10/21/2014

Propaganda, realidad y petróleo


Utopía
  
Eduardo Ibarra Aguirre

Trascurrieron 50 días de la entrega al Congreso de la Unión del II Informe de Gobierno y la maquinaria propagandística se mantiene a toda su capacidad por medio del duopolio de la televisión y el oligopolio de la radio para mover más que al país, como dice el desgastado eslogan, las emociones de la ciudadanía desinformada y pasiva, pero también con los bolsillos semivacíos, empleos mal pagados o carente de ellos, además de la inseguridad que no acaba de compadecerse de las cifras oficiales y los éxitos: “Nunca se había hecho en el mundo tanto en tan poco tiempo”, Miguel Ángel Osorio. Difícilmente cimbrarán las emociones pero tampoco es imposible.

El país necesita muchísimo más que mover las emociones de la ciudadanía, que es el propósito de la propaganda, no la de convencer con razones; aparte de que es probable que el Ejecutivo federal rebasó los límites permitidos por la legislación para propagar obras y promesas (“¡Cumplimos! Mover a México”) como son los inicios de obras carreteras y ferroviarias. Por cierto, la glosa del documento presidencial aún continúa en San Lázaro y en Reforma e Insurgentes.

Aparte está la naturaleza primitivamente demagógica de los anuncios, como el que da cuenta de los éxitos en materia automotriz, aeroespacial y otras para rematar: “Esto es México. Esto es tuyo”. Hasta donde existe información documentada y bibliografía sólida, los dueños de las trasnacionales son sus accionistas no los trabajadores ni los ciudadanos del país en que se instalan y éste por lo general es el que garantiza las más altas utilidades, la salida de ellas a los países donde están sus matrices, los salarios más bajos por “competitivos” y una bajísima participación de partes mexicanas en la armazón de automóviles o de aviones.

Los propagandistas y defensores del modelo que convirtió a México en país maquilador, están en su derecho de divulgarlo como el mejor que dispone el país en su historia milenaria, pero no a engatusar en forma tan primaria.

El arsenal propagandístico oficial y oficialista tampoco es recomendable que opere como si la realidad le fuera ajena, cuando ya están presentes nuevos problemas económicos y en consecuencia sociales, el país no logra un crecimiento significativo y el endeudamiento adquiere niveles preocupantes.

Por ejemplo, en junio de 2014 el barril del petróleo mexicano superó los 102 dólares en los mercados internacionales y la caída en el precio ronda el 25 por ciento, mientras los voluntariosos legisladores proyectaron para 2015 un precio de 81 dólares y así aprobaron el presupuesto.

Ah, pero el subsecretario de Hacienda, Fernando Aportela Rodríguez, jura que el gobierno de Enrique Peña Nieto “tiene un andamiaje que le permitirá enfrentar la volatilidad de los precios del petróleo”, porque las coberturas o seguros petroleros “se compraron a un nivel de 85 dólares el barril” y el Fondo de Estabilización de Ingresos Petroleros tiene “48,200 millones de pesos”. Nada frente al gran problema que ya está encima, inducido por Estados Unidos con el apoyo del gobierno de Arabia Saudita para contener a Rusia e Irán. “El libre mercado” en plena acción imperial, ignorando los intereses de los socios subordinados.

Ocupados como están en recomponer la imagen de México ante el orbe y apagar los incendios de Iguala, Tlatlaya, el Politécnico y las autodefensas, además del cementerio en que fueron convertidas regiones de Guerrero, Michoacán, Tamaulipas y Veracruz, y sobre todo su repercusión global, Los Pinos guarda silencio ante un tormenta económica para la que el país no está preparado.

Acuse de recibo

La licenciada Adela María Benítez puntualiza: “Leo su columna de hoy domingo 19 de octubre, Utopía, y deseo aclararle que Don Francisco es un presentador de televisión, y a la persona a la que se está refiriendo en su columna es el papa Francisco. Cabe una aclaración ya que no son la misma persona, el Papa es la máxima autoridad de la Iglesia católica y merece respeto”… Para el economista Jorge Rogelio Castro “La intelectualidad de los estudiantes y en sí el universitario, preparatoriano y los niños de primaria y de secundaria son sagrados, intocables; son transformación y vida que la bestia, sólo la bestia, celosamente y por envidia no tolera. Más vale que retornen los 43, más vale que nunca vuelva nadie a tocar lo mas puro que tiene una nación”. Lo anterior, por Irritación a flor de piel en el cuerpo social (19-X-14)… Claudio Andrade Torres, promotor del Comité Pro Medalla Pedro María Anaya al Maestro Gonzalo Martré 2014, la máxima presea que otorga el Congreso de Hidalgo a un nativo, solicita me adhiera a la petición ciudadana a favor del polifacético escritor que tiene por nombre Mario Trejo González… Mi más sentido pésame al muy estimado Héctor Buenrostro Hernández, integrante del Grupo María Cristina por la pérdida de su hermana, María Eugenia Buenrostro Hernández, el 7 de octubre. Seguramente el GMC comparte este sentimiento.
     Twitter: @IbarraAguirreEd

México en insurgencia y endeudado: Saldo de Peña Nieto


La pérdida de la renta petrolera derivada de la reforma energética requiere que obtengan recursos de otro lado, y en consecuencia, la sociedad es la que acaba pagando los negocios petroleros de Peña Nieto con más impuestos y menos crecimiento.

