Las
mujeres realizan la mayor parte de los trabajos domésticos y de cuidados
en todo el mundo, y requieren acción de gobiernos y empleadores para
acceder a buenos empleos y protección social. Asimismo, tienen entre sus
mayores desafíos vivir junto a conflictos armados y la violencia de
género, la cual está marcada con la impronta de que cada 10 minutos una
mujer o niña es asesinada por su pareja o un familiar cercano. Imagen:
B. Patel / OIT
NACIONES UNIDAS – La violencia de género aumenta y la brecha
digital de género se amplía en el mundo, colocando a las mujeres ante 15
desafíos globales, destacó la agencia ONU Mujeres con motivo de cumplirse su aniversario número 15 este 2 de julio.
Sima Bahous, directora ejecutiva de ONU Mujeres, dijo que “desafíos
complejos impiden la igualdad de género y el empoderamiento de las
mujeres, pero nos mantenemos firmes, avanzando con ambición y
determinación. Las mujeres y las niñas exigen un cambio, y no merecen
menos”.
El secretario general de la ONU, António Guterres, ha señalado que “a
nivel mundial, los derechos humanos de las mujeres están siendo
atacados. En lugar de integrar la igualdad de derechos, presenciamos la
integración de la misoginia”.
Los datos de ONU Mujeres confirman que en casi 25 % de los países se
produce un retroceso en los derechos de las mujeres, y el primer desafío
lo genera el hecho de que en zonas inmersas o cercanas a los conflictos
armados viven más de 600 millones de mujeres y niñas.
Cada 10 minutos una mujer o una niña es asesinada a manos de su
pareja o de un familiar cercano. En 2023 fueron liquidadas
intencionadamente 85.000 mujeres y niñas.
Los gobiernos y las instituciones deben reforzar las leyes sobre
violencia contra las mujeres, mejorar la recopilación de datos y
promover un enfoque de tolerancia cero.
Una de cada 10 mujeres y niñas vive en la pobreza extrema (con menos
de 2,15 dólares por persona al día), y al ritmo actual tomaría 137 años
acabar con ella.
Los gobiernos deben adoptar políticas sólidas de protección social,
como ayudas en efectivo para las familias con bajos ingresos, permisos
de maternidad remunerados y sistemas de pensiones seguros.
Entre los desafíos se señala a la falta de financiación al desarrollo
destinada a programas enfocados en igualdad de género, que es solo de
cuatro por ciento.
ONU Mujeres plantea que todas las partes interesadas, públicas y
privadas, deben aumentar significativamente las inversiones en igualdad,
“para avanzar en el desarrollo sostenible y garantizar que nadie se
quede atrás”.
Casi 800 mujeres mueren diariamente por causas prevenibles
relacionadas con el embarazo, y 61 % de esos decesos se producen en solo
35 países afectados por conflictos. Se requiere un abordaje de las
normas de género dañinas, y aumentar la inversión en servicios de salud
sexual seguros y asequibles.
Las mujeres realizan 2,5 veces más trabajo de cuidados no remunerado
que los hombres, lo que restringe su acceso al mercado laboral formal.
Invertir en sistemas de cuidados y trabajos decentes de cuidados podría
crear 300 millones de empleos.
Además, las mujeres siguen ganando 20 % menos que los hombres por el
mismo trabajo, por lo que se requiere que los gobiernos y los
empleadores promuevan la igualdad de retribución y garantizar la
transparencia salarial.
Asimismo, se debe ampliar el acceso de las mujeres a puestos mejor
remunerados, proporcionar permisos parentales equitativos, y reforzar
las leyes contra la discriminación en el lugar de trabajo.
Las mujeres siguen teniendo solo 64 % de los derechos legales de los
que disfrutan los hombres, y en 51 % de los países existe al menos una
restricción que impide a las mujeres realizar los mismos trabajos que
los hombres. Se requiere eliminar la discriminación legal y leyes que
protejan y promuevan los derechos de las mujeres.
El año pasado, 277 millones de hombres más que de mujeres utilizaron
internet. Si la brecha digital de género persiste, los países de renta
baja y media pueden perder 500 000 millones de dólares en ingresos en
los próximos cinco años.
Más de 119 millones de niñas siguen sin escolarizar, y 39 % de las
jóvenes no terminan la educación secundaria superior. Gobiernos y
comunidades deben reducir los costos de escolarización y garantizar
entornos educativos seguros e inclusivos.
Finalmente, casi 75 % de los legisladores actuales son hombres, y 103 países nunca han tenido a una mujer como jefa de Estado.
Mujeres
de la comunidad indígena wichí en Misión Kilómetro 2, en la provincia
de Salta, en el norte de Argentina. Imagen: Julieta Bogado
PLUMA DE PATO, Argentina – La tarde del 15 de febrero de 2022,
cuando Moni* firmaba la carta, sabía que no lo hacía solo por ella. “Acá
no se salva nadie, ni la hija del cacique”, dice esta mujer wichí de 30
años, estatura pequeña y cabellera larga.
Vive en la comunidad indígena Misión Kilómetro
2, de unas 170 personas, emplazada frente a Pluma de Pato, un pueblo de
200 habitantes del departamento de Rivadavia, en la provincia de Salta,
en el noroeste de Argentina. La ruta 81 los separa.
Hace tres años, ella y un grupo de mujeres
firmaron una carta pública en la que denunciaban los abusos sexuales que
sufrieron cuando eran adolescentes. Tanto ella como su madre fueron
violadas.
“Por suerte, yo no lo vi más, pero mi mamá se
vivía topando con ellos porque vivían ahí enfrente”, dice Moni,
señalando la entrada de la comunidad, mientras pastorea sus siete
cabras. En el horizonte, después de una lomada de arbustos, se ve la
ruta 81. “Solo hay que cruzarla. Son 10 minutos a pie”, dice.
Despojados de sus tierras, los wichí – uno de
los 14 pueblos originarios de la provinciqa de Salta – sobreviven a la
sombra de Pluma de Pato.
De un lado de la carretera, rodeados de cercos
hechos con restos de maderas, están sus ranchos (viviendas) de techos
de chapa sostenidos por horcones de palo santo y paredes construidas con
retazos de plástico y ramas. Del otro, las casas de cemento y bloques
de las familias criollas, población que se define como blanca y
descendiente de europeos.
Comunidad wichí Misión Kilómetro 2. Imagen: Julieta Bogado
Moni lleva sus cabras hacia el rancho de su familia. Son las siete de
la tarde y el sol tiñe de dorado el terreno poblado de chanchos,
gallos, gallinas, perros y más cabras. Apenas la ven llegar, sus
hermanas salen a su encuentro.
A un costado, su madre está concentrada dándole de comer a cinco
loros que tiene en un balde negro. Son muy pequeños y al no tener casi
pelo parecen muñecos de hule. La escena hace reír a las mujeres de la
familia, que miran con complicidad mientras traen sillas para armar una
ronda en un rincón del patio.
Durante más de una hora, sentada en el centro
del círculo, Moni cuenta lo que ocurrió hace tres años en Pluma de Pato.
Dice que ahora las mujeres que firmaron la carta no quieren hablar: “Se
arrepienten de haberlo sacado a la luz. Tienen miedo”.
Infografía: mapa de la ruta 81 entre los ríos Pilcomayo y Bermejo. Imagen: Julieta Bogado
Hace unos 40 años, en épocas de lluvias y
crecidas, la ruta 81 era intransitable. Pasar de la tierra al asfalto
fue el sueño del progreso para la población de Salta y de la vecina
provincia de Formosa. Pero no para los wichí. Desde que se pavimentó la
ruta, sus miles de kilómetros son tierra de nadie, donde medran
trabajadores zafrales que en época de siembra y cosecha aprovechan su
cercanía con pasos fronterizos, o camioneros que se orillan a su costado
buscando niñas y adolescentes indígenas.
