12/09/2017

Jalisco, primer estado en proteger a orfandad por feminicidio


Congreso avala reconocerlos como “víctimas indirectas”
   


El congreso de Jalisco aprobó las reformas a Ley de Atención a Víctimas local con el propósito de reconocer como “víctimas indirectas” a los menores de edad cuyas madres han sido víctimas de feminicidio.
Con la aprobación en el pleno que hicieron las y los legisladores este 6 de diciembre, Jalisco es la primera entidad del país en garantizar a los hijos e hijas de víctimas de feminicidio los programas sociales a los cuales tiene derecho como víctimas secundarias: apoyo económico, tratamiento psicológico y alojamiento.

La propuesta la presentó en junio de 2017 la diputada del Partido Revolucionario Institucional (PRI), María del Rocío Corona Nakamura, e indica que una vez que la Comisión Estatal de Atención a Víctimas (CEAV) conozca un caso de orfandad por feminicidio a través del Ministerio Público, debe activar los protocolos de atención y protección para incluir a la niñez en los programas sociales que corresponda.
En este sentido le corresponde a la CEAV asegurar que esta infancia continúe con la atención gubernamental sin interrupciones y proporcionar asesoría jurídica a los familiares de las víctimas si lo desean.

El proyecto avalado indica que el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado (DIF Jalisco) será el encargado de procurar alojamiento en albergues a la niñez que quede en la orfandad, o bien, colocarlos con sus familiares.
Pero en caso de que sea el padre de la niñez el feminicida, con las reformas al Código Civil ahora el Juez de Control podrá suspenderle la patria potestad y quitarle la custodia.
Esta modificación se incorporó porque 80 por ciento de los feminicidas están prófugos de la justicia en Jalisco, situación que mantiene en “zozobra constante las abuelas y abuelos, quienes finalmente  protegen o reguardan a los menores de edad”, explicó en el congreso la diputada Corona Nakamura,  
De acuerdo con la Fiscalía General del estado, de septiembre de 2011 a junio de 2017, las 175 víctimas de feminicidio dejaron a 122 hijos e hijas en la orfandad y únicamente 82 reciben un apoyo económico del gobierno. A partir de la entrada en vigor de esta reforma la Fiscalía deberá continuar con el registro certero de los casos.
Para asegurar que esta infancia acceda a estos servicios sociales también se modificó el Código Penal y la Ley de Desarrollo Social estatal.

A FAVOR DE LA NIÑEZ

Jalisco sanciona hasta con 70 años de prisión a quien cometa el delito de feminicidio, pero como ocurre en el resto del país, dejaba a un lado la reparación del daño integral para los niños y niñas, quienes muchas veces son testigos del asesinato de su madre.
En dicha entidad apenas este año comenzó un programa especial del Instituto Jalisciense de las Mujeres (IJM) para otorgar un apoyo bimestral a cada niño o niña en orfandad por la cantidad de 3 mil pesos. Sin embargo, el programa se limita a 66 beneficiarios por el periodo de un año.
Es decir, con la reciente aprobación de estas reformas es obligación del gobierno jalisciense garantizar que todos los hijos e hijas de mujeres asesinadas reciban apoyo económico, psicológico y jurídico, sobre todo en un contexto de violencia  que mantiene a Jalisco en el sexto lugar del país en casos de feminicidio, informó la legisladora Rocío Corona, quien precisó que de acuerdo con el IJM, tan sólo en enero de este año ocurrieron 17 asesinatos de mujeres en la entidad.
“En la mayoría de los casos quedan desamparados familiar y económicamente, de ahí la importancia de que las dependencias públicas protagonicen una atención para ellos, que trascienda en la sociedad para que las modificaciones a dichas legislaciones tengan el mejor resultado, consagrándose el interés superior de niñez”, concluyó la priista.
CIMACFoto: César Martínez López
Por: la Redacción
Cimacnoticias | Ciudad de México.-

Guatemala podría hacer banco genético de agresores sexuales


Congreso aprueba Ley pero no le asigna recursos   



El congreso de Guatemala aprobó la semana pasada la Ley del Registro Nacional de Agresores Sexuales y Banco de Datos Genéticos, pero no cuenta con recursos para su implementación en el presupuesto de 2018, denunció en entrevista el secretario ejecutivo del “Observatorio de los Derechos de la Niñez, Promoción e incidencia a favor de los derechos de la niñez, adolescencia y juventud guatemalteca” (ODN Ciprodeni), Otto Rivera Álvarez.
En entrevista con Cimacnoticias, el activista informó que esta Ley busca que a los culpables de delitos sexuales se les identifique genéticamente (incluye a personas guatemaltecas y a violadores denunciados en el extranjero que visiten el país); y que cuando una persona que haya sido acusada de estos delitos termine su sentencia, deberá informar dónde vive y trabaja.
La legislación también plantea que todas las sentencias a agresores sexuales serán publicadas, pero no la identidad de sus víctimas y no se borrará de la base a los agresores. Además, ningún agresor sexual podrá trabajar en puestos que implique contacto con niñas y niños, al tiempo que señala que quien violente sexualmente a sus hijas e hijos perderá la patria potestad de ellos. 
De acuerdo con cifras oficiales, de enero a septiembre de este año, 57 mil 244 mujeres de 10 a 19 años de edad presentaron embarazos, la mayoría de estos se atribuyen a violaciones sexuales por la frecuencia con la que este delito se comete en el país.
Rivera Álvarez precisó que el principal reto será que “la voluntad política se vea reflejada y se cumpla lo que estipula la Ley, del Registro y el Banco Genético”, ya que el proyecto del presupuesto nacional para 2018 no contempla los gastos que implicará poner ambas medidas en  práctica (capacitaciones e instrumentos técnicos para autoridades policiales para la Base de Datos, por ejemplo).
Aunque la iniciativa fue presentada en octubre de 2016 por la Corte Suprema de Justicia de Guatemala apoyada por el MP y la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), fue hasta el pasado 29 de noviembre que se aprobó y es resultado del trabajo de organizaciones civiles que desde 2003, cuando entró en vigor la Ley de Protección Integral de la Niñez y Adolescencia, han trabajado porque el gobierno garantice los derechos de este sector de la población, recordó el defensor Otto Rivera.
El objetivo de promover estas legislaciones, dijo, “es robustecer el marco jurídico que protege a las niñas, niños y adolescentes de Guatemala” pues recordó que la infancia “siguen sin ser prioridad para el gobierno”, ya que desde el ODN Ciprodeni y otras organizaciones, estiman que el gasto público para esta población es de sólo un dólar con 2 centavos, “con eso debe garantizarles sus derechos a la salud, alimentación, educación, protección integral y recreación, es insuficiente”, denunció Rivera Álvarez.
También mencionó como ejemplo del “desinterés político hacia las niñez y adolescencia el caso de las 41 niñas y adolescentes que murieron en un incendio ocurrido el pasado 8 de marzo en el albergue Hogar Seguro Virgen de la Asunción, una institución pública, mientras denunciaban las violaciones sexuales contra ellas y que sigue impune.
Y aunque la nueva ley aún no entra en vigor porque sigue sin ser publicada en el diario oficial, el ODN Ciprodeni calificó su aprobación como un paso importante para que los delitos sexuales no queden impunes como ocurre actualmente.
Cifras del Sistema de Gestión de Tribunales del Organismo Judicial guatemalteco señalan que de 2014 a 2016 los delitos de violación y agresiones sexuales incrementaron en el país centroamericano: en el  año 2014 se ingresaron mil 471 expedientes, en 2015 fueron 2 mil 966 y hasta el 4 de agosto del 2016 se ingresaron mil 142.
Imagen retomada del portal acoguate.com
Por: Montserrat Antúnez Estrada
Cimacnoticias | Ciudad de México.- 

Una violación no es cuestión de fe

Cuestionar a la mujer & Creer al hombre 

https://miguelorenteautopsia.wordpress.com 


El autor nos comparte una reflexión sobre como en la cultura machista en la que vivimos la palabra de la mujer esta en permanente cuestionamiento y la del hombre no.

Creer es saber, no profesar; y cuando hablamos de creer en la palabra de alguien es porque entendemos que hay algo de cierto en ella y en su relato que la hace verdad y, por tanto, creíble sobre la certeza, no sobre la suposición. Por lo tanto, su integración como parte de unos hechos debe llevar a encontrar los elementos objetivos que permitan identificar los diferentes elementos de lo ocurrido y sacarlo del terreno subjetivo, así como definir las circunstancias de los sucesos que dieron lugar al relato. 

Sin esa condición previa de tomar por cierto el testimonio la investigación será compleja y, con frecuencia, ineficaz, pues ante la más mínima dificultad será la duda o la negación de la palabra quienes tomen las riendas para detenerse en ese punto, en lugar de avanzar hasta el final. 

