La militarización es una realidad

Utopía

Eduardo Ibarra Aguirre

Con ningún presidente se realizó un cotejo tan estricto de sus compromisos de campaña con las tareas gubernamentales. Y menos aún en los primeros 50 días hubo una exigencia tan firme de cumplimiento por parte de los medios de comunicación, la oposición partidista y social. Por lo menos desde que tengo uso de razón (política) y que se remonta a Gustavo Díaz Ordaz (1964-70).

Se podría entender como nuevo signo de los tiempos políticos la ciudadanía más demandante e informada, y una sociedad civil más robusta, que por supuesto existen, pero el cotejo puntual y la demanda de cumplimiento tienen también como origen las nuevas formas de “resistencia” que pronto contarán con 20 millones de dólares de algunos de los dueños de México que se resisten a asumir y respetar la realidad que emergió formalmente el 1 de julio.

En el riguroso cotejo de compromisos de campaña –a cargo de los mismos comentócratas que en el primer semestre de 2018 explicaron que los candidatos ofrecen a los electores lo que éstos quieren escuchar y no lo viable–, destaca la presunta o real promesa de desmilitarizar la seguridad pública, “abrazos, no balazos”, recuerda Tatiana Clouthier que ofreció Juntos Haremos Historia, ahora gobernante, mas olvida la jefa de campaña del ahora presidente Andrés Manuel que en el libro La salida (2017) e instrumento programático del candidato, se contempla la Guardia Nacional.

El día 16 fue aprobada la trascendental reforma de la ley de leyes que hará posible la GC –integrada por las policías Federal, Militar y Naval– por 362 diputados de Morena, PRI, PT, PES, PVEM y cinco perredistas con una de las votaciones más altas para una reforma a la Constitución, que se logró con la presencia de la mayoría de los integrantes de las bancadas.

Desconozco los términos exactos de los artículos en los que la bancada de Morena cedió para contar con los votos del Revolucionario Institucional y seis del Partido de la Revolución, de un total de 11 que ofreció el coordinador del PRD, Ricardo Gallardo, en la Secretaría de Gobernación. En todo caso, las críticas sin matices y situadas en la militarización y su contrario, de parte de los que actúan y hablan a nombre de la muy manoseada sociedad civil, como si ésta no fuera diversa, no debieran omitir aquella circunstancia.

Falta, en todo caso, la opinión del Senado que muy probablemente atenderá las observaciones presidenciales anunciadas el día 17 y, por ello, volverá a debatirse en San Lázaro.

Simulación, militarización y hasta desmadre son los sonoros vocablos que más se escuchan por parte de expertos, comentócratas y voceros de ONG en un debate donde los matices son los grandes ausentes.

La militarización de la lucha contra el narcotráfico data de 1971, con la Operación Cóndor de Luis Echeverría Álvarez.

Generales en retiro, pero en conexión directa con Secretaría de la Defensa Nacional, tuvieron en el sexenio de Ernesto Zedillo el mando de los cuerpos policiacos de más de la mitad de los estados del país y concentraban un mayor número de elementos que la Sedena y una capacidad de fuego superior a los agrupamientos policiales con mandos civiles.

Para no hablar de Vicente Fox y sus desfiles militares en las ciudades conflictivas, la guerra de Felipe Calderón, continuada en lo esencial por Enrique Peña.

La militarización no es una amenaza, aquí está y de lo que se trata es de contar con el mejor marco jurídico para que la GN haga frente con una respuesta extraordinaria al grado de violencia del país, donde cada 20 minutos se asesina a una persona y ciertamente “La inmovilidad cuesta vidas”.

Acuse de recibo

Falleció la primera geóloga egresada del Instituto Politécnico, activista política (1968) y social, docente e impulsora de la liberación de los presos políticos y la soberanía energética, María Fernanda (Chata) Campa Uranga. Hija del ilustre dirigente comunista Valentín Campa y de Consuelo Uranga –pionera feminista, organizadora de mineros y olvidada por las izquierdas–, María Fernanda contribuyó al sostenimiento de Forum en Línea. ¡Muchas gracias! Un cariñoso abrazo para Manuela Álvarez Campa… El ayuno sana, rejuvenece y libera, de Víctor Manuel Zendejas Orozco, fue presentado por el autor al Grupo María Cristina. La edición es del Centro de Estudios Mesoamericanos, 2018, 199 páginas, y fue revisada por Jesús Delgado Guerrero… Está en circulación el número 3 de La Digna Metáfora, en su nueva época… Usted puede leer en Forum: Pemex: Presiones de trasnacionales a la vista (Pablo Cabañas Díaz). Los contratos colectivos de protección, “vergüenza mundial”: Saúl Escobar (Genaro Rodríguez Navarrete). El del 68 sí fue movimiento popular: AMV (Carlos Ramírez). Arnoldo Martínez Verdugo, un comunista democrático (José Ángel Leyva). Rosa Luxemburgo: mujer, marxista, pacifista (Joaquín Estefanía). Política migratoria humanitaria (Genaro Rodríguez Navarrete). Alfaro niega ola de feminicidios en Jalisco (Analy S. Nuño). Enlace:

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Terminar con el neoliberalismo, el camino más corto al socialismo

Editorial de Fragua

El neoliberalismo no se acabará por decreto, sólo por declarar que éste será el último sexenio de una política económica que nos ha desangrado y saqueado como pueblo trabajador y explotado en la ciudad y en el campo. Para terminar definitivamente con el neoliberalismo tendríamos que destruir o barrer con sus pilares fundamentales:

1. La política de privatización, despojo y sobreexplotación que impulsa la burguesía. 2. El terrorismo de Estado, cuya ejecución es realizada por las fuerzas armadas, policiacas y paramilitares, verdugos del pueblo. 3. La alta burocracia que como parásito ha vivido del dinero que se le arranca al pueblo vía impuestos y que trabaja entre altos puestos en el gobierno y en las empresas privadas. 4. Los integrantes del Poder Judicial, principalmente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), quienes nunca cuestionaron todas las reformas neoliberales que violaban la Constitución y que legalizaron la privatización, la sobreexplotación, la represión y la impunidad para los autores de esa política neoliberal tan dañina.

Para que el neoliberalismo no continúe predominando como política económica debemos organizar y movilizar al pueblo para derribar estos cuatro pilares y explicar, todas las veces que sea necesario, que no basta ni la buena voluntad ni los cambios a medias; porque la burguesía y sus fuerzas armadas y paramilitares hoy se pueden “portar bien” (hasta cierto punto) y hacer concesiones mínimas, como el alza de 14 pesos al salario mínimo, para no ceder en lo fundamental y esperar así seis años para después regresar e imponer su venganza a todo el pueblo, otra vez.

Sería necio de nuestra parte no reconocer que ciertas medidas tomadas por el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) han tocado ciertos intereses de esos cuatro pilares. Como ejemplo podemos tener la medida de que ningún funcionario público gane más que el presidente y la rebelión inmediata de los ministros de la SCJN, quienes se niegan a dejar de ganar casi 600 mil pesos mensuales y a dejar de ser un grupo de parásitos vividores del erario público. Ahí en la SCJN se ha atrincherado la posición más neoliberal por parte de quienes supuesta- mente vigilan que no se viole la Constitución por otros poderes del Estado; invocan a la división de poderes, a evitar su centralización; mientras varios analistas al servicio de la burguesía presentan esta rebelión como una batalla por el control político de la SCJN, cuyo verdadero fin es la imposición de una dictadura personal de AMLO.

Hasta el día de hoy hay 15 mil amparos de personas que no desean ganar menos que el presidente: los vividores se defienden y se aferran como garrapatas a la carne que las alimenta hasta reventar.

Esta medida también hizo evidente que no sólo los ministros de la corte ganan esa enorme cantidad de dinero, sino que los rectores de varias universidades (UNAM, IPN, UAM, entre otras) también ganaban cerca de 200 mil pesos al mes (y eso es lo que se sabe públicamente). Pero ellos, antes de que la rebelión de estudiantes, profesores y trabajadores de las instituciones tomara forma y se cuestionara cómo gestionan y malversan los fondos públicos, decidieron, como tocados por el rayo de la honradez, bajarse sus sueldos.

Y esto es sólo acerca de lo que se sabe, porque en el IMSS, en el ISSSTE, en Pemex existen altos funcionarios cuyo sueldo es secreto, pues de echo se le llama nómina secreta y así está establecida legalmente.

Pero también estaríamos ciegos si no viéramos que la rebelión de la alta burocracia no significa que se haya tocado el nervio de la burguesía, de esa minoría rapaz sin “llenadera” que, por el momento “muy bien portada”, ataca al actual gobierno desde sus medios de comunicación y sus periodistas a sueldo y hace mínimas concesiones como para congraciarse ante el pueblo por el enojo de éste al conocer el tamaño de la desgracia nacional y la magnitud del horror en que han sumido a la mayoría del pueblo.

El combate a la corrupción y la política de austeridad republicana no han alcanzado ni a la burguesía ni a las fuerzas armadas. Ese hecho es importante señalarlo, porque la impunidad lejos de alcanzar el deseo irrealizable de la conciliación entre las clases sociales, fortalece a los empresarios parásitos y verdugos al mismo tiempo y a la columna vertebral de la injusticia: las fuerzas armadas y paramilitares.

