TIEMPO DE MUJERES: 13/7/25

7/19/2025

Peña Nieto será investigado por Pegasus. Permanece deuda de justicia con mujeres de Atenco

.-Ciudad de México.- A raíz de la publicación del reportaje del medio israelí The Marker, el cual señala la participación del ex presidente mexicano Enrique Peña Nieto, con empresarios de ese país, para adquirir el software de espionaje Pegasus, el fiscal General de la República (FGR), Alejandro Gertz Manero, anunció que dará inicio una investigación por este caso, sin embargo aún hay una deuda pendiente y es con las mujeres de Atenco, quienes llevan 19 años buscando justicia, para sancionar a toda la cadena de mando involucrada en los eventos del 2006, los cuales fueron ordenados por este personaje.

El episodio en Atenco es uno de los más violentos en la historia de México, aconteció cuando Enrique Peña Nieto, fungió como gobernador del estado de México y derivó en la represión ejercida contra floristas de San Salvador Atenco. El enfrentamiento entre la comunidad y fuerzas policiacas derivó en diversas violaciones a derechos humanos que terminó un caso emblemática de tortura sexual contra mujeres que llegó al Sistema Interamericano.

No olvidemos que el pasado mayo de 2025, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo se comprometió a retomar el Plan de Justicia para Atenco a manos de la titular de Alimentación para el Bienestar, María Luisa Albores González, durante una visita al estado de México. Sin embargo, a dos meses de su promesa y con el regreso de Enrique Peña Nieto en la escena pública, no se vislumbra cuándo las 11 mujeres que lograron llevar su caso a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, obtendrán justicia.

Dicho plan permanece como una promesa vacía, pues la primera vez que se anunció fue en el sexenio del expresidente Andrés Manuel López Obrador (2018-2024), cuya intención era resarcir la deuda histórica con el pueblo de San Salvador de Atenco cuando fueron reprimidos por el Estado. No obstante, en varios años no se han dado a conocer las acciones concretas con las que se planea resarcir la deuda histórica.

De las mujeres aprehendidas en el 2006 tras el operativo policiaco ordenado por Peña Nieto, declararon haber sido torturadas sexualmente por parte de elementos policiales al momento de su detención y traslado; 11 de ellas iniciaron un proceso ante el Sistema Interamericano que concluyó con la sentencia emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos el 28 de noviembre de 2018.

Cabe recordar que, durante estos 19 años, las autoridades locales han sido las encargadas de investigar los actos de tortura y represión en Atenco; sin embargo, hasta hoy ningún elemento o funcionario de las diversas corporaciones locales ha sido sancionado por la tortura sexual cometida contra las mujeres. Por el contrario la FGJEM ha obstaculizado, desde el 2006 e incluso después de la emisión de la Sentencia de la Corte IDH, la posibilidad de que las mujeres sobrevivientes accedan a la justicia.

La exigencia de las mujeres sobrevivientes por alcanzar justicia es de relevancia para el Estado, no solo es poner fin a 19 años de impunidad, sino porque una adecuada investigación y sanción de los responsables puede fungir como una verdadera medida de no repetición, en un país donde la práctica de la tortura sexual persiste.

Los hechos

A 19 años de los hechos de la represión social en San Salvador Atenco, en el estado de México, donde se cometieron graves violaciones a Derechos Humanos contra mujeres de esa comunidad, al ser sometidas a tortura sexual por parte de agentes de seguridad estatal y federal, hoy no hay ni un solo detenido en toda la cadena de mando que planeó y ejecutó el operativo, así lo reveló María Luisa Aguilar, coordinadora del Área Internacional del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez.

En 2006, San Salvador Atenco fue el escenario de la lucha del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra, quienes se oponían a la expropiación de sus tierras para la construcción del Aeropuerto de la Ciudad de México en Texcoco. El conflicto escaló.

Fue el 3 de mayo de ese 2006 cuando inició una disputa entre vendedores de flores de San Salvador Atenco y policías municipales. El conflicto escaló hasta la ejecución de un operativo conformado por mil 815 policías estatales y 628 elementos de la Policía Federal Preventiva (PFP), quienes enviados por el entonces gobernador, Enrique Peña Nieto, buscaban ponerle fin al movimiento de protesta. Durante el operativo se detuvieron arbitrariamente a más de 200 personas.

El gobierno federal, a través de la Secretaría de Gobernación (Segob), dio a conocer el Diagnóstico Nacional sobre Tortura Sexual Cometido contra Mujeres Privadas de Libertad en México. A partir de las mil 280 entrevistas realizadas en el estudio a mujeres privadas de la libertad en 66 penales del país, el documento revela que siete de cada 10 mujeres fueron víctimas de violencia en algún momento de su proceso judicial.

Se debe recalcar que este Diagnóstico forma parte del resolutivo emitido por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en su sentencia emitida el 28 de noviembre de 2018 contra el Estado mexicano por las 11 mujeres sobrevivientes víctimas de tortura sexual en el caso de San Salvador Atenco, estado de México.

En este diagnóstico se informó que 7 de cada 10 mujeres vivieron algún tipo de violencia, incluida la tortura sexual en diferentes etapas de su proceso: ya sea en su arresto, traslado, puesta a disposición ante el ministerio público, arraigo, estancia en centro de reclusión o la etapa de juicio.

¿Con qué más no ha cumplido el Estado mexicano en este caso?

El Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, denunció que el Estado mexicano, señaló que el Estado mexicano no ha cumplido con la creación del observatorio para monitorear y fiscalizar el uso de la fuerza de la Policía federal, ahora Guardia Nacional, como se estableció en la histórica sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH) y tampoco avanzó el Mecanismo de Seguimiento a Casos de Tortura Sexual.

El Centro Pro, resaltó que las autoridades mexicanas han fallado también en incluir a las sobrevivientes en las investigaciones y en llevar a cabo estas investigaciones de acuerdo con las directrices establecidas por la Corte Interamericana.

En este contexto, se reitera la exigencia de las 11 mujeres sobrevivientes para que el Estado mexicano cumpla con sus compromisos y

Ante los resultados del caso, la Fiscalía Especializada en Delitos de Violencia contra las Mujeres y Trata de Personas ha limitado su acción y se presume no ha investigado los hechos en su totalidad ni establecido responsabilidades de la cadena de mando, mientras que el Estado no ha otorgado una ruta efectiva de rehabilitación para atender las necesidades de salud de las mujeres.

Las 11 mujeres

En este contexto, el Área Internacional del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, recordó que solo fueron 11 mujeres, quienes decidieron emprender acción legal por los hechos y al agotar instancias en el país, llevaron el caso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

Ellas son parte de un grupo de alrededor de 50 mujeres quienes fueron detenidas y la mayoría sujetas a prácticas de tortura sexual, pero se animaron a denunciar estos hechos, en un contexto de mucho estigma por parte de las instituciones, así como del propio movimiento social.

Desde el primer instante, se contó con la intervención y documentación de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y del Colectivo Contra la Tortura y la Impunidad (CCTI) logrando que 21 policías estatales fueran consignados por abuso a la autoridad, siendo este un delito menor, y un policía estatal fue condenado por el delito no grave de actos libidinosos contra una de las víctimas de agresión sexual y más tarde fue absuelto.

Ante esta decisión, 11 de las mujeres acudieron a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), la cual recomendó al Estado mexicano una investigación penal efectiva (con debida diligencia y dentro de un plazo razonable) para esclarecer los hechos de forma integral e identificar y sancionar los distintos grados de responsabilidad: material, intelectual y el encubrimiento en las investigaciones posteriores.

El 17 de septiembre de 2016, diez años después, la CIDH envió el caso a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) cuando se identificó falta de avance en el cumplimiento de las recomendaciones. Para el 28 de noviembre de 2018, la Corte IDH.emitió una sentencia en la que declaró culpable al Estado mexicano por violaciones a derechos humanos contra las 11 mujeres, que incluyó detención arbitraria; tortura física, psicológica y sexual; y falta de acceso a la justicia

También se ordenó sancionar a las partes responsables, fortalecer el mecanismo interinstitucional contra la tortura sexual a mujeres y crear un observatorio independiente de fuerzas policiales (federal y del Estado de México), brindar medidas de atención y rehabilitación a las 11 mujeres.

“Nuestros cuerpos son utilizados como un arma para socavar movimientos, nuestros cuerpos son utilizados como una propia arma en contra de nosotras mismas en contextos de detención, a eso se llama torturas sexuales y lo practican el Estado mexicano y los estados de la región”.

El regreso de Enrique Peña Nieto

De acuerdo con la investigación del medio israelí The Marker, publicada el 4 de julio, cuatro meses antes de dejar su cargo el expresidente recibió un soborno de hasta 25 millones para facilitar la compra y venta del software Pegasus, un programa de vigilancia instalado en diferentes dispositivos móviles en México para mantener en la mira a personas periodistas, activistas y defensores de derechos humanos. Esta transacción se logró a través de la empresa fantasma Air Cap con la firma israelí NSO, a cargo de los empresarios Avisahi Neriah y Uri Ansbasher.

El domingo 6 de julio, el expresidente salió a hablar en sus redes sociales sobre los señalamientos en su contra y acusó a los medios de comunicación mexicanos de dar replica a la investigación sin verificar la información.

