10/01/2014

Y después de las reformas, ¿qué?

Salvador García Soto
Serpientes y Escaleras

Pasado el foco de las reformas peñanietistas y cuando el país aún espera ver en la realidad el discurso de las bondades de tan profundos cambios constitucionales, en el país estallan, por todos lados y de manera simultánea, conflictos políticos y sociales que, aunque de origen diverso y problemática distinta, en el imaginario colectivo y el sentir político comienzan a confluir en una misma idea: al presidente Enrique Peña Nieto y a su gabinete les tiembla la mano y les está faltando tomar decisiones drásticas para evitar que los problemas se tornen, como ocurre ya en algunos casos, en auténticas crisis. 
En unas cuantas horas Guerrero se incendió con los normalistas muertos por el abuso de fuerza policial en Ayotzinapa, mientras una inconformidad mal manejada por la SEP y la dirección del IPN tomaba dimensiones de conflicto y paro estudiantil en el Politécnico que ayer movilizó a miles de alumnos que exigían y lograban un diálogo directo con el secretario de Gobernación. Al mismo tiempo el Ejército mexicano era puesto en el banquillo de los acusados por el caso de Tlatlaya y el escándalo internacional por “ejecuciones sumarias” cometidas hace tres meses, mientras el presidente se veía obligado a declinar una invitación al Senado ante las amenazas y berrinches del PAN. 
En todo ese panorama subyace la percepción de un país fuera de control que contrasta notablemente con el “México de oportunidades” que apenas la semana pasada fue a promover el presidente Peña Nieto ante los influyentes inversionistas de Nueva York. Y aun cuando se trata de diferentes problemáticas que atañen a distintos niveles de gobierno, en el ambiente enrarecido flota la idea, tantas veces deslizada desde la cúpula del poder, de que “una vez aprobadas las reformas” se vería realmente “la mano del presidente” en la toma de decisiones y el enfrentamiento de los problemas. A juzgar por el actual escenario convulso esa mano aún no se siente. 
Porque si bien el de los jóvenes muertos en Iguala, Guerrero, es un conflicto que se suma a la larga cadena de yerros, ineptitudes y vacíos de autoridad del gobernador Angel Aguirre, la pregunta es si lo único que puede hacer el Presidente de la República, ante el nivel de caos en una entidad sacudida por conflictos sociales y penetrada por el narcotráfico, es cancelar una gira de trabajo, cuando la ausencia del gobernador raya en la ingobernabilidad. 
En el conflicto del IPN es claro que la responsabilidad es totalmente federal. Lo único que no se explica es por qué el secretario de Educación, Emilio Chuayfett, y su subsecretario de Educación Superior, Fernando Serrano, aparecen ausentes mientras la polémica directora, Yoloxóchitl Bustamante, que depende de la SEP, incendia la institución con un reglamento no consensuado con la base estudiantil que hoy la ha desbordado y exige su salida. Mientras Chuayffet y su subsecretario se escondían bajo el escritorio y cancelaban su comparecencia en San Lázaro, el secretario de Gobernación, Miguel Osorio, en un gesto plausible, salió ayer a la calle a dialogar con la masa de estudiantes sublevados para tratar de calmar las aguas de un movimiento estudiantil. justo la víspera del aniversario de la masacre estudiantil de Tlatelolco. 
Si a todo eso se añade la encrucijada en la que se ha colocado al Ejército mexicano y al mismo gobierno de Peña Nieto por el abuso de fuerza cometido por militares en Tlatlaya —que ya ocasionó la consignación de tres soldados acusados de cometer una ejecución extralegal, derivada de la presión nacional e internacional que desató un caso que es visto como “parteaguas” en el tema de derechos humanos y la actuación de las fuerzas castrenses en México— está más que claro que al presidente ya se le agotó el discurso de que las reformas resolverán por sí solas la problemática de un país que demanda mucho más que crecimiento económico. ¿Cuándo empezará a sentirse la mano del gobernante? 
NOTAS INDISCRETAS… Según las encuestas que analizan entre el CEN del PRI, Gobernación y Los Pinos, dos candidatos a gobernador por el priísmo estarían ya definidos: Roberto Loyola Vera para Querétaro y Alejandro Moreno Cárdenas para Campeche. En Sonora adelanta la senadora Claudia Pavlovich aunque el también senador Ernesto Gándara sigue con vida y en Nuevo León la decisión aún no se toma pero quien sigue punteando en las encuestas es la senadora Ivonne Álvarez por encima del secretario Ildefonso Guajardo y su cercanía a Los Pinos… Los dados regresan contentos a su casa en este Gran Diario de México y se comprometen a dar siempre su mejor esfuerzo por y para los lectores. Gracias al licenciado Juan Francisco Ealy Ortiz y a Juan Francisco Ealy Lanz-Duret por la confianza en esta nueva etapa. Escalera doble para el comienzo.

Veracruz: violencia e inseguridad

Colectivo La digna voz

Nadie puede objetar que la inseguridad pública, y la violencia en sus múltiples modalidades, son realidades y preocupaciones que van a la alza en el México actual. Para valernos de la palabrería gubernamental, lo único que se observa que va “para adelante” o “se mueve” es la criminalidad común y la bancarrota de la seguridad personal. En Veracruz la gente a menudo se pregunta por las posibles soluciones para frenar la inseguridad que campea, cada vez más corrosivamente, en la vida pública de la entidad. Pero cuando se plantea de este modo la cuestión, se corre el riesgo de ignorar los aspectos de fondo. Si la violencia e inseguridad son fenómenos tan extendidos, acaso dominantes en la trama social, cabría más bien preguntar por el origen o las causas del problema. Esta segunda actitud naturalmente entraña más complejidad. Y es que existen básicamente dos formas de abordar un asunto público: o bien desde la óptica de la cura o antídoto, o bien desde el punto de vista de las causas estructurales. Nótese que una aproximación errática conduce sin remedio a la mistificación del problema. Por esta razón nos inclinamos más por el análisis de las causas, en oposición a la presunta reparación, que con frecuencia consiste en la solución que más conviene al poder fáctico en turno. Esta actitud también evita la incursión estéril en la condenación ética, que es perfectamente legítima pero que no contribuye a conocer o cambiar el curso de las cosas.