En tan poco tiempo de ejercicio del nuevo gobierno puede parecer aventurado afirmar que no será éste quien se atreva a socavar los pilares del neoliberalismo hasta sus últimas consecuencias, pues eso significaría socavar los pilares del sistema económico y social capitalista y porque el mismo AMLO jamás ha declarado luchar contra el capitalismo. Sin embargo, así lo pensamos, y pensamos también que la tarea de socavar los pilares del neoliberalismo hasta las últimas consecuencias y por la vía de los hechos es tarea de quienes tienen por objetivo también superar el modelo capitalista de sociedad que se nos ha impuesto, es decir, de los socialistas y comunistas.

Esta complicada y hasta contradictoria realidad nos impone tener la capacidad, la iniciativa, la creatividad y la audacia para no separar la lucha por nuestro programa mínimo de lucha de aquella por alcanzar nuestro programa máximo.

El programa mínimo son las medidas económicas y políticas realizables dentro del capitalismo para mejorar las condiciones materiales de vida del pueblo. Para enarbolar y luchar por un programa mínimo debemos primero adecuarlo a las nuevas circunstancias económicas y políticas que la realidad nos impone, ya que el programa mínimo intenta expresar las necesidades más sentidas del pueblo en todos los terrenos y al mismo tiempo liga estas necesidades inmediatas a la necesidad histórica de superar el capitalismo y construir el socialismo, que es el programa máximo.

No debemos confundir la necesidad de socavar los pilares del neoliberalismo hasta sus últimas consecuencias, el cual sería un punto del programa mínimo, con la toma de los grandes medios de producción en manos de la burguesía financiera trasnacional, que sería un punto del programa máximo; pero tampoco debemos entender estas medidas como separadas, sin relación, o aplicables de forma mecánica: o la una o la otra, porque el programa mínimo, aunque no rebasa el marco del capitalismo, crea las condiciones económicas y políticas para transitar al socialismo!

¡Contra la explotación, el despojo y la represión; resistencia, organización y lucha por el socialismo!

¡Destruir el neoliberalismo; construir el socialismo!

Nota:

Este artículo fue publicado como parte de la sección EDITORIAL del No. 39 de FRAGUA, órgano de prensa de la Organización de Lucha por la Emancipación Popular (OLEP), Enero-Febrero 2019. 

El otoño del jerarca

Romero Deschamps hizo de la corrupción un modus operandi. Construyó un imperio criminal que trascendió fronteras. Ingresó al listado de los 10 más corruptos de México. Fue intocable entre intocables. Es hora de que enfrente la justicia.

El otoño del jerarca
Por Dolia Estévez

Washington, D.C.— Solapado por los gobiernos de Ernesto Zedillo, Vicente Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, el otrora poderoso líder sindical Carlos Romero Deschamps hizo de la corrupción un modus operandi. Construyó un imperio criminal que trascendió fronteras. Robó fondos del erario mexicano no sólo en México sino en Estados Unidos. Ingresó al listado de los 10 más corruptos de México. Fue intocable entre intocables. Pero la  llegada de un Presidente que ha prometido limpiar al país de corrupción, puede ser el preludio de un gran final. Romero Deschamps es vulnerable.

La semana pasada, el dirigente del Sindicato de Trabajadores de la República Mexicana (STPRM) se amparó para evitar cualquier detención relacionada con su posible implicación con el huachicol, pese a que todavía no hay demanda contra él por parte del gobierno. Andrés Manuel López Obrador aseguró que su gobierno no ha interpuesto ninguna denuncia penal contra Romero Deschamps, aunque se están investigando “todos” los que intervienen en las actividades que dan lugar al robo de combustibles (01/15/2019, Conferencia de prensa).

Lo que sí hay es una acumulación de graves denuncias penales por parte de trabajadores disidentes de Petróleos Mexicanos (Pemex). Desde 2004, Romero Deschamps ha sido denunciado en el marco del Pemexgate, la desaparición de fideicomisos, conflicto de interés y por huachicoleo. Pero los gobiernos de Fox, Calderón y Peña Nieto dieron carpetazo a los documentos con pruebas potencialmente incriminatorias (01/17/2019, SinEmbargo).

Las denuncias contra Romero Deschamps no se limitan a territorio nacional. En Estados Unidos fue enjuiciado por un multimillonario fraude contra Pemex, según documentos judiciales. En 2014, un jurado en Texas declaró culpable de fraude al STPRM y a su líder. Determinó que un viejo fallo por 92 millones de dólares por incumplimiento de contrato con la extinta firma estadounidense Arriba, era válido y debería acatarse de inmediato.

En 2000, Romero Deschamps y Rogelio Montemayor, entonces director de Pemex, firmaron dos convenios mediante los cuales Pemex entregó al líder sindical 980 millones de pesos para que saldara las cuentas pendientes con Arriba en Estados Unidos. La empresa nunca vio un centavo de ese dinero.

Página con las firmas de Romero Deschamps y Rogelio Montemayor, parte de dos convenios en 2000 mediante los cuales Pemex entregó al líder millones de pesos para que saldara cuentas pendientes en Estados Unidos por un fallo en su contra.

Romero Deschamps no sólo se transó a la empresa que lo demandó sino al abogado del Sindicato. Carlos A. Ryerson, representante legal del STPRM en Estados Unidos, declaró bajo juramento que en los noventa viajó a México para recoger un pago por 3.5 millones de dólares por concepto de servicios prestados. Sólo recibió un millón de dólares. El resto, afirmó, se lo embolsaron frente a sus ojos Romero Deschamps y secuaces. Ryerson declaró haber visto a Romero Deschamps y dos cómplices contar 2.5 millones de dólares en la sucursal de Banamex en el Centro Histórico y repartirse el motín entre ellos. Sostuvo que no era la primera vez que Deschamps se robaba dinero asignado al pago de servicios legales en Estados Unidos. El expediente completo de la demanda civil (No. 1985-34446-AC) está disponible en la Corte de Distrito 281 en el Condado Harris de Texas.

Gracias al juicio en Texas, también se supo que una porción de los fondos de Pemex destinados a Arriba fue depositada en un banco en Nueva York. En 2002, las autoridades estadounidenses decomisaron 44 millones de dólares que fueron vinculados al Pemexgate, como se le conoció al escándalo mediante el cual Pemex desvió dinero para la candidatura del priista Francisco Labastida.

La deuda con Arriba se estimó entre 426 y 1.4 millones de dólares, dependiendo de los intereses acumulados en 30 años de litigio. Tras la ratificación del fallo, los abogados de Arriba quedaron en libertad de iniciar el proceso de confiscación de bienes fuera de México pertenecientes a Romero Deschamps. Abrieron pesquisas para encontrar los activos a su nombre y del  STPRM en Estados Unidos.

Según informes de prensa, Romero Deschamps y sus hijos, José Carlos y Paulina Romero Durán, así como altos funcionarios del Sindicato, compraron bienes y activos en Estados Unidos y otros países presuntamente con fondos malversados al Sindicato. En 2013, el diario Reforma informó que el hijo –famoso por conducir un Enzo Ferrari rojo, edición limitada, con costo de 2 millones de dólares, obsequio de Romero Deschamps–es dueño de dos departamentos en un condominio de lujo en Miami Beach, por el que pagó 7 millones 550 mil dólares. También se les atribuyeron propiedades en Las Vegas, Houston y Dubái. En 2012, Paulina hizo alarde de una vida suntuosa y frívola, con viajes en jet privado y bolsos Hermes de 12 mil dólares. Se desconoce si hubo confiscaciones. Las inmuebles producto de la corrupción generalmente no están a nombre de sus verdaderos dueños sino de empresas fantasma y prestanombres.

***

Romero Deschamps es sinónimo de corrupción. A lo largo de su negra historia ha dejado una secuela peculado, abuso de poder, transas y extorción, y muchas victimas. Los tribunales estadounidenses quedaron impotentes ante el largo brazo de la impunidad mexicana. Pese a los fallos y pruebas en su contra, no ha pagado por un solo delito. Roberto Deschamps es un delincuente. Hay pruebas de sobra. Es hora de que enfrente la justicia.

Twitter: @DoliaEstevez

Por Dolia Estévez
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Estado huachicol

Pablo Gómez

El robo de hidrocarburos no ha sido efecto de unas bandas delincuenciales que lograban eludir la vigilancia de la autoridad. Ya se ha visto y comentado con amplitud. Es preciso, por tanto, examinar el asunto desde el ángulo del Estado, su estructura y sus formas de gobernanza.

El robo de gasolinas, así como de otros muchos bienes públicos, es parte del funcionamiento del Estado corrupto y sus maneras de gobernar a través de la corrupción directa y el reparto de canonjías, fondos, bienes y resoluciones gubernativas, legislativas y judiciales, a favor de personas con quienes se gobierna, funcionarios y líderes de organizaciones sociales.

El huachicol es una expresión radiografiada de ese Estado corrupto que ha existido en México desde los años cincuenta del siglo XX. La organización estatal funciona mediante repartos, de tal manera que se conforma un sistema de distribución de riqueza pública. Al mismo tiempo, opera mediante la adjudicación de funciones en las cuales es posible el cobro de sobornos.