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Las reformas estructurales de Enrique Peña Nieto y el Pacto por México no sólo no han generado crecimiento económico ni han creado los empleos que tanto se prometían en la propaganda del régimen sino que, han desatado polarización social, encono e irritación, mandado a la informalidad a miles de comerciantes y pequeños empresarios y multiplicado la delincuencia en casi todo el territorio nacional.
De igual manera han generado un brutal endeudamiento en el país. El endeudamiento del Ejecutivo federal aprobado en la Ley de Ingresos 2015 es por 595 mil millones de pesos y 6 mil millones de dólares (a 13.40 pesos por dólar son 80,400 millones de pesos), es decir, entre el financiamiento interno y externo: el endeudamiento total es de 675,400 millones de pesos, esto equivale a 1,850 millones de pesos diarios.
El manejo económico ha sido desastroso, cada trimestre se ha tenido que ajustar a la baja los pronósticos de crecimiento y se ha desatado la turbulencia cambiaria en detrimento del peso. Llevan dos años equivocándose y todo apunta a que se volverán a equivocar, porque las causas del estancamiento permanecen intactas. Hasta el 2013 la deuda representó el 35.5% del PIB, se espera que a finales de este año esto se incremente a 40.28 por ciento. Las cifras expuestas evidencian que se produjo un aumento de 5 puntos porcentuales en tan sólo 19 meses, lo cual, de seguir la tendencia, superará el 50% a final del sexenio.[1]
¿Cómo se podrá hacer frente a una deuda tan grande, cuando la capacidad recaudatoria del país es deficiente?
¿Qué mecanismos se tienen previstos para evitar que lo preliminar comprometa la estabilidad macroeconómica de la nación?
¿De dónde provendrán los recursos para pagar los empréstitos contraídos?
Han entregado el petróleo y los hidrocarburos a los extranjeros apostándole a que este acto privatizador y corrupto motivará una catarata de inversiones sin valorar el boquete fiscal y la nula integración a las economías regionales y la nacional de estas supuestas “inversiones”, porque no hay ningún elemento que obligue en los hechos a los piratas petroleros extranjeros a utilizar proveedores del país.
En su voracidad recaudatoria el gobierno aumentó los impuestos cuando la economía está débil.
Peña Nieto y su equipo siguen aplicando una política económica procíclica en lugar de contracíclica, persisten en el error del terrorismo fiscal, apretando a los mismos contribuyentes cautivos y manteniendo los mismos privilegios fiscales para un puñado de grupos monopólicos y oligopólicos nacionales y extranjeros.
La pérdida de la renta petrolera derivada de la reforma energética requiere que obtengan recursos de otro lado, y en consecuencia, la sociedad es la que acaba pagando los negocios petroleros de Peña Nieto con más impuestos y menos crecimiento.
La “nueva estrategia” es: aumentar el gasto para activar la economía - ¡pero con deuda! -  y la economía sigue sin reaccionar. Las tiendas departamentales como Wal-Mart y Soriana han bajado en sus ventas. En el gasto público sigue prevaleciendo la corrupción y el derroche, como con el avión presidencial de 7,500 millones de pesos. ¡El modelo no funciona! genera debilidad estructural al concentrar el ingreso y castigar a los consumidores.
En ese contexto, en un México estancado y endeudado, no se ha logrado frenar la delincuencia ni las graves violaciones a los derechos humanos, que son cosa de todos los días, con un Ombudsman omiso y entregado al poder presidencial. No es sólo Guerrero un estado con una aguda problemática social y delincuencial, son contados los estados y regiones que no son azotados por la delincuencia. El Estado de México, Michoacán, Morelos, Tamaulipas, Zacatecas son otras de las entidades con altos niveles de violencia. Es Iguala, pero también están Tlatlaya, Estado de México; San Fernando, Tamaulipas; Chalchihuapan, Puebla; etc, etc.
México es, utilizando una expresión que se ha vuelto ya una definición popular, una fosa clandestina. Tan sólo en Durango capital en 2011, en plena zona urbana, se encontraron más de 300 cuerpos en fosas.
Si a este escenario de economía estancada, delincuencia desatada y complicidades políticas se le suman los agravios de las reformas de Peña Nieto y el Pacto por México, bien puede entenderse el enojo social y las movilizaciones crecientes en las calles y en las redes sociales. La reforma educativa y las medidas que la rodean han propiciado que maestros y estudiantes tomen las calles y muestren su insatisfacción con el régimen. Han radicalizado sus posturas a raíz de la violencia criminal de Iguala, pero ya antes habían encabezado fuertes movilizaciones de protesta e indignación. Antes de Ayotzinapa, estuvo el Instituto Politécnico Nacional con movilizaciones estudiantiles masivas.
Los hechos de Iguala por la brutalidad incalificable que les rodea y el involucramiento de policías municipales, por el asesinato de jóvenes normalistas, menores deportistas y civiles y la desaparición forzada de 43 jóvenes ha merecido la condena nacional e internacional y la solidaridad de todos los sectores sociales que demandan la localización de los jóvenes, pero este evento criminal e inhumano ha sido un catalizador del clima social de agravio y de rechazo a instituciones que impera en un sector cada vez mayor de la población.
Además de la fuerte protesta contra autoridades locales, lo de Iguala ha motivado una insurgencia nacional que no se puede soslayar. Resulta de una gran hipocresía y una posición muy cómoda voltear la mirada frente a la devastación que ha motivado el gobierno federal. No hay enmienda peñanietista que no haya agraviado a algún sector, por eso en este mismo espacio hemos hablado de una República de agravios, por eso en las redes sociales hay voces que no sólo hablan de la salida del cargo de un Gobernador sino que directamente piden la renuncia del Presidente de la República.
Con sus reformas del Pacto por México, las violaciones recurrentes a los derechos humanos y la fallida estrategia de combate al crimen organizado y la delincuencia que viene desde Felipe Calderón, Peña Nieto y sus aliados han despertado al México bronco.

CNDH: Rumbo a una elección funcional al gobierno

Es posible que nos encaminemos a que se elija a una presidenta o presidente de la CNDH que le venga bien al régimen político y poco le sirva a los ciudadanos y a las víctimas.

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Recién inicia el proceso para que el Senado determine quién será el titular de la CNDH, pues el 17 de octubre pasado fue publicada la convocatoria para tal propósito, y a más tardar el 13 de noviembre quien haya sido elegido deberá tomar protesta ante el pleno de este órgano legislativo. ¿Bajo qué reglas se desarrollará el proceso?
Organizaciones civiles, académicas o personas pueden postular candidaturas. Luego se publicará la lista de las personas que cumplan los requisitos que marca la ley. Posteriormente deberán comparecer ante las Comisiones de Derechos Humanos y de Justicia del Senado; y finalmente las mismas comisiones elaborarán una propuesta que presentarán al Pleno para elegir  a la persona que presidirá la CNDH durante los siguientes cinco años.
Lo primero a señalar es que esta convocatoria es muy similar a las que han regulado elecciones anteriores, eso quiere decir que para los actuales senadores y senadoras no existe la Reforma constitucional de Derechos Humanos que está vigente desde junio de 2011 donde se estableció, de acuerdo con el artículo 102 apartado B, que “la elección del titular de la presidencia de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos… se ajustará un procedimiento de consulta pública, que deberá ser transparente…”.
En realidad se toma como base para el proceso lo que estipula el artículo 10 de la Ley de la CNDH que propone que para la elección se haga una “amplia auscultación entre las organizaciones sociales representativas de los distintos sectores de la sociedad, así como entre los organismos públicos y privados promotores o defensores de los derechos humanos”. Este texto es anterior a la reforma de 2011 y debió ser ajustado a la regla constitucional pero el Senado nunca lo hizo. Entonces en lugar de reconocer la omisión y formular la convocatoria bajo el mandato constitucional, le vuelven la espalda a ésta y deciden llevar adelante un proceso idéntico al que se siguió para designar al actual titular.
Más aún, la base décima de la convocatoria prevé que “las Mesas Directivas de las Comisiones de Derechos Humanos y de Justicia determinarán el método de participación de la sociedad civil… y definirán el mecanismo para que las preguntas que se reciban por parte de la sociedad puedan ser retomadas durante las comparecencias de candidatas y candidatos. Para efectos de dar cumplimiento al párrafo anterior, se faculta a las Mesas Directivas de ambas comisiones a que analicen las propuestas de las organizaciones de la sociedad civil en términos de lo establecido en el artículo 10 de la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos”, es decir, la casi nula participación será sólo para auscultar, pero nunca para consultar.
Con esta decisión, contraria a la Constitución, el Senado renuncia abiertamente a tratar a la CNDH como un órgano de Estado y en consecuencia excluye la consulta ciudadana que debiera ser esencial; optando por una elección donde priva la negociación benéfica para los partidos y una elección funcional al gobierno en turno. Ojalá me equivoque, pero en la convocatoria sólo translucen las viejas prácticas políticas.
Durante el proceso de discusión de los términos de la convocatoria y ante la exigencia de las organizaciones civiles especializadas en derechos humanos de que se garantizara el derecho a la consulta, se escucharon argumentos para no hacerlo, como por ejemplo, el que las organizaciones puedan proponer candidaturas ya es una forma de participar.
La misma base décima señala que para determinar la idoneidad de las candidaturas, se entiende que aquellas que integren la terna final, los criterios serán la propuesta de programa de trabajo, la comparecencia y las respuestas a las preguntas que se les formulen. Es decir criterios imprecisos pero muy adecuados para justificar cualquier decisión de corte político.
Ante la reiteración de algunas organizaciones para que se cumpliera la obligación de la consulta y de esa manera se asegura un proceso de calidad, algunos integrantes de las Comisiones de Derechos Humanos y de Justicia consideraron que no había tiempo pues están obligados a que el 15 de noviembre haya un nuevo titular de la CNDH electo. Un argumento de esta naturaleza no tiene fundamento, no existe tal obligación para el Senado, incluso la normatividad interna de la CNDH prevé que en caso de ausencia del Presidente el primer visitador queda la frente de la Institución.
Puede ser conveniente que el titular esté nombrado antes del 15 de noviembre y eso haga posible un buen proceso de entrega de la institución, pero privilegiar la premura en detrimento de la calidad del proceso, es una mala decisión.
Por tanto, es posible que nos encaminemos a que se elija a una presidenta o presidente de la CNDH que le venga bien al régimen político y poco le sirva a los ciudadanos y a las víctimas. ¿Para dónde se inclinará el Senado? ¿Preferirá privilegiar sus intereses de clase política o responder a las miles de víctimas de la actual crisis de derechos humanos por la que pasa el país? Su decisión será la respuesta.