Lo que está sucediendo alrededor del juicio a los integrantes de “La manada” por la violación denunciada, refleja esta situación que trata de potenciar la idea de “creer en lo ocurrido” en lugar de “conocer lo que ocurrió”, puesto que las vías para llegar a uno u otro lado son muy distintas y están llenas de trampas, como ya vemos incluso antes de iniciar el trayecto. 

El machismo ha jugado con la “palabra de los hombres” como el gran instrumento capaz de modelar la realidad aun en las condiciones más difíciles. Y para evitar conflictos y disputas interminables con quienes consideran y sitúan en un plano inferior, las mujeres, han completado su construcción con una doble merma en la palabra de ellas: por un lado le restan credibilidad por esa “incapacidad y debilidad intelectiva” que les atribuyen, y por otro, le suman perversidad y maldad para que junto al rechazo de su voz se una la crítica a su intención. Tres son los elementos principales que forman parte del mensaje sobre los que se construye su aceptación o su rechazo. 

Por una parte, la persona que lo emite, por otra las circunstancias, y en tercer lugar, el propio relato o mensaje. Cuando nos enfrentamos a casos de violencia de género en sus distintas expresiones, entre ellas la violencia en las relaciones de pareja y la violencia sexual, las circunstancias juegan en contra de las mujeres que la sufren en sus tres componentes: 

En primer lugar, porque la voz del hombre cuenta con la autoridad que se han dado a sí mismos a través de la cultura del machismo. La “palabra de hombre” ha sustentado tratos y acuerdos a lo largo de la historia y es presentada con solvencia y solidez, mientras que la de las mujeres se toma como falaz y egoísta. Da igual que la mayoría de las grandes traiciones, conspiraciones, corrupciones, estafas o felonías hayan surgido de la voz de los hombres para buscar su propio interés, al final las mujeres no tienen palabra y ellos las tienen todas, de la A a la Z.

En segundo lugar, las circunstancias que envuelven el relato de la violencia de género ya hacen aumentar el nivel de duda bajo el mito de la perversidad de las mujeres, el cual lleva a entender que este tipo de denuncias y el relato que las acompaña están cargadas de mentira y maldad con el objeto de dañar al hombre con el que comparten una relación, o al que encuentran en la calle en una noche de fiesta, y sin son cinco, pues con más motivo, puesto que “con una sola denuncia puede causar ese daño a varios hombres a la vez”. El planteamiento puede parecer exagerado, pero es lo que vemos a diario bajo el argumento de las denuncias falsas. 

Y en tercer lugar, los propios hechos (la violencia de género), también se vuelve en su contra, puesto que las circunstancias en que se produce, generalmente en el ámbito privado del hogar o en lugares oscuros y solitarios sin testigos que puedan aportar referencias objetivas, unido a la importante carga emocional con la que se viven esas agresiones y al trauma que originan, hace que se produzca una dificultad a la hora de fijar los recuerdos y de ordenar lo sucedido. 

Estas características se reflejan en la propia declaración y son una evidencia de la violencia y del trauma ocasionado, pero en lugar de entenderse de ese modo, se interpreta en sentido contrario para decir que es “inconsistente” y que “se lo inventa sobre la marcha”. La estrategia es perfecta y lo vemos estos días. 

La simple denuncia ya es interpretada por una parte de la sociedad como un acto de mala fe, de hecho, el 0’9% de la población considera que forzar una relación sexual es aceptable en algunas ocasiones, y el 7’9% piensa que no es aceptable, pero que no siempre debe sancionarse a través de la ley (CIS, noviembre 2012). Y a partir de ahí, cada paso es interpretado sobre el significado que se da desde la construcción cultural que presenta a las mujeres como malvadas y mentirosas, y a los hombres “con palabra” y víctimas potenciales de las mujeres. Si no fuera así resultaría imposible el cuestionamiento sistemático de la palabra de las mujeres y la afirmación habitual sobre la mala fe de su comportamiento. Y sería imposible que dicho razonamiento se llevara a juicio, incluso con informes que “dicen demostrarlo”. 

Demostrar la violencia de género y las agresiones sexuales no es una cuestión de fe, sino de prueba, y para ello la investigación debe partir de los elementos aportados, entre ellos, y como referencia principal en un delito que se produce en la intimidad o en lugares solitarios, el testimonio de quien sufre esa violencia. 

Sorprende que se dude de la palabra de una mujer cuando denuncia, que procesalmente no puede mentir, y que no se dude de los denunciados cuando lo niegan cuando ellos “sí pueden mentir” dentro del proceso.

Ante una violación no es cuestión de creer o no creer, sino de trabajar e investigar sin cuestionar la palabra de las mujeres ni criticarlas a ellas. 

El grito de la Pachamama: ser mujer y defensora del medio ambiente

Feminicidios & Defensa Medio Ambiente 



En América Latina, la lucha de los pueblos en defensa de las tierras, bosques y agua contra las pretensiones extractivas de trasnacionales de transformarlos en industria, tiene también una reacción machista. Las defensoras de la vida y la naturaleza, por ser mujeres sufren una persecución particular, cuyas principales características son la estigmatización, la violencia sexual y psicológica y hasta la muerte.

Estigmatización, acoso permanente, manoseo durante detenciones ilegales, violaciones y hasta asesinatos son algunos de los vejámenes que sufren las mujeres que militan en defensa del medioambiente en América Latina. En la lucha por defender la tierra y la naturaleza, muchas veces las que resisten, acampan, hacen plantones, enfrentan en la primera línea a ejércitos, policías o retroexcavadoras, son mujeres. En algunos casos esta resistencia las ha transformado incluso en víctimas de asesinatos. 

El caso más emblemático es el de la líder indígena hondureña Berta Cáceres (véase nota en página 17). Pero entre las ambientalistas que siguen vivas se destaca la peruana Máxima Acuña, agricultora que sigue siendo blanco de persecución por vivir en un terreno cerca de donde la minera Yanacocha quiere llevar adelante su emprendimiento extractivista. Hasta el día de hoy, funcionarios de la empresa continúan ingresando a su vivienda y rompiendo sus cultivos. 

En sus cuerpos las defensoras del medioambiente encarnan a la Pachamama. Defender los territorios que habitan desde tiempos ancestrales, por pertenecer a comunidades indígenas y campesinas, es defender la vida. A quienes tienen el poder hegemónico, androcéntrico y masculinizante, por supuesto que les molesta que sus adversarias sean unas mujeres que se corren del rol tradicional de servidumbre y entrega para encabezar las luchas por la defensa del agua, del alimento, de lo comunal. Y por eso los métodos para intimidarlas son diferentes a los que se aplican contra los hombres. 

La socióloga Jessenia Cassani, de la organización feminista peruana Estudio para la Defensa de los Derechos de la Mujer (Demus), señaló recientemente –a fines de octubre, en una de las sesiones públicas de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en Montevideo– que las militantes mujeres en conflictos socioambientales son acosadas y atacadas de manera diferente por ser mujeres, y que esta persecución se manifiesta en violencia física, psicológica y sexual, de la que son víctimas “de manera permanente y cotidiana”. 

“La violencia sexual es un mecanismo que han utilizado los agresores para neutralizar la labor de defensa de estas mujeres”, agregó la activista. Los agresores suelen ser empleados de las trasnacionales, el propio Estado a través de sus fuerzas de seguridad, e integrantes del sistema judicial, haciendo un uso arbitrario del sistema penal. 

Manoseo 

La violencia sexual contra las mujeres es común en los contextos de protesta, explicó Cassani: “Los ataques represivos van dirigidos (con golpes) a sus senos y nalgas para neutralizarlas en ese momento de lucha y en el ejercicio de su derecho a la protesta. En las detenciones se producen amenazas de violación, inspecciones de genitales y pechos y exhibición de ropa interior”, agregó. Emperatriz Bolaños –de Defensores de Lagunas de Conga, en Perú– lo vivió en carne propia cuando el personal de la minera Yanacocha amenazó con violarla. También le mataron a sus dos perros, y las autoridades no le tomaron la denuncia. Bolaños denunció en la misma audiencia de la Cidh otras prácticas intimidatorias comunes: “Nos quieren reubicar, y en nuestra comunidad hay ancianos, hay discapacitados, gente que no está acostumbrada a la ciudad. 

El gobierno no hace nada por nosotros, al contrario: manda a la policía a que nos reprima, manda a la policía a que mate, a que nos saquen, y eso no es justo”. Según Cassani, “el despojo, desalojo y desarraigo de sus tierras es otro impacto de género”, las mujeres son desplazadas “muchas veces a zonas urbanas donde están en mayor indefensión por las desigualdades económicas, el racismo y el machismo existentes en nuestras sociedades, sumado a la cultura de violación imperante en nuestro país”. Mientras no existan estadísticas oficiales sobre los múltiples ataques que sufren las mujeres, estas violencias seguirán invisibilizadas y no será posible generar “un diagnóstico claro y normativas y políticas públicas eficientes que puedan garantizar el derecho a una vida libre de violencia”, insistió. 

