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Especial / Amnistía Internacional y organizaciones defensoras demandan
protección efectiva para las mujeres que buscan a personas
desaparecidas.
La activista y fundadora de Voces Unidas por la Vida fue atacada a balazos junto con una de sus hijas en Culiacán.
La Secretaría de Gobernación (Segob) informó que brinda atención y acompañamiento a Alma Rosa Rojo Medina, fundadora del colectivo de búsqueda Voces Unidas por la Vida, y a su familia, luego del ataque a balazos que sufrió junto con una de sus hijas el pasado 29 de agosto en Culiacán, Sinaloa.
A
través de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV), personal
de la dependencia acudió al hospital donde permanecen las mujeres para
conocer su estado de salud, atender sus necesidades y dar seguimiento al
caso.
La
agresión ocurrió la tarde del sábado 29 de agosto, cuando Alma Rosa
Rojo viajaba en un vehículo junto con una de sus hijas, también
integrante de un colectivo de búsqueda.
Sujetos
armados dispararon contra el automóvil en la colonia Estela Ortiz de
Toledo, al sur de Culiacán. Ambas mujeres resultaron heridas y fueron
trasladadas a un hospital, donde permanecen bajo resguardo.
La Fiscalía General del Estado de Sinaloa abrió una carpeta de investigación por feminicidio en grado de tentativa
y mantiene entre sus líneas de investigación la posibilidad de que el
ataque esté relacionado con la labor de búsqueda realizada por Alma Rosa
Rojo.
Rojo Medina busca desde 2009 a su hermano, Miguel Ángel Rojo Medina,
quien desapareció en Sinaloa. A partir de entonces se incorporó a las
labores de búsqueda y se convirtió en una de las mujeres que han
encabezado la exigencia de verdad y justicia para las familias de
personas desaparecidas en la entidad.
Amnistía Internacional exige reconocer y proteger a las buscadoras
El ataque contra Alma Rosa Rojo ocurre en el marco del Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas,
conmemorado el 30 de agosto, y vuelve a colocar en el centro la
situación de riesgo que enfrentan las mujeres que buscan a sus
familiares.
Amnistía Internacional ha
advertido que las mujeres buscadoras realizan una labor de alto riesgo y
ha llamado al Estado mexicano a reconocerlas como defensoras de derechos humanos, además de garantizar que puedan acceder al Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas.
La
organización también ha documentado que las mujeres han asumido buena
parte de las labores de búsqueda ante las omisiones y deficiencias
institucionales para localizar a las personas desaparecidas.
En
su pronunciamiento sobre el ataque contra Alma Rosa Rojo, Amnistía
Internacional llamó a las autoridades a garantizar su protección,
investigar los hechos y considerar su labor de búsqueda dentro de las
líneas de investigación.
La exigencia
resulta particularmente relevante frente a un contexto en el que, de
acuerdo con información recuperada por la propia organización, al menos 45 personas buscadoras han sido asesinadas o desaparecidas desde 2010. Amnistía Internacional lamenta profundamente los ataques contra Alma
Rosa Rojo, fundadora del colectivo de madres buscadoras Voces Unidas por
la Vida, y su hija, ocurridos en Culiacán, Sinaloa. El primero ocurrió
en 2014 y el más reciente, el pasado 29 de agosto.
Buscar a una persona desaparecida también pone en riesgo a las mujeres
Amnistía Internacional documentó en su informe Desaparecer otra vez: violencias y afectaciones que enfrentan las mujeres buscadoras en México que 97
por ciento de las mujeres consultadas afirmó haber enfrentado algún
tipo de violencia o afectación relacionada con su labor de búsqueda.
La
investigación, basada en la experiencia de más de 600 mujeres,
identificó un patrón de violencias que incluye amenazas, ataques, desplazamiento forzado,
violencia institucional y otras agresiones. El informe señala además
que la búsqueda de personas desaparecidas se desarrolla en un contexto
de discriminación estructural contra las mujeres.
Por
ello, el caso de Alma Rosa Rojo no sólo plantea la necesidad de
esclarecer quiénes dispararon contra ella y su hija. También vuelve a
poner sobre la mesa la responsabilidad del Estado de garantizar que las mujeres puedan buscar a sus familiares desaparecidos sin poner en riesgo su vida.
La
atención anunciada por Segob representa un primer paso para acompañar a
las víctimas; sin embargo, colectivos y organizaciones de derechos
humanos mantienen la exigencia de que la protección sea efectiva, que se
investigue el ataque con perspectiva de género y que se determine si su
labor como buscadora fue un motivo de la agresión.
IM-DEFENSORAS.- Ciudad
de México.- Este 2026 se cumplen 10 años del feminicidio de la
defensora del territorio y de los derechos del pueblo Lenca en Honduras,
Bertha Isabel Cáceres Flores y hasta ahora, el caso continúa en
impunidad ya que los autores intelectuales del crimen continúan sin ser
responsabilizados y el caso se encuentra en proceso de ser investigado
por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
El caso
de la defensora indígena Bertha Cáceres en Honduras es uno de los más
emblemáticos en Centroamérica. El 2 de marzo de 2016 fue asesinada en su
casa en La Esperanza, cuando hombres armados ingresaron a su vivienda
durante la noche y de dispararon causando su muerte. Las investigaciones
determinaron que se trataba de un crimen premeditado para silenciar la
oposición del proyecto Agua Zarca, una central hidroeléctrica
planificada sobre el Río Gualcarque e impulsada por Desarrollo
Energético S.A. (DESA).
El pasado enero de 2026, el Grupo
Interdisciplinario de Expertas y Expertos Independientes (GIEI) de la
Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) determinó que el
Estado hondureño conocía la planificación del feminicidio de Bertha
Cáceres desde enero de 2016, dos meses antes de que se llevara a cabo.
A
raíz del aniversario de su muerte, una delegación conformada por
defensoras mesoamericanas como la Red Nacional de Defensoras de Derechos
Humanos en Honduras, la Iniciativa Mesoamericana de Mujeres Defensoras
de Derechos Humanos (IM-Defensoras), Consorcio Oaxaca y la Red Nacional
de Defensoras de Derechos Humanos en México se reunieron del 28 de
febrero al 2 de marzo en La Esperanza, Intibucá para conmemorar su
asesinato.
La labor que realizan las defensoras de la tierra y el
territorio es fundamental, de acuerdo con IM-Defensoras, en Mesoamérica
son ellas quienes sostienen la vida de sus comunidades frente al
despojo, la contaminación y las amenazas al bien común. Por ello, son
quienes mayormente reciben ataques constantes por su labor. Entre
octubre de 2024 y septiembre de 2025 documentaron 93 agresiones contra
14 defensoras y 3 organizaciones que defendían estos derechos.
A
partir del análisis de cientos de horas de intervenciones telefónicas
realizadas en una investigación penal iniciada en 2015, el GIEI
documentó que antes del feminicdio de Berta Cáceres, se llevaron a cabo
al menos cinco incursiones a La Esperanza, lugar donde residía la
defensora, entre el 22 de enero y el 28 de febrero de 2016. En ellas
participaron Douglas Bustillo, Mariano Díaz y Henry Hernández en
acciones de vigilancia, seguimiento y preparación logística del crimen.
A
pesar de contar con interceptaciones telefónicas en tiempo real en las
que se hablaba de pagos y planes para asesinarla, el Estado hondureño no
activó mecanismos de prevención ni adoptó medidas para protegerla. Esta
omisión, concluyó el GIEI, constituyó una grave violación a su deber de
proteger la vida de la defensora.
Sumado a ello, también se
develó a partir de un análisis financiero que fondos de bancos
internacionales de desarrollo —principalmente del Banco Centroamericano
de Integración Económica (BCIE) y del Banco de Desarrollo de los Países
Bajos (FMO), destinados formalmente al proyecto hidroeléctrico Agua
Zarca— fueron desviados para financiar actividades ilícitas vinculadas a
la gestión violenta del conflicto territorial y, en última instancia,
el asesinato de Berta Cáceres.
El GIEI documentó que tras el
asesinato de Cáceres, se realizaron operaciones financieras para pagar a
la célula que ejecutó el crimen, mediante cheques cobrados en efectivo y
movimientos irregulares que permitieron convertir recursos
empresariales en pagos directos a los responsables. Estos mecanismos
evidenciaron la existencia de una estructura financiera diseñada para
sostener la violencia y garantizar la ejecución del asesinato.
El modus operandi,
no solo fue utilizado para financiar el asesinato, sino también
actividades previas como vigilancia, inteligencia, incursiones armadas y
logística. El GIEI identificó patrones reiterados de fragmentación de
montos, uso de empleados de bajo rango como cobradores y pagos por
servicios inexistentes, lo que permitió vincular directamente los flujos
de dinero con los autores materiales del crimen y con operaciones
violentas anteriores.
Agua Zarca, el proyecto contra el que lucho la defensora
El
proyecto Agua Zarca fue una central hidroeléctrica planificada sobre el
Río Gualcarque, Honduras, impulsada por Desarrollo Energético S.A.
(DESA). Desde sus inicios, generó controversia y una oposición,
principalmente de las comunidades indígenas lenca, por el acceso al agua
y la afectación a sus derechos territoriales.
La resistencia fue
liderada por Berta Cáceres, quien desde el 2013 señaló el
involucramiento de intereses privados, el gobierno y el Ejército
Nacional para la aprobación y desarrollo del proyecto. Asimismo,
denunció la nula consulta previa, libre e informada sobre la
construcción de la central hidroeléctrica en un espacio con significado
espiritual.
