su reaparición fue, como invitada de honor, a la asunción de Enrique Peña Nieto, y ya se sabe a cambio de qué: De más de mil millones de pesos para su proselitismo personal.
Ahora Vázquez Mota es, por “dedazo”, la candidata del Partido Acción Nacional (PAN) a la gubernatura del Estado de México, la entidad que ocupa el primer lugar en corrupción, donde tiene plena vigencia el principio político según el cual todo lo que puede comprarse con dinero resulta barato y cuyo más prominente representante es justamente quien le dio la millonada: Peña Nieto.
“¡No tengo ningún temor de enfrentar a los poderosos, a los que se quedan con todo y sólo reparten migajas!”, exclamó Vázquez Mota en el registro de su precandidatura en el PAN, el domingo 19, siendo parte ella misma de los que reciben “migajas” del poder priista, como son los mil 36 millones de pesos de dinero público que recibió directamente de Peña, acreditados por documentos exhibidos por la asociación civil Mexicanos contra la Corrupción.
Se trata de un inobjetable acto de corrupción política al más alto nivel: Peña dio la instrucción como presidente de la República, la ejecutó Luis Videgaray cuando era secretario de Hacienda y los recursos etiquetados al Instituto de Mexicanos en el Exterior los canalizó José Antonio Meade como canciller a la fundación Juntos Podemos, que preside Vázquez Mota.
¿A título de qué Peña le entregó más de mil millones de pesos a Vázquez Mota para que ésta, a su vez, los canalizara a organizaciones que supuestamente apoyan a los mexicanos en Estados Unidos? Sólo lo saben ella y Peña, y Videgaray y Meade, que pese al enroque en sus cargos están en la entraña de un entramado de maloliente corrupción.
¿Cuántos mexicanos en Estados Unidos se beneficiaron con los más de mil 36 millones de pesos que le fueron arrebatados a los consulados? ¿Se utilizó de manera honesta el dinero para ese fin o se usó para el disfrute de una burocracia en banquetes y viajes, como los que hizo Vázquez Mota a Estados Unidos para ayudar a mexicanos que ya abandonó? No se sabe, porque la panista no rinde cuentas, pero tampoco Peña, Videgaray y Meade.
Y es que la transparencia y la rendición de cuentas no son el fuerte de Vázquez Mota, quien nunca ha hecho público su patrimonio en su trayectoria como secretaria de Desarrollo Social y de Educación, así como diputada federal y candidata presidencial. Tras la campaña de 2012 sus excolaboradores decían que se quedó con deudas pero también con dinero, y nadie sabe de qué vive si no trabaja desde noviembre de 2011.
¿Pero qué tiene que ver Vázquez Mota con el Estado de México? Salvo que reside en el fraccionamiento La Herradura, municipio de Huixquilucan, nada: Ahí duerme, porque su vida la hace en la Ciudad de México –en Polanco– y fuera del país, pero desconoce su geografía y sus problemas, tanto que ha sido muda sobre la corrupción, la violencia, la inseguridad, los feminicidios y el gobierno corruptor de Eruviel Ávila.
No tiene el pulso de la sociedad –de las zonas urbanas y rurales de su inmenso territorio– ni conoce siquiera la vida interna del PAN del Estado de México. Su única prenda es sólo ser la más conocida de los prospectos para la candidatura, pero ser conocida no significa ser competitiva. Las encuestas, aun con su desprestigio, la ilustrarán.
Llama la atención que Vázquez Mota haya contratado como su estratega al colombiano Mauricio de Vencoechea, un consultor que sólo ha trabajado con políticos priistas de la talla de Emilio Gamboa, Manlio Fabio Beltrones y candidatos a gobernadores, no siempre con éxito, y que ponga en manos de expriistas la operación de tierra de su campaña.
Otro dato que desconcierta es que Josefina perfile como su coordinador de campaña a Eduardo Rivera Pérez, tan fuereño e ignorante del estado como ella, porque si bien nació en Toluca, toda su vida política la ha hecho en Puebla, donde fue alcalde de la capital en el mismo año y con los mismos mecanismos con los que ganó la gubernatura Rafael Moreno Valle, situados en bandos opuestos en el PAN.
Rivera Pérez es un militante juramentado de El Yunque, la organización secreta de ultraderecha que en el PAN del Estado de México tiene una presencia importante con los bravo boys, chocante anglicismo con el que se denomina a los discípulos de Luis Felipe Bravo Mena, el dos veces derrotado candidato de ese partido al gobierno del estado.
No es fortuita esta coincidencia: Bravo Mena fue testigo directísimo del inicio de la corrupción del PAN en el Estado de México –que luego se extendió a todo el país– como presidente nacional de ese partido, a principios del siglo y del milenio, cuando el exgobernador Arturo Montiel, tío de Peña, corrompió a 13 diputados que se declararon independientes.
Bravo Mena, quien sabe cómo fluyen los millones de pesos a líderes panistas, no sólo al diputado federal Ulises Ramírez –que de cacique del PAN planea volver a su origen priista–, hoy preside la Comisión Anticorrupción de ese partido que avala la corrupción política que representa el regalo de mil 36 millones de pesos de Peña a Vázquez Mota.
Con estas credenciales Vázquez Mota disputará la gubernatura ante el priista Alfredo del Mazo, primo de Peña, y Delfina Gómez, la candidata de Morena, en una campaña que definirá quién tiene autoridad moral y política para ofrecer un gobierno que combata la corrupción. Porque ¿cuándo se ha visto que un corrupto ataque la corrupción?
Comentarios en Twitter: @alvaro_delgado

Trump, la falacia del hombre fuerte


Jenaro Villamil 

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- “El poder sólo es realidad donde palabra y acto no se han separado, donde las palabras no están vacías y los hechos no son brutales, donde las palabras no se emplean para velar intenciones sino para descubrir realidad, y los actos no se usan para violar y destruir sino para establecer relaciones y crear nuevas realidades”.