Para la abogada peruana Mirtha Vásquez, que defiende a Máxima Acuña y participó en la misma audiencia, es un problema cuando estas agresiones no son juzgadas como actos de violencia basada en género. Aunque en Perú exista la ley 30.364 “para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres e integrantes del grupo familiar”, el Ministerio Público suele definir la violencia contra las mujeres sólo como “aquella que se comete en el marco de las relaciones familiares, y que sólo se produce en el cuerpo de las mujeres, desconociendo los contextos y las características de las violencias”, afirmó la abogada. En las salas de audiencias de los tribunales, por ejemplo, a las mujeres que están brindando su testimonio no las dejan amamantar a sus bebés. 

“Femicidio político” 

La lucha que dio Berta Cáceres era a la vez anticapitalista, antirracista y antipatriarcal, señala Laura Zúñiga Cáceres, una de sus hijas, en diálogo con Brecha. Al asesinato de su madre lo califica como un “femicidio político”. “El asesinato de mi mami fue con saña, dirigida a ella porque lo que más generaba ruido era que fuera una mujer la que los desafiaba. En un contexto tan machista como el de Honduras, el papel de la mujer siempre está relegado a lo privado y a la servidumbre. Cuando alguien se rebela ante ese papel eso genera más odio”, señala Laura Zúñiga. A su madre “la describían como ‘bruja, puta, loca’”, recuerda. Y luego de muerta su condición de mujer también incidió en la caracterización del crimen que hicieron tanto las autoridades como la empresa: “A pesar de que su trabajo era peligroso, de que había tenido 33 amenazas de muerte entre 2013 y 2016, la primera hipótesis que presentó el Ministerio de Seguridad fue que había ocurrido un ‘crimen pasional’”. 

Además, subraya, la empresa Desa –que estaba detrás del proyecto hidroeléctrico contra el que luchó Berta Cáceres– intentó deslindarse del asesinato argumentando públicamente que se trataba de un crimen “de faldas”. “Siendo ella defensora, lo primero que hay que buscar en estos hechos son las causas relacionadas con su trabajo, con la persecución que ha sufrido. A través de una lucha muy fuerte de organismos internacionales se logró desmontar esa intencionalidad de vincular (el asesinato) a su intimidad, de investigar a su ex pareja y deslegitimar su lucha por ser mujer. Por eso decimos que es un femicidio político: porque el crimen ha tenido motivaciones de odio por ser mujer”, asevera. 

Zúñiga dice que su madre “fomentaba y demostraba que las mujeres podemos liderar y que los hombres pueden ser liderados por una mujer. Hizo que las comunidades comenzaran a pensar en la posibilidad de tener un liderazgo femenino”. Es precisamente el caso de Elvia Dagua, referente ecuatoriana en lucha contra la instalación del proyecto Mirador, de minería a cielo abierto, que se desarrolla en la zona sur de la Cordillera del Cóndor, en Ecuador. En 2015 el gobierno ecuatoriano le dio a la minera china Ecuacorriente SA (Ecsa) una concesión por 30 años. 

Y en diciembre de 2016 la empresa logró desplazar a la comunidad shuar Nakints para imponer su proyecto de extracción de cobre, contando con el aval del gobierno. Con la mano represiva del Ejército destruyó casas, expulsó a más de 500 indígenas a la selva, los dejó sin alimentación ni escuelas y alambró el terreno para montar el campamento minero. Tras semanas en la selva y luego de la muerte de una bebé de tres meses por enfermedad, las mujeres y niños shuar se refugiaron en un pueblo vecino que, el 22 de octubre pasado, fue militarizado como forma de presionar y detener a quienes resistían. Los hombres permanecen clandestinos y pasan hambre. 

La representante de la Confederación de Nacionalidades Indígenas de la Amazonia Ecuatoriana (Confeniae) no duda en responsabilizar al gobierno de Rafael Correa: “Hacia el exterior él habla del buen vivir, pero a las comunidades indígenas nos dividió y sólo produjo el mal vivir. Para hacer negociados con empresas mineras y petroleras él trataba de comprar la conciencia de los líderes más débiles de las comunidades indígenas, y nosotros, desde las bases, somos la mayoría, y nos opusimos al Estado ecuatoriano porque los territorios son nuestros”, dijo a Brecha. 

Hostigamiento 

Las amenazas y campañas de difamación en las redes sociales, medios de comunicación y en las comunidades son otra forma de violencia machista que sufren militantes como Máxima Acuña, a quien suelen calificar como “Máxima Farsa” o “Máxima Estafa”. Acuña es objeto de insultos y difamación, de incitaciones al odio y de amenazas de atentados contra su vida, por ejemplo con mensajes como “Minera Yanacocha. La bala cuesta un sol. Muerto el perro se acabó la rabia”. 

La activista, quien lucha desde 2011, ha sido declarada inocente de los delitos por los que la minera la había acusado, como la usurpación del terreno en el que ella vivió toda su vida. Hace 15 días la justicia civil peruana declaró improcedente la medida cautelar que la empresa había solicitado para impedir que trabajara en su tierra. Sin embargo, relató su abogada, “está agotada en su esfuerzo” contra el proyecto minero. Según Vásquez, Acuña le expresó: “La vida se me está yendo en defender esto y ya ni la justicia nos defiende”, porque no actúa ante las denuncias que ha presentado por hostigamiento constante en su finca. 

“Además de haber sido atacada físicamente años atrás, Máxima no puede volver a vender sus productos porque la propia gente de la comunidad la ataca, como consecuencia de las campañas de desprestigio de las que es objeto”, comentó a Brecha su abogada. Y sin embargo, relató recientemente Vásquez en una carta pública en NoticiasSer.pe, cuando le ha preguntado si quiere dejarlo todo y bajar los brazos después de haber sufrido tanto y logrado mucho, la activista le respondió: “No importa ya el terreno ni el daño que me siguen haciendo; a ellos se les sigue yendo el alma por quitarme Tragadero, tal vez lo logren alguna vez. Recibir dinero a cambio de dejarlo, a cambio de mis derechos, para olvidar mi sufrimiento, eso jamás. 

Tal vez decida irme cuando mi cuerpo ya no aguante. Yo he ganado, yo demostré que las lagunas, que la tierra, que la dignidad del pobre no tienen precio, su oro no ha podido comprarme”. Para Laura Zúñiga “el sistema capitalista sigue necesitando energía y avanza sobre (…) los territorios indígenas preservados. La batalla de estos pueblos es por la vida, y vemos formas repetidas de criminalización en su contra, campañas de desprestigio, asesinatos”. En este contexto, dice, el desafío es “definir en conjunto cómo vamos a enfrentar estos ataques”.

