8/03/2015

Mis libros, un fracaso en ventas y en lectura; mejor ser articulista para que los lectores sean dos



Pedro Echeverría V.

 

1. Por lo menos los primeros 15 años de mi militancia política fue de activismo desenfrenado entre maestros, cordeleros, ferrocarrileros, obreros de Ayotla Textil y estudiantes; fue hasta 1972 cuando comencé a escribir con dificultad mis primeros artículos ligados al activismo; sin embargo me parecía que escribir era sólo una tarea de intelectuales desligados del trabajo práctico que era el más importante y definitivo para la trasformación revolucionaria. Fue en la revista Autogestión y revista Caos las que en 1976-77 publicaron mis primeras colaboraciones y, a partir de ellas comencé por publicar mi primer pequeño libro.

 

2. En 1978 publiqué mi primer libro: Socialismo y partidos políticos que defendí como tesis de licenciatura en la Escuela Normal Superior de México en 1979. El primer elemento que desarrollé fue: Elementos para una crítica del comunismo oficial; partía de los tiempos de Marx, pasaba las Internacionales comunistas, la revolución rusa, hasta llegar al conflicto chino-soviético. Luego en un segundo capítulo hice una síntesis de los partidos políticos registrados en México, de la Reforme Política de 1977 y los nuevos partidos registrados. Un tercer capítulo lo titulé: Crítica a siete tesis de la izquierda amaestrada que traté selectivamente.

 

3. En 1981 el Sindicato de Cordeleros de Yucatán y la Universidad de Yucatán me publicaron una investigación en libro de 225 páginas: "Los Cordeleros 1933-1983". Cada obrero recibió un libro y a los dos años (en 1983) el SCY hizo una segunda edición aumentada para distribuir. La realidad es que fue una historia del sindicato anarcosindicalista que nació en 1933 bajo la represión de empresarios y gobiernos del PRI; desde entonces se convirtió en la organización sindical más organizada y combativa del estado de Yucatán. Este libro lo realicé en dos años siendo investigador del Centro de Investigaciones Sociales de la Universidad de Yucatán.

 

4. En la primera mitad de los años 80 trabajaba como profesor en el CCH-UNAM y en tres ocasiones fui profesor invitado de la Facultad de Antropología (hoy de Ciencias Antropológicas) de la Universidad de Yucatán. Ello me impulsó a escribir un libro: La política en Yucatán en el siglo XX (1900-1964) que sirvió de texto. Se trataba en el contexto nacional y yucateco de una manera crítica, el porfiriato, la revolución, el callismo, el cardenismo y la llamada estabilidad políticas. El libro fue hecho por Maldonado Editores en 1985. Aunque lo vi varias veces en exhibición, nunca recibí algún informe de su venta o de alguna reedición.

 

5. En 1993, aprovechando mi año sabático como profesor de la Facultad de Arquitectura, escribí un libro: Educación pública en México y Yucatán. Contiene siete capítulos muy críticos del contexto nacional y del estado: I. La educación en el siglo XIX; II. Educación y porfirismo; III. Educación y revolución; IV. Callismo y educación; V. ¿Educación socialista?; VI. Educación moderna; VII. Estabilización y educación. Al parecer en algún tiempo fue texto en la Normal de Educadoras y nada más.  Este fue editado por la Universidad Autónomo de Yucatán. Tampoco he tenido noticias de la UADY de que este texto haya sido reeditado.

 

6. En 1994, también como subproducto de año sabático, publiqué un libro: La Universidad de Yucatán (Interpretación histórico-crítica) Es una historia crítica de la universidad que parte desde su fundación en 1922 abarcando las políticas de todos los rectores, de los estudiantes y de los académicos. Pero también acerca de los problemas de la UADY sobre la universidad que queremos, la relación Consejo Universitario y la rectoría, el presupuesto que maneja, acerca de la docencia, la investigación, la difusión de la cultura y la biblioteca. Mi experiencia de 12 años como profesor del CCH-UNAM, así como en la fundación del SPAUNAM, me respaldaban.

 

7. En 1999 la Facultad de arquitectura de la UADY me publicó un libro: "Nos llevó el tren" (Los ferrocarrileros de Yucatán). Contiene seis capítulos: I. Una historia ligada al henequén; II. La revolución: Alvarado y Carrillo Puerto; III. El cardenismo, la huelga y la quiebra ferrocarrilera; IV. El vallejismo, la represión y el anticomunismo; V. Modernización y privatización; VI. Proceso de privatización de ferrocarriles. El interés de la Facultad de Arquitectura fue las decenas estaciones, el tendido de las vías y, sobre todo que el edificio de la Facultad está en el barrio de Mejorada, en el convento, en el barrio ferrocarrilero.

 

8. En 2005 fue publicado por el gobierno del estado de Yucatán, por ser primer premio de concurso mi libro: Las haciendas henequeneras a través de la historia. Esta investigación la inicié 20 años antes en la Facultad a partir de mis cursos acerca de Yucatán en el siglo XIX con levantamiento de mis alumnos en más de 50 edificios de haciendas. Parte del trabajo fue publicado en el primer número de la revista de la Facultad, después en un gran tomo de arquitectura de las haciendas publicado en Colombia, para luego transformarse en el libro que publicó el Instituto de Cultura de Yucatán. Entiendo que está en el mercado pero tampoco he recibido informe alguno.

 

9. Otro, que podría ser mi último libro fue la tesis de mi doctorado en Ciencias de la Información de la Universidad de periodismo de Tenerife, España: "Prensa y Poder en el Neoliberalismo (Yucatán 1982-2001)" Un trabajo de 368 páginas que el Grupo parlamentario del PT en 2005 mi hizo el favor de publicar, después de ofrecerlo a otras fuentes. El primer capítulo se refiera a la ideología del Estado y el desarrollo de la prensa a nivel nacional y en Yucatán y luego estudia a los gobernadores de Yucatán  desde 1958 hasta 2001 y la posición que sostuvo la prensa frente a los gobiernos de aquellos años: desde Agustín Franco Aguilar hasta Víctor Cervera Pacheco.

 

10. Publiqué también varios folletos de coyuntura que sirvieron para mis cursos y como actividades políticas: El Papa en Yucatán; Los partidos políticos; Breves reflexiones sobre Arquitectura;  Reflexiones, investigación y redacción; Breve cronología política del siglo XX (Yucatán y México); Los albañiles y la industria de la construcción en Yucatán; Movimiento Estudiantil de 1968; El gobierno de Loret de Mola y el asesinato del "Charras". Las ediciones de cada texto apenas han sido de mil ejemplares con nula difusión y distribución. ¿Para qué entonces preocuparse por escribir con extensión si lo que se busca es la divulgación amplia? (3/VIII/15)


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La “mina de oro” neoliberal comercializadora de la Educación Superior y la falsa solución tecnocibernética on-line