Esto escribió Hanna Arendt, la pensadora política más importante del siglo pasado, en un pasaje fundamental de su libro La Condición Humana, un espléndido alegato y reflexión contra el poder ominipresente.
Rebelde, original, rigurosa, Arendt se hizo célebre por su libro Los Orígenes del Totalitarismo (1951), escrito para desentrañar el fenómeno del nazi-fascismo y el stalinismo no sólo como episodios históricos de las tiranías contemporáneas sino como explicación filosófica de la vida moderna.
Refugiada en Estados Unidos, la profesora Arendt desplegó sus dotes de profesora en Berkeley, Princeton, Columbia y Chicago y especialmente en la New School for Social Research. En sus enseñanzas incomodó tanto a la escuela marxista como a la liberal al advertir que el totalitarismo también existe en sociedades donde la “libertad” genera la tentación de caer en la falacia del hombre fuerte como sinónimo de hombre poderoso.
Las claves de esta explicación se encuentran en Los Orígenes del Totalitarismo, en La Promesa Política y, sobre todo, en La Condición Humana, este último gran libro publicado en 1969, fundamental para entender el pensamiento de una autora polémica y criticada por sus propios semejantes de la comunidad judía.
El totalitarismo para Arendt se funda en la soledad. La soledad no es aislamiento. Soledad es ausencia de identidad, que sólo brota en la relación con los otros, con el reconocimiento de la pluralidad inherente a los demás y a uno mismo. El totalitarismo se dedicará sistemáticamente a la destrucción de la vida privada, al desarraigo del hombre respecto al mundo, a la acumulación de su sentido de pertenencia al mundo.
El totalitarismo no es sólo el Estado policiaco al estilo hitleriano o estalinista u orwelliano. Es el Estado paranoico reinventado por Donald Trump y su fórmula de comunicación centralizadora y unilateral para anular el sentido de interés común para hacer prevalecer una ficticia superioridad de grupo étnico y religioso sobre los demás.
El terror, la mentira, la identificación del control con seguridad son los efectos, no las causas de del fenómeno totalitario. Su esencia, nos explica Arendt en La Condición Humana, es concebir el fenómeno del poder como “instrumentalización de una voluntad ajena para los propios fines”. Para Arendt el poder se deriva básicamente de la capacidad de actuar en común, admitiendo la pluralidad inherente a las sociedades contemporáneas. Sin pluralidad, no hay polis, y menos una vida buena y justa. Sin eso, no hay acción.
La tesis fundamental de la ensayista es que la acción no es la capacidad de hacer cosas materiales sino es el momento en que el hombre desarrolla su capacidad más inherente a su condición humana: la de ser libre.
La libertad en Arendt no es sólo capacidad de elección (típica reducción de la sociedad de consumo) sino la capacidad de trascender lo existente y comenzar algo nuevo. El hombre sólo trasciende enteramente la naturaleza cuando actúa.
La principal amenaza para la acción política es “la creencia popular en un ‘hombre fuerte’ que, aislado y en contra de los demás, debe su fuerza al hecho de estar solo”. Eso, “es pura superstición”, subraya Arendt.
La acción política no es hacer leyes e instituciones como si se tratara de fabricar mesas, sillas o casas sino es crear libertad. El poder no es fuerza. El poder surge entre los hombres cuando están juntos y desaparece en el momento en que se dispersan. La rebelión popular contra los “hombres fuertes” puede engendrar un “poder casi irresistible incluso si renuncia al uso de la violencia, frente a fuerzas muy superiores en medios materiales”.
Para Hannah Arendt “la resistencia pasiva” es irónica porque es la “más activa” de las resistencias ya que el “hombre fuerte” o el tirano sólo puede enfrentarla con la matanza masiva “y nadie puede gobernar sobre muertos”.
El gobernante omnipotente mata el poder porque es la destrucción de la pluralidad y de los contrapesos necesarios. Si bien el monopolio de la violencia es capaz de destruir el poder, “nunca puede convertirse en sustituto”. El poder no es fuerza. La tiranía impide, por tanto, el desarrollo del poder porque la condición humana es la pluralidad, actuar y hablar juntos “es la condición de todas las formas de organización política”.
En tiempos de falsa omnipotencia de Trump lo que estamos observando es la destrucción del poder en la Casa Blanca para que retorne a los que actúan para resistir este periodo de totalitarismo norteamericano.
*Texto elaborado para el “Proyecto Arendt”

Fuerzas Armadas: entre la simulación interna y la sumisión imperial


,
CIUDAD DE MÉXICO (Proceso).- Entre mentiras, propaganda y presiones políticas que han dejado el cínico chantaje del año pasado por parte de las Fuerzas Armadas, los militares mexicanos transitan en la parte final del sexenio con más influencia y poder en sus manos como nunca los habían tenido en la historia del país. El aplazamiento en la aprobación de la Ley de Seguridad Interior, establecido el pasado 16 de febrero, sólo es un revés temporal al fortalecimiento de su agenda política. Su protagonismo nos muestra el tamaño de sus ambiciones y de su capacidad de doblegar y engañar a la clase política del país.
El renovado activismo del dueto militar –los secretarios de la Defensa Nacional y de Marina– apunta a la presión por tener una ley a modo que proteja las acciones que realiza la milicia de modo irregular y al margen de la Constitución desde el inicio del gobierno peñanietista.
Y aun cuando se dicen “desgastados” y que ya no desean seguir en las calles, en realidad con la iniciativa en ciernes coronarían su presencia con atribuciones de investigación, persecución de delitos, de control social o espionaje sobre la población y de represión (Proceso 2091).
La idea militar con el apoyo del PRI y el PAN es una versión corregida y muy aumentada de la fallida iniciativa calderonista de la Ley de Seguridad Nacional. Más aún, el trazo de los componentes de la nueva propuesta se basa en el Programa de Seguridad Nacional 2014-2018 y no en los planes sectoriales de Defensa y Marina.