Habían perdido el miedo
Un mes antes de firmar la carta, el 16 enero
de 2022, Moni y otras mujeres de la comunidad Misión Kilómetro 2
cruzaron la ruta 81 y marcharon por las calles de Pluma de Pato. Iban en
filas ensambladas unas con otras. En sus manos llevaban una amplia
pancarta: «Justicia por Pamela”. Habían perdido el miedo.
Un día antes, el cuerpo de Pamela Flores, una
niña de 12 años de la comunidad, había aparecido tirado entre pastizales
al costado de la carretera. Hacía días que Moni no dormía. “Ella venía a
casa, la cuidábamos. Ahora cuando veo a una niña en la carretera
enseguida pienso en ella”., dice
Las mujeres de la comunidad wichí estaban
cansadas de ver desaparecer a sus hijas. El día de la marcha se
reunieron y convocaron a Octorina Zamora, referente de las luchas de las
mujeres indígenas de esta zona.
En 2015, Zamora había acompañado a la familia
de Juana*, otra niña wichí de 12 años cuyo cuerpo también apareció
tirado, esta vez, en una cancha de fútbol en Santa Victoria Este, en el
extremo noreste de la provincia de Salta.
Juana había salido a comprar pan con dos
amigas cuando ocho hombres criollos las interceptaron y empezaron a
perseguirlas. Sus amigas lograron escapar, pero a Juana la arrastraron
hasta la cancha de fútbol. Allí la drogaron y violaron varias veces.
El caso conmocionó a la provincia: Juana tenía
un retraso madurativo y estaba embarazada de un abuso sexual anterior.
Fue el primer caso de violación grupal a una niña wichí que llegó a
juicio y en el que los agresores fueron procesados y condenados.
La hija de la lideresa indígena, Tujuay Gea
Zamora, dice: “Ellas estaban decididas. Querían tomar acciones, pero
necesitaban esa fortaleza que Octorina de alguna manera les brindaba”.
Desde la muerte de su madre, en junio de 2022, Tujuay acompaña a las
mujeres de la zona.
Zamora se puso al frente. Convocó a autoridades
nacionales y provinciales para participar de la Primera Asamblea de
Mujeres Indígenas de la ruta 81, organizada bajo la consigna
“Nehuayiè-Na’tuyie thaká natsas-thutsay-manses” (acompañemos a nuestras
infancias y adolescencias).
Misión Kilómetro 2. Imagen: Julieta Bogado
El 11 de febrero de 2022, un mes después del
femicidio de Pamela, un helicóptero despeinaba a un grupo de mujeres que
esperaban desde temprano en el patio de la escuela de Pluma de Pato.
Llegaban a la zona la ministra de Desarrollo
Social, el ministro de Justicia y Seguridad, el de Asuntos Indígenas, la
delegada de la Secretaría de Derechos Humanos, la defensora de Niños,
Niñas y Adolescentes de la Nación, el jefe de policía y el representante
en Salta del Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y
el Racismo.
Periodistas de medios nacionales – que rara
vez llegan al Chaco salteño – se agolpaban con sus cámaras para cubrir
el encuentro. Pero esta vez los noticieros no retrataron a las wichí de
cabeza gacha y caminando descalzas por los caminos de tierra.
“Nos habían hecho ver como animales, como
seres inferiores, como gente que hay que estar constantemente asistiendo
y que no somos dignos de respeto. Que lo mejor que nos puede pasar es
ser parte de la servidumbre que incluye la servidumbre sexual”, dice
Tujuay Gea Zamora.
Hätäy,el demonio blanco
Durante la Asamblea, las mujeres denunciaron
el abandono de las instituciones públicas y plantearon la necesidad de
crear un comité de emergencia para abordar las situaciones de violencia
contra niños, niñas, adolescentes y mujeres indígenas.
Pero no solo fue un encuentro institucional.
La Asamblea generó un espacio de confianza entre las mujeres que las
arrancó de un silencio con raíces tan profundas como los abusos. Tres
días después, Moni y una veintena de mujeres firmaban la carta pública
dirigida al ministro de Seguridad y Justicia de Salta de ese momento,
Abel Cornejo, en la que denunciaban juntas y por primera vez el crimen
que desde hace siglos determina el futuro de las y los wichí:
“Las mujeres que suscribimos esta nota
hemos sido madres de niños que han nacido fruto de relaciones con
hombres “criollos” como se los llama comúnmente por esta zona, hombres
que no pertenecen a nuestra comunidad.
“La mayoría son hijos de personas que
caminan impunemente por las calles del pueblo. Son hijos de los primeros
trabajadores de la ruta que vinieron de otras provincias, son hijos de
los almaceneros, de los carniceros, de policías, de gendarmes, de
maestros, enfermeros, y de todos los que en su momento quisieron
”satisfacer” con nuestros cuerpos sus deseos sexuales”.
Encuentro de mujeres en la comunidad indígena La Cortada. Imagen: Julieta Bogado
Hace muchos años, cuando los wichí – unas 70 000 personas, según el censo argentino de 2022 – vivían en el monte, los brazos de los cauces de los ríos Bermejo y Pilcomayo eran su escudo de protección.
Al abrigo de sus riberas, las mujeres
recolectaban plantas y frutos silvestres, y tejían con la fibra de la
hoja de chaguar – una planta típica de la región – mientras los hombres
cazaban y pescaban.
Pero desde la conquista del Gran Chaco (región
que comprende partes de Argentina, Paraguay, Bolivia y Brasil) y las
luchas invasoras del siglo XIX para fundar el Estado nación argentino,
los criollos han avanzado sobre sus territorios y sobre los cuerpos de
sus mujeres.
Los hombres de los que habla la carta viven en
Pluma de Pato o alguna vez estuvieron allí. En el norte salteño, “salir
a chinear” o “a gatear” – violar en grupo, o individualmente, a niñas y
adolescentes indígenas – es una herencia que los criollos legan a sus
hijos desde la colonización. “Mi madre me decía: ‘Vos ves a más de dos
changos criollos y corrés’”, recuerda Tujuay Zamora.
Los criollos – hätäy, “demonios blancos” en wichí – sienten que las niñas y las adolescentes, como todo lo que los rodea, les pertenecen.
Las mujeres wichí cuentan cómo las esperan a
la salida de la escuela, las persiguen por los senderos, las engañan
para ganarse su confianza, les ofrecen alcohol. Les dicen “no corrás”,
“no tengas miedo”, “no seas arisca”. También las cazan como animales, se
las llevan por la fuerza, en moto o en camioneta, a zonas remotas del
pueblo o a parajes más agrestes.
Pero no son crímenes desconocidos. “En los
pueblos todo el mundo lo sabe”, dice Tujuay. En rondas de amigos o entre
familiares, los criollos comentan en broma: “La María está preñada. ¡Es
tuyo! Yo te vi correteándola en el monte”.
El círculo de la impunidad se cierra con la
complicidad de quienes deberían investigar. En plena pandemia, dos
policías fueron denunciados en Pluma de Pato por abusar de una niña
wichí dentro de un patrullero. El caso llegó a la opinión pública porque
un hombre de la comunidad los filmó con su celular. Sin embargo,
ninguno de los agentes fue procesado. Como castigo los removieron de sus
cargos.
La denuncia colectiva de las mujeres de la
ruta 81 no fue solo un reclamo de justicia para ellas (la mayoría
sufrieron abusos cuando tenían entre 13 y 14 años). También fue un
pedido de reparación para los niños y niñas que nacieron producto de
esas violaciones:
“Nuestros niños sienten que no pertenecen a
ningún lado, ya que se sienten wichí pero se ven como criollos, por eso
son víctimas de burlas crueles por parte de otros niños. Mi hijo me
pregunta ¿por qué somos distintos?”.