La
oposición al proyecto estuvo ligada a la violencia y represión contra
defensoras y personas de la comunidad lenca. Integrantes del Consejo
Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras
(COPINH) fueron atacados, criminalizados y amenazados, lo que llevó al
asesinato de Tomás García, líder indígena, a manos del Ejército
Nacional, provocando que, tanto la constructora china Sinohyfro y el
Banco Holandés de Desarrollo Empresarial (FMO) abandonaran el
financiamiento del proyecto.
El punto de quiebre de una lucha
llegó el 2 de marzo de 2016, cuando Berta Cáceres fue asesinada en su
casa en La Esperanza, Intibucá. Sicarios contratados, irrumpieron en su
hogar y le disparan, provocando también que el activista Gustavo Castro
resultara herido.
Las investigaciones determinaron que se trataba
de un crimen premeditado para silenciar la oposición del proyecto. En
2018, un tribunal condenó a siete hombres —entre los que figuraron
sicarios, exmilitares y empleados de DESA— como autores materiales.
También se señaló la responsabilidad de Sergio Rodríguez por identificar
a Berta como objetivo y proporcionar información vital para ejecutar el
asesinato.
Tres años después, David Castillo, presidente de DESA y
exoficial de inteligencia militar, fue condenado como co-autor
intelectual del crimen, pues se comprobó que coordinó a los sicarios y
uso su influencia para vigilar y castigar a Berta Cáceres antes de su
asesinato.
Tras
su muerte, el proyecto Agua Zarca quedó suspendido. Su lucha inspiró
movimientos ambientales en América Latina y puso en evidencia los
riesgos que enfrentan los defensores del medioambiente en la región. Su
familia y el COPINH continúan exigiendo justicia para los responsables
de más alto nivel.
Recordando a Berta Cáceres
De
acuerdo con información del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e
Indígenas de Honduras (COPINH), Berta Isabel Cáceres Flores, nació en
el municipio de La Esperanza, Intibicà el 4 de marzo de 1971, era la
hija menor de doce hermanas y hermanos. Su vida se caracterizó
porque creció bajo un régimen conservador y gobierno autoritario, por lo
que sus primeros años se vieron marcados por la lucha contra el
conservadurismo militar.
Mientras
estudiaba en el Jardín de Niños “Esperanzano” y más tarde en la Escuela
Guia Técnica número 12 “Juan Emilio Flores”; acompañaba a su madre a
las labores de enfermería y asistencia médica hacia las mujeres en labor
de parto, pero también estuvo en las luchas solidarias de los
movimientos sociales llevando el correo entre la insurgencia.
Cuando
cursó la secundaria en el Instituto Departamental de Occidente y
posteriormente entró a la Escuela Normal Mixta de Occidente, militó en
la Organización Patriótica Estudiantil Lempira (OPE-L) haciendo trabajo
clandestino contra la Doctrina de la Seguridad Nacional y la presencia
militar de Estados Unidos en Honduras.
Después de graduarse como
maestra en 1988, participó en la Gran Ofensiva General del Frente
Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN). En 1989, impulsó
programas de educación popular y fundó Acción Cultural y Ecológica de
Rescate (HACER) para preservar la cultura Lenca y la defensa del medio
ambiente. Más tarde, trabajó en la organización y capacitación de
mujeres de la Organización Parroquial de Intibucá.
En 1993,
co-fundó el Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de
Honduras (COPINH) que fue clave en la lucha por los derechos del pueblo
lenca y la protección de recursos naturales. Gracias a su liderazgo,
logró victorias como la expulsión de aserraderos industriales, la
creación de municipios indígenas y la ratificación del Convenio 169 de
la OIT sobre los derechos de los pueblos indígenas.
Además,
organizó eventos internacionales en defensa del medio ambiente y la
autodeterminación de los pueblos, así como la promoción de la inclusión
política de las mujeres y la fundación de radios comunitarias indígenas
para amplificar la voz de su movimiento.
No
obstante, enfrentó persecución y criminalización por su activismo. Su
oposición al proyecto hidroeléctrico Agua Zarca, impulsado por la
empresa DESA y financiado por bancos internacionales la posicionó bajo
la mira y en 2015, ganó el Premio Medioambiental Goldman.
Finalmente,
aunque murió en marzo de 2016 generando indignación a nivel
internacional, su lucha dejó un legado de resistencia en la defensa de
los pueblos indígenas y del medio ambiente.
.- Ciudad
de México.- Desde el 20 de agosto de 2025, Yadira del Socorro Córdoba
Obando se encuentra detenida en custodia del Servicio de Inmigración y
Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE), luego de que le denegaran
una solicitud de acilo tras el asesinato de su hijo Oscar Córdoba y la
criminalización de su lucha por buscar justicia. Antes de que sea
deportada a Nicaragua, la Asociación Madres de Abril (AMA) pidió a las
autoridades estadounidense que atiendan el caso con urgencia para que la
defensora sea retornada a un país seguro.
Fue el pasado 7 de
noviembre cuando el destino de Yadira Córdoba se decidió en una
audiencia bajo el Tratado de Extradición, un acuerdo bilateral entre
Estados Unidos y Honduras en el cual se establece cómo, cuándo y bajo
qué condiciones una persona puede ser entregada a uno de estos países o
juzgada para cumplir una sentencia penal. Hasta el momento se sabe que
se encuentra detenida en San Antonio, Texas, después de que asistiera a
una cita rutinaria de inmigración.
Antes de pisar tierras
estadounidenses, la defensora estuvo exiliada en Costa Rica en 2021 esto
en consecuencia de las amenazas por la búsqueda de justicia por el
asesinato de su hijo de 15 años durante la Masacre del Día de las Madres
el 30 de mayo de 2018, donde el Estado nicaragüense ejecutó a
manifestantes opositores al gobierno del presidente Daniel Ortega
durante las celebraciones del Día de la Madre en el país.
El
incidente ocurrió en el contexto de la crisis sociopolítica que estalló
en Nicaragua en abril de ese año contra el gobierno de Daniel Ortega. En
consecuencia, se realizaron marchas pacíficas multitudinarias en
distintas ciudades del país, convocadas para honrar a las madres que
habían perdido a sus hijos durante las protestas previas y para exigir
justicia por las víctimas de la represión estatal.
La movilización
reunió a estudiantes, organizaciones sociales, campesinas y a la
ciudadanía en general, convirtiéndose en una de las expresiones más
amplias de protesta desde el inicio del conflicto. Durante la jornada,
la Policía Nacional, grupos paramilitares y francotiradores apostados en
puntos estratégicos abrieron fuego contra los manifestantes.
Los
disparos fueron dirigidos directamente a la multitud, lo que dejó un
saldo de al menos 21 personas asesinadas, según organizaciones sociales y
de derechos humanos: 16 en Managua, 1 en Masaya y 4 en Estelí. El
gobierno, por su parte, reconoció oficialmente 15 personas fallecidas y
199 lesionadas, aunque las cifras independientes señalan un número mayor
de víctimas, de acuerdo con un informe de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).
Fotografía retomada de Asociación Madres de Abril (AMA) en Facebook
Desde
entonces, mujeres como Yadira Córdoba se agruparon formando la
Asociación Madres de Abril (AMA), un grupo que exige verdad, justicia,
reparación y no repetición de violaciones a derechos humanos en
Nicaragua. Fue en 2023 que la defensora llegó a Estados Unidos y luego
de un error de procesamiento en la frontera fue deportada en agosto de
2025 provocando que su solicitud de asilo fuera rechazada.
Pese a
los esfuerzos del equipo legal de la defensora para realizar todas las
gestiones con las autoridades correspondientes, como solicitar
información clara y actualizada sobre el estado de procedimiento de
deportación, durante los cuatro meses previos a la audiencia final, el
país decidió deportarla. Esto no se trata de un hecho aleatorio, pues su
caso evidencia el patrón de denegaciones de asilo a defensoras
nicaragüenses que son perseguidas por razones políticas.
De acuerdo con la Iniciativa Mesoamericana de Mujeres Defensoras de Derechos Humanos (IM-Defensoras) y su informe «Que buscar verdad y justicia no nos cueste la vida»,
durante los últimos 10 años documentaron alrededor de 8 mil 454
agresiones contra defensoras del derecho a la verdad, la justicia y la
reparación, el 82% de ellas se concentraron a partir del 2020 lo que
refleja un ascenso en los últimos años. El número de agresiones las
coloca como el segundo grupo de defensoras que, criminalizadas por su
lucha, representando así el 18% del total de casos documentados en
Mesoamérica.
La tarea en la defense del derecho a la verdad, la
justicia y la reparación recae principalmente en las mujeres (madres,
hijas, hermanas o esposas) ante la inacción de los Estados e
instituciones. Sus historias las motivan a convertirse en defensoras de
derechos humanos con el objetivo de encontrar a sus personas
desaparecidas o demandar justicia en casos de asesinatos, feminicidios,
privaciones de la libertad o procesos de criminalización.
La situación de Yadira Córdoba ha sido descrita como «un estado de angustia, zozobra e incertidumbre» e incluso una «revictimización derivada de políticas migratorias»
por defensoras de derechos humanos. Por ello, solicitaron al gobierno
de los Estados Unidos garantías de protección y seguridad, así como su
liberación inmediata, ya que, describen que incluso con una orden
judicial de deportación a Honduras, no significa que deba estar privada
de su libertad de forma innecesaria.