Ayotzinapa: La crítica de los hechos


Felipe Cuevas Méndez

A cada día nuevas hipótesis y atropellos hacen desde las altas esferas del poder político y económico, pero de las responsabilidades nada claro presentan, con precipitación abren aquí y allá fosas comunes de las tantas que tienen y saben, sólo en un principio permanecen firmes, impedir que la verdad sea conocida. Tal es la complicidad, manejar el caso con opacidad y negligencia peor aún, facilitar a algunos de los responsables su fuga de la justicia y la ejecución extrajudicial de algunos implicados incómodos para sacar algún provecho político si es que tal cosa es posible. De acuerdo con la información difundida ampliamente y la actuación del régimen, se sostiene la hipótesis de que el gobierno federal incitó o instigó por omisión premeditada y dolosa la masacre de Iguala, es decir, dejó hacer y dejó pasar, para que los policías sicarios y pistoleros sicarios asesinaran a los estudiantes.
Hay testimonios de estudiantes que un convoy del ejército a distancia observó el tiroteo, o el testimonio de que los soldados decían que “querían medirse o actuar como hombrecitos, ahí está el resultado”. Es claro que el aparato de espionaje federal sabía por adelantado, que esos crímenes iban a suceder, siendo su obligación impedir que sucedieran, por el contrario omitieron para que pasaran.
Lo que sí es concreto es el conjunto general de aspectos en que se ve implicado el sistema. La represión de Iguala puso en claro que para la juventud humilde de este país los derechos sociales serán arrebatados por el poder político. Ejercer la protesta, o simplemente pedir recursos al pueblo en un boteo es considerado un delito de subversión al gobierno.
Pero yendo a las conexiones internas de esta situación, el caso de Ayotzinapa pone en entredicho las bonanzas reformadoras con que la burguesía transnacionalizada, los monopolios internacionales y la autoproclamada clase política impusieron sus condiciones de “gobernabilidad”. Pues la educación del pueblo queda completamente al margen de sus beneficios, según esas castas son pérdidas que la nación debe evitar cerrando esos centros de enseñanza.
Por si había duda, el sistema de partidos queda identificado como medio de control para que en el país nada suceda fuera de la geometría del poder. El espectro político burgués que va de la derecha demencial vende-patria a la izquierda legal demostró su complicidad en uno u otro sentido de acuerdo con su actuación en el problema.
Policías y Ejército están suscribiendo por su parte su larga lista de violencias y culpabilidades frente a la población, en este y otros hechos vienen desenmascarándose, sea por evidencias, rastros o conflictos internos en que al ajustarse las cuentas entre mandos y políticos acusan la violencia a que se han dedicado durante largo tiempo.
Que el narco-Estado es ya una faceta del Estado burgués mexicano tan interesado en dominar a las clases y sectores populares como lo están los Slim o Azcárraga, se hace patente por toda la información que en estas semanas ha salido sobre su intervención en el caso y el ajuste de cuentas a que tiene lugar entre sus distintas camarillas.
La ineptitud de la mano de la corrupción más que centros de la problemática como nos quieren vender las versiones socialdemócratas en el sentido de que esto es lo fundamental que ocurre en el Estado mexicano, asoma como la condición en que opera y seguirá gestionando el sistema político sin ser para nada un puro escollo que se remedie sustituyendo las burocracias de una camarilla (PRIAN) por las de otra (PRD).
Ayotzinapa golpea contundentemente a un régimen que simula una catarsis correctiva, desenmascara también a quienes aseguran que ya en México sólo queda el problema de la violencia, que el capitalismo se ha salvado y la democracia se ha instaurado.
Que frente a la grave situación económica la clase dominante tiene un programa de recetas y paquetes al cual consideran inamovible no importando la miseria que los rostros de México presentan, para lo cual seguirán elevando la violencia institucional en comandita con el crimen organizado adentro y afuera de las instituciones. Pues a pesar de la legitimidad de la denuncia popular contra este crimen de Estado, este mismo hace todo cuanto está en sus medios para negar el acceso a la clarificación de los hechos y castigo a los culpables. La crítica de los hechos demuestra que la política tradicional de encubrir y reprimir seguirá en su espiral instrumentándose por todo el país a toda marcha desde los poderes de la república tanto como desde los partidos políticos.
Con Ayotzinapa se abre una gran crisis social y política en medio del estancamiento económico; el Estado mexicano, la democracia burgués representativa y el capitalismo en sí además del desgaste muestra síntomas de agotamiento preparándose para restablecer viejos esquemas dictatoriales.
Por tanto es importante esforzarnos por la cohesión de las clases populares hacia un amplio movimiento que se prevé multisectorial y anticapitalista. El protagonismo clasista es una necesidad en esta lucha para que emerjan posiciones proletarias más allá del gremialismo, el sindicalismo tradicional o los sectarismos, en la proyección de tendencias revolucionarias que rompan con el capitalismo imperante inaugurando un nuevo proceso de lucha.
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Crisis política, represión y resistencias


Estudiantes desaparecidos en Guerrero

L'Anticapitaliste


Desde fines de septiembre una ola de protestas en crecimiento sacuden a México por el asesinato primero de 6 e inmediatamente después por la desaparición de 43 estudiantes en el estado sureño de Guerrero. El 8 de octubre hubo una primera jornada de solidaridad con los estudiantes de Ayotzinapa y se prepara una nueva jornada internacional para este 22 de octubre.

El 26 de septiembre, en la ciudad de Iguala, Guerrero (1), fueron atacados por la policía municipal un grupo de estudiantes que intentaron repartir propaganda política en un acto oficial del gobierno local. Los estudiantes fueron expulsados del acto oficial, perseguidos por la policía y baleados, incluso atacando un autobús con otros estudiantes de un grupo deportivo que estaban en Iguala para una competencia de futbol. En esta agresión fueron muertos a balazos 6 estudiantes y varios más heridos gravemente. Adicionalmente 43 estudiantes fueron detenidos por patrullas policiacas, trasladados a un cuartel de policía de donde salieron nuevamente en camionetas de la policía para finalmente desaparecer, desconociéndose su paradero.

Especialmente por la desaparición de los 43 estudiantes en un estado de la República donde en los años 70 ocurrieron la mayoría de las desapariciones de militantes de la guerrilla de aquellos años, la respuesta estudiantil y popular ha sido inmediata y muy grande.

Es cierto que con la llamada “guerra contra el narcotráfico” iniciada por el anterior Presidente de México, Felipe Calderón (del Partido Acción Nacional) y continuada por Enrique Peña Nieto (del Partido Revolucionario Institucional) la cifra de desaparecidos creció a más de 10 mil personas convirtiéndose en una crisis de violación de derechos humanos. Pero como parte de lo absurdo, y brutal de ese terrorismo de Estado, la mayoría de esas personas desaparecidas eran población civil indiscriminada, presentados como “daños colaterales” en la guerra contra la “delincuencia organizada”. Esto los hacía diferentes a los más de 500 casos que desde los años 70 y 80 denunciara Rosario Ibarra y el comité “Eureka!” de madres de desaparecidos a los cuales identificamos como “desaparecidos políticos” pues eran personas acusadas –a veces falsamente- por el gobierno de pertenecer a organizaciones político militares.