Comunidad wichí El Quebrachal. Imagen: Julieta Bogado
El etnocidio wichí: sobrevivir en el Chaco salteño
En el agreste Chaco salteño, los hijos de las
mujeres wichí están condenados a la miseria. Sin alimentos que cazar o
pescar, y con aguas contaminadas, mueren por hambre y deshidratación.
En 2020, la muerte de seis niños en
una sola semana por desnutrición obligó al gobierno provincial a
decretar la emergencia sociosanitaria en la zona. Cinco años después,
nada cambió.
En tierras de costra seca y calor agobiante,
las infancias mueren por cuadros de vómitos y diarreas que en las
grandes ciudades se curan con medicamentos o con la llegada a tiempo de
una ambulancia.
“Los caminos están horribles. El colectivo
para ir al hospital pasa tres veces al día y los pasajes están caros. La
gente no tiene dinero”, cuenta Lola, una joven wichí de 28 años,
sentada en el patio de su casa.
El piso huele a aserrín de palo santo. A unos
metros, su hermano sostiene una tabla mientras su padre la corta en
trozos con una sierra. Son de los pocos carpinteros que aún resisten en
Misión Chaqueña, otra comunidad indígena cercana a la ruta 81.
Cada año, la ganadería extensiva y el cultivo
de soja devoran los últimos árboles ancestrales del pueblo wichí. En
2024, más de 150 000 hectáreas de bosque fueron arrasadas en el norte
argentino, según Greenpeace.
En la mesa de la carpintería hay apilados en
grupos tenedores, cuchillos, cucharas y atrapasueños de palo santo que
la familia prepara para vender. Lola es la única que no se dedica a las
artesanías: “Yo estudié para agente sanitario, pero el cacique no me
avala, por eso por el momento soy facilitadora bilingüe”.
Unas horas más tarde, en la única sala
sanitaria de Misión Chaqueña, donde una vez al mes,bcon suerte, atiende
la obstetra, Lola traduce a ritmo pausado la indicación que la
especialista le da a una mujer. Aunque la mayoría de las wichí hablan
español, la presencia de intérpretes ayuda a que no lo vivan de manera
traumática.
“Muchas no vienen porque tienen miedo. Si entendieran nuestra cultura, nuestras medicinas, eso no sucedería”, dice.
Le pregunto a Lola si sabe lo que pasó en
Pluma de Pato. Me dice que sí: “Yo estoy acompañando a dos niñas que
fueron abusadas y tienen hijos de un mismo cortador de varillas”.
Lola cuenta que en estos años ha escuchado a
niñas y adolescentes abusadas decir que no querían esos embarazos. “Pero
son las madres las que les dicen que hacer un aborto es un pecado. Las
iglesias nos meten esas ideas”, explica.
Desde principios del siglo XX, la cosmovisión
wichí ha sido atravesada por la moralidad cristiana impuesta por
misioneros anglicanos y evangélicos que llegaron al territorio con sus
prédicas. A tal punto que cuando se les pregunta a las mujeres wichí por
sus cantos ancestrales, no los recuerdan.
Iglesia evangélica en la comunidad wichí El Quebrachal. Imagen: Julieta Bogado
Las creencias en estas iglesias no solo han
contribuido a la pérdida de la ancestralidad, sino que también se han
mezclado con otras ideas sobre supuestas costumbres culturales que
mutilan el futuro de las infancias indígenas. Una de las más extendidas
es que la iniciación sexual a temprana edad es una tradición wichí que
hay que aceptar.
Como facilitadora bilingüe, Lola ha escuchado a
obstetras y ginecólogas romantizar la maternidad de niñas indígenas.
“Es su cultura y hay que respetarla”, dicen.
Sin embargo, lideresas indígenas como Octorina
Zamora, estudiosas de la ancestralidad wichí, han insistido que ni la
iniciación sexual ni los embarazos a temprana edad forman parte de una
pauta cultural de su comunidad.
En distintas entrevistas, Zamora repetía que
considerar que su pueblo acepta la violación o el abuso de menores era
“una aberración”. “Yo lo que veo es que los
niños criollos y blancos tienen un derecho, y
los niños indígenas no. ¿Los derechos internacionales no les tocan a los
indígenas?”, cuestionaba en una entrevista en 2012.
Infancias y adolescencias rotas
En idioma wichí, la palabra “violación” se
traduce al español como “la rompieron”. El cuerpo estrecho de una niña
no está preparado para gestar ni para parir. Corre riesgo de
hipertensión arterial e infecciones sistémicas, depresión, parto
prematuro. De traer al mundo un bebé de bajo peso que tardará más tiempo
en pararse, hablar o aprender.
La subsecretaria de Medicina Social de Salta,
María Gabriela Dorigato, y la responsable de maternidad e infancia,
Patricia Leal, explican por teléfono desde sus despachos en la capital
de Salta que, ante la detección de un embarazo por abuso sexual, el
protocolo establece la activación inmediata de un equipo
interdisciplinario.
“Se acompaña desde el primer momento a cada
adolescente, se la asesora en cuanto a sus derechos y se le hace un
acompañamiento tanto médico como psicológico”, dice Dorigato.
Sin embargo, varios agentes sanitarios que se
dedican a brindar atención médica dentro de las comunidades, aseguran
que la Hoja de Ruta es un cúmulo de buenas intenciones que no refleja lo
que realmente pasa en los territorios y que ellos están desbordados..
“Acá teníamos un agente sanitario wichí que
había nacido en la comunidad, pero desde que murió, hace un año, no
tenemos. Ahora viene uno de Carboncito, que no es fijo, sino que va
rotando”, cuenta Lola.
En el área sanitaria de la ruta 81, los
embarazos por abusos sexuales son considerados una problemática de salud
pública. La zona, que comprende los departamentos de Rivadavia y San
Martín, registra el mayor porcentaje en
toda la provincia de nacidos vivos de madres niñas y adolescentes
(10-14 años), aunque Dorigato y Leal señalan que no existen datos
desagregados por pueblos originarios.
Las autoridades no respondieron un pedido de
información pública sobre la cantidad de agentes sanitarios, obstetras,
ginecólogas, psicólogas y trabajadores sociales destinados a los equipos
multidisciplinarios.
La Hoja de Ruta, presentada por las
autoridades sanitarias como una guía intercultural, establece que los
profesionales deben informar en lengua materna el derecho a una
interrupción voluntaria del embarazo (IVE), disponible para cualquier
persona hasta la semana 14 de embarazo, o a una interrupción legal
(ILE), sin plazos en casos de violación o de riesgo para la vida o la
salud de la persona gestante.
Según un monitoreo publicado en 2024 por la organización Católicas por el Derecho a Decidir,
95 % de las mujeres indígenas afirmaron que los equipos de salud sexual
y reproductiva no hablan la lengua de su pueblo; 78,8 % dijeron que no
se les brindó información sobre los pasos para acceder a la interrupción
del embarazo y 84,1 % que no se realizó el procedimiento dentro del
plazo legal establecido.
En Salta, las dificultades en el acceso al
aborto encuentran otra barrera en la influencia que ejercen actores
contrarios a la igualdad de derechos: iglesias, fundaciones, pero
también políticos, jueces, fiscales, abogados, policías, médicos.
Incluso autoridades locales. En 2020, la ciudad de Orán, una de las
localidades neurálgicas del Chaco salteño, se declaró “provida”
(contraria al acceso al aborto).
La licenciada en obstetricia Janet Meoniz
cuenta que en el hospital de la ciudad de Tartagal – otra localidad
importante del norte de Salta – la presión de estos grupos se
intensifica los lunes de 9 a 13 horas, cuando funciona el consultorio
IVE-ILE en el hospital de Tartagal.