Breve Caracterización de la educación superior neoliberal (en México)
En un texto historiográfico el académico David Baltazar1 hace un recorrido revelador y documentado de la manera en que se fueron implementando los mecanismos de la reestructuración neoliberal de las políticas públicas gubernamentales del Estado Mexicano (de José López Portillo a Carlos Salinas) hacia la educación superior desde finales de los años setenta hasta finales del siglo XX; periodo en el cual se dio el viraje que respondió a la necesidad del capital mundial en crisis, por imponer directrices estandarizadas de racionalización y tecnificación. Así, los gobiernos tecnocráticos de México mediante planes, leyes, programas, organismos, etc., ad hoc ensayaron y finalmente adaptaron al dedillo esos ejes con los objetivos de controlar institucionalmente las maneras de operar de las escuelas, centros e institutos de educación superior, y de esta manera someterlos a presiones presupuestales y a procesos de evaluación, medición y acreditación definidos desde criterios eficientistas y pro privatizadores; que en esencia –en el caso mexicano–, para este autor han implicado “la reducción progresiva de la responsabilidad estatal de procurar y sostener el desarrollo” de dichas instituciones mediante los decrementos sustanciales de los presupuestos estatales.
Por su parte Pedro Rodríguez Ruiz2 se refiere a los lineamientos diseñados desde las instituciones y tratados capitalistas internacionales que repercuten en las políticas públicas en México y en la vida diaria de las universidades. Siguiendo al especialista Hugo Aboites, señala la conversión de los “servicios y productos educativos” (cursos, talleres, diplomados, posgrados, intercambios, evaluaciones, planes, programas, etc.) en comercializables, o sea en mercancías. Así enfatiza que la educación (especialmente la superior) es concebida cada vez más en el neoliberalismo como una “mina de oro con posibilidades de inversión por la gran cantidad de servicios en los que se desdobla y los mecanismos que protegen el capital invertido en el conocimiento”.
Patrick Cuninghame en su texto “La doble crisis de la Universidad: capitalismo cognitivo, precariedad laboral, producción del conocimiento y conflictos sociales”3; plantea el cambio del capitalismo industrial al capitalismo “cognitivo”, en donde se desarrolla un aumento del valor del trabajo inmaterial intelectual en relación con el trabajo manual material que para el caso de la educación se traduce en “precarización” creciente de las condiciones de trabajadores universitarios, restricción de ingresos, menos recursos, más exclusión y más conflictos. Es por eso que el autor postula una doble crisis de la Universidad pública: de función-estructura (institucional) y de financiamiento (económica) en conversión a universidad-empresa de producción, transmisión y consumo de conocimientos. Específicamente por ello en México la Universidad pública está empantanada hacia su gradual privatización (lo que implica intromisión de agencias privadas, control, inspección y certificación, entre otros).
Modernización tecnolectrónica de la educación neoliberalizada (y sus consecuencias)
La llegada de la tecnología electrónica en los procesos de enseñanza-aprendizaje ocurre en los tiempos actuales y se retroalimenta capitalistamente con los procesos mercantiles de los productos y servicios educativos arriba señalados. Para cuestionar realmente estos alcances tecnológicos en instituciones superiores, y reconocer la inserción del mercado del conocimiento, tendremos que anotar aquí los mecanismos “modernizadores” que han adoptado cada vez más las instituciones superiores para competir de manera efectiva con los abastecedores tecno-comerciales del saber en el siglo XXI, que dicen: “tendrán que hacer tecnológicamente cosas totalmente nuevas o enfrentarse a la extinción”. Según dictan las reglas del “capital cibercultural”4.
El modelo neoliberalizado de educación vigente, al menos en América Latina y en educación media superior y superior, ha sido dictado por las reglas de organismos internacionales, en la medida que el campo laboral “lo requiere”, por lo tanto un número importante de estas instituciones se suman a una lista cada vez mayor de adoptadoras del modelo y de las nuevas reglas, esto al tiempo de que miles de jóvenes buscan cursar sus estudios superiores en universidades que les garanticen un nivel académico significativo. Del “éxito” o “fracaso” en su sobrevivencia de estas instituciones (principalmente públicas) depende que muchos de esos jóvenes puedan sumarse a iniciativas de modelos educativos que tienden –ante la demanda en aumento y la saturación por falta de recursos– a convertirse en «asistencialistas», sumándose por lo tanto a una transición de educación presencial a→ educación no presencial o a distancia (on-line, abierta, virtual, etc.).
Habría que considerar que una “intrucción a la libre” que ofrece la educación a distancia amenaza la hegemonía de las universidades y la capacidad de éstas de ser las proveedoras exclusivas del saber. Ya que si bien estas formas tecnoelectrónicas de estudio a distancia pueden supuestamente ayudar a resolver la problemática de la saturación de espacios por falta de crecimiento (falta de recursos, infraestructura, presupuesto, inversión material) para que un mayor número de jóvenes o adultos ingresen a estas instituciones de educación media superior y superior: así se pone en juego/riesgo el propio sentido presencial de las universidades.
Existe otra realidad inminente de los modelos modernizadores derivados del neoliberalismo de instituciones de educación superior que también ha jugado un papel importante para el cambio del campo laboral a corto plazo, y que igualmente responde a las necesidades de los mercados de los conocimientos educativos, se trata de que está apareciendo cada vez más el fenómeno de la poca profesionalización de los educadores en dichas instituciones. Así ante el hecho de que la demanda de educación media superior y superior crece de la misma manera crece la mano de obra barata “tecnificada”; pues ahora se están requiriendo trabajadores jóvenes que utilizan básicamente conocimientos aplicados bajo el esquema de un bajo perfil laboral y con pocas posibilidades para continuar desarrollando conocimientos de profesionalización y de preparación especializada (posgrados, por ejemplo); todo esto repercute en el campo laboral, específicamente en mayor inestabilidad e inseguridad, falta de prestaciones y bajos salarios.
La neoliberalización y tecnificación de la enseñanza superior, ya ha presentado consecuencias, en tanto que se ha visto en la necesidad de: estandarizar sus curriculas, adecuar perfiles de ingreso-egreso, responder parcialmente a necesidades de ampliación de cobertura de matrículas, insertarse en la lógica de responder a las presiones externas e internas, de los mercados laborales, de las instituciones internacionales (FMI, BM, BID, OCDE, OMC, etc.) o nacionales (Secretaría de Educación Pública SEP, Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior ANUIES, Centro Nacional de Evaluación para la Educación Superior A. C. CENEVAL, Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación INEE, etc.) de los sectores socioeconómicos a los que se pertenece o quiere pertenecer.
Así pues, el mercado neoliberal del conocimiento, va señalando las pautas que las instituciones y universidades tienen que seguir en tanto nuevas productoras o elaboradoras de conocimientos ad hoc; muchas de ellas que tienen que hacer un esfuerzo por “no quedarse rezagadas” o “condenadas” a/o solo a aceptar o reproducir los lineamientos. Así, en el caso de los trabajadores de las academias, se incrementa el número de intelectuales-profesores-académicos que están trabajando para mejorar técnicas de actualización cibernética. Tal pareciera que el modelo de las universidades actualmente y desde el ámbito tecnológico respondieran al propio mercado de la Microsoft/Apple y otras empresas tecnoelectrónicas.
A partir de estos condicionamientos a los que se enfrentan las escuelas de educación media superior y superior, nos preguntamos: ¿Cuál modelo será el mejor: el maestro que domina la tecnología o el tecnólogo que vierte conocimientos dentro de su maquinaria para transmitirlos mediante el internet y otros cibermedios?; ¿será la enseñanza en un futuro cuestión de empaquetar y distribuir cursos, programas, tutorías, etc.?; ¿cuál será la relación que se plantea entre los académicos profesionales y los tecnólogos en funciones de enseñanza?
Cuestionamientos al trans-modelo neoliberal tecnocibernético
Esto nos lleva creer que bajo ese trans-modelo neoliberal/tecnocibernético tarde que temprano la gente profesional que produce los conocimientos –el investigador y el académico especializado– será menos importante en el futuro de lo que serán las personas técnicos, expertos o semiprofesionales que empaquetan y transmiten esos conocimientos a través del ciberespacio. Estamos, por lo tanto, ante premisas poco alentadoras; si bien el futuro de las universidades no sólo está en el trabajo que realicen sus académicos, investigadores, y profesores, sino que está en la totalidad de la comunidad. Nos referimos a los propios estudiantes, administradores y servidores que prestan sus servicios en las escuelas y universidades públicas y privadas, y que en lo inmediato o en lo próximo tendrán que hacer frente a este transmodelo de orden neoliberal internacional y nacional que continua con políticas de desestabilización y de control (desde los gobiernos) en todos sus niveles de la educación pública, especialmente las de niveles superiores.
Un resultado de esta dinámica podría ser que las escuelas de educación media superior y las universidades opten por dividir a su profesorado, por un lado, los que divulgan conocimientos empaquetados y, por otro, los creadores y transmisores de conocimiento no empaquetado, sino con tendencias de saberes que enseñen a pensar. Todo esto en tanto los estudiantes que son la base fundamental de las instituciones, puedan darse cuenta y asumir compromisos conscientes y plenos con su formación y con la sociedad, en el sentido en que –creemos– las deudas con su historia y su país continúan vigentes.
Igualmente, y no menos importante, es el trabajo administrativo en las universidades que ha llenado de trabas burocráticas y ha permeado de ineficiencia la vida escolar, la cultural y las dinámicas sociales. Pareciera que la tecnoelectrónica no ha resuelto lo administrativo sino lo ha complicado en las escuelas latinoamericanas.
Hay que tener siempre en consideración que los siguiente pasos van –según este “transmodelo”– que algunas universidades tradicionales o “rezagadas” harán todo lo posible por “modernizarse” adaptando características muy parecidas o complementarias a las antes descritas
Así, lo que finalmente hay que considerar como preocupante es que ¿¡tendremos que esperar a ver universidades sin aulas, laboratorios y bibliotecas reales!? ¿Sólo la virtualidad? Pues habrá los compradores y consumidores de esas mercancías/kits que formarían parte de un “estudiantado” disperso por el mundo al cual los profesores nunca llegarían a conocer en persona, y entre ellos ni siquiera se conocerían en el «ciberespacio»
En el futuro próximo estas “universidades” serían supermercados del saber, accesibles por un módem, un ordenador (y otros gadgets), sin campus reales y con poca necesidad de profesores y catedráticos. Creemos importante que ha llegado el momento de confrontar estos monstruos al mismo tiempo reales, virtuales e imaginarios, y que en los procesos de la globalización y la comercialización de la enseñanza media superior y superior, todo es posible bajo ese transmodelo neoliberal, tecnológico y globalizador.
La competencias académico-laborales traerán consigo la necesidad/posibilidad de que algunos de nosotros como profesores nos convirtamos a final de cuentas no en educadores en el sentido amplio y profundo de ese concepto sino en «proveedores de paquetes» a niveles que rebasen lo local y presencial. ¿Seremos académicos ciberespaciales?, ¿tecnotransmisores?, ¿diseñadores de software académico?
La avalancha de la Modalidad On-line (caso México)
Aunque toda esta avalancha de las aulas on-line no es –por el momento– lo que predomina en universidades (principalmente públicas) bien establecidas y con historia y cierta cultura académica en México y en América Latina, conforme las presiones de todo tipo crezcan (económicas, políticas, laborales, tecnológicas) se hará más difícil no “adaptarse” al nuevo ambiente electrónico comercializador.
Lo que seguramente es cada vez más sabido es que para ciertas instituciones de E.S.–por ejemplo para el Instituto Tecnológico de Monterrey, en México–, esta “adaptación” o “conversión” ha sido un gran éxito económico y laboral. El “mérito” del Tecnológico de Monterrey, se debe a que es una universidad privada económicamente exitosa. Pretexto tecnoprestigioso para dar cabida on-line (a distancia) a un mayor número de estudiantes con poder adquisitivo notable. Así, muchas otras universidades de este tipo han seguido este camino de relativo éxito matriculador (y ¡económico!) y otras más ya se encarrilan decididamente hacia allá.
Existen otros procesos mercantilizadores complementarios actuales y promisorios que funcionan y funcionarán dentro de las dinámicas de las instituciones de educación media superior y superior (fundamentalmente a nivel de las privadas pero también ya de la públicas), y son que éstas se están transformando y se transformarán en consumidoras (o copiadoras) que sólo comprarán (o imitarán) lo que otras más “adelantadas” ingenierilmente producen, específicamente: planes de estudio, paquetes pedagógicos, software didáctico, material hardware de uso digital, etc., etc.
En México ya existen en todas las Universidades públicas y privadas importantes áreas o “campus” virtuales que ofrecen cursos, diplomados, especializaciones, grados y posgrados de modalidades semipresenciales, interactivas, en línea, abiertas, o a distancia; por ejemplo a nivel de escuelas de educación superior: Universidad Abierta y a Distancia de México (UNAD) (SEP), Sistema Universidad Abierta y Educación a Distancia SUAyED (UNAM), Polivirtual (IPN), Universidad de Guadalajara (UDG Virtual), Universidad Interactiva y a Distancia del Estado de Guanajuato (UNIDEG), Universidad Virtual del Estado de Michoacán (UNIVIM), entre otras5. La mayoría de estas ofertas educativas y de conocimientos se inclinan por disciplinas que tienen rating y marketing en los mercados laborales de mano de obra semicalificada o calificada. Destacan las ofertas de técnicos superiores universitarios, de ingenierías y de licenciaturas. De éstas predominan carreras como administración (de empresas, de negocios), diseño, contaduría, informática (y tecnologías de información y digitales), turismo, desarrollo (industrial, agroindustrial, sostenible, de proyectos), mercadotecnia y derecho; pero también licenciaturas en áreas como psicología, pedagogía, sociología y filosofía; llama la atención un doctorado en tecnologías educativas y de aprendizaje.
Ante la carencia de recursos estatales y gubernamentales para hacer crecer la educación superior presencial-integral y ante la falta de marcos regulatorios del «boom» que ya está aquí y que se avecina de este tipo de comercialización del conocimiento on-line. La Secretaría de educación Pública en México (SEP) creará el Sistema de Educación Abierta y a Distancia para, por un lado, tratar de alcanzar coberturas territoriales mayores en la propuesta de estudios universitarios (pues detectó que sólo 681 municipios de un total de 2 mil 445 cuentan con una oferta de educación superior presencial real), principalmente mediante concesiones tipo “reconocimiento” o “certificación”. Y, por otro lado, para tratar de establecer un mecanismo de control de esta modalidad. Pues, por ejemplo, la propia SEP a través de la Universidad Abierta y a Distancia de México (UNAD) detectó comportamientos “poco éticos” o “inmorales” (pero no ilegales) de instituciones y empresas particulares (de las que ni siquiera se saben sus nombres reales) que cobran sus cuotas dinerarias y que usan “materiales, diseños pedagógicos, planes de estudio, perfiles de ingreso y egreso”, o sea prácticamente “todos los contenidos y diseños” de las universidades públicas (y no públicas) que cuentan con “campus virtuales” (como la propia UNAD, la UNAM y la Universidad de Guadalajara), para montar su propio negocio de “Universidad”. Se trata pues, de piratería comercializadora para hacer de los conocimientos académicos on-line, todo un “nicho” mercantil6 .