La conclusión es simple: los militares están en las calles, espían, investigan y reprimen al margen de la ley y sólo bajo el débil paraguas que les da la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de los años noventa, la Ley de Seguridad Nacional y las atribuciones presidenciales. Todo ello rebasado por la realidad y las ambiciones del sector defensa.
Bajo un esquema dual de participación castrense realizado al amparo de un programa administrativo, la iniciativa da protección a los militares por la simple declaración de que sus acciones no son de seguridad pública, sino de “seguridad interior”. Con este truco legal, las Fuerzas Armadas “cumplen” con las recomendaciones de la ONU en el sentido de que se retiren de las acciones de policía.
Por un lado, y una vez que sea manifiesta, a juicio de la Defensa o Marina, la incapacidad de las autoridades civiles federales, el presidente puede decretar el despliegue militar justificando “amenazas a la seguridad interior”. Por otro, con un juego confuso de palabras, bajo el artificioso concepto de “acciones de orden interno” (como parte de la noción amplia de seguridad interior que viene de la legislación militar de 1926: “orden interior”), los militares están facultados para permanecer, sin decreto presidencial de por medio, en las calles y en los patios de nuestra vida civil, ejerciendo “la inteligencia y prevención para la seguridad interior”, apropiándose de bases de datos personales en poder del INE o del Instituto Federal de Telecomunicaciones, además de las del ISSSTE o el IMSS, por ejemplo.
Realidad vs. propaganda militar
El debate público de la iniciativa de los diputados se enrareció con la presentación de otras propuestas, por parte del PAN y el PRD, también de seguridad interior. A esto se sumó otro conjunto de propuestas sobre seguridad nacional y de reformas constitucionales que bien puede decirse son oportunistas e inducidas por el sector duro de la defensa. Una de ellas fue la burda respuesta al señalamiento de inconstitucionalidad de la iniciativa PRI-PAN (que la “seguridad interior” no figura en la lista de facultades expresas del Congreso para legislar), cuando se presenta el 25 de enero la de un senador independiente para allanarle el camino constitucional.
Debe reconocerse que los militares son también responsables de nuestra crisis de seguridad por dos razones fundamentales: 1) por integrarse desde hace más de dos décadas en las estructuras de mando policial y en las definiciones de políticas de seguridad pública, y 2) por provocar violencia y mayor número de víctimas en lugar de tener un efecto de contención o de “restablecimiento del orden público”.
El liderazgo castrense se inculpa sin querer en su campaña al descalificar a los civiles por su fracaso en la implementación de un modelo policial eficiente. Desde hace más de cinco lustros, los militares se han incorporado en las policías tanto a nivel operativo como de dirección estratégica e implementadores de políticas de seguridad pública en los tres niveles de gobierno.
No menos importante es lo expuesto desde hace tiempo, por ciertos analistas y expertos, en cuanto a la inutilidad del recurso militar cuando, se ha demostrado, no fue necesariamente el último recurso ante una situación crítica de inseguridad. Su despliegue y actuación en las calles, al menos desde 2006, no siempre fue la respuesta ante oleadas de violencia real, sino ante incidentes de alto impacto que fueron utilizados como pretexto, político y mediático, para sacar a soldados y marinos a las calles.
Lejos de disminuir la violencia regional o local, lo anterior ha disparado los índices de homicidios y de inseguridad. Atacar el fuego con fuego ha incendiado al país con violencias de diferentes naturalezas, incluyendo la militar.
Inobservancia de derechos humanos: ¿Falla o desprecio?
Los secretarios de la Defensa y de Marina, en su inopinada campaña de cabildeo político, confiesan algo en lo que la opinión pública no ha reparado. En los últimos 10 años en particular, los militares no sólo se han desgastado, sino que tampoco sirven para tareas de seguridad pública porque no están preparados para ello. No es su función proteger a los ciudadanos y sus bienes, menos si la amenaza son probables delincuentes.
El citado aspecto es importante porque está ligado a la observancia inequívoca de los derechos humanos y del debido proceso que, aun desde la óptica de la guerra, son nociones fundamentales.
Las declaraciones castrenses, así como la elaboración de un manual sobre uso de la fuerza “conjunta” (Ejército y Marina), ponen en relieve que los miles de cursos y talleres sobre derechos humanos de los que tanto se presume en los discursos e informes de labores, por el patrocinio de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, la Cruz Roja Internacional y del Instituto Interamericano de Derechos Humanos, simplemente no sirven.
Los recientes hechos en Nayarit, donde se usó un helicóptero de la Marina para disparar artillería sobre una zona urbana, independientemente de la demostración de fuerza dirigida al gobierno estadunidense (de que sí pueden con los bad hombres, Trump dixit), confirma también la inutilidad o la observancia discrecional del protocolo del uso de la fuerza autoimpuesto.
El análisis cuantitativo del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM y del Instituto Belisario Domínguez (IBD) del Senado de la República (Temas Estratégicos No. 39, “Seguridad Interior: elementos para el debate”, enero de 2017) documenta el fracaso militar de las estrategias de seguridad de los últimos tres lustros.
Tanto la UNAM como el CIDE han establecido, por el alto índice de letalidad resultante de los operativos castrenses, que prácticamente no hay detenidos, ni heridos… sino sólo muertos. Del mismo modo, tanto el CIDE y el IBD demuestran, aunque con diferencias de matiz, que las acciones militares han provocado mayor violencia.
Que los militares tiren a matar y no tengan prisioneros (detenidos), más que una consigna es parte de su entrenamiento y resultado de un proceso histórico de su accionar represivo en México. Así ha sido contra los militares rebeldes entre los años treinta y cincuenta, contra la guerrilla rural o urbana entre los sesenta y ochenta o contra el narcotráfico y el crimen organizado en décadas recientes.