En Tamaulipas guerra contra el narco invisibiliza homicidios de mujeres

Octava de nueve partes
Por: Rosa María Rodríguez Quintanilla

   Más del 50 por ciento de asesinatos se cometen en la vía pública

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La violencia  extrema desatada por “la guerra contra el narcotráfico” en Tamaulipas, invisibiliza el otro grave problema que padece esta entidad: los homicidios de mujeres y la desprotección riesgosa en la que el Estado mexicano las ha dejado en los últimos años, coinciden defensoras de Derechos Humanos.
Aseguran que la guerra que se libra contra las bandas delincuenciales en esta entidad, opacan la gravedad y la atención directa que las autoridades están obligadas a dar para prevenir, investigar y castigar estos asesinatos.
Cifras del Sistema Nacional de Información de Salud (Sinais) revelan que del 2012 al 2015 fueron asesinadas 472 mujeres en Tamaulipas. El año más crítico fue el 2012 con el registro de 178 homicidios de mujeres en los diferentes municipios del estado.
La tasa de homicidios de mujeres en México en el 2012 fue de 4.6 muertes por cada 100 mil habitantes, pero Tamaulipas, al registrar un 9.9, superó por mucho a la media del país junto con Chihuahua (14.8) y  Guerrero (13.2).
Datos del Sinais arrojan que en el 2013 disminuyó a 92 el número de asesinatos de mujeres en Tamaulipas; en el 2014 se registraron 128 y en el 2015 se cometieron 74.
Infografía realizada por Jovana Espinosa Orta, Brenda Sánchez Núñez y Priscila Hernández Flores
Con estas cifras, el Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres) ubica a Tamaulipas como la novena entidad con mayor número de homicidios de mujeres, por lo que llamó a la Procuraduría de Justicia del Estado a investigar y castigar los asesinatos de mujeres como feminicidio.
La Coordinadora General del Centro de Investigación, Capacitación y Atención para el Desarrollo Social, A.C. (Cicades) Cynthia Karina Bitar Tessan, lamentó que muchas veces la autoridad, en automático y sin investigar, da por hecho que las mujeres asesinadas estaban relacionadas con la delincuencia organizada, lo que no siempre es así.
“Hay datos que revelan que de los homicidios de mujeres registrados en la región sur de Tamaulipas del 2016 a la fecha, 90 por ciento fueron cometidos por sus esposos, novios o ex parejas”, sostuvo.
La también Coordinadora del Observatorio de Violencia de Género en la Zona Metropolitana refirió que de los crímenes de mujeres que tienen documentados en los municipios de Tampico, Madero y Altamira en los últimos dos años, al menos 18 deben ser considerados, investigados y castigados como feminicidio.
De acuerdo a las cifras del Sinais, 40 por ciento de los crímenes de mujeres que se cometieron entre el 2012 y 2015 en Tamaulipas fueron perpetrados en el hogar y un 50 por ciento en la vía pública. También se detectó que 3 por ciento de las víctimas sufrió violencia familiar previa.
En ese contexto, la Coordinadora del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF) María de la Luz Estrada Mendoza, lamentó que en Tamaulipas no existan condiciones de seguridad para que las organizaciones defensoras de Derechos Humanos y medios de comunicación documenten los casos de feminicidio.
“La situación de riesgo para documentarlos y la mala legislación del feminicidio en el Código Penal del estado deja a las mujeres de Tamaulipas en total indefensión, porque no se acredita ni se sanciona el delito”, consideró la Coordinadora del OCNF.
El delito de feminicidio quedó tipificado en el Código Penal de Tamaulipas desde el 2011 pero de manera muy ambigua, en términos que para que los operadores de justicia hacían prácticamente imposible acreditar este delito.
Fue hasta mayo del 2016 cuando el congreso local reformó la redacción de las características del feminicidio en el Código Penal, para que este delito no se pierda en el concepto general de homicidio. La legislatura también homologó el Código Penal de la entidad con el federal y estableció una pena de 40 a 50 años de prisión a quien cometa el delito de feminicidio en Tamaulipas.
Para asegurar justicia en los crímenes por razón de género, el congreso local también estableció sanciones para todo aquel servidor público que retarde o entorpezca maliciosamente o por negligencia la procuración o administración de justicia; incluyen prisión de tres a ocho años y de 500 a mil 500 días de multa, así como su destitución e inhabilitación de tres a 10 años para ejercer en el ámbito público.
A pesar de ello, los homicidios de mujeres no se investigan ni castigan con perspectiva de género.
En una reciente visita a Tamaulipas, el Coordinador Jurídico del Instituto Nacional de Mujeres (Inmujeres), Pablo Navarrete, recomendó al Procurador de Tamaulipas Irving Barrios Mojica que deje de temer al “efecto estadístico”, que investiguen y castiguen los asesinatos de mujeres como feminicidio.
Al asistir a la primera sesión del Sistema Estatal para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres en Tamaulipas (SIPASE), el funcionario del Inmujeres lamentó que la mayoría de los 180 homicidios de mujeres que se registran mensualmente en el país no son investigados ni sentenciados como feminicidio por las procuradurías estatales, porque temen reflejar un incremento de este delito en sus estadísticas.
Recordó el fallo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) por el caso Mariana Lima Buendía, víctima de feminicidio en el Estado de México, que obliga a las Procuradurías de Justicia de los estados a que todas las muertes violentas de mujeres se investiguen y procesen como feminicidio y que sea la investigación la que confirme o deseche si lo es o no. Insistió que para clasificar el feminicidio el problema ya no es jurídico, sino de interpretación y aplicación de las leyes que hagan las agencias del Ministerio Público y juzgadores.
Una ex funcionaria de la Procuraduría de Justicia del estado consultada por Cimacnoticias consideró que la mayoría de los crímenes de mujeres, son clasificados como homicidios por ignorancia, desconocimiento y falta de capacitación de policías y agentes del ministerio, debido a que no cuentan con un protocolo para investigar el feminicidio con una perspectiva de género.
Más Datos
Cifras del Sistema Nacional de Información de Salud revelan que de las mujeres asesinadas en Tamaulipas, 35 por ciento tenían entre 26 y 40 años de edad; 25 por ciento tenían 18 a 25 años, y 23 por ciento entre 41y 64 años de edad.  Las adolescentes, adultas mayores y niñas, también fueron víctimas de homicidio: 9 por ciento tenían entre 12 y 17 años de edad; 6 por ciento 65 años o más y 2 por ciento de 0 a 11 años de edad.

Infografía realizada por Jovana Espinosa Orta, Brenda Sánchez Núñez y Priscila Hernández Flores
De las mujeres que fueron asesinadas en el hogar, 27.3 por ciento eran solteras, en el mismo porcentaje eran casadas; 24.7 por ciento vivían en unión libre; 10.4 por ciento eran viudas: 5.2 por ciento eran divorciadas. De los homicidios femeninos registrados en la vía pública, 44.4 por ciento eran solteras; 23.1 por ciento eran casadas; 20.4 por ciento vivían en unión libre y 5.6 por ciento eran divorciadas.

De las mujeres que fueron asesinadas en su hogar, 5.3 por ciento de tenía una carrera profesional; 4.2 por ciento tenían bachillerato terminado; 8.5 por ciento habían terminado estudios de secundaria; 9.5 por ciento concluyeron la primaria. Sólo 1.1 por ciento no tenía escolaridad; 19 por ciento no tenía un trabajo formal; 11.1 por ciento laboraba en servicios personales y vigilancia; 3.2 por ciento eran comerciantes; 0.5 por ciento eran funcionarias, directoras o jefas y 1.6 por ciento eran profesionistas o técnicas.
Infografía realizada por Jovana Espinosa Orta, Brenda Sánchez Núñez y Priscila Hernández Flores
* Reportaje colaborativo coordinado y elaborado por periodistas de la Red Nacional de Periodistas de Chiapas, Jalisco, Ciudad de México, Guanajuato, Hidalgo, Puebla, San Luis Potosí, Tamaulipas y Tlaxcala con motivo del 25 de noviembre, Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres.
CIMACFoto: César Martínez López

Cimacnoticias | Tamaulipas, Tam.- 

Alianzas con el pueblo, no con el poder: Marichuy


Sentar las bases de una organización en resistencia después del 2018



La meta de la vocera del Concejo Indígena de Gobierno (CIG), María de Jesús Patricio, va más allá de conseguir que una mujer indígena gane la Presidencia de México, el objetivo es más ambicioso: se trata de visibilizar, una vez más, a las comunidades indígenas pero sobre todo de sentar las bases de una organización civil que se mantenga activa, vigilante y casi en resistencia después de las elecciones de 2018.
“A veces no se entiende porque tenemos la costumbre que nos han dejado los partidos: que todo es a través de un partido”, explicó a Cimacnoticias María de Jesús, Marichuy, como le dice la gente, “la indígena nahua postulada por el CIG y en Congreso Nacional Indígena (CNI)” para buscar lo que parece imposible, una candidatura independiente que la lleve a competir con los nueve partidos políticos nacionales por la Presidencia de la República.

En medio de sus recorridos por el país para conseguir cuando menos 1 por ciento de firmas del electorado en 17 entidades federativas (866 mil 593 firmas) la vocera hizo un descanso de dos días para atender a los medios de comunicación y exponerles el proyecto inspirado en la filosofía del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) que en 1994 se alzó en armas para hacer que la sociedad volteara a ver a los invisibles.   
A 23 años de que los indígenas exigieran una nueva relación con el Estado, la candidatura indígena de una mujer molesta e incomoda a políticos y ciudadanos. La tachan de ser la candidata zapatista, de querer dividir el voto de la izquierda o de restar apoyos a Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), partido que por primera vez competirá en una elección presidencial. También dudan de ella porque no creen que pueda gobernar.  
Por otro lado es arropada por universitarios, agrupaciones civiles y una comunidad intelectual donde destacan personalidades como el escritor Juan Villoro, el cantautor Óscar Chávez y el artista gráfico Francisco Toledo, quienes hasta el 4 de diciembre habían conseguido 80 mil 883 firmas que, como dice el CIG, son apoyos que se traducen en conciencias convencidas.
En un edifico que sirve de oficina del CIG en la colonia Doctores, en la Ciudad de México, Marichuy habla de las aspiraciones de los pueblos indígenas. Siempre habla en plural porque no olvida que su voz representa a una colectividad y en su disertación repite palabras como dolor, comunidad, despojo y organización, conceptos que inspiran su andar por el país.   