“Es como una organización paralela que va
rotando. Son evangelistas, católicos, hasta trabajadores del propio
hospital. Siempre hay alguien diciendo que no hay médica y que las
interrupciones no se hacen más”, relata Meoniz.
El hospital de Tartagal cuenta con el único
consultorio de IVE-ILE que atiende todo el año y garantiza la práctica
de aborto en todas las causales. En enero, la médica residente Araceli
Gorgal estaba sola en el consultorio.
Su compañera estaba con licencia maternal, y
la vacante no se llenó. Hasta el año pasado, se realizaban en este
consultorio 100 interrupciones de embarazo por mes. Pero desde que
asumió el presidente Javier Milei solo disponen de 10 cajas de
misoprostol al mes. “Ahora hay que elegir a quién”, dice Gorgal.
Frente a la escasez, explica la joven médica,
el criterio es atender primero a adolescentes, mujeres de comunidades
indígenas y multíparas (con más de un parto). Le consulto cuán común es
que reciban a niñas o adolescentes wichí embarazadas. Araceli, que
trabaja hace cuatro años en el consultorio, piensa unos minutos y
responde: “Como mucho habrán sido 10”. ¿Y por abusos sexuales?: “No he
tenido, pero eso no quiere decir que no sucedan”.
Araceli es de Buenos Aires. Participó en la
conformación de Red Universitaria por el Derecho al Aborto y, sin
embargo, cree que en estos años ha tenido que
desarmar muchos preconceptos que traía como
feminista porteña y blanca. “Desde que estoy acá solo tengo más
preguntas y reflexiono constantemente sobre lo que hacemos y cómo lo
hacemos”.
Recuperar a las mujeres estrellas
A más de 140 kilómetros de Tartagal, lideresas
wichí recorren La Cortada, otra de las comunidades emplazada al margen
de la ruta 81, invitando a participar del taller que comenzará en una
hora en un centro comunitario que les presta el salón.
Es mediodía y el espacio está aún vacío,
aunque poco a poco las mujeres se irán acercando. El espíritu del
encuentro es recuperar el protagonismo que las mujeres indígenas – las
“mujeres estrellas”, según la cosmovisión wichí – tenían en sus
territorios. Antes de la colonización, eran ellas las que transmitían
los saberes ancestrales vitales para la supervivencia y el desarrollo
del pueblo indígena.
Encuentro de mujeres wichí. Imagen: Julieta Bogado
Nancy López, una de las pocas caciques wichí
de la zona, charla con las mujeres sobre los saberes de la vida en el
monte que se han ido perdiendo. ”Nosotras también tenemos hierbas
medicinales para el aborto. Y yuyos para que la mujer no pueda tener
hijos”, dice.
La diferencia, según la lideresa indígena, es
que para compartir ese conocimiento es necesario transmitirlo en su
lengua. «No venimos y decimos vamos hablar sobre qué es el aborto, la
ILE, y que hay un derecho a decidir. Si lo decimos con esas palabras
vamos a fracasar», explica.
En el encuentro también participa Laurentina
Nicacio, lideresa de 30 años y referencia de la comunidad El Quebrachal,
ubicada en la localidad de Ballivián. Sureste de la provincia. Nicacio
habla sobre su experiencia con la fundación Juala (Juntas Unidas Ante la
Adversidad), con la que formaron un equipo de fútbol en el que las
adolescentes de la comunidad se reúnen, juegan y charlan.
“Muchas de las jugadoras comenzaron a contar
los abusos dudando si eran sueños. Incluso algunas tenían ideas
suicidas”, dice Nicacio. “Por eso valoramos mucho lo que son los sentipensares [la unión de la razón y el sentimiento]. La intención con el deporte es levantar la autoestima”, añade.
Desde hace años, ella recorre los territorios
acompañando a niñas y mujeres a denunciar los abusos sexuales. La han
amenazado y golpeado. “Una vez me pararon y me llevaron en una
camioneta, y me dijeron: ‘Te callás o te desaparecemos‘”. Pero no dejó
de hablar. “Creo que hoy es más efectiva la denuncia pública y el
acompañamiento de las personas antes que la justicia”, afirma.
Desde entonces, Nicacio no espera. Aprendió
que los caminos de salida se abren desde la comunidad. Hoy preside la
comisión de fomento de la escuela primaria de Ballivián. “Nos han hecho
creer que no hay otra visión de futuro. Como si no tuviéramos otro
proyecto de vida. Por eso la única forma de que esto sea real es que los
chicos y las chicas estudien”.
Laurentina Nicacio (centro) en el encuentro de mujeres indígenas. Imagen: Julieta Bogado
Blindar el futuro a cambio de justicia
Hace tres años, la denuncia colectiva de las
mujeres de la ruta 81 implosionó en Pluma de Pato. “Fue algo histórico e
innovador que llegáramos a la comunidad”, cuentan Evangelina Sandoval
(psicóloga) y Paola Vargas (trabajadora social), integrantes de la
defensoría pública de Tartagal.
Después de la Asamblea, en mesas improvisadas
en la escuela del pueblo, ellas asesoraron durante meses a las mujeres
wichí sobre las distintas vías judiciales que se abrían para sus casos.
Es imposible saber qué hubiera pasado con sus
causas si no hubiera existido esa denuncia pública. Lo que sí es seguro
es que, hasta hoy, las pocas indígenas que se animan a denunciar chocan
con el muro levantado por el sistema criollo de justicia, esperando en
las gélidas salas de los destacamentos policiales que algún agente se
digne a atenderlas.
En respuesta a mis pedidos de información
pública, el Poder Judicial y el Ministerio Público (fiscalía) de Salta
dijeron no contar con cifras sobre niñas y adolescentes wichí abusadas
sexualmente.
La mayoría de los casos no llegan a
denunciarse o quedan archivados sin avance judicial. Ni siquiera cuando
hay embarazos producto de una violación, las causas se judicializan.
“Desde el caso Juana ningún otro se elevó a juicio”, confirma Martín
Yañez, antropólogo y perito de la fiscalía.
La denuncia colectiva de Pluma de Pato expuso a
los criollos, acostumbrados a la impunidad, muchos de ellos reconocidos
hombres del pueblo que, desesperados, buscaron ocultar a cualquier
precio la deshonra.
Según recuerdan Sandoval y Vargas, las mujeres
contaron en las audiencias con ellas que antes de la llegada del equipo
de la Defensoría los criollos comenzaron a “tergiversar la información y
a meterles miedo”.
En esos días en los que, acompañadas de
Octorina Zamora, tuvieron que buscar en la memoria lo que por años
habían querido olvidar, las mujeres wichí recibieron amenazas y
extorsiones. “Los hombres te decían: ‘Denunciame, que no va a quedar
otra que matarte’”, cuenta una de las mujeres que firmó la carta.
“También nos ofrecían cajas de leche, paquetes de azúcar, arroz,
dinero”.
Bajo presión, y con el miedo en el cuerpo, la
mayoría de las firmantes de la denuncia pública prefirieron no acusar a
sus abusadores en el juzgado, desterrando para siempre la única
posibilidad de justicia que habían tenido. Solo cuatro mujeres hicieron
denuncias penales por violación, mientras 15 exigieron la filiación
paterna, asumiendo un consentimiento que no existió para proteger el
futuro de sus hijos e hijas.
Mujeres wichí. Imagen: Julieta Bogado
“Es como un apagón, se te cae todo abajo”.
dice Claudia*, una de las cuatro mujeres que se animaron a denunciar, y
de las pocas que siguen buscando justicia. “Como no hay respuestas,
muchas dicen no sigo más, no confío en nadie más”, añade
Pasaron tres años. Ya no están los focos de la
prensa ni las autoridades nacionales y provinciales que prometieron
cuidar las infancias y adolescencias. Las mujeres se sienten solas. Las
amenazas de los criollos siguen.
