12/14/2017

Grupos paramilitares, narcopolítica y desplazados en Chiapas


Cantos de guerra



Xicoténcatl

Rebelión

Antes de plantear el tema de fondo que se presenta como un conflicto de límites territoriales entre las comunidades chiapanecas de Chenalhó y Chalchihuitán (a 34 kilómetros de San Cristóbal de las Casas) les propongo un escenario imaginado.

Un grupo armado con buenas armas de guerra, compuesto de entre 100 a 300 elementos, se mueve por la zona montañosa de los Altos de Chiapas, con objetivos revolucionarios y ya hicieron públicos sus objetivos; a saber:

- Llaman a la población a unirse a la lucha armada contra el mal gobierno
- Proponen la creación de un gobierno con representación obrera, campesina y popular
- Disolución del Congreso y el Senado, tanto estatal como federal.
- Salud, educación y vivienda gratis y de calidad.
- Juicio popular por los crímenes de Estado… Bueno, antes de poder redactar el sexto punto, el Ejército Federal estaría peinando las montañas, habría sobrevuelos constantes de helicópteros artillados y, pongamos un plazo de entre 4 y 12 días para que el último militante de ese hipotético grupo revolucionario fuera abatido. Fin del ejercicio.


El caso real es que el grupo armado existe, viene actuando desde hace semanas y ya ha provocado la muerte de siete personas, niños incluidos, además de la destrucción de los enseres básicos de un pueblo campesino y la huida al monte de 4,973 personas de Chalchihuitán y 800 de Chenalhó, según informan sacerdotes de la pastoral social y observadores de derechos humanos que han podido acceder a los campamentos de desplazados.

Desde los años 90 del siglo XX los gobiernos estatales de Chiapas han apostado a ganarse el apoyo de diferentes facciones en las comunidades. La apuesta era la división como elemento permanente que exacerbara problemas añejos por la tierra o diferencias entre grupos familiares. En las comunidades de los Altos y Norte de Chiapas la derrama de dinero ha sido constante y así se han podido formar grupos paramilitares con armas de alto poder (R-15 y Kalashnikov –cuernos de chivo le llaman-); en ocasiones la entrega de armas era directa.

De esta manera el gobierno mantiene una situación de tensión y conflictos permanentes. Todo esto tuvo repercusión internacional el 22 de diciembre de 1997 cuando un grupo armado masacró a personas que rezaban en el interior de un templo en Acteal, municipio de Chenalhó.

Año 2017 LA ESCALADA

El escenario de guerra se ha consolidado a lo largo de este año, son frecuentes los cortes de carreteras y caminos, retenes de gente armada que cobran peaje, goteo constante de ejecuciones y asaltos a transportes públicos. La empresa de autobuses Omnibús Cristóbal Colón (OCC) ha dejado de transitar algunas rutas de la zona norte de Chiapas o no ofrece servicios nocturnos. El narcotráfico y la política están entrelazados, con apoyo abierto a delincuentes por parte de políticos chiapanecos. El caso más evidente es el de Juan Gómez, ex alcalde de Simojovel, que estuvo en prisión por posesión de armas y droga, apenas en junio del 2015. Actualmente se ha constituido, junto con otros miembros de su familia, en Fuerza Gómez para volver a aspirar a la presidencia municipal en las elecciones del 2018. Cuenta con el apoyo del partido Chiapas Unido, estrechamente vinculado a los favores del actual gobernador Manuel Velasco Coello. La ira popular por la corrupción y robos efectuados por los presidentes municipales ha estallado frecuentemente en ataques e incendios de las presidencias y quema de vehículos policiales (casos de Tila, Copainalá, Tecpatán, Oxchuc, Chenalhó…). El 24 de julio de 2016 el alcalde de San Juan Chamula, Domingo López González, se disponía a informar desde el balcón de la presidencia y ante dos mil personas, sobre el destino de unos recursos económicos. Ráfagas de AK45 le cortaron la palabra y aunque aún pudo bajar las escaleras y llegar tambaleándose a la plaza del pueblo, allí mismo fue rematado con el tiro de gracia. El presidente pertenecía al Partido Verde Ecologista de México PVME, (es el partido en el gobierno del estado de Chiapas). San Juan Chamula es un pueblo dominado por el PRI que, en las últimas elecciones tuvo que ceder el poder al PVME.

CONFLICTO CHENALHÓ-CHALCHIHUITAN

Como la simulación es la constante que emplean los funcionarios públicos del gobierno estatal en su relación con los pueblos chiapanecos, hay conflictos que se mantienen durante años y aún por décadas, en un bajo perfil, hasta que estallan con resultado de muertes, destrucción y desplazados. Este es el caso de los límites territoriales entre Chenalhó y Chalchihuitán, pero también existen problemas entre Aldama y Pantelhó (también en los Altos). El conflicto se mezcla con motivos más profundos, como el rechazo de una parte de Chenalhó hacia la alcaldesa Rosa Pérez. El 19 de julio del 2015 ganó las elecciones por la presidencia municipal de Chenalhó con el PVEM. El PRI perdió la votación pero por margen mínimo (1,320 votos de diferencia). La presión de las comunidades del municipio fue muy fuerte y a Rosa le obligaron a firmar su renuncia. Algunos representantes de las 109 comunidades del municipio de Chenalhó declararon “no estar de acuerdo en que la licenciada Rosa Pérez Pérez regrese a gobernarnos, en razón del daño que nos causó cuando estuvo al frente del municipio, situación que no estamos dispuestos a volver a vivir”. El 17 de agosto del 2016 la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, TEPJF, resolvió revocar el decreto del Congreso local y reincorporar a Rosa Pérez a su cargo; pero una cosa son las leyes y otra con mucha distancia, es poder aplicarlas. En la madrugada del día 22 de febrero del 2017 partidarios de Rosa Pérez tomaron por asalto la presidencia municipal para hacer valer la decisión del TEPJF. Dos muertos, más de una docena de heridos y alrededor de 200 personas desplazadas de sus hogares fue el resultado de esta acción. La sombra de Acteal pasó por entre los cerros de la zona. Pobladores de los dos municipios han declarado que Rosa Pérez opera con grupos paramilitares. Esta gente armada es la que ha provocado la huida de más de cinco mil personas que desde hace dos meses se refugiaron en el monte sufriendo hambre, frío y con el terror de ser masacrados.

Con este problema de fondo, que es el que afecta a otros pueblos de Chiapas que contraponen gobiernos por usos y costumbres para deshacerse del control de los partidos políticos, se reactiva el problema de los límites territoriales con Chalchihuitan cuando el 18 de octubre del 2017 fue abatido a balazos Samuel Luna, originario de Chalchihuitán. El día 29 de ese mes hirieron de bala a Sebastián Ruiz Ruiz, de Chenalhó. El asesinato de Samuel Luna provocó el terror de los pobladores de Chalchihuitán, y una parte de Chenalhó, que abandonaron sus escasas pertenencias para ponerse a salvo del grupo armado, cobijados con frío y hambre, rodeados de desprecio, marginación y racismo.

MUERTE EN LA MONTAÑA

Su mamá lo parió en el monte la semana pasada y resistió tres días antes de fallecer. Aunque no ha sido el único nacimiento en medio de los árboles o en cuevas de la zona. El bebé y otros tres niños menores de cuatro años son los últimos fallecidos, junto con dos adultos, que eran parte de los miles de desplazados que aún sobreviven a la intemperie. Unos días antes una niña de dos años fue la primera víctima infantil; presentaba un cuadro de tos y fiebre. Los disparos se siguen escuchando frecuentemente para amedrentar a los desplazados.

Este viernes 15 de diciembre el Tribunal Unitario Agrario emitirá un fallo en relación a las 900 hectáreas en disputa. El presidente municipal de Chalchihuitán tiene fundados temores: “Los de Chenalhó afirman que si el fallo no les favorece, van a ir a matarnos”.

En CANTOS DE GUERRA no aparece la palabra, pero los relatos y crónicas que ustedes consulten les hablarán de indígenas, de pobladores monolingües, de indiada que entre ellos se matan.

¡Qué tiempos estos en que hay que luchar por lo evidente!

ANEXO. Información facilitada por el presidente municipal de Chalchihuitán

CHALCHIHUITAN

1.- Obtuvo su resolución presidencial el 26 de mayo de 1975
2.- Superficie reconocida 17,948-24-16 has.
3.- Tiene acta de posesión y deslinde de fecha 01-12-80
4.- Acta de posesión y deslinde complementaria el 19-10-81
5.- Tiene plano definitivo
6.- Paga impuesto predial.

CHENALHÓ

1.- Obtiene su resolución presidencial el 4 de septiembre de 1975
2.- Superficie reconocida 15,625-22-11 has.
3.- No tiene acta de posesión y deslinde.
4.- No tiene plano definitivo y solo tiene plano proyecto.
5.- No paga impuesto predial.

La Ejecución de la resolución presidencial de Chalchihuitán se llevó a cabo en tiempo y forma. Chenalhó fue notificado y NO presentó ninguna inconformidad. La Secretaría de la Reforma Agraria NO cometió ningún error. La posesión legal de las tierras de Chalchihuitán es inalienable, inembargable e instranferible. En la jurisprudencia mexicana se declara que ningún presidente de la República puede modificar, sólo está facultado para aplicar la ley y respetar la posesión.

Situación en México a pocos meses de las próximas elecciones presidenciales

Economía, pobreza, derechos humanos


Situación en México a pocos meses de las próximas elecciones presidenciales

Luis Alberto Reygada
CETRI

Dentro de exactamente un año el presidente Enrique Peña Nieto (EPN) entregará el poder a su sucesor, quien tomará posesión de su cargo ante el Congreso de la Unión, cumpliendo con la tradicional declaración solemne pronunciada en tal acto protocolario : “Protesto guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y las leyes que de ella emanen, y desempeñar leal y patrióticamente el cargo de presidente de la República que el pueblo me ha conferido, mirando en todo por el bien y prosperidad de la Unión; y si así no lo hiciere que la Nación me lo demande”.

Se puede decir sin error a equivocarse que durante los últimos años el pueblo mexicano ha expresado en múltiples ocasiones su descontento frente a la gestión del actual ocupante de Los Pinos… pero con pocos o nulos resultados. A escasas semanas del inicio de la campaña electoral que culminará con la elección del próximo titular del poder ejecutivo, es preciso realizar un pequeño balance del mandato que significó el retorno del Partido Revolucionario Institucional (PRI) al poder en México [1].

Si bien es cierto que gracias a la reforma energética que impulsó [2], el presidente EPN gozó durante el inicio de su gestión de la simpatía de la gran prensa económica internacional y de los gobiernos vinculados a las multinacionales del sector, al día de hoy gran parte de la población todavía sigue esperando las supuestas consecuencias positivas prometidas por su gobierno. La realidad es que las condiciones de vida de los mexicanos se vuelven cada día más precarias. El Instituto Nacional de Estadística (INEGI) informó recientemente que la inflación alcanzó su máximo histórico en agosto pasado (6,66%), la más alta de los últimos 16 años. Las cifras publicadas por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo (agosto 2017) reportan que 53,4 millones de personas siguen viviendo en condiciones de pobreza en el país. Y a pesar de que la pobreza extrema disminuyó de 22.4 por ciento (7.6 millones en 2016), el organismo afirma que desde el inicio de este sexenio el número global de pobres se ha incrementado, y al día de hoy cerca de uno de cada dos mexicanos se encuentra en esa situación.