UNA PROPUESTA DE IRRUPCIÓN

Conforme pasa el tiempo la lista de aspirantes a la Presidencia de México se va aclarando. Habrá por lo menos tres candidatos con posibilidades de ganar. Uno postulado por Morena, otro por el Partido Revolucionario Institucional (PRI) y otro más por el Frente Ciudadano por México, conformado por los partidos de la Revolución Democrática (PRD), Acción Nacional (PAN) y Movimiento Ciudadano (MC).
Además de estos candidatos hay una oleada independiente de personajes políticos que aspiran a la candidatura sin el aval de siglas partidarias. Marichuy es una de las mujeres que busca una postulación, pero ciudadana para que su nombre y su proyecto aparezca en las boletas electorales el próximo 1 de julio de 2018.
A la pregunta de por qué participar en un proceso electoral si el CIG se ha mantenido alejado de la política y ha optado por la autonomía, Marichuy responde que su participación es una propuesta de irrupción en un país donde la práctica cotidiana de cada seis años es que el gobierno acuerda, desde arriba, quién continúa en el poder y cómo seguir despojando a los pobres y a las comunidades indígenas.
“La propuesta de participar en esto es para sacudir a México y que los pueblos sean visibles, los pueblos que realmente están sufriendo esas políticas que se construyen desde arriba, los mega proyectos capitalistas que han traído muerte y destrucción. Más que beneficios ha sido un despojo de las aguas, de los recursos naturales, de las tierras, de las riquezas que se tiene”.
En este escenario, continua: “se pensó qué vamos a hacer. No podemos seguirnos encontrando y seguir manifestando nuestros dolores y nuestras rabias si no se da un paso más adelante. Es un llamado a que volteen a ver la problemática real que están dejando estos proyectos extranjeros que solamente les interesa el dinero y el poder para poder dominar a los que estamos abajo”.
El CIG está conformado por mujeres y hombres que representa a sus pueblos indígenas. Si María de Jesús Patricio llegara a obtener la candidatura cada paso que dé debe ser avalado por las y los concejales porque su filosofía marca que el pueblo sea el que gobierne y el gobierno el que obedezca, uno de los siete principios zapatistas.
“A veces no se entiende porque tenemos la costumbre que nos han dejado los partidos: que todo es a través de un partido. ¿Pero quienes han diseñado esas políticas, pues solamente los de arriba? Nosotros pensamos que se puede construir otra, desde abajo, otra donde no solamente vayamos y llevemos a alguien allá, por eso se pensó en algo más grande, colectivo, son los concejales, ahorita van más de 150 y todos ellos juntos serían el gobierno”.  
La idea es provocadora para una parte de la población pero para otra es muy difícil creer que las mujeres indígenas y pobres deban o puedan llegar al poder. Aun así, las razones de Marichuy son muchas. “(¿Para qué?) Para ya no permitir esos despojos que se están haciendo, esas contaminación de las aguas, esa imposición de proyectos extranjeros, que no se consulta a las comunidades; al contrario, que se les impone”.

RECONSTRUCCIÓN PARA TODOS

En su caminar por los rincones del país, esta jalisciense, médica tradicional, ha confirmado el diagnóstico de sus compañeras y compañeros, un despojo de los bienes comunes pero también de los cuerpos y la cultura y un desprecio por los pobres que viven sin educación ni salud.
“Ante los intentos organizativos de las comunidades por defender los recursos naturales, el agua, la tierra, viene la represión, la desaparición de algunos líderes o comunidades. Personas que están al frente los han desaparecido o encarcelado. Viene esta destrucción masiva, viene con todo. Se ve más triste la situación yendo directamente a las comunidades y que ellas lo planteen desde su misma vivencia”.
En Veracruz las tierras han sido concesionadas para la extracción de petróleo, en Puebla para la construcción de hidroeléctricas, en Oaxaca para imponer eólicas. De esos proyectos habla cuando se refiere al despojo del territorio, la tierra, los bosques y el agua pero también se refiere al exterminio de manifestaciones sociales y culturales como la partería o el despojo de la lengua, vestimenta y herbolaria medicinal indígena.
“Justamente para eso es la propuesta, para escuchar todos esos dolores y juntos buscar formas de cómo le vamos a hacer para reconstruir este México desde abajo. Pensamos que los pueblos indígenas solos no podemos dar un paso más allá porque este monstruo es gigante, entonces, por eso, en este caminar vamos haciendo un llamado a los diferentes sectores de la sociedad que también sienten que es necesaria la unidad para poder hacer una fuerza grande e impedir que nos sigan destruyendo”.
Si la vida y la permanencia de los pueblos está en juego, en el CIG se pensó en hacer algo más para tejer redes entre las comunidades y participar en un proceso que sirva para acercarse a quienes no son parte del CNI pero que están viviendo y luchando con el ánimo de que algún día sus pueblos sean respetados.

“VOTEN POR QUIEN QUIERAN”

El reloj sigue avanzado y Marichuy tiene hasta el 19 de febrero para recolectar firmas. Hasta diciembre la vocera y aspirante a candidata había conseguido 9.3 por ciento de los apoyos necesarios para lograr su registro. Existe la posibilidad de que no llegue a la meta, sin embargo, eso de ninguna manera sería un fracaso. El éxito está en aprovechar la vorágine electoral para llevar su mensaje.
“Lo más importante es la organización. Si no logramos conseguir el millón de firmas que se ocupan para ser candidata, como lo dijimos desde el principio, nuestra propuesta era organizativa, que surgiera algo nuevo desde abajo porque está claro que quien llega arriba, al poder, se corrompe, venga de donde venga, del color que sea, porque ya está algo diseñado arriba”.
Para los pueblos originarios si no hay organización de nada sirve que Marichuy sea candidata. “Vamos a seguir insistiendo para que se entienda y quede claro. Sí, aspiramos al poder pero al poder del pueblo, que el pueblo decida qué se hace y qué no se hace, que diga si le gusta lo que están haciendo o no. Que el que está arriba escuche al que está abajo, y esa es nuestra insistencia por donde vamos pasando”.
La vocera cuenta una anécdota que sintetiza el pensamiento del CIG: En una comunidad una señora le dijo que estaba de acuerdo con ella. “Los voy a apoyar pero ¿puedo votar por fulano de tal?”. A esta pregunta la aspirante presidencial le dijo que votara por quien quisiera. “Lo que estamos diciendo es que se organicen desde abajo, como comunidad porque antes de ser de un partido somos de una comunidad”.
Al escuchar los discursos de esta nahua y de las concejalas que junto a ella toman la palabra, parece que solo se dirigen a los pueblos. ¿A quién le habla en los mensajes que da? se le pregunta.  
“A todos los mexicanos. Lo hemos dicho en algunas ocasiones, es una propuesta que surge de los pueblos para México ¿y que es México? pues incluye a obreros, estudiantes, amas de casa, trabajadores del campo y la ciudad, todos los sectores”. Por esa razón el CNI ha creado nueve grupos de trabajo donde creen que caben todas y todos: tierra y territorio; autonomía; justicia; mujeres; jóvenes y niños; personas con discapacidad; migrantes y desplazados; trabajo y explotación.
La campaña de esta indígena no es la típica campaña porque aunque recorre el país pidiendo firmas no ofrece nada, al menos no ofrece las despensas, pintura o gorras, ni siquiera la construcción de clínicas o fábricas, más bien parece que va en caravana escuchando. Cuando la gente le pregunta cuál es su proyecto la respuesta es simple. “El proyecto tiene que surgir de abajo, si no sería lo mismo, ya llevamos algo diseñado y les decimos sabes qué, va a ser esto”.
Los nueve grupos de trabajo son el comienzo de la redacción colectiva de ese proyecto.

Y CONTRA EL PATRIARCADO

“El silencio, el miedo, el machismo y el patriarcado capitalista que nos mal gobiernan son el odio mismo de los poderosos contra la vida”, pronunció la vocera el 27 de septiembre durante un mitin en el municipio de Nezahualcóyotl, en el Estado de México, entidad donde el feminicidio y la violencia contra las mujeres es una constante.
Sobre el patriarcado, concepto que pareciera apropiado por las citadinas, también tiene una posición. “Los proyectos o programas que ha implementado este sistema capitalista ha sido diseñado solamente por hombres. Al no considerarse la participación de las mujeres es que hay un proyecto que está excluyendo y que está diseñado solamente por hombres, por eso decimos patriarcado, porque si hubiera la participación de las mujeres sería diferente”, afirma.
“Vemos que hay una fuerte discriminación contra las mujeres, que se considera que su opinión no vale. En las comunidades es más fuerte porque se considera que la mujer solamente es para tener hijos y atender la casa, no para participar en la organización propia de la comunidad. Son estas estructuras diseñadas capitalistas patriarcales, porque están pensando en donde nada más pueden caber los hombres”.
Hablar del patriarcado con las poblaciones indígenas no es tema fácil por eso la vocera siempre está acompañada de las concejalas, son ellas quienes dan la cara y van al frente para mostrar que también son líderes y deben gobernar. “Son las que están al frente porque a los maridos más rápido los quitan, los hacen a un lado, los encarcelan, los desaparecen. Nos hemos dado cuenta que hay mujeres que están participando muy decididamente”.
Aunque hay líderes que la critican por no buscar una alianza con los partidos de izquierda o quienes esperan que decline a favor de alguien más, Marichuy está decidida a seguir firme. “Hemos planteado que más que aliarnos arriba es aliarnos abajo, con la gente del pueblo, con los diferentes sectores, con los pueblos indígenas. Esa es nuestra tirada principal, la organización desde abajo. Nuestra mirada va a estar hacia abajo, con los pobres, con los trabajadores del campo y la ciudad”.
Y si no se juntan las firmas el trabajo continúa. “Quedemos o no quedemos lo más importante es lo que vamos a construir, es lo que tiene que quedar para después, porque los gobiernos ya están pensando cómo van a implementar sus proyectos para después del 2018. No nos podemos organizar para aquí y ya, cada quien vuelve a su comunidad. Nuestra tirada es a la organización para después. ¿Cómo vamos a sobrevivir, cómo vamos a conservar nuestras comunidades, nuestras tierras, agua, bosque? Solamente unidos”.