México se ha posicionado como
una opción para recibir a la defensora. Integrantes del Comité Mexicano
por la Democracia y las Libertadas en Nicaragua se manifestaron en la
embajada de Nicaragua en México el pasado 23 de diciembre para pedir a
la actual presidenta Claudia Sheinbaum una postura frente a la crisis
que atraviesa Nicaragua, así como solicitar que se trasladen alrededor
de 62 personas presas políticas del régimen de Daniel Ortega a tierras
mexicanas, incluida a Yadira Córdoba; sin embargo, hasta ahora no hay
respuesta.
La organización AMA pidió a las autoridades
estadounidenses que el caso sea revisado desde una perspectiva
humanitaria y de derechos humanos para que sea liberada en un tercer
país seguro. Asimismo, expresaron preocupación por el estado de salud
física, emocional y mental de la defensora.
Crédito: Gobierno de México.- Ciudad
de México.–En México, entre octubre de 2024 y septiembre de 2025 se
documentaron 75 agresiones contra 23 defensoras de derechos humanos,
siendo el hostigamiento, las amenazas y la vigilancia las formas de
violencia más recurrentes; además, se registraron tres feminicidios de
mujeres dedicadas a esta labor, de acuerdo con la Red Nacional de
Defensoras de Derechos Humanos en México (RNDDHM).
Cabe señalar
que las mujeres indígenas defensoras enfrentan un triple riesgo: por
ser mujeres, debido a la violencia machista y patriarcal; por ser
indígenas, a causa del racismo y la discriminación estructural; y por su
labor de defensa, que las expone a la criminalización y a ataques por
proteger sus territorios y derechos.
Pese a este escenario que
enfrentan las defensoras indígenas, contrasta con el discurso oficial
del gobierno de Claudia Sheinbaum declaró 2025 como el Año de la Mujer Indígena
con el objetivo de reconocer y honrar su papel histórico y cultural,
visibilizar su liderazgo y celebrar su legado en la defensa de los
derechos de los pueblos originarios.
Pese a dicho nombramiento,
las mujeres indígenas que enfrentaron mayores niveles de violencia
durante el último año fueron aquellas que defienden la verdad, la
justicia y la reparación, con un 30%; seguidas de quienes luchan por los
derechos laborales, con un 21%, y de las que promueven el derecho de
las mujeres a una vida libre de violencia, con un 20%.
En la
mayoría de los casos, las agresiones fueron perpetradas por personas no
identificadas, con un 29%, así como por autoridades y policías estatales
y municipales, con un 28% respectivamente.
Oaxaca, el estado más peligroso para las defensoras, con tres feminicidios registrados
Casi
la mitad de las agresiones registradas en contra de defensoras
indígenas ocurrieron en el estado de Oaxaca, gobernado por Salomón Jara,
con un 45%. En este ultimo año se registraron hechos sumamente
violentos en la entidad, como la agresión colectiva contra 8 defensoras
de Elexochitlán de Flores Magón
Esta situación de riesgo extremo
para las defensoras ya había sido advertida por organizaciones como el
Centro Mexicano de Derecho Ambiental, que identificó que, de 2012 a
2018, Oaxaca fue la entidad que registró el mayor número de agresiones
contra personas defensoras con 79 casos a nivel nacional, concentrándose
principalmente en la zona de Juchitán.
Además es importante
precisar que, gobernador Salomón Jara fue el señalado en varias
ocasiones por no atender la violencia feminicida en la entidad. De
acuerdo con el Observatorio de Feminicidio del Grupo de estudios sobre
la mujer “Rosario Castellanos» A.C. (GESMujer), en el estado de Oaxaca
han ocurrido 273 casos de feminicidios en la actual administración, de
los cuales 14 acontecieron en el transcurso de 2025, de acuerdo con
datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad
Pública.
Sandra Domínguez
En
este periodo registrado por la RNDDHM, ocurrieron 3 feminicidios de
mujeres Oaxaqueñas. Una de ellas fue Sandra Domínguez, defensora de
derechos humanos y abogada ayuuk, quien fue fue hallada sin vida en
abril, luego de haber permanecido desaparecida durante seis meses, tras
ser vista por última vez en Oaxaca.
Antes de su desaparición,
Sandra Estefanía Domínguez denunció públicamente a Donato Vargas
Jiménez, entonces coordinador de Delegados de Paz Social, por su
presunta participación en grupos de carácter sexual en los que se
compartían fotografías y videos de mujeres mixes sin su consentimiento.
Tras hacer pública la denuncia, la abogada exigió su destitución y
solicitó al gobernador de Oaxaca, Salomón Jara, tomar acciones e
investigar los hechos.
Sandra desapareció el 4 de octubre de 2024
en San Juan de Cotzocón, Oaxaca. No obstante, de acuerdo con lo narrado
por Aracely Domínguez a Cimacnoticias, el reporte oficial se
emitió hasta el 8 de octubre, debido a que la abogada vivía en una zona
con escasa señal de comunicación; sin embargo, ante la falta total de
indicios sobre su paradero, se inició una búsqueda exhaustiva por parte
de sus familiares
La localización de Sandra y de su esposo,
Alexander Hernández, ocurrió el 24 de abril de 2025, tras un operativo
realizado en distintos puntos del estado de Veracruz, luego de que las
autoridades obtuvieran indicios sobre su posible paradero. Sin embargo,
la familia de Sandra ha denunciado que continúa enfrentando
hostigamiento y revictimización por parte de las autoridades, además de
que el caso no ha sido clasificado como feminicidio, pese al contexto de
violencia que rodeó su desaparición y asesinato
Adriana y Virginia Ortiz
De
acuerdo con información documentadas po el Centro Mexicano de Derecho
Ambiental, Adriana y Virginia Ortiz García, mujeres indígenas triquis
originarias de San Juan Copala, Oaxaca, eran defensoras de la tierra y
el territorio, además de integrantes del Movimiento de Unificación y
Lucha Triqui, organización que denuncia el despojo de tierras y recursos
naturales
De acuerdo con los reportes, la madrugada del 6 de
noviembre de 2024 las hermanas se encontraban en el centro histórico de
la ciudad de Oaxaca cuando, al descender de un taxi, fueron atacadas con
armas de fuego por dos sujetos, quienes las asesinaron en el lugar, un
hecho que, según el Observatorio para la Protección de los Defensores de
Derechos Humanos, debe ser considerado como una posible represalia por
su labor en la defensa de los derechos humanos y del medio ambiente.
Por
su parte, la Fiscalía General del Estado de Oaxaca informó, mediante un
boletín de prensa, que derivado de las investigaciones se identificó
que uno de los sujetos imputados en el homicidio de Adriana y Virginia
era elemento activo de la Policía Estatal adscrita a la Secretaría de
Seguridad y Protección Ciudadana, por lo que el caso es investigado como
una probable ejecución extrajudicial.
Pese a que están detenidos
3 personas, señaladas como presuntos actores materiales del delito, aún
siguen sin se llamados a rendir cuentas ante la justicia los actores
intelectuales, lo que refleja la impunidad total que oscila en esta
entidad.
Ante el contexto de injusticia, violencia y abandono
institucional que enfrentan las defensoras indígenas, la RNDDHM, demanda
el cese inmediato de la criminalización y persecución judicial, así
como investigaciones efectivas y sanciones ejemplares contra las
personas responsables de las agresiones cometidos en su contra y la
implementación inmediata de medidas de protección integral con enfoque
indígena
Asimismo, la RNDDHM subraya la urgencia de reconocer el
trabajo de las defensoras indígenas como esencial para la justicia
social y la democracia, y exige garantías reales para que puedan ejercer
su labor sin violencia, discriminación ni racismo, en condiciones de
seguridad, dignidad y respeto pleno a sus derechos humanos.
.-Ciudad
de México.- El pasado 16 de diciembre, más de 20 organizaciones de la
sociedad civil, periodistas, personas defensoras de derechos humanos y
del medio ambiente tanto mexicanas como europeas se reunieron, para
llevar a cabo el onceavo Seminario con Organizaciones de la Sociedad
Civil que ocurre en el marco del XIII Diálogo de Alto Nivel de Derechos
Humanos México-Unión Europea (UE), en la que expresaron su preocupación
por las graves violaciones a derechos humanos, reducción del espacio
cívico, securización y cambio de paradigma de la cooperación
internacional, por lo que entregaron emitieron algunas recomendación
para tomar acciones que reviertan la situación.
Es importante
señalar que las organizaciones mexicanas y europeas emitieron
recomendaciones en materia de movilidad humana, derechos de los pueblos
originarios, desapariciones, fortalecimiento del Estado de Derecho,
personas privadas de libertad, represión policial, protección a personas
defensoras de derechos humanos y periodistas, empresas y derechos
humanos, Acuerdo Global modernizado, entre otras áreas de preocupación.
A
este diálogo birregional asistieron: Amnistía Internacional, Antigone,
ARTICLE 19 México y Centroamérica, Asociación por la Paz y los Derechos
Humanos Taula per Mèxic, Brigadas Internacionales de Paz – Proyecto
México, Comunicación e Información de la Mujer A.C (CIMAC) , Consorcio
Oaxaca, Coordinación Alemana para los Derechos Humanos en México
(DMRKM), Educación e Investigación (PODER), EQUIS: justicia para las
mujeres, Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho
(FJEDD), Instituto de Estudios del Proceso Penal Acusatorio, A.C.