Al mismo tiempo, cabe notar que las desigualdades se han seguido reforzando: mientras que por un lado el PIB crece (con un promedio anual de 2,1%, el desempeño más bajo en 5 sexenios), los salarios no siguen el mismo ritmo en la base de la pirámide (disminución de 3,5% de los ingresos de las familias entre 2012 y 2014) mientras que en su cúspide las fortunas de los más acaudalados se disparan. El crecimiento sigue concentrándose en la parte superior de la distribución de los ingresos y la organización Oxfam llama la atención en un informe publicado en junio 2015 sobre el hecho –muy simbólico– que la fortuna de los 4 primeros multimillonarios mexicanos pasó de representar el 2% del PIB del país en el 2002 al 9,5% en el 2015. Así, el panorama económico se ha ido ensombreciendo a lo largo del sexenio, al punto que importantes medios como el Financial Times empezaron a reportar las críticas que advertían que el país había tropezado del “momento mexicano” al “desastre mexicano”.

Reanudando con las viejas costumbres del PRI, estos últimos años también fueron marcados por los escándalos en materia de enriquecimiento ilícito y corrupción [3]. Varios gobernadores han estado implicados en graves casos de desvío de fondos públicos. Javier Duarte no pudo concluir su mandato dirigiendo el Estado de Veracruz debido a la averiguación judicial iniciada en su contra; tras fugarse fue arrestado en Guatemala en abril pasado. Habiendo también tratado de escapar ante la acción de la justicia, el exgobernador de Quintana Roo, Roberto Borges, fue interceptado en junio en Panamá, a punto de abordar un avión con destino a París. En cuanto a Cesar Duarte, el otrora cacique del Estado de Chihuahua, sigue prófugo con 11 órdenes de aprehensión en su contra, y en la mira de la Interpol.

En materia de honestidad, no se puede decir que las más altas esferas del gobierno se hayan destacado dando el buen ejemplo, sino más bien todo lo contrario. Hasta el propio presidente ha tenido que pedir disculpas públicas tras la enorme indignación causada por la “compra” –por parte de su esposa– de una lujosa mansión valorada en cerca de 7 millones de dólares, construida por una empresa que obtuvo importantes contratos de obras públicas. El diario New York Times ya no duda en describir una corrupción que alcanzó «un nivel de osadía nunca antes visto» en el país… El caso Odebrecht alcanzó hasta las más altas esferas del gobierno de EPN, quien se habría reunido personalmente en cuatro ocasiones con altos ejecutivos de la empresa brasileña y habría sido acompañado “de tiempo completo” por una filial del grupo durante la campaña presidencial que lo llevó al poder en 2012.

Aunque los mexicanos ya estaban acostumbrados a este tipo de escándalos, las incesantes revelaciones de casos de desvíos de fondos públicos terminaron por atizar una tensión latente en el seno de gran parte de la sociedad, en un contexto de malestar social generalizado no exento de riesgos de explosión. Esto se comprobó a inicios de este año cuando el repentino aumento del precio del combustible (+20,1%) -consecuencia de la reforma energética antes citada- provocó importantes manifestaciones de descontento de la población acompañadas por una inédita ola de pillaje que alcanzó varios estados del país. El resultado: más de mil tiendas saqueadas, 1500 personas arrestadas, 5 muertos, incluyendo un policía.

Pero a pesar de todo lo anterior, el peor fracaso del retorno del PRI en el poder ha sido su incapacidad a resolver dos problemas que representan hoy en día tal vez las principales preocupaciones de la sociedad mexicana: la violencia y la inseguridad [4].

A pesar de ser una estrategia que había arrojado resultados muy cuestionables, EPN persistió con la «guerra contra el narcotráfico» iniciada a finales del 2006 por su predecesor Felipe Calderón [5], dándole continuidad a un proceso de descomposición del país con un conflicto cuyas consecuencias han sido desastrosas para la población. La espiral se convirtió en verdadero baño de sangre, alcanzando dimensiones que nadie hubiese podido siquiera imaginar.

En efecto, desde el inicio del mandato de EPN, la violencia ya ha provocado más de 100,000 muertos, y la tendencia al alza del número de homicidios deja suponer que este sexenio terminará siendo aún más sangriento que el anterior. La población civil sigue siendo la primera víctima de esta política, al encontrarse presa entre los grupos delictivos por un lado y las fuerzas de seguridad del Estado por el otro lado.

Los enfrentamientos entre las fuerzas armadas y de seguridad contra grupos del crimen organizado, secuestros, reclutamientos forzados, asaltos, robos de bienes materiales, extorsiones, amenazas, desalojos arbitrarios, violaciones graves a los derechos humanos, ejecuciones extrajudiciales, etc. han provocado una ola de desplazamiento interno en el país: 310 000 personas se han visto forzadas u obligadas a escapar de su lugar de residencia habitual desde el 2009, una situación que algunos analistas no dudan en comparar con la de países en guerra.

Otra cifra llama trágicamente la atención: la de los desaparecidos. Si bien la terrible historia de los 43 estudiantes de Ayotzinapa ha logrado llamar la atención mediática a nivel internacional, no representa más que una gota de agua en el mar de desolación que viven miles de familias mexicanas. Hoy en día se cuentan más 31 000 desaparecidos (4 814 casos en el 2016), al punto que el Comité contra las desapariciones forzadas de las Naciones Unidas se alarmó del contexto de «desapariciones generalizadas» que atraviesa el país al mismo tiempo que señaló la recurrente implicación de agentes del Estado en tales prácticas. El caso de Ayotzinapa –aún no esclarecido después de 3 años– por lo menos sirvió para exponer a la luz del día la evidente colusión existente en ciertas regiones entre el poder político y la delincuencia organizada [6].

Cada mes se siguen descubriendo nuevas fosas comunes. «México continúa inmerso en una crisis inédita de violencia y violaciones a derechos humanos» observa Santiago Aguirre, el vicedirector del Centro Pro Miguel Agustín Pro Juárez [7], aclarando que esta situación “no se explicarían sin tres elementos que alientan su repetición: la impunidad, la corrupción y la macro criminalidad”, una fusión del crimen organizado y del poder público [8].

Por su parte, la Federación Internacional de los Derechos Humanos (FIDH) señala que el país conoce “la situación más crítica” del continente en materia de derechos humanos. Basándose en investigaciones de diversas organizaciones de la sociedad civil, la FIDH ha denunciado ante la Corte Penal Internacional la comisión -durante los últimos diez años- de crímenes de lesa humanidad en contra de la población, “tanto por fuerzas gubernamentales que por carteles del narcotráfico”, actuando de forma cómplice.

México ocupa de hecho el primer lugar -desde el 2014- en cuanto a número de quejas por violación de garantías individuales presentadas ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Entre las víctimas de dichas violaciones también se encuentran activistas, periodistas e incluso defensores de los derechos humanos. El pasado mes de enero, Michel Forst, el Relator especial sobre la situación de defensores de DD.HH. (mandatado por el Alto Comisionado de las Naciones Unidas) deploró la existencia de una fuerte tendencia a que esas personas sean víctimas de violencia y de agresiones, al mismo tiempo que denunció el hecho de que puedan ser consideradas por las autoridades como “enemigos del Estado”.

Pero una investigación del New York Timespublicada en junio pasado confirmó que los defensores se encontraban efectivamente en la mira de las autoridades. En efecto, estas habrían espiado tanto a activistas que se enfrentan judicialmente al Estado denunciando la responsabilidad del Gobierno en casos de violaciones de DD.HH. como a periodistas investigando ciertos temas políticamente sensibles (principalmente asuntos de corrupción), por medio de spywares instalados en sus teléfonos celulares. La investigación del diario estadunidense señala que desde el 2011, al menos 3 agencias federales mexicanas gastaron cerca de 80 millones de dólares para adquirir programas informáticos de espionaje de tipo “Pegasus” fabricados por una empresa israelí.

Hasta los propios miembros del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) -el equipo internacional nombrado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para investigar de forma independiente sobre el caso de los 43 estudiantes Ayotzinapa- fueron víctima de espionaje gubernamental para entorpecer la investigación del caso Ayotzinapa.

El hecho de que el gobierno haya utilizado una tecnología sofisticada de espionaje (que le fue vendida para luchar contra criminales y terroristas) para vigilar a defensores de defensores humanos y periodistas que denuncian casos de corrupción, en vez de investigar a los responsables de dicho cáncer nacional, provocó un verdadero escándalo, así como la condena unánime de más de 200 organizaciones latino-americanas.

También contribuyó a oscurecer aún más el desolador contexto en el cual se desenvuelven los medios locales: durante los últimos 5 años, la ONG Artículo 19 ha reportado 38 asesinatos de periodistas, así como más de 400 agresiones sufridas por los comunicadores únicamente para el año 2016 (siendo más de la mitad causadas por funcionarios públicos). Con ese historial, no es de extrañarse que el México haya sido considerado por la organización Reporteros Sin Fronteras como el tercer país más peligroso del mundo para ejercer la profesión de periodista, después de Siria y Afganistán.

En su reciente paso por México, los relatores especiales para la libertad de expresión de la ONU y de la CIDH, David Kaye y Edison Lanza, denunciaron la dinámica de violencia y asesinatos existente contra los periodistas, “una situación que no se puede definir de otra forma más que catastrófica".

Pero como si todo lo anterior no fuera suficiente, la Cámara de Diputados acaba de aprobar la Ley de Seguridad Interior, cuyo propósito es regularizar la presencia del Ejército y la Armada en las calles, es decir “normalizar la militarización del país” según sus detractores. El Alto Comisionado de ONU para los Derechos Humanos, Zeid Ra’ad Al Hussein, llamó al Senado mexicano a oponerse a la ley, cuya “ambigüedad muy inquietante” podría provocar “de que sus normas puedan aplicarse de forma amplia y arbitraria”. El funcionario internacional denunció «un proyecto muy preocupante» en un país en el que "tanto agentes estatales como no estatales siguen perpetrando violaciones y vulneraciones de derechos humanos, incluso torturas, ejecuciones extrajudiciales y desapariciones forzadas”. Por su parte, la directora ejecutiva de Amnistía Internacional México declaró que se trataba de un “retroceso para los derechos humanos”.

¿Qué puede significar un retroceso en un país ya estancado en la peor situación del continente?

Tal es la situación en México, tierra de contrastes en la que unos cuantos kilómetros pueden separar playas paradisiacas de regiones convertidas en verdaderos infiernos. Con todo esto, a un año del final de su mandato y arrastrando un deplorable balance, lo que puede seguir sorprendiendo es el nivel de benevolencia que la comunidad internacional muestra hacia al actual presidente Peña Nieto.

Notas:

[1] Antes de la cuestionada victoria de Enrique Peña Nieto en el 2012, el PRI había conservado la presidencia del país de 1929 hasta el 2000, año en que el Partido Acción Nacional (PAN) consiguió una alternancia que duraría doce años con los sexenios de Vicente Fox (2000 – 2006) y de Felipe Calderón (2006 – 2012).