Bajo este método de gobernar, la corrupción baja hasta los eslabones más finos de la sociedad. Ya no sólo el Estado es corrupto sino que muchas personas entran en contacto con la corrupción y de alguna manera admiten ese funcionamiento estatal.

No existe otro país en el que durante lustros hubiera sido robada todos los días una gran parte del combustible hasta el grado de construir un sistema. Hay muchos expendios que vendían más gasolina robada que la recibida legalmente de Pemex. La corrupción oficial se convertía en privada. Los expendedores recibían un grato descuento pero tenían que aceptar como algo normal y cotidiano que los funcionarios públicos siguieran robando a la nación, sencillamente porque así eran las cosas.

Al mismo tiempo, los transvasadores de los ductos tomaban el combustible de válvulas y vías paralelas construidas o toleradas por empleados y funcionarios de la paraestatal petrolera.

El producto ilegal de las ventas de gasolina se tenía que repartir entre todos los integrantes de la industria del huachicol.

El gobierno estaba al tanto con detalles de ese saqueo, en el cual también participaba la policía. El huachicol ha sido una actividad de Estado.

Cuando se abran al público los mecanismos ilegales imperantes en energía eléctrica y otros bienes y servicios se verá que el problema no se ha limitado a Pemex.

El sistema político de la corrupción que hemos llamado Estado corrupto no es un fenómeno circunstancial ni corresponde a una u otra administración. Como parte integrante de la forma de gobernar, la corrupción ha permeado todo el entramado político y el espacio público. No existe ámbito en el cual la corrupción no se exprese de alguna manera y, por tanto, por lo regular, es ampliamente conocida.

La tolerancia social a la corrupción no sólo ha tenido su base en el reparto de beneficios y en las facilidades que se otorgan, sino principalmente en la ausencia de un relevo en el poder que tuviera como una de sus motivaciones justamente la de desmontar el Estado corrupto. Ahora, por fin, tenemos un gobierno que asume, como parte relevante de su programa, el acabar con la corrupción.

Las tareas políticas para superar el Estado corrupto son muy grandes y diversas, pero todas deben cumplirse. Si no fuera así, el aparato estatal volvería una y otra vez sobre sus mismos pasos, aquellos métodos ampliamente conocidos y arraigados.

No hay derecho de fallar.

http://pablogomez.org/wordpress1/?p=994

Prensa México viernes 18 enero 2019

PRINCIPALES NACIONALES:::

En el diario Reforma: Centraliza Gobierno reparto petrolífero. El Gobierno federal prepara un órgano desconcentrado especializado en distribución y transporte de petrolíferos.

En El Universal: Por fallas, Pemex cobra menos. Fallas en los sistemas de medición que se utilizan para registrar los volúmenes de petróleo y condensados que se sacan de pozos en regiones marinas y se entregan para su exportación, pueden estar siendo aprovechadas por funcionarios de Pemex para que buquetanques carguen más de lo que facturan.

En el Excélsior: Indagan a 42 firmas por robo de gasolina. El gobierno ha congelado cuentas al menos a 42 empresas que operan con indicios de participar en el huachicoleo.

En La Jornada: AMLO, inconforme por cambio sobre la Guardia Nacional. El Presidente Andrés Manuel López Obrador expresó su insatisfacción por los términos en que se aprobó en la Cámara de Diputados la reforma constitucional que crea la Guardia Nacional.

En La Razón: Cuantifica CFE robo de luz en 25 mmdp; hay 75 mil diablitos. En el país hay 75 mil 455 tomas ilegales de luz, mejor conocidas como diablitos, y la zona norte es donde se concentra el mayor número de estos ilícitos. De acuerdo con datos proporcionados por la Comisión Federal de Electricidad (CFE) a través de una solicitud de transparencia, la División Norte es la que encabeza la lista.

SECUNDARIAS NACIONALES:::

En el Reforma: Masificará CDMX colectores de lluvia. Con un presupuesto de 200 millones de pesos, la CDMX detonará la instalación masiva de colectores para almacenar agua de lluvia en viviendas con problemas de abastecimiento convencional

En El Universal: No subí a tribuna con mi bebé por reflectores: senadora. Para la senadora Cecilia Márquez Alvarado (PAN), la maternidad no es un show, y mucho menos un acto con el que se pueda lucrar, por el contrario, defiende su derecho de subir a la máxima tribuna con su bebé de dos meses de nacida, sin que ello signifique buscar una foto.

En el Excélsior: Senado enmendará la plana a diputados por omisión en Guardia. El Senado ajustará la reforma que crea la Guardia Nacional para definir mejor la permanencia de los militares en tareas de seguridad, mientras nace formalmente la nueva corporación.

En La Jornada: Ingresa a México nueva caravana con casi mil migrantes de CA . La directora general de Control y Verificación Migratoria del Instituto Nacional de Migración (Inami), Ana Laura Martínez de Lara, informó que 969 migrantes centroamericanos de una nueva caravana ingresaron a México ayer de manera regular para solicitar la entrega de una tarjeta por razones humanitarias.

En La Razón: Le descompone Morena a AMLO reforma para la Guardia Nacional. El Presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, Mario Delgado, aseguró que los contenidos de la reforma para la Guardia Nacional, son los que generaron consenso, aunque puede ser mejorada en un extraordinario.

FOTOS:::

En el Reforma: Cruzan en orden. Integrantes de la caravana migrante ingresaron al País a través del Río Suchiate, para iniciar el trámite de regularización por razones humanitarias en México. Los indocumentados recibieron brazaletes para esperar respuesta a sus solicitudes.

En El Universal: Las frases de amor y desamor de la amante de “El Chapo” en el juicio. La mañana de este jueves, la corte de Brooklyn fue el escenario de una historia de contrabando y traición.

En el Excélsior: El terror regresó a Colombia. Un coche bomba estalló en una academia policial de Bogotá, dejando además 65 heridos. Esta modalidad de ataque fue común en ese país durante los años 80 y 90.

En La Jornada: Investigan a 114 empresas por huachicoleo y lavado. El general Luis Sandoval González, titular de la Sedena, detalla la acción aérea y terrestre que evitó que el ducto Tuxpan-Azcapotzalco fuera perforado en la madrugada de ayer jueves por huachicoleros. En la conferencia, el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que aumentará la cifra de soldados en la vigilancia de la red de suministro.

En La Razón: Identifican al agresor suicida como explosivista del ELN, guerrilla con presencia en la frontera con Venezuela; detonó carga explosiva en escuela de cadetes; Duque pide unión nacional.

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Fuente : SinEmbargoMX

Premian a reporteras por labor en Derechos Humanos de niñas y adolescentes

 Hazel Zamora de Cimacnoticias, una de las galardonadas

Latinoamérica es la única región en el mundo en la que los partos en menores de 15 años se han incrementado, y el escenario para las niñas mexicanas es más que preocupante, destacaron representantes de Ipas, organización que aboga por los derechos sexuales reproductivos de las mujeres.

Las cifras presentadas en su último informe “Violencia sexual y embarazo infantil en México”, basadas en encuestas nacionales del Instituto Nacional de Estadística y Geografia, entre otras, mostraron que los nacimientos alcanzaron su cifra más alta en 2016, con 11 mil 808 nacimientos en niñas de 10 a 14 años. En 2003, fueron 7 mil 277.

La coordinadora de política y abogacía de Ipas México, Fernanda Díaz de León, explicó que Ipas cruzó las estadísticas de diferentes fuentes para analizar la situación en que se dan los embarazos infantiles, y el hallazgo principal fue que no son resultados de una decisión deliberada, sino de violencia sexual.

Las niñas fueron obligadas, coercionadas o manipuladas por un adulto, usando el chantaje, la manipulación y las amenazas. 41 por ciento de las niñas entre 10 y 14 años que tuvieron un hijo o una hija, reportaron que el hombre tenía entre 18 y 54 años. Sólo en 2 por ciento de los casos, el padre era menor de 15 años.

En 35 por ciento de los casos no se especificó la edad de la pareja, eso, según Díaz de León, porque en muchos casos los agresores de las niñas son personas que ella conoce, familiares o vecinos. Además, en muchos casos las niñas que presentan un embarazo se encuentran en un estado de vulnerabilidad.

Según la Encuesta sobre la Dinámica de Relaciones en los Hogares (Endireh), 2016, 93 por ciento de quienes reportaron haber tenido su primera relación sexual entre los 5 y 9 años, dijo que no la consintieron. “¿Pero qué pasó con el otro siete por ciento?” preguntó la abogada de Ipas, y argumentó que eso significaría que no estaban en condiciones para reconocer la violencia hacia ellas como tal.

Lo mismo podría aplicar para el grupo de mujeres que tuvieron su primera relación entre los 10 y los 14 años, de las cuales 6.7 por ciento dijeron que no la consintieron. Díaz de León dio el ejemplo del Estado de México como uno de los más preocupantes al nivel nacional, y donde la violencia hacia las mujeres y niñas sería mucho más común.