La doctrina formativa de los derechos humanos en los militares no está dirigida a interiorizarlos con su función. Los planteamientos explícitos y reglamentarios en las Fuerzas Armadas son retóricos y sólo han servido para el faccioso ajuste de cuentas entre los mandos superiores contra oficiales de menor rango y tropa para cuando se necesite dar la imagen de su voluntad de respeto y autoridad en la materia.
¿Guerreros (in)sumisos?
En la arena nacional, se muestra un empoderado y soberbio secretario de la Defensa que, a contrapelo de la Constitución y del derecho internacional, ha ejercido presión sobre autoridades civiles judiciales y de organismos multilaterales para no rendir cuentas y evadir las acusaciones graves de violación a los derechos humanos cometida por militares, como en el caso de Tlatlaya, Estado de México.
Lo mismo mostró con su negativa, escudándose en razones nacionalistas, incluso amagando con su renuncia, de esclarecer el papel activo u omiso de los militares en la desaparición de los normalistas de Ayotzinapa, en Guerrero. El mismo talante se observa en el titular de la Secretaría de Marina al tratar de explicar el “fuego disuasivo” de Nayarit en el operativo del pasado viernes 10.
Sin embargo, el tándem militar deja aparte su nacionalismo discursivo y su tesón político frente a su contraparte de los Estados Unidos, ignorando los desplantes ofensivos y amagos del presidente Trump en la imposición de la colaboración bilateral en materia de seguridad. Sin mediación civil, ya sea por parte de las secretarías de Gobernación o de Relaciones Exteriores, y 10 días después de la orden ejecutiva sobre seguridad fronteriza de Trump, los militares mexicanos entablaron conversación con el secretario de Defensa John Mattis, cuya versión oficial la califica de mera cortesía.
El trasfondo es otro. Dicha conversación, así como la inspección que hicieran oficiales del Comando Norte y el asesor especial del Consejo de Seguridad Nacional de Estados Unidos a Chiapas con personal de la Armada mexicana, detonaron la presión contra el Congreso para sacar adelante la Ley de Seguridad Interior.
Eso no es casual porque, además de extender un cheque en blanco a su actuación en el terreno, les permitiría satisfacer la agenda de seguridad norteamericana para hacer el trabajo sucio de contención migratoria en su patio trasero, a cambio de hacerse de la vista gorda ante eventuales y crecientes denuncias internacionales de violaciones de derechos humanos, como las que se expresaron desde el Capitolio en 2015.
La Marina se ha hecho cargo de este operativo fronterizo desde el inicio del sexenio con el apoyo de la autoridad migratoria, cuyo titular proviene de las estructuras de inteligencia del gobierno federal.
Hay signos de identidad entre los militares de ambos países: comparten su desconfianza, o hasta su desprecio, por el liderazgo civil; se sienten utilizados y consideran abusivo que los políticos se aprovechen del prestigio castrense (Warriors and Citizens es el libro que publicó a finales del año pasado Mattis, en cuyo anuncio de designación por Trump no omitió su orgulloso apodo de Perro Rabioso).
Por ahora, la moneda está en el aire en cuanto a las iniciativas de Ley de Seguridad Interior gracias a la oposición de la sociedad civil y a un tardío y tímido pronunciamiento de la CNDH en favor de aplazar –no de rechazar– su aprobación.
Entre tanto, los militares continuarán en las calles de un país atrapado por la violencia criminal y por las amenazas de Trump de vigilar, sin proteger, a una sociedad golpeada por la crisis económica y por la torpeza política de sus gobernantes. Con la Ley de Seguridad Interior o sin ella, ya lo dijo el general secretario desde finales del año pasado, las Fuerzas Armadas seguirán haciendo lo mismo.
Este análisis se publicó en la edición 2103 de la revista Proceso del 19 de febrero de 2017.


Sedesol: Los mil 787 mdp desaparecidos en las gestiones de Rosario Robles y José Antonio Meade


,

Verificaciones financieras practicadas por la Auditoría Superior de la Federación detectaron que en 2015 se tejió una oscura y complicada trama que implicó “simulación de servicios” y la complicidad de varias universidades locales, gracias a la cual casi dos mil millones de pesos de la Sedesol –originalmente destinados a diversos programas sociales– se esfumaron. Una parte de esos recursos reapareció en las cuentas bancarias de un reducido grupo de empresarios de La Laguna.
CIUDAD DE MÉXICO (Proceso).- La Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) desvió por lo menos mil 787 millones de pesos en 2015, año en que la dependencia fue encabezada sucesivamente por Rosario Robles Berlanga, ahora titular de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), y José Antonio Meade Kuribreña, actual secretario de Hacienda.
Una revisión de las nueve verificaciones financieras que la Auditoría Superior de la Federación (ASF) le practicó a la Sedesol sobre la cuenta pública de 2015 muestra que nada más en un “esquema de simulación de servicios” con tres universidades del Estado de México, la dependencia desvió 887 millones de pesos.
Parte del dinero desviado terminó en las cuentas bancarias de tres empresas asentadas en Torreón, Coahuila, y vinculadas entre sí. Las mismas tres empresas recibieron recursos de otro programa de la Sedesol, que consistió en la instalación de baños ecológicos en zonas marginadas. En total obtuvieron 334 millones 55 mil pesos de las dos maniobras –que no tienen nada que ver una con la otra– y la ASF “presumió” un vínculo entre estas empresas y la Sedesol.
Se trata de Matchser, S. A. de C. V., que recibió 74 millones 357 mil pesos en ambos movimientos; Srevint, S. A. de C. V., 163 millones 685 mil pesos, y Factores y Servicios Humanos, S. A. de C. V., que ganó 96 millones 13 mil pesos. De acuerdo con la documentación de las empresas, consultada por Proceso en el Registro Público de Comercio, las tres fueron registradas ante el mismo notario, Gustavo Muñoz Domínguez: Factores y Servicios Humanos el 17 de abril de 2009, y Srevint y Matchser los días 22 y 23 de abril de 2014, respectivamente.