Las opciones: a manera de conclusión general
De todo lo mencionado anteriormente, podríamos hacer consideraciones muy generales, que nos darán cuentan de la trascendencia y el futuro a corto plazo que tendrán las escuelas y universidades en nuestra América Latina. Qué tanto éstas –pensando sobre todo en las públicas con historia y compromiso– están dispuestas a sacrificar, modificar, o descartar para continuar con tan loable labor y no perder rumbo ante las imposiciones y tendencias globales, neoliberales y tecnoelectrónicas.
Y no perder rumbo implica mantener y acrecentar la cobertura presencial de las curriculas y las matrículas, implica sostener una educación laica, pública, gratuita, crítica, de calidad y comprometida social y culturalmente; en las que ante las tecnologías ciber en los procesos de enseñanza-aprendizaje no disminuya la relación directa entre profesorado-alumnado (profesor-estudiante) y se sustituya por cualquier tecno-intermediación y esto se relaciona, por ejemplo, directamente con las técnicas didácticas de horas-clase, de tutorías, asesorías, etc.; en donde las tecnologías digitales, informáticas y on-line, sólo tendrían que ser coadyuvantes y complementarias, y no sustitutas, y menos concebidas como business to business.
Como podemos apreciar las modalidades del conocimiento y la educación virtuales que se pretenden “universales” y/o“universalizadoras” tienen poco que ver con lo que podríamos entender con una verdadera universalización de la educación. Y si mucho con tecnocracias, tecnicismos y tecnologías parcializadoras, unilateralizadoras y desarticuladoras de la investigación, la docencia, la enseñanza-aprendizaje, la conivencia cara a cara y la difusión de conocimientos educativos-formativos, alternativos y críticos.
Observamos que como países de América Latina que cuentan con Universidades y escuelas de educación media superior compartimos las presiones y dominios del mundo imperialista global que se impone como mercado en el panorama estandarizador, tecnologizador y desarticulador de los conocimientos educativos, es cierto. Pero, que por otro lado, también es más que cierto que compartimos historias de resistencia, de conocimientos y experiencias creativas comunes, del presente y de luchas por un futuro mejor para nuestros países. El escenario de lo educativo aunque desalentador, también es esperanzador en un mundo en donde cada vez se ve más la necesidad de replantear formas alternativas de producción/consumo social-económico-político y cultural, que estén a la medida de sus ciudadanos y de las formas diversas de apropiación de su propias necesidades culturales; en ese sentido las instituciones superiores de educación pública de nuestros países con sus actores y protagonistas presenciales y en interacción de propuestas, pueden generar esa conciencia (a partir de sus propias memorias históricas) para sus propios procesos democráticos de conocimientos: educativos, pedagógicos, profesionales y éticos.
Notas:
1 “La ¿reorientación? de la educación superior mexicana en el neoliberalismo. Una revisión histórica (1978-2000)” en Miguel Angel Adame (Coord.), La Educación superior en México en el contexto neoliberal, Edit. Navarra 2015.
2 “La mercantilización de la educación superior en México”, Idem.
4 Vgr. Miguel Ángel Adame: “Internet, redes urbanas y capitalismo tecnoglobal”, en Mundo Siglo XXI, revista del CIECAS-IPN ISSN 1870-2872, Núm. 28, Vol. VIII, 2012, pp. 41-54.
6 Véase Laura Poy Solano: “Creará la SEP el Instituto Nacional de Educación Superior Abierta y a Distancia”, en La Jornada, 29 de julio de 2015, p. 32.