CIMACFoto: César Martínez López
Por: Anayeli García Martínez
Cimacnoticias | Ciudad de México.- 

Denuncian hostigamiento contra defensora de DH española


Helena Maleno fue citada a declarar en Marruecos



La investigadora experta en migraciones y defensora de Derechos Humanos, Helena Maleno Garzón, tendrá que prestar declaración ante un juez de instrucción en Marruecos hoy, martes 5 de diciembre. En el sumario figura una investigación policial abierta en España.
La investigación busca relacionarla con las mafias del tráfico de personas, citando llamadas -que realiza como parte de sus labores de defensora de Derechos Humanos- a Salvamento Marítimo, alertando del naufragio de pateras y del hundimiento de las mismas en las costas de España con el único objetivo de salvar vidas.
El pasado miércoles 29 de noviembre Maleno recibió un citatorio judicial para acudir a declarar ante el Tribunal de Apelaciones de Tánger este próximo martes.
Esta investigación se enmarca en un momento muy difícil para  las personas defensoras de Derechos Humanos que, como ella, ven criminalizado su trabajo por el simple hecho de denunciar las vulneraciones de Derechos Humanos que se cometen contra la población migrante.
“Yo estoy tranquila, confío en el tribunal marroquí, sé que está haciendo su trabajo como tribunal de investigación. Acudiré a la declaración y contaré quién soy, cuál es mi labor como defensora, y que mi empeño es siempre la salvaguarda del derecho a la vida de las personas”, sentencia la defensora Helena Maleno.
El pasado 1 de diciembre, el hostigamiento hacia ella fue comunicado al Relator Especial de las Naciones Unidas sobre la situación de las y los defensores de Derechos Humanos. Al mismo tiempo se ha preparado un manifiesto en apoyo a Maleno que hasta el momento ha sido refrendado por más de 70 organizaciones internacionales y nacionales.
Las organizaciones como la Fundación del Consejo General de la Abogacía Española, Red Migrantes con Derechos, Front Line Defenders, Women’s Link Worldwide, Coordinadora de Barrios, Parroquia San Carlos Borromeo, Coordinadora de Organizaciones de Desarrollo de España, entre otras, han manifestado su apoyo a Helena Maleno y denuncian la criminalización de su trabajo, que entienden que es una forma de promover el miedo y de amedrentarla por el importantísimo trabajo que viene realizando durante años en la frontera sur.
*Este artículo fue retomado del portal de la revista feminista Tribuna Feminista.
Imagen retomada del portal Tribuna Feminista
Por: la Redacción*
Cimacnoticias | Madrid, Esp

¡Yo sí te creo!


Desde la Luna de Valencia
Por: Teresa Mollá Castells*



Esta semana ha quedado visto para sentencia el juicio contra los cinco malnacidos que violaron a una joven en Pamplona en las fiestas de los sanfermines del 2016.
Como hemos visto, los abogados de la defensa han utilizado todo tipo de estratagemas para desviar la atención mediática de sus clientes y hacerla recaer sobre la víctima, cuestionando como siempre, su verdad. En este caso la cuestión iba sobre el consentimiento o no a esas relaciones sexuales y sobre si hubo o no intimidación.
He de reconocer que leyendo algunas informaciones sobre esta estrategia me he planteado hasta qué punto está instalada en nuestro espacio simbólico colectivo la idea de que en el espacio público quien tiene la última palabra son siempre ellos.
Me parece muy cuestionable la deontología profesional de estos letrados al utilizar los argumentos que han utilizado, pero ellos sabrán los motivos. Lo que tengo muy claro es que la víctima, que ellos revictimizaron en el juicio, no creo que les pueda perdonar. Yo no podría hacerlo.
Pero sobre lo que hoy quería reflexionar es sobre la responsabilidad que tiene ahora el tribunal que ha de dictar la sentencia. Y lo digo en varios sentidos.
Si absuelve a los violadores de la manada, a esos malnacidos cretinos, estará dando carta de naturaleza a quienes entienden que violar a mujeres y niñas es algo implícito a la condición de hombre y que va mucho más allá del deseo sexual. Se trata de la máxima expresión del sometimiento de las mujeres a manos de cualquier hombre. Es una peligrosa manera de entender la masculinidad y, por ello habrá que analizar con lupa esa sentencia y no sólo en los términos jurídicos, sino también en términos sociológicos y, por supuesto, con las gafas moradas puestas.
Además si se cuestiona la verdad de la víctima, el tribunal seguirá aplicando la máxima de la falta de equidad a la hora de creer a mujeres y hombres por igual. O sea que dará por buenos los mitos existentes sobre las verdades de voces de las mujeres. Y esas verdades siempre son cuestionadas porque el patriarcado así lo ha impuesto.
Si estos dos argumentos no son ya de por sí delicados, queda también el del impacto social, puesto que al ser un juicio tan mediático se han puesto en evidencia temas como lo que puede o no ser el consentimiento de las relaciones o lo que puede o no ser intimidación.  
¿Se imaginan ustedes una situación inversa? Que sean cinco mujeres jóvenes y vigorosas las que hubieran acorralado a un joven solo en un portal y le hubiesen obligado a realizar algunos actos a los que él no dice no porque se siente intimidado, pero queda hecho una piltrafa cuando ellas, ya satisfechas de su felonía, desaparecen.
¿A que cuesta de imaginar? Y cuesta de imaginar porque, pese a todos los avances conseguidos en materia de igualdad, el patriarcado sigue manifestando todo su poder en todos los ámbitos. Y el de los excesos en la calle es uno de ellos.
El sentido de la posesión, el de invencibilidad, el de "me apetece, lo tomo" sin mesura, son algunas características de este tipo de malnacidos que abusan de todo. Ni imaginarme quiero al miembro de la manada que es guardia civil y que tenga que acudir a defender a una mujer que haya sido agredida por su pareja. En qué situación puede quedar esa señora...
Al patriarcado le interesa que haya este tipo de malnacidos para recordar quienes tienen el poder. Y también que haya letrados que no solo cuestionan la verdad de la víctima, sino que hacen recaer sobre ella y su vida posterior toda la culpa de lo sucedido. Y es que hubo momentos en los que no se sabía si estaban juzgando a la manada o a la víctima de la violación en grupo de estos malnacidos.
Afortunadamente la fiscal, Elena Sarasate, puso nombre a las cosas. Y en su alegato final describió la acción como "conjunta y organizada" y que los hechos "se produjeron sin consentimiento y bajo violencia e intimidación. Cuando los acusados terminaron y consiguieron lo que querían, la dejaron tirada y semidesnuda".
En su intervención, esta fiscal desmontó el estereotipo del consentimiento. Es decir no hace falta decir NO para que no exista consentimiento. En todo caso, si no existe un SI claro, no se tiene porqué entender que haya habido consentimiento claro.
Y vuelvo a la responsabilidad del tribunal a la hora de dictar sentencia por todo lo que este caso ha puesto patas arriba.
Es posible que pese a la terrible lentitud con que se va moviendo todo lo que afecta a las violencias machistas y a las vidas de mujeres y criaturas que este terrorismo se lleva por delante, alguna cosa cambie.
Pero el patriarcado sigue ejerciendo su férrea posición y no va a permitir grandes cambios, y por ello quienes dicten sentencia, impregnados como están de filosofía patriarcal, en el mejor de los casos reconocerán los hechos y aplicarán penas más o menos ajustadas, pero no creo que se atrevan a aludir al daño moral causado a la víctima. Ese daño que la acompañará el resto de su vida y que nadie podrá reparar. Ese daño será la victoria del patriarcado sobre esa joven, y sobre todas las mujeres en forma de miedos constantes a ser agredidas por malnacidos hijos sanos del patriarcado asesino.
También este caso mediático está entrando en las escuelas y haciendo reflexionar a familias y personal docente sobre valores como el respeto, la aceptación del NO, la resolución pacífica de conflictos, etc.
Seguramente dentro de unos años seamos capaces de reflexionar y de avergonzarnos como sociedad por no haber creído a esta mujer joven y de cómo algunos abogados son capaces de cuestionar esa voz sin importarles el daño moral que infligen ni la dignidad de la propia víctima.
Y es que como siempre ha dicho mi señora madre, de los errores también debemos aprender.
A ver si somos capaces, como sociedad, de evitar sufrimientos innecesarios y juicios paralelos a las víctimas de las violencias machistas de todo tipo.
* Corresponsal, España. Comunicadora de Ontinyent.