Con el caso de los estudiantes de Guerrero desaparecidos se ha regresado abiertamente a la desaparición de activistas políticos o de movimientos sociales. El gobierno no puede ahora argumentar que se trata de “daños colaterales” en la guerra contra el narcotráfico. La agresión fue abiertamente dirigida contra los estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa (2).

El gobierno primero dijo que los estudiantes habían sido víctimas del “crimen organizado”. Después, ante la evidencia de los testimonios de los estudiantes sobrevivientes ha admitido que fueron detenidos por la policía municipal, pero que fueron entregados a un capo del narcotráfico quien había ordenado asesinarlos y sepultarlos en fosas clandestinas en el campo. Se han organizado equipos de policía y ejército, así como de médicos forenses buscando y encontrando más de diez fosas clandestinas donde intentan identificar restos humanos comparando con el ADN de los familiares de los desaparecidos. Estos familiares exigieron la presencia de médicos forenses especialistas en estos casos, de origen argentino por no confiar en las autoridades mexicanas.

El truco de acusar al “crimen organizado” busca confundir y ocultar la responsabilidad del gobierno en estos crímenes. Es evidente que los 43 estudiantes desaparecidos fueron originalmente detenidos por la policía y trasladados en vehículos oficiales con rumbo desconocido. No es casualidad que el grito que Rosario Ibarra y el Comité ¡Eureka! hizo famoso en los años 70 y 80, sea el que nuevamente se corea en las manifestaciones, especialmente por los estudiantes de Ayotzinapa y los familiares: “¡Vivos los llevaron, vivos los queremos!”.
Los estudiantes no fueron “levantados” por el crimen organizado, no son víctimas de un secuestro realizado por particulares, sino son víctimas de “desaparición forzada” que es el concepto que la ley utiliza cuando los autores de la misma son agentes del Estado en cualquier nivel. Por eso la ONU considera “crimen de lesa humanidad” la desaparición forzada.

El otro elemento relevante de la situación actual es que tanto el gobierno municipal de Iguala, como el gobierno del estado de Guerrero, están encabezados por el Partido de la Revolución Democrática (3) y este hecho muestra el nivel de descomposición a que ha llegado. Enrique Peña Nieto se convirtió en 2012 en Presidente de México gracias a un nuevo fraude electoral. En diciembre del 2012 logró que se firmara el llamado Pacto por México entre el PRI, el PAN y el PRD reconociendo a Peña Nieto como presidente y comprometiéndose a apoyarlo en su programa de gobierno. Andrés Manuel López Obrador, candidato presidencial del PRD tanto en 2006 como en 2012, rompió con ese partido y llamó a formar uno nuevo, llamado MORENA (Movimiento de Regeneración Nacional) pero con la misma perspectiva estratégica nacionalista con que había nacido el PRD en 1989. Especialmente durante 2013 y el primer semestre del 2014, Peña Nieto logró imponer las más graves reformas neoliberales en el Congreso de la Unión controlado por los partidos del Pacto por México.

La responsabilidad del PRD en la aprobación de reformas que han cambiado radicalmente el contenido de la Constitución heredada de 1917 después de la Revolución Mexicana, en el terreno social y económico, y en cuanto a la soberanía nacional, ahora se extiende al tema de los derechos humanos con estos crímenes similares a los de la primera época del PRI (la época en que la mayoría de los dirigentes cardenistas, por cierto, todavía estaban en el PRI). El presidente municipal de Iguala pidió licencia y actualmente está prófugo. El gobernador Ángel Aguirre se resiste a renunciar y durante los primeros 15 días de esta crisis ha contado con el apoyo de su partido, el PRD. En el Congreso, el PRI también lo ha apoyado y afirma que debe seguir en su cargo y encontrar a los estudiantes desaparecidos.

Cuando estos partidos insisten en que el responsable de estos crímenes es la “delincuencia organizada”, que en nada ayuda la salida de Ángel Aguirre y que no hay que “politizar” el conflicto, seguramente es porque se dan cuenta de lo explosivo de la situación nacional con tantos agravios contra el pueblo y los trabajadores en donde la dinámica del movimiento de protesta y solidaridad con los estudiantes de Ayotzinapa fácilmente puede evolucionar hacia el cuestionamiento del poder, de todas las instancias de gobierno tanto local como federal. Las protestas de los últimos días son una clara señal. Cuando estudiantes de Ayotzinapa y maestros protestaban en Chilpancingo, nuevamente chocaron con la policía estatal y la respuesta de la movilización fue incendiar el Palacio de Gobierno del estado, después el Palacio Municipal y finalmente también atacar con piedras el Congreso local. Al día siguiente se anunció un plan del movimiento en Guerrero de tomar más de 40 alcaldías de aquella región.

El 8 de octubre se realizó una primera jornada nacional e internacional en solidaridad con los estudiantes de Ayotzinapa con un éxito impresionante por el número de ciudades donde ocurrieron estas protestas y por la amplitud social y política, desde sectores de la iglesia católica, organizaciones sindicales en lucha como el SME (Sindicato Mexicano de Electricistas) hasta el EZLN (Ejército Zapatista de Liberación Nacional) que volvió a manifestarse en las calles de San Cristóbal, en Chiapas. Inmediatamente después se realizó un paro de labores durante 48 horas en las principales universidades del centro del país, relevantemente en la UNAM. Lo anterior coincidió con la huelga general que tienen desde hace semanas los estudiantes del IPN (Instituto Politécnico Nacional), otra institución educativa creada en la época del general Cárdenas para que hijos de obreros y campesinos tuvieran acceso a la educación superior y que ahora los neoliberales quieren reformar.
La coordinación en solidaridad con los estudiantes de Ayotzinapa ha convocado a una nueva jornada nacional e internacional, que esperamos aún mayor que la anterior, para el miércoles 22 de octubre reclamando la presentación con vida de los 43 desaparecidos y el castigo a los culpables.

La Organización Política del Pueblo y los Trabajadores (OPT) ha señalado que el movimiento de protesta actual demuestra lo falso de la versión oficial que dice que las reformas neoliberales han sido producto de un gran consenso nacional. Lo que pasa, dice la OPT, es que la oposición real a esas reformas no está en el Congreso, sino en las calles, carreteras y el campo, donde hay infinidad de movimientos de resistencia hoy en día. Lo que falta es un referente político y social que unifique las luchas sectoriales en un movimiento político para sacar del poder a la oligarquía neoliberal y sus instrumentos, los partidos del Pacto por México. A construir ese polo político y social es que iniciativas impulsadas por el SME como son la propia OPT y una Nueva Central de Trabajadores (que ha tenido su congreso nacional este 17 y 18 de octubre) se proponen avanzar lo más rápido posible en el seno de estas luchas de resistencia y nuevos movimientos sociales que están rompiendo con los partidos del sistema.