Batallón 27: ¡investigarlo ya!



Carlos Fazio

El pasado 29 de julio, la Secretaría de la Defensa Nacional decidió relevar al coronel José Rodríguez Pérez de la comandancia del 27 batallón de infantería en Iguala, Guerrero. Como responsable de la unidad, el mando castrense firmó las bitácoras con los movimientos de entradas y salidas de oficiales y tropa los días 26 y 27 de septiembre de 2014, cuando fueron detenidos-desaparecidos los 43 normalistas de Ayotzinapa.

Según la Sedena, el relevo del coronel Rodríguez Pérez forma parte de la política de rotación de mandos en el Ejército Mexicano. Sin embargo, la remoción se da en el marco de fuertes presiones de familiares de las víctimas y misiones internacionales que coadyuvan de manera oficiosa en la investigación del caso, para que se les permita conversar con integrantes del batallón activos la noche de los hechos. La Defensa no informó qué nueva asignación se le daría al coronel, lo que ha alimentado la versión de que podría ser llamado a declarar.

Autoridades estatales y federales han demostrado la comisión de delitos por policías municipales de Iguala y Cocula. Entre 2011 y 2014, los jefes de policía de Cocula fueron militares retirados: el teniente Tomás Bibiano Gallegos (luego ejecutado) y el mayor Salvador Bravo Bárcenas. Ambos habían sido recomendados por el general de división Alejandro Saavedra, comandante de la 35 Zona Militar con sede en Chilpancingo (entonces superior del coronel Rodríguez por la cadena de mando). Un tercer ex militar, César Nava, era subdirector de seguridad pública del ayuntamiento y es señalado como uno de los principales operadores en la desaparición de los normalistas.

De acuerdo con el testimonio de Bravo, los jefes militares de Guerrero sabían que mandos y tropa bajo sus órdenes estaban involucrados con grupos criminales. Otras testimoniales señalan que los coroneles Juan Antonio Aranda y José Rodríguez Pérez, ambos del 27 batallón; el coronel Rafael Hernández Nieto, comandante del 41 batallón y coordinador del Operativo Guerrero Seguro, así como el almirante José Rafael Durán, comandante de la octava región naval de Acapulco, habían recibido denuncias sobre tales nexos. Según obra en los expedientes, conocían el modus operandi de las policías municipales de Iguala y Cocula y de Guerreros unidos para secuestrar, extorsionar, fabricar metanfetaminas y desaparecer personas en fosas clandestinas.

En ese contexto tampoco se explican las públicas relaciones del ex alcalde de Iguala José Luis Abarca con los coroneles Juan Aranda y José Rodríguez, y el capitán José Martínez Crespo. Por acción u omisión, las huellas de los mandos militares del 27 batallón son evidentes. Pero, según el ex procurador Murillo Karam, investigar al Ejército –como le demandaban los padres de las víctimas− era un absurdo completo.

Documentos desclasificados en virtud de la Ley de Transparencia demuestran que el Ejército conoció en tiempo real los ataques a los estudiantes y no hizo nada para evitarlos. Un reporte entregado por la Sedena a Proceso señala que aproximadamente a las 22:30 horas arribaron al lugar “tres patrullas (…) de las que bajaron policías vestidos de negro, encapuchados, los cuales les dijeron a los estudiantes que se bajaran…” En una edición posterior la revista reveló que los policías encapuchados formaban parte del grupo de élite Los Bélicos, integrado por policías municipales de Iguala y civiles vinculados con Guerreros unidos, misteriosamente tolerado por los mandos del 27 batallón. El grupo operaba como una fuerza de acción inmediata y utilizaba un uniforme camuflado gris, similar al del Ejército, pero cuando salían a sus operativos iban encapuchados y vestidos de negro, portando armas de alto poder.

Los reportes iban dirigidos a la 35 Zona Militar y estaban firmados por el coronel Rodríguez Pérez. Otro mando citado en los reportes era el capitán José Martínez Crespo, quien al mando de la Fuerza de Reacción del 27 batallón patrulló toda la noche y estuvo presente en los hospitales General y Cristina.
Según el juez Ulises Bernabé García, los normalistas nunca fueron llevados a la base de la policía municipal de Iguala, como dijo la PGR. García declaró a Anabel Hernández y Steve Fisher que a la hora señalada por la procuraduría (23 horas), un militar que se identificó como capitán Crespo llegó a la comandancia con un grupo de 12 soldados y durante 15 minutos realizaron una minuciosa inspección de la base.

En su informe Estado de la investigación del caso Iguala, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos sugirió la comparecencia o ampliación de la declaración de nueve militares del 27 batallón. Según la CNDH, cuatro miembros del Ejército recibían diariamente información de seguridad en el municipio de Iguala y sus testimonios y reportes serían valiosos para conocer la sucesión de hechos después del ataque a los estudiantes. También pidió la comparecencia de tres militares que con posterioridad a las agresiones acudieron a verificar qué estaba sucediendo en las calles de Iguala, y de otros dos para que declaren acerca del entorno que imperaba en la ciudad el 26 de septiembre. La CNDH pidió que se le permita entrevistar directamente a nueve de los 38 soldados que rindieron testimoniales en los expedientes.

El coronel José Rodríguez Pérez sabe mucho y debe declarar. También se ha solicitado que se investigue a los mayores Raymundo Barrera y Luis Al­berto Rodríguez Chávez, jefes de per­sonal y de información, respectivamente, del 27 batallón. Según el organigrama de la unidad, serían los superiores inmediatos de dos oficiales que participaron en los hechos: el teniente Vicente Barbosa y el capitán Miguel Hernández Crespo, ambos presuntamente relacionados con la delincuencia organizada. A raíz de una manta firmada por El cabo Gil, supuesto líder de Guerreros unidos, existe confusión si un tal capitán Crespo, protector del narco, es Miguel Hernández Crespo o José Martínez Crespo; si son la misma persona o ambos están involucrados.

Noam Chomsky manifiesta su solidaridad a los maestros de Oaxaca




Desinformémonos
31 de Julio. Chomsky agregó que América Latina es actualmente “el lugar más emocionante del mundo en la historia moderna” ya que los pueblos y naciones que anteriormente se encontraban separadas por 500 años de imperialismo hoy se están orientando hacia un proceso de integración

El filósofo, Noam Chomsky manifestó su apoyo hacia los maestros de Oaxaca después de saludar a los asistentes del segundo Congreso Nacional de Educación Indígena e Intercultural señalando que se encuentran en “una lucha de gran envergadura, no sólo ahí sino parte de la lucha a nivel mundial la cuál es particularmente importante en estos momentos en toda Latinoamérica”.

Chomsky agregó que América Latina es actualmente “el lugar más emocionante del mundo en la historia moderna” ya que los pueblos y naciones que anteriormente se encontraban separadas por 500 años de imperialismo hoy se están orientando hacia un proceso de integración.

“Estos países están empezando a movilizarse para superar la maldición de América Latina de la enorme brecha sin precedentes en el mundo, entre una elite de enorme riqueza y una vasta masa de gente profundamente empobrecida” continuó el filósofo. Para Chomsky ésta es también una brecha que tiene también correlaciones étnicas y raciales, pero que encuentra mejor posicionados a los pueblos indígenas.