“Si a eso agregas la falta de acceso a la justicia, hasta hace poco las niñas tenían que acudir acompañadas de un adulto para poder iniciar la denuncia”, pero en muchos casos, serían los mismos agresores que las acompañan, por lo tanto, “tenían nulo acceso a la justicia”, narró  la experta. De acuerdo con la CEAV, se calcula que sólo uno de cada 10 delitos sexuales que se cometen anualmente es denunciado.

El Estado de México ocupa el tercer lugar a nivel nacional en número de nacimientos de niñas de 10 a 14 años, con 763 casos, 3 por ciento del total de nacimientos en 2017. Por encima, sólo estaban Jalisco con 793 casos y Chiapas con 781.

Además, habría otra cifra alarmante, detallaron las expertas de Ipas: En el Estado de México, sólo en 2017, 2 mil 916 niñas de entre 10 y 14 años fueron atendidas en las unidades de la Secretaría de Salud por causas de violencia física, sicológica y sexual.

El personal de Salud, en palabras de Díaz de León, muchas veces no sabría cómo actuar ante una niña embarazada de 11 años. Voltearían para no ver la situación. En este caso, sería importante tener un protocolo exacto y específico de cómo actuar, también para darle seguridad al personal de salud, indicaron.

En el sector de la educación, lamentaron que en la mayoría de las escuelas no se imparta educación sexual. Y en el caso de las niñas, detalló la abogada, no se trata de educar sobre anticonceptivos o relaciones sexuales consentidas, sino de reconocer su cuerpo e identificar tocamientos inadecuados o agresión sexual.

A los medios de comunicación, hizo un llamado de reportear con responsabilidad, desestigmatizar y presentar la información en forma que no revictimice a las menores de edad. En este marco, Ipas reconoció el trabajo de varias periodistas quienes se adhirieron a estos principios.

Las reporteras Hazel Zamora Mendieta, de Cimacnoticias, Alicia Rivera, del periódico Milenio, y Norma Vásquez, de Reflexión 24, fueron reconocidas por la organización IPAS por su labor para informar con respeto a los Derechos Humanos de las niñas y adolescentes cubriendo todos estos principios.

CIMACFoto: Sonia Gerth

Por: Sonia Gerth

Cimacnoticias | Ciudad de México.- 

Los presos políticos de Peña, en la “Cuarta Transformación”

Enrique Guerrero Aviña, uno de los presos políticos del gobierno de Enrique Peña Nieto. Foto: Especial

Por Arturo Rodríguez García  (apro).- A finales de diciembre, de manera casi desapercibida, Damián Gallardo Martínez y Enrique Guerrero Aviña, fueron liberados. Un desistimiento hizo posible que sortearan las imputaciones que el gobierno de Enrique Peña Nieto les hizo para mantenerlos en prisión, luego de ser detenidos en el contexto de las protestas contra la Reforma Educativa.

Ambos iban a cumplir seis años desde su detención ocurrida el 17 de mayo de 2013 y sus casos son considerados emblemáticos del proceso represivo que llegó con el regreso del PRI a la Presidencia de la República, debido a las graves violaciones a derechos humanos que –señaladas por organizaciones nacionales y extranjeras primero, y por la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) después– incluían todo un catálogo de irregularidades.

El caso de Enrique Guerrero –joven estudiante de Filosofía en la UNAM y miembro del colectivo Liquidámbar, así como del taller de teatro “Carlos Montemayor”–, es ejemplo de la forma en la que la pasada administración fabricó culpables entre el movimiento social, resolviendo de pasada, un crimen de alto impacto como lo fue el secuestro de dos sobrinos de Gerardo Gutiérrez Candiani, entonces presidente del Consejo Coordinador Empresarial y muy cercano a la elite peñanietista que, inclusive, quiso hacerlo gobernador de Oaxaca tiempo después.

Enrique fue detenido a tiros sin ir armado; no había orden judicial ni flagrancia; presentó lesiones por tortura y, también como solía ocurrir en casos similares, fue objeto de exhibición, mediante la filtración de versiones no confirmadas y fotografías. El caso fue armado con alegatos inverosímiles.

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Jamás pudieron establecer su participación acreditando modo, tiempo y lugar; hubo contradicciones claras entre la versión acusatoria y la probanza pericial, entre otras irregularidades.

Guerrero Aviña fue uno de los 12 detenidos –entre otros, dos profesores de la Sección 22 del CNTE y varios simpatizantes del movimiento magisterial– por ese asunto y, tan irregular era su caso que, el relator especial de Naciones Unidas sobre Tortura, Tratos Crueles, Inhumanos y Degradantes, lo consideró un ejemplo de la descomposición del sistema mexicano, luego de que la historia fuera presentada por el Centro de Derechos Humanos “Fray Francisco de Vittoria” en 2015.

Hace un año, la CNDH emitió una recomendación por el asunto aunque de poco sirvió, pues la Procuraduría General de la República, mantuvo las acusaciones.

Acusar a los dirigentes sociales contestatarios en general y magisteriales en particular, por crímenes graves, fue una constante del sexenio peñanietista. Por ejemplo, un mes antes de que Damián Gallardo y Guerrero Aviña obtuvieran su libertad, el profesor Óscar Hernández Neri, consiguió una sentencia absolutoria, luego de pasar casi cinco años preso, acusado en su caso del asesinato de una profesora de la preparatoria en la que era director en Chicoloapan. Hernández Neri era, en 2013, un actor central en la oposición a la Reforma Educativa en la zona más populosa del Estado de México, incómodo que fue para el gobierno de Peña Nieto como para su sucesor, Eruviel Ávila.

Prácticamente todos los presos reivindicados por la disidencia magisterial han quedado libres de finales de noviembre a la fecha, la mayoría, como parte del proceso de amnistía –así sea de hecho—que comprometió en campaña López Obrador.

Pero la lista de presos políticos sigue siendo amplia y quizás, una de las reservas que puede tenerse hoy, es por el choque de intereses de un movimiento social con los de hombres y mujeres poderosos de la llamada “Cuarta Transformación”.

Un ejemplo es el caso del yaqui Fidencio Aldama, opositor a un gasoducto y preso por un presunto homicidio. Se trata de un opositor a una obra de infraestructura de IEnova, que encabeza una prima de la secretaria de Medio Ambiente, Josefina González Blanco Ortiz Mena, y por cuyo caso no se conoce avance alguno.

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Jugar con fuego

                                                                                 

En la decisión de combatir el huachicoleo, AMLO se juega buena parte del bono de confianza que tuvo en las elecciones. Foto: Miguel Dimayuga

Por José Gil Olmos  (apro).- En la decisión de combatir el robo de combustible a Petróleos Mexicanos, mal llamado huachicoleo, el presidente Andrés Manuel López Obrador se juega una buena parte del bono de confianza que tuvo en las pasadas elecciones.

También juega con fuego porque enfrenta no sólo a quienes lo hurtan clandestinamente, sino también al crimen institucionalizado que se ha enriquecido al amparo del poder gubernamental e incita el ánimo de una buena parte de la sociedad que ya muestra enojo por el desabasto de la gasolina.

La falta de una estrategia política, social y de comunicación del gobierno de López Obrador para amortiguar los impactos de una decisión que no quisieron tomar los últimos tres presidentes –Vicente Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto –, ha sido utilizada por sus adversarios para crear una campaña de desprestigio y de percepción negativa, haciendo creer a la población que habrá una crisis económica, financiera, energética y hasta alimentaria, comparable con las que han sufrido Venezuela y Cuba en sus peores momentos.

Sin embargo, lo que en las redes sociales se propala como el inicio del apocalipsis o una guerra por la gasolina como en las películas de Mad Max, en amplios sectores de la sociedad, en el ánimo de los ciudadanos de a pie o, mejor dicho, de los automovilistas, el desabasto del combustible se considera como un mal necesario para combatir la corrupción y dan su respaldo a López Obrador. Pero la paciencia tiene fecha de caducidad.

La decisión de López Obrador de recuperar a Pemex y poner un alto a la ordeña del combustible afecta uno de los negocios más lucrativos para el crimen organizado que no pudo haber crecido tanto sin la connivencia en los sexenios pasados de los altos funcionarios de la presidencia de la República, Pemex y de las secretarías de Hacienda y Economía, pasando por la Procuraduría General de la República.

Según las cifras oficiales, en el 2002 el robo de combustibles fue de 12 mil millones de pesos y para el 2018 alcanzó los 60 mil millones de pesos. Es decir, creció 500% este negocio abonado por una red de corrupción y complicidades de funcionarios gubernamentales que se enriquecieron de esta multimillonaria ganancia.

De acuerdo a la Unidad de Inteligencia de la Secretaría de Hacienda entre el 2017 y 2018 se detectó en una primera investigación un lavado de dinero por 10 mil millones de pesos que podría aumentar hasta 45 mil millones.

El presidente Andrés Manuel López Obrador reconoció que se está enfrentando a grupos de poder que quieren jugar a las vencidas con el gobierno una vez que se estableció la estrategia de cerrarle la llave del enriquecimiento ilícito a quienes diariamente se roban el combustible, no sólo de los ductos, sino de las propias tomas que hay en las instalaciones de Pemex consideradas de seguridad nacional.