Con esto, dio un paso firma para salir a la escena pública tras varios años de exilio en España, en los que solo se le vio salir en defensa del documental «Texcoco, la decisión del presidente» que abordaría la construcción del Nuevo Aeropuerto Internacional de México y la entrevista para el libro «Confesiones desde el exilio».

Al día siguiente, Enrique Peña Nieto salió en entrevista para el periodista Ciro Gómez Leyva en su programa «Por la mañana» para hablar sobre las acusaciones y argumento que su desaparición se debió a un respeto a las administraciones de Andrés Manuel López Obrador (2018-2024) y de la actual presidenta Claudia Sheinbaum Pardo (2024-actualidad).

Ante la investigación, el fiscal General de la República, Alejandro Gertz Manero, anunció en la Mañanera que se abrirá una carpeta de investigación en contra de Enrique Peña Nieto y una solicitud de información al gobierno de Israel para que entregue información relacionada al caso, aunque no se sabe si el país cooperará para las indagaciones. Además, mencionó que la investigación periodística contiene información «específica, clara y precisa» de la relación entre ambas empresas ´para hacer el intercambio del software.

Atenco | Cimac Noticias

Sin respuesta

Esta sentencia fue ordenada el 21 de diciembre de 2018, no obstante, a 7 años de ser emitida permanece incumplida. En 2023, Centro Prodh reportó que el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito resolvió el amparo interpuesto por las Mujeres de Atenco, ordenando a la FGJEM remitir la averiguación previa del caso Atenco a la Fiscalía Especializada en Delitos de Violencia contra las Mujeres y Trata de Personas (FEVIMTRA), la cual ahora tendrá la obligación de continuar la investigación, bajo los parámetros ordenados por la Corte IDH.

Sin embargo, las medidas estructurales como la implementación del observatorio de uso de la fuerza se siguieron negando, el fortalecimiento al Mecanismo de Seguimiento de Casos de Tortura Sexual ha sido casi nulo, y las medidas individuales de atención y rehabilitación no han sido cumplidas cabalmente.

En 2024, la organización apuntó que, las autoridades no han incluido a las sobrevivientes a las investigaciones y estas no se han conducido siguiendo las líneas establecidas de la Corte IDH. Después de que el expediente se remitió a la FEVIMTRA no hubo avances sustantivos, sino que la instancia no ha investigado los hechos en su totalidad.

Por otro lado, aún no existe la creación del observatorio para monitorear el uso de fuerza de la Guardia Nacional como lo establece la sentencia de la Corte IDH para garantizar la no repetición; el Mecanismo de Seguimiento a Casos de Tortura Sexual no ha sesionado desde su emisión en marzo de 2023, así como también se desconoce las acciones a implementar para incluir las recomendaciones del Diagnóstico en la materia publicado en 2022 por la Secretaría de Gobernación.

Redadas del ICE agravan violencia estructural contra jornaleras migrantes en California

Escrito por Paola Piña

Crédito: Rosana Martín Grillo FAO.-Ciudad de México.- En las últimas semanas las redadas migratorias en Estados Unidos se intensificaron, particularmente en las zonas agrícolas del estado de California, donde miles de jornaleras laboran. Esto las coloca en una situación de alta vulnerabilidad, ya que están expuestas a detenciones arbitrarias por parte del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE). La persecución migratoria no solo representa la amenaza de encarcelamiento o expulsión del país, sino la profundización de la violencia estructural que enfrentan por ser mujeres, migrantes y trabajadoras rurales.

Las deportaciones masivas han sido una de las estrategias fundamentales de la política migratoria de Donald Trump desde que inició su segundo mandato presidencial en enero de 2025. Gracias a una serie de ordenes ejecutivas se determinó la suspensión de programas para el reasentamiento de refugiados durante cuatro meses; la cancelación de las citas en la aplicación CBP One; la catalogación de pandillas y carteles como terroristas; retomar la construcción del muro fronterizo; implementar de nueva cuenta la política pública “Quédate en México”; la detención de vuelos migratorios; el cierre de la frontera junto a su militarización; y el uso de redadas simultaneas, para expulsar a las personas migrantes del país.

Desde el pasado 6 de junio, California se convirtió en foco de despliegues migratorios coordinados, en donde el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) realizan operativos sorpresas en distintos lugares como viviendas, centros de trabajo, espacios públicos y hasta iglesias o escuelas con el objetivo de localizar, detener y deportar a las personas que se encuentran en el país sin autorización legal o con órdenes de deportación pendientes. En muchos casos, las detenciones se hacen a través del uso excesivo de fuerza física, intimidación y métodos agresivos, que ya provocaron descontento y protestas entre la comunidad latina.

Los casos más recientes registrados se suscitaron dentro de zonas agrícolas de las ciudades Camarillo y Carpintería, en los condados de Ventura y Santa Bárbara. Hasta el momento la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) informó que aún no se ha confirmado el número de mexicanas y mexicanos detenidos; sin embargo, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS por sus siglas en inglés) reportó 361 personas migrantes detenidas y 14 menores de edad, siendo esta la mayor redada en el estado de California.

El miedo a ser deportada

Margarita Amalia Cruz Cruz es originaria de Santiago Ixtlahuacan, en la Mixteca Baja del estado de Oaxaca, y proviene de una larga línea de jornaleros y jornaleras. Lleva más de cuarenta años trabajando en los campos agrícolas de San Quintín, Baja California, a donde llegó a los nueve años, motivada por la promesa de empleo abundante y mejores oportunidades laborales. A partir de las violencias que experimento a lo largo de su vida se convirtió en representante de Mujeres en Defensa de la Mujer y desde entonces se dedicó a defender los derechos laborales de las mujeres jornaleras.

Aliadas- Margarita Cruz Cruz, de jornalera a vocera internacional – cimacnoticias.com.mx

Según comentó a Cimacnoticias, muchas mujeres jornaleras en Estados Unidos están evitando salir de sus hogares debido al temor constante a ser detenidas y deportadas. Este miedo se intensificó después de la circulación de numerosos videos en redes sociales que muestran detenciones violentas, redadas en zonas agrícolas y operativos sorpresas por parte de agentes del ICE. En dichos registros, se documentó cómo las mujeres son abordadas mientras trabajan, transitan por la calle o incluso al llevar a sus hijas e hijos a la escuela.

“Una amiga mía me dice: ‘No, te imaginas qué terror que me lleguen a agarrar en algún mercado o en el trabajo. Mis hijas se van a quedar solas, mis hijos se van a quedar solos. ¿Quién los va a cuidar? ¿Cómo me voy a comunicar con ellos?», compartió Cruz.

Estas redadas migratorias no solo afectan a quienes ya se encuentran en Estados Unidos. Margarita Cruz advirtió que, desde el regreso de Donald Trump al poder, se detectó una disminución en la contratación de mujeres jornaleras que viajan con visas de trabajo para laborar en los campos agrícolas. Esta reducción no es casual, sino resultado de un clima político hostil que desalienta la movilidad laboral femenina y profundiza la exclusión de las mujeres rurales. La afectación es directa, ya que muchas dependen de las temporadas de trabajo para sostener a sus familias, reforzando así las barreras estructurales que históricamente las mantienen en condiciones de pobreza y dependencia.

“Nos ha tocado escuchar a mujeres que dicen que ya no se las están llevando. El año pasado sí las llevaron, pero este año ya no. Se piensa que es por las redadas; que las compañías ya no quieren arriesgarse a llevarlas”, explica.

También señaló que, los salarios que perciben las mujeres jornaleras en Estados Unidos son desproporcionadamente más altos que los que reciben en México. Allá, según explicó Cruz, se les paga con base en su rendimiento, lo que les permite acceder a una remuneración más alta; mientras que en México «se les da los que el empleador pueda», sin un criterio claro. De acuerdo con diversos testimonios de mujeres que le han llegado a Cruz, en tan solo un mes consiguieron ingresos que, en su país de origen, serían inalcanzables.

Ante este panorama, Cruz hace un llamado a las mujeres que deciden migrar para laborar en el sector agrícola a que verifiquen que la empresa contratante sea confiable y que se informen previamente sobre sus derechos laborales. Si bien muchas jornaleras tuvieron experiencias positivas en Estados Unidos, también se documentaron casos de abuso, explotación y condiciones indignas de trabajo.

Además, destaca que el trabajo que realizan las jornaleras en Estados Unidos no solo beneficia de manera individual, sino también colectiva, pues muchas veces es el sostén de familias enteras. El ingreso que generan permite que sus hijas e hijos accedan a mejores oportunidades educativas, lo que a futuro también representa una contribución para el país receptor.

“Nosotras somos gente trabajadora que va a trabajar, que busca su crecimiento y el de nuestras familias. Cuando nos contratan, no solo se benefician ellos, los empleadores, sino también nuestras familias. Nos cambian la condición de vida y, con el tiempo, nuestros hijos salen del campo, se vuelven profesionistas, porque se les da la oportunidad de ingresar a la universidad”, subraya.