Factores y Servicios Humanos está controlada por los empresarios laguneros Javier Ángel González Colsa; su padre, Javier Ángel González Ruiz, y Alejandro Islas González. Srevint y Matchser tienen como administradora única a Soraya Mexsen Jalife, quien comparte las acciones de la primera con Carlos Luis Alfonso González Ruiz, y de la segunda con María del Rosario González Jalife.
González Colsa aparece como socio de tres empresas en Torreón y ocho más en Gómez Palacio, Durango. En Coahuila fue socio del priista Antonio Juan Marcos Villarreal en la empresa Combustibles Integrales, S. A. de C. V., que ahora está cerrada por liquidación.
Empresario textilero, dueño del Grupo Denim –asentado en Gómez Palacio– e hijo de Salomón Juan Marcos Issa –exalcalde de Torreón–, Juan Marcos Villarreal fungió como secretario de Desarrollo Regional de La Laguna durante la administración de Humberto Moreira, y enfrentará en fechas próximas un juicio por su supuesta participación en operaciones de lavado de dinero por un monto cercano a 441 millones de pesos.
Impunidad garantizada
Los desvíos de los recursos de la Sedesol quedaron impunes gracias a la complicidad de su Órgano Interno de Control (OIC): la ASF determinó en la auditoría 288-DS que “en general, no se promueven sanciones a los servidores públicos que han infringido la normativa” y que aquella entidad no supervisa los programas con mayores recursos ni investiga la “causa origen de los problemas”.
De las 18 auditorías que el OIC realizó en 2015 se derivaron 78 observaciones, que mostraron el mal uso de 938 millones 639 mil pesos. De este monto, el organismo apenas logró reincorporar 98 millones 938 mil pesos. En otras palabras: nueve de cada 10 pesos desviados se desvanecieron.
Y quedaron impunes: “Se identificó que en 38 observaciones que implicaron cuantificaciones monetarias, el OIC no promovió el fincamiento de responsabilidades a los servidores públicos que ocasionaron un daño o perjuicio al erario federal”, insistió la ASF.
De acuerdo con la ASF, los programas sociales que distribuyen las mayores cantidades de recursos escaparon al monitoreo del OIC. Entre ellos: los programas de Pensión para Adultos Mayores –dotado de 36 mil 707 millones de pesos–, de Comedores Comunitarios –3 mil 155 millones de pesos– y de Estancias Infantiles –3 mil 641 millones de pesos.
El OIC detectó deficiencias en el padrón de beneficiarios de programas sociales, pero no promovió sanción alguna. También desechó tres de seis expedientes relacionados con “recursos financieros aplicados a objetivos distintos de su programación”, y los tres restantes “continúan en investigación”.
A lo largo de 2015 los cuatro titulares del OIC de la Sedesol nunca abordaron las nuevas disposiciones establecidas en el Sistema Nacional Anticorrupción ni propusieron revisar los programas “susceptibles a posibles actos de corrupción, como es el caso de Prospera”.
Los propios trabajadores de la Sedesol, en la Encuesta de Clima y Cultura Organizacional del ejercicio 2015 –a la que respondieron de manera anónima–, denunciaron que “en relación con temas de ética y prevención de la corrupción, se carece de acciones concretas y articuladas por parte de los mandos directivos”, recordó la ASF.
Desvíos absurdos
El 30 de enero de 2015 la Unidad de Planeación y Relaciones Internacionales (UPRI) de la Sedesol otorgó tres contratos –por 136 millones 85 mil pesos, 319 millones 121 mil pesos y 156 millones 478 mil pesos, respectivamente– a la Universidad Tecnológica del Sur del Estado de México, la Universidad Tecnológica de Nezahualcóyotl y la Universidad Politécnica de Texcoco, para mejorar la operación del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS).
Las universidades, a su vez, transfirieron 97.7% de estos recursos a seis personas físicas y 12 personas morales “sin que existiera contrato o constancia que justifique los pagos y los servicios que no fueron otorgados”, precisó la ASF. Esto es ilegal, pues las universidades no tienen derecho a subcontratar más de 49% de los servicios.
Entre las beneficiadas de estos desvíos, según la ASF, se encuentran las empresas laguneras Matchser, Srevint y Factores y Servicios Humanos.
A final de cuentas, los servicios no fueron prestados y el dinero se esfumó. La ASF sostuvo, en su jerga, que el fraude consistió en “eludir el procedimiento de licitación pública y simular contratos con terceros, lo que ha provocado el ejercicio y desvío de recursos públicos a fines ajenos”.
Los contratos obligaban a las universidades a asumir el pago de los coordinadores técnicos sociales, quienes supervisan las obras realizadas con recursos del FAIS. Esta tarea no incumbe a la Sedesol, sino a los estados y municipios, de acuerdo con la ASF. Para ello la dependencia utilizó los recursos de la partida 44101, destinada a “gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria”, la cual no tiene nada que ver con los servicios contratados.
Los auditores realizaron visitas domiciliarias a cuatro proveedores, quienes “se negaron a proporcionar la información solicitada”. Se percataron posteriormente de que estas empresas “tienen actividades diferentes a los servicios solicitados”. Durante la auditoría, la Sedesol “no encontró” los “entregables” de las universidades, ni los supuestos informes de los trabajos de supervisión.
La ASF descubrió que, al final de la cadena, los mil 246 coordinadores técnicos sociales recibieron pagos por un total de 79 millones 410 mil pesos. En otras palabras, no hay manera de comprobar que los servicios fueron prestados, y aunque fuera el caso, la Sedesol habría pagado 532 millones 301 pesos en exceso.