[2] El Decreto de Reformas Constitucionales en Materia de Energía promulgado por Peña Nieto en diciembre del 2013 puso término al monopolio de las empresas paraestatales Petróleos Mexicanos y Comisión Federal de Electricidad al poner en marcha la apertura al capital privado internacional del sector petrolero, electricidad y otras fuentes de energía.

[3] Costumbres que el PAN también mantuvo durante los sexenios de V. Fox y de F. Calderón.

[4] El 75% de los ciudadanos mexicanos considera que vivir en su ciudad es inseguro, de acuerdo con la más reciente encuesta del INEGI (julio 2017).

[5] En diciembre de 2006, el recién investido presidente Felipe Calderón lanzó la “guerra contra las drogas” con el propósito de luchar contra el crimen organizado, sacando las tropas militares de los cuarteles para que realicen operaciones de seguridad pública. Una decisión ampliamente percibida como un intento de reafirmar su legitimidad tras una victoria electoral calificada de fraudulenta por una gran parte de la población.

[6] Arrestados por la policía por orden de un alcalde, los estudiantes de la Escuela normal rural de Ayotzinapa (Estado de Guerrero) fueron entregados por las fuerzas de seguridad a un cartel. Siguen existiendo dudas respecto al rol del Ejército en este caso; diversos elementos parecen indicar su probable implicación. A más de 3 años de su desaparición, el caso de los 43 estudiantes aún sigue sin resolver, y los familiares siguen buscando de sus seres queridos.

[7] Contactado por email. El Centro ProDH (www.centroprodh.org.mx/) es una organización civil non-gubernamental que cuenta con el estatuto consultivo ante el Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas; promueve y defiende los derechos humanos de las poblaciones más vulnerables de México.

[8] La impunidad alcanza una tasa de 98%, mientras que estudios del Banco Mundial estiman que la corrupción política y económica podría representar 9% del PIB mexicano.

Luis Alberto Reygada es periodista. @la_reygada

Este artículo es una versión ampliada y actualizada del artículo «Mexique: le bilan accablant de Enrique Peña Nieto à un an des présidentielles», publicado en el sitio Mémoire des Luttes (http://www.medelu.org/, Paris – Francia) el 22/09/2017.

Fuente: http://www.cetri.be/Economia-pobreza-derechos-humanos?lang=fr

OCDE sobre la política de salud y el candidato del PRI

Asa Cristina Laurell

El destape de José Antonio Meade como precandidato a la Presidencia ha estado acompañado de una avalancha de elogios a su perfil de tecnoburócrata eficiente y probo en los diferentes puestos gubernamentales que ha desempeñado. Sería la garantía de la continuidad de las reformas emprendidas por Peña. El estudio económico de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) de México 2017 afirma que estas medidas han tenido éxito, así como que debieran mantenerse profundizando algunos aspectos. Continúa así su intervención en los asuntos internos de México y no cabe duda de que el precandidato priísta también es suyo.

La doctrina neoliberal de la OCDE es conocida y los sesgos en su narrativa de los sucesos es frecuentemente alarmante. El mencionado estudio dedica una parte a la salud que demuestra este hecho. El año pasado se involucró directamente en el debate sobre la reforma en la materia (ver) proponiendo entre otras cosas profundizar la participación privada en el sistema sanitario y uniformar el paquete de servicios de IMSS e Issste al del Seguro Popular, lo que perjudicaría a cerca de la mitad de la población.

La OCDE sostiene, ahora que se ha expedido una nueva Ley General de Salud, la cual garantiza un gasto más eficiente y transparente del Seguro Popular. No se hizo una nueva norma, sólo se añadieron incisos fortaleciendo el control de la Secretaría de Salud federal sobre el manejo del Seguro Popular, lo que equivale a una recentralización del sistema. Sigue sosteniendo que Prospera ha ampliado la cobertura a las familias pobres, omitiendo señalar que se trata de un esquema de vacunación, pláticas para el autocuidado y medidas preventivas según grupo de edad. Todas son actividades regulares del sistema de salud, y más bien se trata de requisitos para seguir en el programa.

La OCDE sostiene que el sistema de salud mexicano ha progresado, opinión que no coincide con el sentir mayoritario en el país, donde diariamente hay denuncias y movilizaciones sobre sus múltiples problemas. El estudio presenta en el cuadro 8 las recomendaciones hechas por ese organismo internacional y las medidas tomadas desde 2015, a pesar de que su propuesta de profundizar la reforma es de 2016. Llaman la atención que presentaavancesque no lo son y la falta de concordancia entre sus recomendaciones y lasmedidas tomadas. Presenta el Acuerdo Nacional para la Universalización de los Servicios de Salud como novedad, cuando no se distingue de los Acuerdos de Intercambio de Servicios, iniciados en 2010.

La falta de concordancia salta la vista en la recomendación de hacer obligatorio el seguro de salud, que en la columna demedidasseñala a las compras consolidadas de medicamentos del IMSS. Igualmente extraña es la recomendación de dejar a los nuevos asegurados elegir libremente a sus redes de proveedores de servicios donde, de nuevo, se señala comomedidatomada la compra consolidada de medicamentos. Respecto a la recomendación de convertir los hospitales públicos en entidades corporativas, o sea, de manejo autónomo con criterios empresariales, la OCDE resalta que el IMSS está evaluando un esquema de asociación pública-privada para cuatro hospitales, esquema que está en marcha en la Secretaría de Salud desde el gobierno de Fox.

Estas últimas dos recomendaciones parecen tomadas de los intentos de privatización del gobierno conservador de Inglaterra encaminados a desmontar el Servicio Nacional de Salud, que han ido de fracaso en fracaso. Por último, vuelve a proponer a México que incremente el IVA para disponer de mayores recursos fiscales, en vista de que la actual recaudación es la más baja de toda la OCDE. El único dato interesante es que estima que un manejo más eficiente del gasto en salud podría ahorrar 0.7 por ciento promedio del PIB, o sea, cerca de 25 por ciento del gasto público total en este rubro, sin hablar de corrupción.

¿Cuál es el mensaje de la OCDE sobre salud en la coyuntura electoral en México? Sostiene que la reforma en este campo va avanzando, aunque no con la velocidad deseable. Qué mejor entonces que un candidato presidencial tecnoburócrata eficiente que puede componer los desarreglos de esta reforma. En este sentido es un espaldarazo a Meade. Su único problema es que en México hay un casi consenso de que la reforma de salud no ha funcionado. Ciertamente, hay dos posiciones sobre qué hacer. Unos proponen su profundización y otros que se debe repensar el sistema sanitario para garantizar el derecho a la salud. Estas son las opciones en la materia para las elecciones.

Universidades públicas, ante la disminución de sus recursos

La Jornada


El Consejo Universitario de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) aprobó un presupuesto de 43 mil 196 millones de pesos para 2018, sólo 0.7 por ciento por encima del precedente. La suma referida se compone de los 38 mil 300 millones 400 mil pesos que fueron aprobados por la Cámara de Diputados –un incremento de 0.5 por ciento con respecto a 2017– más 4 mil 895 millones de pesos de ingresos propios, obtenidos por la prestación de servicios a entidades públicas y a la iniciativa privada.

En términos nominales, ese incremento presupuestal de medio punto resulta del todo insuficiente para hacer frente a las necesidades de la máxima casa de estudios, como lo señaló el rector Enrique Graue, quien dijo que la afectación será particularmente acentuada en las áreas de investigación. Pero si se considera la elevada inflación experimentada por la economía en el año que está por terminar –6.63 por ciento entre enero y noviembre–, la relación real entre ambos presupuestos es una reducción de casi 6 por ciento.

Así pues, los fondos destinados a la UNAM han sido sometidos en los hechos a un recorte injustificable, y la situación en otras instituciones públicas de educación superior es aún peor.

Incluso si se dejara de lado la necesidad de satisfacer la demanda de carreras universitarias por parte de cientos de miles de jóvenes, y para la cual el número de plazas es dolorosamente insuficiente, resulta claro que el año entrante las actividades académicas en sus dimensiones actuales, la investigación y la difusión de la cultura enfrentarán una situación financiera deficitaria. Y si se considera que una media docena de universidades públicas cierran este 2017 en circunstancias de asfixia monetaria, el panorama para 2018 se agravará de manera inevitable.

El hecho de que el país sacrifique la educación superior es inaceptable por muchas razones: porque la enseñanza universitaria resulta crucial para el desarrollo de México; porque representa el único reducto para los jóvenes en una economía que les cierra las puertas y ante una delincuencia organizada que se las abre; no menos importante, si no hay profesionistas en cantidad suficiente y con el nivel adecuado, si no hay investigación científica, tecnológica y humanística en las modalidades requeridas y si se opera una reducción de las actividades de extensión y difusión, culturales y deportivas que ofrecen las universidades públicas, el país no puede estar en condiciones de resolver sus más acuciantes problemas sociales, económicos y políticos.

Es preciso insistir en la urgencia de abandonar un modelo de supuesto desarrollo que achica en forma sistemática la presencia y el protagonismo de la educación pública en todos sus niveles y que progresivamente se desentiende de la tarea de la enseñanza para dejarla en manos de la iniciativa privada. En lo inmediato, debe restituirse la capacidad de gasto de las universidades del Estado mediante negociaciones y acuerdos coyunturales en el seno del Legislativo y mediante iniciativas del Ejecutivo. De otra manera, más temprano que tarde todos los ámbitos nacionales lamentarán el debilitamiento de las universidades públicas, empezando por la UNAM.

Universidades públicas, ante la disminución de sus recursos

El Consejo Universitario de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) aprobó un presupuesto de 43 mil 196 millones de pesos para 2018, sólo 0.7 por ciento por encima del precedente. La suma referida se compone de los 38 mil 300 millones 400 mil pesos que fueron aprobados por la Cámara de Diputados –un incremento de 0.5 por ciento con respecto a 2017– más 4 mil 895 millones de pesos de ingresos propios, obtenidos por la prestación de servicios a entidades públicas y a la iniciativa privada.

En términos nominales, ese incremento presupuestal de medio punto resulta del todo insuficiente para hacer frente a las necesidades de la máxima casa de estudios, como lo señaló el rector Enrique Graue, quien dijo que la afectación será particularmente acentuada en las áreas de investigación. Pero si se considera la elevada inflación experimentada por la economía en el año que está por terminar –6.63 por ciento entre enero y noviembre–, la relación real entre ambos presupuestos es una reducción de casi 6 por ciento.

Así pues, los fondos destinados a la UNAM han sido sometidos en los hechos a un recorte injustificable, y la situación en otras instituciones públicas de educación superior es aún peor.

Incluso si se dejara de lado la necesidad de satisfacer la demanda de carreras universitarias por parte de cientos de miles de jóvenes, y para la cual el número de plazas es dolorosamente insuficiente, resulta claro que el año entrante las actividades académicas en sus dimensiones actuales, la investigación y la difusión de la cultura enfrentarán una situación financiera deficitaria. Y si se considera que una media docena de universidades públicas cierran este 2017 en circunstancias de asfixia monetaria, el panorama para 2018 se agravará de manera inevitable.