Cuando migrar no es una opción, sino la única salida

Cimacnoticias conversó con Cristina Solano, activista por los derechos de la comunidad jornalera, rural y migrante, quien advirtió que las mujeres jornaleras en México ya enfrentan un contexto precarizado. Muchas de ellas reciben salarios mínimos por extensas jornadas laborales y deben recorrer largos trayectos hacia los campos de cultivo. Por ejemplo, datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) señalan que, de las 15 millones 863 mil 731 personas ocupadas en este ámbito, el 10.7% eran mujeres. Además, ellas trabajan siete horas al día, pero por periodo menor de días que sus compañeros y su pago promedio es de $201 pesos.

Esta realidad, explica Cristina Solano, empuja a muchas mujeres jornaleras a migrar hacia Estados Unidos en busca de un mejor ingreso y condiciones de vida menos adversas. De acuerdo con ONU Mujeres, las jornaleras agrícolas pertenecen a uno de los sectores laborales más precarizados y con mayor violencia, donde persisten salarios bajos, ausencia de seguridad social, acoso sistemático y jornadas extenuantes. A estas condiciones se suma la sobrecarga de labores domésticas y de cuidados que también recaen sobre ellas.

Su rol en esta actividad económica es importante y tiene repercusiones en la seguridad alimentaria y nutricional de millones de personas, así como en la mejora de los medios de vida rurales y el trabajo de cuidados no remunerado, central para la sostenibilidad de la vida humana. Pese a su vital labor, Solano señala que aquellas mujeres que migraron en busca de mejores oportunidades nuevamente se encuentran en un estado de desprotección y vulnerabilidad total, pues aquellas que han sido deportadas, son separadas de sus hijas e hijos, criminalizadas por su situación migratoria y, al retornar a México, se enfrentan nuevamente a la precariedad laboral, lo que les impide solventar sus gastos y reconstruir sus vidas.

A esto se suma los abusos de poder por parte de agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) durante su detención. En el informe “Te tratan como si no valieras nada” de Human Right Watch, se documentaron múltiples acusaciones de abuso sexual cometidas por agentes de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP), la Patrulla Fronteriza y del ICE. Uno de los casos más alarmantes relata que una niña sufrió abuso sexual y violencia física por un oficial. El informe también denuncia posibles violaciones al debido proceso, ya que muchas mujeres migrantes relatan que los agentes les impidieron presentar solicitudes de asilo o las obligaron a firmar documentos que no comprendían, vulnerando así sus derechos fundamentales.

Cabe destacar, que las jornaleras enfrentan una triple exclusión: por su condición de migrante, por ser mujeres y por desempeñarse en un trabajo agrícola, uno de los sectores más precarizado y desprotegido. A pesar de realizar una labor esencial para la producción de alimentos, sus derechos laborales, reproductivos y de cuidado son transgredidos sistemáticamente.

“Es una situación muy complicada para las mujeres, pues además de ser trabajadoras, son jefas de familia. Eso hace todo más difícil, porque deben buscar nuevamente un lugar donde trabajar y al mismo tiempo cuidar de sus hijos”, lamentó Solano.

Por su parte, Cristina Solano señaló la urgencia de hacer un llamado al gobierno de México para que brinde apoyo y protección real a las comunidades migrantes, a través de asesoría, información y defensa de sus derechos, con el fin de enfrentar la ola de violencia ejercida por el gobierno estadounidense. Además, consideró fundamental fortalecer las redes de apoyo con organizaciones indígenas en México para asegurar un retorno digno y seguro para quienes sean deportadas.

Cabe mencionar que, tras estas redadas, la presidenta Claudia Sheinbaum calificó como injustas las detenciones y anunció que se incrementarán los recursos destinados a los consulados de México en Estados Unidos para fortalecer el apoyo jurídico a las personas migrantes. No obstante, no se ha especificado a cuánto ascenderá ese aumento, pues será hasta la reunión con Édgar Amador, titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), que se definirá la cantidad.

Sin embargo, es importante destacar que el apoyo jurídico, aunque es necesario, no es suficiente. De acuerdo con las recomendaciones del Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (CEDAW), ante el aumento en la detención de mujeres y niñas migrantes, es urgente buscar alternativas que eviten los traslados internos forzados y asegurar que la aplicación de las leyes migratorias se realice por personal civil capacitado y con supervisión independiente, a fin de prevenir abusos.

Ley Olimpia avanza. Uruguay podría ser el quinto país de América en aprobarla

Escrito por Wendy Rayón Garay

Fotografía original recuperada de @olimpia_coral_melo en Ig.-Ciudad de México.- La Ley Olimpia es un aporte de México para los movimientos de mujeres en el mundo, su creadora fue la defensora mexicana Olimpia Coral Melo y esta legislación hoy llega a otras latitudes, avanza con aprobación en los distintos congresos donde se presenta, tal es caso de Estados Unidos, Panamá y Argentina y ahora, Uruguay podría sumarse a la lista como el quinto país en el continente en lograrlo.

Esta ley representa un importante avance para la protección de mujeres, niñas y adolescentes porque de acuerdo con el último reporte anual ‘Violencia sexual digital contra las mujeres en México’ del Frente Nacional para la Sororidad (FNS), las mujeres componen el 95% de las víctimas de la violencia sexual digital. A través de solicitudes de información realizadas por el FNS a 33 instituciones de justicia, de las que solo 14 respondieron;, se han podido documentar el siguiente número de carpetas por violencia sexual digital: 2 mil 682 en Ciudad de México, 2 mil 556 en Querétaro, mil 095 en Puebla, 776 en Aguascalientes, 649 en Quintana Roo, 473 en Zacatecas, 205 en Guerrero, 145 en Campeche, 127 en Chiapas, 91 en Sonora, 42 en Nayarit, 10 en Tlaxcala, 8 en Tabasco y 0 en Yucatán.

Si bien, la Ley Olimpia, significa un paso importante hacia el reconocimiento y sanción de la violencia sexual digital en el ámbito legislativo, este tipo de disposiciones aún son insuficientes si no van acompañados de una transformación cultural y de mecanismos integrales de prevención, atención y justicia. Ley Olimpia, por ejemplo, nació como respuesta a un caso emblemático de violencia digital: la difusión masiva y no consentida de un video íntimo de la creadora de esta ley en el estado de Puebla, México. Tras un camino de denuncia y organización, la defensora logró impulsar una iniciativa para reformar el Código Penal en el estado y tipificar las conductas como violación a la intimidad.

De esta forma se estableció que la violencia sexual digital es:

«Toda acción dolosa realizada mediante el uso de tecnologías de la información y la comunicación, por la que se exponga, distribuya, difunda, exhiba, transmita, comercialice, oferte, intercambie o comparta imágenes, audios o videos reales o simulados de contenido íntimo sexual de una persona sin su consentimiento, sin su aprobación o sin su autorización y que le cause daño psicológico, emocional, en cualquier ámbito de su vida privada o en su imagen propia» según lo establece la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.

Asimismo, algunas conductas que atentan contra la intimidad sexual son: video grabar, audio grabar, fotografiar o elaborar videos reales o simulados de contenido sexual íntimo, de una persona sin su consentimiento o mediante engaño, así como exponer, distribuir, difundir, exhibir, reproducir, transmitir, comercializar, ofertar, intercambiar y compartir imágenes, audios o videos de contenido sexual íntimo de una persona, a sabiendas de que no existe consentimiento, mediante materiales impresos, correo electrónico, mensajes telefónicos, redes sociales o cualquier medio tecnológico.

De acuerdo con el movimiento Ley Olimpia, a partir de febrero de 2025, durante la Primera Cumbre Latinoamericana de Defensoras Digitales en México, activistas y defensoras asumieron el compromiso de llevar la ley a distintas regiones del continente. Más adelante, en el marco de la Conferencia Mundial de Mujeres Parlamentarias, establecieron vínculos con la entonces senadora uruguaya Silvia Nane, con quien coincidieron en la importancia de impulsar esta legislación en su país.

En el último mes, la colectiva ha trabajado en coordinación con la Organización de las Naciones Unidas (ONU) Mujeres, el Instituto de la Mujer del país vecino y la Secretaría de las Mujeres de México en el desarrollo del proyecto «Sembrando la Ley Olimpia en Uruguay: hacia un sistema integral de prevención y atención de la violencia digital contra las mujeres», que busca fortalecer marcos legales y políticas públicas frente a la violencia en entornos digitales.

Fotografía retomada de @LeyOlimpiaLATAM en X

En este contexto, Uruguay podría convertirse en el quinto país en adoptar esta medida, avanzando así en la construcción de mecanismos regionales para erradicar una de las formas más normalizadas y desentendidas de violencia contra las mujeres. Actualmente, en Uruguay, la divulgación de imágenes o grabaciones con contenido íntimo sin consentimiento constituye un delito, conforme lo establece el artículo 92° de la Ley 19.580, la cual tipifica y sanciona la violencia de género.

“El que difunda, revele, exhiba o ceda a terceros imágenes o grabaciones de una persona con contenido íntimo o sexual, sin su autorización, será castigado con una pena de seis meses de prisión a dos años de penitenciaría. En ningún caso se considerará válida la autorización otorgada por una persona menor de dieciocho años de edad. Este delito se configura aun cuando el que difunda las imágenes o grabaciones haya participado en ellas.” -Extracto del articulo 92° de la Ley 19.580 en Uruguay.

¿Cómo va la Ley Olimpia en América Latina?