También el desprecio de algunas mujeres y
hombres de la comunidad que no les perdonan haber hablado. “Nos dicen
alcahuetas. Se burlan de nosotras porque dicen que no logramos nada”,
explica.
En este tiempo, de los 15 hombres a los que se
reclamó la filiación, ocho reconocieron ser progenitores. Sin embargo,
solo dos firmaron un acuerdo por alimentación, un maestro y el capataz
de una finca, que admitió la paternidad de varios hijos con mujeres
distintas. Fuentes judiciales informaron que el hombre exigía a las
mujeres tener relaciones sexuales para ingresar a trabajar en el campo.
En los cuatro casos de denuncias por
violación, hasta hoy ningún hombre ha sido procesado. En marzo de este
año, luego de múltiples consultas a la fiscal Lorena Martínez, esta
respondió con un breve resumen de las actuaciones.
Según ese documento, los casos aún no se han
elevado a juicio. Las últtimas actuaciones, antes del pedido de
información para este artículo, fueron entre junio y agosto de 2023. Los
casos se reactivaron en marzo, justo después de la respuesta de la
fiscal, con órdenes de tomar muestras de ADN a dos de los acusados,
audiencias de imputación y la búsqueda de un prófugo.
Además, el 16 de abril, la fiscal Martínez se
trasladó a Misión Kilómetro 2 para reunirse con las cuatro denunciantes.
La última vez había sido en 2022.
En estos años, las mujeres han presentado
distintos escritos pidiendo conocer el estado del proceso judicial, que
se les notifique con tiempo las audiencias para organizar los traslados y
preparar las defensas y que, como se había acordado, las citaciones no
sean entregadas por agentes policiales de Pluma de Pato, ya que muchos
de ellos han sido acusados de violentar y revictimizar a las mujeres.
“Yo aún tengo esperanza. Todas tenemos derecho”, dice Claudia, luego del encuentro con la fiscal.
Lo que vivieron las mujeres de la ruta 81 no
es una historia en pasado. Las niñas y adolescentes wichí siguen
desapareciendo o apareciendo tiradas a la orilla de la carretera, en el
monte y los senderos.
Y mientras la justicia no llega, la fuerza,
para Claudia, surge del encuentro con otras mujeres. De construir
comunidad. De mirar al futuro juntas. “Quizás pensar en otras vidas es
lo que te queda”.
*Los nombres y algunos detalles de las
historias de vida fueron modificados para preservar la identidad de
sobrevivientes y denunciantes. Los criollos que cometen abusos sexuales
siguen amenazando a toda persona que presente o acompañe una denuncia.
“Di
no a la guerra” o “Paz, no guerra”, son algunos de los carteles que
portan las mujeres que protestan contra la violencia en Liberia. Imagen:
Eric Kanalstein / ONU
NACIONES UNIDAS – En 2023, aproximadamente 612 millones de
mujeres y niñas vivían a menos de 50 kilómetros de una zona de
conflicto, lo que representa 50 % má que hace una década. Durante la
guerra, sufren de manera desproporcionada la violencia de género y
sexual.
Se estima que más de 120 países se encuentran actualmente
involucrados en conflictos armados, lo que ha provocado el
desplazamiento de alrededor de 117,3 millones de personas. Las mujeres y
las niñas representan casi la mitad de la población desplazada por la
fuerza y constituyen la gran mayoría de los refugiados en el mundo.
ONU Mujeres reveló que el número de mujeres asesinadas en conflictos
armados se duplicó entre 2022 y 2023, lo que representa 40 % de todas
las muertes en guerra.
Durante los conflictos, las mujeres y las niñas sufren abusos
horribles, como tortura, violación, esclavitud sexual, trata,
malnutrición y falta de acceso a cuidados vitales. Esta violencia es
rampante en países como Sudán, Nigeria, Palestina, Etiopía y la
República Democrática del Congo (RDC).
Incluso después de sobrevivir a brutales agresiones sexuales, los
países en guerra ofrecen opciones de atención limitadas. Los hospitales
son uno de los pocos lugares reconocidos como refugios seguros durante
los conflictos. Sin embargo, muchos de ellos quedan destruidos o
gravemente dañados durante los ataques, lo que obliga a su cierre.
La Oficina del alto comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Acnudh)
afirma que la interrupción de los servicios de salud sexual y
reproductiva pone en peligro a las mujeres y las niñas. Estas son más
propensas a sufrir embarazos no deseados, mortalidad materna, lesiones
sexuales y reproductivas graves y contraer infecciones.
ONU Mujeres
también ha constatado que alrededor de 500 mujeres y niñas mueren cada
día por complicaciones relacionadas con el embarazo y el parto en países
afectados por conflictos.
Los hospitales no son los únicos lugares que se supone que son
refugios afectados por la guerra. Muchas escuelas de países en guerra
han tenido que cerrar debido a la toma del poder por parte del ejército o
a su destrucción.
El informe «La educación bajo ataque 2024″,
publicado por la Coalición Global para Proteger la Educación de los
Ataques (GCPEA), afirma que entre 2022 y 2023 se produjeron alrededor de
6000 ataques contra la educación.
Los ataques contra escuelas incluyeron muertes, lesiones, violaciones, secuestros y daños importantes a los edificios. La GCPEA también informó de que las niñas afectadas por estos ataques tenían más dificultades para reanudar sus actividades educativas.
«La educación es una necesidad absoluta, no solo para los propios
niños, sino también para la paz, la estabilidad y la prosperidad
mundiales para todos. Las escuelas deben ser consideradas santuarios, y
es nuestra responsabilidad común garantizar que todos los niños tengan
acceso a la educación, incluso en tiempos de conflicto», afirmó Virginia
Gamba, representante especial del secretario general para la cuestión
de los niños y los conflictos armados, durante la reunión de la fórmula
Arria sobre los ataques contra escuelas celebrada en 2017.
A pesar de la opresión y la desigualdad generalizadas que sufren las
mujeres durante los conflictos, ellas son la solución para la paz. Los estudios
demuestran que cuando las mujeres participan en las negociaciones de
paz, la tasa de aplicación es mayor. Además, los acuerdos duran mucho
más que los alcanzados únicamente por hombres.
El 15 de octubre de 2024 se cumplieron ocho años de la aplicación del Acuerdo de Paz de Colombia,
que incluyó a las mujeres en el proceso de elaboración. Si bien el
proceso de paz de Colombia estableció nuevos estándares para la
inclusión de las mujeres en los procesos de paz, estas siguen estando
significativamente infrarrepresentadas.
Entre 2020 y 2023, 8 de cada 10 conversaciones de paz y 7 de cada 10
esfuerzos de mediación no contaron con la participación de mujeres. A
pesar de su impacto demostrado, las mujeres siguen excluidas de los
procesos de paz.
Para mejorar la representación de las mujeres en las operaciones de
paz, organizaciones de derechos humanos como la ONU defienden
activamente los derechos de las mujeres. Exigen a los países que se
responsabilicen de crear un entorno inclusivo.
Sin embargo, es necesario que más partes en conflicto, negociadores y
otros actores respeten los compromisos mundiales para garantizar la
participación igualitaria y significativa de las mujeres en los
procesos. Pero la falta de financiación y el poder militar y político
dominado por los hombres siguen suponiendo importantes obstáculos.
«Las mujeres siguen pagando el precio de las guerras de los hombres», afirmó la directora ejecutiva de ONU Mujeres, Sima Bahous.
Destacó que «esto ocurre en el contexto de una guerra más amplia
contra las mujeres. Los ataques deliberados contra los derechos de las
mujeres no son exclusivos de los países afectados por conflictos, pero
son aún más letales en esos entornos».
«Estamos asistiendo a la instrumentalización de la igualdad de género
en muchos frentes; si no nos levantamos y exigimos un cambio, las
consecuencias se sentirán durante décadas y la paz seguirá siendo
esquiva», sostuvo Bahous.