El absurdo no termina aquí: en febrero, marzo, septiembre y noviembre de 2015 la Sedesol asumió el pago a los coordinadores técnicos –tarea que incumbía a las universidades– por un monto total de 89 millones 959 mil pesos.
Sumando todas las irregularidades y ampliaciones de contrato, el fraude costó 887 millones 37 pesos al contribuyente mexicano.
“Los rectores de las universidades manifestaron que el monto asignado a cada convenio y la elección de los proveedores para los supuestos servicios fueron definidos por el entonces titular de la UPRI o por personal dependiente de esa unidad administrativa”, informó la ASF.
En ese entonces, el titular de esta unidad era el priista Juan Manuel López Arroyo, quien fue nombrado delegado de la Sedatu en Puebla el pasado 10 de enero.
Oscuros despilfarros
De la muestra de mil 526 millones de pesos destinados a las partidas de “Servicios Generales” y “Transferencias, Asignaciones, Subsidios y otras ayudas”, que la ASF revisó a lo largo del año pasado, fueron desviados 420 millones de pesos. De nuevo, la Sedesol utilizó cinco universidades: dos del Estado de México, dos de Chiapas y una de Zacatecas.
Las universidades subcontrataron los servicios que les encargó la Sedesol por un precio mucho menor. La Universidad Intercultural del Estado de México pagó 61 millones 222 mil pesos a dos empresas para levantar los Cuestionarios Únicos de Información Socioeconómica en zonas rurales y semiurbanas, 49.3% del monto que le otorgó la Sedesol.
La Universidad Autónoma de Zacatecas contrató a dos proveedores por 90 millones 911 mil pesos, poco menos de la mitad de los 222 millones 720 mil pesos que obtuvo de la Sedesol.
La Universidad Politécnica de Chiapas recibió dos contratos de 200 millones de pesos cada uno, en los que la institución se comprometió a supervisar, monitorear y controlar los comedores comunitarios del Estado… de México.
Subcontrató empresas por 278 millones 400 mil pesos, lo que implicó una pérdida de 121 millones de pesos para la Sedesol.
Este caso es peculiar: la Sedesol afirmó ante los auditores que desconocía las operaciones de la universidad, pese a que cuenta con los convenios en sus archivos y pagó los 400 millones de pesos a la institución.
La Universidad Autónoma de Chiapas cobró 60 millones 952 mil pesos para coordinarse con la Sedesol en la operación de proyectos. Sus entregables resultaron de pésima calidad: información faltante, documentos con “tachaduras, borrones, enmendaduras y corrector en las fechas”, fechas que no corresponden o listas de asistencia sin fechas. Tampoco acreditó que realizó las 8 mil 400 acciones que se comprometió a efectuar.
De los mil 19 millones de pesos que la ASF auditó del programa Seguro de Vida para Jefas de Familia se detectaron 55 millones 978 mil pesos erogados sin documentación justificativa y comprobatoria; y de los 593 millones 780 mil pesos del programa de Opciones Productivas se desviaron 65 millones 904 mil pesos –alrededor de 10%–, sobre todo debido al mal uso de los recursos por parte de la delegación de la Sedesol en Chiapas.
Zonas prioritarias… para la corrupción
Los programas que la Sedesol aplicó en las Zonas de Atención Prioritaria del país –los municipios en pobreza extrema– generaron desvíos millonarios por parte de las delegaciones en las entidades federativas.
De la compra e instalación de techos de lámina, parte del programa “Techos Fijos” de la Sedesol, fueron desviados por lo menos 160 millones 635 mil pesos –17% del presupuesto del programa–, de acuerdo con la auditoría 287-DS.
La ASF señaló que ninguna de las delegaciones de la Sedesol instrumentó “acciones de control y seguimiento” y varias incurrieron en serias irregularidades. Un ejemplo: en Chiapas hubo 632 inconsistencias –por un costo de 33 millones 264 mil pesos– y un posible “uso indebido para fines electorales” de los techos en el municipio de Ocozocoautla de Espinosa.
La Sedesol aseguró que mejoró 110 mil 562 viviendas, cifra que contradijo su propio padrón, en el que quedan registradas 83 mil 311 viviendas atendidas en enero de 2017. Aun así, en el padrón “se determinaron inconsistencias que (les) restan confiabilidad y veracidad”, subrayó la ASF.
En el caso de la instalación de 15 mil baños ecológicos en distintos municipios del país, la Sedesol gastó 580 millones de pesos, 240 millones 262 mil de los cuales fueron desviados. Un consorcio, integrado por las empresas BPG Ingeniería, S. A. de C. V.; Grupo Daxme, S. A. de C. V., y Muebles y Mudanzas, S. A. de C. V., le cobró a la Sedesol 38 mil 600 pesos por la instalación de cada escusado, cerca de tres veces el precio unitario –13 mil 839 pesos– de estos retretes, fabricados por la empresa Rotoplas.
La ASF descubrió que el consorcio elaboró un esquema fraudulento de facturación y de “simulación de las operaciones”, con el que desvió 206 millones de pesos hacia 21 empresas y siete personas “ajenas y desvinculadas a los servicios solicitados por la Sedesol”; entre ellas las tres mencionadas empresas laguneras.
Total, “de 50 visitas realizadas para constatar la instalación de los baños ecológicos, se observó que en 25 casos no se encontraban en uso por diversas razones, entre las cuales se encuentran que el agua se regresaba por falta de declive; los tinacos presentaban filtraciones; por mal olor, etc., por lo que los beneficiarios los utilizaban como bodegas”, deploró la ASF.
Y en la instalación de 21 mil 292 sistemas de recolección de aguas pluviales, en los que la Sedesol pagó 580 millones de pesos, se desviaron 98 millones 117 mil pesos, en pagos indebidos.
Cruzada fallida
La ASF no sólo constató e investigó los desvíos de recursos; también analizó las deficiencias estructurales en el desempeño de los programas de la Sedesol, las cuales explican el fracaso del gobierno federal en combatir la pobreza.