El 5 de noviembre de 2020, la Ley Olimpia fue aprobada en México por el Senado de la República tras dos años de discusión. Esta se colocó como una victoria feminista y su aprobación representó el reconocimiento del derecho de las mujeres a ejercer su sexualidad y su presencia en entornos digitales sin ser criminalizadas, expuestas o violentadas. Sin embargo, desde antes de su aprobación a nivel federal, las entidades federativas fueron tipificando la violencia digital en sus códigos penales.

Los estados en donde la Ley Olimpia está aprobada son:

Yucatán, Puebla, Nuevo León, Chiapas, Colima, Veracruz, Guanajuato, Baja California Sur, Coahuila, Querétaro, Oaxaca, Zacatecas, Estado de México, Guerrero, Aguascalientes, Tlaxcala, Durango, Michoacán, Ciudad de México, Sinaloa, Baja California, Morelos, Quintana Roo, Jalisco, Sonora, Tamaulipas, Campeche, Chihuahua, Hidalgo, Nayarit, Tabasco y San Luis Potosí.

Fotografía retomada de @olimpia_coral_melo en Instagram

El Congreso de Argentina implementó la Ley Olimpia (Ley 27.736) el 11 de octubre de 2023, incorporando la violencia digital como modalidad de violencia de género en la Ley 26.485 de Protección Integral a las Mujeres. El proyecto fue promovido por la diputada Mónica Macha en el que participó Olimpia Coral Melo en el debate parlamentario para visibilizar este tipo de violencia.

En Panamá, la aprobación de la Ley Olimpia representó un avance histórico en la lucha contra la violencia digital, El 9 de octubre de 2024, la Asamblea Nacional aprobó por unanimidad el Proyecto de Ley N°61 con 47 votos a favor y ninguno en contra. Esta legislación reforma incorpora la figura de violencia sexual digital como delito reconociendo por primera vez en el país, la discusión no consentida de material intimo no consentido basado en el género.

El pasado 19 de mayo, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, promulgó el proyecto de ley Herramientas para Abordar la Explotación Conocida mediante la Inmovilización de Deepfakes Tecnológicos en Sitios Web y Redes (Take It Down Act), la cual tipifica el delito de la difusión de imágenes no concensuadas o creadas con inteligencia artificial con contenido de índoles sexual o pornográfico. Esta fue presentada por los senadores Ted Cruz y Amy Klobuchar y en la cual participó las Defensoras Digitales del movimiento Ley Olimpia para su elaboración.

El documento aborda la tipificación del delito federal de una publicación con contenido intimo que no esté autorizado incluido fotografías intimas faldas con una pena de 3 años; la obligación de las plataformas digitales para eliminar dicho contenido en un plazo de 48 horas después de ser denunciado por la víctima, de lo contrario serán penalizadas con multas elevadas; y la protección legal de profesionales y autoridades a las víctimas.

“Talk it Down” contra la violencia digital en Estados Unidos, Ley Olimpia el referente – cimacnoticias.com.mx

A 15 años de su creación, ONU Mujeres pide 15 acciones urgentes para frenar violencias contra mujeres

Escrito por Paola Piña

.-Ciudad de México.- En un contexto global atravesado por crisis, guerras, desigualdades persistentes y retrocesos democráticos, ONU Mujeres conmemora 15 años de su fundación con un llamado urgente: acelerar el paso hacia la igualdad de género. Para ello, ha delineado 15 medidas clave que buscan enfrentar los múltiples frentes de violencia, discriminación y exclusión que afectan a mujeres y niñas en todo el mundo.

Desde la reacción violenta contra sus derechos hasta la pobreza, el hambre y el desplazamiento forzado, las mujeres enfrentan estas realidades que se agravan en muchos países. Con más de 4 mil millones de mujeres y niñas en el mundo, la organización propone acciones concretas que los gobiernos, organismos multilaterales, empresas y sociedad civil deben asumir con urgencia.

1. Renovar la voluntad política

Uno de los primeros desafíos que ONU Mujeres plantea es el resurgimiento de fuerzas ultraconservadoras que, con discursos nacionalistas y autoritarios, han comenzado a frenar e incluso revertir avances en materia de igualdad de género. Según el organismo, uno de cada cuatro países se resiste abiertamente a adoptar políticas que garanticen los derechos de las mujeres, mientras que tres cuartas partes de la población mundial vive hoy bajo regímenes autocráticos que socavan libertades fundamentales.

En este escenario, la primera medida apunta a renovar la voluntad política para salvaguardar los logros alcanzados en las últimas décadas. Esto implica que los sistemas jurídicos, políticos y financieros no solo no obstaculicen la igualdad, sino que la promuevan activamente, en línea con los compromisos adoptados en la Declaración y Plataforma de Acción de Beijing.

2. Poner fin a los conflictos

El impacto de la guerra no es neutro, y las mujeres lo enfrentan con una crudeza particular. De acuerdo con ONU Mujeres, en la última década ha crecido en un 50 % el número de mujeres y niñas que viven cerca de zonas de conflicto. En 2023, se registraron más de 170 conflictos armados, lo que ha dejado a 612 millones de mujeres y niñas residiendo a menos de 50 kilómetros de una zona de guerra.

Las consecuencias han sido devastadoras: la violencia sexual ha aumentado, al igual que la proporción de mujeres asesinadas en contextos de guerra, que se duplicó en 2023 respecto al año anterior. Por ello, se propone como segunda medida aumentar significativamente la inversión en la prevención de conflictos, la mediación y la consolidación de la paz, con enfoque de género y participación femenina en todos los niveles.

3. Asegurar la participación de las mujeres en procesos de paz

La exclusión de las mujeres en las negociaciones para la paz sigue siendo una constante, a pesar de que su participación está comprobada como clave para lograr acuerdos sostenibles e incluyentes. Entre 2020 y 2023, ocho de cada diez conversaciones por la paz y siete de cada diez iniciativas de mediación se llevaron a cabo sin la participación de mujeres.

Frente a esta omisión estructural, ONU Mujeres plantea que cualquier proceso de resolución de conflictos debe garantizar la participación plena, igualitaria y significativa de las mujeres. No como un acto simbólico, sino como una condición para una paz real y duradera.

4. Erradicar la pobreza

La pobreza tiene rostro de mujer. Actualmente, una de cada diez mujeres y niñas vive en condiciones de pobreza extrema, sobreviviendo con menos de 2.15 dólares diarios. Si no se toman medidas urgentes, erradicar la pobreza para las mujeres podría tomar 137 años, lo que representa un retroceso alarmante.

La organización propone adoptar políticas de protección social sólidas, como apoyos económicos a familias de bajos ingresos, licencias de maternidad remuneradas y sistemas de pensiones justos. Estas medidas no son un gasto, sino una inversión para la justicia social y la equidad.

5. Combatir la inseguridad alimentaria

Aunque las mujeres representan una parte importante de la producción agrícola, son quienes más padecen hambre. Las cifras son contundentes: 47.8 millones más de mujeres que de hombres sufren inseguridad alimentaria moderada o grave. Paradójicamente, muchas de ellas producen alimentos, pero no los consumen.

Por eso, ONU Mujeres pide a los gobiernos cerrar las brechas de género en la productividad agrícola, mejorar el acceso a recursos y combatir la desigualdad salarial en los sistemas alimentarios. Hacerlo podría reducir en 45 millones el número de personas con hambre.

6. Poner fin a la violencia contra las mujeres

La violencia feminicida sigue siendo una de las violaciones más graves y normalizadas. Una mujer o niña muere cada diez minutos a manos de su pareja o de un familiar. En 2023, se registraron 85 mil casos de feminicidios

Ante este panorama violento, ONU Mujeres exige leyes más estrictas, mayor inversión en prevención y atención, sistemas eficaces de recopilación de datos y, sobre todo, un enfoque de tolerancia cero ante cualquier forma de violencia de género, asimismo insta a fortalecer el apoyo a organizaciones que acompañan a las sobrevivientes.

7. Promover el acceso de las mujeres a la economía

Las mujeres dedican 2.5 veces más tiempo que los hombres al trabajo de cuidados no remunerado, lo que limita su participación en el mercado laboral. Solo en la recolección de agua, realizan 250 millones de horas diarias, más del triple que los hombres y niños.

Invertir en sistemas de cuidados, como el cuidado de niñas, niños, personas mayores o con discapacidad, podría generar hasta 300 millones de empleos de aquí a 2035, al mismo tiempo que transforma vidas y economías enteras.

8. Cerrar la brecha salarial de género

A nivel global, las mujeres ganan en promedio 20 % menos que los hombres por trabajos de igual valor. Esta diferencia responde a estructuras laborales sexistas, a la penalización por maternidad y a la discriminación directa.

ONU Mujeres propone políticas salariales con igual remuneración por trabajo de igual valor, transparencia en su aplicación, y licencias parentales equitativas para reducir la penalización por cuidados que enfrentan las mujeres.

9. Proteger el planeta desde la igualdad

La crisis climática impacta con más dureza a las mujeres. Se estima que 158 millones más de mujeres y niñas podrían caer en pobreza extrema de aquí a 2050 si no se adoptan políticas inclusivas. A pesar de ello, solo el 28 % de los ministerios de medio ambiente están liderados por mujeres. La solución está en financiar políticas con perspectiva de género, aumentar la representación femenina y respaldar iniciativas climáticas lideradas por mujeres.