Estela
Zaragoza faltó a su trabajo como jornalera; pidió permiso para dedicar
el día a hacer un trámite en la Secretaría de Derechos Humanos de
Guanajuato. A nueve años de que su esposo Rubén Arriaga falleciera de
cáncer, busca ejercer su derecho a la pensión que él cotizó en el Social Security de Estados Unidos. Es viuda de un migrante mexicano.
Está
sentada en una fila de espera para que el personal de la Embajada de
Estados Unidos revise sus documentos. Tiene 60 años y ser elegible como beneficiaria le permitiría dejar de trabajar bajo el rayo del sol en el campo e invertir en un negocio.
“Me
están pagando, como quien dice, lo de su trabajo de él, de tantos
años”, responde Estela en entrevista. Su marido emigró en 1986 a Los
Ángeles para emplearse como jornalero por casi tres décadas.
Al
trámite gratuito la acompaña Valeria, una de las cinco hijas e hijos
que tuvo con Rubén en sus casi 50 años de casados. “Él decía que
trabajaba para nosotros, para darnos lo que necesitáramos. Pero no nos
gustaba tanto porque nos dejaba solas”, cuenta sobre su papá.
Rubén pudo regularizar su situación migratoria
y venía dos veces al año al municipio de Silao a visitar a su familia.
Al saberse enfermo decidió regresar definitivamente en 2015 a Guanajuato
y murió el 5 de octubre de 2016.
Que hayan
podido estar con él en su último año de vida es un consuelo para sus
familiares. Pero hay algo más. Pronto les llegará una noticia que les
dará esperanza: Estela contará con la carta expedida por el Social Security de Estados Unidos que indique que es beneficiaria para cobrar la pensión como viuda de una persona migrante.
Fotografía: Luz Rangel. Estela Zaragoza, mujer viuda de migrante solicitante de la pensión.
Guanajuato, la entidad con más personas migrantes al extranjero
Se
trata de una entidad con larga tradición migratoria, cuya ubicación es
estratégica dentro de las rutas hacia Estados Unidos, el principal
destino. Los principales puntos de llegada de las y los guanajuatenses
en el extranjero son Texas, California e Illinois, con base en la Segob.
Este
diagnóstico elaborado por el Gobierno de Guanajuato indica que los
hombres en edades de mayor productividad (18 a 29 años) para trabajar no
sólo en agricultura, sino en manufactura, construcción y servicios son
los principales en migrar. Lo que también genera impactos económicos y
sociales a nivel local y hasta familiar.
“La transformación en la jefatura de los hogares, donde las mujeres asumen un rol predominante
en ausencia de los hombres emigrados, destaca el papel crucial de ellas
en la economía y la cohesión familiar”, se lee en el diagnóstico.
Aunque
como jefas de familia, muchas de ellas deciden no migrar y esperar el
regreso de sus maridos. Administran las remesas que les envían para
sostener a sus hijas e hijos y a sus hogares.
“Su
esposo es el proveedor de la familia, pero cuando fallece,
indudablemente hay un desajuste en la economía”, menciona Susana Guerra
Vallejo, titular de la Subsecretaría de Atención a Personas Migrantes y
en contexto de Movilidad de Guanajuato.
Contar con
una pensión por viudez les ayuda a tener un nivel de vida más digno. El
dinero lo usan para comprar medicinas, alimentos, dar mantenimiento a
sus casas, sobre todo al ser adultas mayores que también enfrentan
dificultades para incorporarse al mercado laboral.
“Algunas
están solas o algunas viven incluso dentro de familias extendidas, por
lo que la aportación de este recurso es fundamental”, insiste Guerra
Vallejo.
¿Cómo funciona el seguro social de Estados Unidos?
Carlos
Díaz, representante de la Oficina de Seguridad de los Estados Unidos en
la embajada con sede en la Ciudad de México, es quien atiende a mujeres
viudas de migrantes que, como Estela, buscan recibir este beneficio
económico mensual.
De acuerdo con la Embajada de Estados Unidos,
hay tres oficinas de la Unidad Federal de Beneficios. Una está en la
Embajada de los Estados Unidos en la Ciudad de México, que da servicio a
18 entidades, entre las cuales está Guanajuato; las otras dos están en
Guadalajara y Ciudad Juárez.
La Secretaría de
Derechos Humanos de Guanajuato ofrece asesoría y acompañamiento en el
estado, sin necesidad de que quienes buscan el beneficio tengan que
trasladarse a la capital del país a realizar el trámite de elegibilidad.
Es falso que tengan que hacerlo únicamente en Estados Unidos y que
tenga algún costo.
“El gobierno local hace difusión
en todos los municipios. A veces tenemos eventos, como el día de hoy,
donde citamos aquí a la gente y se les atiende”, explica Díaz sobre las
jornadas de, por lo menos, cada dos meses en la Secretaría de Derechos
Humanos de Guanajuato. Animal Político acudió a la realizada el 21 de mayo de 2025.
El documento Comprendiendo los beneficios menciona que el Social Security
de Estados Unidos funciona con trabajadores que pagan impuestos, los
cuales se usan para dar un beneficio mensual a personas jubiladas, con
discapacidad o beneficiarios como padres dependientes económicamente,
cónyuges, exparejas e hijos y sobrevivientes de empleados fallecidos,
como las viudas de migrantes.
Son 59 mil 186
beneficiarias y beneficiarios en México, de los cuales 15 mil 773
corresponden a viudas o padres de trabajadores fallecidos, según los datos más recientes, con corte a 2023, del Suplemento Estadístico Anual del Boletín de la Seguridad Social publicado en 2024. En total, suman 55 millones 264 mil dólares los que reciben todos mensualmente.
“Mientras
trabaja y paga impuestos, usted gana ‘créditos’ de Seguro Social (…)
La mayoría de las personas necesitan 40 créditos (10 años de trabajo)
para ser elegibles”, se lee en el documento.
Fotografía: Secretaría de Derechos Humanos de Guanajuato. Reciben su visa 28 viudas de migrantes.
El
monto mensual que recibe cada beneficiario depende de los ingresos que
obtuvo el trabajador a lo largo de su trayectoria y del tiempo cotizado.
“Las pensiones pueden ser desde 180, 200 dólares. Las normales son de
entre 300, 350, hasta 500 y hay mujeres viudas que están recibiendo mil
800, 2 mil mensuales”, revela Díaz.
Esto equivale a
entre 3 mil 392.69 y 37 mil 696.60 pesos al tipo de cambio peso-dólar
del 27 de junio, según el portal del mercado cambiario del Banco de México.
La presidenta Claudia Sheinbaum creó la Pensión Mujeres Bienestar,
la cual otorga 3 mil pesos cada bimestre a aquellas que tienen entre 60
y 64 años de edad. Todas las beneficiarias, al cumplir los 65 años,
pasan en automático a ser parte del programa Pensión para el Bienestar
de las Personas Adultas Mayores, que este año entrega 6 mil 200 pesos
bimestrales.
La clave está en que la persona que
migró a Estados Unidos haya obtenido el número de seguro social para
pagar impuestos, registrar sus ganancias mientras trabaja y sus
beneficios después. Pero hay empleados que no cotizan:en 2020 el Centro de Estudios Migratorios de Nueva York y en 2022 el Pew Research Center
estimaron que hasta 8.3 millones de personas inmigrantes indocumentadas
trabajan en la economía estadounidense, por lo tanto, no pueden
inscribirse al Social Security.
“Hay
muchos trabajadores que viven irregularizados en Estados Unidos, que
justamente por su situación compran papeles de otros para que presenten
un número de seguridad social y puedan trabajar o trabajan sin contrato
y, por lo tanto, sin seguro. Entonces, al final, no gozan de ningún tipo
de prestación social y cuando mueren, tampoco sus familiares”, explica
Amarela Varela, académica de la Universidad Autónoma de la Ciudad de
México.