“Finalmente se están organizando, exigiendo sus derechos y obteniendo logros extraordinarios, desde el altiplano de Bolivia hasta Chiapas” apuntó Noam Chosmky, quien defiende las formas de organización social que vienen desde las propias tradiciones.

“No se mata la verdad”, artículo de Lydia Cacho


Plan B por Lydia Cacho


Hace un par de semanas recibí la llamada de un joven colega. Rubén me preguntó cómo llevaba tantos años manejando el miedo, cómo se aprende a procesar una interminable cantidad de amenazas de muerte, unas veladas y otras claras y directas.

Para este joven foto reportero, corresponsal de la agencia noticiosa gráfica Cuartoscuro y de la revista Proceso, el insomnio, la falta de apetito, la depresión a que siempre quiso llamar tristeza para no invocar su dura presencia cotidiana, eran enemigos con los que había que acostumbrarse a vivir.

Lo recomendé con una terapeuta especializada en estrés postraumático, ese síndrome que se convierte en daño colateral de la labor de periodistas y de quienes defienden profesionalmente los derechos humanos.
El estrés postraumático es ese oscuro pasajero que se asienta en la vida de quienes viven formas intensas sistemáticas o instantáneas de violencia y que ponen en riesgo la integridad física y la salud  emocional de la víctima.
Rubén había aprendido a entrenar a sus colegas en asuntos de seguridad: cómo documentar gráficamente las injusticias, las manifestaciones cívicas, haciendo estrategias de seguridad personal y de protección del material gráfico que se convierte en evidencia pura y dura de la realidad.
Rubén como otros colegas, hombres y mujeres, recibió ayuda de la organización Artículo 19 para huir de Veracruz a exilarse, y junto con valientes periodistas gráficos que se unieron en el grupo #FotoperiodistasMX, decidió no darse por vencido a pesar de las duras y reales amenazas de muerte que había recibido a lo largo de los últimos años por hacer un buen trabajo en Veracruz, todo está documentado.
Rubén, como otras colegas, se vio forzado a emigrar a Distrito Federal, allí convivía con amigas cercanas, como la activista, artista y antropóloga Nadia Vera, perteneciente al movimiento #YoSoy132 de Xalapa.
“Considérate enemigo del pueblo” le dijo alguna vez el vocero del gobierno de Veracruz al impedirle la entrada a una conferencia de prensa en que el gobernador Duarte hablaría.
Eso sucedió a partir de la publicación de una ya famosa portada de la revista Proceso en que Duarte aparece con un inquietante rostro que emana desprecio, portando una gorra policíaca. En esas fechas la gente se manifestaba en las calles  de Veracruz contra las malas prácticas gubernamentales, la corrupción, la impunidad e inseguridad. Lo hacían con frases ahora famosas que según el propio Espinosa indignaban al equipo de seguridad del gobernador, muchas de estas expresiones hacen alusión al sobrepeso del mandatario, a su talante iracundo, violento, racista y sexista.
Lo cierto es que Rubén Espinosa, era un buen fotógrafo, hizo cientos de piezas importantes, logró hacer con una imagen lo que las palabras jamás hubieran logrado de manera seria en una página noticiosa: dejar que el propio personaje se mostrase sin filtros, su metalenguaje de puños cerrados, mirada rabiosa, con su nombre y puesto bordado en la camisa “Javier Duarte. Gobernador” dicen las letras rojas en su pecho, como para que nadie lo ponga en duda.
La-foto
“Gobernador” anuncia su gorra con la insignia policíaca que es una estrella plateada a la vez que símbolo de poder y control social. Pero eso no fue lo que más le indignó, según el autor de la fotografía, para el gobernante la afrenta fue el close-up que muestra también una obesidad mórbida por la cual siempre se ha sentido inseguro y blanco de la mofa de propios y extraños. De allí que tenga fotógrafo oficial, responsable de tomarle siempre en ángulos favorables.
Parecería nimio o ridículo asegurar que muchos gobernantes se enconan de forma personal con ciertos periodistas (hombres o mujeres) que evidencian algo inocultable de su personalidad que pretenden esconder y que les genera inseguridad. No solamente hablamos de la estructura corporal, también de los gestos que delatan a todas las personas por más que intenten reservarlos.
Rubén me dijo que el vocero había comentado que al gobernador le enfurecía también  ese otro famoso close-up de Cuartoscuro, en que a Duarte parecen brotarle los ojos como a una gárgola colérica, en que aventaba el cuerpo contra las periodistas que lo inquirían y a quienes mostraba los dientes en señal de rabioso ataque.
Una y otra vez le advirtieron a Rubén que ya no debía vivir en Veracruz, que estaba en la lista negra de los enemigos.
Rubén no tuvo tiempo de acudir a terapia para sentirse aliviado de su angustia, ni para explorar la ansiedad que le causaba escuchar a tantos y tantas colegas expresar sus miedos y las amenazas que reciben a diario por ejercer periodismo o activismo derechohumanista. Fue asesinado  junto con la defensora Nadia Vera, una joven valiente de voz sólida y mirada luminosa que confrontó al poder y las injusticias en Xalapa. Otras tres mujeres fueron victimadas con ellos con un arma 9mm de uso militar, con disparos limpios, firma característica de sicarios.
Sólo quien vive bajo amenazas sabe que el reloj marca las horas de forma diferente. No simplemente se vive el miedo propio, también acosa el duende de la autocensura que hace que nos preguntemos ¿de verdad valdrá la pena el riesgo por develar una tropelía más en un país de indignos gobernantes? Sólo para responder que siempre vale la pena decir la verdad, trabajar contra la ignominia, intentar construir un país en que valga la pena vivir, crecer, amar.
También está siempre presente la culpa de la y el sobreviviente, esa que se lleva como un tatuaje cuando las amenazas son compartidas, hasta que una mala noche nos enteramos de que le llegó la muerte largamente advertida a esa persona con la que apenas hablamos, que tenía fe, que creía en la ética, con quien nos repetimos como un mantra seguro que no se atreverán a matarte, no después de haberlo denunciado tanto, no después de haber señalado abiertamente a tu potencial asesino. Seguro que no te matarán.
Puedo escuchar la voz de Rubén como escuché la de otras tantas y tantos colegas canturrear en una marcha solidaria, codo a codo: No se mata la verdad matando periodistas.