10. Aumentar el liderazgo político de las mujeres

La subrepresentación política también es un obstáculo estructural. Tres de cada cuatro escaños parlamentarios en el mundo están ocupados por hombres, y 103 países nunca han tenido una mujer jefa de Estado.

Aunque las cuotas han demostrado ser efectivas, no son suficientes. Se necesita romper normas sociales discriminatorias, eliminar el estigma hacia las mujeres en el poder y erradicar la violencia política por razones de género.

11. Eliminar leyes discriminatorias

Las mujeres todavía tienen acceso solo al 64 % de los derechos legales que tienen los hombres. En más de la mitad de los países del mundo, existen restricciones legales que les impiden acceder a ciertos empleos o herencias.

La propuesta es clara: desmantelar todos los marcos legales discriminatorios y aprobar leyes que garanticen y protejan los derechos de las mujeres en todas las áreas.

12. Cerrar la brecha digital

En 2024, 277 millones más de hombres que de mujeres usaron Internet. Esta desigualdad digital representa una amenaza económica y social: podría costar 500 mil millones de dólares en pérdidas para los países de renta baja y media en los próximos cinco años.

Es urgente garantizar el acceso digital, combatir el acoso y la violencia en línea, y asegurar la participación plena de las mujeres en ciencia, tecnología e innovación.

13. Garantizar la educación de niñas y adolescentes

La educación sigue siendo un derecho negado para muchas. 119 millones de niñas no asisten a la escuela, y el 39 % de las adolescentes no finalizan la secundaria.

ONU Mujeres propone reducir los costos de escolarización, ofrecer transferencias económicas para familias y crear entornos seguros e incluyentes que promuevan el aprendizaje.

14. Erradicar la mortalidad materna

Cada día, casi 800 mujeres mueren por causas evitables relacionadas con el embarazo o el parto. La mayoría de estas muertes se concentran en solo 35 países con sistemas de salud frágiles.

Las soluciones pasan por invertir en salud sexual y reproductiva, capacitar personal médico, asegurar acceso universal y combatir normas que obstaculizan el acceso a servicios de calidad.

15. Aumentar la financiación para la igualdad de género

Finalmente, ONU Mujeres denuncia que entre 2021 y 2022, solo el 4 % de la asistencia oficial al desarrollo se destinó a programas con enfoque de género. Esta cifra evidencia la falta de voluntad real para transformar la vida de las mujeres.

La última medida propone a todas las partes, públicas y privadas, deben aumentar significativamente sus inversiones en igualdad de género, pues sin recursos no hay cambios estructurales posibles

México entre los países más letales contra defensoras ambientales. Mesoamérica acumula 35 casos de feminicidio

Escrito por Wendy Rayón Garay

Foto de Tom Fisk de Pexels: https://www.pexels.com/es-es/foto/bosque-verde-2739664/.- Ciudad de México.- Hoy, en el Día Mundial de las Personas Defensoras de los Derechos Humanos Ambientales, que se conmemora cada 17 de julio, es urgente visibilizar las violaciones sistemáticas que enfrentan quienes, como ellas, protegen la vida frente a intereses extractivistas y estructuras de poder que buscan silenciarlas y se da a conocer que México se encuentra entre los países más letales contra las defensoras ambientales y en la región de Mesoamérica acumulan 35 casos de feminicidio contra ellas.

Así lo determinó el último informe «La tierra, para quienes la trabajan y la defienden» de la Iniciativa Mesoamericanas de Mujeres Defensoras de Derechos Humanos (IM-Defensoras) el cual señala que, entre 2012 y 2024 se registraron 35 asesinatos y 10 mil agresiones contra defensoras de la tierra, el territorio y el medio ambiente, donde catalogan a México, Honduras, Nicaragua y El Salvador como los países con el mayor número de asesinatos contra defensoras ambientales.

“En todos los territorios donde hay pueblos indígenas y afrodescendiente con los últimos recursos del planeta, las defensoras reciben agresiones directas por la defensa de la tierra y el territorio… tiene que ver con un exterminio ya que para hacer avanzar el modelo extractivo se llevan a quienes lo cuidan y lo protegen.”Melissa Cardoza, defensora hondureña.

Entre 2012 y 2024 IM-Defensoras han documentado un total de 9 mil 629 agresiones contra defensoras y organizaciones que defienden la tierra, el territorio y el medio ambiente en Mesoamérica, tiempo en el que fueron asesinadas las 35 mujeres defensoras ambientales.

En Honduras, 62% del total de agresiones que se dirigieron contra defensoras de la tierra, territorio y bienes naturales, erigiéndose así en el tipo de derecho defendido con más agresiones documentadas en este país (6,764). Por su parte, en México, El Salvador y Guatemala las agresiones contra defensoras de tierra y territorio registradas durante estos años representaron 13.4%, 12.7% y 12.3% respectivamente.

IM-Defensoras, en su informe documentó que entre 1990-2020 el 80.2% de los conflictos socioambientales estuvieron relacionados con la extracción de minerales y materiales de construcción; mientras que el Mapa Mundial de Justicia Ambiental, una iniciativa financiada por la Unión Europea, documentó 211 casos de conflictos ambientales en México; 31 en Guatemala; 24 en Honduras; 12 en Nicaragua y 7 en El Salvador.

Las defensoras de la tierra, el territorio y el medio ambiente han representado uno de las colectivas con mayor número de agresiones registradas, tal y como se desprende del hecho que 22,3% del total de las 43 mil 186 agresiones contra defensoras que IM-Defensoras documentaron entre 2012 y 2024 en Mesoamérica fueron perpetradas contra compañeras que defendían estos derechos:

Grafíco de Iniciativa Mesoamericanas de Mujeres Defensoras de Derechos Humanos (IM-Defensoras)

De acuerdo con IM-Defensoras, en Centroamérica se vive bajo un sistema económico, político y cultural marcado por la herencia colonial, que se traduce en opresiones estructurales y en la reproducción constante de violencias patriarcales, capitalistas y racistas que recaen sobre los cuerpos y territorios de las mujeres. Este modelo, responsable de una crisis global multidimensional, intensifica la desigualdad, pobreza, violencia y los efectos del cambio climático.

Frente a la amenaza que representa para las comunidades y pueblos originarios, diferentes defensoras del ambiente se organizan para emprender acciones y contrarrestar a quienes detentan el poder y se benefician de este sistema. Entre ellas se encuentran las mujeres indígenas, afromexicanas o garífunas (pueblo afroindígena) que habitan en zonas rurales en donde mantienen contacto con la tierra y los recursos naturales. De esta manera protegen sus saberes, el derecho a la autonomía e identidad cultural, los territorios y los bienes naturales.

«Nuestra sola existencia como sujetas políticas desafía los mandatos patriarcales que pretenden silenciar el poder de las mujeres y disidencias sexo-genéricas. El mundo por el que luchamos es diametralmente opuesto al que pretenden imponernos y, por ello, nuestra labor pone en riesgo los intereses de los poderosos.» -Iniciativa Mesoamericanas de Mujeres Defensoras de Derechos Humanos (IM-Defensoras).

Casos de violencia contra defensoras ambientales en Centroamérica

El caso de la defensora indígena Bertha Cáceres en Honduras es uno de los más emblemáticos en Centroamérica. El 2 de marzo de 2016 fue asesinada en su casa en La Esperanza, cuando hombres armados ingresaron a su vivienda durante la noche y de dispararon causando su muerte. Las investigaciones determinaron que se trataba de un crimen premeditado para silenciar la oposición del proyecto Agua Zarca, una central hidroeléctrica planificada sobre el Río Gualcarque e impulsada por Desarrollo Energético S.A. (DESA).

Desde sus inicios, generó controversia y una oposición, principalmente de las comunidades indígenas por el acceso al agua y la afectación a sus derechos territoriales. La resistencia fue liderada por Berta Cáceres, quien desde el 2013 señaló el involucramiento de intereses privados, el gobierno y el Ejécito Nacional para la aprobación y desarrollo del proyecto. Asimismo, denunció la nula consulta previa, libre e informada sobre la construcción de la central hidroeléctrica en un espacio con significado espiritual.

La oposición al proyecto estuvo ligada a la violencia y represión contra activistas y personas de la comunidad lenca (indígenas habitantes principalmente en Honduras y El Salvador). Integrantes del COPINH fueron atacados, criminalizados y amenazados, lo que llevó al asesinato de Tomás García, líder indígena, en manos del Ejército Nacional, provocando que, tanto la constructora china Sinohyfro y el Banco Holandés de Desarrollo Empresarial (FMO) abandonaran el financiamiento del proyecto.

En 2018, un tribunal condenó a siete hombres -entre los que figuraron sicarios, exmilitares y empleados de DESA- como autores materiales: Elvin Rápalo, Oscar Torres, Edilson Duarte, Henry Hernández, Douglas Bustillos y Mariano Díaz como autores materiales; Sergio Rodríguez como autor por inducción (aquel que no cometió el delito, pero induce a alguien para hacerlo) el cual fue recalificado por decisión de la Corte; y a David Castillo como autor intermediario.