Contar con el número de seguridad tampoco tiene costo, como tramitar la pensión. En 1974 Social Securityendureció
sus requisitos y comenzó a pedir evidencia de documentos de edad,
identidad y estatus de ciudadanía, residencia o si se trata de una
persona extranjera con permiso de trabajo.
En abril de 2025 Donald Trump, presidente de Estados Unidos, emitió un memorando
para reforzar los controles ya existentes del seguro social al expandir
la persecución de fraude, investigar informes de ganancias y buscar
reestablecer un programa que aplique multas económicas a quien infrinja
las leyes del Social Security.
Asesoría y acompañamiento para la pensión y la visa en Guanajuato
Cualquier persona de las 32 entidades de México puede ser beneficiaria de la pensión de Social Security. Sin embargo, Guanajuato es la única que está realizando una campaña de difusión en sus 46 municipios.
Desde 2023, tiene un programa social de Atención a Migrantes y sus Familias que brinda asesoría y acompañamiento para el trámite de la pensión de Social Security
y la visa de Estados Unidos a quienes cumplan con los requisitos de
elegibilidad. Son dos trámites distintos, pero complementarios.
La visa es necesaria porque las personas beneficiarias deben residir temporalmente en Estados Unidos para acceder a la pensión, un mes calendario, según establece la Recopilación de las Leyes de Seguridad Social.
El gobierno de Guanajuato paga el traslado a su cita en la Embajada de
los Estados Unidos en la Ciudad de México y una parte de la visa,
trámite que, a diferencia del de elegibilidad, sí tiene costo.
“Como
cualquier persona que quiera entrar a Estados Unidos, necesita
presentar pasaporte y visa de turista. Podrían decir ‘yo tengo derecho a
una pensión, aquí está mi carta y me solicitan que esté un mes allá
cada seis meses”, responde Carlos Díaz al preguntarle sobre la
entrevista consular.
Actualmente, Atención a
Migrantes y sus Familias depende de la Secretaría de Derechos Humanos de
Guanajuato y cuenta con un presupuesto de 2 millones de pesos, según
las Reglas de Operación de dicho programa.
Las
visas solicitadas por guanajuatenses bajo el respaldo de este programa
serán aprobadas, asegura Susana Guerra Vallejo, titular de la
Subsecretaría de Atención a Personas Migrantes y en contexto de
Movilidad, que a su vez depende de la Secretaría de Derechos Humanos de
Guanajuato.
Guerra revela que desde la creación del
programa han sido beneficiadas 160 personas, entre esposas, hijos
menores y viudas de migrantes provenientes de municipios como León,
Apaseo el Grande, Dolores Hidalgo, Valle de Santiago, Guanajuato y
Silao. La mayoría de las personas beneficiarias pertenecen a estas
últimas.
En el primer grupo del programa hubo 18 viudas de migrantes de 33 personas beneficiarias, refiere un boletín del Gobierno de Guanajuato de agosto de 2023. Otro de agosto del 2024 da cuenta de 28 mujeres viudas de migrantes que recibieron su visa.
Acorde
con un reporte interno, a diciembre de 2024, guanajuatenses recibieron 8
millones 211 mil 383.60 dólares anuales por concepto de pensiones para 9
mil 688 personas beneficiarias entre extrabajadores, dependientes y
sobrevivientes, así como las viudas de migrantes.
“No es una dádiva, no es un apoyo, es un derecho de los trabajadores y, por supuesto, es un derecho de las mujeres viudas”, afirma Guerra en entrevista.
Infografía: Equipx de diseño.
“Siempre tratamos de apoyar”: organizaciones acompañan el derecho a la pensión
Ana
María viaja desde el municipio guanajuatense San Luis de la Paz a Texas
por un mes cada medio año. Este es un requisito para que su hija
Johanna, de 15 años de edad, conserve la pensión de Social Security con la que su padre la benefició hace tres años.
“Representa
todo porque de ahí nosotros hacemos los gastos de la escuela, de comida
o cuando nos enfermamos”, comenta sobre este apoyo económico mensual.
Salvador,
papá de Johanna y marido de Ana María, emigró a Estados Unidos para
trabajar como jornalero en 1985 y que su familia pudiera tener una casa
propia. Gracias a que regularizó su situación migratoria pudo visitar a
su esposa, sus tres hijas y un hijo año con año, según los periodos de
siembra y cosecha en el campo.
Pero en su último viaje a México falleció de un infarto fulminante el 11 de enero del 2018.
A siete años de haber enviudado, Ana María cuenta que el mejor recuerdo
que tiene de su esposo, con quien estuvo 30 años casada, es que por más
que estuviera cansado, antes de morir, todavía jugó con Johanna, su
hija más pequeña.
Es ella la beneficiaria por ser
menor de edad y podrá serlo hasta los 19 años sólo si sigue estudiando
la preparatoria. Con 55 años, a Ana María le faltan cinco años para
tener 60, la edad que requieren las mujeres viudas de migrantes para
recibir la pensión de su esposo.
Las fechas no
cuadran. En algún año dejarán de contar con este sustento económico y lo
saben gracias a María Dolores Aviña, enlace comunitario de la
Asociación Guanajuatense del Estado de Texas y quien les acompañó en los
trámites.
“Nadie sabía decirnos qué trámite hacer,
buscamos puertas durante dos años. A partir de ahí encontré a la abogada
y ella me apoyó. Estoy bien agradecida con Lolita, ella me recoge del
aeropuerto, me lleva a presentar lo que sea necesario para mi firma”,
platica Ana María.
Fotografía: especial. Ana María y Johanna, beneficiaria de la pensión.
En
2008, Aviña fundó de forma voluntaria la asociación que brinda
acompañamiento a sus connacionales. Ella es originaria de San Francisco
del Rincón, Guanajuato y emigró a Estados Unidos desde 1992.
“Lo
que hacemos es familiarizarnos con todos los requisitos que tiene el
Gobierno de Estados Unidos para nosotros preparar a las personas que van
a tramitar el beneficio, para asegurarnos de que lleven toda la
documentación necesaria”, señala.
La voluntaria canaliza a quienes buscan cobrar la pensión de Social Security con
el Gobierno de Guanajuato. Pero sugiere que si no saben cómo empezar el
trámite busquen acompañamiento porque hay muchas personas, más allá de
las viudas de migrantes, que podrían ser elegibles.
“Busquen asociaciones como la nuestra. Nosotros, bajo nuestras posibilidades, siempre tratamos de apoyar”, recomienda.
La
diputada Yesenia Rojas, migrante a Estados Unidos en la década de los
setenta, invita a guanajuatenses que estén fuera de México a buscar
ayuda para el trámite de la pensión en las casas de enlace ubicadas en
California, Chicago, Texas, Carolina del Norte y Georgia. Si están en
territorio nacional, pide que acudan a los municipios, al Gobierno de
Guanajuato o incluso a su oficina en el Congreso local.
Este reportaje fue realizado como parte del taller Cambiar la Mirada. Nuevas narrativas sobre migración,
coordinado por Eileen Truax, en alianza con Factual, ONU-Derechos
Humanos, la Universidat Autònoma de Barcelona y CER-Migracions. Se
publica simultáneamente en Animal Político y La Verdad. Tutoría: Rocío Gallegos. Edición: Arturo Daen Ascención y Luis Fernando Lozano.
Una
niña afgana estudia en su casa tras la prohibición talibán de que
mujeres y niñas cursen estudios medios y secundarios. Imagen: Amin
Meerzad / Unicef
NACIONES UNIDAS –
Hace casi cuatro años, los talibanes retomaron el control de Afganistán
y emitieron una serie de edictos que restringían significativamente los
derechos de las mujeres en todo el país. Esto ha traído como
consecuencia una crisis humanitaria multifacética, caracterizada por un
notable deterioro de las libertades civiles, el estancamiento del
desarrollo nacional y la falta generalizada de servicios básicos.