Para empezar, el órgano fiscalizador detectó severas fallas en la integración del Padrón Único de Beneficiarios, lo cual “repercute en que 55.3 millones de personas en situación de pobreza no sean atendidas con eficacia y eficiencia por la persistencia de la inadecuada focalización de los lugares, comunidades y beneficiarios que más necesitan la atención del Estado; la ineficiencia y falta de transparencia en la asignación y la aplicación de los recursos federales; y el incumplimiento de los objetivos de desarrollo social”, sentenció el órgano fiscalizador.
La ASF deploró, por ejemplo, que en 2015 persistieron “las deficiencias en el diseño” de la Cruzada Nacional Contra el Hambre (CNCH), la estrategia “estrella” de erradicación del hambre que lanzó y promovió la administración de Enrique Peña Nieto en los primeros dos años del sexenio.
Estas fallas “limitaron garantizar el acceso a la alimentación y a los demás derechos sociales a la población que se encontró en pobreza extrema alimentaria, así como la erradicación de dicha condición”, sostuvo el órgano fiscalizador.
En consecuencia, la CNCH sólo atendió a 60% de la población que padece hambre y dejó fuera a 2 millones 467 mexicanos. “La información reportada por la Sedesol en la Cuenta Pública de 2015 fue insuficiente para evaluar el cumplimiento de los objetivos de la CNCH”, deploró la ASF.
Desde el desplazamiento de Robles a la Sedatu, en septiembre de 2015, la Cruzada desapareció del aparato de propaganda gubernamental: Luis Miranda Navas, el actual titular de la Sedesol, nunca la menciona en sus escasas apariciones públicas, y la noticia más reciente del portal sinhambre.gob.mx tiene fecha del pasado 10 de noviembre.

Hacia un frente amplio



Pedro Miguel
La Jornada 
El régimen político mexicano tiene una probada y documentada capacidad para distorsionar la voluntad popular expresada en las elecciones. El escandaloso fraude a la antigüita perpetrado en 1988, la manipulación digital de los sufragios efectuada en 2006 y la compra masiva de votos a favor de Enrique Peña Nieto en 2012 son los ejemplos más relevantes y catastróficos para el país, pero no los únicos, de los métodos ilegítimos por los cuales el proyecto oligárquico neoliberal ha mantenido el poder presidencial durante más de un cuarto de siglo, complementados con guerras mediáticas contra la oposición, cooptación de disidencias, campañas de terror y hasta coerción armada a votantes en diversas regiones.
Pero estos mecanismos adulteradores no son eternos; están sujetos al desgaste propio del ejercicio del poder y especialmente a la erosión de la credibilidad que causan las acciones del gobierno y de una alianza electoral estratégica (aunque sus integrantes operen como adversarios tácticos en algunos comicios locales) que descansa en un pacto simple: mantener el modelo neoliberal, la corrupción y la impunidad. A cada nueva elección, y conforme avanza en la destrucción del país, la oligarquía neoliberal encuentra dificultades multiplicadas para mantenerse en el control de las instituciones, se reduce su margen de maniobra para desvirtuar el verdicto ciudadano y se le incrementan los saldos negativos de los comicios, tanto en derrotas como en fracturas cada vez más arduas de resanar.
En estas circunstancias es claro que mientras mayor sea el caudal de votos de un frente opositor ajeno al pacto mencionado menor será la capacidad del régimen para perpetuarse mediante un fraude. De allí la importancia de sumar la mayor cantidad posible de fuerzas, movimientos, organizaciones y personas a una propuesta de cambio de régimen, no sólo para revertir los intentos de adulterar la voluntad popular sino también para obtener un mandato con amplia legitimidad y respaldo que haga posible desarticular las espesas redes de complicidad y encubrimiento sobre las que descansa el control institucional del grupo en el poder.
Pero las razones por las cuales es necesario conjuntar un amplio espectro opositor en torno a Morena de cara al proceso electoral de 2018 van más allá de lo electoral: hasta noviembre del año pasado podía pensarse en la perspectiva de un frente popular que retomara el conjunto de las exigencias y reivindicaciones de los sectores marginados y depauperados por el modelo neoliberal y gobernar para todos desde una plataforma con un claro sentido social y popular. La llegada de Trump a la Casa Blanca y la manifiesta ofensiva contra México en la que está empeñado el nuevo gobierno de Estados Unidos obliga a repensar esa perspectiva y a cohesionar al país a fin de hacer frente a lo que se viene, lo que implica, a su vez, transitar de la idea de un frente popular a un frente amplio en el que tengan cabida sectores que hasta hace poco simpatizaban con (o formaban parte del) régimen neoliberal. Sólo de esa manera es posible auspiciar la necesaria unidad nacional que el actual gobierno está manifiestamente incapacitado para impulsar.
Es necesario, en suma, realinear a las fuerzas políticas, sociales y económicas del país en torno a un programa de gobierno diametralmente opuesto del que enarbolan quienes hoy en día hablan a nombre del Estado mexicano.
Ciertamente, ello obliga a los sectores populares a llevar el debate ideológico al interior de ese frente en formación y a establecer acuerdos con actores individuales y colectivos que hasta ahora les han sido adversos. Ello no significa diluir el objetivo de la regeneración nacional y mucho menos renunciar a él; se trata, en cambio, de darle viabilidad electoral y, posteriormente, institucional.
No son pocos los militantes de Morena que experimentan una marcada incomodidad ante el caudal de adhesiones que empieza a registrar el partido desde ámbitos políticos y empresariales que hasta ahora han sido vistos como adversarios. Muchas de esas adhesiones se perciben como acto de mero oportunismo y camaleonismo político y en algunos casos tal percepción es reflejo fiel de la realidad. Toca a esos militantes preservar los principios mediante la lucha
de ideas, echar mano de los mecanismos internos de fiscalización para impedir el contagio de prácticas políticas impresentables y tener claro que esta vez la unidad en torno a un proyecto político propio y opuesto al de las presidencias neoliberales.