NOTAS 
(1). Iguala es la tercera ciudad en importancia del estado de Guerrero después del puerto turístico Acapulco y la capital del estado que es Chilpancingo.
(2). En la época del Presidente Lázaro Cárdenas (1934-40) se creó el sistema de escuelas rurales para formar maestros de educación básica para la población rural y de zonas indígenas. Los estudiantes de estas escuelas provienen, obviamente, del mismo medio campesino y regresan a trabajar a esas comunidades. Bajo los sucesivos gobiernos neoliberales el sistema de escuelas normales rurales ha venido siendo atacado y han cerrado muchas escuelas. La escuela de Ayotzinapa, cercano a Chilpancingo, la capital del estado, es de las que sobreviven, donde también persiste la Federación de Estudiantes Campesinos Socialistas de México. En la escuela de Ayotzinapa estudiaron los principales líderes de la guerrilla rural de los años 60 y 70 como el Profesor Genaro Vázquez Rojas y el Profesor Lucio Cabañas Barrientos.
(3). El PRD se formó en 1989 a iniciativa de Cuauhtémoc Cárdenas, hijo del General Cárdenas, después de romper con el PRI, controlado ya por los neoliberales, para presentarse como candidato presidencial de oposición y que sufrió el fraude electoral de 1988 en que el PRI impuso a Carlos Salinas de Gortari. En el congreso de fundación del PRD se disolvieron la mayoría de las organizaciones de la izquierda socialista previas, excepto el Partido Revolucionario de los Trabajadores (PRT).
(4). En 2009 el gobierno de Felipe Calderón cerró la Compañía de Luz y Fuerza del Centro para avanzar en el proceso de privatización energética y destruir al Sindicato Mexicano de Electricistas (SME), organización de larga tradición de lucha, fundada hace 100 años, cuando en diciembre de 1914, los ejércitos campesinos de Villa y Zapata tomaron la Ciudad de México. El SME se opuso al cierre de la Compañía de Luz y llamó a sus afiliados a no aceptar la liquidación que el gobierno ofrecía pues implicaba renunciar al derecho al trabajo. Después de 5 años de resistencia, poco menos de la mitad de los afiliados al SME (más de 16 mil trabajadores) no han aceptado la liquidación y siguen exigiendo el regreso al trabajo. Ante el rechazo de todas las instancias del gobierno y del Estado al reclamo del SME, sus dirigentes plantearon que su lucha ya no era solamente laboral o gremial sino política, porque es el poder de la oligarquía neoliberal, quien ha impuesto esas medidas privatizadoras y antisindicales. La lucha ahora, también es política para sacar a los neoliberales del poder y para ello no basta la organización sindical, sino que se requiere una organización política propusieron los dirigentes del SME. Sobre esta base se constituyó en 2011 la OPT, donde confluyeron tanto los militantes del SME como diversas corrientes y organizaciones de la izquierda socialista, entre ellas el PRT. Aunque la OPT no tiene reconocimiento legal como partido político, se construye vinculada con los movimientos y luchas sociales y en la campaña de afiliación del 2013 presentándose como el proyecto de un amplio partido de la clase trabajadora.

(*) Artículo publicado en francés en el semanario "L'Anticapitaliste" del Nuevo Partido Anticapitalista (NPA)

Guerrero: la vena estallada de México

Alainet

Lo que sucede en el estado de Guerrero no es la excepción ni el caso extremo en México. Es la vena que hizo estallar la presión que bulle por todos lados en este país hipertenso. Ahora nadie respira con alivio ni señala que lo que allá sucede es cosa del trópico cargado de pasiones, de machetes y de subdesarrollo. Nadie ve los toros desde la barrera de su comodidad norteña o capitalina. Todos nos sentimos en el redondel, en la misma arena, cada vez más manchada de sangre y de muerte. Lo mismo la señora rubia clasemediera de Garza García, Nuevo León que la doña indígena que reclama la aparición con vida de su hijo, alumno de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa.

La masacre de Iguala, en ese sureño estado de Guerrero, los 43 muchachos desaparecidos, han develado importantes aspectos de nuestra dolorosa realidad y están generando un cambio cualitativo en este país, que por fin se está moviendo, afortunadamente no como el presidente Peña Nieto proclama en su slogan.

Ya casi se me convierte en obsesión una categoría de análisis, de tanto verla realizada en nuestra cotidianeidad: la "societas sceleris", sociedad de crimen. La utiliza el politólogo brasileiro Helio Jaguaribe para analizar las sociedades donde el crimen, la ilegalidad, la violación al estado del derecho no sólo se hacen comunes, sino que se toleran, incluso se promueven desde el poder político formal.

Así, los sucesos de Guerrero revelan que en este país no son casos aislados un presidente municipal ligado al narco, como el de Iguala, ni la cúpula de un partido político tibio ante la delincuencia de sus militantes, como la del supuestamente izquierdista, PRD. Que la delincuencia ha penetrado desde el patrullero hasta las altas esferas de la administración de la justicia. Que el Estado mexicano es casa tomada, como reza aquel espléndido cuento de Julio Cortázar. Ocupadas por el crimen organizado muchas de sus instancias en el Ejecutivo, en el Legislativo, en el Judicial; en los tres órdenes de gobierno, en las paraestatales, como Pemex, en los partidos, en los sindicatos.

Si para el despojo criminal, ilegal, del patrimonio de la gente y de la Nación, supura la complicidad políticos-delincuentes, también se percibe con claridad cuando se trata de la alianza políticos-megaempresarios. ¿Cómo no cruzar a la delgada línea roja que separa lo ilegal de lo ilegal para apoderarse, con leyes reformadas a modo, de la riqueza de la Nación y sus comunidades? Al despojo sangriento operado por las bandas criminales hay que sumar la acumulación por despojo del subsuelo, de los territorios, del agua, de los recursos naturales, ahora formalizado, naturalizado por las flamantes reformas estructurales. No es extraño que un Estado sea rehén de las mafias delincuenciales cuando ha aceptado, negociado, mejor dicho, ser rehén y socio de las mafias mineras canadienses, de las cuatro hermanas petroleras trasnacionales de los grandes consorcios que lucran con el agua, con las semillas transgénicas.

México se está ucranizando. En aquel país, los intereses norteamericanos y europeos occidentales apoyan a un gobierno despótico y a grupos armados neonazis para poder controlar la explotación del gas shale y establecer miles de hectáreas de cultivos transgénicos para la producción de agrocombustibles. Con esto pretenden quebrar el dominio de Rusia sobre el suministro de gas a Europa, a la vez que impiden que los países no amigos como Irán y los de Sudamérica, sobre todo Brasil, Argentina, Bolivia y Venezuela se fortalezcan como competidores en el ciclo de la energía y de los alimentos.

Tienen horror de que en México soplen vientos de independencia… de los Estados Unidos y de acercamiento con América del Sur, de donde está brotando la esperanza del planeta, según Noam Chomsky. Y su horror no son los partidos de izquierda, sino toda la diversidad de movimientos desde las raíces, la diversidad de resistencias que brotan por todos los rumbos. Por eso criminalizan, asesinan, o cuando menos encarcelan a los liderazgos, también múltiples y diversos. Han atacado, infiltrado, masacrado a las autodefensas y tienen presos al Dr. Mireles, el alzado de Michoacán, y a Nestora Salgado, la valerosa e inteligente lideresa de Olinalá, Guerrero. Mario Luna, y Fernando Valencia, jefes de la tribu yaqui, también están presos por defender su agua.

Y cuando la ley no se pone a modo, cuando las llamadas fuerzas del orden no pueden actuar, ahí están los sicarios del crimen organizado para hacer el trabajo sucio en defensa de los intereses mafiosos: Se cumplen dos años del asesinato en el norteño estado de Chihuahua, de Ismael Solorio y Manuelita Solís, caídos en defensa de su territorio y su agua en contra de una minera canadiense y de los menonitas ricos. Y ahora, los muchachos normalistas de Ayotzinapa. Parece que la consigna es: aterrorizar, anular o de plano, eliminar todo vestigio de movilización de protesta y de resistencia. Esto lo señala con mucho acierto el grupo que llama a una Constituyente Ciudadana, encabezado por el Obispo Raúl Vera. No sólo es interés de los alcaldes o gobernadores corruptos, también del régimen que encabeza Peña Nieto y sus mandamases allende las fronteras, ahuyentar, atemorizar cualquier movimiento de protesta y de resistencia.