Caso Berta Cáceres. Corte Suprema de Justicia de Honduras ratifica la sentencia de Sergio Rodríguez – cimacnoticias.com.mx

Defensora indígena Bertha Cáceres en Honduras

En septiembre de 2018, la lideresa campesina Francisca Ramírez se vio obligada a exiliarse de Nicaragua tras una serie de diversas amenazas, ataques y hostigamientos que ponían en riesgo su vida. La situación se agravó cuando, en julio de ese año, Edén Pastora, militante histórico del Frente de Sandinista de Liberación Nacional (FSNL) y aliado del gobierno de Daniel Ortega, la amenazó de muerte en plena transmisión nacional.

En ese momento, Nicaragua atravesaba una crisis sociopolítica que derivó en protestas ciudadanas por la reforma al sistema de seguridad social. La indignación también creció por el incendio de la reserva biológica Indio Maíz, una de las reservas más extensas e importantes de Nicaragua y en ese mismo mes, Francisca Ramírez sufrió un atentado contra su vida mientras encabezaba una marcha en Nueva Guinea.

Anteriormente, la defensora asumía el liderazgo del Consejo para la Defensa de la Tierra, el Lago y la Soberanía y desde el principio se desempeñó como un papel clave en la lucha contra el Canal Interoceánico, un megaproyecto con financiamiento extranjero que pretendía cruzar Nicaragua desde el Atlántico hasta el Pacifico, amenazando el Gran Lago Cocibolca, una de las mayores fuentes de agua potable en Centroamérica y provocando el desplazamiento forzado de la comunidad campesina.

En consecuencia, Francisca Ramírez sufrió detenciones arbitrarias, allanamiento en su vivienda, vigilancia, campañas de difamación y daños a sus medios de transporte por parte de la policía. La violencia se hizo evidente cuando en 2017 la Comisión Interamericana de Derechos Humanos le otorgó medidas cautelares para proteger su vida e integridad. Aun cuando ya no vive en Nicaragua, la violencia en su contra continúa, el Estado le quitó su nacionalidad, confiscó sus bienes, la declaró prófuga de la justicia y continúa atacándola con campañas de estigmatización en redes sociales.

La desigual batalla de Francisca Ramírez frente al gobierno de Ortega – cimacnoticias.com.mx

Lideresa campesina Francisca Ramírez en Nicaragua

El 22 de septiembre de 2019, agentes de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI) irrumpieron con una orden de captura en la vivienda de la defensora María Concepción Hernández, integrante de la Asociación para el Desarrollo de la Península de Zacate Grande (ADEPZA) y de la Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos en Honduras. La llevaron a las instalaciones de la DPI en Amapala y, al día siguiente, fue liberada bajo medidas sustitutivas. Los cargos en su contra (usurpación de tierras y daños continuados y agravados) respondieron a denuncias presentadas por el terrateniente Jorge Casis Leiva, quien llevó a cabo una serie de desalojos violentos contra familias campesinas de la comunidad de Playa Blanca.

En noviembre del mismo año, María fue detenida de nueva cuenta cuando acudió voluntariamente a una audiencia relacionada con su proceso judicial. En esta ocasión, la captura incluyó a su hijo menor de edad y a los defensores Santos Hernández y Abel Pérez, quienes enfrentaban otro proceso penal. Todos quedaron privados de la libertad a la espera de la audiencia de imputación. No obstante, esta acción evidencio el uso del sistema judicial como herramienta de intimidación y desgaste hacia quienes defienden el territorio.

María fue absuelta de los cargos, pero sigue enfrentando hostigamiento. El 1 de abril de 2023, mientras visitaba em presión a Santos en el Centro Penal de Nacaome, fue detenida por tercera vez. Los agentes de la DPI reactivaron la misma orden de captura de 2019, pese a que había sido anulada. La defensora se encontraba nuevamente con su hijo menor de edad, quien quedó en estado de indefensión. Además, la policía impidió el acceso a la información de su defensa legal.

Gracias a la presión ejercida por organizaciones acompañantes y redes de defensoras, María fue liberada. No obstante, estos episodios reflejan un patrón sistemático de criminalización dirigido contra defensoras de derechos humanos que luchan por la tierra y la justicia social. La persecución judicial en su contra y la de otras y otros integrantes de ADEPZA, ocurre en un contexto creciente de interés económico sobre la península de Zacate Grande, donde se proyectaba la instalación de una Zona de Empleo y Desarrollo Económico (ZEDE).

Defensora María Concepción Hernández en Honduras

En México, el caso de Kenia Hernández es uno de los más dolorosos ejemplos de criminalización y persecución contra defensoras indígenas. La noche del 18 de octubre de 2020, fue detenida de manera arbitraria en una caseta de peaje del estado de Puebla. Permaneció desaparecida durante varias horas sin que se le informara sobre su situación, hasta que fue trasladada a un penal en el estado de México.

Kenia es una abogada y feminista amuzga que dedico su vida a la defensa de los derechos humanos. Como coordinadora del Colectivo Libertad de los Presos Políticos del Estado de Guerrero (MOLPEG) acompañó a víctimas de violencia machista, familiares de víctimas de feminicidio, personas encarceladas injustamente y comunidades afectadas por actividades extractivas. Debido a su activismo, tuvo que desplazarse de Guerrero ante amenazas y persecución que sufría por agentes estatales y paramilitares.

Seis días después de su primera detención, tras ser liberada bajo medidas cautelares, fue arrestada nuevamente por orden de un juez federal, acusada de robo con violencia armada y ataques a las vías de comunicación, delitos relacionados con su participación en protestas para exigir el libre tránsito por carreteras federales. Esta fue la tercera detención que sufrió en menos de cuatro meses, enfrentando procesos judiciales que suman más de veinte años de prisión.

Durante su encarcelamiento, Kenia fue recluida en distintas prisiones incluyendo el penal de alta seguridad CEFERESO 16, en el estado de Morelos. Allí sufrió condiciones extremas que afectaron su salud e integridad: negación de atención médica, aislamiento, restricciones para recibir visitas y control, riguroso de su correspondencia. En respuesta a estas vulneraciones, se declaró en huelga de hambre en dos ocasiones.

A pesar de estas condiciones, continuó ejerciendo su labor como defensora dentro del penal, organizando talleres para mujeres indígenas y promoviendo el autocuidado entre las reclusas, ante la incidencia de suicidios en el CEFERESO 16. El caso de Kenia, evidencia la estrategia del sistema judicial y policial para castigar a las mujeres que defienden sus territorios y derechos.

Prisión feminicida mexicana – cimacnoticias.com.mx

Entre enero de 2020 y diciembre de 2024, se documentaron 98 agresiones contra Miriam Miranda, defensora garífuna y coordinadora de la Organización Fraternal Negra Hondureña (OFRANEH). De ellas, 62 fueron ataques directos y 36 ocurrieron durante acciones colectivas en las que participaba. A pesar de contar con medidas cautelarías de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), la defensora vive en constante peligró y amenaza.

Los ataques reiterados contra Miriam están relacionados con su visibilidad nacional e internacional como una de las principales voces que defienden los derechos del pueblo garífuna y denuncian las violencias estructurales que enfrenta esta comunidad en Honduras como: despojo de tierras, desplazamiento forzado, asesinatos, ataques a su cosmovisión y racismo institucional.

Las agresiones que sufrió Mirian son diversas y provienen de distintos agentes, desde autoridades y fuerzas policiales o militares, terratenientes, empresarios y hasta el crimen organizado. Los episodios con mayor violencia que vivió fueron en 2014 cuando fue secuestrada junto con sus compañeros del OFRANEH logrando escapar gracias al apoyo comunitario, y en septiembre de 2023 cuando su casa fue rodeada por hombres armados.

Organizaciones civiles llevan propuestas al Senado para cumplir recomendaciones de CEDAW

Escrito por Wendy Rayón Garay

Fotografía retomada de @MaluMicher en X.-Ciudad de México.- Tras la publicación de las recomendaciones emitidas por el Comité para la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW por sus siglas en inglés) luego de su décima evaluación al Estado mexicano, diversas organizaciones de la sociedad civil se reunieron con la Comisión para la Igualdad de Género del Senado de la Republica con el objetivo de analizar dichas observaciones y proponer medidas concretas para incorporarlas en la agenda legislativa nacional.

El pasado el 17 y 18 de junio de 2025, una delegación de funcionarias del gobierno mexica, liderado por Citlali Hernández titular de la Secretaría de las Mujeres (Semujeres), acudió a Ginebra en Suiza para rendir cuentas sobre los avances u pendientes en el cumplimiento de sus obligaciones en materia de igualdad de género. Esta comparecencia formó parte del seguimiento a los compromisos adquiridos por el Estado mexicano sobre los derechos humanos de las mujeres. De esta manera, el Comité de la CEDAW escuchó la versión oficial, así como informes sombras de la sociedad civil y organizaciones feministas que pusieron en relieve otro lado de la violencia de género en México.

La senadora Martha Lucia Micher Camarena, presidenta de la Comisión de Género y una de las integrantes de la delegación mexicana, lideró le mesa de trabajo con las organizaciones de la sociedad civil. Para abrir el dialogo, señaló que la autonomía de las mujeres se define como la capacidad para tomar decisiones libres e informadas sobre su vida en función de sus propias aspiraciones y deseos; sin embargo, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) determina que existen tres dimensiones de la autonomía: la económica, física y política.