En Veracruz la inseguridad es un problema mayúsculo, que bien se puede ilustrar con cifras, pero cuya dimensión y ferocidad es sólo comprensible en el contacto directo con las familias de las víctimas de secuestro o desaparición forzada, que son dos modalidades de crimen que están especialmente arraigadas en la entidad. El gran mérito del Colectivo por la Paz (Xalapa-Veracruz) reside, en primer lugar, en su lucha y resistencia política; pero también, y acaso más señaladamente, en su empeño por sensibilizar a una sociedad –la veracruzana– en cuyo seno se articulan las múltiples dinámicas delictivas que corroen al país, y que las más de las veces se perpetran sin indagatoria o reparación alguna. Pero precisamente la propuesta acá es que esta naturaleza aberrante de la criminalidad no reemplace el análisis o la explicación racional.
Apenas la semana anterior se arguyó que la inseguridad pública no es el resultado de una ausencia del Estado, ni de la disfuncionalidad de ciertos individuos anómalos. Antes bien, al menos en el caso específico de México, la inseguridad se presenta con más incidencia allí donde el Estado interviene. Veracruz es un laboratorio de las políticas militares que los centros de poder impulsan nacional e internacionalmente. En la entidad se instrumentó el mando único policial, y se dispuso la ocupación territorial de la Marina y el Ejército en tareas conjuntas de seguridad, con el acompañamiento de las Policías Estatal y Federal. Esta presencia inusual contrasta con la creciente inseguridad que estrangula al estado. En noviembre del año pasado, el Colectivo por la Paz emitió una declaración sintomática de esta crisis: “Los 221 secuestros y 383 desapariciones ocurridos entre los años 2010 y la primera mitad del 2013, las extorsiones y demás crímenes cometidos en contra de la sociedad, nos conducen y nos obligan a establecer un posicionamiento de demanda social a las autoridades en materia de prevención del delito, de seguridad y paz social; así como en la procuración e impartición de justicia y castigo a la delincuencia organizada” (Animal Político 22-IX-2014).
El reclamo no ha sido atendido. Y sin embargo el número de efectivos policiales y militares ha ido a la alza en la entidad. Por añadidura, se espera que próximamente se incorporé la Gendarmería Nacional al abánico de “fuerzas del orden” que presuntamente combaten la criminalidad. Y cabe señalar que no se atiende el reclamo y tampoco se mitiga la dinámica delincuencial por la sencilla de razón de que no es una prioridad de los gobiernos. Estructuralmente el diseño de la estrategia tiene otros fines. Más de un agente ministerial ha confesado en encuentros con periodistas, que la orden de “arriba” es desestimar los casos que involucren personas desaparecidas, y por consiguiente tienen la instrucción de abortar cualquier seguimiento a esas ocasiones de crimen. El conocimiento público de esta negligencia inexcusable, obligó al procurador general de Justicia en la entidad, Luis Ángel Bravo Contreras, a lanzar una advertencia de sanción a los fiscales “que hayan iniciado un expediente y abandonado el caso [de desaparecidos]” (Al Calor Político 23-IX-2014). Una advertencia cuya materialización se antoja difícil debido a que el delito de “desaparición forzada” se basa justamente en la complicidad u omisión cómplice del Estado. Aunque sin duda lo ideal es que la amonestación no quedara en buenas intenciones retóricas.
En otra entrega se consignó el fondo técnico-judicial de esta figura delictiva: “Para situarnos en un terreno más o menos común, cabe recuperar la definición de ‘desaparición forzada’ que suscribe la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas, a saber: ‘…el arresto, la detención, el secuestro o cualquier otra forma de privación de libertad que sean obra de agentes del Estado o por personas o grupos de personas que actúan con la autorización, el apoyo o la aquiescencia del Estado, seguida de la negativa de reconocer dicha privación de libertad o del ocultamiento de la suerte o el paradero de la persona desaparecida, sustrayéndola a la protección de la ley’” (Amnistía Internacional 2013).
El informe “La Defensa de los Derechos Humanos en México: una lucha contra la impunidad”, presentado la primera semana del mes en curso, sostiene que la desaparición forzada acusa un incremento significativo debido a que “pasó de ser sólo un mecanismo de eliminación y control de la disidencia política a uno más amplio de control social, despojo territorial y control de flujos migratorios” (La Jornada 7-IX-2014).
Pero en materia de secuestro la entidad veracruzana también registra un saldo impresentable. Falsa es la comparecencia gubernamental referente a la actualidad de esta modalidad de crimen en el estado. El portal de noticias e-veracruz da cuenta de la inconsistencia discursiva y el alcance real de este delito: “Aunque el gobernador Javier Duarte señala que Veracruz tiene el séptimo lugar nacional [en materia de secuestro], los números de casos refieren que es el segundo sólo detrás de Tamaulipas... La tendencia a la alza de la cifra de secuestros es notable desde el 2010. En ese año, apenas se contabilizaron 17 secuestros, mientras que a partir del año 2011 la cifra comienza a crecer hasta los 60 casos, en 2012 se alcanzan los 91 y en 2013 los 109 delitos. Sin embargo, el aumento más alto se produce desde el año pasado hasta el presente. Con los 113 secuestros en Veracruz reportados al mes de agosto de este año, ya se rebasaron a los 109 que fueron contabilizados durante todo 2013, y representan la cifra más alta desde 1997” (e-veracruz 24-IX-2014).
En mayo del año en curso, también el sitio web Animal Político registraba el avance de este fenómeno delicuencial en Veracruz: “Uno de los datos que más resalta en el informe del Secretariado [del Sistema Nacional de Seguridad Pública] es un aumento del 80.56% en materia de secuestros en Veracruz, lo anterior si se compara el primer cuatrimestre del 2013 con el de este año. En los primeros cuatro meses del 2013, Veracruz tuvo 36 secuestros en tanto que en el mismo periodo de este año la cifra se incrementa a 65 averiguaciones previas abiertas por este ilícito . En tanto que el informe de víctimas de homicidio, secuestro y extorsión 2014 detalla que van en ese estado 67 víctimas de secuestro” ( Animal Político 22-IV-2014).
Y aunque formalmente la desaparición forzada y el secuestro constituyen dos tipos de delincuencia distintos, en el fondo son parte de una misma problemática, y el reflejo fiel de la inseguridad generalizada, que a su vez es consecuencia de los procedimientos rutinarios –políticos, económicos, sociales– que rigen los destinos del país. El homicidio culposo es otro delito con tasas de incidencia en aumento. En twitter, el hashtag #saldodelterror, documenta la jornada de violencia diaria. De acuerdo con la última actualización, el “saldo del terror” en México fue de 1 militar, 1 policía y 60 civiles muertos: un total de 62 ejecutados (#saldodelterror 27-IX-2014). En estos saldos frecuentemente figuran activistas y periodistas “incómodos”, lo que hace suponer que los perpetradores de los homicidios también “actúan con la autorización, el apoyo o la aquiescencia del Estado”.
La conclusión obligada es que la acción, y no la ausencia del Estado es lo que produce y reproduce el fenómeno de la inseguridad en el estado y el país. Que la respuesta militarizada a los problemas sociales es parte del problema, no la solución. Que el desplazamiento del Estado en provecho de las corporaciones que operan a sus anchas en la geografía nacional, sin rendir cuentas a nadie, acarreó una ciris de organización territorial-administrativa que redundó en bancarrota jurídica de las entidades federativas. Que la desposesión patrimonial en marcha trae consigo la desposesión de derechos fundamentales, como el derecho básico a la seguridad personal y familiar. Que este abandono se traduce en una gestión a menudo imperfecta de poblaciones marginales, y un deterioro sociespacial sin precedentes. Que esta disminución de “gubernamentalidad” es parte de un cálculo que transfiere todos los costos políticos y sociales a los segmentos poblacionales más desprotegidos.
La politóloga Pilar Calveiro documenta con clarividencia esta realidad crucial de nuestro tiempo: “Podría decirse que, en un movimiento perverso, el Estado y la burocracia se autodestruyen, ya que tienden a minar su propio poder al favorecer la expansión de las redes transnacionales que los corroen. Todo ello ha implicado un altísimo costo social”.
La violencia e inseguridad es sólo un saldo de este altísimo costo social.

Farol de la calle


Alberto Aziz Nassif
A medida que la distancia entre discurso político y realidad se agudiza, los mecanismos de legitimación de los gobernantes resultan menos eficientes. Esta tesis puede probarse de distintas formas. Hay ejemplos que se han vuelto clásicos en los últimos años, como hacer una campaña con promesas de políticas públicas y gobernar con un proyecto diametralmente opuesto, como le pasó a Zapatero en España y a Hollande en Francia en donde tiene una desaprobación del 85%. Me llamó la atención la reciente visita de Enrique Peña Nieto a Nueva York, porque tiene varios ejemplos que apuntalan la tesis: en materia de pueblos indígenas, cambio climático y gobierno abierto.
Con el discurso político hay que saber al menos una regla: lo que se dice importa por el lugar social de quién habla. La participación del presidente Peña en la Asamblea de las Naciones Unidas obedece a la estrategia de posicionar a México en el foro internacional más importante. Para lograrlo hay que presumir los logros, reducir las dificultades y borrar los conflictos. Peña fue a presumir a un país que “se atrevió a cambiar” porque hizo 11 reformas como el logro más importante de sus primeros dos años de gobierno. Pero, fue tan contrastaste el discurso con la realidad que se convirtió en farol de la calle.
El circuito de legitimación se inició el 22 de septiembre con el discurso en la Conferencia Mundial de Pueblos Indígenas, en donde Peña planteó generalidades y dijo que México es una “nación pluricultural”, como señala nuestra Constitución y luego afirmó que el gobierno “respalda” a los pueblos originarios y que se llevan a cabo políticas transversales para mejorar las oportunidades de desarrollo de los 15 millones de indígenas que ejercen a plenitud sus derechos. ¿Cuál es la política de este gobierno frente a los pueblos indígenas? ¿En qué sentido esos grupos han mejorado su condición? Hasta hoy siguen como los pobres de los pobres. Lo que se hace es medio administrar la pobreza de esos grupos.
El 23 de septiembre siguió con la Cumbre sobre Cambio Climático, en donde México apareció —en el discurso presidencial— como un país de vanguardia, con una Ley sobre el Cambio Climático y programas para energías renovables y limpias. Más tarde el discurso continuó en la Mesa sobre Financiamiento de la Cumbre del Clima 2014, en donde se propuso un fondo verde al que nuestro país aportará 10 millones de dólares. Ejemplos en contra hay muchos, pero basta ver lo que ha pasado con las mineras y la contaminación de los ríos como en Sonora o la pasividad gubernamental frente a compañías mineras que destruyen recursos naturales y afectan la vida de cientos de comunidades en el país. ¿Qué hace el gobierno para regular a estas empresas? Se imponen multitas o se hacen fondos para reparar el daño, pero jamás se retira, ni se condiciona una concesión. Con frecuencia el regulador es capturado por el regulado, es un aliado, como en Pasta de Conchos durante el foxismo.
El 24 de septiembre Peña recibió la Presidencia para el Gobierno Abierto, lo cual implica transparencia, buenas prácticas y rendición de cuentas. No hay que olvidar la paradoja: mientras que una de las principales demandas insatisfechas, el combate a la corrupción, es desatendido por este gobierno, queda al frente del Gobierno Abierto. ¿Dónde está la transparencia fiscal? ¿Cuándo sabremos de qué forma se hizo la asignación del nuevo aeropuerto de la Ciudad de México, que será la principal obra pública del sexenio, y se asignó en los entretelones secretos del poder?
Discursos contra realidades, una mecánica que puede servir para legitimarse en el extranjero, farol de la calle, pero que cada vez genera menos capital político en el país.
P.D. Después de varios años de lucha la comunidad indígena de Mezcala, ubicada en la Ribera de Chapala en el estado de Jalisco, ha ganado un juicio en contra de un invasor que quiso apropiarse de sus tierras comunales. La sentencia ordena la devolución material y jurídica de las tierras. Esperemos que no haya más trucos legales, impunidad y despojos de caciques, sólo así disminuirá la enorme brecha entre discurso y realidad. 