A pesar de todo, en medio de tanta mafia, de tanta muerte, de tanto dolor, de tanta sangre, estos días de octubre nos han alimentado las ganas de creer. Ha sido maravillosa la gran reacción, la gran convergencia nacional e internacional demandando la presentación con vida de los 43 de Ayotzinapa. Han estado de frente los jóvenes, y qué bueno. Desde los más radicales de otras normales rurales, hasta los de la UNAM, la UAM, hasta los chicos de las universidades particulares, como la Ibero, del Tec de Monterrey y hasta del ITAM. De todos los lugares sociales se ha elevado el mismo clamor. Parece que por fin este país se está dando cuenta que más allá de todas las diferencias, hay sólo dos clases sociales: la de unos pocos de aquí y de afuera que concentran el poder económico, el político y el mediático, y la de la gente honesta, trabajadora con mucho, poco o nada de dinero. La masacre de Iguala nos iguala.

El país de todas y de todos contra el país de las mafias. Esa confrontación nacional, no un problema local, es lo que se juega ahora en Guerrero.

Del “sueño americano” a la “pesadilla americana”


Movimiento Indígena Alterno

El caso de Jerónimo Martínez Ramírez, para quien el Fiscal de Madera California EEUU ha pedido la pena capital

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Cruz Chiquita, Copala, Oaxaca, 20 de octubre de 2014. Seis años han transcurrido desde que Jerónimo Martínez Ramírez, con el seudónimo de Agustín entre los triquis, dejara su comunidad Cruz Chiquita, Copala, a su esposa Victoria Hernández Flores y sus tres hijos, en busca del “sueño americano”. Solo un año, duró el sueño para convertirse en una amarga pesadilla que puede terminar con la ejecución de Jerónimo Martínez Ramírez en una cárcel de Madera California, Estados Unidos. Según su esposa Victoria, poco después de haber llegado a los Estados Unidos comenzó a enviarle dinero que habían acordado iba a ser destinado a la educación de sus hijos. Un hombre hogareño y atado a su comunidad, a solo un año de trabajo arduo en los campos agrícolas de Greenfield California, ya hacía planes para regresar con su familia. La tarde del 25 de mayo de 2010 llamó a su esposa para decirle que la esperara en la semana siguiente. El anhelado día nunca llegó, en la tarde del 30 de ese mismo mes, su esposa Victoria recibió una llamada desde una cárcel de Madera California, era de su esposo Jerónimo, quien le contó que estaba en la cárcel y que lo habían acusado de haber matado a dos paisanos suyos de nombres: Delfino Martínez y Fidel García, el primero de ellos, de la misma comunidad de Jerónimo; el otro, de Unión de los Ángeles, Copala. A 

A Jerónimo se le procesó por homicidio múltiple en un tribunal de Estados Unidos. En su acusación, el fiscal del Contado de California, Michael R. Keitz, solicitó la pena de muerte para Jerónimo, que de no haber sido por la estrategia legal desplegada por su defensa, entre ellos la licenciada Dhyana Fernández, ya hubiera culminado su proceso y posiblemente hubiera sido sentenciado con la pena capital. En diciembre de 2012 a partir de dos informes psicológicos que la defensa ofreció, la Corte del Estado de California declaró que Jerónimo Martínez no se encontraba apto mentalmente para continuar en el juicio por lo que ordenó suspender el procedimiento e internarlo en el Atascadero State Hospitals, hasta resolver en definitiva sobre su estado mental podrá definirse si vuelve al proceso y se le sentencia con la pena capital, o se le da un tratamiento distinto a la cárcel. De hecho, quien fuera su defensora, Dhyana Fernández, dijo que: “este fin de mes (octubre, 2014) va a tener una audiencia para saber su estado psicológico y si está apto para continuar en el proceso instruido en su contra, mientras tanto seguirá internado en un hospital y no en la cárcel.”

VICTORIA HERNÁNDEZ FLORESPor otro lado, durante nuestra investigación nos dimos cuenta que existe muy poca información sobre el caso de Jerónimo Martínez en los archivos de los gobiernos federal y estatal, así como en organismos de defensa de derechos humanos del país. De igual manera, la familia de Jerónimo se encuentra en el total olvido, pues a la fecha, refiere la esposa que no ha recibido siquiera una llamada de la gente de gobierno, ella solo ha tenido que sacar adelante a sus tres hijos tejiendo huipiles para luego venderlos entre su propia gente triqui.
Destaca también que desde la misma “teoría del caso” construida por la defensa, la licenciada Dhyana Fernández, hizo un viaje en 2012 a México para tratar de recabar un informe sobre la condición sociocultural y política del pueblo de pertenencia de Jerónimo Martínez a fin de lograr algún atenuante que pudiera favorecer al imputado en la sentencia, sin embargo, al entrevistarse con el titular del Instituto Oaxaqueño de Atención al Migrante, Rufino Domínguez, éste solo se concretó a decirle que no existían las condiciones de seguridad para ingresar a la comunidad de Cruz Chiquita, de donde es originario Jerónimo Martínez, por lo que la defensora regresó a los Estados sin el informe.


VICTORIA HERNÁNDEZ FLORES

También llama la atención que en sus primeras declaraciones, Jerónimo Martínez dijo que había encontrado, un día antes, los cuerpos ya sin vida de Delfino Martínez y Fidel García en el interior de la casa donde alquilaban, es decir, el viernes 28 de mayo. Declaración que hizo solo para cubrir su crimen según el fiscal del Condado, a lo que uno se pregunta, quién que maquine un homicidio o que esté cuerdo, mata tranquilamente a dos personas en la noche anterior, se va a trabajar y luego regresa para avisarle al dueño de la casa que había dos personas muertas en su cuarto de alquiler. Asimismo, en un primer contacto que tuvimos con Jerónimo hace un par de años nos dijo que no alcanzaba recordaba bien lo que había sucedido, pero ahora afirma que él fue quien cometió los asesinatos. En fin para no caer en el juego de las especulaciones, esperemos que las autoridades mexicanas competentes y organismos de derechos humanos retomen el caso de Jerónimo emprendiendo una serie de acciones y medidas consulares que ayuden a nuestro connacional salvar la pena capital y, en el mejor de los casos, que se compruebe su inocencia.