El hecho de que el país sacrifique la educación superior es inaceptable por muchas razones: porque la enseñanza universitaria resulta crucial para el desarrollo de México; porque representa el único reducto para los jóvenes en una economía que les cierra las puertas y ante una delincuencia organizada que se las abre; no menos importante, si no hay profesionistas en cantidad suficiente y con el nivel adecuado, si no hay investigación científica, tecnológica y humanística en las modalidades requeridas y si se opera una reducción de las actividades de extensión y difusión, culturales y deportivas que ofrecen las universidades públicas, el país no puede estar en condiciones de resolver sus más acuciantes problemas sociales, económicos y políticos.

Es preciso insistir en la urgencia de abandonar un modelo de supuesto desarrollo que achica en forma sistemática la presencia y el protagonismo de la educación pública en todos sus niveles y que progresivamente se desentiende de la tarea de la enseñanza para dejarla en manos de la iniciativa privada. En lo inmediato, debe restituirse la capacidad de gasto de las universidades del Estado mediante negociaciones y acuerdos coyunturales en el seno del Legislativo y mediante iniciativas del Ejecutivo. De otra manera, más temprano que tarde todos los ámbitos nacionales lamentarán el debilitamiento de las universidades públicas, empezando por la UNAM.

En comisiones, PRI y aliados votan en favor de la controvertida legislación


Con el voto en favor del PRI y aliados, el Senado aprobó en comisiones la ley de seguridad interior que hoy se discutirá en el pleno,en alguna de las sedesde esa cámara del Congreso.

Por la noche, el presidente del Senado, Ernesto Cordero, citó a sesión a las 11 horas de este jueves para aprobar la ley, pero dejó entrever que podrían sesionar en otra sede, en Donceles o en otro sitio, ante la amenaza de organizaciones opositoras a la ley de que impedirán la entrada de legisladores al edificio de Reforma e Insurgentes.

Antes, durante más de cinco horas, senadores de PT-Morena, PRD y algunos panistas, entre ellos Juan Carlos Romero Hicks, trataron de posponer la discusión de la controvertida ley que, afirmaron, no resolverá el problema de violencia e inseguridad. En cambio, resaltó Miguel Barbosa, esla entrega del control político de los territorios de México al mando militar.

Los opositores pidieron, sinéxito, abrir el diálogo y escuchar los llamados a no aprobar esa ley de los principales organismos internacionales y nacionales de derechos humanos, así como de expertos.

El PRI, con los votos del PVEM y parte del PAN, impuso la mayoría en las comisiones de Gobernación, de Defensa Nacional, de Marina y de Estudios Legislativos Segunda, para aprobar en lo general y sin cambios la minuta que les remitió la Cámara de Diputados.

Los cambios a nueve artículos consensuados por PRI y PAN, junto con otras reservas que presentarán senadores de oposición, entre ellas un transitorio para obligar a los estados a que participe el Ejército en el combate a la inseguridad y profesionalizar los cuerpos policiacos, se discutirán en la sesión de hoy, dijo la presidenta de la Comisión de Gobernación, Cristina Díaz.

México requiere paz, seguridad ciudadana, certeza jurídica y esta ley no lo garantiza, recalcó Romero Hicks, y calificó demalos parcheslos cambios a la minuta.

El senador Alejandro Encinas, el coordinador perredista Luis Sánchez, así como Dolores Padierna y Benjamín Robles, de PT-Morena, manifestaron que los cambios son insuficientes ante disposiciones jurídicas ambiguas, ya que no generan control y supervisión de los derechos humanos.

Romero Hicks y Encinas presentaron un voto particular en el que advierten queen vez de legalizar lo ilegalse debe fortalecer a los cuerpos policiacos. Mencionaron el informe mundial de Human Rights Watch, de 2017, el cual indica que de 2006 hasta julio de 2017 la Comisión Nacional de los Derechos Humanos recibió 10 mil denuncias de abusos perpetrados por el Ejército, 2 mil de ellas en el gobierno de Peña Nieto.

Dolores Padierna presentó otro voto particular en el que advierte que aprobar esa leynos coloca en riesgo de contravenir tratados internacionales y, sobre todo, constituye un reconocimiento de la rendición del Estado frente a la crisis de seguridad que tanto dolor ha causado.

La perredista Angélica de la Peña advirtió que no escuchar las preocupaciones de la ONU y la CNDH sobre el riesgo de militarizar la seguridad pública, llevará a que se judicialice esa ley.

Durante el debate fue evidente la división de los panistas. Mientras el presidente de la Comisión de Defensa, Fernando Torres, negó que el procedimiento haya sidoatropelladoy sostuvo quese escucharon todas las vocesy por ello se propusieron los cambios a nueve artículos, Romero Hicks y Laura Angélica Rojas votaron en favor de una moción suspensiva.

Otro panista, Roberto Gil, formuló un largo alegato jurídico en favor de la ley que fue calificado demagistralpor el priísta Patricio Martínez, quien pidió aprobarhoy, hoy, hoy, ni un día másesa norma.

Usa fórmulas erradas y permite la militarización del país, afirman

El actor Diego Luna y representantes de organizaciones civiles encabezaron la marcha contra la ley de seguridad interior, del Ángel de la Independecnia al SenadoFoto Víctor Camacho

Víctor Ballinas, Andrea Becerril y Fernando Camacho

Periódico La Jornada
Jueves 14 de diciembre de 2017, p. 4

El actor Diego Luna y Ana Lorena Delgadillo, en nombre de los colectivos #FiscalíaQueSirva y #SeguridadSinGuerra, así como otras organizaciones civiles, afirmaron en la sede senatorial:Los nueve cambios que hicieron los senadores a la minuta de ley de seguridad interior son maquillaje.

Aseveraron que el llamado que hizo el presidente Enrique Peña Nieto a la Cámara de Senadores para que convocara a un diálogo amplio “se reduce a una mera simulación. Invitaron a un pequeño grupo de organizaciones. Escuchan, pero no atienden. Dicen escuchar y no cambian.

Palabras y comas que no alejan a la ley de seguridad interior de la inconstitucionalidad, ni le dan a las fuerzas armadas el marco jurídico que necesitan, sino que mantienen el espíritu de convertirlas en el ejercicio discrecional del Presidente en pleno proceso electoral, manifestaron Luna, Delgadillo y María Elena Morera en nombre de los colectivos que pidieron que no se apruebe la ley y que se abra un amplio debate en enero.

Diego Luna pidió a los senadoresque no aprueben la ley en lo oscurito y en chinga, porque puede ser un paso muy grave en nuestra historia. Morera destacó que los intentos de la ciudadanía de proponer, construir y dialogar,se han topado con una pared una vez más.

Los senadores Luis Sánchez, Alejandra Barrales, Angélica de la Peña, Iris Vianey e Isidro Pedraza, del PRD, acompañaron a los colectivos y ONG en la conferencia de prensa y subrayaron que el sol azteca votará contra esa ley. También estuvieron presentes los senadores panistas, Silvia Martínez y Francisco Búrquez, quienes han manifestado su rechazo a ese ordenamiento.

Por la noche, varios cientos de personas realizaron una marcha del Ángel de la Independencia al Senado para manifestar su descontento ante la eventual aprobación de la ley de seguridad interior, por considerar que únicamente repite fórmulas equivocadas y permite una mayor militarización del país.

Aunque la convocatoria a la movilización empezó a circular por correo electrónico y en redes sociales durante la tarde del miércoles, varios grupos de manifestantes se congregaron en las escalinatas del Ángel desde antes de las 19 horas, con consignas y mantas contra dicha ley.

Antes de que partiera la marcha hacia el Senado –donde el dictamen de la ley ya había sido aprobada en comisiones–, las investigadoras Ana Lorena Delgadillo, directora de la Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho, y Layda Negrete, de World Justice Project, advirtieron que esta norma va a generar una mayor cantidad de violaciones a los derechos humanos y no resolverá la crisis de inseguridad del país.

Negrete afirmó que lleva 20 años estudiando temas de seguridad,y esta es la peor ley que he visto en mi vida. Es la ley más peligrosa, porque le da autorización al Ejército para autoadministrarse, para decidir a qué territorio ir sin ningún tipo de control. Van a poder desplegarse por tiempo indefinido.

De la Redacción

Periódico La Jornada
Jueves 14 de diciembre de 2017, p. 4

Los rectores de las universidades Nacional Autónoma de México, Enrique Graue; de Guadalajara, Tonatiuh Bravo, e Iberoamericana, David Fernández, pidieron al Senado no aprobar la ley de seguridad interior y convocar a un diálogo nacional incluyente.

En un pronunciamiento conjunto, los rectores advirtieron que la aprobación de la ley, en términos de la minuta remitida por la Cámara de Diputados,corre el riesgo de repetir un patrón fallido de seguridad, sin que los legisladores y nadie más puedan prever las consecuencias en favor o en contra de la seguridad, en particular, y de los derechos humanos, en general.

Señalaron que ese amplio diálogo nacional, que solicitan convoque el Senado, debe incluir la voz de las víctimas y privilegiar los argumentos basados en la evidencia, el conocimiento científico y las lecciones aprendidas en los ámbitos nacional e internacional.

Esta ley debe discutirse en un contexto más amplio que permita revisar la política de seguridad del Estado mexicano en su conjunto, evaluando el desempeño tanto de las autoridades civiles, las cuales por mandato constitucional son responsables de la seguridad pública, como de las fuerzas armadas, manifestaron.

De la Redacción

Periódico La Jornada
Jueves 14 de diciembre de 2017, p. 4

Los titulares de las secretarías de Relaciones Exteriores, Luis Videgaray Caso, y de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, se reunirán hoy en Washington con los secretarios de Estado, Rex Tillerson, y la responsable de Seguridad Interna, Kirstjen Nielsen, con la finalidad de dialogar sobre las estrategias para combatir a las organizaciones criminales trasnacionales.

Este es el segundo diálogo de alto nivel que tienen los funcionarios de ambos países para analizar el tema.

También asistirán al encuentro los procuradores Jeff Sessions, de Estados Unidos, y Elías Beltrán, de México, informó la Casa Blanca.

El encuentro de este día da seguimiento a la reunión que se efectuó en mayo pasado, en la que aún participo John Kelly, en aquel momento secretario de Seguridad Interna.

Videgaray ha señalado que el eventual rompimiento del Tratado de Libre Comercio de América del Norte inevitablemente tendrá consecuencias en la cooperación entre México y Estados Unidos en temas como migración y seguridad.

Jessica Xantomila

Periódico La Jornada
Jueves 14 de diciembre de 2017, p. 5

En los pasados 32 años se registraron en el país 52 mil 210 muertes de mujeres en las que se presumió homicidio, de las cuales 15 mil 535 ocurrieron en los seis años recientes, es decir, 29.8 por ciento, de acuerdo con el estudio La violencia feminicida en México, aproximaciones y tendencias 1985-2016.

La cifra más baja corresponde a 2007, con mil 89 casos, y la más alta a 2012, con 2 mil 769. En el informe presentado ayer en el Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres) se señala que después de que en 2007 la tasa de defunciones femeninas con presunción de homicidio se había reducido a la mitad respecto de 1985 –1.9 contra 3.8 defunciones por cada 100 mil mujeres–, entre 2007 y 2012 hubo un repunte de 138 por ciento,es decir, no solamente se perdió el avance que se había alcanzado en los 23 años anteriores, sino que además llegamos a niveles nunca antes registrados.