@AzizNassif

Investigador del CIESAS

Baja Sur: el desastre y la reconstrucción

Detrás de lo Noticia
Ricardo Rocha
Los Cabos, BCS.— A pesar de tantas tragedias que uno ha visto y testimoniado, la fuerza descomunal de Odile ha sido inaudita y tal vez inédita. Más destructiva aún que Wilma, Gilberto, Paulina y los recientes Ingrid y Manuel. 
Su paso feroz fue con aguas arrolladoras y vientos inmisericordes de hasta 240 kilómetros por hora. La única forma que se me ocurrió para entenderlo es que si uno se quedara a la orilla de una carretera con la vista fija al frente y un auto cruzase a esa velocidad apenas lo percibiríamos un instante. Así de fugaz pero letal fue este huracán, que se quedará en la memoria de estos hombres y estas tierras. 
El recuento de los daños es brutal: pérdidas por al menos mil millones de dólares —más de 13 mil millones de pesos— en el corredor turístico de Cabo San Lucas a San José del Cabo, cuyo aeropuerto sufrió daños mayores y hubo de cerrarse; 30 mil turistas extranjeros y nacionales hubieron de ser albergados y luego evacuados en una operación de emergencia para la que fueron desplazados más de mil elementos de la Marina; seis muertos, 200 heridos, 20 mil casas y decenas de hoteles severamente deteriorados. 
Pero tal vez el daño mayor y más paralizante es que Odile dejó sin luz y energía a toda esta vasta y estratégica zona turística no sólo de esa región sino de todo el país. Tumbó ocho mil postes y dejó inservibles 534 torres de transmisión de alta tensión; como si un godzilliano gigante las hubiera aplastado, echando abajo sus pesadísimos cables. Le hablo de esas grandes torres que todos hemos visto, de 35 metros de alto y siete toneladas de peso cada una. Por eso, me explicaba Enrique Ochoa, el director de la CFE, se desplazaron hasta aquí más de cinco mil trabajadores de todo el país para la rehabilitación de la infraestructura energética. A propósito, el plazo difundido de tres meses es para la restauración total; la emergencia de la reactivación del fluido eléctrico se resolverá esta semana. Pero no es tan sencillo como volver a subir el switch que Odile bajó. Hay que recorrer decenas de kilómetros o trepar cerros caprichosos con vehículos todoterreno para llevar materiales y mediante potentísimos helicópteros levantar estructuras provisionales de aluminio que soportarán las toneladas de cables ahora aletargados en árboles y piedras. En paralelo, se trabaja en la rehabilitación de las grandes torres originales. 
Y es que, sin luz y energía, la reconstrucción en Baja California Sur será imposible. Y el tiempo apremia. La temporada turística va de octubre a enero. Y aquí se “vive” del turismo. Aunque muchos “sobrevivan” apenas del turismo. Porque al igual que ocurre en Cancún, Vallarta y Acapulco, la gran mayoría de los trabajadores del sector —sobre todo pobladores originales— se encuentran en condiciones de pobreza y aun de miseria. La misma vieja, contrastante e injustificable paradoja de los cuartos y suites de miles de dólares a no muchos kilómetros de la marginación, donde habitan quienes hacen el aseo en los grandes hoteles. 
Bajo cualquier óptica, el proceso de reconstrucción aquí será un desafío gigantesco. Y ante la pregunta de cuál es la prioridad, si las zonas habitacionales y populares o la lujosa zona hotelera, la respuesta parece convincente: parejo, se trata más bien de criterios técnicos; en todo caso, ambas dependen una de la otra. 
Lo destacable es que los sudcalifornianos están de pie y luchando. Salvo excepciones rapiñezcas de los menos, los más son mexicanos de ley. Gente de trabajo, de sol abrazador de 40 grados y hasta de lluvias y huracanes. Aunque ahora a Odile “se le haya pasado la mano”. 
En cualquier caso, ellos y nosotros debemos aprender esta nueva lección de un planeta al que hemos vuelto loco y que nos reclamará cada vez más fuerte, como ahora, a través de Odile, en estas tierras de playas bellísimas y grandes montañas a la orilla del mar.

ddn_rocha@hotmail.com

Periodista

Riesgos de nueva crisis por récord de la deuda global: reporte Ginebra


Bajo la lupa
Alfredo Jalife-Rahme

Foto
Manifestación en las inmediaciones de la sede de gobierno, la madrugada de este miércoles en Hong KongFoto Ap

El perturbador decimosexto Reporte Ginebra anual sobre la economía global – ¿Desapalancamiento? ¿Cuál desapalancamiento? ( Deleveraging? What Deleveraging?) (http://goo.gl/x4XMBM )–, sentencia que la perniciosa crisis financiera de 2008 no se ha resuelto después de seis años y, al contrario, ha empeorado debido a la cada vez más creciente deuda global récord de casi 59 millones de millones (trillones, en anglosajón) de dólares, al unísono de un bajo crecimiento económico, lo cual en su conjunto constituye una seria amenaza para una nueva crisis financiera en ciernes.

Sin considerar al sector financiero –que abultaría descomunalmente la impagable deuda debido a la especulación de los derivados financieros que representan 21 veces el PIB global (http://goo.gl/ErlDEL)–, la deuda total global ascendió dramáticamente de 180 por ciento de 2008 a 212 por ciento de 2013, de acuerdo con las apremiantes conclusiones de un panel de connotados economistas que incluye a tres anteriores altos funcionarios de los bancos centrales que redactaron el Reporte Ginebra.

La medición de la proporción de la deuda global con el PIB es clave para entender que el mundo se encuentra otra vez al borde de una crisis global, agudizada por las intensas tensiones geopolíticas en la furiosa contraofensiva planetaria que libra Estados Unidos (EU) contra Rusia (asunto Ucrania), China (financiamiento del NED, del Partido Demócrata, a la protesta estudiantil en Hong Kong con medio millón de dólares: http://goo.gl/bldNX7 ), Brasil (presunto asesinato del accidentado candidato sacrificado Eduardo Campos para impulsar la candidatura de Marina Silva, íntima de los intereses bancarios de la City en Londres de George Soros / Rothschild, en conjunción con los Rockefeller y Kissinger http://goo.gl/LFq10J ), Argentina (asfixia del magistrado buitre de Wall Street, Thomas Griesa, con un artificial desacato judicial http://goo.gl/COHSAK ) y el montaje hollywoodense de los yihadistas del Estado Islámico que China acusa a EU de haber creado para derrocar al régimen de Bashar Assad en Siria (http://goo.gl/dRVR2h ).

Las crisis financierista neoliberal y geopolítica del mundo pos-Crimea convergen seis años después a la quiebra de Lehman Brothers.

El Reporte Ginebra juzga que después de la quiebra de Lehman Brothers, el mundo entró en la peor crisis financiera desde la Gran Depresión de la década de 1930 que afectó principalmente a las economías desarrolladas y “al contrario de las creencias (¡supersic!) ampliamente sostenidas, el mundo aún no ha empezado a desampalancarse ( deleveraging)” –desendeudarse– cuando la proporción de la deuda global con el PIB sigue creciendo, rompiendo récords” cuando la capacidad de deuda en los próximos años dependerá de la futura dinámica del crecimiento de la producción, la inflación y las tasas reales de interés.

Aduce que “el equilibrio real de las tasas de interés –es decir, la tasa de interés compatible con el pleno empleo– está encaminada a permanecer en niveles históricos bajos y la capacidad de deuda se encontrará bajo presión”.