(INEPPA), Instituto para las Mujeres en la Migración AC (IMUMI), Ligue
des droits de l’Homme, Movimiento Sueco por la reconciliación (SweFOR),
Oficina Ecuménica por la Paz y la Justicia, Open Arms, Organización
Mundial Contra la Tortura (OMCT), Red EU-LAT, Saami Council, Servicios y
Asesoría para la Paz – SERAPAZ, Tejiendo Redes Infancia en América
Latina y el Caribe y Tlachinollan, Centro de Derechos Humanos de la
Montaña, quienes en su conjunto solicitaron:
Establecer
un mecanismo de seguimiento conjunto entre la UE, el Estado mexicano y
las organizaciones de la sociedad civil de ambos lados, de manera
estructurada y permanente, que garantice avances reales y rendición de
cuentas sobre los acuerdos tomados entre cada sesión del Diálogo de
Derechos Humanos.
Poner los derechos humanos en el centro de las
relaciones entre México y la Unión Europea, de manera transversal y
coherente, y en este sentido, fortalecer el componente de derechos
humanos del Acuerdo Global México – UE, entre otros, garantizando la
participación efectiva en los grupos consultivos de las organizaciones
de la sociedad civil y comunidades de los territorios con actividades
empresariales europeas.
Proteger de manera activa y robusta el
espacio cívico, Estado de derecho y los derechos humanos, mediante
acciones y políticas públicas, y contribuir a frenar las iniciativas y
narrativas globales que atentan contra el Estado de derecho y la
libertad de expresión, que obstaculizan y criminalizan la labor de la
prensa y las personas defensoras de derechos humanos y de ambiente,
tierra y territorio y organizaciones de la sociedad civil, en México y
en la UE.
Por parte de la UE y sus estados miembros, detener los
recortes en materia de cooperación internacional y priorizar recursos
con el Estado mexicano y con las organizaciones de sociedad civil en
materia de derechos humanos, para garantizar financiamiento estable,
flexible y accesible para organizaciones, personas defensoras y
periodistas tanto en México como en la UE.
Asegurar que la
estrategia Global Gateway no reemplace la cooperación tradicional ni
priorice intereses geopolíticos y comerciales por sobre el bienestar
humano y los intereses de las comunidades locales. Estos proyectos deben
cumplir con evaluaciones de impacto ambiental y social transparentes,
inclusivas e integrales, consultas públicas y comunitarias efectivas, y
mecanismos de quejas accesibles y transparentes. En lo que respecta a
los Pueblos Indígenas, esto también incluye el Consentimiento Libre,
Previo e Informado (CLPI).
Se detalló que el
objetivo es dialogar de las necesidades que existen en materia de
derechos humanos, buscando aportar elementos a la conversación entre las
autoridades de ambas latitudes, que abonen a ajustar las políticas
públicas y alinear la cooperación para cumplir con las obligaciones de
garantizar los derechos fundamentales en México y la Unión Europea.
Se dijo que en este espacio:
«Se
quiere reafirmar la importancia de una red internacional de
organizaciones de la sociedad civil comprometidas con la defensa,
protección y promoción de los derechos fundamentales».
El encuentro
A
lo largo de la jornada, organizaciones de la sociedad civil
compartieron análisis críticos sobre la situación de los derechos
humanos en ambas regiones y formularon decenas de recomendaciones en
múltiples ámbitos, entre ellos: movilidad humana; derechos de los
pueblos originarios; desapariciones forzadas y la labor de las mujeres
buscadoras; condiciones de las personas privadas de libertad; represión
policial y criminalización de la protesta social; protección a personas
defensoras de derechos humanos y periodistas; uso de tecnologías de
vigilancia sin salvaguardas adecuadas; devastación ambiental;
responsabilidad empresarial y transición energética, entre otras
problemáticas urgentes.
Alice
Alice
Wiesholler, quien lucha por una agricultura solidaria que permita
mantener la vida también para las futuras generaciones y quien a su vez
forma parte de la Oficina Ecuménica por la Paz y la Justicia e.V. en
Múnich, Alemania, donde trabaja en el área de los derechos humanos en
México, habló desde su perspectiva personal, como pequeña agricultora en
ese país europeo donde está a punto de hacerse cargo de la granja
familiar, una situación que apunta, es poco vista:
«El acceso a la
tierra sigue siendo limitado para las mujeres y las personas queer. Los
roles patriarcales forman parte de un sistema agrícola que se basa en
la fuerza, el crecimiento y la competencia».
Resaltó
la importancia de las mujeres para la supervivencia de la economía
ecológica, el cuidado de las semillas y la defensa de los territorios y
la tierra. También para la preservación de saberes ancestrales sobre
plantas medicinales. Precisamente por eso, muchas defensoras de la
tierra y los territorios son mujeres. Por eso, su papel como mujeres y
defensoras esta aún más amenazado y oprimido.
Wiesholler,
pidió un cambio agrícola radical, para pasar de una industria agrícola
explotadora a un sistema agrícola solidario y ecológico que anteponga
los intereses de las y los pequeños agricultores a los de las empresas
multinacionales, por lo cual hoy, dijo, ella y defensoras de la tierra
resisten desde la fundación de cooperativas agrícolas locales al
colectivizar la tierra y de este modo, sustraerla del mercado
capitalista.
Cirenia
Por
su parte, Cirenia Celestino Ortega, integrante de Comunicación e
Información de la Mujer A.C., abrió su participación con un recuento de
las y los periodistas violentados y asesinados por el ejercicio de su
labor en México, destacando los informes presentados por su organización
que apuntan a un riesgo agudizado contra mujeres.
De acuerdo con
la documentación de CIMAC, durante el sexenio del ex presidente Andrés
Manuel López Obrador se encontró un patrón sostenido de hostilidad
institucional y sociopolítica el cual registró el doble de agresiones
que el periodo anterior acumulando mil 189 casos, de los cuales 47
ocurrieron durante su conferencia Mañanera, un aumento de 117% respecto a
los 548 casos presentados durante la administración de Enrique Peña
Nieto.
Celestino Ortega destacó 22 casos de feminicidio de mujeres
periodistas, 13 casos de desplazamiento forzado, tres casos de exilio y
cinco casos de desaparición de mujeres periodistas. Asimismo reiteró la
violencia que enfrentan personas y organizaciones defensoras de
derechos humanos en el país, así como periodistas en contextos
particulares como lo es el estado de Michoacán.
Mencionó las
disputas territoriales entre grupos del crimen organizado,
frecuentemente coludidos con actores estatales o municipales, lo que
afecta de manera diferenciada y desproporcionada a pueblos y comunidades
indígenas, así como a mujeres, cuyos territorios, formas de
organización y procesos colectivos se ven amenazados por intereses
económicos, criminales y políticos.
Situación que se suma a la
crisis humanitaria de desaparición de personas en México, al 19 de
diciembre de 2025, el país registra 133 mil 493 personas personas
desaparecidas, de las cuales 29 mil 603 son mujeres, de acuerdo con el
Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO). A
esto se suma una crisis forense con más de 72 mil 100 cuerpos sin
identificar y 5 mil 696 fosas clandestinas. Así como la condición de
riesgo para las buscadoras, dijo, quienes son «doblemente víctimas,
víctimas indirectas de la desaparición, pero son también víctimas
directas al ser amenazadas por buscar a sus desaparecidas y
desaparecidos».
Por lo que Celestino Ortega, propuso:
Implementar
un Plan de Fortalecimiento del Mecanismo para 2026, construido con
participación de la sociedad civil, que responda a los retos
identificados en atención, suficiencia de personal, medidas y planes de
protección idóneos, así como la incorporación de enfoques diferenciados
como género, protección colectiva y comunitaria.
Aprobar y
difundir el protocolo de investigación de delitos contra personas
defensoras, elaborado con la participación de organizaciones de la
sociedad civil y con asesoría técnica de la Oficina de la ONU-DH en
México.
Impulsar una campaña de reconocimiento a nivel nacional
sobre la labor de personas defensoras y periodistas que fortalezca las
acciones de prevención y sensibilización, y contribuya a contrarrestar
los discursos de odio y descrédito hacia su labor.
En el marco
del Acuerdo de Escazú, implementar medidas dirigidas a las y los
defensores de los derechos humanos en asuntos ambientales, en materia de
reconocimiento, protección y promoción de su labor.A la Unión Europea:
mantener el financiamiento a organizaciones y a acciones de protección
de personas defensoras y periodistas mediante proyectos para el periodo
2026 y reconocer, así como dar continuidad al proyecto “Protejamos sus
voces”, fortaleciendo su implementación por parte de las Embajadas de la
Unión Europea en México.
A la Unión Europea: mantener el
financiamiento a organizaciones y a acciones de protección de personas
defensoras y periodistas mediante proyectos para el periodo 2026 y
reconocer, así como dar continuidad al proyecto “Protejamos sus voces”,
fortaleciendo su implementación por parte de las Embajadas de la Unión
Europea en México.
Martha Carlota
También
estuvo presente Martha Carlota Aguirre, originaria de Tahuichopa
municipio de Arizpe, Sonora, quien se presentó como madre de familia y
defensora de los derechos humanos quien compartió un relató de violencia
contra su comunidad que ha afectado la vida, salud e integridad de
quienes viven en su territorio, incluida a su hija quien vive secuelas
por el derrame provocado por Grupo México, en los ríos Sonora y
Bacanuchi, en los que vertieron cobre y metales pesados afectando a más
de 22 mil personas de los 8 municipios a lo largo de la cuenca.
Cabe
señalar que este derrame fue declarado por el Gobierno Federal como el
desastre ambiental más grande de la historia de la minería en México.
La
defensora Aguirre señaló que a pesar del daño provocado y la magnitud
de lo vivido, hasta hoy en sus comunidades siguen sin reparación y
justicia, por lo que hizo un llamado de auxilio más dirigido a las
autoridades de gobierno, instituciones financieras, e inversionistas que
con su capital, avalan las acciones violatorias de sus derechos
humanos, dijo.