Este grupo del crimen institucionalizado tiene tentáculos en muchas áreas gubernamentales y de justicia que los protege de cualquier amenaza de investigarlos. También en las redes sociales donde han desplegado una campaña de temor y rencor en amplios sectores de la sociedad afectados por la escasez de combustibles.

En este escenario López Obrador se juega una buena parte del voto de confianza que obtuvo en la elección y de su propio gobierno. Si logra tener éxito, aunque sea relativo, mantendrá un margen de maniobra para sus siguientes objetivos. En caso contrario no sólo perderá la confianza ganada, sino que nadará a contracorriente el resto de su sexenio con pocas probabilidades de concretar su cuarta transformación.

Por cierto…  Pemex cumple 86 años, cuenta con seis refinerías, ocho complejos petroquímicos, nueve complejos procesadores de gas, 83 terminales terrestres y marítimas, así como poliductos, buques, carros tanque y autos tanque, para abastecer a más de 10 mil estaciones de servicio a lo largo de nuestro país. Es un tesoro preciado que no será fácil quitárselo al crimen organizado e institucionalizado, al Cartel de los Huachicoleros.

¿Wall Street respalda a López Obrador contra el huachicoleo?

Edgar A. Valenzuela

Abstract: La estrategia de combate al robo de combustibles emprendida por el gobierno de López Obrador ha generado una crisis de escasez en el centro de México. Pese a las advertencias lanzadas por algunos actores internos sobre los impactos negativos que podría causar la medida, Wall Street y el FMI han salido a respaldar al gobierno mexicano. Ello puede delatar que nos encontramos en presencia de dos posibles escenarios interconectados entre sí: las petroleras planean aprovechar la coyuntura actual para apuntalar sus intereses; el gobierno mexicano y los agentes de peso en Estados Unidos llegaron a un acuerdo para el sector.

Hechos 

1. Empresas estadounidenses compran huachicoleo. 

En junio de 2010, Pemex presentó una serie de demandas contra empresas estadounidenses por comprar combustible robado de sus instalaciones. La batalla judicial emprendida a raíz de una investigación realizada en conjunto con las autoridades estadounidenses, evidenció que las demandadas (entre las que se encontraban Murphy Energy Co., Trammo Petroleum y la gigante Shell) sabían que el combustible que compraban había sido sustraído de forma ilegal de las instalaciones de Pemex en la Cuenta de Burgos por cárteles mexicanos de la droga.

(Fuente: Demanda Pemex a empresas de EU por robo de condensado. Diario La Jornada, 8 de junio de 2010. Consultado en: https://bit.ly/2HaDmUE ) 

2. FMI respalda estrategia de AMLO. 

El pasado 10 de enero, Alejandro Werner, director del Departamento del Hemisferio Occidental del Fondo Monetario Internacional (FMI), declaró que la campaña contra el robo de combustibles lanzada por el presidente López Obrador mejorará las finanzas públicas y envía una señal positiva sobre el estado de derecho en México, hecho que generará incentivos para la inversión.

Las declaraciones de este personaje fueron interpretadas por diversos analistas como un respaldo del FMI a las medidas emprendidas por el gobierno lopezobradorista.

(Fuente: Estrategia contra huachicoleo fortalecerá a Pemex y finanzas del país: FMI. Forbes México, 10 de enero de 2019. Consultado en: https://bit.ly/2suiE7X) 

3. Reportaje The Wall Street Journal. 

Un día después de las palabras de Werner, el diario estadounidense The Wall Street Journal publicó un artículo sobre la situación del mercado de combustibles en México y la decisión del gobierno de López Obrador de cerrar algunos ductos para combatir el robo de combustibles.

Sobre ésta última, el Journal afirma que se trata de un recordatorio sobre los problemas y retos que enfrentará López Obrador en sus planes de rescatar la industria energética de México.

A continuación se enumeran los datos más importantes del citado texto: 

• Durante el gobierno de AMLO, las importaciones de gasolina estadounidense han bajado alrededor de 25% producto de la saturación de las terminales petroleras en México.
• En 2018, el robo de combustibles provocó a Pemex pérdidas cercanas a los 3 mil millones de dólares.
• Las refinerías de Pemex operan únicamente al 46.1% de su capacidad.
• El año pasado, 60% de la gasolina que Estados Unidos (EU) exportó fue adquirida por México, promediando 417 mil barriles diarios.
• El nuevo gobierno de México decidió dejar de importar petróleo crudo de variedad ligera procedente de EU, luego de que la administración de Peña Nieto realizara pedidos en octubre y noviembre pasados para abastecer las refinerías mexicanas.
• La actual crisis por el abasto de gasolina evidenció el proceso de desinversión en infraestructura logística a la que fue sometida Pemex en favor de sus ramas dedicadas a la exploración y producción, según Monserrat Ramiro, comisionada de la Comisión Reguladora de Energía. 

(Fuente: Mexico reduces U.S. gasoline importes. The Wall Street Journal, 11 de enero de 2019. Consultado en: https://on.wsj.com/2RISTPf)

Exxon Mobil aumenta sus ventas. 

En medio de la crisis por el abastecimiento de gasolina, la gigante estadounidense Exxon Mobil anunció un incremento en sus ventas en México cercano al 300%. Lo anterior gracias a que mantiene control de su propia infraestructura logística que le permite sin intervención de Pemex, hacer llegar sus petrolíferos desde las refinerías en EU hasta las 158 estaciones de servicio que tiene en nuestro país.

(Fuente: Exxon aprovecha escasez en El Bajío y sus ventas se disparan por encima del 300% La Política Online México, 9 de enero de 2019. Consultada en: https://bit.ly/2sup4UB) 

5. Dólar se cotiza por debajo de $19. 

El lunes pasado (14/01/2019) el dólar rompió el piso de los $19 pesos, mínimo no visto desde el 17 de octubre de 2018. Con ello, el peso se colocó como la moneda con mejor desempeño dentro de las más negociadas a nivel global; además de cumplir el pronóstico de Carlos Urzúa, Secretario de Hacienda, de que el dólar caería a los 19 pesos en el corto tiempo.

En pleno desabasto de combustibles, la revalorización del peso se puede interpretar como un respaldo de Wall Street a López Obrador, contrario a lo que preveían algunos analistas locales sobre los estragos macroeconómicos que causaría la medida.

(Fuente: Se cumple pronóstico de Urzúa: Dólar rompe piso de los 19 pesos. El Financiero, 14 de enero de 2019. Consultado en: https://bit.ly/2Fv9OPZ)

Escenarios

A partir de los datos atrás analizados, se pueden construir al menos tres escenarios que se derivan del aparente respaldo de Wall Street y el FMI (ente que suele actuar de forma coordinada con el Departamento del Tesoro de EU) a López Obrador: 

1. La crisis de abastecimiento ha mostrado a las petroleras que entraron al mercado de combustibles en México, la necesidad imperiosa que tienen de eliminar su dependencia logística de Pemex, pues gracias a ello sólo Exxon Mobil pudo sacar ventaja del fenómeno. Esto puede derivar en presiones coordinadas contra el gobierno de López Obrador para que no limite la aplicación de los mecanismos legales que permiten a la iniciativa privada participar en todos los eslabones de la cadena productiva (contratos para exploración, licitación de bloques, permisos para construir ductor y oleoductos, permisos de importación, entre otros). 

2. Durante la gira que hizo el titular de Hacienda, Carlos Urzúa por Nueva York, el gobierno de López Obrador logró un acuerdo ganar-ganar con Wall Street y Washington: México rescata su industria petrolera y EU mantiene cierto grado de influencia en el mercado energético mexicano (participación en las refinerías, exportaciones mínimas de gasolinas o crudo, trato preferencial a sus petroleras…). 

- Edgar A. Valenzuela: facebook.com/EdgarAValenzuelaC

https://www.alainet.org/es/articulo/197586

La espesura del petróleo

John Saxe-Fernández

Llama mucho la atención la persistencia y el aumento del apoyo de la población al esfuerzo del nuevo gobierno por frenar y revertir la desarticulación y saqueo, desde dentro y desde fuera, al que fue sometida Pemex, algo padecido con más intensidad desde el inicio del presente siglo. Ya sea desde las codicias oligárquico-imperiales durante la racha de corruptelas neoliberales o de la criminalización de la tecnocracia, que se procedió con su desarticulación. Esa oligarquía, feliz con la condicionalidad acreedora, avaló que Pemex retomara con más frecuencia los contratos de riesgo y que privatizara la petroquímica. Mientras la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, sucursal del FMI, desataba una ofensiva fiscal que obligó a un acelerado endeudamiento.

Con miras a su privatización desatendieron el mantenimiento de su vasta infraestructura y de la ampliación necesaria. Además, por si el paquete destructivo no fuese suficiente, se rompió con su integración vertical dividiendo a Pemex en segmentos/empresitas en competencia entre sí, proliferando burocracias en puestos de dirección y subdirección. Fue una desleal regresión de la gran gesta de ingeniería e industrialización petrolera realizado desde el sexenio de Lázaro Cárdenas del Río, que ahora se retoma con miras al fortalecimiento del interés público nacional.