Más allá de los tecnicismos apantallabobos, que desde hace mucho suelen ser grotescamente fallidos y falaces, lo cierto es que un alza de las tasas de interés aniquilaría toda la pirámide de deuda y acribillaría al sistema financiero monetarista global que sigue predominando y perjudicando, en especial, a los mercados emergentes cuando los tres principales motores de la economía occidental se encuentran averiados: EU, la Unión Europea y Japón –tomando en consideración que el artificial crecimiento de EU se basa en dos burbujas especulativas mayúsculas: la explotación del gas shale vía el nefario fracking y su unilateral facilitación monetarista cuantitativa ( quantitative easing: vulgar impresión masiva de billetes verdes).

El Reporte Ginebra señala que en “las principales economías anglosajonas –EU y Gran Bretaña (GB)–, el desapalancamiento del sector financiero y el sector de gasto ha tenido un progreso significativo (sic) debido al creciente endeudamiento del consolidado sector gubernamental”.

Lo de siempre: los pusilánimes gobiernos anglosajones de EU y GB financian el parasitismo financierista de sus bancos privados en detrimento del bien común.

Llama la atención la muy baja deuda de Rusia y el pésimo desempeño del “México neoliberal itamita” de la dupla Peña/Videgaray y resulta interesante la gráfica (4.1) que expone la atroz deuda total en proporción al PIB de EU: casi 350 por ciento superior al 300 por ciento de la década de 1930, cuando la deuda financiera fagocita al restante (publica, hogares, empresas, GSE (Government Sponsored Enterprises: empresas patrocinadas por el gobierno), situación diferente a la década de 1930, cuando la deuda de las empresas era infinitamente superior, lo cual expone el cáncer financierista anglosajón.

Lo grave radica en que la presente capacidad de deuda de EU es mucho menor a la de 2007, cuando la hoja de balance de la Reserva Federal en proporción al PIB (Figura 4.4) se disparó en forma antigravitatoria de 2008 a 2014 en una línea exponencial que ha alcanzado 24 por ciento, en comparación al casi 16 por ciento del PIB de la década de 1930”.

Según el Banco Mundial, el PIB global de 2013 fue casi de 75 millones de millones (trillones en anglosajón) de dólares –en el que el “México neoliberal itamita” de la dupla Peña/Videgaray se desplomó de 11 a 15 lugar con todo y sus reformas mágicas (http://goo.gl/2texHy ).

A juicio del Reporte Ginebra, hasta 2008, el apalancamiento ( leverage: excesivo endeudamiento financierista) había sido conducido por los mercados emergentes – en particular, por China– que consideran serán las más vulnerables en la próxima (sic) crisis.

Con todo y las bendiciones de Ben Shalom Bernanke y de Henry Kissinger a la dupla Peña/Videgaray, el entreguista “México neoliberal itamita” no se escapa a su triste condición de pertenecer a los mercados emergentes, como lo ha demostrado la acelerada devaluación del peso.

La deuda total de la eurozona en proporción al PIB es dramática y opera en 390 por ciento, pero resalta que se encuentra menos endeudado el Banco Central Europeo (14 por ciento) que la Reserva Federal (casi 25 por ciento del PIB), aunque el PIB de EU ha mejorado en comparación de la zona euro.

El Reporte Ginebra es tramposo porque exime el cáncer verdadero del sistema financierista anglosajón que ha desquiciado al planeta entero y que es una forma de conquista subrepticia de los recursos primarios de los países en vías de desarrollo.

Ya en 2008, el BIP (el banco central de los bancos centrales), admitió que los derivados financieros (una bomba que ronda los 1.5 cuatrillones de dólares (mil trillones en anglosajón), representaban 802 por ciento del PIB mundial y 75 por ciento de la liquidez global (http://goo.gl/B2s99a ).

Lo notable del Reporte Ginebra es su pronóstico de la próxima crisis en los mercados emergentes, a diferencia de 2008, de los que forma parte intrínseca el disfuncional “México neoliberal itamita” de la dupla Peña/Videgaray.
Twitter: @AlfredoJalifeR_
Facebook: AlfredoJalife

Investigación sobre feminicidio “a modo” en el Edomex

5 meses sin resultados y ni siquiera se ha consultado a víctimas

La investigación que se realiza en el Estado de México –a raíz de la solicitud de Alerta de Violencia de Género (AVG) presentada en diciembre de 2010– se basa en encuestas y cuestionarios, y no en testimonios de las víctimas, denunció el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF).

Como parte de la Alerta Ciudadana de Violencia de Género, el OCNF visitó la semana pasada el municipio de Tlalnepantla, localidad mexiquense con alta incidencia de violencia de género.

Durante la protesta frente al palacio municipal, Yuridia Rodríguez, asesora jurídica de la organización, informó que aunque han pasado cinco meses desde que se anunció que se realizaría una investigación sobre violencia feminicida en la entidad, los avances son mínimos.

Cabe recordar que en 2010 la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH) y el OCNF presentaron ante el Sistema Nacional para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (SNPASEVM) una solicitud de investigación para declarar la AVG en el Edomex, la cual fue negada en enero de 2011.

Ese mismo año, ambas organizaciones interpusieron un amparo contra la negativa de declaratoria de AVG. En 2012 el Juez Noveno de Distrito otorgó el amparo, obligando así al Sistema a motivar y fundamentar su negativa, y aunque realizó dos sesiones con ese fin el SNPASEVM volvió a rechazar la alerta.

En 2013 el Poder Judicial Federal ratificó el fallo del juzgado, y aunque la Secretaría de Gobernación respondió con una queja, la sentencia fue ratificada.

En mayo pasado se informó que la pesquisa correría a cargo de un “Grupo Multidisciplinario e Interinstitucional” creado en 2009, a partir del acuerdo 04-24/04/2009 del SNPASEVM, y conformado sólo por dependencias federales.

Según las organizaciones civiles, la lentitud con la que se ha realizado la investigación se debe a que el gobierno federal “no sabe cómo investigar el feminicidio”, pues en reiteradas ocasiones pidieron les dieran a conocer la metodología con la que se realizarían las pesquisas, sin obtener una respuesta clara.

En ese contexto, Yuridia Rodríguez dio a conocer que recientemente el Sistema les dijo que solicitó información al gobierno del Edomex sobre el número de asesinatos y casos de feminicidio registrados durante el periodo denunciado por la organización (2005 a 2010).

“Esto nos parece sumamente grave porque en 2010 (cuando se solicitó la activación de la AVG) no existía el delito de feminicidio, así que ya sabemos que las autoridades locales van a informar que no tienen registrado ningún caso, simplemente porque no existía el tipo penal”, criticó.

Agregó que la investigación no “tiene ningún interés” por identificar las irregularidades que cometen los funcionarios, de lo que se podría desprender posibles sanciones.

Lo anterior porque, según informó el Sistema al OCNF, el Grupo Multidisciplinario “va a leer los expedientes (judiciales)”, pero no tiene ninguna facultad para señalar las fallas en la investigación o pronunciarse al respecto de los casos.

A decir de Rodríguez, la investigación que se lleva a cabo se basa en el envío de cuestionarios a activistas y al gobierno mexiquense, pero no contempla visitas al lugar de los hechos, municipios o acercarse a las víctimas, “cuando lo que nos ha permitido a nosotras ver que el problema es más grave de lo que imaginábamos es precisamente acercarnos a los municipios”.

Desde mayo pasado, cada día 25 de mes, el OCNF recorre los puntos emblemáticos de municipios mexiquenses con alta incidencia en violencia de género, y en sus recorridos escucha a las familias de víctimas que no han denunciado los hechos. Hasta ahora se ha visitado Toluca, Ecatepec, Nezahualcóyotl, Chimalhuacán, Chalco y Tlalnepantla.

Finalmente, la abogada Yuridia Rodríguez lamentó que mientras en los estados de Guanajuato y Morelos bastó un mes para emitir recomendaciones a los gobiernos locales, en el Edomex han pasado cinco meses sin resultados concretos de la investigación, por lo que se teme que carezca de un impacto real.

En una entrevista concedida a esta agencia el pasado 19 de agosto, Alejandra Negrete Morayta, comisionada Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim), dijo que la investigación en el Edomex estaba en la etapa de acercamiento con las víctimas y sobrevivientes de feminicidio, y escuchando a grupos civiles.

Precisó que la metodología a seguir sería la misma de las investigaciones realizadas en Guanajuato y Morelos (indagaciones llevadas a cabo por un Grupo de Trabajo conformado además de funcionarios, por académicas y expertos). Sin embargo, lo denunciado por la integrante del OCNF desmiente lo dicho por la comisionada.


CIMACFoto: César Martínez López
Por: Anaiz Zamora Márquez
Cimacnoticias | México, DF.- 


Aborto seguro para no morir

 ZONA DE REFLEXIÓN
Por: Lucía Lagunes Huerta*

El domingo 28 de septiembre se conmemoró el Día por la Despenalización del Aborto en América Latina y el Caribe, fecha acordada por las feministas desde 1990.