Crimen de Estado


Alberto Aziz Nassif

Cuando Mario Vargas Llosa dijo que México era una “dictadura perfecta”, Octavio Paz lo regañó y le dijo que estaba equivocado, porque para Paz el Estado era más bien un “ogro filantrópico”. Sin embargo, la frase quedó en el imaginario para explicar rasgos de nuestro sistema político, sobre todo los mecanismos de reproducción del poder. 
En México había control del poder, pero maquillado de democracia. Con la alternancia electoral la metáfora de la “dictadura perfecta” quedó en el olvido, pero con el regreso del PRI y con la película de Luis Estrada, regresa la imagen de colusión entre política, poder, crimen y televisión, una alianza potente para ganar la Presidencia de la República (semejanza no es coincidencia). Por otra parte, la violencia en Guerrero, la desaparición (¿asesinato?) de 43 normalistas, el descubrimiento de múltiples fosas clandestinas llenas de cadáveres, muestra las entrañas de la impunidad que se vive en el país. Si el Estado mexicano fue alguna vez una “dictadura perfecta” o un “ogro filantrópico”, lo cierto es que hoy el Estado no es ni dictadura, ni ogro, es un Estado que ha fracasado para garantizar la seguridad, ha sido capturado por el crimen y los intereses, y es débil para impartir justicia. 
En estos días ha circulado el informe de la Comisión de la Verdad (ComVerdad) que trabajó para develar los crímenes de la Guerra Sucia de la década de los años setenta en Guerrero (1969-1979). La radicalización en ese territorio pasó por una historia de lucha armada que llegó a la Guerra Sucia. Hoy, 45 años después, Guerrero enfrenta otra crisis: la colusión de intereses entre autoridades, crimen y policías. En el México de las reformas estructurales, y justo cuando el gobierno dice que el país está por despegar hacia el crecimiento y el bienestar, estalla la violencia en Guerrero, incendian el palacio de gobierno en Chilpancingo y se hace un escándalo internacional. Tan sucia y antidemocrática fue la guerra de los 70, como la que se libra hoy en día. Ha habido cambios, pero han prevalecido las inercias del pasado, ahora no es el ejército contra los maestros radicalizados, sino la autoridad coludida con el crimen contra los estudiantes normalistas.
El gobierno de Peña se ha descolocado en unos cuantos días, no puede resolver el problema ni con todo el aparato del Estado. 25 días sin saber dónde están los estudiantes normalistas. Hay un quiebre en el país: no son compatibles los crímenes de lesa humanidad con los deseos de jugar al país moderno y primermundista, algo no funciona. 
El futuro inmediato es incierto. La crisis en Guerrero desafía la capacidad de las instituciones para encauzar el conflicto de forma pacífica. Ya para que el mismo presidente Peña diga que hay debilidad institucional, lo cual es obvio para los ciudadanos de a pie, quiere decir que la cosa está que arde. No porque lo diga el Presidente, sino porque el PRI no suele reconocer las debilidades de un gobierno. Ante la gravedad de la violencia, la clase política no logra desprenderse de sus intereses de corto plazo, en gran medida, responsable de la situación en ese estado. El gobierno federal está urgido de dar resultados, es decir, encontrar a los normalistas y juzgar de manera ejemplar de los responsables, sobre todo para responder a la presión internacional. Lo que quiere el PRD es hacer un control de daños, porque al final de cuentas en Guerrero son el partido gobernante y están más preocupados por no perder ese espacio en las elecciones del 2015. Les vale lo que muestran las decenas de fosas clandestinas. Resulta difícil imaginar —en el actual contexto— cómo serán las elecciones en 2015 en ese estado. 
Como lo escribió Guillermo Trejo en El País (16/X/2014), el crimen organizado ha tomado el control de muchos gobiernos locales. Este investigador ha identificado más de 300 atentados y ejecuciones de autoridades locales y ahora, con los normalistas, el crimen va por los grupos y movimientos sociales organizados, ese es el mensaje. Si el gobierno de Peña no resuelve estos casos de forma satisfactoria, el Estado mexicano seguirá siendo un fracaso frente a la impunidad…
Investigador del CIESAS.

@AzizNassif

Ni dictadura perfecta ni ogro filantrópico

Alejandro Encinas 
México vive días aciagos. La dilación en las investigaciones y en la presentación de los 43 estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa desaparecidos hace más de tres semanas, hacen que las declaraciones del padre Alejandro Solalinde, basadas en versiones de testigos que aseguran haber presenciado el cobarde asesinato de los hasta hoy desaparecidos, cobran tintes dantescos. 
La indignación que han despertado estos actos de barbarie ha rebasado nuestras fronteras y ha puesto en evidencia la profunda crisis de gobernabilidad y de ausencia de Estado por la que atraviesa el país. 
Human Rights Watch ha señalado que México vive la peor crisis de Derechos Humanos desde 1968. El New York Times destaca que nuestro país se encuentra en una narcocrisis más grave de la que acepta el gobierno de Peña Nieto. Un importante número de organizaciones civiles y personalidades encabezadas por los obispos José Raúl Vera López y Alfonso Leija Salas, han calificado como un “crimen de Estado” estos hechos, en torno al cual “no debe descartarse que el baño de sangre y terror ensayado en Iguala, bajo la pantalla de un crimen cometido por policías corruptos y delincuentes comunes, persiga, entre otras cosas, tender un velo sobre la masacre perpetrada por el Ejercito mexicano en Tlatlaya, Estado de México, donde fueron ejecutadas 22 personas… El terrorismo de Estado nos ha colocado a todos y todas las mexicanas en una situación de indefensión y de vulnerabilidad total”.
Ante esta crisis no caben mayores dilaciones ni ambigüedades. Es necesario presentar resultados y deslindar responsabilidades. Presentar con vida a los muchachos secuestrados; identificar y castigar a los autores materiales e intelectuales de estos actos de terror, así como a las autoridades federales y locales que por su omisión o complicidad favorecieron esta situación así como la permanencia y posterior evasión del presidente municipal de Iguala y sus cómplices, y como he insistido, dar cuenta del nivel de penetración que los grupos delictivos han alcanzado en los distintos órdenes de gobierno y en la estructura partidaria del PRD y de los demás partidos, así como del eventual financiamiento que éstos hayan proporcionado a dirigentes o campañas políticas. 
El PRD no puede seguir dando tumbos, como sucedió entre el día de los hechos y el 4 de octubre cuando predominó el silencio; proponiendo un canje en la salida de gobernadores de las entidades donde predomina la inseguridad; pidiendo perdón o proponiendo referéndums revocatorios. Por el contrario, el partido debe asumir que en Guerrero hay ingobernabilidad, la cual se acrecienta cada día que aparecen nuevas fosas y cadáveres; que el gobernador ya no es interlocutor con amplios sectores de la sociedad guerrerense, que el gobierno federal y las fuerzas armadas han ocupado el territorio del estado, al igual que en los estados limítrofes, y que el gobernador Ángel Aguirre debe separarse de inmediato del cargo para contribuir a crear un ambiente de distensión política que facilite las investigaciones y el deslinde de responsabilidades, manteniendo como prioridad la presentación con vida de los muchachos desaparecidos.
Senador de la República

Ayotzinapa ¿rodarán cabezas?

Serpientes y Escaleras/ Salvador García Soto
La presión nacional e internacional sobre este caso arrecia al grado de poner en tela de juicio la estrategia federal de seguridad