En 2012 se muestra un cambio en la tendencia, pues los datos disponibles muestran una disminución de 254 casos en términos absolutos y de 0.46 en la tasa entre 2013 y 2014. Las cifras de 2015 reflejan menor ritmo en la reducción, que fue de 35 casos y 0.10 en la tasa. En 2016 hay un aumento que implica un promedio de 7.5 asesinatos de mujeres por día: en total, 2 mil 746 casos.

En el documento elaborado por el Inmujeres, la Organización de Naciones Unidas para las Mujeres (ONU-Mujeres) y la Secretaría de Gobernación (SG), se expone que en el estado de México se han cometido 15 por ciento de los asesinatos de mujeres en los 10 años recientes y Chihuahua concentra 10.5 por ciento.

Si se considera a las 10 entidades federativas que tuvieron el mayor número de asesinatos de mujeres en 2016, Oaxaca, Nuevo León, Tamaulipas, Baja California, Veracruz, Jalisco, Ciudad de México, Guerrero, Chihuahua y el estado de México concentran dos terceras partes de las defunciones de 2008, 68.5 por ciento en 2010, 68.4 en 2011 y 61.1 por ciento en 2016.

Chihuahua se ha mantenido en los primeros lugares desde 2001 y Guerrero desde 2006. En 2016, Colima se posicionó en el primer lugar. En sentido inverso están entidades como Querétaro, que después de ocupar los primeros puestos a inicios del periodo pasó al último lugar en 1998; en 2016 se ubicó en el sitio 29, o Yucatán,que sistemáticamente ocupa los últimos lugares.

En el informe se señala que el uso de mediosmás brutalespara asesinar a las mujeres es más frecuente. En los cinco años recientes los objetos cortantes se usaron 1.3 veces más en los asesinatos de mujeres que de hombres; además, se recurre tres veces más al ahorcamiento, estrangulamiento, sofocación, ahogamiento e inmersión, y el uso de sustancias y fuego es el doble que en el caso de los hombres.

Destaca que de 2012 a 2016 se registró una reducción en el porcentaje que representa los asesinatos de niñas menores de 15 años y un aumentonotableen el de las mujeres adultas, entre los 20 y 40 años de edad, periodo que coincide con la etapa reproductiva.

En el documento se señala que un componente clave de la violencia feminicida es la violencia sexual. El Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública expone que en el país se producen casi 15 mil denuncias de violación anuales. En 2011 hubo 15 mil 751, y la cifra se redujo en los años siguientes: en 2014, se reportaron 12 mil 638, pero en 2016 aumentaron a 12 mil 896. La mayoría de víctimas son mujeres.

Se señala que mientras las denuncias crecen, las averiguaciones que culminaron con la detención de un presunto responsable y su consignación ante el Poder Judicialapenas ha llegado a 4 milen 2015, de las más de 12 mil.

La presentación del informe estuvo a cargo de Carlos Echarri, especialista de El Colegio de México, y al acto asistieron Lorena Cruz, presidenta del Inmujeres, y Belén Sanz, representante de ONU Mujeres.

Israel Rodríguez

Periódico La Jornada
Jueves 14 de diciembre de 2017, p. 5

Durante 2016 la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) recibió un total de 45 mil 690 solicitudes de queja, mientras los organismos de protección de derechos humanos (OPDH) de las entidades federativas recibieron 172 mil 78 denuncias, de acuerdo con los resultados del primer Censo Nacional de Derechos Humanos 2017, proyecto estadístico de Censos Nacionales de Gobierno que se lleva a cabo en los ámbitos federal y estatal bajo un mismo levantamiento, que fueron presentados ayer por el Instituto Nacional de Estadística y Geografia (Inegi).

El instituto precisó que del total, 30.3 por ciento fueron aceptadas y se procedió a abrir un expediente. Detalló que en 2016 la CNDH atendió 14 mil 494 expedientes de queja calificados como presuntamente violatorios de derechos humanos, en tanto que los OPDH atendieron 80 mil 820 expedientes. Del total, 68.2 por ciento se abrió (por solicitud de queja y por oficio) el año pasado y 31.8 por ciento provino de años anteriores a 2016.

En los 95 mil 314 expedientes de queja calificados como presuntamente violatorios de derechos humanos atendidos por la CNDH y los OPDH al cierre de 2016, se registraron 148 mil 947 presuntos hechos violatorios de las garantías individuales.

En 2016, la violación al principio de legalidad en el desempeño de la función pública fue el tipo de presunto hecho violatorio de derechos humanos más frecuente registrado en los expedientes de queja calificados por la CNDH y los OPDH, con 24.8 y 10.1 por ciento, respectivamente.

De los 63 mil 406 expedientes de queja calificados como presuntamente violatorios de derechos humanos concluidos durante 2016 por la CNDH y los OPDH, 16.5 por ciento (se calculó sobre un total de 63 mil 950 expedientes, en virtud que un expediente de queja pudo haberse concluido por más de una causa) se concluyó al haberse solucionado mediante la conciliación.

En ese mismo año la CNDH emitió 71 recomendaciones a diferentes instituciones públicas, mientras que los OPDH emitieron mil 703. Del total, 62.6 por ciento fueron para instituciones públicas del ámbito estatal, siendo las procuradurías generales de justicia o las fiscalías generales las autoridades que recibieron la mayor proporción (39.5 por ciento) en ese ámbito de gobierno.

En cuanto a los 3 mil 992 servidores públicos que integraron los OPDH al cierre de 2016, 19.2 por ciento estaba adscrito a visitadurías generales o subprocuradurías, mientras dicho porcentaje se incrementa a 52.3 por ciento para el caso de la CNDH.

Andrea Becerril y Víctor Ballinas
Periódico La Jornada
Jueves 14 de diciembre de 2017, p. 3

Rectores de tres universidades piden al Senado convocar a diálogo nacional


Los rectores de las universidades Nacional Autónoma de México, Enrique Graue; de Guadalajara, Tonatiuh Bravo, e Iberoamericana, David Fernández, pidieron al Senado no aprobar la ley de seguridad interior y convocar a un diálogo nacional incluyente.

En un pronunciamiento conjunto, los rectores advirtieron que la aprobación de la ley, en términos de la minuta remitida por la Cámara de Diputados,corre el riesgo de repetir un patrón fallido de seguridad, sin que los legisladores y nadie más puedan prever las consecuencias en favor o en contra de la seguridad, en particular, y de los derechos humanos, en general.

Señalaron que ese amplio diálogo nacional, que solicitan convoque el Senado, debe incluir la voz de las víctimas y privilegiar los argumentos basados en la evidencia, el conocimiento científico y las lecciones aprendidas en los ámbitos nacional e internacional.

Esta ley debe discutirse en un contexto más amplio que permita revisar la política de seguridad del Estado mexicano en su conjunto, evaluando el desempeño tanto de las autoridades civiles, las cuales por mandato constitucional son responsables de la seguridad pública, como de las fuerzas armadas, manifestaron.

De la Redacción

Periódico La Jornada
Jueves 14 de diciembre de 2017, p. 4

Los titulares de las secretarías de Relaciones Exteriores, Luis Videgaray Caso, y de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, se reunirán hoy en Washington con los secretarios de Estado, Rex Tillerson, y la responsable de Seguridad Interna, Kirstjen Nielsen, con la finalidad de dialogar sobre las estrategias para combatir a las organizaciones criminales trasnacionales.

Este es el segundo diálogo de alto nivel que tienen los funcionarios de ambos países para analizar el tema.

También asistirán al encuentro los procuradores Jeff Sessions, de Estados Unidos, y Elías Beltrán, de México, informó la Casa Blanca.

El encuentro de este día da seguimiento a la reunión que se efectuó en mayo pasado, en la que aún participo John Kelly, en aquel momento secretario de Seguridad Interna.

Videgaray ha señalado que el eventual rompimiento del Tratado de Libre Comercio de América del Norte inevitablemente tendrá consecuencias en la cooperación entre México y Estados Unidos en temas como migración y seguridad.

Jessica Xantomila

Periódico La Jornada
Jueves 14 de diciembre de 2017, p. 5

En los pasados 32 años se registraron en el país 52 mil 210 muertes de mujeres en las que se presumió homicidio, de las cuales 15 mil 535 ocurrieron en los seis años recientes, es decir, 29.8 por ciento, de acuerdo con el estudio La violencia feminicida en México, aproximaciones y tendencias 1985-2016.

La cifra más baja corresponde a 2007, con mil 89 casos, y la más alta a 2012, con 2 mil 769. En el informe presentado ayer en el Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres) se señala que después de que en 2007 la tasa de defunciones femeninas con presunción de homicidio se había reducido a la mitad respecto de 1985 –1.9 contra 3.8 defunciones por cada 100 mil mujeres–, entre 2007 y 2012 hubo un repunte de 138 por ciento,es decir, no solamente se perdió el avance que se había alcanzado en los 23 años anteriores, sino que además llegamos a niveles nunca antes registrados.

En 2012 se muestra un cambio en la tendencia, pues los datos disponibles muestran una disminución de 254 casos en términos absolutos y de 0.46 en la tasa entre 2013 y 2014. Las cifras de 2015 reflejan menor ritmo en la reducción, que fue de 35 casos y 0.10 en la tasa. En 2016 hay un aumento que implica un promedio de 7.5 asesinatos de mujeres por día: en total, 2 mil 746 casos.

En el documento elaborado por el Inmujeres, la Organización de Naciones Unidas para las Mujeres (ONU-Mujeres) y la Secretaría de Gobernación (SG), se expone que en el estado de México se han cometido 15 por ciento de los asesinatos de mujeres en los 10 años recientes y Chihuahua concentra 10.5 por ciento.

Si se considera a las 10 entidades federativas que tuvieron el mayor número de asesinatos de mujeres en 2016, Oaxaca, Nuevo León, Tamaulipas, Baja California, Veracruz, Jalisco, Ciudad de México, Guerrero, Chihuahua y el estado de México concentran dos terceras partes de las defunciones de 2008, 68.5 por ciento en 2010, 68.4 en 2011 y 61.1 por ciento en 2016.

Chihuahua se ha mantenido en los primeros lugares desde 2001 y Guerrero desde 2006. En 2016, Colima se posicionó en el primer lugar. En sentido inverso están entidades como Querétaro, que después de ocupar los primeros puestos a inicios del periodo pasó al último lugar en 1998; en 2016 se ubicó en el sitio 29, o Yucatán,que sistemáticamente ocupa los últimos lugares.

En el informe se señala que el uso de mediosmás brutalespara asesinar a las mujeres es más frecuente. En los cinco años recientes los objetos cortantes se usaron 1.3 veces más en los asesinatos de mujeres que de hombres; además, se recurre tres veces más al ahorcamiento, estrangulamiento, sofocación, ahogamiento e inmersión, y el uso de sustancias y fuego es el doble que en el caso de los hombres.

Destaca que de 2012 a 2016 se registró una reducción en el porcentaje que representa los asesinatos de niñas menores de 15 años y un aumentonotableen el de las mujeres adultas, entre los 20 y 40 años de edad, periodo que coincide con la etapa reproductiva.