Tras el derrame contaminante en estos ríos, Martha
Carlota Aguirre, recordó que el gobierno mexicano anunció la creación
del Fideicomiso Río Sonora, para limpiar el río, pagar daños económicos,
construir plantas de agua separadoras de metales pesados y un hospital,
no obstante, ese beneficio monetario fue cerrado unilateralmente en el
2017 y devolvieron el dinero a la empresa sin haber cumplido una sola de
las promesas.
Aguirre reiteró que hoy en su territorio y a once
años de la tragedia, no hay ninguna planta potabilizadora que separe
metales pesados. El río y los pozos siguen contaminados y el hospital no
existe. Además, aseveró que la atención médica que les ofrecieron nunca
fue especializada en toxicología, por el contrario, la calificó de
deficiente, selectiva y temporal, porque ese personal médico solo culpó a
los enfermos de no cuidar su salud y a la fecha las comunidades siguen
enfermando y muriendo sin respuestas ni atención.
Así fue como a
lo largo del evento, periodistas y defensoras alertaron sobre el cierre
progresivo del espacio cívico, la criminalización de la solidaridad y la
erosión del Estado democrático de Derecho, tanto en países de la UE
como en México, y el avance de marcos normativos que obstaculizan el
trabajo de las organizaciones de la sociedad civil y atentan contra el
goce de los derechos humanos y las libertades.
A ello se sumó a la
conversación, los recortes a la cooperación internacional, su creciente
securitización e instrumentalización y los impactos de políticas
europeas, como el Global Gateway, que pueden tener impactos directos en comunidades y territorios fuera de Europa como México.
Ausencia de funcionarios de alto nivel
Es
importante resaltar que a lo largo del Seminario se observó la ausencia
de altos funcionarios por parte de la UE, lo cual «resulta
preocupante», para defensoras y periodistas, porque dijeron: transmite
la impresión de que ese espacio se reduce a un ejercicio meramente
formal o de cumplimiento, sin reflejar un compromiso genuino con la
escucha activa, el intercambio sustantivo de recomendaciones ni la
rendición de cuentas; así como la ausencia de funcionarios de la UE que
puedan responder y prestar cuentas sobre el cumplimiento de derechos
humanos y fundamentales al interno de la Unión.
Por lo cual
reiteraron que la presencia, tanto de las autoridades mexicanas como
europeas de alto nivel en este tipo de espacios es fundamental porque su
participación e interlocución con las organizaciones «es un componente
indispensable para garantizar que las preocupaciones, evidencia y
propuestas de la sociedad civil sean tomadas en cuenta en los procesos
de toma de decisión».
Por lo que periodistas y defensores
reiteraron que defienden, valoran y reinvidican espacios como este
porque constituyen un canal imprescindible de diálogo directo entre
autoridades y sociedad civil, fortalecen la confianza institucional y
permiten construir respuestas conjuntas basadas en evidencia frente a
los desafíos en materia de derechos humanos.
Foto de Gaspar Segura .- Ciudad
de México.- La Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales
(SEMARNAT) y la Secretaría de Mujeres, firmaron un acuerdo político
ambiental feminista para incorporar la perspectiva de género en los
programas y políticas ambientales, así como impulsar una mayor
participación de las mujeres en las decisiones sobre la defensa y
protección del territorio.
Dicho acuerdo fue encabezado por la
titular de la secretaría del Medio Ambiente, Alicia Bárcena Ibarra, y la
secretaria de mujeres, Citlalli Hernández Mora.
Esta
acuerdo es fundamental ya que ONU Mujeres ha reconocido que las mujeres
desempeñan un papel esencial en la defensa ambiental, además lideran la
lucha por la protección del planeta y el territorio, también son las
principales en defender la conservación de culturas indígenas que
encuentran fundamental la preservación de la naturaleza, no obstante
enfrentan violencia en el ejercicio de su labor.
La violencia contra mujeres defensoras ha sido documentada por Cimacnoticias,
de acuerdo con la Iniciativa Mesoamericana de Mujeres Defensoras de
Derechos Humanos (IM-Defensoras), tan solo en marzo de 2024, se
contabilizaron 923 agresiones contra 123 defensoras y 2 organizaciones o
grupos que de igual manera representó el 13% de las 7 mil 345
agresiones registradas en el conjunto del año.
Las agresiones
tuvieron como principal objetivo a las defensoras de derechos de las
mujeres a una vida libre de violencia (26%), de la tierra y el
territorio (23%), de la participación política (15%) y de la libertad de
expresión (15%). Además, IM-Defensoras identificó discriminación por
razones de género en más de la mitad de las agresiones documentadas.
Mientras
que América Latina suele ser la principal región afectada, también se
registra una cantidad superior de personas defensoras que fueron
afectadas por promover el desarrollo sustentable y luchar contra
iniciativas que ponen en peligro a sus comunidades, según el más
reciente informe de Global Witness. El estudio también sostiene que México, Colombia y Brasil concentran los números más altos a nivel mundial.
Entre las acciones que la Semarnat implementara como parte del convenio destacan:
El
gobierno de México avanza hacia una política ambiental feminista,
participativa y basada en la justicia social, en línea con el compromiso
de la presidenta Claudia Sheinbaum.
Crear y fortalecer
mecanismos específicos de protección para defensoras ambientales, en
coordinación con la Secretaría de Gobernación.
Integrar datos desagregados por sexo en estadísticas e informes institucionales.
Establecer protocolos para prevenir y sancionar el acoso, hostigamiento sexual y laboral.
Impulsar programas de capacitación con enfoque de igualdad.
Dicho
convenio entre funcionaras del Gobierno de México, tendrá vigencia
hasta 2030 y forma parte de los 16 días de activismo en el marco del
25N, Citlalli Hernández, titular de la Secretaría de las Mujeres, expuso
que también se trabaja en la actualización del protocolo de todas las
secretarías para combatir el acoso, el hostigamiento y la violencia.
En su intervención, la secretaria de la SEMARNAT afirmó que las mujeres son quienes en mayor medida defienden el territorio.
«Son
las grandes protectoras de los bosques, las que cuidan el agua, las que
se oponen a proyectos extractivistas, las que enfrentan amenazas,
hostigamiento, criminalización y, a veces, violencia que ha cobrado
incluso sus vidas”.
En este contexto, subrayó que la protección de
las defensoras ambientales es una prioridad para el Gobierno de México,
“No puede haber justicia social sin justicia ambiental e igualdad de
género”, afirmó Bárcena Ibarra.
“Proteger
a las defensoras del medioambiente, las que dan la vida por la vida, es
una prioridad. Es algo que realmente nos preocupa, los asesinatos de
personas defensoras del medioambiente, y por eso estamos siempre detrás
del Acuerdo de Escazú, que defiende la justicia ambiental, el acceso a
la información y la participación ciudadana. Y es el único convenio que
existe en el mundo que protege a los defensores del medioambiente y, en
este caso, a las defensoras del medioambiente.»
Alicia Bárcena Ibarra
También
reconoció la labor de la Secretaría de las Mujeres para evidenciar las
desigualdades y avanzar hacia la igualdad sustantiva dentro de todas las
dependencias del Gobierno Federal. “Nada sobre nosotras sin nosotras;
es un lema que siempre llevaré conmigo, porque el futuro será feminista o
no será”, enfatizó.
Por su parte, Hernández Mora destacó que la
colaboración responde a la instrucción de la presidenta Claudia
Sheinbaum de garantizar una visión transversal en las políticas
públicas: «Los asuntos del medio ambiente son asuntos de las mujeres;
todos los asuntos del Estado implican la participación de las mujeres»
afirmo. «Son una cantidad de acciones que a veces invisiblemente hacen
las mujeres en sus territorios».
“Por
mucho tiempo, y sobre todo en los gobiernos neoliberales se trató de
fragmentarlo todo, y se trató de invisibilizar la realidad de las
mujeres como una realidad desvinculada a todo, como un tema aislado de
mujeres para mujeres, pero esta visión transversal y esta voluntad de
nuestra presidenta Claudia Sheinbaum que coloca el tema de las mujeres
en una secretaría de estado, justamente lo que busca es tener esta
visión transversal”.
«Con este convenio
fortalecemos una alianza estratégica» afirmó Viridiana Hernández,
coordinadora general de Vinculación y Seguimiento.
Con esta
iniciativa, ambas secretarias buscan reforzar la protección, la igualdad
y el reconocimiento de quienes, día a día, defienden la vida desde sus
territorios.
Te invitamos a leer el trabajo especial: Aliadas que narra la historia de mujeres periodistas y defensoras.
.- Ciudad
de México.- Tras la activación del artículo 34 por parte del Comité
contra la Desaparición Forzada (CED, por sus siglas en inglés), que
busca solicitar al Estado mexicano toda la información pertinente sobre
la situación de las desapariciones forzadas, Amnistía Internacional
respaldó la medida, en su más reciente informe, contradiciendo la narrativa del actual gobierno que niega la existencia de esta práctica en el país.
Cabe
precisar que, tras el hallazgo de desapariciones forzadas y la
activación del artículo 34, el pasado 27 de octubre la presidenta
Claudia Sheinbaum declaró en conferencia matutina que las desapariciones
en México están “vinculadas con la delincuencia organizada en la gran
mayoría de los casos”.
Ante ello, Amnistía Internacional externó
su preocupación y recordó que, aunque muchas desapariciones se
relacionan con el crimen organizado, el Estado mexicano omite que los
grupos criminales operan con la autorización, apoyo o aquiescencia de
las autoridades. Además, se han documentado casos en los que servidores
públicos son directamente responsables de las desapariciones forzadas.