Pobreza, un lastre neoliberal


Tantas son las preocupaciones por las que pasamos cada día, algunas que traemos arrastrando de algún tiempo atrás, otras que nos invaden antes de tiempo por su futura presencia, desde los gastos de inscripción al nuevo ciclo escolar, hasta los medicamentos de la abuela; un sinfín de necesidades que por su variada naturaleza parecen independientes entre sí, pero que en realidad forman parte de una gran problemática que la mayoría padecemos, la pobreza. 
El término de pobreza muchas veces hasta nos causa repulsión, quisiéremos nunca ser estereotipados con ese término, muchas veces en la ignorancia hasta es tema de sarcasmo y bromas discriminatorias hacia quienes la padecemos, pero sin duda alguna esta problemática es causa generadora de muchas más, desde la delincuencia común, la prostitución, la drogadicción, hasta el crimen organizado. La pobreza también es responsable del deterioro de las relaciones familiares, al debilitarse éstas por la migración y la movilidad laboral, así mismo es un obstáculo para que el grueso de la población pueda desarrollar sus habilidades para aportar su talento a la comunidad nacional y global.
Más allá de pensar a la pobreza como una problemática del pasado, éste se encuentra hoy muy presente, y pareciera que en vez de disminuir con las políticas sociales del gobierno mexicano, la pobreza se ahonda cada día más en nuestra sociedad, así lo reveló el último estudio del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), presentado a fines del mes de mes de julio, la CONEVAL (www.coneval.gob.mx) indica que el 46 por ciento de la población mexicana, es decir, 55.3 millones de personas, está en condiciones de pobreza extrema o moderada.
Para saber qué es la pobreza extrema y moderada, la CONEVAL los define así, las personas que están dentro de la pobreza extrema son aquellas que tienen menos de mil 242 pesos mensuales en zonas urbanas y 868 pesos mensuales en las rurales, mientras que las personas que se encuentran dentro de la pobreza moderada son aquellas que obtienen menos de 2 mil 542 pesos en zonas urbanas y menos de mil 614 pesos en zonas rurales. En ambos casos podemos ver el precario ingreso de las personas que constituyen la mitad de nuestra población mexicana.
El estudio también revela que existe un 33 por ciento de mexicanos, es decir 40 millones de personas que se encuentran en condiciones de vulnerabilidad por ingreso o por carencia, es decir, personas que por cualquier tragedia, eventualidad o contingencia pueden caer en los brazos fríos de la pobreza. Así en nuestra sociedad solo nos quedan 24.5 millones de personas, es decir, el 20 por ciento de mexicanos que no son pobres ni están en condiciones de vulnerabilidad.
Nuestra sociedad así se divide entre un ochenta por ciento de personas pobres y vulnerables y un veinte por ciento de personas que no lo son, una sociedad en términos de ingreso polarizada y desigual; éste fenómeno socioeconómico de la desigualdad ha sido analizada por el Doctor Gerardo Esquivel, en un estudio para Oxfam México (www.oxfammexico.org) titulado “Desigualdad Extrema en México: Concentración del Poder Económico y Político”, donde menciona que en 2012, había en México 145,000 individuos con una riqueza neta superior a un millón de dólares (sin incluir sus residencias), en conjunto, sus riquezas ascendían a un total de $736 mil millones de dólares. Estos millonarios representan menos del 1% de la población total pero concentraban en el 2012 alrededor del 43% de la riqueza total del país.
La profunda desigualdad económica que vive México es sin duda fruto del modelo económico implementando desde hace ya más de treinta años, el neoliberalismo, que con su “lógica de libre mercado” ha destruido la gran mayoría de propiedad colectiva, pública; llevando así a la rienda de los monopolios privados las industrias y servicios que antes servían como base económica para el desarrollo nacional. El neoliberalismo como ideología económica busca reducir el papel del Estado en la economía, y por lo tanto la inversión pública en sectores medulares como la salud, la educación y la comunicación.
Ante la abismal desigualdad el Doctor Esquivel propone políticas que reorienten la actual política gubernamental; como primer punto, la Creación de un Autentico Estado Social: donde es imprescindible cambiar los programas asistencialistas, que sólo buscan mitigar la profundidad y la extensión de la pobreza, por políticas sociales basadas en la garantía de la alimentación, total gratuidad en educación y salud a todos los niveles. Como segundo punto Una Política Fiscal más Progresiva, es decir que contribuyan más quienes más tienen. El tercer punto Gasto Mejor Focalizado, inversiones públicas que detonen el desarrollo regional de zonas como la Sur-Sureste, en sectores como salud y educación, así como la reducción del gasto corriente. El cuarto punto Política Salarial y Laboral, donde propone iniciar un amplio proceso de recuperación de la capacidad de compra del salario mínimo y una política laboral que re balancee el poder de negociación entre trabajadores y patrones. Como punto cinco, Mecanismos de Transparencia y Rendición de Cuentas, donde se constituyan programas rígidos contra la corrupción en todos sus niveles.
Las propuestas del Doctor Esquivel manifiestan una clara crítica ante el actual modelo económico, propone aumentar el papel del Estado en la economía, garantizando los derechos sociales y laborales mediante mayor inversión pública, estas propuestas van a contracorriente de la actual política de privatizaciones que se viene desarrollando en el país y que amenaza ahora al sector salud.
La pobreza, ese gran fantasma que aprisiona a la gran parte de nuestra sociedad tiene sus causas en la desigualdad socioeconómica, no es que no haya riqueza social, sino que ésta riqueza está concentrada un muy pocas manos, de ahí que sea un problema de discusión en la economía política; es mediante la política desde donde se puede combatir la profunda desigualdad social que hay en México, la pobreza radica en el nivel de desigualdad de una sociedad, no absolutamente en la generación de riqueza.
Queda aquí entonces la opción de elegir entre mayor presencia del Estado en la economía o dejar en manos de monopolios privados todo lo que pueda ser mercancía: la salud, la educación, el agua, etc. Queda elegir entre más neoliberalismo o la erradicación de ésta ideología.

Mamá de Manuel Velasco recibe “apoyo” de 3.9 millones de pesos, otorgado por el DIF de Chiapas


Desde que Manuel Velasco llegó a la gubernatura de Chiapas, su mamá es presentada como la "Presidenta" del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia en Chiapas, tanto en actos oficiales como en boletines oficiales emitidos por dicha institución pública. Sin embargo, el cargo que realmente ocupa Leticia Coello es el de "presidenta del Consejo Ciudadano Consultivo" del DIF estatal.




Leticia Coello, madre del gobernador chiapaneco Manuel Velasco Coello, cuenta con un presupuesto de 3.9 millones de pesos –sólo durante 2015–, que le fue otorgado por la administración que encabeza su hijo, bajo el concepto de “apoyo” para para sus actividades como presidenta del Consejo Ciudadano Consultivo del DIF-Chiapas.
El cargo que ocupa Coello dentro de esta institución pública, sin embargo, es descrito por la ley como “honorífico”, ya que no contempla ninguna función concreta y, por lo tanto, la misma reglamentación local prohíbe que reciba ningún tipo de remuneración económica.
A pesar de ello, el gobierno de Manuel Velasco etiquetó este año un presupuesto de 3 millones 990 mil 455 pesos para la “coordinación de acciones en apoyo a la presidencia” del DIF estatal, cargo que ocupa la mamá del gobernador, tal como consta en documentación oficial emitida por la Secretaría de Hacienda de dicha entidad.
El presupuesto para “apoyo” a la señora Leticia Coello viene inscrito en el documento titulado “Analítico calendarizado por clasificación administrativa. Presupuesto de Egresos 2015. Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Chiapas“.
Además de los 3.9 millones recibidos este año, la mamá del gobernador recibió un monto similar en 2014, y en 2013 el “apoyo” gubernamental fue de 3 millones 560 mil pesos. Así, en total, desde que su hijo encabeza la administración pública chiapaneca, la señora Coello ha recibido 11.3 millones de pesos del DIF estatal.
Tal como señala el informe “Analítico calendarizado por clasificación administrativa”, estos 3.9 millones son para uso exclusivo de la presidenta del Consejo Ciudadano Consultivo, ya que este órgano honorífico cuenta un presupuesto separado, destinado a su operación.
El mismo reporte financiero indica que el dinero para la señora Coello es entregado en tandas mensuales que oscilan entre 283 mil y 454 mil pesos.
En Chiapas, el gobernador Manuel Velasco tiene asignado un sueldo anual “líquido” de 684 mil 821 pesos, por lo que el monto asignado a su mamá, en comparación, es 500% superior.

Invasión de atribuciones

Desde que Manuel Velasco llegó a la gubernatura de Chiapas, a finales de 2012, su mamá es presentada como la “Presidenta” del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia en Chiapas, tanto en actos oficiales como en boletines oficiales emitidos por dicha institución pública.
Sin embargo, el cargo que realmente ocupa Leticia Coello es el de “presidenta del Consejo Ciudadano Consultivo” del DIF estatal, que es un “órgano de apoyo y de consulta, de carácter social, ciudadano y honorífico”.
Según el Decreto 209, mediante el cual fue creado el DIF-Chiapas, la Presidencia del Consejo Consultivo Ciudadano es un cargo simbólico, cuya única función es “formular sugerencias” para el mejoramiento institucional y “proponer acciones tendientes a lograr la integración familiar”.
El Decreto 209 establece que el Consejo Consultivo Ciudadano debe ser integrado por un presidente y cinco vocales, “los que no percibirán retribución, compensación o emolumento alguno”, ya que el objetivo de este consejo honorífico es simplemente “emitir opiniones y recomendaciones sobre las políticas del DIF-Ciapas”.
Este mismo decreto, emitido en 2007 por el entonces gobernador Juan Sabines, establece que el verdadero titular de esta institución pública es su Director General (puesto que actualmente ocupa Carolina Sohle Gómez), quien “tendrá a su cargo la administración y representación del organismo descentralizado denominado DIF-Chiapas”, así como la representación de su Junta de Gobierno ante cualquier autoridad, institución pública o ente privado.
Por si quedasen dudas al respecto, el artículo 5 fracción V del Reglamento Interior del organismo, emitido el 1 de agosto de 2012, reitera que el “titular del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Chiapas” es su “director general”.
No obstante, desde que inició la administración de Manuel Velasco, su mamá es quien encabeza todos los actos oficiales del DIF estatal, siempre presentándose de manera oficial como “presidenta” y como “titular” de este órgano público.
Más aún: Leticia Coello ha sido la responsable de rendir los informes de labores de la institución, así como de suscribir convenios con otras instituciones en nombre del DIF-Chiapas, aún cuando éstas son atribuciones “indelegables” del director general, tal como marca el mismo Reglamento Interior.
Según el artículo 409 del Código Penal del Estado de Chiapas, comete el delito de “usurpación de funciones públicas” aquella persona que “falsamente se atribuya y ejerza funciones propias de un servidor público”, lo que se castiga con una pena que va de seis meses a cinco años de prisión.