CIMACFoto: César Martínez López
Cimacnoticias | Ontinyent, Esp.

En Castilla-La Mancha niñez en orfandad por feminicidio será atendida por el gobierno


Incluyen en Ley artículo para atender a infancia   


Tras el asesinato de su madre, los hijos e hijas de víctimas de feminicidio serán considerados en la comunidad de Castilla-La Mancha, España, en situación de “orfandad absoluta” sin importar que el padre siga con vida.
En la “Ley Para una Sociedad Libre de Violencia de Género en Castilla-La Mancha”, que preparan las autoridades de la comunidad autónoma de España, incluyen en el Artículo 24 la “Atención específica a hijas e hijos menores y otros familiares” en la que el Estado tiene la obligación de otorgar a esta niñez asistencia psicológica “especializada adaptada a sus necesidades”.

Cimacnoticias consultó el anteproyecto de ley –publicado hace unos días- que será tramitado en 2018 por las autoridades españolas, donde también se plantea que en caso del asesinato de una mujer cometido por razón de género, el gobierno “prestará asistencia jurídica a familiares hasta el segundo grado de consanguinidad de la víctima”.
Si la niñez se encontrara en situaciones de riesgo, la Junta de Comunidad de Castilla-La Macha (institución que organiza al autogobierno de esta comunidad autónoma) tiene la responsabilidad de adoptar las medidas de protección correspondientes.
El término de “orfandad absoluta” se describe en la disposición adicional segunda de esta ley y precisa que los menores de edad cuya madre ha sido víctima de feminicidio tengan el derecho a los programas sociales aunque “el progenitor siga con vida”.

De acuerdo con información del gobierno local esta ley ya fue revisada por 90 organizaciones de la sociedad civil de esta localidad y será tramitada en enero-febrero de 2018 para su aprobación.
A estas acciones se suman a la anunciada por el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, quien en la conmemoración del Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres (25 de noviembre) informó que a partir del 2018 el gobierno entregaría 4 mil euros (88 mil pesos mexicanos) a los hijos e hijas de víctimas de feminicidio.
En España la cobertura legal y el respaldo de la seguridad social a la niñez en esta situación es una medida que demandaron las asociaciones civiles y fue plasmada en el Pacto de Estado Contra la Violencia Machista.
El Pacto fue aprobado por el Congreso de Diputados del país en septiembre de este año, y entre las demandas que se hizo al gobierno español es que desarrolle un plan integral para prevenir, proteger y reparar el daño a menores de edad víctimas de violencia de género, y que los considere como “víctimas directas” para garantizarles los derechos que tienen como tal.
Según datos del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) de 2006 hasta octubre de 2017 fueron asesinadas en España 712 mujeres.
En 2016, 36 por ciento de las víctimas había formulado previamente una denuncia contra el victimario, es decir eran parejas o exparejas de víctima. En 2017, fueron un 19 por ciento.
Las cifras del Consejo también indican que en Castilla-La Mancha tiene una tasa de 46 denuncias de violencia de género por cada 10 mil mujeres.

DEBATE SOBRE ORFANDAD POR FEMINICIO

La adopción de medidas para atender a estas víctimas hasta ahora invisibles del feminicidio es un debate que está tomando fuerza en otros países. Por ejemplo, Argentina aprobó en septiembre pasado la “Ley Brisa”  para otorgar a apoyos económicos, educativos y psicológicos a la orfandad por feminicidio.
En República Dominicana ya cuenta con un protocolo especial para atender a esta infancia. Mientras en México aún se espera que la Cámara de Diputados avale la reforma al Artículo 26 Bis de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia,  con el fin de que el Estado cree programas de desarrollo social dirigidos a los hijos e hijas de madres víctimas del feminicidio.
CIMACFoto: César Martínez López
Por: Hazel Zamora Mendieta
Cimacnoticias | Ciudad de México.-

La Muestra : Poesía sin fin


La Muestra
Carlos Bonfil

El tiempo de la serenidad. A los 87 años, Alejandro Jodorowsky parece haber arrumbado en un desván una parte de la provocación esperpéntica de sus primeras obras iconoclastas (Fando y Lis, 1968; El topo, 1970, o La montaña sagrada, 1973) ese vuelco de la contracultura en un misticismo verboso. Aunque en Poesía sin fin (2016), su cinta más reciente, multiplica aún las ocurrencias de corte surrealista, con los viejos clichés de una representación de lo grotesco –un guiño a Fenómenos (Tod Browning, 1932), muchos más al Amarcord, de Fellini, o a La nave va, y en definitiva a Los payasos–, lo que prevalece es la sinceridad y el entusiasmo con que evoca sus tiempos juveniles en Chile. La cinta prosigue, finamente, el relato interrumpido en La danza de la realidad (2013), primera parte de una trilogía autobiográfica. Entre sus aciertos hay un notable trabajo del fotógrafo australiano Christopher Doyle (Deseando amar/ In the mood for love, Wong Kar Wei, 2000).

Poesía sin fin refiere la mudanza de la familia de un Alejandro adolescente (Jeremias Herskovits), desde el pueblo de Tocopilla hasta Santiago de Chile, donde el joven aspirante a poeta descubre fascinado el mundo de la bohemia literaria. Como en la cinta anterior –su infancia–, la figura del padre (Brontis Jodorowsky, hijo mayor del cineasta), sigue siendo la de un déspota insufrible, antiguo comunista estaliniano, convertido con el tiempo en mercader avaricioso. La madre es ternura contenida, abnegación disciplinada, que sólo se expresa mediante el canto, lo que en ambas cintas no deja de ser detalle estrafalario. El poeta imberbe exaspera al padre machista con su candor y delicadeza, sobre todo cuando lo descubre leyendo a su ídolo Federico García Lorca, en lugar de asistirlo, sin mariconadas, en las viriles faenas mercantiles.
Al llegar a la edad adulta y frecuentar a los poetas más renombrados del momento (años 40 y 50), a Enrique Lihn y, sobre todo, a Nicanor Parra, Alejandro (Adán Jodorowsky, su hijo menor), tendrá sus ritos de iniciación a la madurez a lado de la poetisa Stella Díaz Varín (Pamela Flores, quien también interpreta a la madre en un giro edípico inesperado), mujer bravía que intenta la misión casi imposible de lograr que el artista ponga al fin los pies sobre la tierra.
Nada anuncia en ese momento la vocación futura del director teatral y del cineasta underground, seguidor de Fernando Arrabal y luego practicante de la sicomagia, las fábulas pánicas y la filosofía zen. El joven Alejandro asiste aquí alucinado al misterio de la creación poética y a su reverso y negación total que representa la figura del padre tiránico, dictadorzuelo político local, y de cuya influencia es preciso liberarse, lo cual es sólo parcial, pues conlleva una automutilación inevitable. Los ritos de exorcismo de un Jodorowsky anciano (presente en la cinta) llevan la marca de un sosiego y un perdón impensables en el antiguo demoledor de los tótems patriarcales. Hay la certidumbre de un relevo generacional impostergable, y así la posibilidad de hacer al fin las paces con todo el mundo.
Se exhibe en la sala 8 de la Cineteca Nacional a las 15:30 y 21:15 horas.
Twitter: Carlos.Bonfil1

Confirma Corte Suprema de Justicia de la Nación, prisión domiciliaria para Milagro Sala