Esta
situación se ha recrudecido con los años, pues en 2015, cuando el CED
reconoció que en México existía una práctica generalizada de
desaparición forzada, se contabilizaban 111 mil 540 personas
desaparecidas. Diez años después, el Registro Nacional de Personas
Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO) reporta 133 mil 219 personas
desaparecidas y no localizadas, situación que deja entrever que pese a
que han pasado 3 gobiernos al frente del país, no han logrado combatir
la problemática.
A pesar de esta crisis creciente, la justicia
para las víctimas es casi nula dentro del territorio, pues según datos
de Impunidad Cero, de 2019 a 2022 la impunidad acumulada para el delito
de desaparición fue de 99.6% a nivel nacional. Lo anterior coincide con
datos proporcionados por la CED, que recibió información al 26 de
noviembre de 2021 que indicaba que únicamente entre el 2% y el 6% de los
casos de desaparición de personas habían sido judicializados y solo se
habían emitido 36 sentencias por desaparición de personas a nivel
nacional.
Amnistía Internacional apunta que la impunidad en México
no es casual ni resultado de falta de capacidades institucionales, sino
una decisión política deliberada. Esta impunidad activa se manifiesta a
través de actos como la alteración de escenas del crimen, siembra de
evidencia falsa, negativa a recibir denuncias, intimidación a víctimas y
testigos, y criminalización de las propias víctimas.
Ante
esta realidad, se sigue omitiendo que las desapariciones en México
ocurren de manera sistemática, es decir, no son hechos aislados, sino
una táctica repetida. Para considerar una práctica como sistemática se
analizan tres criterios: la existencia de delitos similares, un mismo
modus operandi y un patrón de víctimas tratadas de forma semejante en
amplias zonas geográficas.
En territorio mexicano, Amnistía
Internacional ha identificado estas prácticas en estados como Coahuila,
Nayarit, Jalisco y Veracruz, donde existen patrones específicos de
desapariciones forzadas y colusión entre autoridades y grupos
criminales. Una de las más comunes consiste en la detención ilegal de
personas por autoridades que después las entregan a grupos criminales o
las desaparecen.
Desprotección hacia mujeres buscadoras de personas desaparecidas
Ante
las persistentes omisiones del Estado, son los familiares, en su
mayoría mujeres, quienes han asumido las labores de búsqueda e
investigación por su cuenta, enfrentando riesgos, violencias y
violaciones a sus derechos humanos.
En su más reciente informe
“Desaparecer otra vez: violencias y afectaciones que enfrentan las
mujeres buscadoras en México”, Amnistía Internacional entrevistó a más
de 600 mujeres buscadoras para conocer las violencias y afectaciones que
sufren al realizar su labor. Entre los principales riesgos se
encuentran asesinatos, desapariciones, amenazas, ataques y extorsiones.
La
organización también documentó la estigmatización y revictimización que
muchas de ellas enfrentan, incluso por parte de autoridades. En varios
casos, los asesinatos ocurrieron después de denunciar amenazas,
localizar fosas o denunciar omisiones institucionales.
Además,
Amnistía Internacional observó falta de coordinación efectiva entre las
comisiones de búsqueda y las fiscalías generales, así como la ausencia
de una política integral de atención a familiares centrada en la
garantía de derechos. Las reparaciones, señaló, deben ser integrales y
no limitarse a apoyos emergentes.
Reformas que han obstaculizado la justicia
La
organización señaló que la crisis de desapariciones e impunidad podrían
agravarse por el debilitamiento de las instituciones que deberían
fungir como observadoras y contrapesos del poder, pues se han tomado
medidas preocupantes como la reforma judicial, que a partir de 2025
permite que juezas, jueces, magistradas, magistrados, ministras y
ministros sean elegidos por voto popular, lo que ha generado
preocupación por la pérdida de independencia judicial.
Esta
reforma fue acompañada por cambios a la Ley de Amparo, que establecen
que todo juicio contra reformas constitucionales será improcedente,
impidiendo impugnar dichas modificaciones. Para Amnistía Internacional,
esto debilita aún más el acceso a la justicia en un país donde el
sistema judicial ha sido señalado por su dependencia del poder político y
por sus vínculos con el crimen organizado.
La organización
también advirtió sobre la reforma que elimina al Instituto Nacional de
Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales
(INAI), ya que vulnera el derecho al acceso a la información pública,
herramienta fundamental para documentar casos de corrupción y
violaciones a derechos humanos. Con su desaparición, las impugnaciones
deberán resolverse ante tribunales en procesos más largos y complicados.
Asimismo,
Amnistía Internacional llamó la atención sobre la reforma que adscribe
la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena),
formalizando su militarización y otorgándole mayores facultades de
investigación. Esta medida, señaló, ha contribuido al aumento de
violaciones graves a los derechos humanos y desapariciones forzadas.
Cabe destacar que Cimacnoticias
ha documentado que la expansión de las fuerzas armadas en ámbitos
civiles impacta de manera diferenciada a las mujeres, quienes son más
propensas a sufrir abusos sexuales y violencia institucional.
Frente
a esta crisis, Amnistía Internacional llamó al Estado mexicano no solo a
reconocer la magnitud del problema, sino a revertir el incremento de
desapariciones registrado en 2024. Asimismo, exigió proteger a las
familias buscadoras, garantizar condiciones dignas de búsqueda y acceso a
la información, y aceptar asistencia técnica internacional para diseñar
una hoja de ruta que fortalezca las instituciones encargadas de
procurar justicia y verdad.
Finalmente, la organización subrayó
que sin voluntad política ni independencia judicial no habrá verdad,
justicia ni reparación para las más de 133 mil personas desaparecidas en
México.
CIMAC Foto: Wendy Rayón.- Ciudad
de México.- Esta mañana, mujeres periodistas y defensoras acudieron a
la Cámara de diputados para exponer en el recinto legislativo, la
desigualdad y discriminación que enfrentan cuando buscan justicia y
exigieron tomar acciones para revertir los niveles de violencia que
experimentan en todo el país.
El recinto de San Lázaro recibió a estas periodistas y defensoras quienes estuvieron presentes en el Foro Justicia para las mujeres periodistas y defensoras de derechos humanos,
donde recordaron que en México el 98% de casos sobre violencia contra
periodistas y defensoras quedan en impunidad por lo que se requieren
acciones para detener esta situación.
El foro que comenzó en punto
de las 10 de la mañana, se desarrolló a partir de la exposición de
algunas voceras, como Maia Campbell, representante adjunta del Alto
Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OHCHR), quien
señaló que, desde enero de 2016, el organismo registró 367 víctimas de
algún tipo de agresión en México (160 periodistas y 179 personas
defensoras) de los cuales 80 fueron mujeres. Asimismo, detalló que hay
16 periodistas y 12 personas defensoras que fueron víctimas de intentos
de homicidios, así como 26 periodistas y 38 personas defensoras víctimas
de desaparición forzada.
Ante este panorama, Campbell recalcó que
el Estado mexicano tiene la obligación de garantizar el derecho a la
vida, a la integridad personal de las personas con una respuesta
integral desde los tres poderes y niveles de gobierno por lo que remarcó
cuatro ejes importantes: la obligación de respetar los derechos
humanos; prevenir todo tipo de violencia; asegurar una protección
efectiva integral y garantizar el acceso efectivo a la justicia.
No
obstante, este último continúa siendo un reto importante para las
mujeres, ya que, de los 367 casos documentados, solo el 12.5% cuentan
con una sentencia condenatoria siendo esta una cifra preocupante para la
OHCHR.
Siguiendo el informe «Buenas prácticas y desafíos en
la investigación de delitos cometidos contra personas defensores de
derechos humanos y periodistas», México cuenta con la capacidad en
la Fiscalía General de Justicia y fiscalías estatales para realizar
investigaciones conforme a los principios generales de vida.
Pese a
esto, no siempre existen recursos, competencia o voluntad política,
según mencionó Campbell, por lo que será necesario que las nuevas
autoridades del Poder Judicial tomen medidas para fortalecer las
capacidades de respuesta del Estado mexicano.
Por su parte, Ruth
Fierro Pineda, coordinadora general del Centro de Derechos Humanos de
las Mujeres (CEDEHM), durante el evento realizado en el recinto de San
Lázaro también reconoció la importancia del nuevo poder judicial ahora
que la Ley de Amparo realizó diversas modificaciones que podrán afectar
las denuncias sobre agresiones a periodistas o defensoras.
Uno de
los casos más destacados que el Centro de Derechos Humanos de las
Mujeres, ha acompañado es el de las mujeres rarámuris desplazadas de la
Sierra Tarahumara en Chihuahua quienes atravesaron por un caso de
injusticia cuando fueron desplazadas del territorio Coloradas de la
Virgen.
No obstante, al día de hoy continúan sin regresar, incluso
cuando la jueza que autorizó dicho recurso legal reconoció que la
comunidad entera es víctima y que dicha violencia fue consecuencia de su
labor en defensa de los derechos humanos, lo que respalda la lucha.
Es
por ello que, Fierro apuntó a la importancia de que las juezas y jueces
en sus diferentes competencias puedan juzgar con perspectiva de género
comenzando con la inclusión de guías, protocolos y estándares para las
personas juzgadoras. De esta forma, el nuevo poder judicial puede ser un
parteaguas para evitar la criminalización de las mujeres periodistas y
defensoras si incluye un enfoque de género y derechos humanos, afirmaron
y así se garantizaría su protección, analizar el contexto en el que
ocurre la amenaza, y seguir los estándares internacionales.