Cientos de actividades se realizaron a lo largo y ancho del continente. En la Ciudad de México el punto de reunión fue el Hemiciclo a Benito Juárez, ex presidente mexicano que defendió el Estado laico y lo consagró en la Constitución.

Muchas de las acciones que se desarrollan se centran en la demostración de las terribles consecuencias de la criminalización del aborto en la vida de las mujeres, y los perfiles de quienes recurren a esta práctica.

Lejos de lo que se cree, diversos estudios y encuestas revelan que las mujeres que se practican un aborto son católicas, están casadas o viven en pareja, y tienen dos hijos en promedio. Nada que ver con la imagen que se ha propagado sobre la supuesta liviandad de quienes recurren a él.

También hoy se sabe que el aborto es la última alternativa a la que recurren las mujeres cuando se enfrentan a un embarazo no deseado. Lejos del mito que se suele difundir, las encuestas revelan que ninguna mujer se embaraza sólo para abortar.

Pero se preguntarán: si no se quieren embarazar, por qué lo hacen. Las respuestas son simples pero complejas. Muchas de ellas relacionadas con la violencia que enfrentan por parte de su pareja.
Violencia que les impide usar anticonceptivos de manera abierta; muchas lo hacen a escondidas de sus parejas porque sus esposos usan el embarazo como medida de control de fidelidad de las mujeres.

Otras porque aun cuando usaban un anticonceptivo, presentaron un embarazo, es decir el anticonceptivo falló. Cuarenta por ciento de los embarazos en el mundo no eran deseados; en América Latina (AL) esta proporción sube al 56 por ciento, de acuerdo con el Instituto Alan Guttmacher.

Sin embargo, la penalización del aborto sigue castigando a las mujeres, quienes ante la persecución y estigma tienen que recurrir a él en condiciones inseguras y aterradoras.

Sobre todo para las más pobres, quienes no pueden pagar un médico. Ellas recurren a las soluciones caseras y peligrosas, se introducen objetos en la vagina que suelen desgarrárselas, usan tampones de algodón impregnados de líquidos cáusticos, que les
quema o se dejan caer por escaleras e incluso de azoteas.

Y se arriesgan tanto porque no pueden continuar con el embarazo, porque no tienen condiciones para que ese producto se logre. Estas condiciones de riesgo y persecución provocan miles de muertes de mujeres cada año.

De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, 47 mil mujeres mueren cada año producto de abortos inseguros. Es decir que cada día 129 mujeres mueren en algún lugar del mundo por esta causa, dejando en la orfandad a miles de niñas y niños.

En AL cada año se realizan 4.1 millones de abortos en condiciones inseguras y se estima que 11 por ciento de las muertes maternas de la región son por esta causa.

En muchos países, como en México, el aborto es permitido en ciertas situaciones, como en casos de violación o por graves riesgos a la vida o a la salud de la madre.

Sólo en la Ciudad de México está despenalizado hasta las 12 semanas de gestación, y en aquellos lugares donde se permite no se tienen los mecanismos claros y expeditos para acceder a él y existe una persecución criminal contra las mujeres.

Ninguna mujer desea abortar, pero si lo necesita debemos garantizarlo en condiciones seguras y dignas.

Hasta la próxima.
 Twitter: @lagunes28
*Periodista y feminista, Directora General de CIMAC.


Archivo CIMACFoto | César Martínez López
Cimacnoticias | México, DF.-

Omite México atropellos contra comunidades indígenas

Mujeres líderes critican doble discurso en cumbre de la ONU

Indígenas mexicanas denunciaron que durante la Primera Conferencia Mundial sobre los Pueblos Indígenas –que celebró la ONU el 22 y 23 de septiembre en Nueva York–, el Estado mexicano mantuvo un doble discurso al hablar de avances y omitir información sobre los atropellos contra las comunidades originarias.

Las líderes indígenas Martha Sánchez, Felícitas Martínez, Guadalupe Martínez y Bettina Cruz aseguraron que no es verdad el dicho de Enrique Peña Nieto, quien afirmó que el gobierno mexicano “respalda a los pueblos originarios para que alcancen un verdadero desarrollo incluyente, que mejore su ingreso y calidad de vida, sin perder su identidad cultural ni comprometer el patrimonio natural del país”.

En conferencia de prensa hoy en esta capital, las indígenas, quienes participaron en la cumbre, dijeron que la delegación mexicana, encabezada por el titular del Ejecutivo, presentó información que dista de la realidad de los pueblos autóctonos, ya que en México se criminaliza, hostiga y encarcela a las y los indígenas que se oponen a megaproyectos o exigen sus derechos.

Ante ello recalcaron que México tiene un doble discurso porque mientras en la conferencia Peña Nieto presumió su compromiso con las comunidades originarias, líderes indígenas que luchan por la tierra y en defensa de sus territorios son encarcelados.

Martha Sánchez Néstor, coordinadora de la Alianza de Mujeres Indígenas de Centroamérica y México y encargada de Proyectos de Mujeres Indígenas del Instituto Simone de Beauvoir, observó que la conferencia mundial fue un logro de las indígenas tras intensos cabildeos, pero lamentó que el gobierno mexicano no garantizara una participación plural.

Destacó que hay decenas de casos de criminalización, persecución y hostigamiento contra mujeres y hombres indígenas que no fueron enumerados, por ello aseguró que es necesario que las mujeres sigan participando en espacios como Naciones Unidas para que puedan llevar sus demandas y problemáticas.

Felícitas Martínez, quien fuera parte de la Coordinadora Regional de la Policía Comunitaria de la Costa Chica y Montaña de Guerrero, relató que ejemplo de las violaciones a los derechos de las personas indígenas es el encarcelamiento de policías comunitarios, entre ellos Néstora Salgado, quien sigue encarcelada en el estado de Nayarit acusada de secuestro y delincuencia organizada.

Bettina Cruz, integrante de la Asamblea de los Pueblos Indígenas del Istmo de Tehuantepec en Defensa de la Tierra y el Territorio (APIITDTT), abundó que en algunas regiones de México las empresas eólicas invaden las comunidades con el apoyo de las autoridades y el argumento de que generan energías renovables.

Asimismo destacó que quienes se oponen a esos proyectos son criminalizados. Cruz es acusada por la Comisión Federal de Electricidad (CFE) de delitos “contra el consumo y la riqueza nacional y privación ilegal de la libertad”, y está en espera de la decisión del Juez Sexto de Distrito de Salina Cruz, Oaxaca, que emitirá la sentencia que definirá su situación legal.

Además, las activistas acusaron que las indígenas no tuvieron el apoyo de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI), e incluso precisaron que la titular de la dependencia, Nuvia Mayorga, junto con la Secretaría de Relaciones Exteriores, canceló un foro mundial que se organizaría en México previo a la Conferencia de la ONU.

Asimismo relataron que las mujeres tuvieron que sortear obstáculos financieros y de idioma para poder participar; no obstante, las líderes aseguraron que ahora el gobierno mexicano debe acatar los lineamientos acordados en el encuentro.

En el documento final, firmado por México, se compromete a los países a adoptar, en consulta y cooperación con los pueblos indígenas, medidas apropiadas a nivel nacional, incluidas medidas legislativas, administrativas y de política, para alcanzar los fines de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, entre otros acuerdos.

Guadalupe Martínez, integrante de la Alianza de Mujeres Indígenas de Centroamérica y México, resaltó que si bien este acuerdo internacional es un avance, hubo pendientes porque en la declaración final no se mencionaron compromisos para evitar la militarización de las comunidades indígenas, y no se abundó en los derechos sexuales y reproductivos de las indígenas.

Es por ello que las mujeres coincidieron en que es necesario que el gobierno mexicano implemente los acuerdos adoptados.


CIMACFoto: César Martínez López
Por: Anayeli García Martínez
Cimacnoticias | México, DF.-

Al defender el IPN las jóvenes luchan por su futuro

 Asumen papel protagónico en rechazo a nuevo reglamento

El recién aprobado reglamento interno del Instituto Politécnico Nacional (IPN), así como los eventuales cambios a los planes de estudio de diversas licenciaturas, podrían derivar –según la lectura de alumnas de la institución– en que las jóvenes no accedan a mejores empleos y salarios, se enfrenten a nuevas barreras para encontrar un trabajo, y no obtengan todos los conocimientos que requiere su profesión. 


Ante ello, estudiantes de licenciatura decidieron unirse a la lucha “por defender el IPN”, y con ello proteger su escuela, su carrera y su futuro, porque –como ellas dicen– la lucha por el Politécnico también es una lucha de mujeres.