Retomar el timón energético del país en función de ese interés público es hoy algo distinto y mucho más urgente y complejo que antaño, si de proteger a la población y a las siguientes generaciones que poblarán México se trata. Son nuestros los hijos e hijas, nuestros nietos que ya están poblando esta querida tierra, en los tiempos en que se acelera el cambio climático, en realidad, por la ausencia de medidas vinculantes en lo internacional, vivimos en un colapso climático antropogénico, que se acelera a alta velocidad. En riesgo, advierte la ciencia, la biosfera planetaria, nosotros incluidos.

El timón energético es esencial a la cuarta transformación. En estos días la población mexicana, en su totalidad, está al tanto que nuestra economía sufre de muy alta dependencia de los combustibles fósiles en transporte y energía. Es una economía que requiere medidas de emergencia para su pronta desfosilización. Así lo aconseja el dato duro proveniente de un consenso del 97 por ciento de la comunidad científica.

Los riesgos del cambio climático, que amenazan la existencia humana, en estos días están intensificándose. Así quedó de manifiesto en la magna síntesis de unas 6 mil investigaciones presentadas a la COP 24 de la ONU. Pocas semanas después los datos derivados de las investigaciones que se realizan en la Antártida, el bloque mayor de hielo del planeta, son graves: su pérdida se ha sextuplicado desde los años 1970. Los resultados alarman a la comunidad científica y a la opinión pública. Recién publicado en la revista de la Academia Nacional de EU (PNAS), se indica que la Antártida a se ha venido derritiendo a un ritmo acelerado durante las pasadas cuatro décadas por efecto del influjo del calentamiento de las aguas del océano.

La información exige acción urgente y reflexión: “ Entre 1979 y 1989, por el derretimiento, la Antártida perdió 40 mil millones de toneladas de hielo anuales lanzadas a los océanos. Esa cifra aumentó a 252 mil millones de toneladas anuales empezando en 2009. Esto significa que la región está perdiendo seis veces más hielo que hace cuatro décadas, un ritmo sin precedentes en la era moderna de las mediciones. (Se requieren 360 mil millones de toneladas de hielo para producir un aumento de un milímetro en el nivel oceánico global.

Las medidas de urgencia que adopta el nuevo gobierno van en la dirección correcta. Entiéndase bien: los neoliberales dejaron un país hecho pedazos. Que esa brutal herencia sobre el sector energético se esté dando, es motivo para la acción inmediata, como ahora con la recuperación del timón energético en función del interés público. Sólo desde ahí es factible la transformación acelerada del patrón energético de la nación. El futuro de las generaciones actuales y futuras no debe dejarse en manos de monopolios extranjeros.Seamos empáticos con AMLO. Ahora es más fácil: el jefe del Estado debe garantizar el flujo de gasolina que alimenta unos 44 millones de motores de combustión interna (sin incluir los que consume la generación eléctrica que opera alrededor de 60 por ciento o un poco más, a base de combustibles fósiles.) De haber sido autosuficientes en la materia, ahora los neoliberales nos dejan una dependencia de 80 por ciento. Otro gran desastre. Se necesita una refinería, porque por más de 30 años los gobiernos obedecieron al Tío Sam que decía America del Norte ya cuenta con suficientes refinerías. Una refinería no basta, pero la situación puede arreglarse. Es desde esa base, sin que un desabasto ahogue a la nación, que se procede al combate al colapso climático. Empezando por energía y transporte.

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Rockefeller y el huachicol

Abraham Nuncio

El viejo Rockefeller percibió, en la segunda mitad del siglo XIX, que el control del petróleo estaba en los dispensadores de las gasolineras. Su lógica acertó, y hoy el espíritu de su ambición de poder, movido por la avaricia, está entre nosotros por los mismos execrables motivos.

Esa ambición y el sobrexplotador capitalismo decimonónico –con el nombre propagandístico de liberalismo– le permitieron a John Davison Rockefeller erigir a la Standard Oil en un monopolio petrolero mundial. Extraía, transportaba, refinaba y distribuía el combustible allí donde la mirada aquilina del genearca de los Rockefeller se fijaba.

El hombre que acumuló la fortuna más grande del mundo inventó su propia teología: la competencia era un pecado, y había que eliminarla; la rosa para mostrarse más bella y fragante requiere de que sacrifiquemos los capullos a su alrededor; ley de la naturaleza y ley de Dios es que las empresas que más crezcan sean también las más aptas para sobrevivir.

Esa teología fue canon de negociantes, políticos e intelectuales a su servicio durante las dos últimas décadas del siglo XX. En la nueva etapa del capitalismo depredador (el neoliberalismo), el contagio teológico de los Rockefeller y sus pares se extendió a todo el mundo. No es exageración. La frase de uno de los empresarios televisivos del grupo que asesora al actual Presidente de México lo dice todo: A la competencia hay que golpearla y ya en el suelo seguirle pegando.

El mercado libre puede existir, pero no en el capitalismo como tendencia.

Los miembros de la dinastía Rockefeller no le han ido a la zaga al padre. A mediados de los noventa, David Rockefeller alentaba en las Naciones Unidas las gavias de la globalización. Allí dijo: Todo lo que necesitamos es justamente una gran crisis para que todo mundo acepte el Nuevo Orden Mundial. Sus intelectuales han dicho que no dijo esto, y acusan de inventarlo a la prensa conspirativa.

La realidad ya le había entregado a los dueños del mercado global la crisis de la deuda en América Latina a principios de los ochenta. Crisis igual a oportunidad, según el evangelio de los Rockefeller. Oportunidad que se inicia en México con el boom petrolero, cuya riqueza producto de sus reservas petrolíferas dilapidó la empresa privada, sobre todo la que se asienta en Monterrey, para luego quedar endeudada. Ahí estuvo el gobierno, por cierto, para salvarla con cargo a los contribuyentes pequeños y medianos.

A los pueblos de los que se adueñaban las petroleras, como la Standard Oil, les fueron bien conocidas su voracidad y sus atrocidades. México fue uno de ellos, según el relato de Valentín Campa –fue obrero de La Corona, una subsidiaria de la Royal-Dutch, situada en Tampico– en su libro Testimonio. Los métodos de esta petrolera eran semejantes a los de la Standard Oil en otras partes: el despojo, el terror, el asesinato.

Aparentemente erradicada como monopolio por el gobierno de Estados Unidos, luego de una prolongada lucha legal, la Standard Oil hizo lo que toda empresa capitalista hace donde están prohibidas las prácticas monopólicas: simular fragmentarse para concentrar su propiedad accionaria, activos y utilidades bajo una empresa controladora.

De las Siete Hermanas –controlaban 90 por ciento del mercado mundial del petróleo desde 1928– al cabo quedaron cuatro mediante las fusiones caras a los Rockefeller. Y con las otras empresas petroleras, señaladamente la Royal Dutch Shell (de capital británico y holandés) y la British Petroleum (de capital británico), constituyeron un cártel. Enrico Mattei, un empresario petrolero y presidente de la compañía estatal de los hidrocarburos de Italia, acusaba a las grandes petroleras de cartelizarse. Murió en un accidente aéreo. Años más tarde se descubriría que no fue tal, sino una explosión deliberada.

Ahora la Exxon Mobile y la Chevron de los Rockefeller operan en México gracias a la estupidez, rapacidad y traición de quienes nos gobernaron hasta el 30 de noviembre de 2018.

¿No se benefician estas petroleras gigantescas del robo de huachicol? ¿No le compran a los huachicoleros? ¿No se han sumado ellas, identificadas con los republicanos, que siempre han tenido por gran padrino al clan Rockefeller, a la labor de zapa de los enemigos del gobierno que encabeza López Obrador? ¿No nos venezolanizan como aquellas gasolineras en manos de mexicanos, priístas en un gran número (la forma de premiar los gobiernos del PRI a parte de sus correligionarios), que manipulan la escasez de la gasolina desde la derecha? Y, en fin, ¿su propensión monopólica no se hará sentir en el expendio de la gasolina, según la lógica de John D. Rockefeller, en el camino hacia el control de la industria mexicana de los hidrocarburos?

Para María Fernanda Campa

In memoriam

Nuestra frontera y la construcción de un enemigo

Jorge Santibáñez*

Donald Trump está decidido a construir un muro en la frontera con México. Así lo prometió durante su campaña y le es altamente rentable para relegirse en 2020. La idea del muro surge como alimento al tema antinmigrante tan presente en cualquier sociedad de llegada de migrantes. En ese entonces, sus asesores de imagen –particularmente Roger Stone, que para algunos es quien descubrió las habilidades de Trump para la política–, se preguntaban cómo alimentar ese sentimiento que sin duda le aportaría muchos votos y así fue. Y entonces se les ocurrió algo con lo que Trump se sentiría cómodo: la construcción de un muro. Incluso en sus primeros discursos de campaña afirmaba que nadie como él sabía construir muros. En una segunda etapa llegaría lo que ellos creen es el remate de esa idea: que el muro lo pagaría México.