 Exige que se cumpla medida provisional de CoIDH
   


La Corte Suprema de Justicia de la Nación confirmó la prisión preventiva de la diputada del Parlasur Milagro Sala y ordenó que se cumpla la medida provisional dictada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos: la dirigente social debe abandonar el penal de Alto Comedero y cumplir prisión en su “domicilio habitual”.
La Corte dejó firme por unanimidad un fallo del Superior Tribunal de Justicia de Jujuy que había convalidado la prisión preventiva de Milagro Sala. La defensa planteaba que la detención era arbitraria porque no existe riesgo de fuga ni entorpecimiento y porque se violaron los fueros que tenía como diputada del Parlasur.
El máximo tribunal -con votos de los jueces Ricardo Lorenzetti, Elena Highton de Nolasco, Juan Carlos Maqueda y Horacio Rosatti- ordenó a los jueces jujeños que “con urgencia” cumplan la resolución dictada el 23 de noviembre por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH). El argumento fue que ante una situación de “extrema gravedad y urgencia” y ante la posibilidad de que se produzcan daños irreparables, el Estado argentino debe adoptar medidas para “garantizar la vida, integridad personal y salud”.
Según detalló la CoIDH, el Estado debe sustituir la prisión preventiva por “el arresto domiciliario que deberá llevarse a cabo en su residencia o lugar donde habitualmente vive” o cualquier otra medida menos restrictiva. Esta aclaración no es inocente: ante un planteo anterior de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) la Justicia jujeña había resuelto que cumpliera prisión domiciliaria en un inmueble que estaba destruido y que había sido construido para que funcionara un centro de rehabilitación para jóvenes.
La medida dispuesta por la Corte Interamericana fue adoptada a partir de una solicitud de la CIDH por el incumplimiento de una medida cautelar ordenada en julio por ese organismo.
Milagro está en reclusión desde el 16 de enero de 2016, cuando la justicia jujeña ordenó su detención por participar de un acampe frente a la Gobernación. A los quince días, dictó la libertad y también la prisión preventiva en otra causa. Actualmente tiene 12 expedientes abiertos en su contra que van desde asociación ilícita hasta amenazas. Aún no hay ninguna condena firme en su contra.
*Este artículo fue retomado del portal de noticias Cosecha Roja

Imagen retomada del portal Prensa Latina
Por: la Redacción*
Cimacnoticias | Ciudad de México.

La Muestra : Western

La Muestra
Carlos Bonfil

El derecho del más fuerte. ¿Un western alemán filmado en Bulgaria? Cuando a lado del nombre de Valeria Grisebach, directora de Western, figura, como coproductora, su compatriota Maren Ade, realizadora del celebrado delirio Toni Erdmann, la idea parece menos descabellada; en todo caso, mucho menos inocente de lo que podría uno suponer al principio. Retomar los códigos básicos del género fílmico estadunidense más emblemático y transformarlo en una alegoría europea de las relaciones de poder entre Alemania, un país que simboliza la prosperidad económica, y Bulgaria, una nación sin asideros firmes en la democracia, parecería de entrada una provocación y una apuesta narrativa muy azarosa. Por fortuna, la directora maneja el asunto con una solvencia artística y una sutileza tal que la película autoriza de inmediato múltiples interpretaciones.

En la época actual, un pequeño grupo de obreros alemanes acepta trabajar en Bulgaria en un proyecto hidráulico para la canalización de un río. Su llegada a la nación ex comunista, para ellos todavía territorio exótico y primitivo, potencialmente hostil, despierta en la mayoría un sentimiento inusitado de superioridad y la convicción de estar ahí para hacer las cosas mucho mejor que los lugareños, desde la grosera petulancia con que abordan a sus mujeres hasta el desenfado arrogante con que se apropian de un caballo o también su pretendida pericia técnica, privilegio de una nación desarrollada. En este westerneuropeo la dinámica de conquista va en un sentido inverso al de la vieja épica estadunidense: una región oriental, económicamente desfavorecida y culturalmente atrasada, recibe la visita, bastante ingrata, de los nuevos conquistadores de Occidente.
Como en todo buen western, hay un personaje taciturno y solitario, medianamente noble, que no comulga con la fanfarronería procaz de sus acompañantes. El correoso e impenetrable Meinhard (Meinhard Neumann) buscará establecer con los habitantes del terruño búlgaro un trato civilizado que consiga disipar, en lo posible, la desconfianza y las tensiones que crecen a un ritmo acelerado. La tarea será compleja y las motivaciones del protagonista nunca quedarán del todo claras.
La alegoría social que inevitablemente se desprende de esta cinta –como por lo demás también de la citada Toni Erdmann o de varios títulos en esta Muestra: The square, 1945Un minuto de gloria– es transparente: Europa atraviesa por una crisis de identidad y de valores que tiene en el cine una expresión cada vez más contundente. Desde los engreídos alguaciles de Bruselas hasta los más variados nacionalistas vistos todos como parias desleales o forajidos, el paisaje europeo semeja hoy un triste escenario de western. Los aficionados a ese género saben muy bien como suelen terminar las tramas.
Se exhibe en la sala 1 de la Cineteca Nacional a las 15:15 y 20:45 horas.
Twitter: Carlos.Bonfil1

12/08/2017

El itamita Nuño, de golpeador de profesores a matraquero del PRI. ¡Qué buen currículum!



Pedro Echeverría V.


1. Espero que los miles de profesores que el secretario de Educación Aurelio Nuño, suspendió y despidió del trabajo, hayan recuperado sus plazas. ¿Pueden imaginarse el nuevo papel de Nuño como coordinador de campaña del candidato “pepe Meade” después de escuchar las mil un amenazas y ceses que lanzó contra los maestros de la CNTE en sus más de tres años de luchas contra la mal llamada reforma educativa? Sin embargo sigo sin entender (a no ser por el miedo terrorífico a Peña) cómo la borregada del PRI fue fácilmente manipulada para apoyar a los itamitas (hijos de papi Meade y Nuño) teniendo el PRI en sus filas a cientos de experimentados políticos. ¿Estarán pensando en un cambio de candidato al “enfermarse” éste?

2. Varios miles de ciudadanos –protestando y repudiando la llamada Ley de Seguridad Interna- rodean la cámara de senadores de las avenidas Reforma e Insurgentes de la ciudad de México. El objetivo es evitar que los senadores aprueben esa ley represiva y fascista después de su aprobación por los diputados del PRI y PAN. ¿Se olvida que los legisladores pueden trasladarse a otro local para aprobar lo que el presidente Peña ha ordenado? Más aún, el presidente del senado, el panista Ernesto Cordero, ha pedido que lleguen las fuerzas armadas para reprimir a los miles que rodean la cámara. “¿cómo permitir el caos cuando están a la mano un millón de militares del ejército, la marina y otras fuerzas del orden?

3. Nuño tiene la orden de aplicar con los “cuadros priístas” la misma estrategia amenazante que usó contra los maestros: “el priísta que no trabaje, que no informe a sus jefes de sus actividades, perderá el salario y las compensaciones prometidas”. Y Nuño sigue con el estribillo: “Entiendan –ha dicho Nuño- así como la reforma educativa es la solución de los problemas de México, la candidatura del iluminado, nuestro compañero pepemeade, ayudará a México a pasar a la historia…, la geografía, las matemáticas”. ¿Qué más puede decir en campaña política un personaje que durante más de dos años ha repetido los mismos discursos amenazantes contra los maestros sin explicar nunca lo que entendía por reforma educativa porque nunca supo lo que era?

4. Se escribe, con razón, que los “itamitas” dominan el gobierno de México desde que se impuso en el país por los presidentes De la Madrid y Salinas, el neoliberalismo de Reagan, Thatcher y del papa Juan Pablo II. Se atestigua que el papá de todos ellos hoy, es el economista Pedro Aspe, el cerebro de Carlos Salinas. Si hiciéramos una lista de los itamitas en los máximos cargos del gobierno y las políticas que impusieron en el país que llevaron a un pueblo más miserable, a un inseguridad extrema, a una enorme migración a los EEUU y esto que hoy se llama delincuencia e inseguridad, concluiremos que ese es el resultado de las ideas de los itamitas que han terminado por destruir el país y han seguido manipulando a los trabajadores para evitar que se rebelen.

5. El ITAM (Instituto Tecnológico Autónomo de México) fue fundado en 1946 por los poderosos banqueros, industriales y grandes comerciantes. Su objetivo fue formar los mejores cuadros de profesionistas de la gran burguesía que se encarguen de dirigir el país. Sus profesores fueron seleccionados en función de los objetivos empresariales y sus estudiantes, todos, “hijos de papi”, es decir, seleccionados entre la clase dominante. Mientras en el ITAM y otros colegios privados para hijos de ricos forman a profesionistas para dominar, tanto en las escuelas de México el 80 por ciento de los niños acude a sus escuelas sin probar alimento alguno. Se busca crear mano de obra barata, así como trabajadores/esclavos que no aprendan a protestar.

6. Nuño, el itamita, fue un gigantesco fracaso en la SEP. Fue un perfecto ignorante que en sus discursos jamás pudo salir de cinco frases propagandísticas amenazantes. Los profesores la bautizaron como “el sargento Nuño” porque sólo se dedicaba a dar órdenes y a amenazar con represión y cesar del trabajo a los maestros de la CNTE que protestaban. La realidad es que esa campaña política de “pepemeade” y Nuño no levantará y los más probable es que tenga que cambiar candidato y director de campaña. ¿O es que se pretende que las fuerzas armadas entren ya desde estos días en acción contra el boicot de actos del PRI por abominable? De todas maneras nuestra obligación es ser críticos ante los hechos que se presenten. (7/XII/17)

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