El pasado 24 de septiembre el Consejo General Consultivo del IPN aprobó un nuevo reglamento interno –que en caso de entrar en vigor sustituiría al vigente desde 1998–, y el cual las y los alumnos tachan de contradecir los fundamentos con los que fue creada la institución, contribuir a que las empresas puedan contratarlas por bajos salarios cuando concluyan sus estudios (pues no obtendrían un título de licenciatura o ingeniería, sino como personal técnico), y de responder a la reciente reforma educativa.

Desde el pasado 25 de septiembre diferentes escuelas se declararon en huelga y salieron a las calles del DF para manifestar su descontento ante el hecho de que el reglamento fue aprobado sin una consulta previa, las modificaciones a los planes de estudio no responden a las necesidades del alumnado, y porque se vulneran sus derechos estudiantiles.

En un comunicado, la “Asamblea por la Defensa del IPN” dijo que el instituto fue creado “para dar educación a los hijos de los obreros y campesinos y para aportar en el desarrollo científico y tecnológico del país”, no obstante con las reformas se pretende “responder a las necesidades del sector privado que bajo la máscara de términos como ‘cultura emprendedora’ y ‘competitividad empresarial’ busca vendernos como mano de obra barata, contradiciendo los principios con los que fue creado”.

Denunció que sus derechos como estudiantes se ven violentados mediante diversos artículos omitidos en el nuevo reglamento, e incluso “se criminaliza la libertad de expresión” en varios artículos que dejan la puerta abierta a sanciones contra quienes decidan manifestarse.

MOVILIZACIÓN

Dispuestas a defender su institución –con 85 años de creada y una de las más reconocidas en América Latina–, las jóvenes de nivel superior participan activamente en manifestaciones y asambleas, organizan a sus escuelas, y realizan brigadas de solidaridad en el transporte público y otras universidades, porque como contaron a esta agencia, la defensa del IPN también es una lucha por proteger su futuro y por el que han trabajado arduamente.

Cabe destacar que las aulas del IPN por años estuvieron dominadas por una matrícula masculina, pero poco a poco las jóvenes han alcanzado notoriedad en las ingenierías y principalmente en algunas carreras donde la mayoría de estudiantes son mujeres.

Sandra, de 26 años, es estudiante de séptimo semestre de la licenciatura de Odontología, impartida en el Centro Interdisciplinario de Ciencias de la Salud (CICS), en el Casco de Santo Tomás (al norte de la Ciudad de México), y desde el pasado 26 de septiembre apoya el paro de labores, acude a las asambleas y a los círculos de estudio que se han organizado “para evitar que se diga que hacemos la manifestación porque no queremos estudiar”.

Ella se convirtió en madre a los 19 años de edad, por lo que tuvo que postergar su ingreso a la universidad por un tiempo. “Cuando mi hija creció un poco y entró a la escuela pude acomodar mis horarios y me puse a estudiar para presentar mi examen. Las dos primeras veces no lo pasé; entrar es muy difícil pero finalmente obtuve un lugar”.

Para ella, estudiar implica dividir su día entre sus responsabilidades con su hija, las labores del hogar, hacer la tarea y estudiar por las noches, además de pasar los fines de semana y días festivos trabajando.

“Apoyo el movimiento porque también es mi lucha; si el nuevo reglamento interno se aplica me sacarían de la escuela si repruebo una materia sin darme la oportunidad de explicar mi condición. No soy floja o apática, simplemente no es tan fácil para mí cumplir con todo, aún así lo hago y te aseguró que no soy la única chava que está y estará en una situación como la mía.

“Además pareciera que las autoridades del Politécnico no pensaron en las historias de las y los alumnos; a todas y todos nos ha costado mucho trabajo llegar a la universidad, en dinero y esfuerzo, y no nos parece que después de esforzarnos tanto no vayamos a obtener un título de licenciatura, eso no es justo”.

MÁS TRABAS

Para la licenciatura de Enfermería, que se ofrece en la Escuela Superior de Enfermería y Obstetricia (ESEO), el nuevo plan de estudios pretende eliminar las horas de prácticas de laboratorio, en las que las alumnas aprenden a tratar con pacientes y desarrollan habilidades básicas para su profesión.

“A nadie le preguntaron qué era lo que necesitábamos para mejorar nuestro plan de estudios; el nuevo reglamento define que los cambios de estudios corresponderán a los directivos; para nosotras eso significa que harán cambios arbitrarios sin tomarnos en cuenta”, dijo Gabriela, estudiante de cuarto semestre.

Ella contó que eligió estudiar enfermería por que le gusta trabajar con las personas, y en un futuro le gustaría seguir estudiando y en un momento desarrollar técnicas innovadoras que permitan un tratamiento menos invasivo de las y los pacientes.

Por ello advirtió que “si no defendemos al IPN corremos el riesgo de que todos los planes y sueños que tenemos sobre un mejor futuro se vengan abajo”.

Mientras repartía trípticos sobre el movimiento en las calles aledañas al Casco de Santo Tomás, Noemí, estudiante de quinto semestre de la licenciatura en Biología de la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas, sostuvo que no dejará de defender sus derechos, los de sus compañeras y los de futuras generaciones.

Agregó que su lucha también es por su familia: “Mi madre es jefa de familia; trabaja desde que yo tengo memoria para ayudarme a estudiar; yo trabajo los fines de semana para ayudarme en los gastos. Para mí estudiar es un gran esfuerzo y un desgaste económico aun cuando estudio en un lugar público. El nuevo reglamento amenaza eso, deja abierta la posibilidad de que el IPN se privatice; para jóvenes como yo implicaría quedarnos sin la posibilidad de estudiar.

“Voy a participar en esto hasta el final y voy a apoyar las protestas porque es defender la educación pública que beneficia a las jóvenes como yo, aunque ahora una carrera universitaria no te garantiza una mejor calidad de vida, no tenerla sí te garantiza que no tendrás muchas oportunidades de tenerla”.

La joven explicó que se esfuerza también por demostrarles a las autoridades politécnicas que vale la pena invertir en la educación de la juventud, y que su movimiento estudiantil es pacífico.

En su pliego petitorio, las y los estudiantes inconformes piden la cancelación total del nuevo reglamento interno, la derogación de los nuevos planes de estudio para las vocacionales y todos los que vayan en detrimento de la misión histórica del IPN.

También exigen la destitución de la directora general Yoloxóchitl Bustamante Díez; el aumento del presupuesto para el IPN derivado del aumento al 2 por ciento del PIB para educación; la democratización de los órganos de gobierno y elección de autoridades, y la realización de un Congreso General Politécnico con participación de toda la comunidad y el reconocimiento de las autoridades.

Hasta el cierre de esta edición, integrantes de la “Asamblea por la Defensa del IPN” esperaban reunirse con el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, en la sede de la dependencia, para darle a conocer sus demandas y exigir solución.


CIMACFoto: César Martínez López
Por: Anaiz Zamora Márquez
Cimacnoticias | México, DF.- 

Garantiza Ley de Infancia derechos reproductivos de las niñas

Se congratulan activistas por cambios aprobados en Senado

Con la aceptación de las organizaciones civiles, el Senado aprobó por unanimidad el decreto por el que se expide la Ley General para los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, la cual contempla los derechos sexuales y reproductivos de las menores de edad.

Ayer, el pleno del Senado aprobó por unanimidad la ley que finalmente recogió las críticas de activistas a la propuesta inicial enviada el pasado 1 de septiembre por Enrique Peña Nieto.

Nashieli Ramírez, directora de la organización Intervención Social Ririki, dijo en entrevista con Cimacnoticias que esta minuta de ley que pasará a la Cámara de Diputados para su ratificación, contiene derechos fundamentales para la niñez mexicana.

Consideró que uno de los puntos más polémicos fue el de reconocer derechos sexuales y reproductivos a las niñas, ante lo cual el senador por el Partido Acción Nacional (PAN) José María Martínez, presidente de la Comisión de la Familia, manifestó su rechazo al interpretar que la minuta aprobada hacía referencia al aborto. No obstante, al final el decreto avanzó por unanimidad.

Con la ley aprobada se deberán generar políticas públicas para proveer información y herramientas que contribuyan a prevenir los embarazos prematuros, también otorgar apoyos a las madres adolescentes, y reconocer la responsabilidad de las personas adultas en la educación sexual de las niñas, según quedó asentado en el capítulo octavo relativo al derecho a la protección de la salud y a la seguridad social, y el capítulo décimo sobre derecho a la educación.

Algunos de los principales logros, destacó Nashieli Ramírez, es que se garantiza el acceso y la prevalencia de las niñas y las adolescentes en el sistema escolar, y la obligación de que los congresos estatales aumenten la edad mínima para el matrimonio a los 18 años.

Lo anterior quedó asentado en el artículo 58 correspondiente al capítulo sexto “Del derecho a vivir en condiciones de bienestar y a un sano desarrollo integral”, el cual estipula: “Las leyes federales y de las entidades federativas, en el ámbito de sus respectivas competencias, establecerán como edad mínima para contraer matrimonio los 18 años”.