En el documento se señala que un componente clave de la violencia feminicida es la violencia sexual. El Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública expone que en el país se producen casi 15 mil denuncias de violación anuales. En 2011 hubo 15 mil 751, y la cifra se redujo en los años siguientes: en 2014, se reportaron 12 mil 638, pero en 2016 aumentaron a 12 mil 896. La mayoría de víctimas son mujeres.

Se señala que mientras las denuncias crecen, las averiguaciones que culminaron con la detención de un presunto responsable y su consignación ante el Poder Judicialapenas ha llegado a 4 milen 2015, de las más de 12 mil.

La presentación del informe estuvo a cargo de Carlos Echarri, especialista de El Colegio de México, y al acto asistieron Lorena Cruz, presidenta del Inmujeres, y Belén Sanz, representante de ONU Mujeres.

Israel Rodríguez

Periódico La Jornada
Jueves 14 de diciembre de 2017, p. 5

Durante 2016 la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) recibió un total de 45 mil 690 solicitudes de queja, mientras los organismos de protección de derechos humanos (OPDH) de las entidades federativas recibieron 172 mil 78 denuncias, de acuerdo con los resultados del primer Censo Nacional de Derechos Humanos 2017, proyecto estadístico de Censos Nacionales de Gobierno que se lleva a cabo en los ámbitos federal y estatal bajo un mismo levantamiento, que fueron presentados ayer por el Instituto Nacional de Estadística y Geografia (Inegi).

El instituto precisó que del total, 30.3 por ciento fueron aceptadas y se procedió a abrir un expediente. Detalló que en 2016 la CNDH atendió 14 mil 494 expedientes de queja calificados como presuntamente violatorios de derechos humanos, en tanto que los OPDH atendieron 80 mil 820 expedientes. Del total, 68.2 por ciento se abrió (por solicitud de queja y por oficio) el año pasado y 31.8 por ciento provino de años anteriores a 2016.

En los 95 mil 314 expedientes de queja calificados como presuntamente violatorios de derechos humanos atendidos por la CNDH y los OPDH al cierre de 2016, se registraron 148 mil 947 presuntos hechos violatorios de las garantías individuales.

En 2016, la violación al principio de legalidad en el desempeño de la función pública fue el tipo de presunto hecho violatorio de derechos humanos más frecuente registrado en los expedientes de queja calificados por la CNDH y los OPDH, con 24.8 y 10.1 por ciento, respectivamente.

De los 63 mil 406 expedientes de queja calificados como presuntamente violatorios de derechos humanos concluidos durante 2016 por la CNDH y los OPDH, 16.5 por ciento (se calculó sobre un total de 63 mil 950 expedientes, en virtud que un expediente de queja pudo haberse concluido por más de una causa) se concluyó al haberse solucionado mediante la conciliación.

En ese mismo año la CNDH emitió 71 recomendaciones a diferentes instituciones públicas, mientras que los OPDH emitieron mil 703. Del total, 62.6 por ciento fueron para instituciones públicas del ámbito estatal, siendo las procuradurías generales de justicia o las fiscalías generales las autoridades que recibieron la mayor proporción (39.5 por ciento) en ese ámbito de gobierno.

En cuanto a los 3 mil 992 servidores públicos que integraron los OPDH al cierre de 2016, 19.2 por ciento estaba adscrito a visitadurías generales o subprocuradurías, mientras dicho porcentaje se incrementa a 52.3 por ciento para el caso de la CNDH.

Rinden informes de labores 2016-17

SCJN: constitucional, el artículo 215-A del CPF

Gustavo Castillo García

Periódico La Jornada
Jueves 14 de diciembre de 2017, p. 5

Las desapariciones forzadas son un “fenómeno que ha ido en aumento, al grado de ser considerado una de las principales preocupaciones en el país, pues constituye una violación múltiple de varios derechos humanos, cuya prohibición ha alcanzado el carácter de ius cogens (normas que no pueden ser derogadas)”, señaló la ministra Norma Lucía Piña Hernández, al rendir el informe de labores del primero de diciembre de 2016 al 30 de noviembre de este año.

Por ello, la primera sala de las Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) confirmó la negativa de amparo al declarar la constitucionalidad del artículo 215-A del Código Penal Federal (CPF), en lo que se refiere a que ese delito se puede cometer con independencia de que el sujeto activo participe en la detención legal o ilegal de la víctima.

Refirió que la primera sala de la SCJN ha sidogarante de los derechos fundamentales, haciéndolos respetar por todos los poderes del Estado.

Ante los plenos de la SCJN, del Consejo de la Judicatura Federal (CJF) y del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, señaló que la primera sala estableció queen materia de igualdad y no discriminación, se decidió que la aplicación de los usos y costumbres indígenas no puede ser excusa para intensificar la opresión, incluso al interior de las comunidades, de aquellos miembros tradicionalmente excluidos, como mujeres, niños y niñas o personas con discapacidad; entre otros colectivos históricamente desaventajados.

En tanto, al rendir el informe de la segunda sala de la SCJN, el ministro Eduardo Medina Mora señaló que para el Poder Judicial, al no ser un poder electo democráticamente, es importante lograr legitimidad para la toma de decisiones, yante las nuevas realidades y problemas jurídicos será necesario revisar los principios básicos de división de poderes y derecho administrativo, como: el principio de legalidad, reserva de ley y de subordinación jerárquica.

Medina Mora resaltó que resulta jurídicamente factible aplicar filtros que respondan a la naturaleza y lógica del diseño del máximo tribunal del país, demodo que resuelva únicamente aquellos (casos) que ameriten su conocimiento como intérprete constitucional.

La Caravana de Madres Centroamericanas que buscan a hijos y familiares desaparecidos en el país, durante el encuentro con migrantes refugiados, en el Museo de la Ciudad de MéxicoFoto Yazmín Ortega Cortés

Georgina Saldierna y César Arellano

Periódico La Jornada
Jueves 14 de diciembre de 2017, p. 6

Integrantes de la Caravana de Madres Centroamericanas que buscan a hijos y familiares desa-parecidos en México exigieron al gobierno federal que otorgue refugio a quienes huyen de la violencia y que adopte medidas para que se respeten los derechos humanos de los migrantes.

Ana Enamorado, organizadora de la caravana que ya va en su 13 edición, explicó que muchos centroamericanos llegan a México ya no por el sueño americano, sino por salvar su vida de la violencia que generan las (pandillas conocidas como) maras.

Resaltó que esos grupos criminales extorsionan a la población y amenazan con matar a quienes no pagan el dinero que les piden. Ahora ya no dan una segunda oportunidad para reunir los recursos y por ello las personas tienen que salir de sus hogares para salvar sus vidas.

Como parte del Movimiento Migrante Centroamericano, explicó que las autoridades mexicanas no aprueban las solicitudes de refugio que se presentan, deportan a los migrantes y éstos sólo llegan a sus países de origen para ser asesinado por las maras.

Enamorado, cuyo hijo desapareció en Jalisco, destacó que se les ha perdido el rastro a unos 120 mil centroamericanos en México, según reportes de los comités de activistas de la región.

La 13 caravana llegó al país el pasado primero de diciembre y concluirá sus actividades el día 18. En lo que resta de su estancia visitará Puebla, Veracruz y Tabasco, donde se tienen reportes de desaparecidos.

Los paterfamilias tuvieron ayer un encuentro en el Museo de la Ciudad de México, en el que narraron sus experiencias. Este jueves realizarán una manifestación frente a la embajada de Estados Unidos.

Ana Enamorado señaló a los gobiernos de México, Centroamérica y Estados Unidos como responsables de la violación a los derechos humanos que sufren los migrantes, porque no han adoptado medidas para evitarlo o para buscar a quienes han desaparecido. Desde un policía del Metro hasta un federal buscan sacar provecho de los centroamericanos e incluso llegan a secuestrarlos, afirmó.

Anoche, los integrantes de la caravana arribaron a la Fiscalía del Migrante, de la Procuraduría General de la República, para presentar ante autoridades federales nuevas denuncias y solicitar información de casos pendientes.

Unas 40 mujeres, acompañadas por varios hombres, quienes cargaban las fotografías de sus familiares desaparecidos, partieron del Museo de la Ciudad de México hasta las oficinas que se ubican en calle Puerto Vallarta, en la colonia Tabacalera.

Permanecieron en ese lugar más de cinco horas ya que, de acuerdo con fuentes oficiales, las autoridades de la PGR revisaron caso por caso y cada una de las asistentes tardaron 120 minutos en responder un cuestionario. Anoche aún estaban en esa fiscalía.

De la Redacción

Periódico La Jornada
Jueves 14 de diciembre de 2017, p. 4

No aprobar la ley de seguridad

Pese a los cambios en el Senado, tiene aspectosaltamente preocupantespara las garantías


La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH) hicieron un llamado urgente al Estado mexicano a no aprobar la ley de seguridad interior. Advirtieron que aun cuando los senadores realizaron algunas modificaciones al proyecto, éste aún presenta aspectosaltamente preocupantespara las garantías fundamentales.

Ambas instancias emitieron ayer por la mañana un posicionamiento conjunto en el que enfatizan que es necesario ampliar el tiempo de discusión para analizar la norma y no limitarse a aprobarla en lo que queda del actual periodo legislativo, que concluye este viernes.

Minutos después, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) se sumó a ese llamado. En su cuenta de Twitter pidió no aprobar la ley y abrir un diálogo nacional sobre el modelo de seguridad que requiere México, con base en los estándares internacionales de derechos humanos.

Por la noche, tras ser avalado en comisiones del Senado, Amnistía Internacional (AI) censuró la aprobación del dictamen de la ley de seguridad interior y afirmó que erala crónica de una simulación anunciada.

Anoche la directora ejecutiva de AI en México, Tania Reneaum, afirmó en un comunicado:Es inaudita la forma en que las comisiones dictaminadoras del Senado han pasado por alto todas las observaciones y advertencias de la sociedad civil organizada, la academia y organismos nacionales e internacionales de derechos humanos sobre los efectos perversos para la seguridad ciudadana del proyecto de ley de seguridad interior. Las modificaciones propuestas no resuelven de fondo la falta de controles civiles, transparencia y rendición de cuentas sobre el uso de las fuerzas armadas en funciones policiales regulares.

Por la mañana, en un comunicado conjunto, se indicó:La CNDH y la ONU-DH hacen un llamado urgente al Estado mexicano para que, atendiendo a sus obligaciones constitucionales y convencionales relativas a la preservación y defensa de los derechos humanos, se abstenga de aprobar el proyecto de la ley de seguridad interior, y en su lugar, abra un diálogo nacional sobre el modelo de seguridad en México bajo un esquema que, sin inhibir la actuación legítima del Estado, preserve y garantice los derechos fundamentales de las personas.

Advirtieron que pese a que se han hecho cambios a algunos artículos de la minuta original, éstasigue presentando aspectos altamente preocupantes para la vigencia y el respeto de los derechos humanos en México. La vasta mayoría de las observaciones hechas al proyecto original se mantendrían vigentes en tanto las eventuales modificaciones no implicaran cambios sustantivos.