“Campaña” promocional y gasto “confidencial”

Tal como revelan las fotografías y los boletines de prensa difundidos por el DIF-Chiapas, Leticia Coello ha encabezado todo tipo de actos oficiales de esta institución, en su calidad de “Presidenta”: tanto firmas de convenios con instituciones públicas y privadas, como reparto de dinero en comunidades marginadas, de cobijas en Día de Reyes, de juguetes en Día del Niño, y de regalos a la ciudadanía en el Día de las Madres.
La participación de Coello en actos públicos la ha llevado, incluso, a encabezar algunos que ni siquiera están relacionados con las áreas de atención del DIF chiapaneco, tales como el amadrinamiento de bodas colectivas de soldados, dentro de instalaciones militares del estado; la inauguración de clínicas de salud; y también ha sido la figura principal en el corte de listón de obras viales.
De hecho, la imagen de la mamá gobernador no sólo es promovida por los organismos que conforman el Poder Ejecutivo chiapaneco, sino también por aquellos del Poder Judicial, tal como ocurrió el pasado 27 de julio, cuando el magistrado Rutilio Escandón visitó un centro de convivencia familiar sufragado por el Tribunal Superior de Justicia del estado, donde aseguró ante la prensa y la ciudadanía que “el Tribunal, con este tipo de espacios, también están coadyuvando a la política pública que viene desarrollado atinadamente la presidenta del Sistema DIF Chiapas, Leticia Coello de Velasco, quien ha emprendido una campaña de protección a la familia como derecho humano”.
Cabe destacar que el DIF estatal en ningún momento reporta acciones de la señora Coello, que estén relacionadas con la misión que por normativa tiene asignadas, y que son generar “opiniones” para el mejoramiento institucional.


Para conocer el uso que ha dado la mamá del gobernador al presupuesto destinado para el “apoyo” a sus actividades, Animal Político solicitó copia de las facturas y recibos que comprueben el destino final de dichos recursos; sin embargo, el DIF-Chiapas anunció, a través de un oficio sin número, que el 17 de julio pasado declaró esa información como “confidencial y de acceso restringido”.
El DIF chiapaneco argumentó que esta información no puede ser revelada, ya que contiene “datos personales” de los proveedores de bienes y servicios que fueron contratados con dichos recursos, esto, a pesar de que la normativa vigente establece que los datos de todos los proveedores del gobierno son de acceso público.
Asimismo, en violación a la Ley de Transparencia, el DIF estatal catalogó dichas facturas como confidenciales, sin establecer explícitamente el tiempo por el que esta categoría de reserva se mantendrá vigente.
A continuación, te presentamos el oficio mendiante el cual el DIF-Chiapas notificó la reserva de la información sobre los gastos de Leticia Coello.





Justicia en un páramo de impunidad


El homicidio de este periodista podría estar originado desde el poder político y esta posibilidad la debe esclarecer la autoridad investigadora.

lasillarota.com

El viernes pasado fue asesinado Rubén Espinosa, periodista que se había visto obligado a salir de Veracruz a causa de las amenazas del gobernador Javier Duarte en su contra. En los mismos hechos fueron asesinadas cuatro mujeres, una de ellas es Nadia Vega, quien fue parte del Movimiento #Soy132 y vivía en Veracruz.

Estos homicidios son condenables  y la autoridad tiene la obligación de investigar para esclarecer los hechos, lo que significa dar una explicación creíble y sustentada en evidencias objetivas. Esto que escribo, es una obviedad, pero la experiencia nos ha mostrado que casos donde existe una exigencia social para que haya respuestas, la autoridad privilegia los resultados rápidos aunque a  la larga terminen siendo mentira.

Tanto para la investigación de la muerte del  periodista como la de las cuatro mujeres, se debe asegurar igual diligencia y esmero;  evitando sólo concentrar los esfuerzos en esclarecer la muerte del periodista para atender al reclamo social, dejando en segundo plano la muerte de Nadia Vega, Yesenia Quiroz así como de las otras dos mujeres, de quienes hasta ahora se desconocen sus  nombres.

En lo que toca a la investigación de la muerte de Rubén Espinosa, ésta debe realizarse tomando en cuenta el contexto de la situación en que se encontraba. En primer lugar que Veracruz, bajo el gobierno de Duarte, es el estado donde más periodistas han sido asesinados a consecuencia de su trabajo. Segundo, que el trabajo periodístico de Rubén molestó al gobernador quien respondió con amenazas, al grado que Rubén se vio obligado a tener que exiliarse en la ciudad de México. En otras palabras el homicidio de este periodista podría estar originado desde el poder político y esta posibilidad la debe esclarecer la autoridad investigadora.

Hasta el momento la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal es responsable de investigar los cinco homicidios; sin embargo hay voces que exigen que el asunto se traslade al ámbito de la Fiscalía Especial Para La Atención De Delitos Cometidos Contra la Libertad de Expresión (FEADLE) de la Procuraduría General de la República (PGR). La disyuntiva no es fácil pues de ambas instituciones se desconfía y ninguna destaca por mostrar resultados espectaculares. La realidad actual es de una marcada desconfianza de las autoridades encargadas de investigar y administrar justicia.

En el caso de la FEADLE, de acuerdo con la organización Artículo 19, hasta julio de 2013 se habían iniciado 469 averiguaciones previas, sólo se habían consignado 51 y aún no se obtenía ninguna sentencia condenatoria. Además apenas el 1 de agosto la Procuradora Arely Gómez nombró a un nuevo encargado de la FEADLE. Es posible entonces que la esta institución no atraviese por su mejor momento.

Por lo tanto, el esclarecimiento de este homicidio múltiple coloca de nuevo a las autoridades ante el reto de mostrar que tienen voluntad política para investigas inclusive al gobernador veracruzano y, un segundo reto será mostrar que existe capacidad en las instancias encargadas de  esclarecer crímenes.

Estas muertes a la sociedad también nos interpelan. Recordemos que luego de los asesinatos de  Regina Martínez y de Gregorio (Goyo) Jiménez, sucedieron numerosas expresiones públicas de reclamo y exigencia para resolver ambas muertes. Pero la realidad es que el reclamo social de justicia no ha sido cumplido. Entonces tenemos que preguntarnos: ¿Qué más debemos hacer para lograr romper la impunidad?

¿Qué nuevos esfuerzos debemos emprender para que las autoridades enfrenten las consecuencias de su negligencia e incapacidad?

Asesinatos en México superan cifras de muertos en guerras de Irak y Afganistan


De acuerdo al sitio Frontline, en siete años 164 mil personas fueron asesinadas en el país, 61 mil más que en esas naciones
Foto: Cuartoscuro | Archivo

Durante el periodo de 2007 a 2014, 164 mil personas fueron asesinadas en el marco del combate al narcotráfico en México. En ese mismo lapso de tiempo, más de 103 mil personas murieron en Afganistán e Irak, dos naciones que están en guerra, es decir, que México tiene más muertos durante el mismo tiempo sin estar formalmente en guerra con otra nación, de acuerdo a Frontline.

En la publicación titulada “The Staggering Death Toll of Mexico’s Drug War”, el periodista Jason M. Breslow detalla que más de 26 mil civiles han muerto en Afganistan desde que inició la guerra en 2001, mientras que en Irak, los recuentos varían con cifras de 160 mil 500 muertes hasta 500 mil.