Ramírez enfatizó que esta ley, con las recientes modificaciones, es un progreso en el resguardo de los derechos de las niñas, y afirmó que esto se debe a la participación de grupos civiles que dieron argumentos para que 90 por ciento de los artículos de la iniciativa que propuso el Ejecutivo federal fueran reformados.


Por: Angélica Jocelyn Soto Espinosa
Cimacnoticias | México, DF.-

Convocan a Papa Francisco a debatir sobre derecho al aborto


La Red Latinoamericana de Católicas por el Derecho a Decidir (CDD) invitó al Papa Francisco a sostener una reunión con ellas, para dialogar sobre el bien de las mujeres y la comprensión que debería tener la Iglesia católica para aquellas que abortan.

En una carta entregada a la Nunciatura Apostólica en México –que según lo informado llegará al Vaticano en una semana–, la Red que integra a mujeres de Argentina, Brasil, Bolivia, Colombia, Chile, Ecuador, El Salvador, España, México, Nicaragua, Paraguay y Perú convocó al Papa a dialogar abiertamente sobre el aborto.

La misiva fue enviada al Vaticano en el marco del Día por la Despenalización del Aborto en América Latina y el Caribe, que se  conmemoró el pasado 28 de septiembre.

CDD invitó al jerarca católico “a que nos reunamos para conocernos, dialogar y encontrar hospitalidad mutua, reconociendo que es posible poner un mantel sobre la mesa del corazón para propiciar, con la ayuda de Dios, que estalle el bien en la vida de tantas mujeres latinoamericanas”.

En el escrito recordó que durante su papado el pontífice ha recogido un mensaje ético y amoroso, y ha declarado que la Iglesia es una casa abierta en la que participan todas las personas.

La Red explicó al Papa Francisco que la maternidad es una elección libre, no una imposición ni un destino obligado: “Es una elección amorosa y responsable que requiere de cada mujer deseo, compromiso y trabajo”.

Por ello –abundó– cada sociedad demanda una renovación cultural y jurídica para que podamos ejercer el derecho “a decidir si queremos ser madres, si continuamos o interrumpimos un embarazo no deseado”

Agregó que “nadie aborta con alegría en su corazón, ni con la fría intención de dañar una vida en ciernes”. Asimismo, que “la inflexibilidad rompe la cercanía entre las personas, es inhumana y causa muchísimo sufrimiento”.

Por ello la Red observó que la Iglesia necesita una mayor sensibilidad humana y vivir un espíritu de comprensión, consuelo y misericordia ante los millones de mujeres que han abortado o lo están haciendo, convencidas de que es su mejor decisión en sus circunstancias concretas.

Llamó a considerar que la despenalización y legalización del aborto es apenas la posibilidad de ofrecer condiciones humanas a una práctica que cuando se realiza en la ilegalidad pone en riesgo la salud y la vida de muchas mujeres y niñas, especialmente las más pobres.

Por: la Redacción
Cimacnoticias | México, DF.- 

Migrantes mexicanas repatriadas de EU son ignoradas

No hay políticas públicas para su inclusión social

Urgen políticas públicas para que la población migrante mexicana que es repatriada desde Estados Unidos (de quienes al menos 35 mil son mujeres) viva en condiciones de igualdad e inclusión al regresar a nuestro país, dijeron especialistas.

Al participar en el “Foro sobre Movilidad Humana y Trato Igualitario en la Ciudad de México. Retos, experiencia y buenas prácticas”, la investigadora Leticia Calderón Chelius, del Instituto de Investigaciones Luis Mora, señaló que la repatriación es una de las situaciones menos visibles en el fenómeno migratorio en este país, pese a que se ha incrementado.

La experta detalló que se deben desarrollar políticas públicas y programas enfocados a garantizar condiciones para la adecuada inclusión de la población connacional repatriada desde EU, en ámbitos como el empleo, la educación, la salud y la familia.

No obstante, criticó Calderón Chelius, las políticas públicas encaminadas a dar garantías a las y los migrantes olvidan a la población de retorno, y se enfocan sólo en ciertas problemáticas, no menos importantes, pero sí de manera poco integral.

Como ha reportado Cimacnoticias, las migrantes que son repatriadas de EU a México enfrentan problemas –vinculados a su género o etnia o alguna otra vulnerabilidad– como la separación de sus parejas en el traslado, falta de documentos de identificación, y la búsqueda de la reunificación familiar, ya que cuando son deportadas no tienen oportunidad de arreglar la custodia de sus hijas e hijos, o no reúnen todos sus documentos.

Además de afrontar esas situaciones, las mujeres regresan a México con pocos o ningún recurso económico, sin tener dónde vivir ni dónde trabajar, condición indispensable para que puedan reclamar la custodia de su descendencia nacida en el país vecino.

Arturo Moreno, integrante de la organización Casa de los Amigos, dijo que no hay información suficiente sobre dónde y cómo llegan las personas que son repatriadas, y mucho menos se observan los obstáculos que enfrentan para su inclusión.

Subrayó la necesidad de un diagnóstico sobre la situación de esta población, así como la generación de políticas públicas y programas que permitan una convivencia respetuosa, inclusiva y sin discriminación.

Por: Angélica Jocelyn Soto Espinosa
Cimacnoticias | México, DF.- 

Las noticias de CIMAC




Por: Anaiz Zamora Márquez
Cimacnoticias | México, DF.La investigación que se realiza en el Estado de México –a raíz de la solicitud de Alerta de Violencia de Género (AVG) presentada en diciembre de 2010– se basa en encuestas y cuestionarios, y no en testimonios de las víctimas, denunció el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF).
 
Como parte de la Alerta Ciudadana de Violencia de Género, el OCNF visitó la semana pasada el municipio de Tlalnepantla, localidad mexiquense con alta incidencia de violencia de género.
 
Durante la protesta frente al palacio municipal, Yuridia Rodríguez, asesora jurídica de la organización, informó que aunque han pasado cinco meses desde que se anunció que se realizaría una investigación sobre violencia feminicida en la entidad, los avances son mínimos.
 
Cabe recordar que en 2010 la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH) y el OCNF presentaron ante el Sistema Nacional para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (SNPASEVM) una solicitud de investigación para declarar la AVG en el Edomex, la cual fue negada en enero de 2011.
 
Ese mismo año, ambas organizaciones interpusieron un amparo contra la negativa de declaratoria de AVG. En 2012 el Juez Noveno de Distrito otorgó el amparo, obligando así al Sistema a motivar y fundamentar su negativa, y aunque realizó dos sesiones con ese fin el SNPASEVM volvió a rechazar la alerta.
 
En 2013 el Poder Judicial Federal ratificó el fallo del juzgado, y aunque la Secretaría de Gobernación respondió con una queja, la sentencia fue ratificada.



Por: Angélica Jocelyn Soto Espinosa
Cimacnoticias | México, DF.- Urgen políticas públicas para que la población migrante mexicana que es repatriada desde Estados Unidos (de quienes al menos 35 mil son mujeres) viva en condiciones de igualdad e inclusión al regresar a nuestro país, dijeron especialistas.

Al participar en el “Foro sobre Movilidad Humana y Trato Igualitario en la Ciudad de México. Retos, experiencia y buenas prácticas”, la investigadora Leticia Calderón Chelius, del Instituto de Investigaciones Luis Mora, señaló que la repatriación es una de las situaciones menos visibles en el fenómeno migratorio en este país, pese a que se ha incrementado.

La experta detalló que se deben desarrollar políticas públicas y programas enfocados a garantizar condiciones para la adecuada inclusión de la población connacional repatriada desde EU, en ámbitos como el empleo, la educación, la salud y la familia.

No obstante, criticó Calderón Chelius, las políticas públicas encaminadas a dar garantías a las y los migrantes olvidan a la población de retorno, y se enfocan sólo en ciertas problemáticas, no menos importantes, pero sí de manera poco integral.

Por: Anayeli García Martínez
Cimacnoticias | México, DF.Indígenas mexicanas denunciaron que durante la Primera Conferencia Mundial sobre los Pueblos Indígenas –que celebró la ONU el 22 y 23 de septiembre en Nueva York–, el Estado mexicano mantuvo un doble discurso al hablar de avances y omitir información sobre los atropellos contra las comunidades originarias.

Las líderes indígenas Martha Sánchez, Felícitas Martínez, Guadalupe Martínez y Bettina Cruz aseguraron que no es verdad el dicho de Enrique Peña Nieto, quien afirmó que el gobierno mexicano “respalda a los pueblos originarios para que alcancen un verdadero desarrollo incluyente, que mejore su ingreso y calidad de vida, sin perder su identidad cultural ni comprometer el patrimonio natural del país”.