Añadieron que las observaciones son de tal envergadura y las voces en contra de tal diversidad,que resulta indispensable la materialización de una deliberación amplia, honesta e inclusiva que atienda de manera efectiva los múltiples señalamientos formulados, en el marco del respeto a la dignidad humana.

Indicaron que no existen condiciones para aprobar la ley durante el proceso legislativo que termina este 15 de diciembre y llamaron a ampliar el debate y la discusión, a efecto de prevenir situaciones que actualicen o propicien que se vulneren los derechos humanos al amparo de dicha legislación.

La CIDH, en tanto, señaló vía Twitter:Nos sumamos al llamado urgente de la CNDH y de la ONU-DH para que el Estado mexicano se abstenga de aprobar el proyecto de ley de seguridad interior, y en su lugar abra un diálogo nacional sobre el modelo de seguridad en el país, conforme a los estándares internacionales en derechos humanos.

Órganos institucionales de 10 estados del país se sumaron al llamado de CNDH y ONU-DH: las comisiones o defensorías de Ciudad de México, Veracruz, Nuevo León, Oaxaca, Yucatán, Jalisco, Aguascalientes, Baja California, Campeche y Michoacán.

En un comunicado nocturno, AI agregó que el Senado perdió la oportunidad de hacer una política pública de seguridad integral y respetuosa de los derechos humanos y privilegió un enfoque de uso de la fuerza sobre el de prevención de la criminalidad y la violencia. También demandó un diálogo nacional.

Andrea Becerril y Víctor Ballinas

Periódico La Jornada
Jueves 14 de diciembre de 2017, p. 3

Con el voto en favor del PRI y aliados, el Senado aprobó en comisiones la ley de seguridad interior que hoy se discutirá en el pleno,en alguna de las sedesde esa cámara del Congreso.

Por la noche, el presidente del Senado, Ernesto Cordero, citó a sesión a las 11 horas de este jueves para aprobar la ley, pero dejó entrever que podrían sesionar en otra sede, en Donceles o en otro sitio, ante la amenaza de organizaciones opositoras a la ley de que impedirán la entrada de legisladores al edificio de Reforma e Insurgentes.

Antes, durante más de cinco horas, senadores de PT-Morena, PRD y algunos panistas, entre ellos Juan Carlos Romero Hicks, trataron de posponer la discusión de la controvertida ley que, afirmaron, no resolverá el problema de violencia e inseguridad. En cambio, resaltó Miguel Barbosa, esla entrega del control político de los territorios de México al mando militar.

Los opositores pidieron, sinéxito, abrir el diálogo y escuchar los llamados a no aprobar esa ley de los principales organismos internacionales y nacionales de derechos humanos, así como de expertos.

El PRI, con los votos del PVEM y parte del PAN, impuso la mayoría en las comisiones de Gobernación, de Defensa Nacional, de Marina y de Estudios Legislativos Segunda, para aprobar en lo general y sin cambios la minuta que les remitió la Cámara de Diputados.

Los cambios a nueve artículos consensuados por PRI y PAN, junto con otras reservas que presentarán senadores de oposición, entre ellas un transitorio para obligar a los estados a que participe el Ejército en el combate a la inseguridad y profesionalizar los cuerpos policiacos, se discutirán en la sesión de hoy, dijo la presidenta de la Comisión de Gobernación, Cristina Díaz.

México requiere paz, seguridad ciudadana, certeza jurídica y esta ley no lo garantiza, recalcó Romero Hicks, y calificó demalos parcheslos cambios a la minuta.

El senador Alejandro Encinas, el coordinador perredista Luis Sánchez, así como Dolores Padierna y Benjamín Robles, de PT-Morena, manifestaron que los cambios son insuficientes ante disposiciones jurídicas ambiguas, ya que no generan control y supervisión de los derechos humanos.

Romero Hicks y Encinas presentaron un voto particular en el que advierten queen vez de legalizar lo ilegalse debe fortalecer a los cuerpos policiacos. Mencionaron el informe mundial de Human Rights Watch, de 2017, el cual indica que de 2006 hasta julio de 2017 la Comisión Nacional de los Derechos Humanos recibió 10 mil denuncias de abusos perpetrados por el Ejército, 2 mil de ellas en el gobierno de Peña Nieto.

Dolores Padierna presentó otro voto particular en el que advierte que aprobar esa leynos coloca en riesgo de contravenir tratados internacionales y, sobre todo, constituye un reconocimiento de la rendición del Estado frente a la crisis de seguridad que tanto dolor ha causado.

La perredista Angélica de la Peña advirtió que no escuchar las preocupaciones de la ONU y la CNDH sobre el riesgo de militarizar la seguridad pública, llevará a que se judicialice esa ley.

Durante el debate fue evidente la división de los panistas. Mientras el presidente de la Comisión de Defensa, Fernando Torres, negó que el procedimiento haya sidoatropelladoy sostuvo quese escucharon todas las vocesy por ello se propusieron los cambios a nueve artículos, Romero Hicks y Laura Angélica Rojas votaron en favor de una moción suspensiva.

Otro panista, Roberto Gil, formuló un largo alegato jurídico en favor de la ley que fue calificado demagistralpor el priísta Patricio Martínez, quien pidió aprobarhoy, hoy, hoy, ni un día másesa norma.

Usa fórmulas erradas y permite la militarización del país, afirman

El actor Diego Luna y representantes de organizaciones civiles encabezaron la marcha contra la ley de seguridad interior, del Ángel de la Independecnia al SenadoFoto Víctor Camacho

Víctor Ballinas, Andrea Becerril y Fernando Camacho

Periódico La Jornada
Jueves 14 de diciembre de 2017, p. 4

El actor Diego Luna y Ana Lorena Delgadillo, en nombre de los colectivos #FiscalíaQueSirva y #SeguridadSinGuerra, así como otras organizaciones civiles, afirmaron en la sede senatorial:Los nueve cambios que hicieron los senadores a la minuta de ley de seguridad interior son maquillaje.

Aseveraron que el llamado que hizo el presidente Enrique Peña Nieto a la Cámara de Senadores para que convocara a un diálogo amplio “se reduce a una mera simulación. Invitaron a un pequeño grupo de organizaciones. Escuchan, pero no atienden. Dicen escuchar y no cambian.

Palabras y comas que no alejan a la ley de seguridad interior de la inconstitucionalidad, ni le dan a las fuerzas armadas el marco jurídico que necesitan, sino que mantienen el espíritu de convertirlas en el ejercicio discrecional del Presidente en pleno proceso electoral, manifestaron Luna, Delgadillo y María Elena Morera en nombre de los colectivos que pidieron que no se apruebe la ley y que se abra un amplio debate en enero.

Diego Luna pidió a los senadoresque no aprueben la ley en lo oscurito y en chinga, porque puede ser un paso muy grave en nuestra historia. Morera destacó que los intentos de la ciudadanía de proponer, construir y dialogar,se han topado con una pared una vez más.

Los senadores Luis Sánchez, Alejandra Barrales, Angélica de la Peña, Iris Vianey e Isidro Pedraza, del PRD, acompañaron a los colectivos y ONG en la conferencia de prensa y subrayaron que el sol azteca votará contra esa ley. También estuvieron presentes los senadores panistas, Silvia Martínez y Francisco Búrquez, quienes han manifestado su rechazo a ese ordenamiento.

Por la noche, varios cientos de personas realizaron una marcha del Ángel de la Independencia al Senado para manifestar su descontento ante la eventual aprobación de la ley de seguridad interior, por considerar que únicamente repite fórmulas equivocadas y permite una mayor militarización del país.

Aunque la convocatoria a la movilización empezó a circular por correo electrónico y en redes sociales durante la tarde del miércoles, varios grupos de manifestantes se congregaron en las escalinatas del Ángel desde antes de las 19 horas, con consignas y mantas contra dicha ley.

Antes de que partiera la marcha hacia el Senado –donde el dictamen de la ley ya había sido aprobada en comisiones–, las investigadoras Ana Lorena Delgadillo, directora de la Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho, y Layda Negrete, de World Justice Project, advirtieron que esta norma va a generar una mayor cantidad de violaciones a los derechos humanos y no resolverá la crisis de inseguridad del país.

Negrete afirmó que lleva 20 años estudiando temas de seguridad,y esta es la peor ley que he visto en mi vida. Es la ley más peligrosa, porque le da autorización al Ejército para autoadministrarse, para decidir a qué territorio ir sin ningún tipo de control. Van a poder desplegarse por tiempo indefinido.

Los rectores de las universidades Nacional Autónoma de México, Enrique Graue; de Guadalajara, Tonatiuh Bravo, e Iberoamericana, David Fernández, pidieron al Senado no aprobar la ley de seguridad interior y convocar a un diálogo nacional incluyente.

En un pronunciamiento conjunto, los rectores advirtieron que la aprobación de la ley, en términos de la minuta remitida por la Cámara de Diputados,corre el riesgo de repetir un patrón fallido de seguridad, sin que los legisladores y nadie más puedan prever las consecuencias en favor o en contra de la seguridad, en particular, y de los derechos humanos, en general.

Señalaron que ese amplio diálogo nacional, que solicitan convoque el Senado, debe incluir la voz de las víctimas y privilegiar los argumentos basados en la evidencia, el conocimiento científico y las lecciones aprendidas en los ámbitos nacional e internacional.

Esta ley debe discutirse en un contexto más amplio que permita revisar la política de seguridad del Estado mexicano en su conjunto, evaluando el desempeño tanto de las autoridades civiles, las cuales por mandato constitucional son responsables de la seguridad pública, como de las fuerzas armadas, manifestaron.

De la Redacción

Periódico La Jornada
Jueves 14 de diciembre de 2017, p. 4

Los titulares de las secretarías de Relaciones Exteriores, Luis Videgaray Caso, y de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, se reunirán hoy en Washington con los secretarios de Estado, Rex Tillerson, y la responsable de Seguridad Interna, Kirstjen Nielsen, con la finalidad de dialogar sobre las estrategias para combatir a las organizaciones criminales trasnacionales.

Este es el segundo diálogo de alto nivel que tienen los funcionarios de ambos países para analizar el tema.

También asistirán al encuentro los procuradores Jeff Sessions, de Estados Unidos, y Elías Beltrán, de México, informó la Casa Blanca.

El encuentro de este día da seguimiento a la reunión que se efectuó en mayo pasado, en la que aún participo John Kelly, en aquel momento secretario de Seguridad Interna.

Videgaray ha señalado que el eventual rompimiento del Tratado de Libre Comercio de América del Norte inevitablemente tendrá consecuencias en la cooperación entre México y Estados Unidos en temas como migración y seguridad.

Jessica Xantomila

Periódico La Jornada
Jueves 14 de diciembre de 2017, p. 5

En los pasados 32 años se registraron en el país 52 mil 210 muertes de mujeres en las que se presumió homicidio, de las cuales 15 mil 535 ocurrieron en los seis años recientes, es decir, 29.8 por ciento, de acuerdo con el estudio La violencia feminicida en México, aproximaciones y tendencias 1985-2016.