“Pero a medida que la participación de Estados Unidos en cada Nación ha disminuido en los últimos años, los asesinatos que están en México, mucho más cerca de casa, han superado en silencio y constantemente el número combinado de muertes de civiles en Afganistán e Irak”, revela.

Señala que de acuerdo a cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), 164 mil personas murieron entre 2007 y 2014, “casi 20 mil murieron en 2014, un número considerable, pero aún así una disminución con respecto a los 27 mil muertos alcanzados en el climax de la guerra de 2011″.

Contrastó que según las estadísticas de las Nacional Unidas y del sitio web de Irak, Body Count, en el mismo periodo de siete años, 103 mil personas murieron en Afganistán e Irak.

Jason M. Breslow dice que “para estar seguros”, los homicidios documentados en México no pueden estar todos vinculados directamente a la guerra contra las drogas, ni tampoco ser distinguidos de los ocurridos fuera de este contexto.

“Muchos asesinatos no se investigan, y el gobierno no ha emitido cifras anuales sobre los homicidios, al estilo del crimen organizado – aquellos que se cree perpetrados por los cárteles – desde 2010. Incluso cuando lo hizo, estos datos suelen ser poco fiables”.

“Por ejemplo, alguien asesinado por un alto calibre o arma de fuego automática sería considerado como una víctima de la delincuencia organizada, pero si fueron estranguladas o apuñaladas hasta la muerte, no necesariamente se considera una víctima de la guerra contra las drogas”.

Frontline señala que cualquiera que sea la cifra real, “los asesinatos al estilo del crimen organizado siguen representando una amenaza importante y persistente en todo México.”

El control del periodismo en México es más grave que en el 68: Pedro Valtierra


Para el fotógrafo mexicano se trata de una de las peores crisis porque los comunicadores no somos héroes y tampoco vamos a arriesgarnos

Foto: CUARTOSCURO



En México se han cerrado las puertas para ejercer un periodismo crítico, situación cada vez más peligrosa y más grave a la que se registró en 1968 cuando había control del Estado sobre el ejercicio periodístico, alertó Pedro Valtierra, reconocido fotoperiodista fundador de la agencia Cuartoscuro.

Para el fotógrafo mexicano se trata de una de las peores crisis porque los comunicadores no somos héroes y tampoco vamos a arriesgarnos, de esta manera aceptó que hay censura y autocensura.

“Hay, por supuesto, medios importantes, yo creo en el oficio, creo en los periodistas, pero desde la parte de algunos gobiernos se han cerrado a permitir el ejercicio periodístico, lo grave es que lo veo cada vez más peligroso.

“Yo creo que está igual (el control de la información que en el 68) de otra manera, con otro estilo, con otros métodos, pero finalmente el control se está ejerciendo, lamentablemente en contra del ejercicio periodístico. El daño que está provocando entre la prensa y la sociedad, este control de los periodistas es lamentable, es una de las peores crisis, yo digo que más grave que la del 68, va a llevar a una crisis periodística, una falta de credibilidad de los propios medios porque también no somos héroes, si no hay mucha libertad y te asesinan tampoco vamos a arriesgarnos”, resaltó el director de Cuartoscuro en entrevista.

Rubén Espinosa Becerril, el fotoperiodista asesinado el viernes en la Colonia Narvarte, se reunió hace unos 15 días con Valtierra. Recién había llegado al DF porque estaba huyendo de Xalapa, Veracruz, y le contó las amenazas que vivió en Veracruz.  

“La verdad es que sí está delicado, es peligroso el oficio en este estado (Veracruz), así lo dicen las cifras de los periodistas que han muerto (14). Algo ha pasado ahí, alguien está muy interesado en que no se publiquen ciertos temas, no haya libertad y lamento mucho porque eso daña no solamente la figura de las autoridades sino a la sociedad misma, es un retroceso.

“He estado en distintos lugares de peligro, aquí en México se vive una situación muy extraña, muy difícil, es una violencia estúpida, en la que han muerto miles de civiles, mucho joven, mucho periodista y no se vale porque es como una guerra selectiva, están matando a activistas, a periodistas que tienen una preocupación o que están haciendo trabajo crítico. La verdad sí espanta, sí asusta mucho”, aceptó Valtierra.


Valtierra prevé una enorme crisis por la manera de coartar la libertad de expresión de esta manera, con violencia.

“Nosotros los periodistas estamos más allá del bien y del mal. Digamos que nuestro oficio es trabajar alejados del Estado y alejados de los que pertenecen al crimen organizado. Pienso que el trabajo nuestro es un trabajo noble, de informar, de comunicar, entonces, si te asesina el crimen organizado o el Gobierno de cualquier forma es detestable. Yo lo que sí creo es que estos niveles de impunidad han llegado a una situación que está metiendo en pánico a los que antes podíamos hacer un poquito de trabajo periodístico. Me duele mucho que sea el crimen organizado o el gobierno quien asesine periodistas o a la población civil”, lamentó cuando estaba afuera del Servicio Médico Forense donde esperaba que las autoridades entregaran el cuerpo del periodista asesinado. 

“Sí tengo mucho miedo” 

“Yo me entrevisté con Rubén hace unos 15 días cuando recién llegó o tenía unos días de haber llegado a Xalapa, me contó que lo siguieron cómo era la situación y él me dijo: sí tengo mucho miedo, me salí (de Xalapa) por eso. Aquí en el DF se sentía un poco más tranquilo..

“Cuando hablé con Rubén le dije: no vale la pena una foto por una bala, no vale la pena arriesgar tu vida por una foto o un trabajo, pero sí deja mucho que pensar. A mí nunca me reveló los nombres (de las personas que lo acosaban), yo ni los conozco, pero él sabía quiénes eran, él los ubicaba a los que lo vigilaban en Xalapa”, recordó Pedro Valtierra.

Espinosa Becerril venía huyendo, era colaborador con la revista Proceso, estaba desempleado, y se iba a integrar a Cuartoscuro a partir de esta semana para cubrir de todo.

La PGJDF violó secrecía de denunciantes de Cuauhtémoc Gutiérrez


Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre, presidente con licencia del PRI-DF. Foto: David Deolarte
“Ahora, las víctimas no saben si sus nombres completos, direcciones y fotografías están en manos de gente cercana a Gutiérrez de la Torre o funcionarios que quieran afectarlas, por lo que temen por su seguridad y la de sus familiares”, advierte esta mañana el portal Aristegui Noticias.

Las mujeres denunciaron a Gutiérrez de la Torre con sus identidades resguardadas con nombres clave y documentos empaquetados con un sobre sellado. Elementos de la PGJDF acudieron a domicilios de las denunciantes y preguntaron por ellas con su nombre real, para notificarles el no ejercicio de acción penal en contra del exdirigente priista.
La mañana del martes 28 de julio, tres funcionarios de la PGJDF se presentaron en el domicilio de las víctimas: el agente del Ministerio Público Guillermo Santamarina Zepeda, el notificador Nicolás Sánchez González y Cynthia Mendoza Arellano, quien se identificó como integrante de la dirección de derechos humanos de la dependencia.
“La directora de Catwlac, Teresa Ulloa, dijo que la violación del acuerdo de resguardo de identidad es una falta grave a los protocolos de investigación y representa un bloqueo más al proceso de impartición de justicia.
“La abogada sostuvo que este derecho aplica para víctimas de delitos como el secuestro, la violación y trata de personas, de acuerdo con el artículo 20 de la Constitución, y existen sanciones graves para las personas que rompan este secreto, las cuales se agravan si se trata de funcionarios públicos.
“Teresa Ulloa es representante legal de las víctimas pero la procuraduría capitalina no le ha notificado el no ejercicio de la acción penal contra Gutiérrez de la Torre; sin embargo, durante el proceso ministerial su oficina recibió todos los requerimientos de las autoridades”, añade Aristegui Noticias.
El equipo de noticias liderado por la periodista Carmen Aristegui publicó el año pasado un reportaje que evidenciaba cómo desde la oficina del PRI capitalino, que en ese entonces presidía Gutiérrez, se ofrecía trabajo a jovencitas a cambio de brindar servicios sexuales al exdirigente priista.