Ciertamente, en el balance, Trump ya no tiene la fortaleza política que tuvo cuando inició su mandato; sin embargo, eso se debe a sus problemas legales, los pagos a actrices porno, lo que su abogado personal ha declarado y lo que está por declarar, la eventual obstrucción de la justicia, el uso de las instituciones para sus fines personales, la sospecha de que permitió y alimentó la participación rusa en el proceso electoral y otra veintena de investigaciones abiertas en su contra. Según las encuestas, todo ello ha mermado la preferencia de la sociedad estadunidense y pone en duda su relección. Sin embargo, el tema antinmigrante sigue siendo su fortaleza y seguirá presente por al menos dos razones. La primera, porque como ya dijimos, en ese tema el apoyo que recibe no ha disminuido, y la segunda porque le permite distraer a la sociedad de sus otros problemas legales.

El tema del muro pasa irremediablemente por la frontera con México. No sólo porque ese sería el lugar de su construcción sino porque se trata de vender la idea de que por la frontera entra lo que puede ser negativo para Estados Unidos. Trump no podría ser más evidente. En los pasados días ha declarado que hay que construir ese muro porque ello evitaría la entrada a Estados Unidos de drogas, terroristas, enfermedades, delincuentes e inmigrantes indocumentados. Poco importa que las drogas y los terroristas entren por puertos oficiales y no serían detenidos por el muro o que la abrumadora mayoría de los inmigrantes indocumentados o no autorizados se deriven de personas que al vencer sus visas permanecen en Estados Unidos y que tampoco serían detenidos por un muro. Así, en su lógica, la frontera es la zona de conflicto, la puerta que usan los enemigos para hacer daño. Tanto así que ha puesto en la mesa considerarla como zona de emergencia, ni más ni menos. Como si se tratara de una zona en guerra.

Hay quien piensa, empezando por nuestro presidente, que ese es un asunto interno de Estados Unidos, de la campaña de Trump y que no debemos meternos. Con tal de que el tema no se toque en las reuniones conjuntas, hasta podemos tener una muy buena relación en otros asuntos y tener oídos sordos a los insultos a los mexicanos y hacia una zona fundamental para México.

Si bien es cierto, engancharnos en lo del muro probablemente sería caer en la trampa que tiende Trump y tensar la relación con él, el silencio total en este tema es aun más peligroso. Si permitimos que en Estados Unidos se crea, ya no sólo por Trump y su base, sino por sectores más amplios de la sociedad, que la frontera del lado mexicano es una zona de conflicto, comparable a una zona en guerra, estaríamos afectando no solamente a los 15 millones de personas que ahí viven de ambos lados, en las áreas colindantes, sino a todo México, a su soberanía. Poco importará que no sea cierto. La percepción es la realidad y justamente a eso le apuesta Trump con nuestra complicidad, por lo menos por omisión. El tema continuará creciendo y será omnipresente en la campaña electoral de 2020 en Estados Unidos. Hasta ahora todas las voces que se han levantado en contra de esta construcción artificial del enemigo están en Estados Unidos.

Sigo pensando que el nuevo gobierno tiene la autoridad moral y el deber de no quedarse callado.

*Presidente de Mexa Institute

@mexainstitute

La nueva expropiación

Napoleón Gómez Urrutia

El robo de gasolina y otros combustibles, o huachicol, que ha empantanado de forma estridente a México durante varios días, no es un asunto catastrófico para el gobierno que empieza, como quieren calificar los opositores al presidente Andrés Manuel López Obrador. No es la debacle total que pintan en sus insolentes lucubraciones los opositores, pero sí constituye una prueba de fuego particularmente aguda para el núcleo gobernante. De cómo se resuelva el problema la nación sabrá qué podrá esperar de otras soluciones en asuntos no menos álgidos que le tocará capotear al mandatario y a su administración y, por ende, llevar a buen término.

Por su fondo, el huachicol refleja otra dimensión: la tremenda falla de los cinco gobiernos anteriores que permitieron que el conflicto escalara, suponiendo que sólo lo hicieron factible, cuando en rigor lo impulsaron y así le dieron la razón a López Obrador, que los calificó duramente como perversos facilitadores de esa corrupción violenta en la que algunos de sus personeros tomaron parte de manera significativa hasta que AMLO vio colmado el plato de esa complicidad, ante lo cual los jefes de esas administraciones sólo han podido guardar un silencio vergonzoso.

Pero lanzados a resistir al juicio de la historia, que es muy duro, ahora le quieren atribuir todas las culpas del huachicol a López Obrador y a los morenistas por sus acciones y decisiones, pero en rigor por destapar el sistema de robos y a los mafiosos, verdaderos culpables por este saqueo y, sobre todo, del desabasto de combustible en diversas zonas del país. Intensifican sus ataques en los medios al acusarlo de ser la causa del huachicolazo, o al menos critican su capacidad para resolverlo, cuando ellos y nadie más que ellos son los creadores de este problema en el que la corrupción ha caminado de la mano con una impunidad rampante.

Ya hay averiguaciones sobre muchos culpables del saqueo de combustibles a la nación, lo cual tiende a destrabar el conflicto que los comentaristas ingenuos e ignorantes de mala fe no dudan en denominar guerra, como si se tratara de una nueva edición de la desastrosa acción bélica de Felipe Calderón contra los narcotraficantes al principio de su sexenio, pero que no se le parece absolutamente en nada. Más bien, es la segunda expropiación de los recursos energéticos de México, hoy en manos de intermediarios, prestanombres y sujetos sin escrúpulos para saquear al país.

Una vez que las investigaciones den frutos, quedará claro que son integrantes de las clases sociales con prebendas quienes empujan las acciones delictivas que llevan por consigna, además, el enfrentamiento con el actual gobierno del cambio lopezobradorista, o sea, un objetivo político deliberado. Capas de privilegiados que no dudan en lanzar a la pelea a los desorientados del pueblo que han atraído con el señuelo de la ganancia fácil y de la impunidad que ellos, para su desgracia, ya no les pueden garantizar, pues tienen al frente a un duro luchador que no se va a dejar arrastrar a esa debacle, al grito de me canso ganso que los venceré, y con ello ganarán el pueblo de México y su gobierno.

La estrategia de los enemigos de AMLO, si así se les puede llamar, es inculparlo de todo lo que ocurre, cuando son ellos los únicos causantes de esta nueva crisis. Una vez fijada esa falsa imagen en los medios de comunicación, hacerlo ver como incapaz de serenar o resolver el problema, lo cual parece ser una continuación de la otra estrategia de aceptar que, está bien, ya ganó la Presidencia y ahora es el momento de que gobiernes, pero como nosotros los reaccionarios y conservadores queremos que lo hagas, no como los votos populares que ganaste a plena ley te lo indican. Todavía le remarcan: Ya eres Presidente de los mexicanos, ahora tienes que serlo de todos ellos, no sólo de quienes votaron por ti, sino principalmente de los que votaron en tu contra. Graciosa y absurda forma de pretender dar un golpe de Estado mental y atribuirse un triunfo que jamás obtuvieron en las urnas.

Por todo eso, las encuestas muestran que AMLO va a la cabeza de las preferencias populares en este conflicto contra los huachicoleros, o sea los ladrones de combustibles de la nación, como gasolina, petróleo, diésel y gas. Hurtadores de cuello blanco en supuesta alianza con los humildes y abandonados a cual más. El gobierno de AMLO da muestras de una gran reciedumbre en las maniobras contra los huachicoleros de arriba y de abajo, los sondeos así lo indican, incluso las que habitualmente le han sido contrarios. El petróleo es de los mexicanos, pero no de los huachicoleros.

Astillero de Julio Hernández López

Guardia Nacional Militar

Apoyo del PRI

Murió Chata Campa

Fiscalía predeterminada

Aplastante, la realidad se impuso: el obradorismo elevó a categoría constitucional su versión modificada y adaptada de la guerra contra el narcotráfico que inició Felipe Calderón Hinojosa en diciembre de 2007. Durante el sexenio funerario del panista michoacano y durante el sexenio funerario-hipercorrupto de Enrique Peña Nieto, las acciones de las fuerzas armadas (Ejército y Marina) se realizaron confesamente al margen de la letra constitucional, en una flagrante violación que preocupaba a los mandos militares, exigentes en voz alta, sobre todo en el peñismo, de que se adaptaran Constitución y leyes a la realidad operativa de curso cotidiano.

Ayer la nueva aritmética legislativa dominante vistió con ropajes distintos la misma realidad. Militares, con disciplina y visión castrenses, acogidos al fuero militar y no al civil (detalle que desnuda todo argumento civilista) y bajo inequívoco mando militar en los hechos (con una Junta de Jefes de Estado Mayor de las secretarías de la Defensa Nacional, de Marina y de Seguridad y Protección Ciudadana), cumplirán lo que se supone que es una nueva estrategia de contención del desbordamiento criminal.

Para completar el número calificado de votos (las dos terceras partes de los concurrentes) que requiere este primer paso para la reforma constitucional correspondiente a la Guardia Nacional (de San Lázaro pasará al Senado y, luego, a los congresos estatales), el partido hegemónico, Morena, contó en la Cámara de Diputados con el apoyo de sus aliados recientes, los partidos del Trabajo (PT), Encuentro Social (PES, sin registro, pero con bancada en el Congreso), Verde Ecologista de México (PVEM, siempre oportunista) y el Revolucionario Institucional, que fue el que numéricamente posibilitó las reformas.