Por
otro lado, las mujeres periodistas enfrentan algunos retos y desafíos
por su labor que se profundizan por su género. De acuerdo con el informe
«Las formas del asedio. Violencia contra mujeres periodistas en el sexenio de López Obrador» de
CIMAC, en el sexenio de López Obrador se documentaron mil 189 casos de
violencia, 117% más que en la administración de Peña Nieto (2012-2018),
de los cuales 47 ocurrieron en la Mañanera.
Desde
la perspectiva de la periodista Myrna Gómez Vázquez, los principales
retos a los que se enfrentan son la fragmentación institucional que
diluye sus responsabilidades, falta de enfoque interseccional y de
género en las políticas públicas, ausencia de personal especializado en
atender a las mujeres periodistas y defensoras especialmente en
contextos rurales e indígenas, la desconfianza institucional, la falta
de reconocimiento en la violencia diferenciada, la falta de la
tipificación adecuada que no reconoce los patrones de violencia
específicos, la invisibilizarían de la violencia estructural, la
ausencia den protección con enfoque familiar, la falta de políticas para
mujeres desplazadas, y sobre todo, la falta de acceso a la justicia.
Uno
de los casos más destacados en México es el asesinato de la
fotoperiodista María del Sol Jarquín en Oaxaca hace siete años y cuatro
meses y medio cuando se encontraba cubriendo las elecciones electorales
en Juchitán de Zaragoza, Oaxaca. El caso fue mencionado en el foro por
Yésica Sánchez Maya, co-directora de Consorcio Para el Dialogo
Parlamentario y Equidad, Oaxaca (Consorcio Oaxaca).
La
defensora Sánchez resaltó que la recomendación de la la Defensoría de
los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca (DDHPO) llegó muchos años
tarde, lo cual no puede seguir ocurriendo cuando se habla de acceso a la
justicia. También señaló que el sistema judicial está rodeado de
burocracia lo que genera desgasta en las mujeres que piden justicia, por
lo que es importante que se recupere la dignificación de la acción por
la defensa de los derechos humanos y por la labor periodística.
Por
el momento, la Dirección General de Prevención, Atención y Seguimiento a
Casos de Violencia de Género de la Corte de la Suprema Corte de
Justicia de la Nación (SCJN) a cargo de Cristina Solano Díaz, está por
iniciar trabajos técnicos y ejercicios de foros para actualizar el
protocolo para juzgar con perspectiva de género y aunque no estará
focalizado en mujeres periodistas y defensoras, se espera que se
integren algunos criterios comentados en este «Foro Justicia para las mujeres periodistas y defensoras de derechos humanos«.
Finalmente,
la periodista y directora de Comunicación e Información de la Mujer
A.C. (CIMAC), Lucía Lagunes Huerta, señaló que no basta con la creación
de un protocolo para juzgar con perspectiva de género, sino que se
necesita profundizar y encontrar herramientas para frenar la
criminalización contra las mujeres periodistas y defensoras, la acontece
de diferentes formas como el lenguaje, señalamientos o estigmatización.
En
adherencia, Lagunes advirtió que para ser efectiva las capacidades del
Estado en la investigación de la violencia contra ellas, se requiere que
la justicia no sea tardía, sino expedita y que escuche las diferentes
realidades que las mujeres atraviesan.
CIMACFoto: Hazel Zamora Mendieta.- Ciudad
de México.- Desde el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional
(CEJIL), organizaciones defensoras de derechos humanos firmaron en
conjunto un desplegado para denunciar «la persecución y el trato cruel e
inhumano al que el Estado mexicano ha sometido a Kenia Hernández, quien
lleva cinco años de «injusto» encarcelamiento y señalaron que la única
reparación posible es su inmediata liberación.
Por ello, estas
organizaciones informaron que acuerpan a Kenia y a su familia,
reconociendo su fuerza y los aportes de la defensora, quien aún bajo las
peores condiciones de privación de libertad nunca ha dejado de luchar
por sus derechos y los de sus compañeras internas; así como la fuerza de
su familia y sus hijos, quienes también mantienen la demanda de
justicia y libertad para su madre.
El caso de Kenia es uno de los
más conocidos en México, pues la defensora de los derechos humanos
—originaria de Xochistlahuaca, Guerrero— fue encarcelada por delitos
fabricados ante las constantes manifestaciones que emprendía en favor de
los derechos humanos.
El caso de Kenia Hernández no es un hecho
aislado. Responde a un patrón sostenido de criminalización contra
mujeres defensoras en México y América Latina. Entre 2012 y 2023, el
informe Datos que nos duelen, redes que nos salvan, elaborado por la
Iniciativa Mesoamericana de Mujeres Defensoras de Derechos Humanos
(IM-Defensoras), documentó 35 mil 77 actos de violencia contra 8 mil 926
mujeres defensoras y 953 organizaciones.
Estas organizaciones
promotoras de derechos humanos, aludieron a Claudia Sheinbaum Pardo al
mencionar que esta liberación supondría un acto de justicia y humanidad
propio de un gobierno que afirma estar inmerso en un proceso histórico
de transformación.
Las defensoras recordaron que el pasado 7 de
septiembre falleció la mamá de Kenia, quien desde el inicio de la
reclusión había asumido el cuidado de los hijos menores de edad de la
defensora y tras recibir la noticia en el penal Neza Sur, ubicado en
Nezahualcóyotl, estado de México, solicitó a las autoridades
penitenciarias el permiso humanitario para poder asistir al funeral, sin
embargo, su petición fue rechazada «de manera arbitraria bajo
argumentos infundados, como la distancia del traslado», afirmaron.
Consideraron
que el pretexto de la distancia para no conceder el permiso es otra
prueba de la cúmulo de actos arbitrarios y violaciones a derechos que
vive Kenia y detallaron que esta situación es consecuencia de la omisión
del Estado mexicano al no garantizarle el derecho a ser recluida en un
penal cercano a su entorno familiar, lo que vulnera no sólo su
integridad emocional, sino también el vínculo con sus hijos y redes de
apoyo.
Por lo que esta negativa, «representa una grave violación a
los derechos de Kenia» y a lo estipulado en el Capítulo IV de Permisos
Humanitarios de la Ley Nacional de Ejecución Penal, el cual establece
que:
«La persona privada de su libertad, podrá solicitar al Juez de Ejecución
un permiso extraordinario de salida cuando se justifique por enfermedad
terminal, fallecimiento de un pariente consanguíneo en línea
ascendiente o descendiente de primer grado, cónyuge, concubina o
concubinario, o socioconviviente».
Además, esta decisión de las
autoridades penitenciarias también ha generado impactos emocionales
tanto en la propia defensora, que ha sido privada de despedirse de
madre, como en sus hijos, quienes han enfrentado el encarcelamiento
injusto de su madre y ahora enfrentan el duelo por la pérdida de su
abuela, la persona que durante todo este tiempo se había cuidado de
ellos.
Cabe recordar que Kenia fue arbitrariamente detenida la
noche del 18 de octubre de 2020 en una caseta de peaje del Estado de
Puebla y, tras permanecer en paradero desconocido y sin que se le
informará sobre su situación durante horas, fue trasladada a un penal
del estado de México.
Seis días después, el 24 de octubre, tan
sólo una hora después de que una jueza del estado de México le
concediera libertad bajo medidas cautelares, Kenia fue detenida de
nuevo, esta vez por orden de un juez federal. Se la acusaba por
supuestos delitos de “robo con violencia armada” y “ataques a las vías
de comunicación” en perjuicio de Caminos y Puentes Federales (CAPUFE) y
Autovías Concesionaria Mexiquenses.
Desde entonces Kenia ha estado
presa y ha enfrentado procesos judiciales, de ámbito estatal y federal,
por once delitos cuyas penas acumuladas suman más de veinte años de
cárcel, de los cuales ya ha estado cinco años en reclusión, tiempo
durante el que ha enfrentado, «un patrón sistemático de vulneraciones y violaciones a sus derechos«,
como su reclusión en un penal de máxima seguridad bajo condiciones
inhumanas que pusieron en riesgo su salud física, psicológica y
emocional.
Estas condiciones incluyeron la negación de acceso a
atención médica y a agua potable, control de su correspondencia y
situaciones extremas de aislamiento, así como restricciones a las
reuniones con su defensa jurídica y a la visita de sus hijos.
Frente
a este trato indigno, Kenia, quien nunca dejó de alzar la voz por sus
derechos ni por los de sus compañeras de reclusión, se declaró en huelga
de hambre en dos ocasiones. Gracias a su firmeza, al trabajo incansable
de su equipo jurídico y al acompañamiento de organizaciones
comprometidas con su causa, se logró su traslado a un centro
penitenciario con condiciones menos lesivas para su integridad.
Los
daños causados a éstos aún son más flagrantes y exponen la crueldad e
inhumanidad de un sistema que persigue a quienes lucha por un mundo
mejor y que impone modelos de (in)justicia patriarcales, racistas,
clasistas e individualizados y que no tienen en cuentan los impactos
colectivos de sus medidas, afectando a familias enteras y comunidades y
generando un mayor daño que el que pretenden subsanar.
Finalmente,
señalaron que estos cinco años de encarcelamiento son una condena
sumamente larga que no satisface el principio de proporcionalidad, ni
permite la posibilidad de reinserción a su familia y a la sociedad, con
reiteradas violaciones a sus derechos y tratos inhumanos y arbitrarios
como negarle la posibilidad de despedir a su madre fallecida y abrazar
el dolor de sus hijos.