El 17 de junio, ONU Mujeres publicó su Índice de Género en Afganistán 2024,
un informe exhaustivo que detalla las disparidades de género y el
empeoramiento de las condiciones humanitarias de las mujeres y las niñas
en el país del sur de Asia.
Según la investigación de la agencia de la ONU
dedicada a proteger los derechos de las mujeres, los edictos promulgados
por los talibanes han restringido los derechos de las mujeres hasta tal
punto que tanto ellas como las niñas afganas se encuentran muy por
debajo de los parámetros mundiales de desarrollo humano.
«Desde 2021, cuando los talibanes retomaron
Kabul, «hemos sido testigos de un ataque deliberado y sin precedentes
contra los derechos, la dignidad y la propia existencia de las mujeres y
niñas afganas», afirmó Sofia Calltorp, jefa de Acción Humanitaria de
ONU Mujeres.
Sin embargo, añadió, «a pesar de las restricciones casi totales a sus vidas, las mujeres afganas perseveran».
«La cuestión de la desigualdad de género en
Afganistán no comenzó con los talibanes. Su discriminación
institucionalizada se suma a barreras profundamente arraigadas que
también frenan a las mujeres», destacó Calltorp.
Se estima que las mujeres en Afganistán tienen
76 % menos de derechos que los hombres en ámbitos como la salud, la
educación, la independencia financiera y la toma de decisiones. Además,
las mujeres afganas disfrutan, en promedio, de 17 % de sus derechos,
mientras que las mujeres de todo el mundo alcanzan actualmente 60,7 %.
Se prevé que esta disparidad se acentúe aún
más tras la prohibición talibán de que las mujeres ocupen puestos en el
sector sanitario, lo que supone la eliminación de uno de los últimos
bastiones de la autonomía femenina en Afganistán.
En la actualidad, aproximadamente 78 % de las
mujeres afganas carecen de acceso a cualquier forma de educación formal,
empleo o formación, casi cuatro veces más que los hombres afganos.
ONU Mujeres prevé que la tasa de finalización de la enseñanza secundaria de las niñas pronto se reducirá a 0 %.
Además, Afganistán tiene una de las mayores
brechas de género en la población activa del mundo, con 89 % de los
hombres con un empleo, frente a 24 % de las mujeres.
Las mujeres tienden a desempeñar tareas
domésticas y tienen empleos peor remunerados y más precarios. Además, no
hay ninguna mujer que ocupe un cargo en los órganos de toma de
decisiones nacionales o locales, lo que las excluye por completo de la
posibilidad de hacer oír su voz a nivel gubernamental.
«El mayor recurso de Afganistán son sus mujeres y niñas», afirmó la directora ejecutiva de ONU Mujeres, Sima Bahous.
Subrayó que «su potencial sigue sin
explotarse, pero ellas perseveran. Las mujeres afganas se apoyan
mutuamente, dirigen empresas, prestan ayuda humanitaria y alzan la voz
contra la injusticia».
«Su valentía y liderazgo están transformando sus comunidades, incluso ante restricciones inmensas», destacó Bahous.
La exclusión de todas las mujeres afganas de la población activa ha tenido importantes repercusiones en la economía del país.
Según el Grupo de las Naciones Unidas para el
Desarrollo Sostenible, desde 2021 la economía de Afganistán ha
registrado pérdidas de hasta 1000 millones de dólares al año, lo que
representa aproximadamente 5 % de su producto interno bruto. Esto ha
provocado un aumento general de los niveles de pobreza y la inseguridad
alimentaria.
«Las crisis económicas, políticas y
humanitarias, todas ellas con los derechos de las mujeres en el centro,
han llevado a muchos hogares al límite. En respuesta, a menudo por pura
necesidad, más mujeres se están incorporando a la población activa»,
afirmó Calltorp.
Además, las mujeres en Afganistán carecen de cualquier forma de independencia económica.
ONU Mujeres estima que solo 6,8 % de las
mujeres tienen acceso a recursos financieros básicos, como cuentas
bancarias y servicios móviles de dinero. Los edictos que impiden a las
mujeres acceder a la independencia financiera dejarán a la gran mayoría
de las mujeres afganas sin los medios necesarios para un futuro
autosostenible.
Afganistán también ha experimentado un aumento
significativo de las tasas de violencia de género desde el retorno al
poder del régimen talibán, tras haber controlado el país entre 1996 y
2001.
Según el informe, las mujeres afganas están
expuestas a tasas de violencia de pareja íntima casi tres veces
superiores a la media mundial.
Otras prácticas, como los matrimonios forzados
y infantiles y los asesinatos por honor, agravan los niveles nacionales
de desigualdad de género.
Amnistía Internacional afirma que el
incumplimiento suele dar lugar a represalias por parte de los talibanes,
y las mujeres y las niñas se enfrentan a detenciones, violaciones y
torturas.
En noviembre de 2023, el Ministerio de Salud
Pública de facto de Afganistán prohibió el acceso de las mujeres a los
servicios de apoyo psicosocial, lo que dejó a la gran mayoría de las
víctimas de violencia de género sin los recursos adecuados para
recuperarse, mientras que los autores gozan de impunidad.
Además, la eliminación de la atención
sanitaria para las mujeres, incluido el acceso a los servicios de salud
reproductiva y educación, ha dificultado que muchas mujeres puedan
recibir atención básica.
Debido a estos retos, ONU Mujeres cree que las
mujeres afganas tienen menos probabilidades que los hombres de vivir la
mayor parte de su vida con buena salud. Se estima que la esperanza de
vida de las mujeres afganas es muy inferior a la media mundial y se
prevé que empeore en los próximos años.
Según Civicus, la alianza internacional de la
sociedad civil, las condiciones actuales del espacio cívico en
Afganistán se califican como «cerradas», lo que representa uno de los
peores entornos para las libertades cívicas en el mundo.
Josef Benedict, investigador de Civicus para
Asia, afirma que la situación de los derechos de las mujeres en
Afganistán se ha deteriorado hasta tal punto que se asemeja a un
«apartheid de género».
«Las mujeres y las niñas afganas han sufrido
una severa represión y una discriminación sistémica por motivos de
género bajo el régimen talibán. Las mujeres y las niñas están siendo
sistemáticamente excluidas de la vida pública y se les niegan derechos
humanos fundamentales, como el acceso al empleo, la educación y las
oportunidades de participación política y social», aseguró Benedict.
A su juicio, «la comunidad internacional debe hacer más para prestar apoyo a las mujeres y las niñas de Afganistán».
Con ese fin, dijo, se debe «exigir el
desmantelamiento del sistema institucionalizado de opresión de género,
garantizando la participación representativa, igualitaria, significativa
y segura de las mujeres afganas en todos los debates sobre el futuro
del país y apoyando las iniciativas comunitarias que promueven la
igualdad de género y los derechos de las mujeres».
Benedict recordó que no solo las mujeres son víctimas del sistema opresor talibán.
También los activistas y disidentes son
castigados habitualmente por los talibanes y se enfrentan a acoso,
intimidación y violencia. Igualmente, los periodistas son a menudo
blanco de ataques, lo que pone de relieve los riesgos de alzar la voz
contra un gobierno represivo en un entorno cada vez más inestable.
La represión de la libertad de prensa resulta un indicador en continuo crecimiento, afirmó Benedict.
Casi cuatro años después de la restauración
del régimen talibán, «los gobiernos no han logrado garantizar una
respuesta internacional firme y unida para contrarrestar la represión
extrema de los talibanes, tomar medidas para que estos rindan cuentas o
apoyar eficazmente a los activistas afganos en el país y en el exilio»,
lamentó.