Fueron 362 votos a favor (entre los cuales hubo cinco del Partido de la Revolución Democrática), 119 en contra y cuatro abstenciones. Resulta llamativo que quienes prefirieron la neutralidad (que en el fondo significó no apoyar la línea general de Morena, aunque tampoco la rechazaron expresamente) llegaron a su curul por la vía de la coalición Juntos Haremos Historia: uno a nombre de Encuentro Social, el polémico Ernesto D’Alessio, y tres a nombre de Morena, Lidia García Anaya, Hugo Rafael Ruiz y Tatiana Clouthier (quien no milita en el partido obradorista, aunque es la vicecoordinadora de la bancada correspondiente en San Lázaro).

Clouthier, quien fue coordinadora formal de la campaña de AMLO a la Presidencia de la República, se había apartado del monolitismo triunfante al hacer críticas a aristas de militarización que, por lo visto, no le parecieron suficientemente desvanecidas o desaparecidas. La sinaloense, arraigada en Nuevo León, se ha convertido en una voz desapegada de la firme línea que domina la política nacional, lo cual la podría llevar a choques o marginaciones a mediano plazo.

Gerardo Fernández Noroña no estuvo presente en la sesión a la hora de la emisión de votos. Salió del salón de trabajos luego de enterarse de la muerte de una persona a la que consideraba su hermana mayor, María Fernanda Campa Uranga, geóloga por el Instituto Politécnico Nacional (la primera mujer en obtener el título de esa ingeniería, entonces considerada para hombres) e hija del fallecido dirigente obrero Valentín Campa. María Fernanda, conocida como la Chata, fue una mujer de lucha y convicciones, siempre activa en pro de causas sociales.

Luego de la aprobación en lo general, los diputados atendieron los artículos específicos reservados para discusión en lo particular. La aplanadora volvería a funcionar. De ahí al Senado. Y a los congresos locales. Y cuando despertaron, la militarización seguía ahí.

En la cancha senatorial se avanzaba ayer en la aprobación del otro tema candente de este periodo extraordinario de sesiones: la Fiscalía General de la Nación. Diez nombres quedaron, luego de 27 originales. Fueron enviados a Palacio Nacional, donde se escogerá una tercia y, de ahí, el Congreso elegirá a uno, tal vez el siempre sabido y predeterminado.

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México SA de Carlos Fernández-Vega

Bolas de cristal destartaladas

Cálculos económicos fallidos

El presidente López Obrador defiende su estimación de que la economía mexicana crecerá 2 por ciento en el presente año y desecha las proyecciones de algunas empresas privadas en torno a que dicho avance sería, si bien, de uno por ciento.

Tengo otros datos, y estoy seguro de que nos va a ir muy bien, porque nada más quitarle, como dicen los tecnócratas, toda la variable de corrupción al crecimiento, todo esto va a ayudar mucho. Y estoy optimista. Lo único que pido es seriedad en analistas, en quienes hacen esas proyecciones, porque si no a ellos les afecta, se desprestigian.

Tiene razón, porque tratándose de proyecciones y cálculos hay infinidad de destartaladas bolas de cristal que a lo largo de los últimos seis sexenios de plano no dieron una, y no solo en materia de crecimiento económico.

Sirvan de ejemplo dos cálculos sobre un mismo tema, ambos divulgados ayer: el primero, del Partido Acción Nacional, para el cual las pérdidas económicas por el desabasto de gasolina superan ya 10 mil millones de pesos, de acuerdo con datos difundidos por gobiernos estatales y organizaciones productivas y empresariales. Y el segundo, de la trasnacional financiera Citibanamex, la cual proyecta una pérdida bruta en el PIB atribuida a la escasez de combustible de alrededor de 39 mil millones de pesos, suponiendo que las condiciones vuelvan a la normalidad en los próximos días. Son tan exactos los ejercicios que, como se constata, la diferencia es abismal: casi cuatro tantos.

Otro ejemplo útil: el compromiso de crecimiento hecho por los seis gobiernos neoliberales. Si sus promesas se hubieran materializado (de Miguel de la Madrid a Enrique Peña Nieto), en los pasados 36 años la economía mexicana registraría un crecimiento anual promedio cercano a 6 por ciento, pero como el hubiera no existe, a duras penas promedió 2 por ciento. Y como estas muestras, mil más.

En vía de mientras, en su más reciente análisis –del que se toman los siguientes pasajes– el Instituto para el Desarrollo Industrial y el Crecimiento Económico subraya que México enfrenta el desafío de un cambio de época; eso es lo que el presidente López Obrador plantea cuando señala a la cuarta transformación como el paradigma que da directriz a su gestión. Para que la misma sea exitosa se requiere de transformar el sistema productivo.

Sin mayor crecimiento económico no habrá mayor desarrollo social. Un programa de desarrollo industrial es uno de los elementos, pues es una de las carencias más evidentes del modelo económico mexicano durante los últimos años. Sin él, el desempeño económico podría verse atrapado por la inercia del bajo crecimiento de 2 por ciento (legado de seis sexenios neoliberales). México no debe mantener el modelo de política económica, uno que ha convertido a una parte de la industria nacional en una base maquiladora dependiente de las decisiones de las empresas transnacionales.

Es indispensable instrumentar una estrategia de desarrollo industrial basado en el aumento de la capacidad transformadora de las empresas nacionales, desarrollar una mayor integración productiva e innovación tecnológica, así como otorgar financiamiento a los sectores y regiones estratégicas para el crecimiento, la generación de empleo y la reducción de la pobreza.

De no hacerlo, el desempeño económico de México, bajo la actual administración, terminará sucumbiendo a la inercia y con ello a la obtención de resultados similares a los cosechados durante los pasados seis sexenios, tendencia que además va a la baja.

La administración de López Obrador debe corregir una de las omisiones más delicadas de la política económica de los pasados 36 años: la ausencia de política industrial. El comercio internacional sólo funciona como palanca de desarrollo cuando el país genera valor agregado, no cuando se convierte en una base maquiladora.

Las rebanadas del pastel

Cuando menos tres ex inquilinos de Los Pinos flotan en el mar de excremento ligado al narcotráfico. Y todos dicen yo no fui. ¿Quién confía en ellos?

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En 8 años detectan 36 mil tomas clandestinas

La guerra al huachicol

El gobierno federal revisa todas las denuncias presentadas en los pasados cinco años en contra de funcionarios públicos y empresas para determinar su presunta responsabilidad en el robo de hidrocarburos en ductos, trasferencias ilegales de combustibles desde plantas de refinación y centros de almacenamiento, compra ilícita de gasolina y diésel y de manera particular bajo un esquema de delincuencia organizada, con el fin de que quienes resulten con posibilidades de ser llevados a juicio no puedan enfrentar sus procesos en libertad, indicaron mandos de la Procuraduría General de la República (PGR).

Entre 2010 y principios de 2018 Pemex reportó que se detectaron 36 mil 113 tomas clandestinas en los ductos, de las que 4 mil 774 fueron localizadas en Guanajuato, 4 mil 553 en Tamaulipas, 4 mil 539 en Puebla, 3 mil 24 en Veracruz, 2 mil 665 en el estado de México y el resto –16 mil 558– se distribuyen entre el resto de las entidades del país.

Funcionarios consultados dijeron que el Ministerio Público Federal, a través de registros de las subprocuradurías de Control Regional Procedimientos Penales y Amparo, de Delitos Federales y de manera particular de la Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada, poseen datos de extracción ilegal de combustible hallado en centros de almacenamiento en Veracruz, en pipas de empresas privadas, y que posteriormente fueron entregados a compañías con sede en San Luis Potosí, Querétaro y Aguascalientes.

De acuerdo con datos tanto de Pemex como de la PGR, la empresa presentó entre 2007 y 2017 un total de 164 denuncias ante el Ministerio Público Federal contra sus trabajadores por estar involucrados en robo de hidrocarburos.

Por ese delito, sustracción o posesión ilícita, la PGR inició 20 mil carpetas de investigación con detenido en los pasados cinco años, de las que 4 mil 757 se abrieron en Puebla y 4 mil 605 en Guanajuato.

Los actos en los que se involucra personal de Pemex ocurrieron en los estados de México, Puebla, Guanajuato, Hidalgo, Ciudad de México, Nuevo León, Tabasco, Tamaulipas, Veracruz, Hidalgo, Yucatán, Zacatecas, Chiapas, Coahuila, Jalisco, Michoacán, Oaxaca, Querétaro, Sinaloa y Chihuahua.

La información de Pemex señala que el año con más denuncias contra sus trabajadores fue 2014, con 38, en 2008 hubo 20, de 2013 a 2015, 17; en 2010, 16; 2012 y 2016, 13 denuncias en cada año; 12 en 2009, 10 en 2007 y ocho en 2011.

Según las indagatorias los empleados que operan las redes de robo dentro de instalaciones venden el combustible a empresas de distintos ramos a un precio más bajo.

Entre 2007 y 2016 fueron detenidos 144 empleados de Pemex, principalmente en Veracruz, Tabasco, Tamaulipas, Hidalgo y Guanajuato, por su probable participación en actos ilícitos y pertenecían a Pemex Refinación, Gas y Petroquímica Básica, Exploración y Producción, algunos por robo de tubería o falsificar credenciales.

Gustavo Castillo y Dennis A. García

 Periódico La Jornada