La autonomía física alude al derecho de las mujeres a decidir sobre sus cuerpos y sexualidad, vivir una vida libre de violencia y acceder a servicios de salud sexual y reproductiva. La autonomía económica se refiere a la capacidad de generar ingresos y recursos propios mediante el trabajo remunerado en condiciones de igualdad y enfrenta desafíos como la falta de protección social y sobrecargo de trabajo doméstico y de cuidados. Finalmente, la autonomía política implica la participación plena y en igualdad de condiciones en todos los espacios de toma de decisiones.

Propuestas para la autonomía física

Belén Contreras, en representación a diversas colectivas afromexicanas, hizo un llamado urgente para que se reconozca formalmente y con mayor precisión la existencia y derechos de las personas afrodescendientes en México. A pesar de avances legislativos como el reconocimiento en el artículo 2º constitucional, persisten graves omisiones en los marcos jurídicos que invisibilizan a las mujeres afromexicanas, sobre todo en el ámbito social, político y económico. Por ejemplo, la falta de reconocimiento específico en normas clave como la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, donde el término “afrodescendientes” se usa de manera general y no específica, lo que limita el reconocimiento legal y político de esta población.

Además, propuso una reforma puntual para que en el artículo 5º de dicha ley se sustituya el término “afrodescendientes” por “afromexicanas” y “afromexicanos”, lo que implicaría un reconocimiento más directo y adecuado de sus derechos y su identidad. Asimismo, sugirió la incorporación de definiciones claras y específicas tanto para “mujer afromexicana” como para “mujer indígena” en los instrumentos legales, a fin de que el Estado y las instituciones asuman obligaciones concretas para garantizar la participación política y el acceso a derechos de estas mujeres, evitando su uso meramente formal o simbólico.

Violencia de género

Diana Murrieta, representante de la organización Nosotras para ellas, expuso el trabajo que se ha desarrollado en los últimos años en torno al reconocimiento legal del acecho como una forma específica de violencia. Esta debe entenderse como el hostigamiento, seguimiento o vigilancia sistemática, ya sea de manera física o digital, contra una persona que se realiza de manera reiterada alterando su vida cotidiana, generando miedo, ansiedad y obligando a que modifique sus rutinas.

Las autoridades aún confunden el acecho con el acoso sexual, lo cual representa un problema, ya que la mayoría de los códigos penales del país no se reconoce el acoso sin connotación sexual. Esta omisión deja a muchas mujeres sin posibilidad de denunciar situaciones que ponen en riesgo su integridad, ya que el acecho es una antesala de delitos más graves como el feminicidio, la trata de personas, el secuestro o el reclutamiento forzado por el crimen organizado.

La propuesta presentada por Nosotras para ellas plantea incorporar el delito de acecho en el Libro Segundo del Código Penal Federal, Titulo Décimo Quinto relativo a los derechos contra la libertad y el normal desarrollo psicosexual. Sugiere incluir en el artículo 266°: «Comete el delito de acecho quien, por cualquier medio de forma física o digital, amenace, la libertad o seguridad de una persona de manera continua y persistente, y con dicha acción ocasiona en cabo en la integridad física, emocional, mental y patrimonial de la persona echada».

Andrea Medida, del Laboratorio Feminista de Derechos Digitales, señaló la urgencia de reformar la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para reconocer con mayor precisión la violencia socio-digital por razón de género. Este tipo de violencia no debe limitarse a lo penal ni restringirse exclusivamente al ámbito sexual, ya que se trata de un fenómeno transversal que impacta diversas dimensiones de la vida de las mujeres. Por ello, propuso que se reformen los artículos 20 Quarter y 20 Sexies de la Ley para incluir una definición clara que reconozca como violencia los actos cometidos o instigados mediate tecnologías de la información y comunicación (TIC´s), redes sociales, mensajería, correo electrónico o inteligencia artificial.

La reforma constitucional de 2021 integró la violencia contra las mujeres exclusivamente en el marco de la seguridad pública, lo cual contradice los avances del enfoque integral y articulado entre los ámbitos público y privado. El tratamiento legal de la violencia digital hasta ahora es deficiente, y la Ley Olimpia incurre en inconsistencias al sancionar con menor severidad delitos semejantes a los tipificados como trata, por lo que, la organización sugirió eliminar el artículo 199 Octies del Código Penal Federal y repensar los delitos desde una perspectiva integral, que supere la respuesta exclusivamente punitiva.

Para Media, el problema principal no radica en las leyes existentes, sino en su aplicación: la falta de capacitación del personal ministerial, la precariedad de las periciales y la ausencia de un enfoque especializado en las fiscalías. También existe la necesidad de generar medidas de protección acordes al entorno digital en el que ocurren las agresiones, y no reducir estas respuestas al ámbito penal. Cabe mencionar que la violencia socio-digital forma parte de un continuo de violencias que comienza en lo simbólico y puede escalar hacia daños severos, por lo que urge una revisión integral del marco legal.

Marta Juárez, en representación de la Red Aliadas por la Igualdad y No Violencia, centró su propuesta en la necesidad de redefinir el consentimiento sexual desde los estándares internacionales de derechos humanos. En México, el tratamiento legal de la violencia sexual continúa basándose en la exigencia de pruebas físicas de resistencia o violencia explícita, lo que niega justicia a muchas víctimas. Esto abona a la urgencia de adoptar el concepto de “ausencia de consentimiento”, especialmente cuando existen relaciones desiguales de poder, como ocurre entre docentes y alumnas, empleadores y subordinadas, o personas adultas y menores de edad.

La propuesta está respaldada por sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, como en los casos de Atenco, Rosendo Cantú e Inés Fernández, donde se reconoció que las víctimas no estaban en posibilidad de otorgar consentimiento. En ese sentido, para loa organización la violencia sexual debe ser entendida como una violación a la libertad y autonomía sexual de las mujeres. Asimismo, se necesita eliminar la figura del delito de estupro, el cual se usa para encubrir abusos sexuales a menores bajo la apariencia de relaciones “consensuadas”.

Para avanzar en estos cambios, la Red Aliadas por la Igualdad y No Violencia apuesta por abrir un espacio de diálogo legislativo convocado por el Senado, con participación de expertas y organizaciones, para revisar tanto los tipos penales como su operación institucional y que el Estado genere condiciones metodológicas para debatir sin polarización, desde una lógica de derechos, con apertura al disenso y responsabilidad institucional frente a las obligaciones internacionales en materia de igualdad y no violencia.

Ana Elena Contreras, integrante de la Red Nacional de Alertistas, abordó la problemática del feminicidio en México, subrayando que el tipo penal no está homologado en los distintos códigos penales estatales, lo que genera desigualdades y obstáculos en el acceso a la justicia para las víctimas. Anteriormente, organizaciones feministas demandaron la implementación de un Código Penal único para todo el país o, en su defecto, trabajar de forma prioritaria en la homologación del tipo penal de feminicidio.

México ha generado confusión jurídica y desigualdad en procuración de justicia ante la violencia feminicida. CEDAW 2025 – cimacnoticias.com.mx

Respecto al mecanismo de Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres (AVGM), Contreras expresó profunda preocupación por el retroceso que implica la desaparición de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia Contra las Mujeres (CONAVIM), instancia clave para su coordinación. Se trata de un mecanismo único en el mundo, por lo que, el debilitamiento institucional genera incertidumbre tanto en organizaciones feministas como en las mujeres que dependen de su activación. En el caso específico de la Ciudad de México, todavía no se proporciona información sobre el estatus actual de la Alerta, pese a que, desde hace un año, se expuso la necesidad de una evaluación de su implementación.

Contreras denunció que los vacíos legales y las limitaciones normativas en materia de justicia penal siguen reproduciendo la discriminación hacia las mujeres. En este sentido, hizo un llamado al Senado y a las comisiones presentes para revisar con urgencia los criterios legales discriminatorios en los códigos penales estatales y avanzar en su armonización, ya que el desmantelamiento de estructuras institucionales clave, como CONAVIM, debilita los esfuerzos para prevenir, sancionar y erradicar la violencia feminicida, por lo que urge sostener mecanismos eficaces, evaluables y con participación efectiva de las organizaciones civiles.

Salud sexual y reproductiva

María Consuelo Mejía, cofundadora de Católicas por el Derecho a Decidir, trajo a colación la objeción de conciencia que, si bien es un derecho individual, puede convertirse en una barrera estructural para el acceso al aborto si no se regula adecuadamente considerando que la Suprema Corte de Justicia de la Nación declaró inconstitucional el artículo 10 bis de la Ley General de Salud, por permitir una objeción sin límites ni controles, especificando que vulnera derechos fundamentales como la salud, la autonomía reproductiva y, en algunos casos, incluso la vida.

Derivado de esta sentencia, el Congreso tiene la obligación de legislar una regulación clara que armonice ambos derechos. La Cámara de Diputados aprobó el 31 de octubre de 2023 una reforma clave para limitar el uso arbitrario de la objeción de conciencia en servicios de salud. Sin embargo, esta reforma aún no es aprobada en el Senado. Esta situación permitió la falta de personal no objetor en zonas rurales o marginadas que agravan la vulneración de derechos y perpetúa desigualdades. Por ello, Mejía solicitó al Senado a retomar esta agenda de forma urgente para garantizar que ninguna persona vea retrasado u obstaculizado el acceso a un aborto legal y seguro por razones ideológicas del personal médico.