Twitter: Navegaciones

Trump: la disputa por el relato



Luis Hernández Navarro
La Jornada 
Como candidato, Donald Trump derrotó por nocaut a los grandes medios de comunicación estadunidenses. Ahora se propone hacer lo mismo como presidente de Estados Unidos. En el centro del pleito se encuentra la definición de quién elabora la narrativa sobre el nuevo gobierno: si el magnate o la prensa.
Los ataques de Trump contra los medios han sido duros, a la cabeza y continuos. Sea a través de tuits o en conferencias con periodistas, el mandatario no da tregua. Un día dice que los medios se han convertido en gran parte del problema, parte del sistema corrupto, y otro afirma que el público ya no les cree. La prensa está fuera de control, el nivel de deshonestidad está fuera de control.
El presidente dispara indistintamente contra los medios electrónicos y los escritos. “Los medios con noticias falsas (los perdedores The New York Times, NBC, ABC, CBS, CNN) no son mi enemigo, son el enemigo del pueblo estadounidense”, escribió en un tuit. Ufano, asegura que muchos de los medios en Washington, junto con los de Nueva York y Los Ángeles en especial, no hablan para la gente, lo hacen para intereses especiales. La gente ya no les cree. Quizás yo tenga algo que ver en ello. No lo sé. Pero ya no les creen.
Al menos en este punto, Trump es consistente en sus convicciones. En 1981, acusaba: La prensa es mentirosa, está ahí para manipular a la gente y a eso se dedica.
Stephen K. Bannon, el hombre más influyente en el equipo presidencial, confirmó esta doctrina en una entrevista a The New York Times: Los medios de comunicación deberían estar avergonzados, sentirse humillados y mantener la boca cerrada. Deberían empezar a escuchar. Quiero que tome esta cita textual: los medios de comunicación son el partido de la oposición. Ellos no entienden este país. Todavía no entienden por qué Donald Trump es el presidente de Estados Unidos (https://goo.gl/mu4F2D).
Los golpes del presidente y su asesor contra los medios de comunicación llueven sobre mojado. Una encuesta de Gallup, difundida el 14 de septiembre de 2016, encontró que sólo 32 por ciento de los estadunidenses tienen mucha confianza en los medios de comunicación para reportar la noticia de manera completa, precisa y justa. Se trata del nivel más bajo en la historia de estos sondeos. Una caída de ocho puntos porcentuales con respecto al año pasado (https://goo.gl/e3ywhU).
Esta desconfianza hacia la prensa es aún mayor entre las personas de 18 a 49 años de edad. Sólo 26 por ciento se fían de la verosimilitud de lo que los medios informan.
La cobertura que muchos de estos medios han hecho sobre los gobiernos progresistas en América Latina muestra que no faltan razones para esta incredulidad. No pocos periódicos y cadenas televisivas se han comportado allí –tal como advierte Steve Bannon– como partidos de oposición alternos, y no han comprendido lo que sucede en la región. Su aparente objetividad está condicionada por su proclividad a favorecer la visión de los grupos empresariales afectados por las reformas y por los intereses estadunidenses en el área.
Claramente, existe una diferencia sustantiva en cómo la gente ve a los medios y cómo se ven ellos a sí mismos. Mientras éstos se asumen como un cuarto poder real, como un mensajero entre los que piensa y sienta la ciudadanía y el poder, los hombres y mujeres de a pie los consideran cada vez más como parte del establishment. Para muchos ciudadanos, no hay diferencias sustanciales entre los medios y la clase política.
Trump y su equipo se han apoyado en esta diferencia de percepción para imponer la narrativa sobre su gobierno. No importa si lo que el mandatario dice es falso o verdadero. Le valen gorro los valores clásicos del periodismo. Lo que le importa es que su relato sobre lo que él es y hace se imponga sin cortapisas. Y a sus seguidores les tiene sin cuidado si lo que dice es cierto o es mentira. Lo que quieren son palabras que les permitan reafirmar sus convicciones previas.
Durante su campaña electoral, el magnate se presentó como un no político e hizo de la comunicación directa, sin agentes mediáticos (pero contra ellos), el centro de su estrategia con los votantes. Tenía una reputación previa como empresario de éxito forjada en las páginas de tabloides y de shows de entretenimiento. Con una organización territorial eficaz, el uso de redes sociales y el dominio de las reglas del juego del mundo del espectáculo le dio la vuelta a la industria de la información y el entretenimiento. Hoy parece tenerla contra las cuerdas.
A pesar de que nunca lo tomaron con seriedad, los medios de comunicación fueron claves en el triunfo electoral de Trump. No porque hablaran bien de él, sino por la enorme cobertura gratuita que le brindaron. Lo hicieron por una razón muy sencilla: porque era negocio. Durante la campaña, CNN ganó 100 millones de dólares extras por informar y opinar ampliamente sobre Trump.
Según un informe de MediaQuant, en las elecciones primarias del Partido Republicano Trump contó con mil 898 millones de dólares en publicidad no pagada en distintas plataformas.
Sobre advertencia no hay engaño. Aunque el influyente Steve Bannon realmente no es leninista, se presentó en una entrevista con el historiador Ronald Radosh como un seguidor del revolucionario soviético. “Lenin –le dijo– quería destruir el Estado, y ese es también mi objetivo. Quiero que todo se venga abajo, destruir todo el sistema actual.” Obviamente, la prensa es parte de ese sistema.
A tuitazos, el beligerante Donald Trump avanza en la destrucción del viejo orden. Los grandes medios de comunicación tradicionales están en su mira. Ellos han reaccionado disparando ya sus más potentes descargas. Sin embargo, apenas parecen haberle hecho daño. Por lo pronto, el pleito sigue.
Twitter: @lhan55