La cifra más baja corresponde a 2007, con mil 89 casos, y la más alta a 2012, con 2 mil 769. En el informe presentado ayer en el Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres) se señala que después de que en 2007 la tasa de defunciones femeninas con presunción de homicidio se había reducido a la mitad respecto de 1985 –1.9 contra 3.8 defunciones por cada 100 mil mujeres–, entre 2007 y 2012 hubo un repunte de 138 por ciento,es decir, no solamente se perdió el avance que se había alcanzado en los 23 años anteriores, sino que además llegamos a niveles nunca antes registrados.

En 2012 se muestra un cambio en la tendencia, pues los datos disponibles muestran una disminución de 254 casos en términos absolutos y de 0.46 en la tasa entre 2013 y 2014. Las cifras de 2015 reflejan menor ritmo en la reducción, que fue de 35 casos y 0.10 en la tasa. En 2016 hay un aumento que implica un promedio de 7.5 asesinatos de mujeres por día: en total, 2 mil 746 casos.

En el documento elaborado por el Inmujeres, la Organización de Naciones Unidas para las Mujeres (ONU-Mujeres) y la Secretaría de Gobernación (SG), se expone que en el estado de México se han cometido 15 por ciento de los asesinatos de mujeres en los 10 años recientes y Chihuahua concentra 10.5 por ciento.

Si se considera a las 10 entidades federativas que tuvieron el mayor número de asesinatos de mujeres en 2016, Oaxaca, Nuevo León, Tamaulipas, Baja California, Veracruz, Jalisco, Ciudad de México, Guerrero, Chihuahua y el estado de México concentran dos terceras partes de las defunciones de 2008, 68.5 por ciento en 2010, 68.4 en 2011 y 61.1 por ciento en 2016.

Chihuahua se ha mantenido en los primeros lugares desde 2001 y Guerrero desde 2006. En 2016, Colima se posicionó en el primer lugar. En sentido inverso están entidades como Querétaro, que después de ocupar los primeros puestos a inicios del periodo pasó al último lugar en 1998; en 2016 se ubicó en el sitio 29, o Yucatán,que sistemáticamente ocupa los últimos lugares.

En el informe se señala que el uso de mediosmás brutalespara asesinar a las mujeres es más frecuente. En los cinco años recientes los objetos cortantes se usaron 1.3 veces más en los asesinatos de mujeres que de hombres; además, se recurre tres veces más al ahorcamiento, estrangulamiento, sofocación, ahogamiento e inmersión, y el uso de sustancias y fuego es el doble que en el caso de los hombres.

Destaca que de 2012 a 2016 se registró una reducción en el porcentaje que representa los asesinatos de niñas menores de 15 años y un aumentonotableen el de las mujeres adultas, entre los 20 y 40 años de edad, periodo que coincide con la etapa reproductiva.

En el documento se señala que un componente clave de la violencia feminicida es la violencia sexual. El Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública expone que en el país se producen casi 15 mil denuncias de violación anuales. En 2011 hubo 15 mil 751, y la cifra se redujo en los años siguientes: en 2014, se reportaron 12 mil 638, pero en 2016 aumentaron a 12 mil 896. La mayoría de víctimas son mujeres.

Se señala que mientras las denuncias crecen, las averiguaciones que culminaron con la detención de un presunto responsable y su consignación ante el Poder Judicialapenas ha llegado a 4 milen 2015, de las más de 12 mil.

La presentación del informe estuvo a cargo de Carlos Echarri, especialista de El Colegio de México, y al acto asistieron Lorena Cruz, presidenta del Inmujeres, y Belén Sanz, representante de ONU Mujeres.

Israel Rodríguez

Periódico La Jornada
Jueves 14 de diciembre de 2017, p. 5

Durante 2016 la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) recibió un total de 45 mil 690 solicitudes de queja, mientras los organismos de protección de derechos humanos (OPDH) de las entidades federativas recibieron 172 mil 78 denuncias, de acuerdo con los resultados del primer Censo Nacional de Derechos Humanos 2017, proyecto estadístico de Censos Nacionales de Gobierno que se lleva a cabo en los ámbitos federal y estatal bajo un mismo levantamiento, que fueron presentados ayer por el Instituto Nacional de Estadística y Geografia (Inegi).

El instituto precisó que del total, 30.3 por ciento fueron aceptadas y se procedió a abrir un expediente. Detalló que en 2016 la CNDH atendió 14 mil 494 expedientes de queja calificados como presuntamente violatorios de derechos humanos, en tanto que los OPDH atendieron 80 mil 820 expedientes. Del total, 68.2 por ciento se abrió (por solicitud de queja y por oficio) el año pasado y 31.8 por ciento provino de años anteriores a 2016.

En los 95 mil 314 expedientes de queja calificados como presuntamente violatorios de derechos humanos atendidos por la CNDH y los OPDH al cierre de 2016, se registraron 148 mil 947 presuntos hechos violatorios de las garantías individuales.

En 2016, la violación al principio de legalidad en el desempeño de la función pública fue el tipo de presunto hecho violatorio de derechos humanos más frecuente registrado en los expedientes de queja calificados por la CNDH y los OPDH, con 24.8 y 10.1 por ciento, respectivamente.

De los 63 mil 406 expedientes de queja calificados como presuntamente violatorios de derechos humanos concluidos durante 2016 por la CNDH y los OPDH, 16.5 por ciento (se calculó sobre un total de 63 mil 950 expedientes, en virtud que un expediente de queja pudo haberse concluido por más de una causa) se concluyó al haberse solucionado mediante la conciliación.

En ese mismo año la CNDH emitió 71 recomendaciones a diferentes instituciones públicas, mientras que los OPDH emitieron mil 703. Del total, 62.6 por ciento fueron para instituciones públicas del ámbito estatal, siendo las procuradurías generales de justicia o las fiscalías generales las autoridades que recibieron la mayor proporción (39.5 por ciento) en ese ámbito de gobierno.

En cuanto a los 3 mil 992 servidores públicos que integraron los OPDH al cierre de 2016, 19.2 por ciento estaba adscrito a visitadurías generales o subprocuradurías, mientras dicho porcentaje se incrementa a 52.3 por ciento para el caso de la CNDH.

Rinden informes de labores 2016-17

SCJN: constitucional, el artículo 215-A del CPF

Gustavo Castillo García

Periódico La Jornada
Jueves 14 de diciembre de 2017, p. 5

Las desapariciones forzadas son un “fenómeno que ha ido en aumento, al grado de ser considerado una de las principales preocupaciones en el país, pues constituye una violación múltiple de varios derechos humanos, cuya prohibición ha alcanzado el carácter de ius cogens (normas que no pueden ser derogadas)”, señaló la ministra Norma Lucía Piña Hernández, al rendir el informe de labores del primero de diciembre de 2016 al 30 de noviembre de este año.

Por ello, la primera sala de las Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) confirmó la negativa de amparo al declarar la constitucionalidad del artículo 215-A del Código Penal Federal (CPF), en lo que se refiere a que ese delito se puede cometer con independencia de que el sujeto activo participe en la detención legal o ilegal de la víctima.

Refirió que la primera sala de la SCJN ha sidogarante de los derechos fundamentales, haciéndolos respetar por todos los poderes del Estado.

Ante los plenos de la SCJN, del Consejo de la Judicatura Federal (CJF) y del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, señaló que la primera sala estableció queen materia de igualdad y no discriminación, se decidió que la aplicación de los usos y costumbres indígenas no puede ser excusa para intensificar la opresión, incluso al interior de las comunidades, de aquellos miembros tradicionalmente excluidos, como mujeres, niños y niñas o personas con discapacidad; entre otros colectivos históricamente desaventajados.

En tanto, al rendir el informe de la segunda sala de la SCJN, el ministro Eduardo Medina Mora señaló que para el Poder Judicial, al no ser un poder electo democráticamente, es importante lograr legitimidad para la toma de decisiones, yante las nuevas realidades y problemas jurídicos será necesario revisar los principios básicos de división de poderes y derecho administrativo, como: el principio de legalidad, reserva de ley y de subordinación jerárquica.

Medina Mora resaltó que resulta jurídicamente factible aplicar filtros que respondan a la naturaleza y lógica del diseño del máximo tribunal del país, demodo que resuelva únicamente aquellos (casos) que ameriten su conocimiento como intérprete constitucional.

La Caravana de Madres Centroamericanas que buscan a hijos y familiares desaparecidos en el país, durante el encuentro con migrantes refugiados, en el Museo de la Ciudad de MéxicoFoto Yazmín Ortega Cortés

Georgina Saldierna y César Arellano

Periódico La Jornada
Jueves 14 de diciembre de 2017, p. 6

Integrantes de la Caravana de Madres Centroamericanas que buscan a hijos y familiares desa-parecidos en México exigieron al gobierno federal que otorgue refugio a quienes huyen de la violencia y que adopte medidas para que se respeten los derechos humanos de los migrantes.

Ana Enamorado, organizadora de la caravana que ya va en su 13 edición, explicó que muchos centroamericanos llegan a México ya no por el sueño americano, sino por salvar su vida de la violencia que generan las (pandillas conocidas como) maras.

Resaltó que esos grupos criminales extorsionan a la población y amenazan con matar a quienes no pagan el dinero que les piden. Ahora ya no dan una segunda oportunidad para reunir los recursos y por ello las personas tienen que salir de sus hogares para salvar sus vidas.

Como parte del Movimiento Migrante Centroamericano, explicó que las autoridades mexicanas no aprueban las solicitudes de refugio que se presentan, deportan a los migrantes y éstos sólo llegan a sus países de origen para ser asesinado por las maras.

Enamorado, cuyo hijo desapareció en Jalisco, destacó que se les ha perdido el rastro a unos 120 mil centroamericanos en México, según reportes de los comités de activistas de la región.

La 13 caravana llegó al país el pasado primero de diciembre y concluirá sus actividades el día 18. En lo que resta de su estancia visitará Puebla, Veracruz y Tabasco, donde se tienen reportes de desaparecidos.

Los paterfamilias tuvieron ayer un encuentro en el Museo de la Ciudad de México, en el que narraron sus experiencias. Este jueves realizarán una manifestación frente a la embajada de Estados Unidos.

Ana Enamorado señaló a los gobiernos de México, Centroamérica y Estados Unidos como responsables de la violación a los derechos humanos que sufren los migrantes, porque no han adoptado medidas para evitarlo o para buscar a quienes han desaparecido. Desde un policía del Metro hasta un federal buscan sacar provecho de los centroamericanos e incluso llegan a secuestrarlos, afirmó.

Anoche, los integrantes de la caravana arribaron a la Fiscalía del Migrante, de la Procuraduría General de la República, para presentar ante autoridades federales nuevas denuncias y solicitar información de casos pendientes.

Unas 40 mujeres, acompañadas por varios hombres, quienes cargaban las fotografías de sus familiares desaparecidos, partieron del Museo de la Ciudad de México hasta las oficinas que se ubican en calle Puerto Vallarta, en la colonia Tabacalera.

Permanecieron en ese lugar más de cinco horas ya que, de acuerdo con fuentes oficiales, las autoridades de la PGR revisaron caso por caso y cada una de las asistentes tardaron 120 minutos en responder un cuestionario. Anoche aún estaban en esa fiscalía.

De la Redacción
Periódico La Jornada
Jueves 14 de diciembre de 2017, p. 4

Emir Olivares Alonso
Periódico La Jornada
Jueves 14 de diciembre de 2017, p. 3