Las
organizaciones que acuerpan a Kenia son: Alianza de Comunidades en
defensa de la Cuenca de los Ríos Bobos-Nautla y Tecolutla; Asociación
por La Paz y los Derechos Humanos Taula per Mèxic; Centro por la
Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL); CIVICUS: Alianza Global
para la Participación Ciudadana; CNTE-Estado de México; Colectivo
Ecocreando; Edela, México; Espacio de Organizaciones de la Sociedad
Civil para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y
Periodistas (Espacio OSC)
Organizaciones integrantes: ARTICLE 19;
Casa del Migrante Saltillo; Centro de Derechos Humanos de la Montaña
Tlachinollan; Centro de Derechos Humanos Zeferino Ladrillero (CDHZL);
Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA); Centro Nacional de
Comunicación Social (Cencos); Comunicación e Información de la Mujer
A.C. (CIMAC); Consorcio para el Diálogo Parlamentario y la Equidad
Oaxaca (Consorcio Oaxaca); Instituto de Derecho Ambiental (IDEA); Red
Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos Todos los Derechos
para Todas, Todos y Todes (RedTDT); Scalabrinianas, Misión con Migrantes
y Refugiados (SMR); Servicios y Asesoría para la Paz (Serapaz);
Proyecto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PRODESC).
Acompañado por Brigadas Internacionales de Paz (PBI) – Proyecto México;
Federación Internacional por los Derechos Humanos (FIDH), en el marco
del Observatorio para la Protección de las Personas Defensoras de
Derechos Humanos; Grupo de Trabajo sobre Política Migratoria; Iniciativa
Mesoamericana de Mujeres Defensoras de Derechos Humanos
(IM-Defensoras); Organización Mundial Contra la Tortura (OMCT), en el
marco del Observatorio para la Protección las Personas Defensoras de
Derechos Humanos; Plataforma por La Paz y los Derechos Humanos México –
Unión Europea; Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos en México;
Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos «Todos los
Derechos para Todas, Todos y Todes» (Red TDT); REDIM (Red por los
derechos de la infancia en México).
En prisión siendo mujer indígena
Wendy Rayón
Al
pertenecer a una comunidad indígena, Kenia vivió de cerca la violencia
que llegan a enfrentar las y los habitantes de pueblos originarios ante
invasiones extractivistas o violaciones a derechos humanos. La defensora
es dirigente del Colectivo Libertario Zapata Vive y del Movimiento
Nacional por la Libertad de los Presos Políticos y desde el 2019 ella y
sus compañeras y compañeros de lucha comenzaron a recibir amenazas y
hostigamiento judicial.
Para junio de 2020, mientras se llevó a
cabo una protesta por la liberación de presos que eran integrantes
del Movimiento Nacional por la Libertad de los Presos Políticos, Kenia
en compañía de tres defensores más fueron detenidos en la carretera
Toluca-Valle de Bravo, ubicada en el estado de México. Transcurrieron
cinco días en los que estuvo en prisión preventiva dentro del Centro
Penitenciario «Sergio García Ramírez» en Ecatepec y después fue
liberada, pero permaneció bajo vigilancia de las autoridades.
Cuatro meses después, el 18 de octubre de 2020, alrededor de 22 elementos de la policía detuvieron a Kenia en lacaseta
de Amozoc, Puebla. Este hecho se dio sin que le hicieran saber
el motivo de su detención y además lo hicieron sin una orden judicial.
Posteriormente,
se le comunicó a sus familiares que Kenia se encontraba en el Centro de
Readaptación Social de Santiaguito, en Almoloya de Juárez. La acusaron
de ataques a las vías de comunicación contra Caminos y Puentes Federales
(CAPUFE). Ahora enfrenta una condena de 21 años y 9 meses de prisión
como resultado de dos sentencias por delitos fabricados: robo con
violencia y el uso de un arma.
En experiencia de la defensora, la
mayoría de las mujeres indígenas que terminan privadas de la libertad es
gracias a delitos que cometieron sus parejas y esposos. A esto se suma
el círculo de violencia contra ellas que se prolonga incluso en
el sistema de justicia, los cuales están conformados con más frecuencia
por hombres quienes no las juzgan con perspectiva de género, dándole así
largas sentencias que no se equiparan con el delito que cometieron o en
otras ocasiones, ni siquiera infligieron la ley.
Cuando Kenia
estuvo en el Centro Federal de Readaptación Social (Cefereso) No 16 de
Morelos, la cárcel de máxima seguridad para mujeres en México, había 16
mujeres indígenas privadas de la libertad de las cuales al menos 11 eran
inocentes. Ahora que se encuentra en el Centro Penitenciario y de
Reinserción Social Neza-Sur con ella suman 15 mujeres indígenas en el
penal y afirma que 9 son inocentes. Una de ellas quien tiene 61 años
cumple una sentencia de 60 años que probablemente no llegará a terminar,
por lo que ambas experiencias muestran una tendencia en
la criminalización de este sector.
Fotografía retomada de @ParaKenia en X
A
casi cinco años de estar privada de su libertad, la defensora ha pisado
diferentes penales y en todos emprendió acciones en favor de las
mujeres indígenas. Por ejemplo, cuando fue trasladada al Cefereso 16, entre el 25 de octubre del 2020 hasta el 25 de enero del 2024, logró instalar un pabellón de las mujeres indígenas tras insistirle a la directora por tres años. Se trata de un espacio de convivencia en
donde se les permite vivir juntas, cocinar, compartir sus saberes
ancestrales e incluso sembrar la tierra con milpa, calabazas, ejotes y
rábano. Según los reportes que recibe Kenia, el pabellón es uno de los
sitios del penal exentos de suicidios de mujeres
Cabe recordar que, el Cefereso 16 es
el único centro penitenciario federal para mujeres en el país y
considerado uno de los más grandes en América Latina, el cual se ubica
en el estado de Morelos. No obstante, se ha convertido en uno de los espacios más violentos contra las mujeres porque desde 2015 con su apertura se han llevado a cabo torturas, castigos, tratos crueles e inhumanos y violaciones a derechos humanos, todo esto, bajo un cobijo sistémico del cual es responsable el Estado mexicano y la cúpula empresarial mexicana.
Por
otro lado, en el penal de Neza, en el que actualmente se encuentra, no
hay tierra para sembrar, por lo que se ha dedicado a atender una cooperativa de 26 mujeres que
se apoyan mutuamente y en donde Kenia les enseña a ser resilientes para
hacer frente ante las injusticias del sistema. Asimismo, trabajan
haciendo obras de artesanía y comparten sus conocimientos que funcionan como terapia ocupacional provocando incluso que, algunas de ellas, dejen las adicciones al tabaco, drogas y medicamentos.
«A
mí me da mucho gusto y se me llena en el corazón de saber que el
trabajo está dando frutos, de saber que el esfuerzo ahí está, porque el
contacto permanente con la tierra es tan amoroso» -Kenia Hernández, activista y defensora de los derechos de las mujeres en Guerrero.
Fotografía retomada de @ParaKenia en X
Defender a las mujeres de su comunidad
Antes de terminar presa, Kenia ya trabajaba como defensora de los derechos humanos, una decisión que tomó a los 16 años luego de atestiguar la violencia física que vivió una de las mujeres indígenas de
su comunidad a quien le enseñaba a leer y escribir. El responsable fue
la pareja de la mujer quien se encontraba en estado etílico.
Según
narró la defensora, en su infancia nunca vivió con violencia física o
emocional. Su padre siempre trató con respeto a su madre, aunque de vez
en cuando cometía actos de micromachismo, afirmó durante la entrevista.
Debido a esto, nunca dimensionó las consecuencias de la violencia de género,
pero la situación con aquella mujer indígena de su comunidad le hizo
saber que debía estudiar Derecho, una promesa que cumplió al estudiar en
la Universidad de Loyola gracias a una beca que ganó.
Cuando
regresó a su comunidad se dedicó a atender casos de divorcio, violencia
familiar e incluso casos de feminicidio. A partir de su trabajo notó
la violencia generalizada que viven las mujeres indígenas.
Según su testimonio, para entender el contexto se debe partir de las
restricciones sociales que les impide superarse ligado a estereotipos de
género.
Fotografía retomada de @ParaKenia en X
De acuerdo con el Censo de Población y Vivienda 2020, se estima que, de las 7 millones 364 mil 645 personas indígenas en México, 3 millones 785 mil 427 son mujeres (51.4%). La Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares (ENDIREH 2021) reveló que al menos el 67.7% de las mujeres indígenas sufrió
violencia de género a lo largo de su vida. Por ejemplo, el 50.4% sufrió
violencia psicológica, el 36.7%violencia física, el 41.8% violencia
sexual y 28.4% violencia económica o patrimonial.
Por
forma de vestir (35.2%), peso o estatura (33.2%), por ser mujer
(29.4%), por ser indígena o afrodescendiente (28.9%), creencias
religiosas (28.3%), manera de hablar (27.4%), clase social (22.6%), edad
(21.5%), lugar donde viven (21.4%), opiniones políticas (21.1%), tono
de piel (17.1%), por ser huérfana o adoptada (16.8), tener alguna
enfermedad (9.5%), tener alguna discapacidad (9.5%) y por su orientación
sexual (6.2%).
«Le
solicito y le pido que nos voltee a ver porque la organización social
es una parte fundamental de la reconstrucción del tejido social. Si
queremos sacar adelante a este país, si queremos que se frene la
delincuencia; se tiene que volver a ver las cárceles» -Kenia Hernández, activista y defensora de los derechos de las mujeres en Guerrero.
.-C