De las dos principales consignas y reclamos que se han escuchado en la movilización nacional e internacional por la desaparición de los normalistas de Ayotzinapa, el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto no ha podido cumplir hasta ahora, casi un mes después de esos hechos, con ninguna de las dos: ni ha caído el gobernador de Guerrero, Ángel Aguirre Rivero, a pesar de los mensajes que le han mandado desde la Secretaría de Gobernación, ni han encontrado a los 43 estudiantes que los policías municipales se llevaron vivos en Iguala el pasado 26 de septiembre. 
La presión nacional e internacional sobre este caso arrecia al grado de poner en tela de juicio la estrategia federal de seguridad y la política de respeto a los derechos humanos del país; mientras en el gobierno federal no saben qué hacer ni con el aferrado gobernador que se niega a solicitar licencia y ha desafiado incluso a las peticiones del secretario de Gobernación, Miguel Osorio, para que lo haga —a quien Aguirre retó con “!sáquenme¡ cuándo el funcionario le pidió dejar el cargo— ni tampoco atinan a dar con el paradero de los 43 normalistas, a pesar de tener detenidos a 63 policías que presuntamente participaron en el secuestro y desaparición de los jóvenes. 
Ayer, según revelaron padres y familiares, ni el procurador Jesús Murillo Karam, responsable directo de las investigaciones, ni el secretario de Gobernación les dieron avances que indiquen que tienen una idea clara de dónde pueden estar los 43 estudiantes o sus cuerpos sin es que fueron privados de la vida. Y a cada día que pasa, y el gobierno da palos de ciego, el desgaste y la presión seguirán creciendo junto con la desconfianza. 
En el caso del gobernador la decisión final podría venir del Congreso, concretamente del Senado donde hoy la Comisión de Gobernación ha anunciado que comenzará el análisis de la declaración de “desaparición de poderes” que interpuso el PAN. Senadores del PRI que en un principio se mostraban reacios a escalar el tema a una intervención del Poder Legislativo, ahora están abiertos a que se analicen las condiciones prevalecientes para aplicar la facultad constitucional de declarar ausencia de poderes en Guerrero, con todas las consecuencias y el precedente que una acción así tendrá en la vida de la República. 
Y en el otro reclamo, el principal que se ha escuchado en toda esta macabra historia, es el que parece más lejano y complicado cada vez para la administración de Peña Nieto. ¿Dónde están los 43 normalistas? ¿fueron asesinados? ¿siguen vivos? ¿dónde están sus cuerpos? La falta de respuestas y de pericia, a casi un mes de su desaparición, está teniendo un costo demasiado alto para el gobierno. Por un lado es un tema que puede marcar de manera definitiva a esta administración y por el otro ya hay un damnificado político: el procurador Murillo Karam que, con todo y el encargo presidencial urgente y la promesa de “no impunidad”, no tiene aún respuestas para los padres, las familias y para todos los ciudadanos que han exigido justicia. 
Qué tan alto podría ser el costo para Murillo Karam que desde adentro del propio gobierno ya cuestionan si el procurador podría convertirse en el seguro primer Fiscal General de la República como se daba por hecho antes de que se trasladara a Iguala. Junto con el nombra del titular de la PGR ya se habla de otros dos funcionarios de alto nivel que estarían en la cuerda floja por su papel en el caso de los normalistas de Ayotzinapa: el director del Cisen, Eugenio Imaz Gispert, que nunca tuvo información del momento en qué se llevaron a los 43 estudiantes, y el comisionado Nacional de Seguridad Pública Alejandro Rubido, como responsable directo de la seguridad en el país. 
Mucho se dice que al presidente Peña Nieto no le gusta hacer cambios en su gabinete, pero en este caso, dado el nivel que está tomando el escándalo nacional e internacional que ya pone en tela de duda a la capacidad de su gobierno, todo indica que tendrán que rodar cabezas si no quieren que el asunto escale de nivel. 
NOTAS INDISCRETAS… A propósito de los que ya empiezan a especular con otros nombres para el Fiscal General de la República que se define el próximo año, un dato que les convendría saber es que Manlio Fabio Beltrones, a quienes algunos han mencionado, ni siquiera es abogado, requisito indispensable que marca la Constitución y más bien es economista. ¿Será que al sonorense lo querían echar a pelear con su amigo Murillo Karam?... Los dados mandan Serpiente. Falló el tiro.

¿Qué cambia en México tras la matanza de Iguala?



“La política, como la naturaleza, aborrece el vacío, y si una nueva izquierda revolucionaria y democrática no responde a la crisis y necesidades populares, fuerzas nefastas, como se ha visto en muchas otras partes del mundo, ocuparán ese espacio político para promover sus propósitos.” — Samuel Farber.

“No tengas miedo, únete, ¡regresa! Tuviste tu fiesta anti-comunista, y estás perdonado por ello. ¡Es hora de ponerse serios otra vez!”
— Slavoj Žižek.

La cacería, matanza y carnicería de 43 estudiantes normalistas en Iguala, Guerrero, a manos de un narco-alcalde del PRD, protegido por un (¿narco?) gobernador del PRD, han causado un cambio de época en México. Un previsible (y necesario) efecto de esta asquerosidad es la recuperación de un viejo concepto: “política revolucionaria”.

Ha sido este año, 2014, en Iguala, cuando México superó la década de los 1990s.

Como es sabido, la caída de la Unión Soviética provocó una fiesta en las filas del capitalismo occidental que duró sin mayores contratiempos hasta 2008. La razón del festejo de la democracia liberal (ese raro mix de capitalismo con libertades democráticas) era también conocido: por fin había llegado el ‘fin de la historia’.

Hace poco Slavoj Žižek recordó esa atmósfera política típica de los 1990s:

“Recuerdo que cuando Fukuyama publicó su libro sobre El Fin de la Historia, se puso de moda burlarse de él. Pero en cierto sentido, todos éramos Fukuyamaistas. Incluso la izquierda, la mayoría de la izquierda, no estaba planteando las preguntas fundamentales, las grandes preguntas sobre el futuro del capitalismo o el estado.”

En efecto, en México, la izquierda socialista se esfumó. Fue devorada por el sector del PRI que no aguantó el giro neoliberal iniciado por Miguel de la Madrid y que rompió con el partido oficial para salvaguardar el ‘nacionalismo revolucionario’ de Lázaro Cárdenas bajo la dirección de su hijo, Cuauhtémoc. La posterior formación del PRD consumó la digestión de los socialistas en las tripas del priísmo arrepentido. Aquella generación de socialistas abandonó su política previa, creyó en el arrepentimiento del ala rupturista del PRI y se plegó a su (supuesto) giro democrático.

En general, México ha vivido en la década de los 1990s hasta este año, 2014. Aunque la revancha del gran capital (el neoliberalismo) se radicalizó, primero con Salinas y ahora con Peña, causando desde la mayor huida de mexicanos a Estados Unidos hasta una puerca Guerra contra el Narco, palabras como “capitalismo” o “socialismo” (no se diga “revolución”) se siguieron viendo con sospecha en México.

Para comparar, la mayor parte de Sudamérica hace tiempo superó esos complejos noventeros y el desmontaje del neoliberalismo se convirtió en un tema político. Este ha sido el significado de los virajes ocurridos, por ejemplo, en Venezuela con Chávez o en Bolivia con Morales. Es crucial el debate sobre en qué medida esos gobiernos han superado el neoliberalismo y en qué medida han construido un socialismo nuevo y democrático. Mientras tanto, es un logro de esos pueblos que el terreno ideológico sea ése y no uno como el de México, donde la política se estructura a partir de términos como “guerra”, “narco”, “feminicidios”, “Slim”, “petroleras extranjeras”.

¿Qué cambió en 2014 en México? La izquierda oficial, el PRD, ha quedado expuesta como lo que es: una farsa. Algo similar puede decirse de MORENA y del silencio de su líder López Obrador (ex líder del PRD formado en el PRI) – este partido participa en el gobierno estatal en Guerrero y ayudó al ascenso del narco-alcalde de Iguala.

El PRD ya hace mucho estaba perdido como alternativa al neoliberalismo –la última confirmación de esto fue su integración al Pacto por México, que permitió a Peña, entre otras cosas, privatizar los campos petroleros por venir. Ahora el PRD también queda descartado como opción democrática – hoy comandan ejecuciones colectivas.

México ha pagado muy caro su vuelta a la realidad. La generación actual tiene el reto de reinventar la alternativa revolucionaria, socialista. Es hora de que en la izquierda mexicana nos dejemos de estupideces y pongamos orden al caos actual.

Ramón I. Centeno es miembro del Partido Obrero Socialista. Twitter: @ricenteno

* Columna publicada el 19-oct-2014 en elbarrioantiguo.com