En conferencia de prensa hoy en esta capital, las indígenas, quienes participaron en la cumbre, dijeron que la delegación mexicana, encabezada por el titular del Ejecutivo, presentó información que dista de la realidad de los pueblos autóctonos, ya que en México se criminaliza, hostiga y encarcela a las y los indígenas que se oponen a megaproyectos o exigen sus derechos.

Ante ello recalcaron que México tiene un doble discurso porque mientras en la conferencia Peña Nieto presumió su compromiso con las comunidades originarias, líderes indígenas que luchan por la tierra y en defensa de sus territorios son encarcelados.

Martha Sánchez Néstor, coordinadora de la Alianza de Mujeres Indígenas de Centroamérica y México y encargada de Proyectos de Mujeres Indígenas del Instituto Simone de Beauvoir, observó que la conferencia mundial fue un logro de las indígenas tras intensos cabildeos, pero lamentó que el gobierno mexicano no garantizara una participación plural.

Por: la Redacción
Cimacnoticias | México, DF.- La Red Latinoamericana de Católicas por el Derecho a Decidir (CDD) invitó al Papa Francisco a sostener una reunión con ellas, para dialogar sobre el bien de las mujeres y la comprensión que debería tener la Iglesia católica para aquellas que abortan.

En una carta entregada a la Nunciatura Apostólica en México –que según lo informado llegará al Vaticano en una semana–, la Red que integra a mujeres de Argentina, Brasil, Bolivia, Colombia, Chile, Ecuador, El Salvador, España, México, Nicaragua, Paraguay y Perú convocó al Papa a dialogar abiertamente sobre el aborto.

La misiva fue enviada al Vaticano en el marco del Día por la Despenalización del Aborto en América Latina y el Caribe, que se  conmemoró el pasado 28 de septiembre.

CDD invitó al jerarca católico “a que nos reunamos para conocernos, dialogar y encontrar hospitalidad mutua, reconociendo que es posible poner un mantel sobre la mesa del corazón para propiciar, con la ayuda de Dios, que estalle el bien en la vida de tantas mujeres latinoamericanas”. 

Por: Anaiz Zamora Márquez
Cimacnoticias | México, DF.- El recién aprobado reglamento interno del Instituto Politécnico Nacional (IPN), así como los eventuales cambios a los planes de estudio de diversas licenciaturas, podrían derivar –según la lectura de alumnas de la institución– en que las jóvenes no accedan a mejores empleos y salarios, se enfrenten a nuevas barreras para encontrar un trabajo, y no obtengan todos los conocimientos que requiere su profesión. 

Ante ello, estudiantes de licenciatura decidieron unirse a la lucha “por defender el IPN”, y con ello proteger su escuela, su carrera y su futuro, porque –como ellas dicen– la lucha por el Politécnico también es una lucha de mujeres.

El pasado 24 de septiembre el Consejo General Consultivo del IPN aprobó un nuevo reglamento interno –que en caso de entrar en vigor sustituiría al vigente desde 1998–, y el cual las y los alumnos tachan de contradecir los fundamentos con los que fue creada la institución, contribuir a que las empresas puedan contratarlas por bajos salarios cuando concluyan sus estudios (pues no obtendrían un título de licenciatura o ingeniería, sino como personal técnico), y de responder a la reciente reforma educativa.

Desde el pasado 25 de septiembre diferentes escuelas se declararon en huelga y salieron a las calles del DF para manifestar su descontento ante el hecho de que el reglamento fue aprobado sin una consulta previa, las modificaciones a los planes de estudio no responden a las necesidades del alumnado, y porque se vulneran sus derechos estudiantiles.

En un comunicado, la “Asamblea por la Defensa del IPN” dijo que el instituto fue creado “para dar educación a los hijos de los obreros y campesinos y para aportar en el desarrollo científico y tecnológico del país”, no obstante con las reformas se pretende “responder a las necesidades del sector privado que bajo la máscara de términos como ‘cultura emprendedora’ y ‘competitividad empresarial’ busca vendernos como mano de obra barata, contradiciendo los principios con los que fue creado”.

Por: Angélica Jocelyn Soto Espinosa
Cimacnoticias | México, DF.-Con la aceptación de las organizaciones civiles, el Senado aprobó por unanimidad el decreto por el que se expide la Ley General para los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, la cual contempla los derechos sexuales y reproductivos de las menores de edad.

Ayer, el pleno del Senado aprobó por unanimidad la ley que finalmente recogió las críticas de activistas a la propuesta inicial enviada el pasado 1 de septiembre por Enrique Peña Nieto.

Nashieli Ramírez, directora de la organización Intervención Social Ririki, dijo en entrevista con Cimacnoticias que esta minuta de ley que pasará a la Cámara de Diputados para su ratificación, contiene derechos fundamentales para la niñez mexicana.

Consideró que uno de los puntos más polémicos fue el de reconocer derechos sexuales y reproductivos a las niñas, ante lo cual el senador por el Partido Acción Nacional (PAN) José María Martínez, presidente de la Comisión de la Familia, manifestó su rechazo al interpretar que la minuta aprobada hacía referencia al aborto. No obstante, al final el decreto avanzó por unanimidad.

Por: Lucía Lagunes Huerta*

Cimacnoticias | México, DF.-El domingo 28 de septiembre se conmemoró el Día por la Despenalización del Aborto en América Latina y el Caribe, fecha acordada por las feministas desde 1990.
 
Cientos de actividades se realizaron a lo largo y ancho del continente. En la Ciudad de México el punto de reunión fue el Hemiciclo a Benito Juárez, ex presidente mexicano que defendió el Estado laico y lo consagró en la Constitución.
 
Muchas de las acciones que se desarrollan se centran en la demostración de las terribles consecuencias de la criminalización del aborto en la vida de las mujeres, y los perfiles de quienes recurren a esta práctica.
 
Lejos de lo que se cree, diversos estudios y encuestas revelan que las mujeres que se practican un aborto son católicas, están casadas o viven en pareja, y tienen dos hijos en promedio. Nada que ver con la imagen que se ha propagado sobre la supuesta liviandad de quienes recurren a él.
 
También hoy se sabe que el aborto es la última alternativa a la que recurren las mujeres cuando se enfrentan a un embarazo no deseado. Lejos del mito que se suele difundir, las encuestas revelan que ninguna mujer se embaraza sólo para abortar.
 
Pero se preguntarán: si no se quieren embarazar, por qué lo hacen. Las respuestas son simples pero complejas. Muchas de ellas relacionadas con la violencia que enfrentan por parte de su pareja.
Violencia que les impide usar anticonceptivos de manera abierta; muchas lo hacen a escondidas de sus parejas porque sus esposos usan el embarazo como medida de control de fidelidad de las mujeres.
 



Por: Gabriela Godínez González
Cimacnoticias | México, DF.

Piden acciones urgentes contra embarazos tempranos en Perú

Perú.- En los recientes 20 años en Perú se han incrementado los embarazos en mujeres adolescentes de 15 a 19 años. De 1991 al año 2000 la tasa pasó de 11.3 a 13 por ciento y desde 2013 se mantiene en 13.9 por ciento en todo el país, informó el Centro de Promoción y Defensa de los Derechos Sexuales y Reproductivos (Promsex).

Es así que 14 de cada 100 adolescentes peruanas están embarazadas o han sido madres, por lo que Promsex pidió a los ministerios de Salud, Educación y de la Mujer acciones inmediatas para frenar el incremento de los embarazos tempranos, ya que las principales causas que originan esta situación es la falta de información, y el poco acceso a servicios de educación sexual, salud y anticonceptivos.

Convocan a Encuentro Nacional de Mujeres en Argentina Argentina.- 
Para posicionar en la agenda política argentina el feminicidio, la violencia de género, la trata de mujeres y la despenalización del aborto, se realizará el 29 Encuentro Nacional de Mujeres los próximos días 11, 12 y 13 de octubre. El encuentro reunirá a más de 25 mil mujeres, quienes con talleres, actividades y protestas exigirán la impartición de educación sexual en las escuelas públicas, presupuesto para la plena aplicación de la Ley de Protección Integral a las Mujeres y el cese del feminicidio, que en lo que va del año ha dejado una víctima cada 24 horas.

Salen a la luz más denuncias por violencia de género Perú.- 
El viceministro peruano de Poblaciones Vulnerables, Fernando Bolaños, informó que gracias a la creación de centros de atención a mujeres maltratadas, salieron a la luz las altas cifras de violencia de género en el país sudamericano. Con motivo del 20 aniversario de la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer (Belém do Pará), el funcionario dijo que los centros de atención han alentado a más mujeres a denunciar abusos, como la violencia verbal y el acoso callejero.