Francisco Cué, coordinador de Incidencias del Grupo de Información en Reproducción Elegida (GIRE), añadió a la discusión la omisión legislativa del Congreso de la Unión respecto a la sentencia 267/2023 de la Suprema Corte, que declaró inconstitucional el delito de aborto voluntario en el Código Penal Federal. Aunque la sentencia notificó a ambas cámaras desde enero de 2024, aún no se concreta la reforma legal necesaria, incumplimiento las obligaciones del Estado mexicano ante la justicia nacional e internacional.

Ante estas omisiones, la organización planteó reformar la Ley General de Salud para reconocer de forma explícita el derecho a decidir, tanto para quienes continúan un embarazo como para quienes lo interrumpen. Actualmente el IMSS —institución clave en el sistema de salud— no proporciona servicios de aborto, restringiendo así el acceso para millones de mujeres y personas gestantes, por lo que es necesaria una reforma legal clara que facilite la incorporación de estos servicios en todas las instituciones públicas.

Propuestas para la autonomía económica

Emilia Vidal, cofundadora y presidenta del Consejo de Mujeres Empresarias, subrayó la importancia de vincular la autonomía económica de las mujeres con la agenda de los cuidados. Desde la experiencia de la organización en el acompañamiento a mujeres emprendedoras en distintas regiones del país, sin una base sólida de corresponsabilidad en las tareas de cuidado, no se puede hablar de autonomía real.

En su labor, observan que las mujeres emprenden, en muchos casos, no por decisión estratégica sino por la necedad urgente al no encontrar empleos con horarios flexibles o por que deben asumir el trabajo de cuidados sin apoyos institucionales. El emprendimiento se hace desde condiciones desiguales: sin acceso a seguridad social, salud o vivienda digna. A lo largo de sus recorridos por el país, han conocido a mujeres artesanas, jornaleras y trabajadoras del campo que, aun con recursos limitados, forman cooperativas para sostener a sus familias.

En este contexto, Vidal propuso reconocer y fortalecer la economía solidaria como una vía clave para alcanzar el empoderamiento económico de las mujeres particularmente en situación de vulnerabilidad y para ello, se necesita fortalecer las redes comunitarias, la organización colectiva, el modelo cooperativo como herramientas clave para construir economías feministas, y reconocer las desigualdades que enfrentan, rompiendo con los estigmas y garantizando condiciones laborales y sociales signas.

Carlos Brown, director de Oxfam México, detalló la importancia en los ejes de justicia económica con perspectiva de género, abordando principalmente tres principios fundamentales: redistribución, progresividad y corresponsabilidad. Desde esta óptica, los avances en igualdad sustantiva requieren una transformación profunda de las estructuras económicas que perpetúan las desigualdades, que puede ser impulsada en la próxima Conferencia Regional sobre la Mujer en la Ciudad de México.

Otro tema que puso sobre la mesa fue el vínculo entre tributación y género, el cual se aborda de forma desconectada, pero que es crucial para garantizar la autonomía económica de las mujeres. Brown explicó que el sistema tributario mexicano reproduce desigualdades tanto por el tipo de impuestos como por la distribución del gasto público. Entre sus propuestas pidió que se promueva un cambio en la disposición anual del SAT para que la distribución del pago de impuestos y recepción del gasto público se desagregue también por sexo; así como ampliar la lista de productos de gestión menstrual con tasa cero en el IVA, incluyendo no solo copas, toallas y tampones, sino también protectores diarios, ropa interior reutilizable, jabones y otros insumos básicos. Este cambio implicaría una reforma al artículo 2, fracción I, inciso J de la Ley del IVA.

Por último, expuso que en el marco de los compromisos climáticos internacionales —en particular la actualización 2025 de la Contribución Nacionalmente Determinada (NDC)—, el Estado mexicano se comprometió a incorporar una perspectiva de género, por lo que debe ser objeto de seguimiento legislativo, ya que los compromisos del Acuerdo de París están previstos como tratados internacionales en la Ley General de Cambio Climático.

Asimismo, Marianela Fernández, coordinadora de Estrategia de Justica Laboral de Oxfam México, hizo hincapié en que el pasado 1 de julio comenzó una prueba piloto para incorporar a las trabajadoras de plataformas digitales a la seguridad social mediante lineamientos publicados por el IMSS, pero los derechos de las mujeres embarazadas fueron abordados de forma marginal. En particular, se indicó que las prestaciones por maternidad serían subsidiadas a través del IMSS Bienestar, sin establecer un modelo claro de atención a mujeres en gestación dentro de este tipo de empleo. Por ello, concluyó que, al concluir la evaluación, se reformule el numeral 11 de los lineamientos para garantizar servicios y derechos plenos para las trabajadoras embarazadas en plataformas digitales.

Por otro lado, las limitaciones en la Ley del IMSS y en la Ley Federal del Trabajo restringen el derecho a cuidados solo para niñas y niños diagnosticados con cáncer. En consecuencia, apuntó que se debe ampliar este derecho a menores con otras enfermedades graves que pongan en riesgo su vida y que no esté condicionado a la patria potestad o custodia legal, sino que se extienda a quienes efectivamente ejercen el cuidado, como abuelas, tías u otras cuidadoras. Aunado a esto, se necesita ajustar el marco legal para reconocer múltiples formas de cuidado familiar que actualmente quedan invisibilizadas en la normativa.

La intervención concluyó con el señalamiento a modificar la Ley del INFONAVIT para prevenir la pérdida de vivienda cuando una mujer deja de pagar su crédito debido a obligaciones de cuidado (personas con discapacidad, mayores o enfermas), siendo que las mujeres tienen una sobrerrepresentación en el trabajo informal no asalariado, particularmente el que realizan mujeres en la economía del cuidado, el comercio y los servicios. El artículo 5° constitucional no tiene una regulación específica que proteja estas actividades productivas, que representan una parte importante del sustento económico de muchas mujeres en contextos de exclusión.

Propuestas para la autonomía política

Eunice Bautista, integrante de la Colectiva Nacional 50+1, alertó sobre el incrementó de violencia política en razón de género, siendo que esta violencia no se dirige a las ideas, sino a la apariencia, forma de hablar y personalidad de las mujeres buscando silenciarlas, deslegitimarlas y frenar su incidencia. En su participación, hizo énfasis en la necesidad de fortalecer el acompañamiento institucional en el ámbito local, donde ocurre la mayor parte de los casos de violencia política. Muchas mujeres no logran identificar que están siendo violentadas porque las agresiones se normalizan como parte del costo de estar en el espacio público. Aunque el marco normativo mexicano es de los más avanzados en la región, en la práctica resulta ineficaz sin mecanismos de atención cercanos a las mujeres, especialmente en municipios y entidades federativas con menor capacidad institucional.

Finalmente, Bautista promovió incentivos para que los poderes públicos generen entornos más seguros y justos para las mujeres políticas. Subrayó la urgencia de garantizar la rendición de cuentas sobre el presupuesto de los partidos políticos, recordando que por ley deben destinar al menos el 10% a formación en igualdad de género y no discriminación. Dado que este gasto se ejerce con opacidad o de forma simulada, llamó al Congreso de la Unión a asumir la responsabilidad fiscalizadora para asegurar que los recursos realmente fortalezcan la participación sustantiva de las mujeres en la vida política.

Elena Gloria Ramírez Hernández, coordinadora catedrática de la Unesco de la Universidad Nacional Autónoma de México, enfatizó que el fenómeno de la violencia política en razón de genero persiste de manera estructural en México y no puede ser tratado de forma episódica o superficial. Expresó su reconocimiento por la realización del foro legislativo, pero subrayó que este tipo de encuentros no deben quedarse en actos aislados, sino traducirse en la creación de un mecanismo permanente de seguimiento a las recomendaciones nacionales e internacionales sobre violencia política. Destacó que muchas de las resoluciones que han sido producto de luchas históricas siguen sin cumplirse, y advirtió que no basta con emitir recomendaciones si no se garantiza su cumplimiento efectivo.

Subrayó que aún faltan reglamentos y normativas clave para implementar plenamente las leyes en materia de violencia política. Ramírez pidió que el Senado y las comisiones responsables valoren no sólo si las alertas o reformas han reducido la violencia —lo cual no ocurre de forma inmediata—, sino el papel fundamental de las organizaciones civiles que movilizan, denuncia, documentan y exigen. Señaló que estas organizaciones enfrentan condiciones precarias y que no se ha reconocido ni apoyado debidamente su trabajo, por lo cual solicitó medidas legislativas y presupuestales para fortalecer su labor, especialmente en los estados.

Ramírez también denunció que las mujeres indígenas y afromexicanas enfrentan violencias políticas agravadas en el ámbito municipal, donde muchas veces sus derechos no son respetados ni garantizados. Retomando aportes de expertas como Inés, subrayó que hay usurpación de cargos y negación sistemática del poder político a estas mujeres, por lo que urgió a legislar medidas específicas de protección y apoyo. Finalmente, pidió revisar con seriedad los vacíos legislativos sobre matrimonio infantil, señalando que, aunque existen avances, persisten casos dramáticos que exigen atención y regulación más firme. Recordó que la violencia política no desaparece sola, y que se requiere trabajo coordinado, reformas integrales y aplicación efectiva de las leyes, tanto a nivel federal como local.